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Desarrollo Social
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Reportes
Fecha:  12/06/2015 
Trabajo Autogestionado
Objetivo: Contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y/o al mantenimiento de puestos existentes, a través de la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores y a mejorar su competitividad y sustentabilidad. Contribuir a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, promoviendo la incorporación de políticas preventivas en materia de mejoramiento de las condiciones de medio ambiente de trabajo. Atender la situación específica de trabajadores que procuran concretar iniciativas laborales autogestionadas en forma asociativa, tanto en el ámbito urbano como rural, ya sea en las fases de puesta en marcha y/o reactivación como en las fases de consolidación y mejoramiento de su competitividad.
Durante los diez años de ejecución del Programa se han asistido a más de 800 unidades productivas localizadas en todo el territorio nacional, dedicadas a diferentes rubros de la producción tales como Industria Metalúrgica, Textil, Alimenticia, Gráfica, Madera, Vidrio, Frigorífica; y del sector servicios: Salud, Hotelería, Transporte, etc.
Párrafos: 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Prevención y erradicación del trabajo infantil
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), creada por Decreto en el año 2000 en el ámbito del MTEySS, tiene el objeto de coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Es una mesa de trabajo tripartita que cuenta con el asesoramiento de agencias internacionales como OIT y UNICEF.
La CONAETI junto a las COPRETI elaboraron a la fecha 2 Planes Nacionales: uno con vigencia entre los años 2006-2010, el cual fue evaluado y rediseñado para su segunda versión, con vigencia en el periodo 2011-2015. El objetivo general de ambos planes se propone “Prevenir y erradicar el trabajo infantil, en todas sus formas, a través del desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los diferentes actores sociales en todo el País”.
La Comisión Nacional se encuentra en su tercera fase en virtud de un proceso dinámico que partió de la desnaturalización de la problemática y se centra específicamente en las acciones de intervención en el nivel local. La herramienta privilegiada para la intervención en terreno que se promueve a partir de los resultados de una investigación cualitativa impulsada por CONAETI, es la creación de espacios de atención y cuidado para los niños/as y espacios recreativos para preadolescentes durante la jornada laboral de sus padres.
a)
Marco normativo
En Abril de 2013, se sancionó y promulgó la Ley 26.847 que incorpora el Art. 148 bis al Código Penal, el cual penaliza la utilización de mano de obra infantil con pena de prisión de 1 a 4 años a quién se aprovechare económicamente del trabajo de un niño/a en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. Se excluyen de la posible penalización a los padres, madres, tutores o guardadores por entender que la intervención dirigida a afianzar la responsabilidad parental deber estar a cargo de áreas administrativas de protección de derechos de la niñez.
Junto con este nuevo artículo en el Código Penal, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, del año 2008, la cual prohíbe el trabajo de niños/as por debajo de los 16 años de edad y regulariza mediante ciertos requisitos la incorporación al mundo laboral de los adolescentes entre los 16 y los 18 años, y la Ley 26.727 por la que se modifica el Régimen de Trabajo Agrario, promulgada en el año 2011, la cual incorpora un capítulo en el que se tratan: la edad mínima de admisión al empleo, la regularización del trabajo adolescente en el sector agrícola y la creación de espacios de contención para hijos de los trabajadores agrícolas dentro de los predios productivos, en consonancia con lo establecido en la Ley 26.390, implican contar con un conjunto de instrumentos que configuran una base normativa para prevenir distintas modalidades de trabajo infantil a la vez que posibilita la sanción a los responsables de la demanda y contratación.

Esta Comisión Nacional ha brindado información y formación sobre la normativa vigente, tanto entre actores del ámbito público con competencia en temas de infancia como en empresas y sindicatos.
b) Descentralización de la política pública a nivel provincial
A la fecha se cuenta con 23 Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en el país. En estos ámbitos provinciales se realizan permanentemente capacitaciones, asistencias técnicas, como diseño y ejecución de acciones en prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Estas Comisiones Provinciales reciben apoyo y seguimiento permanente de la Comisión Nacional. Actualmente se ha creado una herramienta de comunicación virtual entre la CONAETI y las COPRETIs concretada en un blog que facilita la transmisión de experiencias y la actualización de las actividades.
A su vez, para la unificación de prácticas de intervención a nivel provincial y nacional se elaboró un “Circuito de intervención para un abordaje integral de las situaciones de trabajo infantil” acordado con las COPRETIs. Dicho circuito se basa en el respeto al ejercicio de los derechos enunciados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y en consecuencia prevé un abordaje integral a partir de la detección de situaciones de trabajo infantil.
c) Descentralización de la política pública a nivel municipal
A partir del año 2012, la CONAETI viene apoyando acciones de intervención en terreno para dar respuesta a la problemática del trabajo infantil y adolescente mediante los “Proyectos locales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Promoción del Diálogo Social”. Esta iniciativa se apoya en el proceso de descentralización, tanto a nivel provincial como municipal, condición necesaria para la implementación/ejecución de políticas en materia de trabajo infantil dada la conformación geopolítica de nuestro país.
Este Proyecto cuenta con 3 ejes fundamentales: 1) creación de una mesa local conformada por actores comprometidos con la temática que representen los 4 sectores (estado, empresas, sindicatos y ONGs); 2) realización de un estudio diagnóstico sobre la situación del trabajo infantil y del trabajo adolescente en el municipio, ya sea focalizado en determinadas modalidades de trabajo infantil o sobre la problemática en general; 3) en base a los resultados del diagnóstico, se diseñan conjuntamente entre la mesa local y los actores del nivel nacional y provincial, las líneas de intervención a implementar en el territorio.
Si bien las acciones se ejecutan en los municipios, cuentan con el apoyo de una mesa nacional conformada por representantes de las tres secretarías del MTEySS; del RENATEA; del Ministerio de Educación; de la SENAF; del Ministerio del Interior; de la Secretaría de Medio ambiente; del Ministerio de Salud; y de la OIT. La coordinación de la Mesa está a cargo de la CONAETI.
Al momento, estos “Proyectos locales de prevención y erradicación del trabajo infantil y promoción del diálogo social” se implementan en los municipios de Machagai (Chaco), Tupungato (Mendoza), Bahía Blanca y General Pueyrredón (Buenos Aires).
d) Alianza público-privado
La Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, con una existencia de más de siete años, es un espacio de articulación público-privado que brinda la posibilidad al sector empresarial de colaborar en el diseño de políticas públicas en la materia, a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria. Actualmente esta conformada por casi 100 empresas líderes en nuestro país y lleva a cabo acciones de prevención, erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
Esta Red cuenta con u cuerpo directivo y subcomisión temática (comunicación, intervención comunitaria, formación y de consolidación) que elaboran y consensúan un Plan de Trabajo anual en el que se diseñan las distintas líneas de acción. Actualmente el eje del trabajo esta focalizado en la cadena de suministros por lo cual se están diseñando herramientas para la política con proveedores dado el compromiso de no contar con trabajo infantil o trabajo adolescente desprotegido en ningún eslabón de su cadena productiva. Apoyando esta política se encuentra vigente una campaña de sensibilización bajo el slogan “Cadena de valor y trabajo infantil”. a nivel de intervención comunitaria, en el marco de la Red, se lleva adelante en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, el Programa “Jardines de Cosecha” entre el Ministerio de Desarrollo Social, el MTEySS, la CONAETI y empresas vinculadas a la Red de Empresas contra el trabajo infantil.
En conmemoración del 12 de Junio, Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil se ha institucionalizado la Carrera “Por una niñez sin trabajo infantil” organizada por la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil junto con la CONAETI y el MTEySS, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la problemática del trabajo infantil y difundir este espacio de articulación público-privado. Lo recaudado por las inscripciones se dona a proyectos que colaboran en la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Esta Red de articulación público-privado se ha constituido como modelo de buenas prácticas en materia de trabajo decente para los países de América Latina. Motivo por el cual, a lo largo de este año, se ha participado en eventos internacionales en Ecuador, Colombia y Brasil. A su vez, ha recibido solicitud de cooperación de países de la región.
e) Trabajo Infantil en el sector agrícola
A raíz de diversos estudios cualitativos realizadas en el ámbito de la CONAETI, se ha diseñado como herramienta para la política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, la creación de espacios de atención y cuidado para niños y niñas durante la jornada laboral de sus padres trabajan, dado que la carencia de estos espacios darían lugar a uno de los factores que condiciona la presencia del trabajo infantil en el ámbito rural. Por ello la CONAETI promueve, acompaña y brinda asistencia técnica a programas en distintas provincias de nuestro país, como por ejemplo al Programa “Jardines de Cosecha” mencionado en el ítem anterior; Programa “Buena Cosecha” que tiene por objeto mejorar las condiciones de los trabajadores rurales de temporada y sus familias, dando apoyo para la construcción y/o mejoramiento de edificios públicos habilitados para funcionar como Centros Socio Educativos Rurales para hijas e hijos de los trabajadores durante la cosecha o para albergues destinados a familias de trabajadores migrantes; igualmente se facilitó el transporte de ida y vuelta de las niñas y niños entre sus lugares de alojamiento y los mencionados Centros Socio-Educativos. Así también como al “Proyecto local de prevención y erradicación del trabajo infantil. Promoción del diálogo social” mencionado en el ítems c) siendo una de las líneas de intervención en terreno la creación de espacios de atención y cuidado
Parte 1
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Fecha:  12/06/2015 
f) Salud y Trabajo Infantil
En el marco del Plan Conjunto de apoyo al Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, se han puesto en práctica experiencias piloto de capacitación a agentes de salud en 5 regiones del país con el fin de generar conciencia en dicho sector sobre las consecuencias negativas que ocasiona el trabajo en la salud psicofísica de los niños y niñas. Tarea esta que se continúa realizando a cargo de la Subcomisión de Salud y Trabajo Infantil de la CONAETI. Como producto de estas experiencias de formación se ha realizado un Manual de Salud y Trabajo Infantil, el cual contiene modelos de herramientas de detección, notificación y abordaje de lesiones ocasionadas por trabajo infantil para los equipos de salud.
Actualmente se trabaja en el diseño de un circuito de notificación no obligatoria que permita registrar los daños psicofísicos que genera el trabajo infantil en el desarrollo psicofísico de los niños y niñas.
g) Nivel Internacional: Regional y Subregional
A nivel de política internacional, la Presidenta de la CONAETI en representación de la República Argentina, participa de la “Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libres de trabajo infantil”, la cual fue propuesta por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe iniciativa. En este marco, se seleccionó un grupo de países que conforman el GRULAC para que cumplan el rol de promotores de la iniciativa, entre los que se encuentra la Argentina, lo que implica un reconocimiento para el país.
A nivel Subregional MERCOSUR, en el seno del SGT10 de Trabajo, se ha elaborado un nuevo Proyecto de Apoyo al Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR con vigencia durante 2014 y 2015. Para el mismo se obtuvo financiamiento por parte de OIT y ABC (Agencia Brasilera de Cooperación) y la Unidad Ejecutora del Plan Regional es quien mantiene a su cargo la ejecución de este nuevo proyecto, el cual profundiza las líneas de capacitación, difusión e intervención establecidas en el Plan Regional.
La República Argentina ha participado con una comitiva conformada por la Presidenta de la CONAETI en representación del MTEySS y representantes del sector sindical, de la III Conferencia Global de Trabajo Infantil, realizada en la ciudad de Brasilia en el pasado Octubre. En la segunda jornada, Argentina presentó en semi-plenaria sobre “Trabajo infantil en la cadena de suministros”, la alianza público-privado que se lleva a cabo desde el Ministerio de Trabajo, CONAETI y la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, con especial énfasis en las normas que regulan la cadena de valor de cada una de las empresas que la conforman.
En dicho encuentro se acordó que la IV Conferencia Global de Trabajo Infantil será realizada en Argentina. Esta decisión implica no solo definir una sede geográfica, sino reconocer al país un rol de liderazgo en el tema en base a los avances logrados en la política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil.
h) Estadísticas de trabajo infantil
Reducción de la cantidad de niños y niñas que trabajan. Según el último censo realizado en el 2010, la Argentina es un país con 40.117.096 de habitantes de los cuales 12.333.747 son menores de dieciocho años. De ellos 6.261.566 son varones mientras que 6.072.181 son mujeres.

En relación con el trabajo de la franja de menores de 18 años, se incorporó un módulo de actividades de niños, niñas y adolescentes (MANNyA) en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), que se administró durante el tercer trimestre de 2012, como una iniciativa interinstitucional que suma el aporte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil al esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y las Direcciones Provinciales de Estadística. Dicho estudio arroja en sus resultados preliminares una disminución del trabajo infantil y adolescente respecto de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescente (EANNA) realizada en el año 2004.
El objetivo de este estudio fue complementar la información socioeconómica obtenida en EAHU para la población de 5 a 17 años, relevando adicionalmente algunas dimensiones vinculadas con el uso del tiempo libre, el acceso a tecnologías de la información y la participación en las tareas domésticas, en la producción para el auto consumo, así como en las actividades económicas a partir de entrevistar, siempre que fuera posible, directamente al niño o niña.
El diseño de la investigación acoge en las líneas centrales los desarrollos y antecedentes más inmediatos en el país (Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes - EANNA 2004 y 2006), en la región y las recomendaciones de la Resolución sobre Estadísticas de Trabajo Infantil de la 18° Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del año 2008, así como del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) y del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo, adecuándolos a los actuales requerimientos de las áreas sustantivas para la implementación de las políticas públicas en materia de protección de derechos en la niñez y adolescencia, de empleo juvenil y de erradicación del trabajo infantil.
De acuerdo a ello, la incidencia laboral de los niños y niñas de 5 a 13 años descendió de 6,4% a 2,2% lo que representa una baja del 66% entre ambos períodos; mientras que entre los de 14 a 17 años disminuye de 19,1% a 14,6%, representando una baja del 24% entre los períodos comparados.
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Fecha:  12/06/2015 
Trabajo Autogestionado
• Objetivos
El Programa tiene por objetivo contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y/o al mantenimiento de puestos existentes, a través de la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores y a mejorar su competitividad y sustentabilidad.
Asimismo, tiene como propósito contribuir a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, promoviendo la incorporación de políticas preventivas en materia de mejoramiento de las condiciones de medio ambiente de trabajo.
• Destinatarios
Las acciones del Programa se dirigen a unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores en forma asociativa.

En una primera etapa los destinatarios de las acciones fueron las empresas recuperadas por los trabajadores, quienes recurrieron al Ministerio de Trabajo a raíz del cierre de empresas, con el objetivo de mantener sus fuentes de trabajo en el marco de las consecuencias de la crisis económica que afectó al país entre los años 2001/2002. A partir del año 2007, el Programa comenzó a analizar e incorporar otros actores que no provenían de procesos de recuperación, siempre que respondieran al modelo de autogestión asociativa.

Acciones del programa
Las acciones del Programa se extienden a todo el territorio nacional previendo un esquema de trabajo integral y flexible que incluye las siguientes prestaciones:
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Ayuda Económica Individual: brinda apoyo económico en la fase de inicio de actividades o ante situaciones críticas que afectan el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva.
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Apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva: contribuye al fortalecimiento de las unidades productivas en su fase de puesta en marcha y/o consolidación de los procesos productivos. Se concreta a través de un aporte destinado a la reparación y/o adquisición de equipamiento y/o de materias primas y/o de insumos y/o reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones.
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Apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad: propicia la mejora de los factores de competitividad y sostenibilidad en base a necesidades detectadas, consensuadas y cofinanciadas con los trabajadores de las unidades productivas. Se materializa a través de la cofinanciación de proyectos de inversión de pequeña escala para bienes de capital con o sin capital de trabajo asociado y/o reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones.
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Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las unidades productivas: propicia la aplicación de modelos de gestión empresarial sostenibles, contribuyendo a la mejora de los factores de competitividad de las unidades productivas a través de la contratación de especialistas para ejecutar acciones de asistencia técnica y/o capacitación.
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Asistencia para la Higiene y Seguridad en el Trabajo: mejora las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores y promueve la incorporación de políticas preventivas en esta materia.

Principales resultados obtenidos
Durante los diez años de ejecución del Programa se han asistido a más de 800 unidades productivas localizadas en todo el territorio nacional, dedicadas a diferentes rubros de la producción tales como Industria Metalúrgica, Textil, Alimenticia, Gráfica, Madera, Vidrio, Frigorífica; y del sector servicios: Salud, Hotelería, Transporte, etc.

Proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral
Durante el año 2014, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el Proyecto del ley sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
Entre otras medidas, el proyecto de ley prevé:
• la creación de dos regímenes especiales que atienden a distintas necesidades de los sectores de la producción:
1.
Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores. Los empleadores comprendidos en el mismo -personas físicas, sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada con una dotación de hasta 5 trabajadores, siempre que no superen un determinado nivel de facturación anual- se beneficiarán de una reducción permanente de las contribuciones patronales concernientes a todos sus dependientes que hayan sido o sean contratados por tiempo indeterminado, así como de la fijación de un monto máximo en las cuotas correspondientes al régimen de riesgos del trabajo.
2.
Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. Con este régimen, los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personal a través de la contratación por tiempo indeterminado gozarán, por el plazo de los primeros 24 meses, de una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones. Una modificación principal respecto del esquema de incentivos precedente es que las reducciones previstas en el régimen especial serán diferenciadas de acuerdo al tamaño de los empleadores, otorgándoles los mayores beneficios a las micro y pequeñas empresas que aumenten su dotación de personal.

• el fortalecimiento de la aplicación de los Convenios de Corresponsabilidad Social en materia de Seguridad Social. En particular, se propone que los empleadores encuadrados en el régimen de sustitución de aportes emergentes de convenios suscriptos en el marco de la ley 26377 se beneficien de una exención parcial de las contribuciones patronales correspondientes a los 2 primeros ciclos de vigencia de los mismos mediante la integración de ese beneficio al cálculo de las tarifas sustitutivas.
Plan Progresar
Por otra parte, en 2014 fue lanzado el Plan Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina). Este plan implica un reconocimiento a cambio de estudios, una contraprestación de 600 pesos mensuales y se prevé que abarque a un millón y medio de jóvenes.
Se trata de un nuevo derecho que tienen los jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
El programa también prevé que se pueda solicitar, si se necesita, la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para otorgar asistencia en la inserción laboral, o del Ministerio de Desarrollo Social para encontrar una guardería infantil para el cuidado de los hijos y así facilitar los estudios.
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Fecha:  12/06/2015 
4. ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
El punto 3 contiene la actualización de las acciones que en materia social implementa el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina vinculadas al seguimiento del Compromiso de Puerto España y del Capítulo “Pobreza, Desigualdad e Inequidad”.
Es importante destacar que la información fue estructurada interrelacionando los distintos puntos a abordar y no punto por punto, dado que la mirada de Argentina con respecto las políticas sociales es integral. Los Puntos del Compromiso de Puerto España a responder, son los siguientes: 4., 8., 9., 10., 18., 19., 41., 42., 84. y 87. Y los Párrafos 1., 2. y 8. Del Capítulo “Pobreza, Desigualdad e Inequidad”
Siguiendo con el cambio paradigmático en la política argentina inaugurado por el ex Presidente Néstor Kirchner continuado y profundizado por la Presidenta Cristina Fernández, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la generación de políticas sociales que generen inclusión y justicia social. Es a través de la política, como herramienta transformadora, que se construye el camino de las políticas sociales que reconocen el hecho ineludible de empoderar a los sujetos de derechos como protagonistas del cambio y la transformación.
La República Argentina viene transitando profundas transformaciones, donde la dimensión social es un aspecto de especial relieve, pero que forma parte de la integralidad de un proyecto que ha recuperado el ejercicio de la política como herramienta fundamental para la transformación de las realidades, con el fomento de la participación activa de la ciudadanía y la organización.
Tenemos un proyecto político, social y económico que reconoce a cada una y cada uno de los argentinos como sujetos plenos de derecho (humano), y que les ha devuelto un proyecto de vida con inclusión y justicia social; un proyecto nacional y popular, de producción, desendeudamiento, de Estado activo, presente y promotor.
En este sentido, venimos trabajando fuertemente en la reconstrucción del tejido social y en saldar las desigualdades que dejaron décadas de políticas neoliberales. La restitución y ampliación de derechos, la generación y defensa del empleo y el desarrollo de la producción nacional se constituyeron en ejes fundamentales de esa transformación.
En la profundización de nuestra gestión, en el marco de una comunidad organizada, justa y solidaria, sostenemos la importancia del carácter indisociable entre la política económica y la política social y asimismo reconocemos que la clave para una solución estructural a la pobreza sigue sosteniéndose sobre la base del crecimiento económico y la creación constante de trabajo.
El crecimiento económico junto con medidas políticas de redistribución equitativa, le permite al Estado argentino avanzar en la consolidación de derechos para todos y todas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a través de políticas activas de protección y promoción social.
En este marco, la perspectiva que asume el Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la eliminación de la pobreza en sí, sino que está enmarcada en toda una política de restitución de derechos. Así las personas tienen el derecho a trabajar dignamente y con un ingreso acorde, a la seguridad social, a una educación de calidad, a un sistema de salud, a pensiones a la vejez, a la discapacidad, al esparcimiento y al deporte. Vamos más allá de la erradicación de la pobreza porque buscamos la inclusión de todas y todos con equidad. Es nuestro objetivo hacer de esas personas y sus familias sujetos de derechos plenos, activos y participativos.
Por ello, entendemos a la política social de forma integral y participativa, que no sólo protege sino que también promueve las bases, condiciones y herramientas para el desarrollo sustentable de las personas, las familias y las comunidades argentinas. Por ello, consideramos como guía de ruta para nuestras políticas la aspiración hacia la universalidad y la interdependencia de la política social.
Dimensión Social de la Política Pública
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se consideran los siguientes ejes a la hora de abordar a las políticas sociales:
En este marco, implementamos políticas integrales e inclusivas con equidad territorial en torno a dos ejes centrales: el Trabajo y la Familia, y lo hacemos promoviendo la participación y la organización de las comunidades, como ejes transversales.
Argentina Trabaja
En relación al Empleo y el Trabajo Decente, creemos fervientemente que el trabajo debe ser considerado como la política social por excelencia. No sólo por la retribución que genera el trabajo en sí mismo y la dignidad en el trabajador, sino también porque crea vínculos e identidad en y con las comunidades, construyendo, de esta forma, lazos colectivos. En este ámbito, desde el Gobierno Nacional, y a través del Ministerio de Desarrollo Social, se promueve la Economía Social y Solidaria.
De esta forma, se promueven políticas que apoyan a los emprendimientos económicos y productivos de la economía social y solidaria, puesto que aboga por resignificarla como una parte importante de la economía tradicional, dándole valor agregado a sus productos y servicios y fomentando su consumo.
Desde el 2003 a la fecha se han creado más de 6.000.000 de puestos de trabajos, de los cuales más de 1.500.000 han sido creados desde la Economía Social y Solidaria.
En el Eje Argentina Trabaja existen herramientas que permiten el apoyo financiero y técnico a proyectos productivos, ya sea mediante subsidios o microcréditos, como así también el acceso al monotributo, la marca colectiva, al apoyo y fomento del cooperativismo y la comercialización. A partir del fortalecimiento del trabajo integral en el territorio, cobraron mayor fuerza la recuperación de los lazos sociales solidarios que permitieron, a través del esfuerzo conjunto, avanzar hacia la inclusión de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad y lograr genuinas alternativas de trabajo.
Desde la República Argentina, a diferencia de otras experiencias a nivel mundial, ha sido el Estado quien asumió la responsabilidad de facilitar con sus propios recursos el acceso al crédito a los proyectos productivos de la Economía Social, fijando esta responsabilidad por ley y con una tasa de interés que no puede superior al 6% anual efectivo.
El acceso a microcréditos fue fundamental para la consolidación de los emprendimientos productivos, ya que se aplicó, mayoritariamente, para la adquisición de capital de trabajo y la renovación de equipos para la producción. En este sentido, más de 450.000 microcréditos han sido otorgados para fortalecer a los distintos emprendimientos productivos.
En cuanto al Monotributo social más de 630.000 personas físicas han sido inscriptas. Se trata de una nueva categoría tributaria, que permite a los emprendedores de la economía social facturar sus productos y contar con una obra social y jubilación en el futuro. En el año 2012 se establecieron mayores medidas de inclusión social como por ejemplo: el costo cero del monotributo para tomadores de microcrédito y la exención de los monotributistas sociales en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires.
Con estas medidas se avanza en la integración de las personas que han sido históricamente excluidas, en el sistema económico formal, favoreciendo la posibilidad de emitir factura y ser proveedores del Estado por compra directa.
Un aspecto fundamental para favorecer la sustentabilidad de las iniciativas productivas fue el desarrollo de estrategias de comercialización, a través de la consolidación de ferias permanentes. En el marco de la economía social, se acordaron con los gobiernos locales, los términos de referencia, otorgando seguridad y previsibilidad al accionar de los actores involucrados. Al respecto, se han generado y promovido más de 4.700 espacios permanentes de comercialización, distribuidos en 132 municipios, que buscan fortalecer el aspecto comercial de los monotributistas sociales, impulsando su desarrollo y sustentabilidad, brindándoles la posibilidad de hacer visible, en un espacio adecuado y permanente, el producto de su trabajo y así mejorar sustancialmente la calidad de vida del grupo familiar. Al mismo tiempo se fortalecieron estas iniciativas a través de la gestión de más de 71 Marcas Colectivas, que busca certificar la calidad de los productos.
El portal “Compremos lo Nuestro” fue renovado, mejorando la comercialización de los emprendedores de todo el país. A través de este portal, pueden vender sus productos y enviarlos a cualquier destino nacional, accediendo a tarifas diferenciales del Correo Argentino.

Parte 1/3
Párrafos: 4, 8, 10, 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Asimismo, el Ministerio fortaleció las estrategias institucionales de creación de ciudadanía, desarrollando la responsabilidad social, como línea de trabajo dentro de la Economía Social y creando su marco institucional mediante el Decreto 2083. De esta forma, el Ministerio de Desarrollo Social incluyó a la responsabilidad social como parte de las políticas de Estado, con el objetivo de dar un salto cualitativo e innovador en la gestión pública. Esta nueva forma de accionar y gestionar comprende todas las acciones y decisiones que llevan a cabo las personas y las organizaciones -sociales, económicas, políticas, y/o culturales-, sean públicas o privadas, tendientes a contribuir al bienestar de la sociedad de la que forman parte. En este sentido, implica la adopción y puesta en práctica de valores y comportamientos que fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo social de todos los argentinos.
Profundizando la línea de formación y capacitación, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, se viene trabajando en un programa de terminalidad escolar denominado “FINES”.
El inicio de la línea “Capacitación en Obra” y la acreditación de oficios para capataces, son también acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los cooperativistas y a la continuidad laboral de las cooperativas.
Dentro del sistema más amplio del campo cooperativo y de mutuales, destacamos la constitución de un fondo de garantía que brinda a sus asociados, asistencia económica y financiera, en carácter de préstamos, garantías y otras modalidades.
En el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo, más de 200.000 cooperativistas realizan obras de mejora en espacios públicos, al mismo tiempo que acceden a la capacitación práctica en oficios, terminalidad educativa y control de la salud. Del mismo modo, 97.000 mujeres cooperativistas se incluyeron en la línea “Ellas Hacen” del Programa de Ingreso Social con Trabajo.
Asimismo, se brindó asistencia técnica directa a trabajadores que quieren recuperar su empresa, colaborando en la formación de la cooperativa, capacitando para la gestión efectiva de la entidad y asesorándolos legalmente para resolver la continuidad de la explotación conforme lo establece la ley de Concursos y Quiebra. Como resultado de esta decisión, se conformaron 20 nuevas entidades que le permitieron conservar la fuente de trabajo de más de 1500 personas a los que se los capacito directamente
Todas estas experiencias reflejan la férrea decisión del Gobierno Argentino de brindar herramientas y condiciones que permiten el empoderamiento de los sujetos de derecho, permitiendo el crecimiento económico y social del país. Estas iniciativas de la Economía Social y Solidaria representan el 10% del PBI, reafirmando el valor de seguir promoviendo y apostando por este sector.
Otras políticas del Estado tendientes a la Inclusión Laboral, puede mencionarse la sanción del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, amas de casa y del Nuevo Estatuto del Peón Rural, así como también:
Familia argentina
A la hora de abordar a la distintas problemáticas sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se plantean dos Ejes fundamentales. Por un lado, el Eje que contempla al trabajo y su relación con la economía y el desarrollo social, ARGENTINA TRABAJA (que ya fue explicitado líneas arriba) y, por otro, el Eje FAMILIA ARGENTINA.

Partimos de la base del reconocimiento de la familia como unidad originaria. La familia es una institución universal constituida socialmente, en la medida que fue y es concebida de forma distinta según los momentos históricos, los modos culturales de organización y las relaciones de poder dominante. Todas las formas surgidas representan un vasto conjunto de modalidades alrededor de las cuales se organiza la vida privada y en sociedad de la población. Estos grupos familiares que conviven están unidos, a su vez, con redes de parentesco en las que, generalmente, circula la reciprocidad, el sentimiento de pertenencia y a través de las cuales se relacionan distintas generaciones.
Por todo lo dicho, la familia, junto a la escuela y al trabajo se constituye como el ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad. Es la familia el primer espacio en el que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la protección y promoción de la familia como eje fundamental de las políticas sociales destinadas a impulsar la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.
Niñez
En lo que a la niñez respecta, cabe destacar la vigencia de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables. Es en el marco de esta Ley que se creó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como objetivo establecer lineamientos, generando consensos y profundizando el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y los municipios, de manera de armonizar las instituciones y los marcos jurídicos que permitan consolidar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y las familias.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se vienen desarrollando distintas iniciativas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada rincón del país, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de sus derechos.
Entre las principales líneas de acción se destacan:
Centros de Desarrollo Infantil12, como espacios destinados a la atención integral de la primera infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora. Destinados a los niños y niñas en la franja de edad desde los 45 días a los cuatro años de edad. El proyecto institucional del mismo debe formularse observando la situación particular del territorio donde se inscribe, contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades. En estos espacios se implementan actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad; actividades y espacios que estimulen la inclusión de niños y niñas con capacidades especiales; garantizar acceso a servicios sanitarios locales; asegurar el acceso a las necesidades alimentarias, control periódico y desarrollo de cada uno de los niños y niñas, entre otros.

Programa Nuestro Lugar propicia la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas para acompañarlas. En este sentido, desde 2009 se convoca a las y los adolescentes de entre 14 a 18 años a un concurso a nivel nacional de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social. El objetivo es generar canales para que los adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas y ser escuchados.
Derecho a la Identidad: por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2009, se facilita la inscripción en los Registros Civiles de niños y niñas de hasta 12 años que aún no están inscriptos. Este instrumento implica la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas.
Proyecto “Jardines de Cosecha”, de combate al trabajo infantil. Esta experiencia es llevada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y empresas integrantes de la Red de empresas para la lucha contra el Trabajo de Infantes. El objetivo de los mismos es dar respuesta a la necesidad manifestada por los trabajadores rurales de dejar en lugares adecuados a sus hijos e hijas menores durante la época de cosecha. No sólo se trata de espacios que cubren los cuidados básicos de los niños, sino que también se les da contención y la posibilidad de desarrollar actividades de atención integral a la infancia.
Otra de las medidas trascendentales que impulsa el Estado argentino desde el año 2007 en materia de políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados cuyos padres se encuentran desempleados o que forman parte del mercado informal de trabajo o sean monotributistas sociales, es la Asignación Universal por Hijo, que complementa a los sistemas de protección social existentes.
Una de las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes es la trata de personas y explotación sexual y laboral. En relación a este tema, desde el Estado Nacional se han venido implementado distintas políticas con el objetivo de:
• Consolidar sistemas de protección y promoción de derechos a nivel nacional, provincial y municipal.
•Promover instancias educativas y de reflexión sobre la diversidad cultural y el cuidado del cuerpo.
• Fortalecer las capacidades personales, familiares y comunitarias para la restitución y exigibilidad de los derechos mediante un abordaje integral.
• Generar y facilitar las condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.
• Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.

Parte 2/3
Párrafos: 4, 8, 10, 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 

Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.

Garantizar el derecho a la identidad mediante el otorgamiento de la documentación correspondiente. Y en los casos de trata internacional, para la regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen en forma rápida y gratuita.
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Promover el desarrollo de políticas públicas activas y de integración regional, a nivel MERCOSUR y Estados Asociados, para el abordaje integral y transversal de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, respetando particularidades históricas, políticas y culturales.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se vienen desarrollando estrategias que se presentan como un marco operativo para la intervención en situación de explotación, que reconocen como principios articuladores los siguientes: La asistencia debe ser integral, interdisciplinaria e interinstitucional y el trabajo articulado en red es una estrategia óptima para brindar una asistencia efectiva a las víctimas.
Por otro lado, en complementación a las acciones llevadas a cabo por el Estado Nacional, se sancionó la Ley N ° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, que tipifica el delito con rango federal y establece mecanismos para la prevención de las víctimas al implementar medidas para la asistencia.
Otra de las estrategias que se realizan a modo de combatir esta problemática se vincula a la sensibilización. Con este fin, en el año 2010 se firma un Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, la Secretaría de Transporte de la Nación y UNICEF Argentina para la difusión de spots y afiches promoviendo el compromiso de todos y todas ante esta problemática.
Esta campaña se emite en las estaciones de subtes y trenes, terminales de ómnibus, aeropuertos nacionales e internacionales de nuestros país, y se han remitido a los representantes provinciales del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para su reproducción en todo el territorio. También, dentro del marco del proceso de integración y a través de agentes territoriales, se elaboró material gráfico para la Triple Frontera Argentina, Brasil, Paraguay aprobado por la Reunión de Ministros de Desarrollo Social de MERCOSUR.
Asimismo, en ocasión de la VII Reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se aprobaron las Directrices para Aplicación del Protocolo de Asistencia a Personas Víctimas de Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, que tiene como objetivo la implementación de estrategias integrales y coordinadas de asistencia a las víctimas y cuya flexibilidad permite su adecuación a las características particulares de cada jurisdicción.

Parte 3/3
Párrafos: 4, 8, 10, 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
La Política Social es abordada desde su multidimensionalidad, que incluye la protección de las personas y su promoción en busca de lograr la mejora en su calidad de vida, el desarrollo en plenitud para un efectivo acceso, disfrute y ejercicio de derechos y la disminución de la brecha de desigualdad. De allí, su carácter integral.

En lo que respecta a la Seguridad Social, que forma parte de la Protección Social de las personas, desde el Ministerio de Desarrollo Social -a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales- se implementan Pensiones No Contributivas, que contemplan:

a) Pensiones a la vejez (a personas mayores de 70 años. Ley Nº 13.478 Decreto Reglamentario Nº 582/03)

b) Madres de 7 o más hijos biológicos o adoptivos (Ley Nº 23. 746 Decreto Reglamentario Nº 2360/90)

c) Discapacidad/Invalidez (dirigida a aquellas personas que presentan un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 76% comprobable por el Baremo Nacional establecido en el Decreto 478/98. Ley Nº 18.910 Decreto Reglamentario Nº 432/97)

A Diciembre 2012 acumulado desde el 2003 se han otorgados las siguientes:
VEJEZ 126.626
INVALIDEZ 980.649
MADRES 293.890
GRACIABLES 174.556
ESPECIALES 17.286
TOTAL 1.649.457

A continuación se describe el monto percibido según tipo de pensión (a partir del mes de marzo 2013)

Invalidez $ 1.515,5 U$S 303.71
Madres de 7 o más hijos $ 2.165 U$S 433,07
Adultos mayores $ 1.515,5 U$S 303.71

Cabe señalar que esta transferencia de ingreso es considerada decididamente como un derecho a la protección social básica que no requiere contribución, y como parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad social sin amparo previsional por la que se atraviesa, en este sentido, es imperioso resaltar que el Estado Nacional plantea a estas Pensiones como un derecho y no como un beneficio.

Reconocemos que la clave para una solución estructural a la pobreza sigue sosteniéndose sobre la base del crecimiento económico y la creación constante de trabajo.

ARGENTINA TRABAJA
Partiendo de la premisa básica de que la generación de trabajo es uno de los mejores ordenadores sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social se generan programas que buscan re-significar al trabajo como parte del desarrollo de capacidades personales, como también para el de su familia y su comunidad. Es en el ámbito laboral que las personas socializan y crecen con dignidad. El trabajo se constituye, entonces, en la herramienta más eficaz para combatir la pobreza.

Por lo tanto, las estrategias implementadas buscan promover políticas que generen fuentes de trabajo a la par de brindar herramientas y permanente capacitación para que los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años puedan reinsertarse en el mercado laboral en la búsqueda de inclusión social.

Las políticas sociales enfocadas en la inclusión social con trabajo se enmarcan dentro del segundo Eje que dirige a nuestras políticas sociales, que es el de ARGENTINA TRABAJA. Una de sus principales estrategias de acción es el Plan Nacional de Economía Social y Desarrollo Local. Pensar en la política social como parte indisociable de la política económica nos lleva a considerar un nuevo tipo de economía; una economía más inclusiva, justa y solidaria, asumiendo que el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta básica al servicio de la igualdad de oportunidades y la justicia social, garantizando un desarrollo integral sustentable de distribución equitativa.

Las políticas enmarcadas en esta línea de acción tienen como objetivo la oferta de herramientas e instrumentos orientados a la mejora de las capacidades de las personas y sus grupos familiares mediante el apoyo económico y organizacional a Emprendedores, Unidades Productivas que implican mano de obra intensiva y grupos vulnerables desempleados. Asimismo, este plan busca funcionar como un puente para la reinserción laboral al Mercado Laboral.

El Programa Ingreso Social con Trabajo está destinado a personas físicas o jurídicas en situación de alta vulnerabilidad socio – económica, que no cuentan con otros ingresos y se propone mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios más vulnerables, así como el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los destinatarios, a través de la realización de obras de baja y media complejidad de mejora de espacios públicos y la formación de cooperativas de trabajo. Se instrumenta a partir de convenios con Entes Ejecutores (fundamentalmente gobiernos municipales y provinciales) para la implementación de proyectos acordes a las necesidades territoriales, que favorezcan la inclusión de los destinatarios del Programa, organizados en cooperativas de trabajo especialmente protegidas.

Líneas de Acción:
Proyectos Socio – productivos “Manos a la Obra”: promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro país a través del impulso de proyectos productivos individuales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. Hay distintas unidades económicas que se encuentran dentro de este programa:

- Talleres Familiares y Grupos Comunitarios: provee equipamiento e insumos a emprendimientos familiares o comunitarios básicos. Busca generar cadenas productivas o proyectos integrales de desarrollo local. Supone actividades a pequeña escala, basadas en un oficio o en “saber hacer”.

- Asociativos, Pre – cooperativos, Comerciales y Productivos Comunitarios: Están dirigidos a grupos de hasta 5 integrantes que llevan adelante una actividad en conjunto y que requieren apoyo para la obtención de materia prima, herramientas, máquinas y adecuación de instalaciones para el desarrollo de su capacidad productiva y comercial.

- Encadenamientos Productivos: son grupos de unidades económicas que constituyan eslabones de cadenas productivas, que requieran apoyo para trabajar integradamente y potenciar esfuerzos.

- Servicios de Apoyo a la Producción: Consisten en emprendimientos complementarios que brindan servicios o proveen bienes a otros emprendimientos de la Economía Social y requieren apoyo para optimizar su capacidad productiva.

- Empresas Autogestionadas: empresas que han sido recuperadas o están en proceso de serlo y se encuentran bajo el control de sus trabajadores. El apoyo consiste en acompañamiento, asistencia técnica y legal, a modo de aumentar la competitividad y eficacia productiva.

El Estado provee herramientas complementarias a estas líneas de acción, con el objetivo de consolidar, fortalecer y darles sustentabilidad

1) Registro de Efectores para el desarrollo local.

2) Microcrédito. Sancionada por Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. Permite acceso con fines productivos de grupos vulnerables.

3) Marca Colectiva. Promueve el estímulo del desarrollo integral de emprendedores con escasos recursos, distinguiendo a los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía socia.

4) Comercialización y Compra Social. Se generan y/o fortalecen canales de desarrollo de proveedores y productos de la Economía Social.

Algunos Datos Relevantes.
De los 5 millones de puestos de trabajo creados en nuestro país en los últimos 8 años, más del 10% se generó a través de emprendimientos productivos en el ámbito de la Economía Social o Solidaria.

• Más de 420.000 emprendedores fortalecidos a través del Programa Manos a la Obra y que forman parte de los más de 1.317.040 trabajadores de la economía social incluidos por los diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
• 202.178 cooperativistas.
• 309.000 microcréditos.
• Más de 558.258 monotributistas sociales inscriptos

Siguiendo con el cambio paradigmático en la política argentina inaugurado por el ex Presidente Néstor Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha seguido trabajando con la misma convicción en la generación de políticas sociales que generen inclusión y justicia social. Es a través de la política, como herramienta transformadora, que vienen construyendo el camino de las políticas sociales que reconocen el hecho ineludible de empoderar a los sujetos de derechos como protagonistas del cambio y la transformación

El horizonte de las transformaciones sociales en nuestro país tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía el accionar nacional está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asume la Política Social. Porque aún siendo una sociedad formalmente democrática, bajo un Estado de derecho, si el proyecto de país resulta en un modelo de acumulación expulsivo y excluyente de una parte de la sociedad, no podemos hablar de un Estado respetuoso de los Derechos Humanos. Por ello, la necesidad de incorporar la perspectiva de derecho a lo que concierne a la dimensión social y a las políticas sociales mismas.
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Fecha:  02/05/2013 
En este marco, la perspectiva que asume el Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la eliminación de la pobreza en sí, porque eleva a la persona en condición de “pobre” a sujeto, que no sólo tiene el derecho a no ser pobre, sino que también tiene el derecho a trabajar dignamente y con un ingreso acorde, a la seguridad social, a una educación de calidad, a un sistema de salud, a pensiones a la vejez, a la discapacidad, al esparcimiento y al deporte. Vamos más allá de la erradicación de la pobreza porque buscamos la inclusión de todas y todos con equidad. Es un objetivo de la República Argentina hacer de esas personas y sus familias sujetos de derechos plenos, activos y participativos.

Por ello, se entiende a la política social de forma integral y participativa, que no sólo protege sino que también promueve las bases, condiciones y herramientas para el desarrollo sustentable de las personas, las familias y las comunidades argentinas. Por ello, se considera como guía de ruta para las políticas argentinas la aspiración hacia la universalidad y la interdependencia de la política social.

Es decir, concebimos a las políticas desde varias dimensiones que requieren un abordaje que contemple la realidad dinámica que se presenta. Por ello, con el firme objetivo de elevar la calidad de vida del pueblo argentino, sobre todo de aquellas personas, familias y comunidades más vulnerables, continuamos concibiendo estrategias sociales de participación. Sostenemos la importancia de la acción – participación y organización de los sujetos de derecho como forma de desarrollo personal, pero sobre todo como parte de un sujeto colectivo.

En suma, considerando la extensión de nuestro territorio y siendo nuestro país un Estado Federal, seguimos con la concepción de un modelo de gestión que permita la descentralización y fomente la distribución de competencias. Este proceso conlleva una fuerte articulación entre la Nación, los gobiernos provinciales y los municipales, junto con los actores territoriales a modo de poder respetar sus particularidades. De ahí se desprende nuestra estrategia de abordaje territorial.


Dimensión Social de la Política Pública

Continuando con el proceso transformador en América Latina, del cual formamos parte, seguimos promoviendo un Estado activo y a la política como herramienta para la transformación. Hemos hecho camino en la eliminación de aquella falacia que sostenía al mercado como herramienta para la correcta distribución de los beneficios y la relacionada teoría del derrame, que sólo fomentaba la pasividad para la obtención de beneficio. Por el contrario, en cada acción propuesta reivindicamos a la política como herramienta de transformación, y al rol del Estado como promotor y protector de los derechos de las personas. De allí, la indisociabilidad de la economía y la política social, puesto que es el Estado quien tiene como objetivo último generar crecimiento con inclusión social e igualdad. Volvemos a centrarnos en el protagonismo del Estado, que se materializa en la ejecución de políticas públicas que tienen impactos concretos. Todo desde la óptica y con el objetivo primero de sostener este proyecto nacional y popular, a lo largo y ancho del territorio argentino.

En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social se consideran los siguientes ejes a la hora de abordar a las políticas sociales:

1. Familia: como el principal eje de la política social. Concebido como el primer espacio colectivo para desarrollar el principio de integración social y desarrollo de las personas.

2. Trabajo: considerado como el mejor ordenador social y como la mejor política social. Se plantea la necesidad de re – dignificar al trabajo como herramienta para el desarrollo personal y colectivo, así como también para la inclusión social. No sólo permite desarrollar las capacidades de cada uno de los individuos, sino que también permite generar lazos de solidaridad que ayudan a la reconstrucción del tejido social.

3. Territorialidad: resulta indispensable desde la perspectiva argentina considerar la cuestión territorial para analizar problemáticas sociales. Es necesario no perder de vista y respetar las particularidades territoriales que existen; sobre todo teniendo en cuenta la extensión geográfica que tiene nuestro Estado. Ello implica ampliar aún más el carácter integral de las políticas sociales, reconociendo situaciones particulares como también actores activos necesarios para ellas.

4. Participación – Acción: desde esta mirada integral de las políticas sociales, como lo hemos establecido, incentivamos al trabajo articulado que responda a la multidimensionalidad de las políticas sociales. Por ello, es necesaria la participación de los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas del cambio. Terminando con aquella imagen de pasividad, desde la política nacional brindamos herramientas para que sean las propias personas, comunidades y organizaciones, quienes contribuyan en este proceso de transformación. Para ello también impulsamos espacios de participación, que permitan la articulación entre Estados y actores sociales.

5. Políticas Sociales Integrales y Articuladas: sumado a todo lo que venimos diciendo, se generan acciones concretas como el fortalecimiento de la Red Federal de Políticas Sociales y el trabajo con el Consejo Coordinador de Políticas Sociales.

Siguiendo con los frutos que nuestro modelo de país continúa generando, basado en el crecimiento económico con incentivo al crecimiento del mercado interno y generando puestos de trabajo a partir del aumento del consumo interno, los índices de pobreza, desigualdad y marginación social han ido disminuyendo. Los esfuerzos continúan por lo que falta y sobre todo por seguir protegiendo a nuestro país de la crisis actual que están sufriendo los países como aquellos de la Unión Europea. En vez de flaquear frente a esta crisis del capital, nuestro Estado ha demostrado más que nunca su presencia a la hora de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, sin detener los procesos de transformación social iniciados desde el 2003.

Concebimos a las políticas sociales como herramientas para restituir, proteger y promover los derechos de las personas, alejándonos de una visión estrictamente cuantificadora de “pobres” que reduce a la pobreza a una cuestión de ingresos.
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Fecha:  02/05/2013 
TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE

En referencia a la inspección del trabajo infantil y adolescente , el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en el marco de las competencias que le son propias y en ejecución de los planes nacionales de fiscalización que realiza, actualmente el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, cuando encuentra niños y niñas en situación de trabajo infantil, labra la actuación correspondiente y la remite a la autoridad administrativa laboral que corresponda por jurisdicción, a efectos que ella continúe con el procedimiento hasta la efectiva aplicación de la sanción.

Desde el punto de vista del compromiso institucional que ésta cartera de Estado tiene con la inspección del trabajo infantil y el adolescente, en el año 2011 y por el Decreto 260, formalizó la Coordinación de Prevención del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente, bajo la órbita de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo.

Esta Coordinación tiene entre sus objetivos el fomento del fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo en la materia, promoviendo la figura del inspector de trabajo como actor clave en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, tal cual lo establece el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajado Infantil (2011-2015).

Importa mencionar que en materia laboral rige desde el año 2008 la Ley N° 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente”, la que introduce modificaciones más protectorias respecto del trabajo adolescente, tanto en su denominación como en su contenido, basándose en los postulados de la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que sostiene la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en nuestro país, desde la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994; y en línea con la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Con base en ésa perspectiva, se han diseñado nuevas actas para contener la información resultante de los relevamientos, teniendo en cuenta la edad del sujeto a encuestar, y por ello ahora contamos con un instrumento para las situaciones de trabajo infantil (Acta de Infracción por Trabajo Infantil Prohibido) y otro para el caso de los trabajadores adolescentes (Acta de Constatación de Trabajo Adolescente), ya que son dos categorías distintas y cada una requiere un tratamiento especial.

Asimismo, y a fin de poder hacer un adecuado monitoreo y seguimiento de ésta clase de inspecciones, se ha puesto en funcionamiento el Aplicativo COODITIA, que permite conocer toda la historia de la inspección, desde su origen hasta su efectiva resolución por el área administrativa laboral local, así como el resultado obtenido en materia de ayuda social para el niño, niña y/o adolescente cuyos derechos se han visto vulnerados por ser víctimas del trabajo infantil o del trabajo adolescente irregular.

Por otro lado, la Coordinación promueve la realización de inspecciones laborales periódicas a través del Consejo Federal del Trabajo y de las Administraciones Provinciales del Trabajo y brinda información y asesoramiento a distintas áreas del MTEySS e instituciones u organismos que lo solicitan en materia de normativa laboral y aspectos operativos de la inspección del trabajo infantil y del trabajo adolescente.

En ese marco se realizan capacitaciones a los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo nacional y de las Administraciones laborales en normativa y aspectos operativos de la inspección del trabajo infantil y adolescente.

Asimismo, la Secretaría Trabajo del MTEySS de la Nación, de la cual dependen inspectores y fiscalizadores, lideró el proceso de instalación de principios básicos, estándares o directrices que deberán respetar y garantizar todas las áreas laborales, cuando desde la inspección se aborda a un niño, niña o adolescente trabajador, y que fueran consensuados con las distintas jurisdicciones.

El compromiso de adecuar los sistemas de inspección a la perspectiva integral protección de los derechos del niño, se plasmó en la reunión del Consejo Federal del Trabajo N° 71 celebrada el 6 de mayo 2011 en Buenos Aires, en la que las Administraciones laborales del país aprobaron los “Estándares mínimos para el abordaje del Trabajo Infantil y Adolescente a través de la Inspección del Trabajo”.

El documento establece que los estándares se fijan con la finalidad de: a) promover el respeto a los derechos humanos y a la consideración de los niños, niñas y adolescentes como SUJETOS DE DERECHOS; b) brindar información a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias sobre sus derechos; c) prestar asesoramiento a los empleadores a los fines de estimular el cumplimiento de la ley y contribuir a la aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; d) colaborar en la implementación de estrategias integrales con enfoque territorial.

Los estándares mínimos consensuados fueron los siguientes:

1. Responsabilidad: Asumir en tanto funcionarios públicos, la responsabilidad que como imperativo legal establecen las normas en materia de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (N° 26.061) y la ley de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (N°26.390).

2. Trabajo adolescente: Reconocer en los términos de la ley 26.390 la franja etaria entre 16 y 18 años como una categoría diferenciada de trabajadores/as que cuentan con una protección particular.

3. Capacitación de los inspectores: Brindar con continuidad a los inspectores de trabajo de un marco conceptual y operativo para el abordaje del trabajo infantil y del trabajo

4. Trabajo artístico y normas de procedimiento a los efectos de su autorización: Dictar las normas reglamentarias del régimen de excepción a la prohibición del trabajo infantil, cuando la finalidad sea la participación de niñas y niños en representaciones artísticas, en consonancia con las disposiciones del Convenio OIT N° 138.

5. Instrumentos actuariales: Diseñar instrumentos específicos y diferenciados para relevar datos de trabajo infantil y trabajo adolescente considerando los componentes educativos y sociales, instando a la unificación de criterios y contenidos a nivel país.

6. Articulación para la restitución de derechos: Actuar articuladamente con los organismos y actores competentes en el marco de la corresponsabilidad para lograr la restitución de los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes detectados por la inspección del trabajo.

7. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y trata de personas: Tratándose de tipos delictivos, la inspección deberá dar aviso inmediato al organismo competente en la materia.

Asimismo, se decidió conmemorar anualmente el día 12 de junio “Día mundial contra el Trabajo Infantil” (Ley 26.064), para lo cual las administraciones laborales se comprometieron a generar cada año, durante el mes de Junio, acciones tendientes a sensibilizar, difundir y reflexionar sobre la naturaleza del trabajo infantil como problemática social compleja.

Actualmente, en el marco de las reuniones técnicas del Consejo Federal del Trabajo, se está trabajando en la profundización de cada uno de estos estándares.

De lo expresado surge con claridad que la temática del trabajo infantil y el adolescente, es motivo de preocupación constante por parte de la Secretaria de Trabajo, la que sin perjuicio de las competencias de fiscalización primaria de las jurisdicciones provinciales, la aborda en sus tareas de fiscalización, asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, en cumplimiento del imperativo legal que establece como prioritario la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina.
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Fecha:  02/05/2013 
FAMILIA ARGENTINA

A la hora de abordar a la distintas problemáticas sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se plantean dos Ejes fundamentales. Por un lado, el Eje que contempla al trabajo y su relación con la economía y el desarrollo social, ARGENTINA TRABAJA (que ya fue explicitado líneas arriba) y, por otro, el Eje FAMILIA ARGENTINA.

Se parte de la base del reconocimiento de la familia como unidad originaria. La familia es una institución universal constituida socialmente, en la medida que fue y es concebida de forma distinta según los momentos históricos, los modos culturales de organización y las relaciones de poder dominante. Todas las formas surgidas representan un vasto conjunto de modalidades alrededor de las cuales se organiza la vida privada y en sociedad de la población. Estos grupos familiares que conviven están unidos, a su vez, con redes de parentesco en las que, generalmente, circula la reciprocidad, el sentimiento de pertenencia y a través de las cuales se relacionan distintas generaciones.

Por todo lo dicho, la familia, junto a la escuela y al trabajo se constituye como el ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad. Es la familia el primer espacio en el que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la protección y promoción de la familia como eje fundamental de las políticas sociales destinadas a impulsar la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.

Niñez
En lo que a la niñez respecta, cabe destacar la vigencia de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables. Es en el marco de esta Ley que se creó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como objetivo establecer lineamientos, generando consensos y profundizando el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y los municipios, de manera de armonizar las instituciones y los marcos jurídicos que permitan consolidar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y las familias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se vienen desarrollando distintas iniciativas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada rincón del país, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de sus derechos.

Entre las principales líneas de acción se destacan:
• Centros de Desarrollo Infantil , como espacios destinados a la atención integral de la primera infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora. Destinados a los niños y niñas en la franja de edad desde los 45 días a los cuatro años de edad. El proyecto institucional del mismo debe formularse observando la situación particular del territorio donde se inscribe, contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades. En estos espacios se implementan actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad; actividades y espacios que estimulen la inclusión de niños y niñas con capacidades especiales; garantizar acceso a servicios sanitarios locales; asegurar el acceso a las necesidades alimentarias, control periódico y desarrollo de cada uno de los niños y niñas, entre otros.

• Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (2012-2015) definida como una herramienta común de planificación que plantea las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las políticas de niñez, adolescencia y familia para los próximos cuatro años. constituye un mecanismo integrador que prioriza objetivos, establece metas, articula acciones, sugiere adecuaciones normativas e impone pautas de monitoreo y seguimiento de políticas activas que, respondiendo a la nueva legalidad y la nueva institucionalidad, garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, como política de Estado.

• Programa Nuestro Lugar propicia la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas para acompañarlas. En este sentido, desde 2009 se convoca a las y los adolescentes de entre 14 a 18 años a un concurso a nivel nacional de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social. El objetivo es generar canales para que los
adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas y ser escuchados.

• Derecho a la Identidad: por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2009, se facilita la inscripción en los Registros Civiles de niños y niñas de hasta 12 años que aún no están inscriptos. Este instrumento implica la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas.

• Proyecto “Jardines de Cosecha”, de combate al trabajo infantil. Esta experiencia es llevada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y empresas integrantes de la Red de empresas para la lucha contra el Trabajo de Infantes. El objetivo de los mismos es dar respuesta a la necesidad manifestada por los trabajadores rurales de dejar en lugares adecuados a sus hijos e hijas menores durante la época de cosecha. No sólo se trata de espacios que cubren los cuidados básicos de los niños, sino que también se les da contención y la posibilidad de desarrollar actividades de atención integral a la infancia.

Otra de las medidas trascendentales que impulsa el Estado argentino desde el año 2007 en materia de políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados cuyos padres se encuentran desempleados o que forman parte del mercado informal de trabajo o sean monotributistas sociales, es la Asignación Universal por Hijo, que complementa a los sistemas de protección social existentes.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social incorporan un total de 3.562.000 niños y niñas, totalizando al momento la inclusión de más del 90% de los niños y niñas en el sistema de seguridad social, lo que lleva a un total (con los que se encuentran amparados en el Régimen de Asignaciones Familiares) a 10.000.000 de niños y niñas.

En conclusión, desde el año 2003 a la fecha por medio de la implementación de todas estas políticas, han emergido de la pobreza más de 3.000.000 de niños y niñas, y más de 1.700.000 lo han hecho de la indigencia.

Asimismo, otra de las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes es la trata de personas y explotación sexual y laboral . En relación a este tema, desde el Estado Nacional se han venido implementado distintas políticas con el objetivo de:
- Consolidar sistemas de protección y promoción de derechos a nivel nacional, provincial y municipal.
- Promover instancias educativas y de reflexión sobre la diversidad cultural y el cuidado del cuerpo.
- Fortalecer las capacidades personales, familiares y comunitarias para la restitución y exigibilidad de los derechos mediante un abordaje integral.
- Generar y facilitar las condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.
- Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.
- Garantizar el derecho a la identidad mediante el otorgamiento de la documentación correspondiente. Y en los casos de trata internacional, para la regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen en forma rápida y gratuita.
- Promover el desarrollo de políticas públicas activas y de integración regional, a nivel MERCOSUR y Estados Asociados, para el abordaje integral y transversal de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, respetando particularidades históricas, políticas y culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se vienen desarrollando estrategias que se presentan como un marco operativo para la intervención en situación de explotación, que reconocen como principios articuladores los siguientes:
- La asistencia debe ser integral, interdisciplinaria e interinstitucional.
- El trabajo articulado en red es una estrategia óptima para brindar una asistencia efectiva a las víctimas.

Por otro lado, en complementación a las acciones llevadas a cabo por el Estado Nacional, se sancionó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, que tipifica el delito con rango federal y establece mecanismos para la prevención de las víctimas al implementar medidas para la asistencia.
Párrafos: 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
Otra de las estrategias que se realizan a modo de combatir esta problemática se vincula a la sensibilización. Con este fin, en el año 2010 se firma un Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, la Secretaría de Transporte de la Nación y UNICEF Argentina para la difusión de spots y afiches promoviendo el compromiso de todos y todas ante esta problemática.

Esta campaña se emite en las estaciones de subtes y trenes, terminales de ómnibus, aeropuertos nacionales e internacionales de nuestros país, y se han remitido a los representantes provinciales del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para su reproducción en todo el territorio. También, dentro del marco del proceso de integración y a través de agentes territoriales, se elaboró material gráfico para la Triple Frontera Argentina, Brasil, Paraguay aprobado por la Reunión de Ministros de Desarrollo Social de MERCOSUR.

Del mismo modo, en ocasión de la VII Reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se aprobaron las Directrices para Aplicación del Protocolo de Asistencia a Personas Víctimas de Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, que tiene como objetivo la implementación de estrategias integrales y coordinadas de asistencia a las víctimas y cuya flexibilidad permite su adecuación a las características particulares de cada jurisdicción.

Contexto regional en la CELAC.
En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

“11. Coincidimos en la importancia de adoptar un conjunto de Indicadores Económicos y Sociales que permitan evaluar periódicamente el estado de la región, particularmente en cuanto al progreso social. Agradecemos el apoyo decidido de CEPAL a esta formulación”.

“62. Estamos conscientes de la fragilidad de la situación económica y financiera internacional y los riesgos que ésta representa para la continuidad de los logros obtenidos por nuestros países en materia de inclusión social, crecimiento con equidad, desarrollo sostenible e integración de la región. Si bien es importante reconocer que la crisis ha tenido un menor efecto en América Latina y el Caribe en relación al resto del mundo, trabajaremos conjuntamente para enfrentar los desafíos de un escenario internacional debilitado y realizaremos esfuerzos para impulsar ritmos de crecimiento sostenido, dinámico, inclusivo y de largo plazo para la región”.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Uno de los ejes transversales a la familia considerando fundamental, se relaciona con su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional. Como estrategia para abordar esta temática, y en el marco de la Ley Nº 25.274, se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo se dirige a que las argentinas y los argentinos tengan una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.

También este Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo. Para ello, se impulsa un proceso de articulación entre las áreas de salud, educación y desarrollo social y con las organizaciones comunitarias. Una de las acciones específicas que se enmarcan en este Plan son la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.

Por otro lado, de forma complementaria al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se encuentra el Programa PROHUERTA. Su objetivo es profundizar las acciones tendientes a la promoción de una alimentación autosustentable a partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productoras, que buscan fomentar el uso de alimentos frescos en huertas sobre la base de la autoproducción a nivel familiar, comunitario y escolar.

Más de 1.751.531 familias incluidas en Seguridad Alimentaria, reciben Módulos o Tarjetas para la compra de alimentos.

Más de 58.000.000 kilos de alimentos distribuidos a nivel nacional.
Aproximadamente 3.350.000 personas participan en huertas, familiares, comunitarias y escolares.
Más de 12.300 comedores escolares que reciben la ayuda del Ministerio .

Contexto regional en la CELAC.
En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

39. Reiteramos nuestro compromiso de promover la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras poblaciones. Reconocemos que la causa principal del hambre es la pobreza y que, para superarla, es necesario coordinar acciones relacionadas con la inclusión productiva de los pequeños agricultores familiares, el comercio internacional y el acceso a servicios públicos de salud y educación, entre otros, a través del continuo apoyo de diferentes organismos, mecanismos y agencias regionales. Resaltamos el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual afirma que los países de América Latina y el Caribe fueron los que más avanzaron en políticas de seguridad alimentaria y nutricional, aunque todavía 49 millones de personas sufran hambre en la región y tomamos nota con satisfacción de las propuestas de cooperación de FAO y CELAC. Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugar esfuerzos en apoyo de la iniciativa “América Latina y Caribe Sin Hambre 2025”. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al "Desafío Mundial Cero Hambre", propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20) que reconoce la alimentación adecuada como un derecho humano.

56. Reiteramos nuestro compromiso para erradicar el hambre y la pobreza en la región y, en ese sentido, ratificamos la Declaración de la I Reunión de Ministros de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza adoptada en el marco de la CALC (marzo de 2011) y los Comunicados Especiales sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y contra la Especulación Financiera y la Excesiva Volatilidad de Precios de los Alimentos, realizados en el marco de la Cumbre Fundacional de CELAC, celebrada en Caracas, en diciembre de 2011.

PLAN NACIONAL DE DEPORTE SOCIAL
Este plan, que fomenta el deporte como estrategia de promoción e inclusión social, incluye programas y proyectos que delimitan los lineamientos de política deportiva, en la construcción de un modelo político nacional y popular. Entre los objetivos que contempla, busca aumentar la participación comunitaria en el acceso de la población al deporte. También persigue el objetivo de formar recursos humanos en la aplicación de la política social de deporte.
Más de 5.500 clubes de barrio de todo el país recibieron apoyo financiero y capacitación.
Más de 2.006 becas Deportivas destinadas a atletas de los distintos niveles del alto rendimiento.
Casi 1.000 becas deportivas otorgadas correspondientes a la implementación de los Polos Deportivos

EMBARAZO ADOLESCENTE
A partir del año 2003, bajo la presidencia del Dr. Néstor Carlos Kirchner se inicio la reconstrucción de la Argentina como un país de derechos ampliados e inclusivos. La actual gestión está abocada a mejorar la calidad y los niveles de cobertura del sistema público abocado a la atención de la salud de la población, muy especialmente la de los grupos más vulnerables: mujeres embarazadas, bebés, niños y adolescentes .

Para lograr este objetivo, se han implementado programas orientados a fortalecer la estructura de la Atención Primaria de la Salud, con el objetivo de garantizar una mayor cobertura, periodicidad y calidad en el control prenatal y puerperal, integrando los diferentes niveles de complejidad para poder brindar asistencia segura en el parto, al tiempo que se reaseguro el acceso a los medicamentos, a través de la provisión y distribución gratuita.

Uno de los ejes prioritarios de la política sanitaria ha sido la mejora de la situación materna e infantil. Actualmente con un abanico de políticas centradas en la salud de la mujer embarazada, mujeres puérperas, niños y adolescentes, ampliado recientemente a todas las mujeres adultas, con diversos ejes de intervención y modalidades de articulación con los Estados Provinciales.

La mortalidad infantil ha tenido una priorización en la última década, lo cual se ve reflejado en una clara tendencia decreciente. Muestra de ello es el descenso a más de la mitad de la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y 2011, pasando de 25,6 por mil a 11,7 por mil. En consencuencia, en ese mismo período la tasa de mortalidad neonatal bajo del 15,6% al 7,9% y la tasa de mortalidad post-neonatal del 9,4 % al 4% producto de una serie de acciones orientadas a mejorar la prevención y la atención de los partos y niños recién nacidos.
Párrafos: 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, los índices a 2008, reflejaron que del total de mujeres entre 10 y 49 años sexualmente iniciadas y no embarazadas, 3 de cada 4 se encuentra utilizando anticonceptivos al menos de forma intermitente. En el mismo año, la tasa de natalidad de las adolescentes reflejaba que del total de los nacimientos 0,4 % de los nacimientos correspondían a adolescentes entre 10-14 años, el 15% a madres entre 15 y 19 años, en tanto que el 84,6% a madres de más de 20 años.

Se han implementado programas específicos para niños entre 0 y 6 años de edad, que incluyen el control del crecimiento y desarrollo infantil, un plan de reducción de las enfermedades prevalentes de la infancia, la educación alimentaria y nutricional.

En 2009, nuestro país ha impulsado el Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno, Infantil de las Mujeres y de las Adolescentes, que posibilitó al Ministerio de Salud establecer conjuntamente con las Provincias las metas y acciones más eficaces a ejecutar para redoblar esfuerzos para la reducción de la mortalidad infantil neonatal y post-neonatal, la mortalidad materna, el embarazo adolescente no planificado, los egresos hospitalarios por aborto y la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino. El Plan se potencia con las múltiples estrategias implementadas en las distintas jurisdicciones para incidir en el mejoramiento de la salud de niños y niñas, adolescentes y mujeres principalmente las orientadas a la promoción de la lactancia materna, el aseguramiento de las condiciones obstétricas neonatales esenciales, las maternidades centradas en la familia, la regionalización hospitalaria y el mejoramiento de la vinculación entre los diferentes niveles de atención.

El Plan Nacer aprobado en el año 2005, busca favorecer la accesibilidad a los servicios de mujeres embarazadas, y niños de 0 a 6 años sin seguro social ni plan de medicina prepaga, asegurándoles la atención cuidados de la salud en forma gratuita, previa inscripción.

En el año 2012 fue ampliado bajo la nueva denominación del Programa SUMAR, permitiendo incorporar además a los niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 años. Este programa configura un esquema de aseguramiento pública de la salud que asocia y vincula derechos con servicios, explicitando la cobertura en salud para sus beneficiarios a partir de un conjunto de prestaciones priorizadas.

Desde sus inicio en el 2005, más de 4 millones y medio de niños, niñas, adolescentes y embarazadas recibieron cobertura de salud a través de 37 millones de prestaciones.
Estas iniciativas se aplican en un contexto federal, priorizando regiones que presentan indicadores sociales más desfavorables a fin de reducir la brecha de inequidad entre las diferentes poblaciones del país.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado a partir de la Ley Nacional N? 25.673 de 2002, ha permitido que en la actualidad más del 90 % de los efectores en salud cuenten con consultorios de salud sexual y reproductiva. En el marco de este Programa se ha avanzado desde un enfoque de género en acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud sexual, mediante el acceso y mejora de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para toda la población.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable reparte en forma gratuita métodos anticonceptivos a 4500 Centros de Atención Primaria de la Salud y a los Hospitales Públicos, posibilitando que más de 6 millones de mujeres accedas en forma gratuita. Entre 2003 y 2010 se distribuyeron cerca de 130 mil tratamientos anticonceptivos con una inversión total de 56,5 millones de pesos. En los últimos años la entrega de métodos anticonceptivos (DIUS; preservativos, inyectables, orales y otros métodos) aumentó un 322%.
Párrafos: 1, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
Independientemente de la labor que se viene desarrollando desde los Ministerios respectivos, en el área de Género del MERCOSUR, la necesidad de profundizar la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de integración regional y de actualizar las acciones acordadas entre los países en cuanto a las políticas de género condujo a la elaboración del proyecto Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR.

El proyecto espera contar con los siguientes resultados:

- funcionarios/as nacionales y del MERCOSUR sensibilizados en los temas de género;
- diagnóstico regional sobre violencia doméstica basada en el género;
- un Parlamento del MERCOSUR con perspectiva de género;
- instrumentos de detección, intervención, rescate y reinserción de mujeres víctimas de trata compartidos regionalmente

Por otro lado, se realizó -bajo Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR- la Segunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR, con la presencia de Ministros y Altas Autoridades de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados participantes en las Reuniones de Ministros de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Justicia, Derechos Humanos, Mujer, Interior - Seguridad y Agricultura Familiar, entre otros.

En ese marco, las Ministras y Ministros emitieron la "Declaración de Buenos Aires Por un MERCOSUR Social e Inclusivo: Avanzando hacia la Patria Grande", por medio de la cual se comprometen a avanzar en distintas iniciativas, proyectos y acuerdos alcanzados en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) durante el semestre. Entre estas últimas, se destacan las siguientes:

a) Promover la implementación del "Proyecto pluriestatal FOCEM sobre Económica Social y Solidaria" con el propósito de fortalecer el entramado productivo de zonas gemelas en fronteras; elaborar el proyecto social regional "Fortalecimiento de las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el desarrollo de estrategias integrales de erradicación de la pobreza extrema y el hambre"; desarrollar la iniciativa "Revalorizando Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad Alimentaria, Identidad y Diversidad Cultural en el MERCOSUR".

b) Impulsar políticas sociales y económicas que contribuyan a la autonomía económica de las mujeres, a través de la Economía Social y Solidaria; mejorar las condiciones laborales para el sector del trabajo doméstico remunerado; fomentar la definición de "Lineamientos de Política de Igualdad de Género del MERCOSUR" e iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres; diseñar programas integrales de atención de violencia contra las mujeres; adoptar políticas que generen condiciones paritarias en los contextos económicos, sociales y culturales, poniendo énfasis en la intención de lograr la paridad política en los ámbitos nacionales y regionales.

c) Fortalecer planes y programas educativos como factores principales para prevenir la trata de personas; Incorporar en la currícula de las instituciones educativas módulos informativos respecto de la trata de personas a fin de concientizar a los niños, niñas y adolescentes; fomentar una educación de calidad, con especial atención de los sectores vulnerables. Promover la generación de políticas públicas transversales en materia de Cultura y Desarrollo Sustentable.
Párrafos: 6, 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2011 
Asignación Universal por Hijo
Un paso trascendental en cuanto a Políticas Públicas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha sido la implementación de la Asignación Universal por Hijo para protección social. La misma constituye una verdadera prioridad del Gobierno nacional para que millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres estén desempleados, sean trabajadores en el mercado informal o en el servicio doméstico (que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil) o sean monotributistas sociales, mejoren sus condiciones de vida, salud y educación.
Los padres cobran una Asignación de 220 pesos por hijo/a y 880 pesos por hijo/a discapacitado. Todos los meses se paga el 80% de estos montos porque el restante 20% se hace efectivo una vez al año si el niño/a cumple con los requisitos de salud (vacunas) y educación (asistencia a clase).
A la fecha los principales logros de la medida son los siguientes:
• Reciben la asignación 3.481.082 menores de 18 años, de los cuales 12.503 son discapacitados y corresponden a 1.844.483 familias.
• El impacto de la asignación en la educación redundó en un incremento de 25 % de la matrícula escolar.
Otras Cuestiones
A nivel regional, impulsada por la Argentina se viene trabajando la temática de la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual en el ámbito del MERCOSUR, principalmente enfocados a la zona de la Triple Frontera Argentino-Brasileño-Paraguaya.
En este sentido se viene realizando un trabajo conjunto en la zona, integral, interdisciplinario que conjuga acciones de concientización, movilización de la comunidad y actores públicos y privados locales, capacitaciones, campañas comunicacionales comunes, conformación de protocolos de intervención comunes, entre otras acciones. Entre ellos mencionamos:
• Se realizó un mapeo de actores locales en cada uno de los países conforme su incumbencia para los casos de denuncia de trata
• Se consensuó un marco para un Protocolo de intervención conjunto para la atención a las víctimas de trata.
• Se diseño y acordó una imagen comunicacional, un afiche y trípticos común a los tres países para sensibilización y prevención en cada uno de los países, en tres idiomas: español, portugués y guaraní, cuya difusión en los países del MERCOSUR fue acordada por Recomendación N° 03/2008 del Consejo de Mercado Común.
• Se realizaron intercambios y capacitaciones de manera conjunta a fuerzas de seguridad, poder judicial, autoridades locales de protección a niñas, niños y adolescentes, autoridades de migraciones, etc.
• Mapeo de pasos internacionales ilegales y/o clandestinos
En la última reunión, celebrada en Puerto Iguazú, Argentina el 27 y 28 de julio de 2010, se acordaron, entre otros, los siguientes compromisos:
• Se está comenzando a un debate en torno a la conformación de un sistema de información para todas las autoridades intervinientes en la zona de cada uno de los países sobre los casos de Trata de personas en los que se ha intervenido, con la idea de avanzar hacia una base de datos común.
• Intercambio de informes periódicos sobre situación de las victimas que han sido rescatadas y han optado por retornar a sus hogares, en razón de la necesidad de conocer los avances de esa persona en el país de retorno, así como facilitar su localización en caso de ser requerida su presencia como testigo en instancias de juicio contra sus captores.
• Seguir trabajando con las capacitaciones al resto de los actores locales claves como transportistas, hoteleros, agentes de turismo, etc.
• Continuar con las campañas de comunicación para la sensibilización en la temática de Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, a través de campañas radiales, televisivas, gráficas
En este sentido merece especial mención, la adopción de un spot televisivo común a los cuatro países en idioma español, portugués y guaraní, relativo a la “Prevención, Concientización y Lucha contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de Explotación Sexual y/o Laboral”, elaborado con la cooperación de UNICEF Argentina.
Párrafos: 4, 8, 9, 10, 84, 95 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
Durante el año 2009, los esfuerzos estuvieron orientados a profundizar y escalar las políticas sociales en dos direcciones básicas: por un lado garantizando un ingreso universal para niños, niñas y adolescentes a través de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, y por otro, generar más y más trabajo, con el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, con lo que redoblamos nuestra apuesta de derrotar la exclusión a través del trabajo genuino.

Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo para protección social constituye una verdadera prioridad del Gobierno nacional para que millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres estén desempleados, sean trabajadores en el mercado informal o en el servicio doméstico (que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil) o sean monotributistas sociales, mejoren sus condiciones de vida, salud y educación. Los padres cobran una Asignación de 220 pesos por hijo/a y 880 pesos por hijo/a discapacitado. Todos los meses se paga el 80% de estos montos porque el restante 20% se hace efectivo una vez al año si el niño/a cumple con los requisitos de salud (vacunas) y educación (asistencia a clase).

El Plan de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Nacional de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social
Su objetivo es la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país con la generación de más de 100 mil fuentes de trabajo, con una inversión de nueve mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

Los resultados a la fecha son los siguientes:
-Alrededor de 1500 cooperativas creadas
-134,708 cooperativistas dentro del Programa de Ingreso Social con trabajo “Argentina Trabaja”

(Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
Párrafos: 8 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
El Plan Nacional “Manos a la Obra” promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.

El propósito del Plan es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y participación. Sus líneas de acción se estructuran a través del apoyo económico y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la capacitación.

Este Plan Nacional promueve el desarrollo de proyectos productivos que generen valor agregado e integren cadenas de producción, a la vez que incorpora al Sector privado en algunas de las fases del desarrollo de los emprendimientos (cadenas de proveedores, capacitación, asesoramiento técnico); consolidando la sustentabilidad de las actividades productivas y potenciando la posibilidad de generación de mejores ingresos.


A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se lanzó el “Plan Nacional de Abordaje Integral, “Ahí, con la gente” - innovando en materia de experiencias sociales en la región latinoamericana- que tiene por objetivo profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando la presencia del Estado en el territorio, creando acceso y rescatando las redes e identidades locales. En este sentido, se promueve el desarrollo social y humano de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad social, a través de la implementación de políticas públicas integrales orientadas hacia el efectivo cumplimiento de derechos sociales como la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación y el acceso a servicios públicos de infraestructuras esenciales.

(Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
Párrafos: 9 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
El Plan Nacional Familias que atraviesa transversalmente a los planes nacionales, tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos. Enmarcado en el Plan Familias, se halla un componente interesante en el proceso de construcción de ciudadanía: el Programa “Familias por la inclusión social” que combina derechos y obligaciones. Dirigido a familias en situación de riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y garantice la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.

En el área de juventud, cabe destacar el Programa “Jóvenes Padre Mugica, asumiendo la responsabilidad de generar el proceso de reconstrucción de una ciudadanía activa e impulsando una intensa tarea de promoción social.

Sus objetivos son:

• Promover el servicio solidario, el compromiso social y la participación de los/as jóvenes en pos del fortalecimiento del tejido social.

• Generar espacios de capacitación en oficios e inclusión laboral juvenil que favorezcan la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes.

• Fortalecer la creación de una identidad colectiva a partir de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios culturales.

• Promover los espacios de participación y comunicación, garantizando la igualdad de oportunidades en el uso y acceso de las nuevas tecnologías.

“Jóvenes Padre Mugica” desde el modelo de construcción, ejecución y evaluación de políticas con y desde jóvenes, busca la participación de 500.000 jóvenes en la elaboración de los diagnósticos juveniles locales –a nivel nacional- y de distintas actividades de servicio solidario/colectivo.

(Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
Párrafos: 10 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
Para información sobre Desarrollo Social, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas- Argentina
Párrafos: 95 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
En la República Argentina, el horizonte de las transformaciones sociales tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía nuestro accionar está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asume la Política Social.
Por ello, y con el objetivo fundamental de elevar la calidad de vida del pueblo argentino, y especialmente de las condiciones de vida de las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país, seguimos impulsando estrategias sociales participativas que, en base a los ejes mencionados permitan la transformación de las realidades de nuestro pueblo y su reconocimiento como sujeto de derecho y, con él, el logro del desarrollo humano y social sustentable.
Avanzamos en la consolidación de una política pública en donde cada sujeto se reconoce y actúa en función del logro, no sólo de su proyecto personal sino, también, en beneficio del colectivo.
En este sentido, volvemos a poner en el centro de las relaciones humanas el concepto de solidaridad, pero con una visión superadora de aquella que solo es concebida entre un sujeto activo que da y uno pasivo que recibe. Concebimos la solidaridad no como caridad, sino desde la reciprocidad, donde se trasluce una relación de derechos y obligaciones recíprocas. De esto se trata, cuando planteamos una política social que tiende a la reconstrucción del tejido social, no sustentada en dádiva, sino en una verdadera corresponsabilidad social.
Se trata de una política social integral participativa que protege y promueve en la medida en que sienta las bases para el desarrollo sustentable de las familias, definida en función de tres aspectos íntimamente relacionados:
1. Por un lado, la aspiración a la universalidad e interdependencia de la política social a partir de la comprensión de “lo social”, como un fenómeno complejo que no puede ser abordado con lógicas de trabajo programáticas y fragmentadas y ajenas a la situación que se plantea resolver, sin relación entre sí y sin contemplar una realidad dinámica que no divide sus problemáticas en compartimentos estancos, sino que trasciende su ámbito y se interpenetra con otras problemáticas.
No es posible abordar la problemática social sino en su globalidad e interdependientemente.
2. Por otro, conforme la República Argentina es un Estado federal, concebimos la ejecución de la política social desde la idea de gestión asociada y descentralizada, con distribución de competencias, a través de una articulación desde la Nación con las Provincias y los Municipios, e involucrando a todos los actores que se desempeñan en esos ámbitos, respetando las particularidades de cada territorio.
Así, la lógica de las políticas sociales integrales, mientras por un lado posibilita la necesaria optimización de recursos y evita la duplicación de estructuras, por otro lado evita la extemporalidad de objetivos, impulsando un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas. Abordaje integral a problemas complejos, ese es el objeto que nos guía.
3. Concomitantemente en esta nueva concepción avanzamos desde un nuevo paradigma, en el cual se reconoce la multidimensionalidad del sujeto social anclado en su historia. Un sujeto que conjuga formas de vida, experiencias y desafíos y que se construye continuamente a partir del mutuo reconocimiento con el otro y su territorio con características particulares.

Una Política Pública para la Integración Social
Formamos parte de un proceso de transformaciones, de la apertura de un nuevo capítulo político en América Latina, expresado en la recuperación de la política – y del Estado como su principal ejecutor - como herramienta de cambio en la transformación de la realidad.
Durante décadas se nos intentó convencer de las bondades del mercado como principal organizador de la vida económico-comercial y principal “distribuidor” de los beneficios conforme los criterios de “eficiencia” y “rentabilidad”.
Bajo esta lógica, se consideró que la concentración de bienes y capital en aquellos sectores más proclives a la inversión y al ahorro, mejoraría el bienestar de los sectores pobres por la vía del incremento agregado del bienestar, el cual “gotearía” – por ello se lo denominó Teoría del Derrame – en la modalidad de empleos para estos sectores, incrementando sus ingresos y produciendo, finalmente, un efecto agregado sobre la igualdad.
Los hechos han demostrado que ese modelo sólo ha sido funcional a los intereses de las grandes corporaciones, dejando a la gran mayoría de la población ausente de los beneficios.
Por ello, el Gobierno Nacional, en la redefinición del Estado, ha optado por un rol activo, promotor, presente y, cuando es necesario protector, que siente las bases y garantice una efectiva Integración Social de sus comunidades.
En su estrategia se combinan crecimiento económico y políticas sociales. En este sentido, nuestros esfuerzos se encaminan a erradicar la pobreza principalmente sobre la base de la generación de trabajo decente, la distribución del ingreso y el acceso a una educación pública de calidad, constituyéndose en ejes centrales facilitadores en la satisfacción de las necesidades básicas.
Esta transformación en el paradigma de las políticas sociales, diametralmente opuestas a las planteadas por el neoliberalismo y el Consenso de Washington en los 90, pudo llevarse a cabo gracias al reposicionamiento del Estado como el principal sujeto activo y promotor de la sociedad, constituyendo la única instancia capaz de priorizar el bien común fuera de criterios mercantilistas de rentabilidad o conveniencia económica.
Este Estado, que vuelve a ser protagonista, se materializa a través de la generación y ejecución de políticas públicas, con visión de bien común y no como respuesta a la simple demanda (aunque válida) de sujetos individuales. En ellas, la política económica, laboral, sanitaria, exterior y también la social se retroalimentan y complementan en un proyecto nacional que solo puede ser el de un país con crecimiento económico sostenible, pero también con justicia e inclusión social.
En este marco, la Política Social implica:
• Considerar a la familia como principal eje de la política social, como el ámbito primario para la integración social y el desarrollo de las personas.
• Concebir el empleo como eje de la inclusión social y estrategia central en la erradicación de la pobreza. La Argenina promueve el desarrollo y fortalecimiento del Desarrollo Local y de la Economía Social los cuales, apoyándose en el Microcrédito y a través de innovadoras estrategias de comercialización, permiten a emprendedores de escasos recursos la obtención de empleo, recursos genuinos y el desarrollo y aplicación de sus propias capacidades, al tiempo que se fortalecen y reconstruyen los vínculos solidarios y la cultura del trabajo como elemento integrador y dignificante.
• Reconocer la dinámica territorial propia de cada zona, provincia, municipio o región, actuando en forma coordinada en pos de una política social dirigida directamente a las necesidades detectadas y demandadas desde cada lugar, promoviendo respuestas a partir de la revalorización de las propias capacidades y la experiencia comunitaria, a través de lo cual se respeta la diversidad.
• Impulsar la participación ciudadana a través de la generación de espacios inclusivos. Para ello, hemos implementado los Consejos Consultivos y Mesas de Gestión, que recuperan el trabajo asociado entre el Estado y la sociedad civil.
• Integralidad y articulación de las políticas sociales. Esta nueva concepción, que explicitamos con anterioridad, implica un enorme esfuerzo en la tarea diaria. Rescatamos y fortalecemos los espacios existentes, resguardando de no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local.
Esta visión articulada se institucionaliza a través del fortalecimiento de la Red Federal de Políticas Sociales, caracterizada por el rol activo del Estado con capacidad de garantizar una fuerte inversión social. Para ello, trabajamos articulada, intersectorial e interdisciplinariamente, donde cada uno de los actores involucrados participa, decide y cogestiona en su territorio.
En el marco de un Proyecto Político Nacional y Popular, el actual modelo de acumulación orientado hacia la producción y el trabajo, posibilitó la recuperación de todos los indicadores sociales sobre pobreza, desigualdad y marginación social.
Nuestro país, al igual que el resto del mundo, se vio azotado, durante el último año, por una profunda crisis financiera que ha puesto a prueba la solidez y la capacidad de respuesta de las políticas públicas implementadas en nuestro país en los últimos 7 años y de sus instituciones para comandar “el barco del Estado durante la tormenta”.
Por ello, durante el año 2009, los esfuerzos estuvieron orientados a profundizar y escalar las políticas sociales en dos direcciones básicas: por un lado garantizando un ingreso universal para niños, niñas y adolescentes a través de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, y por otro, generar más y más trabajo, con el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, con lo que redoblamos nuestra apuesta de derrotar la exclusión a través del trabajo genuino.
A ello se suma las tareas desarrolladas en el marco del Plan de Abordaje Integral con eje territorial, orientado a intervenir en los factores condicionantes de los núcleos duros de pobreza. Dirigido a las poblaciones de localidades rurales con menos de 12.000 habitantes, como así también en barrios y villas de emergencia de aglomerados urbanos, abordando las distintas tramas y facetas que obstaculizan el tránsito hacia la superación de la pobreza estructural.
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Asimismo, el avance de los Planes Nacionales: Familia, Seguridad Alimentaria y de Deportes, que tienen como objetivo restituir los derechos fundamentales de las familias argentinas, han realizado los cambios que la realidad social ha exigido, a partir de una permanente cercanía con las comunidades, encontrando los mejores modos de concretar los principios rectores de esta política social.
De esta forma, los cuatro Planes Nacionales, que desarrollamos en el Capítulo IV, representan líneas específicas de intervención que garantizan la Integración Social de las comunidades.
A continuación presentaremos los contenidos básicos y los objetivos de nuestros Planes Nacionales:

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, impulsa un proceso de articulación entre las áreas de desarrollo social, salud, educación, organizaciones no gubernamentales y el ámbito local, con el propósito de brindar una respuesta de calidad al derecho a la seguridad alimentaria .
Con el objetivo de incentivar el ejercicio de derechos, el Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo.
Actualmente, se encuentran en funcionamiento más de 609.717 huertas, entre familiares, escolares y comunitarias, favoreciendo así el incremento de la productividad de las mismas mediante el empleo de un sistema de trabajo con máquinas itinerantes.
En esta idea constante de afianzar el ejercicio de los derechos, es relevante mencionar la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.
En la actualidad, la casi totalidad de las jurisdicciones han adoptado total o parcialmente el ticket o tarjeta magnética como prestación alimentaria.
Al mes de julio de 2010, los resultados son los siguientes:
• 1.645.855 familias ejercen el derecho a una alimentación apropiada. El 90 por ciento lo hace a través de la Tarjeta Social. El resto por medio de módulos, vales o leche en polvo.
• 34.449.853 kilogramos de alimentos distribuidos en todo el país.
• Casi 3 millones y medio de personas participan en más de 628.000 huertas familiares, escolares y comunitarias a través del Programa Pro Huerta, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
• Casi 1.700.000 alumnos reciben refuerzo alimentario en comedores escolares.

El Plan Nacional Familias que atraviesa transversalmente a los planes nacionales, tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos.
Se trata de desarrollar las capacidades y factores de protección de las familias, como forma de prevención de disfunciones y vulnerabilidad, a través de la información, orientación, educación y el apoyo oportuno y solidario.
En este sentido, es de destacar la vigencia y el cambio de paradigma operado a través de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables.
Enmarcado en el Plan Familias, se halla un componente interesante en el proceso de construcción de ciudadanía: el Programa “Familias por la inclusión social” que combina derechos y obligaciones. Dirigido a familias en situación de riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y garantice la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.
El actual componente de Ingresos es considerado decididamente como un derecho a la protección social básica y parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad o riesgo social que atraviesa la familia.
Pero también corresponde destacar que, como enunciáramos líneas arriba, la centralidad del trabajo como eje para la inclusión social y la necesidad de seguir avanzando en la superación de la pobreza y la desigualdad social, tal cual fuera ratificada por la Presidenta de la República Argentina Cristina Fernández.
Durante el 2008, se han implementado adecuaciones y cambios necesarios que permiten transitar de un programa de transferencia condicionada de ingresos hacia un programa de promoción, protección y participación social.
El sentido final es lograr que los destinatarios y actuales titulares del programa, no se consideren beneficiarios, meros receptores o depositarios de un ingreso condicionado, sino como titulares de derechos, participes de una comunidad activa y organizada en una Argentina que los incorpora en la movilidad social ascendente.
Se propone que los planes de actividades de promoción familiar contemplen y contengan la formulación e implementación de proyectos, ya sea identificando y promoviendo iniciativas en marcha, o canalizando saberes de la población. Que promuevan a estas familias, acercándolas al financiamiento, a la capacitación, a la construcción de redes para el afianzamiento de sus actividades.
Estos procesos, además de incorporar los recursos y necesidades de la región, tendrán una especial atención y ponderación de las experiencias laborales u ocupacionales de la población involucrada.
• 783.636 niños, niñas y adolescentes asistidos por pensiones a madres con mas de 7 hijos y por invalidez.
• 948.226 pensiones no contributivas que incluye a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, leyes especiales y pensiones graciables, acumulando un crecimiento de 185 % desde el año 2003 (en el cual había 332.022 pensionados).
• En el 2003, los pensionados por Madres de 7 hijos eran 58.380 personas, que recibían $150 mensuales. Hoy son casi 5 veces más: 283.787, que reciben $1.046 por mes, 7 veces lo que cobraban en el 2003.
• En el 2003, los pensionados mayores de 70 años eran 39.045 y recibían $103 mensuales. Hoy son 51.978, que reciben $732, más de siete veces el monto del 2003.
• En el 2003, los pensionados por discapacidad eran 79.484 y recibían $103 mensuales. Hoy son seis veces más: 500.227, que reciben $ 732 por mes.
• 1.708.798 personas han accedido al derecho del cuidado de su salud y equipamiento familiar

El Plan Nacional de Deporte Social establece los lineamientos de la política deportiva nacional. Incluye programas y proyectos basándose para su diseño e implementación en un modelo político nacional y popular.
Constituye una estrategia ideal para generar fuentes laborales, redes sociales continuas y una herramienta legítima para reducir los riesgos y amenazas sociales de nuestro tiempo.
Persigue, entre otros, objetivos:
• Aumentar la participación comunitaria posibilitando el acceso masivo de la población a la práctica deportiva.
• Incentivar la práctica deportiva en los establecimientos educacionales de todos los niveles
• Formar recursos humanos con capacidad profesional y responsabilidad social para la correcta aplicación de la política social del deporte
Entre los principales resultados en relación a esta línea de trabajo podemos mencionar lo siguiente:
• Más de 1 millón de niños y adolescentes participaron en los juegos Nacionales Evita.
• “Argentina Nuestra Cancha”: creación de 593 polos de desarrollo deportivo, incorporando actualmente, 32.000 personas de diversas edades, desde niños a adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
• 1.173 clubes de barrio recibieron apoyo financiero y capacitación.
• 20.226 deportistas y entrenadores de alto rendimiento recibieron becas y capacitaciones.

El Plan Nacional “Manos a la Obra” promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.
El propósito del Plan es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y participación. Sus líneas de acción se estructuran a través del apoyo económico y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la capacitación.
El Plan ha logrado consolidar una red pública con la intervención del Estado nacional y la sociedad civil para la aplicación de las políticas sociales integrales, la gestión descentralizada, articulando capacidades y responsabilidades, agilizando la aplicación de sus fondos, así como la consolidación de procesos participativos, intersectoriales, respetando el perfil productivo y de servicios de cada región, a través de las unidades de evaluación provinciales, microregionales y municipales, verdadero ejemplo del trabajo conjunto de los representantes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de los organismos locales participantes.
Este Plan Nacional promueve el desarrollo de proyectos productivos que generen valor agregado e integren cadenas de producción, a la vez que incorpora al Sector privado en algunas de las fases del desarrollo de los emprendimientos (cadenas de proveedores, capacitación, asesoramiento técnico); consolidando la sustentabilidad de las actividades productivas y potenciando la posibilidad de generación de mejores ingresos.
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Fecha:  21/12/2010 
El plan se complementa y potencia a través de diferentes herramientas:
• Financiamiento: Resulta importante destacar la centralidad del Microcrédito en la estrategia de potencializar y otorgar sustentabilidad a los proyectos enmarcado en la economía social. Desde el 2006 se cuenta con la Ley 26.117 de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social que tiende a estimular el desarrollo y el acceso al crédito con fines productivos de grupos vulnerables, constituyendo una herramienta fundamental para disminuir la pobreza, enmarcado en el compromiso de nuestro país para con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El mismo se implementa a través del Programa de Promoción del Microcrédito “Padre Carlos Cajade” con la aplicación de un fondo que a la fecha ya ha ejecutado más de 400 millones de pesos. Esto constituye un suceso sin precedente, dado que es el Estado y no el sector privado quien otorga los microcréditos a través de fondos públicos a una tasa de interés máxima del 6% anual, muy por debajo de la tasa de mercado.
• Comercialización: el Ministerio de Desarrollo Social ha dado un fuerte hincapié a la comercialización de los bienes producidos por la economía social. Así, se fortalece el desarrollo y la inserción de los efectores sociales en el circuito de la comercialización, a través de la difusión de sus productos, formulación e implementación de planes de mercadeo en asociación con organismos públicos y de la sociedad civil, apoyo a ferias de emprendedores, organización de rondas de negocios de emprendedores y de estos con PyMES, conformar y fomentar cooperativas para estos fines, certificar calidad de gestión y de los productos según normas aprobadas por IRAM-MDS, creación de catálogos virtuales, etc.
• Marca Colectiva: Por Ley 26.355 del 2008 nace la figura de Marca colectiva para estimular el desarrollo integral de emprendedores de escasos recursos. La misma consiste en fortalecer la producción y comercialización de los emprendimientos de la economía social, permitiendo entre otras cosas mejorar la calidad de los productos/ servicios y procesos de producción, otorgar normativas y herramientas para que puedan aumentar sus ventas y generar valor agregado
• Registro de efectores para el desarrollo local: Constituye una herramienta para fortalecer la economía social y promover la inclusión. El Registro Nacional de Efectores del Desarrollo Local y la Economía Social constituye una iniciativa inédita, tendiente a promover pequeños emprendimientos, sustentados por personas que habían perdido su ocupación o no tenían posibilidades de insertarse en el mercado laboral. El Registro fue creado para facilitar al efector social el desarrollo de su actividad económica y el incremento de sus ingresos, a partir de la posibilidad de facturar y de ese modo incorporar nuevos compradores o clientes. El efector social quedará inscripto dentro del régimen de monotributo social, por medio del cual podrá: emitir factura oficial, acceder a una obra social de libre elección para los titulares y su grupo familiar, acceso al sistema jubilatorio, podrán ser proveedores del Estado a través de la modalidad de contratación directa.
Cooperativas
En pos de contribuir a la generación de trabajo, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se evaluaron y subsidiaron proyectos destinados fundamentalmente a la compra de herramientas y maquinarias.
En particular se aprobaron proyectos a cooperativas surgidas a partir de las denominadas empresas recuperadas, favoreciendo de este modo la consolidación de las entidades y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Algunos de los números de estas acciones de generación de ingreso genuino se puede mencionar lo siguiente:
• Desde 2003 más de 600 mil emprendedores de todo el país se integraron a la economía social.
• 300 mil puestos de trabajo directo creados por cooperativas y mutuales.
• 17 mil cooperativas y mutuales registradas y 14 millones de asociados en todo el país, aportan casi el 10 por ciento del Producto Bruto Interno nacional (PBI).
• 115.541 microcréditos otorgados
• 82.942 emprendedores asistidos
• 1.429 Organizaciones que otorgan microcréditos.
• 5.287 Asesores de microcrédito en el territorio.
• 356.057 monotributistas sociales inscriptos

En el marco de alentar la creación de nuevas fuentes de trabajo en los sectores más vulnerables se implementa el Plan de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Nacional de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.
o Su objetivo es la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país con la generación de más de 100 mil fuentes de trabajo, con una inversión de nueve mil millones de pesos por parte del Estado nacional.
o De esta manera, el Gobierno nacional, con la participación de las provincias y municipios, tiene el propósito de poner en marcha miles de cooperativas, especialmente aquellas dedicadas a la infraestructura básica. Los trabajos a realizar por las cooperativas incluirán desde el pintado de cordones y escuelas hasta la construcción de redes cloacales y veredas.
o El "Plan de Ingreso Social con Trabajo " se pondrá en marcha en varias etapas, con una asignación de 1.500 millones de pesos para generar 100 mil nuevos trabajos cooperativistas en su inicio. El plan comenzará a aplicarse en el conurbano bonaerense, en especial en "barrios, villas y aglomerados urbanos con alta vulnerabilidad social" con el propósito de abrir en una segunda instancia nuevas etapas en distintas zonas geográficas del país que también tengan esta densidad de vulnerabilidad social
o Cada trabajador será un monotributista y tendrá una tarjeta que le permitirá cobrar en una entidad crediticia evitando la existencia de intermediarios
o Mediante esta política no solo se aborda la situación del trabajador integrante de la cooperativa sino también la de su familia, a partir de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud
o El Plan está dirigido sólo a desocupados.
Los resultados a la fecha son los siguientes:
• Alrededor de 1500 cooperativas creadas
• 134.708 cooperativistas dentro del Programa de Ingreso Social con trabajo “Argentina Trabaja”
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Fecha:  21/12/2010 
A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, del que participan todos los Ministerio con incumbencia en lo social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se lanzó el “Plan Nacional de Abordaje Integral, “Ahí, con la gente” - innovando en materia de experiencias sociales en la región latinoamericana- que tiene por objetivo profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando la presencia del Estado en el territorio, creando acceso y rescatando las redes e identidades locales.
En este sentido, se promueve el desarrollo social y humano de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad social, a través de la implementación de políticas públicas integrales orientadas hacia el efectivo cumplimiento de derechos sociales como la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación y el acceso a servicios públicos de infraestructuras esenciales.
Considerando que la pobreza significa mucho más que un problema de ingresos, es decir tiene causas y factores económicos, culturales y sociales, el Plan Nacional Ahí prioriza las zonas en situación de alta vulnerabilidad social, localidades rurales, parajes, población dispersa, grandes aglomerados y comunidades de pueblos originarios.
Mediante el trabajo conjunto y articulado de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, asociados a los distintos actores de la comunidad, se trabaja estableciendo cuatro polos de intervención:
• Organización social: Cabildos Abiertos (Mesas de Gestión); promoción de derechos (adultos- cuidadores domiciliarios); organización de tareas culturales; recreación del deporte social; bibliotecas populares, orquestas y bandas infantiles y juveniles autóctonas y músicos por el país; documentación; convenio con organizaciones sindicales y sociales; centros de jubilados.
• Productivo y de servicios: Producción familiar para el autoconsumo; emprendimientos sociales; cadenas productivas; cooperativas; etc.
• Prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo): Control de la embarazada; vigilancia intensiva del niño los primeros 60 días y luego en el Plan Materno Infantil, sensibilización y control de vacunas; Plan Familias – Desarrollo infantil; Plan de ingresos para las familias en zonas rurales; formación de asistentes técnicos para el desarrollo infantil; huertas familiares; terminalidad educativa; generación de tecnicaturas en oficios con títulos oficiales; formación de cuidadoras domiciliarias; trabajo con jóvenes; promoción de derechos de personas con capacidades diferentes; pensiones no contributivas
• Infraestructura y equipamiento social: Construcción de viviendas rurales; incorporación de los CICS móviles; centros integradores comunitarios; CICs Urbanos; ejecución de CICs Rurales; construcción de pozos de agua; desarrollo de energías alternativas; playones deportivos; apoyo a centros de desarrollo infantil
El Plan Nacional de Abordaje Integral busca la formación y capacitación de actores locales, sensibilización y formación en salud y creación de espacios participativos y organizativos para la restitución de derechos, la protección familiar, el reconocimiento y respeto por la identidad individual y colectiva, la creación de espacios para la recreación y la expresión cultural, el acceso y permanencia en el sistema educativo, la realización de controles médicos y hábitos saludables, la conformación de redes de emprendimientos socio productivos para el desarrollo local y el apoyo para el envejecimiento activo y seguro.
Asimismo, y en relación a las intervenciones en el área de juventud, es de destacar el Programa “Jóvenes Padre Mugica, asumiendo la responsabilidad de generar el proceso de reconstrucción de una ciudadanía activa, impulsando una intensa tarea de promoción social.
Sus objetivos son:
• Promover el servicio solidario, el compromiso social y la participación de los/as jóvenes en pos del fortalecimiento del tejido social.
• Generar espacios de capacitación en oficios e inclusión laboral juvenil que favorezcan la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes.
• Fortalecer la creación de una identidad colectiva a partir de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios culturales.
• Promover los espacios de participación y comunicación, garantizando la igualdad de oportunidades en el uso y acceso de las nuevas tecnologías.
El Programa se implementa en todo el territorio nacional. En su primera etapa prioriza su ejecución en 223 localidades que integran el Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí, ahí en el lugar”. Comprende 4 ejes:
Movimiento Solidario Juvenil: formación de 50.000 promotores “Jóvenes Padre Mugica” desde el modelo de construcción, ejecución y evaluación de políticas con y desde jóvenes, busca la participación de 500.000 jóvenes en la elaboración de los diagnósticos juveniles locales –a nivel nacional- y de distintas actividades de servicio solidario/colectivo. Los promotores, se capacitan en talleres con la modalidad de “formador de formadores” y “Educación popular”, con hincapié en temáticas como: Participación Juvenil, Diagnóstico Participativo, Voluntariado Social, Formulación de Proyectos Productivos y Socio comunitarios, Derechos Humanos, Centros de Estudiantes, Salud Sexual, Uso y Abuso de Sustancias, Seguridad Vial Joven, Medio Ambiente, entre otras.
Construyendo Oportunidades: Se sustenta en los valores del trabajo como la igualdad de oportunidades, el acceso a la formación y la adquisición de las habilidades para el ejercicio de oficios. Asimismo, se garantizará la alfabetización y terminalidad de los estudios de nivel medio de los/as jóvenes a través de una modalidad semi presencial y por módulos; como así también el acompañamiento de los/as mismos/as a través de facilitadores pedagógicos.
Movimiento Cultural Juvenil: La participación de los/as jóvenes a través del arte, radios comunitarias, espacios culturales y deportivos, confección de murales, entre otras expresiones son algunas de las herramientas de transformación social.
Nuevas Tecnologías: El eje comunicativo del Programa se apoya en la integración de los/as jóvenes, apuntando a generar igualdad en el acceso, uso y funciones de las nuevas tecnologías.
Algunos de los resultados sobre este Programa, se menciona:
• Se alcanzó la meta de 20.000 jóvenes promotores en todo el país, en mayo de 2010
• Se logró la incorporación de los Foros de Juventud en todas las provincias y regiones del país el documento "Desafíos del Protagonismo Político de la Juventud” Foros para la movilización, hacia un plan quinquenal de juventud
• Conformación de Foros de Promotores/ as Jóvenes Padre Mugica. Este es el desafío que nos compromete a organizarnos, para dejar de ser testigos de lo que otros han construido, y empezar a construir nuestro destino hoy. El desafió, en última instancia es la definición de una nueva militancia, la invención de una nueva ideología, la construcción de un nuevo camino, la participación como jóvenes de la construcción de un país más justo y solidario.
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

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