• 64:

Reafirmamos que una gobernabilidad democrática basada en el respeto al estado de derecho y que sea estable, transparente, efectiva, incluyente y responsable contribuye a crear un entorno facilitador para atraer la inversión, construir prosperidad económica, fomentar la creación de trabajo decente y alcanzar justicia social.

• 66:

La rendición de cuentas es un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por nuestros gobiernos. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico. Por este motivo, hacemos un llamado a implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participar plenamente en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Destacamos la importancia del papel de supervisión de los legisladores, cuando resulte apropiado, en la lucha contra la corrupción y la importancia de promover los intercambios interparlamentarios para colaborar en el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales para combatir la corrupción.

• 32:

Estimular el diseño o fortalecimiento de mecanismos o iniciativas de acceso al crédito por intermedio, entre otras medidas, del fomento del registro de la propiedad y de catastro, en el que la seguridad jurídica se expresa, entre otros, mediante la verificación del título y el uso del mismo, asegurando que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas, sin discriminación.

• 65:

Consolidar la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y Extradición, apoyar las acciones para la implementación de un plan estratégico para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y fortalecer el desarrollo institucional de la Secretaría General de la OEA en estos temas, de conformidad con el marco de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA).

• 20:

Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones de deudores y acreedores.

• 21:

En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.

• 52:

Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente.

• 53:

Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores.

• 54:

La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.

• 55:

Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países.

• 56:

Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública.

• 57:

En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su implementación.

• 58:

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación.

• 64:

El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.

• 8:

Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la región.

• 10:

Renovamos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio basada en los principios de responsabilidad compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en la cooperación multilateral. Acogemos con beneplácito el desarrollo del Mecanismo de Evaluación Multilateral, y reiteramos nuestro compromiso para hacer de este mecanismo, único en el mundo, uno de los pilares centrales en una cooperación hemisférica eficaz para la lucha contra todos los factores que constituyen el problema mundial de la droga. Expresamos nuestro apoyo a los programas eficaces de desarrollo alternativo orientados a la erradicación de los cultivos ilícitos, y realizaremos esfuerzos para facilitar el acceso a los mercados de los productos derivados de estos programas.

• 12:

Reafirmamos la importancia de la independencia del poder judicial y nuestra determinación de asegurar el acceso equitativo a la justicia y garantizar su administración oportuna e imparcial. Nos comprometemos a incrementar la transparencia en la gestión pública.

• 201:

Cooperarán y promoverán el diálogo sobre el desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al mejoramiento de los niveles de atención a la población desplazada por la violencia, teniendo en cuenta los problemas que estas poblaciones enfrentan, e instarán a que se armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con las normas y estándares del derecho internacional humanitario, incluyendo la Convención de Ginebra de 1951.

• 30:

Reafirman su determinación de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos.

• 54:

Asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación.

• 55:

Reconociendo que el acceso equitativo a una justicia independiente, imparcial y oportuno constituye una base fundamental para la democracia, el desarrollo económico y social, y acogiendo con beneplácito la realización más frecuente de reuniones, consultas y colaboración entre nuestros ministros de justicia, miembros de las cortes supremas, procuradores generales, defensorías del pueblo, oficiales encargados del cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el creciente interés en la cooperación mutua y el intercambio de experiencias en materia de elaboración e implementación de reformas judiciales.

• 56:

Apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas sobre sus derechos de acceso a la justicia, e impulsarán las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia.

• 57:

Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades.

• 58:

Fomentarán medidas para fortalecer la independencia del poder judicial mediante iniciativas que incluyan la transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad.

• 59:

Continuarán apoyando el trabajo realizado en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas, cuya cuarta reunión tendrá lugar en Trinidad y Tobago, así como las subsiguientes reuniones y la implementación de sus conclusiones y recomendaciones.

• 60:

Desarrollarán un plan de financiamiento para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que tome en cuenta los intereses y recursos tanto de Gobiernos como de otros posibles donantes, y que permita al Centro contribuir no sólo a la modernización y formulación de las políticas públicas en este ámbito, sino también al desarrollo institucional de los sistemas judiciales en la región.

• 61:

Desarrollarán, a través de las Reuniones de Ministros de Justicia, y otros mecanismos adecuados, buscando el apoyo técnico y financiero de otras organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, un intercambio de prácticas óptimas y recomendaciones, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, para reducir el número de detenidos en espera de juicio, instituir penas sustitutivas para los casos de delitos menores y mejorar las condiciones de las cárceles en el hemisferio.

• 62:

Establecerán en la OEA una red de información, vía Internet, entre las autoridades jurídicas competentes en los temas de extradición y asistencia mutua legal, con el propósito de facilitar la comunicación directa y frecuente entre ellos y la identificación de problemas comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban ser considerados y solucionados de manera colectiva.

• 77:

Fomentarán una mayor utilización de policías vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor diálogo e interacción entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y agrupaciones de la sociedad civil y comunidades locales.

• 78:

Alentarán la cooperación para modernizar las leyes penales, utilizando las tecnologías de información y de las comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en la capacitación en materia de derechos humanos y en la prevención de actos de violencia, en particular la ejercida por las autoridades encargadas de combatir el delito, con el fin de reducir la violencia contra la población civil, fomentando, asimismo, los valores necesarios en nuestras sociedades para conservar la armonía social.

• 79:

Promoverán el intercambio de experiencias nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los procedimientos de identificación por los agentes de seguridad pública, con miras a prevenir detenciones sobre la base de prejuicios que afectan principalmente a las minorías y a los pobres.

• 80:

Aumentarán las oportunidades de compartir experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la lucha contra la violencia psicológica, sexual o física en el hogar y en el lugar de trabajo, conscientes de que dicha violencia está principalmente dirigida contra las mujeres y los niños y niñas.

• 81:

Buscarán adoptar medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y explotación ejercida contra las mujeres, menores, ancianos, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables, y procurarán asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean aplicadas reconociendo la necesidad de garantizar a las víctimas de la violencia la asistencia legal que se requiera para obtener la reparación del caso.

• 82:

Solicitarán a las organizaciones multilaterales y otras participantes en la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, que intensifiquen su apoyo y asistencia técnica a los países que lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones nacionales en este tema.

• 83:

Promoverán medidas concretas para prevenir acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al igual que actividades violentas locales, regionales e internacionales de grupos que apoyan y fomentan ideologías racistas y prácticas terroristas para obtener sus objetivos.

• 14:

Convencidos que una administración de justicia independiente, eficiente y eficaz, juega un papel esencial en el proceso de consolidación de la democracia; fortalece su institucionalidad; garantiza la igualdad de todos sus ciudadanos; y contribuye al desarrollo económico, reforzaremos nuestras políticas de justicia e impulsaremos aquellas reformas que sean necesarias para promover la cooperación jurídica y judicial. Para tales efectos, fortaleceremos las entidades nacionales dedicadas a estudios sobre la administración de justicia e impulsaremos el establecimiento de un centro hemisférico de estudios sobre la materia.

• 143:

Simplificarán y descentralizarán, según sea necesario, los procedimientos de catastro y registro de propiedades, adoptando procedimientos transparentes y más sencillos de otorgamiento de títulos e inscripción, haciendo disponible la información sobre estos procedimientos; usando, siempre que sea viable, la tecnología de vanguardia para la georeferenciación de las propiedades, generación automatizada de la cartografía y almacenamiento computarizado de los archivos; incorporando métodos alternativos de resolución de disputas; y evitando la duplicación de cobros por concepto de servicios de inscripción y de otorgamiento de títulos de propiedad.

• 144:

Recomendarán que las instituciones de cooperación bilateral y multilateral, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, fortalezcan sus programas de asistencia técnica y financiera, incluyendo el intercambio de información sobre experiencias entre países, a fin de apoyar la simplificación de los procesos de registro de propiedad y para asegurar el acceso de las personas de menores recursos a estos sistemas.

• 23:

Garantizarán el derecho de todos los individuos al debido proceso, incluida la presunción de inocencia y a un juicio dentro de un período de tiempo razonable y al respeto de sus garantías constitucionales y otras garantías legales. Los Gobiernos, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, adoptarán medidas para velar que ninguna persona en espera de sentencia sea detenida por un período mayor del legalmente permitido, tomando en plena consideración los derechos del acusado, la protección de la sociedad, la prevención del delito, la promoción del respeto a la ley, los derechos de las víctimas y otras consideraciones pertinentes. Los Gobiernos continuarán esforzándose por mejorar las condiciones carcelarias, así como para fortalecer los programas de educación sobre derechos humanos para los respectivos funcionarios de la administración de justicia.

• 24:

Promoverán un examen de sus respectivas legislaciones nacionales a fin de eliminar o modificar aquellas disposiciones que pudieran conducir a cualquier tipo de discriminación, por alguna razón, y que se contrapongan con sus compromisos internacionales. Se procurará, particularmente, alcanzar antes del año 2002, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. En este contexto, se otorgará prioridad al derecho de trato igualitario en el trabajo, de propiedad, de sucesión, de custodia de menores, así como el combate contra la violencia doméstica.

• 88:

Desarrollarán mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional. En este contexto, promoverán, desarrollarán e integrarán el uso de métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema de justicia.

• 89:

Fortalecerán, según sea el caso, sistemas de justicia penal fundados en la independencia del Poder Judicial y la efectividad del Ministerio Público y de la Defensoría, reconociendo la especial importancia de la introducción del juicio oral, en aquellos países que consideren necesaria la ejecución de esta reforma.

• 90:

Reforzarán la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, propiciarán nuevas convenciones internacionales y legislaciones, así como procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos.

• 91:

Adecuarán su legislación, realizarán las reformas institucionales necesarias y tomarán las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de la infancia y de los jóvenes, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales, en el plazo más breve posible.

• 92:

Impulsarán, según sea el caso, la diferenciación de los procedimientos y consecuencias a las infracciones a la ley penal, de aquellas medidas que se establezcan para la protección de los niños y jóvenes, cuyos derechos están amenazados o son vulnerados. Además, promoverán medidas socio-educativas para la reinserción de menores infractores.

• 93:

Promoverán la creación o el fortalecimiento, según corresponda y de conformidad con los respectivos sistemas jurídicos, de un órgano jurisdiccional especializado en materia de familia.

• 94:

Impulsarán el establecimiento de un centro de estudios de justicia de las Américas, tendiente a facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad con los requerimientos específicos de cada país. A tal efecto, solicitarán a los Ministros de Justicia o a otras autoridades competentes que analicen y definan las medidas más convenientes para la organización e instalación del mencionado centro.

• 95:

Promoverán, de conformidad con la legislación de cada país, la cooperación jurídica y judicial mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y el intercambio, a nivel bilateral o multilateral, en estos campos, incluyendo acuerdos relativos a los programas de protección de testigos.

• 96:

Apoyarán la celebración de reuniones periódicas de Ministros de Justicia o de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

• 22:

Iniciativa Definir claramente, de conformidad con el sistema jurídico de cada país y cuando sea necesario, la tenencia y los derechos de propiedad de la tierra, incluso con respecto a las comunidades indígenas y otras comunidades locales, e identificar medidas adicionales que puedan resultar necesarias para mejorar la ordenación forestal sostenible bajo los distintos regímenes de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta el interés de todas las partes interesadas.

• 2:

Reiteramos nuestra firme adhesión a los principios del derecho internacional y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluidos los de la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacifica de controversias. Reconocemos la heterogeneidad y la diversidad de nuestros recursos y culturas. Asimismo, estamos convencidos de que podemos promover los intereses y valores que compartimos a través de la creación de pactos firmes.

• 6:

La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas.

• 2.5:

Revisaran y fortalecerán las leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Apoyaran un proceso para estudiar y aumentar la protección de los derechos de los indígenas en los Estados miembros de la OEA y elaboraran con prontitud una firme declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas.

• 2.9:

Revisaran los programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, así como las relaciones con la comunidad.

• 7.4:

Reafirmaran la importancia de los tratados de extradición, ratificados por los Estados del Hemisferio, y hacen notar que dichos tratados serán acatados estrictamente como expresión de la voluntad política de los gobiernos, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales.