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  • Párrafos Relacionados al Tema
    • • Mandatos para la Acción - Panamá, Panamá - abril 2015
      • 1:
      Seguridad Reconociendo que la paz y la inclusión social contribuyen a crear mejores condiciones de seguridad y que a su vez estas propician mayor prosperidad, estabilidad y calidad de vida de las personas, destacando que la cooperación entre nuestros países en esta materia debe realizarse de conformidad con los principios consagrados en el del derecho internacional, considerando especialmente el principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos de los Estados y los respectivos sistemas constitucionales y jurídicos, nos proponemos emprender las siguientes acciones: 1. Apoyar la iniciativa de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito acordada en la OEA con el propósito de fortalecer la cooperación hemisférica en seguridad, en el marco de la legislación interna de cada Estado.
      • 2:
      Seguridad Trabajar en la obtención de mejores datos y en el fortalecimiento de evaluaciones y diagnósticos para formular políticas públicas efectivas de prevención de la violencia y el delito, que respondan mejor a este fenómeno en la región de una forma integral. En este sentido, entre otros, fomentar los observatorios del delito y la violencia de conformidad con las legislaciones nacionales.
      • 3:
      Seguridad Redoblar los esfuerzos y priorizar acciones dirigidas a abordar de manera eficaz la violencia contra la mujer y las niñas, particularmente a través de la promoción de iniciativas dirigidas a empoderar a las mujeres y la implementación de políticas públicas eficaces focalizadas en lograr este objetivo, incluidas medidas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; la capacitación de funcionarias y funcionarios a nivel nacional y local; la implementación de programas para educar, sensibilizar y crear conciencia de este fenómeno; y la recolección de datos e información estadística dentro del marco, según corresponda, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y su mecanismo de seguimiento.
      • 4:
      Seguridad Tomar nota del informe “El problema de las drogas en las América” del Secretario General de la OEA, y reconocer los avances y reafirmar los compromisos alcanzados en el cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” y cuadragésimo sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, “Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. En ese sentido, decidimos continuar el diálogo en preparación para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en el 2016.
      • 5:
      Seguridad Continuar los esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con el objetivo de reducir las altas tasas de crimen y violencia en la región, utilizando, entre otros, los mecanismos existentes en la OEA y las Naciones Unidas.
      • 6:
      Seguridad Tomar nota de que Trinidad y Tobago fue anfitrión de la primera reunión preparatoria de la primera conferencia de Estados parte del Tratado sobre Comercio de Armas y de su interés en ser Secretaría de dicho tratado, y el compromiso del Gobierno de México de ser anfitrión de la Primera Conferencia de Estados Parte del tratado en 2015.
      • 7:
      Fortalecer los esfuerzos integrales con especial atención a los factores socioeconómicos, para prevenir la delincuencia juvenil, con acciones y mecanismos que fomenten el empleo, la sociabilidad, la autoestima y el bienestar de los jóvenes.
      • Mandatos derivados de la Sexta Cumbre de las Américas- Cartagena, Colombia - abril 2012
      • 1:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos.
      • 2:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Continuar implementando políticas, estrategias y acciones integrales que procuren prevenir la delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta los vínculos entre seguridad y desarrollo así como abordar todas las causas de la violencia y promover la convivencia y la resolución pacífica de controversias entre ciudadanos, con especial atención a los jóvenes y otros grupos vulnerables.
      • 3:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Implementar políticas que contemplen medidas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar la violencia sexual y por motivos de género.
      • 4:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Mejorar la efectividad y la eficiencia de políticas públicas integrales de seguridad ciudadana a través de acciones tales como la generación y el uso de información relevante y oportuna, y el fortalecimiento de la capacidad y la coordinación de las instituciones que participan en el manejo de la seguridad ciudadana.
      • 5:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Fortalecer el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional abordando las finalidades económicas relacionadas con este fenómeno mediante mecanismos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias, cuando proceda, para enfrentar dichas amenazas de manera concertada, aprovechando las experiencias y recursos disponibles de las redes, los organismos y los mecanismos existentes, de conformidad con el derecho interno e internacional.
      • 6:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Fortalecer la conducción de la seguridad pública desde las instancias gubernamentales mediante el fomento de la participación ciudadana y comunitaria, la coordinación institucional, y la capacitación y formación del personal civil y policial, con pleno respeto al Estado de derecho, el derecho interno, a la igualdad de género y a los derechos humanos.
      • 7:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Impulsar y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la promoción y sostenibilidad de las políticas y programas de seguridad ciudadana.
      • 8:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Implementar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que contemplen como centro a la persona humana, en el marco de un orden democrático, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.
      • 9:
      Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional Fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en particular de mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la cooperación entre los Estados con ese fin, respetando y protegiendo plenamente sus derechos humanos.
      • Declaración de Compromiso - Puerto España, Trinidad y Tobago - abril 2009
      • 68:
      Reconocemos la importancia de abordar las amenazas, las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio, los cuales son diversos, de alcance multidimensional y tienen un impacto en el bienestar de nuestros ciudadanos. Reafirmamos que nuestra concepción de seguridad en el Hemisferio incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, el desarrollo integral y la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Es imprescindible el fortalecimiento de la cooperación entre nuestros Estados en materia de seguridad. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración sobre Seguridad en las Américas.
      • 69:
      Reiteramos nuestra más enérgica condena al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, por considerarlo criminal e injustificable, bajo cualquier circunstancia, en dondequiera y por quienquiera sea cometido, porque constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional, a la democracia y la estabilidad y prosperidad de los países de la región. Nos comprometemos a prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo y a continuar la lucha contra todas aquellas actividades delictivas que lo financien y faciliten, con pleno respeto al derecho interno y el derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. Nos comprometemos, asimismo, a fortalecer la cooperación, incluyendo la asistencia legal mutua y la extradición, en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, de conformidad con la legislación interna y los convenios internacionales establecidos. Instamos a los Estados que aún no lo hayan hecho, a adherir a las convenciones internacionales sobre el terrorismo.
      • 70:
      Seguiremos luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético. Por lo tanto reafirmamos nuestra voluntad de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, adoptado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas en octubre de 2008, en la Ciudad de México; los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al igual que el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2006. Por consiguiente, invitamos a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales a continuar contribuyendo financieramente y con otras formas de asistencia que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias para facilitar el logro de los objetivos de la seguridad pública en las Américas.
      • 71:
      En consonancia con lo anterior, nos comprometemos a promover políticas públicas, en coordinación con las instituciones pertinentes y la participación ciudadana y comunitaria, destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y a fortalecer, con un enfoque multidimensional y de acuerdo con las legislaciones nacionales, los canales de comunicación y el intercambio de información, prácticas y experiencias entre los Estados Miembros en el combate y la prevención de los delitos que atentan contra la seguridad pública. Además, reforzaremos nuestras capacidades nacionales y regionales mediante, entre otros, una creciente cooperación y asistencia técnica, según corresponda, que permitan beneficiarnos de la experiencia de cada Estado Miembro.
      • 72:
      Incrementaremos nuestros esfuerzos para prevenir y combatir todos los aspectos del problema mundial de las drogas y los delitos conexos, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y un enfoque integral y equilibrado, con base en el principio de responsabilidad común y compartida, de conformidad con los principios contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, el derecho internacional y nuestros marcos legales aplicables. Con este fin, fortaleceremos nuestras capacidades nacionales y continuaremos implementando, según corresponda, las recomendaciones del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Acogemos con beneplácito la finalización de su última Ronda de Evaluación, y continuaremos fortaleciéndolo para hacer frente a los nuevos desafíos y necesidades de los países del Hemisferio. Asimismo, reconocemos la importancia de los programas sostenibles de desarrollo alternativo, y cuando proceda, de desarrollo alternativo preventivo, en la lucha contra el problema mundial de las drogas.
      • 73:
      Solicitamos que la Secretaría General de la OEA presente ante la siguiente Cumbre de las Américas un informe sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA). Aguardamos con interés promover una mayor cooperación en estas reuniones, así como la labor de la OEA en apoyo a la MISPA y la REMJA. Expresamos nuestro agradecimiento por el constante apoyo técnico que brinda la OEA en los asuntos que se tratan en estas reuniones.
      • 74:
      Reconocemos que la violencia es prevenible y, por lo tanto, formularemos o fortaleceremos políticas que adopten un enfoque integral para su prevención. Con este objetivo, complementaremos las políticas para la aplicación de la ley con otras estrategias para la prevención de la violencia con resultados medibles, en áreas tales como la educación, el trabajo, la salud y otras áreas pertinentes, según corresponda. Continuaremos reforzando e implementando actividades que promuevan una cultura de no violencia en el contexto de la salud pública, y creando entornos y comunidades seguros, saludables y sostenibles. Reconocemos la Declaración de la Primera Reunión de Ministros de Salud de las Américas sobre Prevención de Violencia y Lesiones, celebrada en Mérida, México, en marzo de 2008, la cual se compromete a innovar, desarrollar, implementar y evaluar aún más los planes de prevención de la violencia.
      • 75:
      Estamos convencidos de que la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho. Reiteramos la necesidad de una cooperación efectiva para prevenir, combatir y erradicar esta amenaza, y al respecto, reafirmamos el valor de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) y su legislación modelo como base para dicha cooperación. Continuaremos combatiendo la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados mediante, entre otras acciones, el marcaje y rastreo de armas de fuego, la destrucción de los excedentes de armas de fuego determinados por cada Estado, asegurando y administrando los arsenales y regulando la intermediación de armas de fuego, incluidas sanciones a la intermediación ilícita con el objetivo de evitar su desvió a los canales ilícitos y su proliferación.
      • 76:
      Redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar el acceso de los fondos/activos de origen ilícito a nuestros sistemas financieros mediante medidas nacionales y la cooperación internacional para identificar, rastrear, embargar, incautar o decomisar los fondos/activos y bienes que sean producto de la actividad delictiva, determinando su destino y/o repatriación, de conformidad con nuestra legislación nacional y el derecho internacional.
      • 77:
      Asimismo enfatizamos nuestra decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social, que ponen en riesgo los avances logrados por nuestras sociedades en el proceso de alcanzar la estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, con un enfoque global que comprenda, entre otros, la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por este fenómeno. En ese sentido, alentaremos los trabajos de la OEA en la elaboración de una estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas.
      • 88:
      Reconocemos el importante papel que desempeña la OEA en la solución pacífica de nuestras diferencias, su participación en la promoción de una cultura democrática, de paz, diálogo y no-violencia en la región, así como su papel en la implementación de la Carta Democrática Interamericana. Nos comprometemos a mejorar la capacidad de la OEA, en sus esfuerzos por ayudar al fortalecimiento de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de nuestra región.
      • Declaración - Mar del Plata , Argentina - noviembre 2005
      • 67:
      Promoveremos la prosperidad económica asegurando que la comunidad democrática de Estados continúe comprometida con la paz y con el tratamiento de las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, fundamentada en el concepto multidimensional de la seguridad, y continuaremos fortaleciendo la cooperación entre nuestros Estados.
      • 68:
      Manifestamos que el terrorismo afecta el normal funcionamiento de nuestras sociedades e incide negativamente en nuestras economías, en los mercados de trabajo y especialmente en la generación de empleo. Para mantener un ambiente que fomente la prosperidad económica y el bienestar de nuestros pueblos, tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
      • 69:
      Fortaleceremos el intercambio oportuno de información y la más amplia asistencia jurídica mutua para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, impedir la circulación internacional de terroristas y asegurar su enjuiciamiento y, en su caso, su extradición de acuerdo con la legislación interna y los tratados y convenciones relevantes. Cooperaremos para evitar que toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación, y comisión de actos terroristas encuentre refugio en nuestros países.
      • 70:
      Enfatizamos nuestra preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible; situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente.
      • Plan de Acción - Mar del Plata, Argentina - noviembre 2005
      • 53:
      Continuar fortaleciendo la cooperación regional y la movilización de recursos para avanzar en la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas, llamando a los países del hemisferio, en cooperación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), a: desarrollar, implementar, y evaluar programas de prevención del abuso de sustancias, en particular para jóvenes y niños, como ‘Habilidades para la Vida’, entre otros; expandir el “Programa para estimar los costos humanos, económicos y sociales de las drogas en las Américas”; y promover el apoyo a las estrategias de desarrollo integral y sostenible que adelantan los países afectados por el cultivo y producción de drogas ilícitas.
      • 61:
      Teniendo en cuenta el lema de la Cumbre de Mar del Plata y tomando en consideración que nuestro concepto de seguridad es multidimensional, promover por medio de acciones concretas en el nivel nacional, subregional, hemisférico y mundial, la implementación de los compromisos asumidos en la Declaración sobre Seguridad de las Américas.
      • 64:
      Identificar, antes de diciembre de 2006, iniciativas concretas de cooperación e intercambio de experiencias para el desarrollo de capacidades técnicas en nuestros países que contribuyan con la plena aplicación de las normas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y con el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención (MESICIC), dando especial consideración, a tal efecto, a las recomendaciones emanadas de la primera ronda de dicho Mecanismo.
      • Declaración - Nuevo León, México - enero 2004
      • 69:
      Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, que se basa, entre otros, en el concepto multidimensional de la seguridad, así como en el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad es la protección de los seres humanos.
      • 70:
      Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen graves amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas.
      • 71:
      Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
      • 72:
      Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el terrorismo, así como otros instrumentos relacionados. Instamos a todos los países a considerar con urgencia la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal.
      • Declaración - Quebec, Canadá - abril 2001
      • 8:
      Reafirmamos nuestro compromiso de mantener la paz y la seguridad a través de la utilización eficaz de los medios hemisféricos previstos para la solución pacífica de las controversias y la adopción de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. En este sentido, apoyamos y elogiamos los esfuerzos de la OEA. Reiteramos nuestra plena adhesión a los principios que obligan a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, de acuerdo con el derecho internacional. Conforme a los principios del derecho internacional humanitario, condenamos enérgicamente los ataques contra la población civil. Tomaremos toda medida posible para asegurar que los niños y niñas de nuestros países no participen en conflictos armados y condenamos la utilización de niños y niñas por fuerzas irregulares. Reafirmamos que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente constituidas de nuestros países, y el respeto al Estado de Derecho por parte de todas las instituciones nacionales y sectores de la sociedad, son fundamentales para la democracia. Haremos esfuerzos para limitar los gastos militares manteniendo una capacidad que corresponda a nuestras legítimas necesidades de seguridad y promoveremos una mayor transparencia en la adquisición de armamento.
      • 9:
      Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio.
      • Plan de Acción - Quebec , Canadá - abril 2001
      • 63:
      Reconociendo la extrema gravedad del problema de la droga en la región, renovando su compromiso indeclinable de combatirlo en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva integral, conforme al principio de responsabilidad compartida, y a través de la coordinación de esfuerzos nacionales y en un espíritu de cooperación y respeto mutuo, según lo establecido en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio; y reconociendo asimismo la labor realizada por la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo de Expertos Gubernamentales designados para realizar la primera ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
      • 64:
      Toman nota, con satisfacción, de la creación e implementación del MEM, y reiteran su compromiso a hacer de este instrumento, único en el mundo, un pilar fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperación hemisférica efectiva para la lucha contra todos los elementos que forman parte del problema global de la droga.
      • 65:
      Instrumentarán las propuestas y recomendaciones contenidas en los informes nacionales y en el hemisférico, aprobadas por la CICAD, conforme a la situación específica de cada país.
      • 66:
      Continuarán fortaleciendo y revisando el MEM para dar seguimiento a los esfuerzos nacionales y hemisféricos contra las drogas, y recomendarán acciones concretas para impulsar la cooperación interamericana y las estrategias nacionales para combatir este flagelo. Encomendarán: Intensificar el esfuerzo conjunto realizado por el BID y la CICAD para obtener de la comunidad donante internacional, a través de grupos consultivos de apoyo a los esfuerzos antidrogas, recursos financieros para los programas de desarrollo alternativo y reducción de la demanda; Establecer, en los países que aún no lo han hecho, unidades con funciones de inteligencia financiera con el apoyo de la CICAD y de las agencias internacionales especializadas en la materia, para lo cual recomiendan la ampliación de los esfuerzos de capacitación que vienen realizando la CICAD y el BID; Desarrollar, en el marco de la CICAD, una estrategia de largo plazo que incluya un programa de tres años, con el propósito de establecer un mecanismo básico y homogéneo para estimar los costos sociales, humanos y económicos del problema de las drogas en las Américas y prestar asistencia técnica a los Estados en la materia.
      • 67:
      Impulsarán la cooperación multilateral y bilateral y el intercambio de información de políticas y acciones referidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de la oferta de drogas, y desarrollarán campañas educativas para promover la conciencia pública sobre el riesgo del consumo.
      • 68:
      Apoyarán las medidas contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro tipo de actividades ilícitas provenientes del tráfico de drogas y de armas.
      • 69:
      Impulsarán la cooperación bilateral y multilateral para abordar de manera integral el fenómeno del desplazamiento de los diferentes factores relacionados con el problema de las drogas, incluyendo el desplazamiento de personas y cultivos ilícitos.
      • 70:
      Alentarán a todos los países del Hemisferio a firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, y Municiones, una vez que éste sea abierto a la firma.
      • 71:
      Instrumentarán estrategias colectivas, incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia de las Américas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias, concretando acuerdos internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan; elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación, buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético.
      • 72:
      Revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asistencia jurídica mutua, extradición y deportación a los países de origen, reconociendo las serias preocupaciones de los países que deportan a ciertos extranjeros por los crímenes cometidos en esos países y las serias preocupaciones de los países receptores por el efecto negativo de estas deportaciones en los niveles de criminalidad en los países de origen, y expresan el deseo de trabajar juntos, cuando corresponda, para abordar los efectos negativos en nuestras sociedades.
      • 73:
      Promoverán, cuando sea apropiado y de conformidad con su ordenamiento jurídico, la adopción de las técnicas de investigación comprendidas en la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que constituyen herramientas muy importantes en la lucha contra la delincuencia organizada.
      • 74:
      Reconociendo que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo democrático y socio-económico en el Hemisferio, así como la urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención.
      • 75:
      Alentarán a nuestras instituciones nacionales a trabajar conjuntamente y en coordinación con todas las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales pertinentes, para instrumentar programas integrales que incluyan iniciativas sobre resolución de conflictos, cuando sea apropiado, para la prevención y atención permanente, la educación pública y el tratamiento, relativos a casos de violencia contra personas, familias y comunidades, fortaleciendo las capacidades institucionales nacionales en estas áreas.
      • 84:
      Aumentarán la cooperación regional con miras a prevenir el uso de armas de fuego y municiones con fines criminales, y examinarán medidas y leyes adicionales a nivel nacional cuando sea apropiado.
      • 85:
      Implementarán, lo antes posible, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y aplicarán, cuando sea apropiado, los Reglamentos Modelo de la CICAD.
      • 86:
      Reconociendo que la democracia es esencial para la paz, el desarrollo y la seguridad en el Hemisferio que, a su vez, son las mejores bases para continuar fomentando el bienestar de nuestros pueblos, y observando que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades legalmente constituidas de nuestros Estados es fundamental para la democracia.
      • 87:
      Celebrarán la Conferencia Especial sobre Seguridad en el año 2004, para lo cual la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA deberá concluir la revisión de todos los temas que se refieren a los enfoques sobre la seguridad internacional en el Hemisferio, tal como fue establecido en la Cumbre de Santiago.
      • 88:
      Continuarán con las actividades prioritarias de prevención de conflictos y de solución pacífica de controversias, responderán a las preocupaciones comunes de seguridad y defensa tanto tradicionales como no tradicionales, y apoyarán las medidas adecuadas para aumentar la seguridad humana.
      • 89:
      Apoyarán los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo para que se consideren sus preocupaciones particulares con respecto a la seguridad, reconociendo que para los Estados más pequeños y vulnerables del Hemisferio la seguridad tiene un carácter multidimensional, involucra a actores estatales y no estatales, e incluye componentes políticos, económicos, sociales y naturales, que los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo han concluido en que, entre las amenazas a su seguridad, están el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, los crecientes niveles de actividad delictiva y de la corrupción, la vulnerabilidad ambiental empeorada por la susceptibilidad a los desastres naturales y el transporte de los desechos nucleares, la vulnerabilidad económica, particularmente en relación con el comercio, las nuevas amenazas a la salud, como la pandemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y los niveles crecientes de la pobreza.
      • 90:
      Mejorarán la transparencia y la responsabilidad de las instituciones de defensa y de seguridad, y promoverán un mayor grado de entendimiento y cooperación entre los organismos gubernamentales que participan en cuestiones de seguridad y defensa a través, entre otros, de un mayor intercambio de documentos de política y doctrina de defensa, de personal e información, incluyendo, cuando sea posible, cooperación y capacitación para la participación en actividades de mantenimiento de la paz de las NU y para responder mejor a las necesidades legítimas de seguridad y defensa, mejorando la transparencia en la adquisición de armas con el fin de incrementar la confianza y seguridad en el Hemisferio.
      • 91:
      Continuarán promoviendo un mayor grado de confianza y seguridad en el Hemisferio, entre otros medios, a través de: el apoyo continuo a medidas de fomento de la confianza y la seguridad, tales como las adoptadas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador sobre fomento de la confianza y de la seguridad; y a mecanismos, acuerdos y fondos existentes incluyendo la consideración de la firma y ratificación, ratificación, o adhesión a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción; la Convención Interamericana sobre la Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales; la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados; apoyando plenamente la Conferencia de las NU sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras que se realizará en julio de 2001, tomando en cuenta los resultados de la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en noviembre de 2000, y el trabajo de la OEA que contribuyó a dar una perspectiva regional a las discusiones.
      • 92:
      Apoyarán firmemente la Tercera Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción a realizarse en septiembre del 2001 en Managua, Nicaragua, y la próxima conferencia que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2001 para revisar la Convención de las NU de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados; así como los esfuerzos que realiza la OEA hacia la meta de convertir al Hemisferio occidental en una zona libre de minas antipersonal.
      • 93:
      Convocarán a una reunión de expertos, antes de la Conferencia Especial sobre Seguridad, para dar seguimiento a las conferencias regionales de Santiago y San Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad para evaluar su implementación y considerar los siguientes pasos para consolidar la confianza mutua.
      • 94:
      Promoverán el apoyo financiero al Fondo de Paz de la OEA: solución pacífica de controversias territoriales establecido para proveer recursos financieros para asistir a cubrir costos inherentes a los procedimientos previamente acordados por las partes para la solución pacífica de controversias territoriales entre estados miembros de la OEA.
      • 95:
      Apoyarán el desarrollo de los trabajos de la Quinta Reunión de Ministros de Defensa que se celebrará en Chile, al igual que las reuniones que se celebrarán subsecuentemente.
      • 96:
      Respaldarán la labor iniciada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), establecido en el marco de la OEA como resultado del Compromiso de Mar del Plata adoptado, en 1998, y alentarán la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de terrorismo, teniendo en cuenta la aprobación del Estatuto y el Programa de Trabajo del CICTE.
      • 97:
      Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, los convenios internacionales, relacionados con la lucha contra el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.
      • Plan de Acción - Santiago, Chile - abril 1998
      • 54:
      Continuarán desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio y fortalecerán esta alianza sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de los Estados, reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
      • 55:
      Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la cooperación hemisférica y sobre la base de los principios antes señalados, desarrollarán, dentro del marco de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de las Drogas (CICAD-OEA), un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los países participantes de la Cumbre en el tratamiento de las diversas manifestaciones del problema.
      • 56:
      Perfeccionar sus políticas y planes nacionales en el ámbito de la prevención del consumo indebido de drogas e incrementar las medidas principalmente a nivel comunitario, educacional y hacia los grupos más vulnerables, tales como los niños y jóvenes, para impedir el crecimiento y la propagación de dicho consumo y eliminar los estímulos financieros del tráfico ilícito.
      • 58:
      Incrementar la cooperación en áreas tales como la recolección y análisis de datos, la homologación de los sistemas de medición del consumo indebido, la capacitación técnica y científica y el intercambio de experiencias.
      • 59:
      Desarrollar o promover el desarrollo de campañas orientadas a crear una mayor conciencia social de los riesgos del abuso de drogas para los individuos, la familia y la sociedad, así como los planes de participación comunitaria.
      • 60:
      Sensibilizar a la opinión pública respecto de los graves efectos del abuso de drogas y sobre las actividades de las organizaciones criminales que las comercian, incluyendo al nivel mayorista y minorista.
      • 61:
      Mejorar y actualizar los mecanismos de cooperación relacionados con el procesamiento y la extradición de los responsables de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros delitos conexos, de conformidad con los acuerdos internacionales, las disposiciones constitucionales y las legislaciones nacionales.
      • 62:
      Establecer o fortalecer las unidades centrales especializadas existentes, debidamente entrenadas y equipadas, encargadas de solicitar, analizar e intercambiar entre las autoridades estatales competentes, información relativa al lavado del producto y de los bienes e instrumentos utilizados en las actividades delictivas (también llamadas lavado de dinero).
      • 63:
      Reforzar los mecanismos de control e intercambio de información nacionales e internacionales para impedir el tráfico ilícito y el desvío de precursores químicos.
      • 64:
      Promover la pronta ratificación y entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego; promover la aprobación y pronta aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD sobre el Control de Armas y Explosivos Relacionados con el Tráfico de Drogas; alentar a los Estados que todavía no lo hayan hecho, a adoptar las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar la cooperación internacional efectiva a fin de impedir y combatir el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y municiones, al mismo tiempo de establecer o fortalecer los sistemas para mejorar el rastreo de las armas de fuego empleadas en actividades delictivas.
      • 65:
      Eliminar los cultivos ilícitos mediante un mayor apoyo a los programas nacionales de desarrollo alternativo así como de erradicación e interdicción.
      • 66:
      Fortalecerán las comisiones nacionales de control de drogas con el propósito de mejorar la coordinación en cada país en la planificación y ejecución de sus respectivos planes nacionales y agilizar la asistencia internacional sobre la materia.
      • 67:
      Destacan el valioso aporte de la sociedad civil, a través de sus diferentes formas de organización, en los campos de la prevención del consumo indebido, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción.
      • 68:
      Alientan a las instituciones financieras a redoblar sus esfuerzos para evitar el lavado de dinero; como asimismo al sector empresarial correspondiente que refuerce sus controles para evitar el desvío de precursores químicos.
      • 69:
      Darán pleno apoyo a la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en junio de 1998 con el fin de promover la cooperación internacional con respecto a las drogas ilícitas y delitos conexos, y alentar a todos los Estados a participar activamente, al nivel más alto, en esa reunión internacional. Harán todo lo posible por asegurar la implementación efectiva de los acuerdos internacionales sobre estupefacientes a los cuales se han suscrito, a nivel regional y subregional, y que estos funcionen en consonancia con el esfuerzo hemisférico, y reafirmar su apoyo a la CICAD y su papel fundamental en la implementación de estos acuerdos.
      • 70:
      Tomarán medidas, según lo acordado en la Declaración y en el Plan de Acción de Lima, a fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, aplicando para ello la más firme voluntad de cumplir con los objetivos generales expuestos.
      • 71:
      Alentarán a los Estados que aún no lo han hecho para que firmen, ratifiquen o adhieran, según sea el caso, los convenios internacionales, relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.
      • 72:
      Convocarán, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Segunda Conferencia Especializada Interamericana para evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la prevención, combate y eliminación del terrorismo.
      • 73:
      Estimularán el diálogo regional con miras a revitalizar y fortalecer las instituciones del Sistema Interamericano, tomando en cuenta los nuevos factores políticos, económicos, sociales y estratégico-militares en el Hemisferio y en sus subregiones. En este sentido, buscarán aumentar aún más el clima de confianza y seguridad entre los Estados del Hemisferio.
      • 74:
      Llevarán a la práctica, en la forma en que están enunciadas, las medidas y recomendaciones emanadas de las Conferencias Regionales sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, celebradas en noviembre de 1995 en Santiago, Chile, y en febrero de 1998 en San Salvador, El Salvador, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
      • 75:
      Continuarán apoyando los esfuerzos que llevan a cabo los pequeños Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, las cuales incluyen, desde una perspectiva multidimensional, aspectos económicos, financieros y medio ambientales, tomando en cuenta su vulnerabilidad y nivel de desarrollo.
      • 76:
      En consonancia con los esfuerzos para transformar el Hemisferio Occidental en una zona libre de minas antipersonal y reconociendo la contribución a este respecto de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, incluyendo su pronta entrada en vigencia, alentarán acciones y apoyarán los esfuerzos internacionales de carácter humanitario para la remoción de minas, con el objeto de asegurar que se otorgue prioridad a la remoción de artefactos que amenazan a la población civil y de asegurar que la tierra pueda ser rehabilitada en su capacidad productiva. Ello se llevará a cabo a través de una efectiva cooperación y coordinación internacional y regional, según lo soliciten los Estados afectados, para la ubicación, demarcación, catastro y remoción de minas antipersonal; de una eficaz toma de conciencia por parte de la población civil del peligro de esos artefactos, de asistencia a las víctimas; y para el desarrollo y aplicación, según sea el caso, de tecnologías para la detección y remoción de las minas.
      • 77:
      Continuarán promoviendo la transparencia en materia de políticas de defensa, entre otros aspectos, en lo que se refiere a la modernización de las Fuerzas Armadas, a la comparación del gasto militar en la Región y al perfeccionamiento del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas.
      • 78:
      Aumentarán la cooperación con los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
      • 80:
      Comprometerán sus esfuerzos para que la solución pacífica de los conflictos y de las controversias pendientes se alcancen por medio de los mecanismos de solución pacífica existentes dentro del Sistema Interamericano y con apego al derecho internacional y a los tratados vigentes, y expresan la conveniencia de fortalecer dichos mecanismos e instrumentos.
      • 81:
      Valorizan la realización de reuniones ministeriales o de alto nivel sobre temas de defensa y seguridad internacionales, tales como las Reuniones Ministeriales de Defensa de Williamsburg y Bariloche, como una contribución importante al diálogo regional en estas materias y, en este contexto, estimulan a los países interesados a realizar otros encuentros.
      • 82:
      Efectuar el seguimiento y profundización de los temas relativos a medidas de fomento de la confianza y seguridad.
      • 83:
      Realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los conceptos de seguridad internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar sus diversos aspectos, incluyendo el desarme y el control de armamento.
      • 84:
      Identificar las formas de revitalizar y fortalecer las instituciones del Sistema Interamericano relacionadas con los distintos aspectos de la seguridad hemisférica.
      • 85:
      Este proceso culminará con la realización de una Conferencia Especial sobre Seguridad, en el marco de la OEA, a realizarse, a más tardar, a comienzos de la próxima década.
      • 86:
      Apoyar la convocatoria de una Conferencia Regional de Seguimiento de las Conferencias Regionales de Santiago y San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, a fin de profundizar una mayor confianza recíproca en las Américas.
      • 87:
      Los avances que se alcancen en estas materias deberán ser informados a los Estados, asegurando un seguimiento adecuado a través de la OEA, de manera de permitir su examen en la próxima Cumbre de las Américas.
      • Declaración - Santiago , Chile - abril 1998
      • 17:
      Con profunda satisfacción, constatamos que la Paz, valor esencial para la convivencia humana, es una realidad en el Hemisferio. Destacamos el establecimiento de Centroamérica como una zona de paz, democracia y desarrollo y reconocemos los esfuerzos para la eliminación de las minas antipersonal y la rehabilitación de sus víctimas. Continuaremos fomentando la confianza y la seguridad entre nuestros países a través de medidas tales como las señaladas en las declaraciones de Santiago y San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad. Alentamos la solución pacífica de las controversias.
      • 18:
      Daremos nuevo impulso a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de armas y el problema de las drogas, incluyendo el uso indebido. Asimismo, trabajaremos conjuntamente para asegurar que los delincuentes no encuentren un refugio seguro en ninguna parte del Hemisferio. Estamos determinados a continuar por este camino.
      • 19:
      Al forjar una alianza contra las drogas y al aplicar la Estrategia Hemisférica contra las Drogas, acogemos con beneplácito el inicio de las negociaciones formales en la reunión de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), a celebrarse el 4 de mayo próximo en Washington, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de establecer un procedimiento objetivo para evaluar multilateralmente las acciones y la cooperación destinadas a prevenir y combatir todos los aspectos del problema de las drogas y sus delitos conexos, que esté basado en los principios de soberanía, integridad territorial de los Estados, responsabilidad compartida y con un enfoque integral y equilibrado.
      • Declaración de Principios - Miami, Estados Unidos - diciembre 1994
      • 7:
      Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud publica y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el trafico y la distribución de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el trafico ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos.
      • 8:
      Condenamos el terrorismo en todas sus formas y combatiremos conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Américas, a través de todos los medios legales.
      • Plan de Acción - Miami , Estados Unidos - diciembre 1994
      • 6.1:
      Los problemas de las drogas ilícitas y las actividades delictivas conexas plantean graves amenazas para las sociedades, las economías de libre mercado y las instituciones democráticas del Hemisferio. El uso de drogas impone enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes de los estupefacientes constituyen una perdida neta para el crecimiento económico, y los cabecillas de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia. Si bien el trafico de estupefacientes continua siendo una fuente significativa de fondos ilícitos, la industria del lavado de dinero negocia cada vez mas con el producto de toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente a todos los aspectos de estos problemas es necesario un enfoque integrado y equilibrado que incluya el respeto a la soberanía nacional. Por estos motivos, se requiere de una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes que, a la vez, incluya nuevos métodos de aplicación de las leyes de tal forma que se permita desintegrar las redes de trafico de drogas y de lavado de dinero, y llevar a juicio a los que se dediquen a tales actividades. En este contexto, los gobiernos destacan la labor de la Cumbre de San Antonio de 1992, respaldan las gestiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y convienen en trabajar conjuntamente en la formulación de una estrategia contra los estupefacientes para el siglo XXI.
      • 6.10:
      Celebraran una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero.
      • 6.11:
      Convocaran una conferencia hemisférica de donantes, incluidos los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de las Naciones Unidas, con el fin de obtener recursos para los programas de desarrollo alternativo dirigidos a poner fin a la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, y a la rehabilitación de los drogadictos.
      • 6.12:
      Apoyaran las consultas que ha iniciado la OEA con la Unión Europea sobre las medidas para controlar los productos químicos precursores.
      • 6.13:
      Apoyaran la convocatoria de una conferencia mundial contra los estupefacientes.
      • 6.2:
      Ratificaran la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, y convertirán en delito el lavado del producto de cualquier delito grave.
      • 6.3:
      Promulgaran leyes que permitan el congelamiento y la incautación del producto de operaciones de lavado de dinero, y consideraran la distribución de los activos incautados entre los gobiernos.
      • 6.4:
      Ejecutaran, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero, y colaboraran para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
      • 6.5:
      Alentaran a las instituciones financieras para que notifiquen las transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y elaboraran procedimientos efectivos que permitan la recolección de información pertinente de las instituciones financieras.
      • 6.6:
      Trabajaran individual y colectivamente para identificar las redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero de la región, entablar juicio a sus dirigentes e incautar los bienes procedentes de esas actividades delictivas.
      • 6.7:
      Adoptaran programas para prevenir y reducir la demanda y el consumo de drogas ilícitas. Adoptaran estrategias nacionales efectivas y ambientalmente sanas para prevenir o reducir significativamente el cultivo y procesamiento de cultivos utilizados para el comercio de drogas ilícitas, prestando particular atención al apoyo nacional e internacional para los programas de desarrollo que creen alternativas económicas viables para la producción de estupefacientes.
      • 6.8:
      Brindaran particular atención al control de los productos químicos precursores y apoyaran estrategias integradas de interdicción de drogas.
      • 6.9:
      Fortalecerán los esfuerzos para controlar las armas de fuego, las municiones y los explosivos, a fin de evitar que caigan en manos de los traficantes de drogas y de las organizaciones criminales.
      • 7.1:
      El terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de nuestros países han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas. Las medidas que tomen los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para garantizar la ley y el orden público y mantener la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, aquellos que patrocinan actos terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a través del abuso de la inmunidad y los privilegios diplomáticos o por otros medios, serán considerados responsables de los mismos por la comunidad internacional.
      • 7.2:
      Promoverán, en el contexto de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, acuerdos bilaterales y subregionales dirigidos a enjuiciar y penalizar a los que cometan actos terroristas.
      • 7.3:
      Convocaran una conferencia especial de la OEA sobre la prevención del terrorismo.

  • Antigua y Barbuda
    N/A
  • Argentina
    • Reportes
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    Desde el Ministerio de Seguridad se avanza en el diseño de un Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia que contempla los factores vinculados a la criminalidad desde una perspectiva preventiva, multidimensional y con énfasis en la participación ciudadana para generar ambientes seguros. El Plan busca mejorar la recolección de datos y evaluar los resultados de las políticas públicas de prevención en la materia.

    El Programa Barrios Seguros es una herramienta que permite efectuar un diagnóstico sobre el nivel de conflictividad de distintas áreas urbanas del territorio nacional a través de un abordaje integral que contempla el relevamiento de variables, la formulación de estratégicas y la implementación de políticas.

    La Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal tiene por objeto producir y analizar información relevante para la persecución penal estratégica de fenómenos y organizaciones criminales. Interviene en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto con las áreas respectivas de las procuradurías especializadas y las fiscalías de distrito y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina adhirió a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo -CEDAW- que adoptó rango constitucional y, a nivel regional, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belem do Pará.

    La Argentina considera la violencia contra la mujer como un delito grave y, en tal sentido, adoptó las siguientes medidas:

    -En 2009 sancionó la Ley 26.485 sobre Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
    -En 2013 incorporó el feminicidio como agravante de la figura de homicidio en el Código Penal.
    -En 2014 inauguró una línea telefónica gratuita (144) para recibir denuncias de violencia contra la mujer.
    -En 2015 creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.
    -En 2016 lanzó el Primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que estructura su implementación en base a acciones preventivas, de atención integral y monitoreo.
    -Se editaron las “Guía de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación de feminicidios en el lugar del hallazgo”, “Pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares” y “Buenas Prácticas para la intervención policial ante casos de violencia intrafamiliar”.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En 2016 la Argentina participó de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas. A nivel regional y en el marco de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos Fiscales del Mercosur, se constituyó el Subgrupo de Trabajo sobre Narcocriminalidad, que la Argentina coordina. El mismo año se celebró en Buenos Aires una Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad que contó con la participación de 17 delegaciones. Se impulsó la implementación del Proyecto Comunicación de Aeropuertos y Control Global de Contenedores a través de bases de datos de la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas. Se continuará participando en proyectos específicos destinados a intercambiar información en tiempo real con otros Estados sobre nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos.
    Desde el Ministerio de Seguridad se ha elaborado una estrategia que busca atender la problemática de las drogas desde una perspectiva integral, equilibrada y multidisciplinaria. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico tiene a su cargo la coordinación de las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones y la elaboración de un Plan Nacional Quinquenal de Reducción de la Demanda de Drogas, consensuado con todas las provincias. Por el lado de la oferta, se busca su reducción a través del fortalecimiento de las capacidades investigativas, el fomento a tareas de inteligencia por parte de las Fuerzas de Seguridad y policiales, la desarticulación del crimen organizado y la recuperación de la presencia del Estado en barrios vulnerables.

    En 2013 se creó la Procuración de Narcocriminalidad como un equipo de trabajo especializado a disposición de todas las fiscalías federales del país.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina considera que la acumulación excesiva y la proliferación incontrolada de armas de fuego generan un impacto negativo en términos de seguridad. En este entendido se inscriben los esfuerzos del Gobierno nacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

    Los fabricantes de armas o municiones deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Armas (RENAR) como condición previa a la habilitación de la planta o fábrica. Los fabricantes autorizados deben utilizar insumos adecuados y fiables como parte del proceso de producción. Las armas ilícitas son marcadas y decomisadas. En materia de comercialización, para poder retirar un arma de una armería, el legítimo usuario debe presentar la credencial de tenencia a su nombre, tramitada ante el RENAR. El tránsito de armas no puede hacerse sin la previa autorización del organismo competente.
    El Decreto 603/92 regula las exportaciones de armas de uso bélico, de uso exclusivo de las instituciones armadas. Al igual que en el caso de las armas de uso civil, es obligatorio obtener una autorización previa para las exportaciones.

    La Argentina participa del acuerdo de “Wassenaar” para el control de exportaciones de material bélico y tecnología sensible. Asimismo, es parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, del Tratado sobre Comercio de Armas (que entró en vigor en 2014) y participa del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, suscribió, en 1997, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y otros Materiales Relacionados y participa de las reuniones de su Comité Consultivo. En el Mercosur participa de las labores del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1
    11. ACCIONES EN MATERIA DE JUSTICIA
    Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual
    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
    En julio de 2011 la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, dictó el Decreto N ° 936 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual en los medios de comunicación, norma que reglamenta y torna operativos preceptos de las Leyes N ° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N ° 26.485 de Protección Integral para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
    Esta medida sin precedentes ha sido adoptada como recomendación del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que realiza el seguimiento del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños para todos los Estados Partes de la Convención, y representa un importante avance en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en la limitación de la violencia sexual, simbólica y mediática contra las mujeres.
    Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM) Julio 2011- Diciembre 2013
    • Se ha registrado un altísimo nivel de acatamiento a la norma: el 87% de los medios de prensa gráfica monitoreados (de distribución nacional, provincial y local) ha dejado de publicar avisos de oferta de comercio sexual.
    • Ya no se publican anuncios cuyas redacciones confieran un trato denigrante hacia las mujeres en diarios argentinos, habiéndose reducido significativamente la violencia mediática contra las mujeres: los pocos medios gráficos que persisten en el incumplimiento de la norma recurren a redacciones solapadas o 'engañosas'.
    • El promedio diario de publicaciones monitoreadas en presunta infracción al Decreto N ° 936/11 ha descendido de más de 1024 en agosto de 2011 a 374 en diciembre de 2013.
    • Se han monitoreado 473.063 avisos en presunta infracción al Decreto N ° 936/2011 Y se ha generado y alimentado un programa informático con la información de estos anuncios, que hoy constituye la base de datos sobre el sistema prostibulario más grande del país, y cuenta con unos 250.000 registros.
    • Se han respondido 67 pedidos de información de juzgados, fiscalías federales y del
    Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de causas judiciales y/o investigaciones preliminares por los delitos de explotación sexual y/o trata de personas, en los que se ha provisto información relacionada con casi 2576 avisos de comercio sexual.
    • Se han tramitado 179 denuncias, que fueron recibidas por la OM y/o realizadas por la OM y presentadas ante la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las complejas denuncias realizadas se relacionan con unos
    1511 avisos de comercio sexual y promueven un abordaje proactivo en materia de prevención e investigación de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
    • Se han realizado 115 actuaciones relacionadas con medios gráficos que han derivado en la imposición de 31 sanciones (de apercibimiento y/o multa), promoviendo la visibilización de la responsabilidad de personas jurídicas en la vehiculización de estos delitos.
    • Se han realizado jornadas y talleres de sensibilización y difusión a los que han asistido alrededor de 4350 personas, entre ellas: estudiantes de periodismo y comunicación social, docentes de educación media, funcionarios/as públicos/as y jóvenes de entre 18 y 24 años que no han finalizado sus estudios secundarios y se encuentran en proceso de búsqueda laboral.
    • La sistematización y análisis de las publicaciones de oferta de comercio sexual realizadas en diferentes medios de comunicación permite:
    - Establecer una aproximación de la envergadura del negocio,
    - Distinguir publicaciones aisladas de aquellas que se realizan asiduamente
    -Estimar los costos fijos de promoción de la actividad,
    - Estimar cuántas personas serían o habrían sido explotadas en un lugar,
    - Vincular diferentes prostíbulos que funcionan en red,
    - Establecer diferentes puntos del territorio en los que funcionan estas redes,
    - Determinar si hay o habría habido personas migrantes en esos lugares,
    - Saber si a estas personas se les ha ofrecido una vivienda o alojamiento,
    - Conocer los porcentajes de comisión retenidos por los explotadores,
    - Saber si hay una persona que regentea el lugar de explotación,
    - Conocer las tarifas y los horarios de funcionamiento del lugar de explotación, y, por lo tanto, constituye un importante soporte para la investigación criminal. Así es que no sólo se destinan esfuerzos a la eliminación de estas publicaciones, sino que se procura que se investiguen los sitios de explotación que las generan.
    La prohibición de este tipo de anuncios pone un coto a una forma concreta de captación de mujeres y niñas para su explotación sexual y a la promoción de la explotación sexual en los medios de comunicación, que reproduce patrones socioculturales que perpetúan el posicionamiento de mujeres y niñas en un rol de subordinación y cosificación, otorgándoles un trato mercantilista que favorece la naturalización de la explotación sexual. Pero también permite ir más allá puesto que el monitoreo, la sistematización, el análisis y la denuncia de los anuncios de comercio sexual fomenta la proactividad en la investigación de los delitos que se esconden detrás de estas publicaciones, la prevención y persecución de la trata de personas y la explotación sexual, lo cual convierte al trabajo de esta Oficina en una herramienta clara al servicio del combate de la trata de personas con fines de explotación sexual.
    Lucha contra todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica y de proporcionar protección y atención a las víctimas
    En lo que respecta a lo normativo, se han sancionado leyes que aprueban convenciones internacionales como así también se han emitido leyes y decretos que impulsan medidas tendientes a proteger a las víctimas de trata y erradicar el delito.
    El siguiente es el listado de documentos:
    1. "Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y su "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños" y "Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" (Aprobada por Ley N ° 25.632/02);
    2. "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por Ley N ° 23.179 del año 1985);
    3. "Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por
    Ley N ° 23.849 Sancionada: Septiembre 27 de 1990 - Promulgada: Octubre 16 de 1990);
    4. "Convenio relativo al Trabajo forzoso u obligatorio de 1930 (Num. 29)" - (Ratificado por Ley el 14 de Marzo de 1950);
    5. "Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958 (Num. 111)" - (Ratificado por Ley el 18 de Junio de 1968);
    6. "Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de 1999 (Num. 182), de la Organización Internacional del Trabajo" (Ratificado por Ley N ° 25.255 Sancionada: Junio 7 de 2000 - Promulgada: Julio 20 de 2000);
    7. Ley N ° 26.061 "Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas. Niños y Adolescentes" (Sancionada: Septiembre 28 de 2005 - Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005);
    8. Ley N ° 26.364 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Abril 9 de 2008 - Promulgada: Abril 29 de 2008);
    9. Ley N ° 26.485 "Ley de Protección integral a las Mujeres" (Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.);
    10. Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Diciembre 19 de 2012. Promulgada: Diciembre 26 de 2012.), modificatoria de la Ley N ° 26.364.
    11. Decreto N ° 936/2011 "Promuévase la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes' que estimulen o fomenten la explotación sexual.".
    12. Resolución MJSyDH (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) N ° 731/12 "Creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata";
    13. Resoluciones MJSyDH N ° 171/2012 "Creación el ámbito del Ministerio de Seguridad la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa sobre el Delito de Trata de Personas", N ° 421/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos", N ° 1334/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en controles vehiculares en rutas" y N ° 36/2013 "Guía Orientativa para la Recepción de Denuncias Sobre el Delito de Trata de Personas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales", todas estas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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    En este sentido, atento facultades y competencias de este Programa Nacional, cabe destacar que con la sanción de la ley N ° 26.364, en el año 2008, en el ámbito del actual MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREHOS HUMANOS DE LA NACION se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (En adelante "Programa Nacional de Rescate"). Este Programa Nacional es continuador de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creado en agosto de 2008, por Resolución MJSyDH N ° 2149/08. El objetivo del Programa Nacional de Rescate es centralizar toda actividad destinada a la prevención del delito de Trata de Personas, como así también el acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica a sus víctimas, hasta el momento de la declaración testimonial. Está integrado por un Equipo Interdisciplinario de Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Politólogas, Médicos, Abogados y personal policial especializado (exclusivo de este Programa), quienes brindan asistencia psicológica, médica, jurídica, protección y seguridad hasta la culminación de la declaración testimonial; además son quienes evalúan cuál es el momento más indicado para que ésta se lleve a cabo.
    Es menester destacar que el personal del mencionado equipo, está especializado en la temática de Trata de Personas, identificación y la asistencia de las víctimas.
    El Programa Nacional de Rescate, cuenta con una "casa refugio" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que son alojadas las víctimas rescatadas. La dirección de la referida casa es confidencial y no se consigna en ningún documento en el que pueda tener acceso personas comprometidas con la causa. En dicho refugio las víctimas rescatadas reciben asistencia psicológica, social, jurídica y custodia (realizada por personal policial integrante del equipo interdisciplinario del Programa).
    En la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, se encuentran creadas unidades específicas de lucha contra la Trata de Personas en las cuatro fuerzas de seguridad federales, para la prevención, investigación y persecución del delito. Cabe mencionar que dichas unidades trabajan mancomunadamente con este Programa Nacional de Rescate.
    En el ámbito Internacional el Estado Argentino es parte del "Plan de Acción del MERCOSUR y Estados Asociados para la Lucha contra la Trata de Personas" (Emanado de la XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados del año 2006) y del "Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas" (Sexagésimo cuarto período - Julio 2009 a/64/L.64).
    Del mismo modo, como parte de una estrategia integral contra el delito de Trata de Personas la República Argentina creó, como primer paso en la erradicación del delito a nivel Nacional y con anterioridad a la sanción de la Ley 26.364, el "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas" (Decreto N ° 128112007 del 2 de Octubre de 2007).
    Asimismo, y en atención al avance legislativo e institucional de la Argentina se han sancionado las siguientes leyes: "De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes" .v su Decreto Reglamentario (Sancionada el 28 septiembre de 2005 – Decreto Reglamentario N ° 415/2006 del 17 de abril de 2006), "De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales " (Ley N ° 26.485 - Sancionada: Marzo 11 de 2009.Promulgada: Abril de 2009.), el Decreto N ° 936/11 y, destacándose para el abordaje puntual del delito la de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, En este sentido, la Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" modificatoria de la Ley N ° 26.364 profundizó la lucha contra la Trata de Personas, estableciendo penas de prisión de cuatro a seis años al que “…ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación ...". Asimismo, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.
    Entre las modificaciones introducidas por esta nueva legislación, puede destacarse que, el consentimiento dado por la víctima de trata no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los responsables; también es dable mencionar la ampliación de los derechos de las víctimas, por la cual el Estado Nacional debe brindar gratuitamente, asistencia médica y psicológica; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. Además, se garantiza el derecho a la asistencia jurídica y al patrocinio integral y gratuito.
    La norma crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la
    Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas. También se incluye la creación de un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo.
    El Programa Nacional de Rescate, interactúa con distintas Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, de índole Nacional e Internacional, y del sector privado en pos de emprender conjuntamente, trabajos de investigación y estudios sobre la Trata de Personas. Ejemplo de ello es el trabajo que se realiza con:
    • Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: "Segunda Reunión lntersesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Trata de Personas" - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 27-29 de Enero del 2010 - Viena-Austria.
    Quinto período de sesiones - "Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. especialmente mujeres y niños" - Viena, 18 a 22 de octubre de 2010.
    • Grupo de Trabajo Interministerial de Trata de Personas (Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros);
    • "Fundación Maria de los Ángeles" (ONG);
    • "El Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires",
    • "Plataforma lnteramericana de Derechos Humanos - PIDDHH – Capitulo Argentino".
    A continuación, se subraya el trabajo más relevante desarrollado por el Programa Nacional de Rescate, destacándose los objetivos primarios y secundarios de prevención, sensibilización y capacitación:
    1) Convenios suscriptos:
    -Convenio marco de cooperación en Políticas Públicas en materia de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el mundo del trabajo, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
    -Convenios de capacitación y asistencia técnica entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN y los Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las provincias. Dicho convenio marco, tiene como objetivo que el Programa Nacional de Rescate asista y capacite a las fuerzas de Seguridad, Operadores Judiciales y población en general sobre la prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas, como así también la asistencia a víctimas, firmado en el ámbito del Consejo Federal de Justicia de la República Argentina (COFEJUS).
    -Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica en Materia de Lucha contra el delito de Trata de Personas entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito de Trata de Personas.
    -Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. para el traslado de testigos, víctimas, querellantes e imputados vinculados a delitos de Lesa Humanidad, de Trata de Personas u Otras Figuras comprendidas en la Ley N ° 25.764.
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    -Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación para incorporar un módulo pedagógico sobre la Trata de Personas en la currícula nivel inicial y secundario.
    -Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS con el fin de posibilitar la asistencia integral de las víctimas del delito de Trata de Personas, rescatadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas Por el Delito de Trata, en las provincias donde la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS cuente con sedes y/o centros de asistencia. Asimismo se acordó la coordinación de acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de cooperación y/o complementación de carácter científico, técnico y/o de investigación u otro tipo de actividades en áreas que resulten de mutuo interés.
    -Convenio de cooperación y asistencia técnica con AEROLINEAS ARGENTINAS S.A./AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A., AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., FEDERACIÓN ARGENTINA DE PERSONAL AERONÁUTICO EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS, el que tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre las Partes para llevar adelante acciones conjuntas tendientes a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito, de acuerdo a lo establecido por Ley N ° 26.364 y su modificatoria N ° 26.842. Implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección y sensibilización del delito de trata de personas, mediante el desarrollo de jornadas dirigidas a los empleados que desempeñan tareas administrativas, operativas, técnicas y las tripulaciones que se desempeñan en AEROLINEAS, AA2000 y la FAPA. Asimismo, elaborar y difundir campañas de información y sensibilización que tengan por objeto prevenir y concienciar sobre el delito, a través de distintos mecanismos de comunicación social destinada a alertar actos tendientes al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación.
    2) Se desarrollaron Jornadas de capacitación en todo el territorio nacional, destinadas a las Fuerzas de Seguridad, Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales y población en general. A través de las mencionadas jornadas se procura compartir y advertir sobre las características del delito de Trata de Personas, sensibilizar en relación a las cuestiones de género e infancia y crear conciencia del carácter inaceptable de la violencia contra las mujeres y en sus repercusiones y consecuencias negativas para todos los que padecen los distintos tipos de violencias.
    3) Participación activa en las Jornadas del "Grupo de trabajo sobre la trata de personas celebrada en Viena del 10 al 12 de octubre de 2011", en el marco de la "Conferencia de I Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", Es dable destacar la disertación en el tópico: "Análisis de conceptos básicos de interés especial en el concepto de "abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" que figura en el articulo 3 del Protocolo contra la trata de personas.
    4) Campañas informativas masivas dirigidas a concientizar a la sociedad en la prevención combate del delito de Trata de Personas. Tales como; campañas televisivas emitidas en canales de aire, campañas radiales en distintas emisoras de todo el país y campañas difundidas especialmente en ómnibus y aviones de transporte de pasajeros. Dichas campañas fueron creadas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de Género.
    5) Creación de la línea de tres dígitos "145", gratuito y de alcance nacional, perteneciente al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta línea tiene como objetivo recibir denuncias de hechos de apariencia delictual (delito de Trata de Personas, las 24 horas, los 365 días del año. Quienes atienden dichos llamados son profesionales especializadas en la temática. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima.
    6) Medidas de sensibilización llevadas adelante a través de programas educacionales iniciativas focalizadas en la capacitación y concientización de niños, niñas y adolescentes, para prevenir y combatir la trata de personas.
    Dicha tarea se está llevando a cabo a partir de la incorporación, del mencionado módulo, el software desarrollado para el Programa "Conectar Igualdad" el cual se distribuye a través de computadoras personales (netbooks) que son entregadas por Presidencia de la Nación a los estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país. Este módulo pedagógico se focaliza en la prevención del delito de Trata de Personas y constituye así una herramienta de visualización y concientización social respecto de esta problemática.
    7) Participación en mesas interinstitucionales conformadas por agentes gubernamentales que intervienen en las distintas etapas del proceso de prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas y asistencia a las víctimas. Entre los mencionados agentes se destaca la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros.
    8) Creación de Oficinas Regionales en puntos estratégicos del territorio nacional, que permiten abordar la problemática de forma más inmediata. Ya se encuentran funcionando las Oficinas Regionales de Resistencia (provincia de Chaco), Santa Fe (provincia de Santa Fe) y Santa Rosa (provincia de La Pampa). Se proyecta la apertura de nuevas oficinas en otros puntos del país. Todas ellas bajo la coordinación de este Programa Nacional de Rescate.
    9) Se estableció un mecanismo de articulación con la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, creada por Decreto 936/2011. El objetivo de la articulación es iniciar el proceso de denuncias desde este Programa Nacional, así como también el envío hacia la Oficina de Monitoreo de los casos que ingresan por las líneas de denuncias y/o correo electrónico y contienen información que, previo a la radicación de denuncias, se considere que debe ser evaluada por dicha Oficina
    10) En conjunto con el Programa Nacional de Participación Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo una Campaña de Difusión y Sensibilización sobre el fenómeno de Trata de Personas, dirigida a la comunidad educativa. Para ello se realizó en un primer momento una capacitación dirigida a los integrantes del Programa de Participación Juvenil acerca de las características del delito de Trata. Posteriormente se conformó un equipo técnico integrado por profesionales de ambos Programas, el cual tuvo a cargo el diseño y desarrollo del dispositivo de talleres. Para la puesta en marcha de la Campaña se seleccionaron diez escuelas de las zonas más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales se llevaron a cabo talleres de carácter participativo con alumnos, docentes y directivos de los establecimientos. El dispositivo consistió en una apertura a cargo de este Programa Nacional y la posterior realización de cuatro talleres: Género, Migraciones, Mundo Laboral, Medios de Comunicación.
    Al finalizar cada jornada se efectué una charla/debate en la que se explicitaban los contenidos de cada taller, articulando lo trabajado en los talleres de Trata de Personas y se proyectó un video diseñado y realizado por integrantes del equipo técnico de ambos Programas.
    El objetivo de la campaña fue visualizar los factores que se detectan como causas del fenómeno, instando a los participantes a la concientización y responsabilización como ciudadanos en relación a las causas que perpetúan la existencia y permanencia del delito.
    Organización de una Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, en las provincias de Chaco, Neuquén y Buenos Aires.
    La campaña se enmarcó en el proyecto PRODOC ARG 13/009 "Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas" cuyo objetivo es promover la concientización y sensibilización de la ciudadanía sobre el delito Trata de Personas así como contribuir a promover la reflexión respecto de las causas que posibilitan la existencia del delito en todas sus formas.
    Dicha campaña contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y se llevó a cabo de manera simultánea distintas jornadas a las que asistieron especialistas en la temática del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Organismos de Asistencia a Víctimas, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc.
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    11) Prevención y Sensibilización:
    .- Se realizaron campañas de difusión en zonas vulnerables de la Ciudad Autónoma de
    Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en forma conjunta con la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia. Se diseñaron remeras, afiches y folletería con información sobre el delito de Trata de Personas y números de teléfonos donde se reciben denuncias, durante las 24 horas. El objetivo - tomando en cuenta intención, medida y plazo – fue prevenir a la población de lo que es la Trata de Personas para aumentar las denuncias que se reciben en la línea 145.
    -Spot de TV: lanzado en el mes de septiembre en conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas. Dicho spot tiene 80 segundos de duración, refleja el relato de una víctima rescatada de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, contando su historia personal.
    -Gráfica en prensa: en esta pieza se ve una fotografía, tomada en el marco de un allanamiento en el que participaron profesionales del Equipo Técnico, acompañada por un copy dentro de una viñeta, el cual es un extracto de un relato de una víctima de trata. También se encuentra la información del Programa Nacional de Rescate y de la línea 145 para realizar denuncias.
    -Zócalo en Fútbol Para Todos: Anuncio rectangular que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Este zócalo se mostró en diversos partidos del Tornero de Primera División y partidos de la Selección Argentina desde el mes de septiembre y por un plazo de 3 meses.
    - Spot de radio: Spot en el cual se explica brevemente qué hacer en el caso de querer denunciar una situación posible de Trata de Personas y los datos del Programa Nacional y la línea 145.
    - PNT: esto es Publicidad No Tradicional; la pauta consta de un discurso donde se explica qué se puede denunciar en la línea 145, así como también los datos del Programa Nacional de Rescate que se presenta en distintos programas de televisión en vivo. Ejemplos de esto son los programas de "Intrusos" y noticieros de Canal 26.
    - Campaña de sensibilización y concientización que se realizó en TECNOPOLIS, el
    Día Internacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
    - LIBRO reTRATAda: a mediados del año 2012, se imprimió la segunda edición del libro "reTRATAda" en donde se explica qué es la Trata de Personas, se difunden testimonios de víctimas, relatos de casos y fotografías de allanamientos.
    -El número de la línea 145, gratuita y de alcance nacional se publicita en las lunetas de los ómnibus de larga distancia, especialmente los que recorren las rutas desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur de la República Argentina.
    12) Articulación con otras Áreas
    Se realizó una Jornada de capacitación dirigida al equipo psico-social de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. El objetivo principal se focalizó en los factores causantes de la existencia del delito. Asimismo se hizo especial hincapié en los indicadores del delito de trata de personas a fin de brindar las herramientas necesarias para la detección temprana de un probable caso que ingrese por una consulta en un Centro de Acceso a la Justicia.
    En el marco del trabajo que se Viene realizando con la mesa Coordinadora Interministerial e Interinstitucional, compuesto por: el Ministerio de Desarrollo Social, el
    Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y Transporte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: como también dentro o fuera de esas particulares competencias ministeriales: la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la Dirección Nacional de Migraciones, el Consejo Nacional de Políticas Sociales - el Plan AHÍ, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo (CoPreAd), el Correo, Oficial y el Consejo Nacional de las Mujeres, se realizó en las provincias de Salta y Misiones, jornadas con los organismos referidos supra para el análisis y debate sobre "La Lucha contra la Trata de Personas con fines de Explotación laboral".
    "Se realizó un Taller sobre Trata de Personas en conjunto con el RENATEA: Se llevó a cabo un taller sobre Trata de Personas dirigido a Inspectores y Delegados Provinciales de RENATEA, en el marco de las Jornadas de Capacitación organizadas por dicho organismo. Se realizó una presentación de las principales líneas de acción, objetivos y alcances del Programa Nacional, haciendo especial hincapié en la responsabilidad política, profesional y ética que como integrantes del Estado Nacional y como ciudadanos tenemos en la lucha contra el delito de Trata de Personas. En la segunda parte de la capacitación se realizó un recorrido conceptual respecto del abordaje jurídico-social del delito y la asistencia a sus víctimas, para posteriormente trabajar en modalidad taller sobre un caso de explotación laboral, a fin de que los asistentes pudieran detectar indicadores del delito de trata de personas, y debatir acerca de las posibles estrategias de intervención, priorizando la asistencia a las víctimas.
    "Se trabajó de manera articulada con el portal de noticias y la editorial de INFOJUS -Sistema Argentino de Información Jurídica- en la publicación del Libro "Trata de Personas' - Políticas de Estado para su prevención y sanción '.> Se está trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales y la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, con la finalidad de fortalecer la cooperación y coordinar el proyecto denominado "Campaña suramericana de sensibilización y concientización del delito de
    Trata de Personas" que busca utilizar todos los medios disponibles, particularmente las técnicas de la información y comunicación para alcanzar en forma masiva a la población suramericana y contribuir de manera eficaz a la prevención y persecución de este delito. Este proyecto pretende llegar a la población con herramientas novedosas que permitan la interacción con el destinatario.
    Tendría dos componentes:
    -Un componente digital, que busca generar un espacio digital exclusivo, inserto en la Red Suramericana de Seguridad Ciudadana, Justicia y de acciones contra el crimen organizado transnacional.
    -Un componente audiovisual, cuyo propósito es producir material televisivo (ciclo de cortometrajes y cortos audiovisuales) para ser distribuidos a nivel regional.
    Desde la sanción de la Ley N ° 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas hasta el 28 de febrero de 2014, se han rescatado un total de 6431 víctimas, en el marco de 2996 allanamientos realizados.
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    12. ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
    Sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada
    El Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento un sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada. Se confeccionó un registro pormenorizado y detallado del contenido de la información que se recibe de las Fuerzas de Seguridad en relación con delitos de terrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando, piratería del asfalto, delitos rurales, trata de personas y delitos contra la integridad sexual, en un programa informático para su análisis eficiente, interrelación y toma de medidas.
    Durante el año 2013, se gestionaron 1024 denuncias relativas al delito de trata de personas y/o delitos conexos, utilizando el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA)18 y registro de denuncias. Se elaboraron actas de acuerdos con diferentes actores estatales, así como también se llevaron a cabo proyectos de concientización y sensibilización, además de estudios de legislación comparada en materia de trata de personas.
    En 2014, además se puso en marcha una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo crear un espacio de trabajo en el cual participen todas las áreas que tengan relación con la problemática de la trata -cada una en el ámbito de sus respectivas competencias- y, principalmente, para facilitar la interacción entre las divisiones específicas de las cuatro Fuerzas Federales para, de esta manera, fortalecer los mecanismos de trabajo en lo que hace a la prevención, investigación y persecución de este delito.
    En 2014, el Secretario de Seguridad autorizó la participación de las 4 Fuerzas de Seguridad Federales en el Operativo “Spartacus” de Interpol, por el cual se informa semanalmente al organismo lo solicitado en investigaciones y procedimientos policiales contra redes de trata.
    El Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay se encuentran en proceso de negociación para la suscripción de un Convenio de Cooperación Conjunta para la Prevención, Investigación y Detección del Delito de Trata de Personas.
    En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la UNASUR, el Ministerio de Seguridad realizará en el transcurso del segundo semestre de 2014, un Taller de Buenas Prácticas para la Prevención y Accionar contra la Trata de Personas, destinados a funcionarios policiales de los países miembros.
    Asimismo, en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se ha impulsado la suscripción de los siguientes documentos: “Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados”; la “Declaración de Fortaleza en Materia de Trata de Personas de los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR” (2012), cuyo objetivo consiste en la elaboración de un plan de acción y un marco normativo para la lucha contra la trata de personas y la elaboración de un perfil profesional de especialista contra la trata de personas.
    En el ámbito regional e internacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado y afianzado sus relaciones con organismos destinados a combatir el problema mundial que genera el narcotráfico, como así también los delitos conexos, especialmente con la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD/OEA); la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA); el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC/ONU), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE/ONU) y el Foro de Jefes de Organismos Encargado de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América Latina y el Caribe (HONLEA/ONU).
    El Ministerio de Seguridad, ha mejorado las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en su rol de auxiliar de la Justicia a través de la conformación de mesas de trabajo en diferentes lugares del país con jueces y fiscales de la Justicia Federal para poder conocer la situación del interior y programar una agenda de trabajo común, a los fines de mejorar la cooperación y la comunicación entre las Fuerzas Federales y la Justicia.
    En el marco de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre MERCOSUR y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
    Se ha implementado, desde la creación del MINISTERIO DE SEGURIDAD, una estrategia de seguridad enmarcada en el “Modelo Argentino de Seguridad Democrática” el cual está diseñado de forma tal que incluya un conjunto de acciones programáticas orientadas a garantizar una política pública integral en materia de Seguridad.
    Desde un punto de vista operacional, se ha realizado un trabajo articulado entre las distintas Fuerzas de Seguridad con la finalidad de dar una respuesta rápida y eficaz a la toma de decisiones que competen al ámbito de la seguridad.
    Asimismo, se le ha dado continuidad a los Operativos Centinela, destinado a brindar una mayor seguridad en el conurbano bonaerense; Escudo Norte y Cinturón Sur, para garantizar, por un lado, la seguridad, el espacio terrestre, fluvial y aéreo del norte argentino y, por el otro, asegurar el patrullaje en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal.
    La participación ciudadana es otro eje de acción que se continuó fortaleciendo a fin de canalizar inquietudes y dar respuesta a los requerimientos sobre las problemáticas locales de los vecinos que residen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, se afianzaron 40 mesas de participación ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron en conjunto programas de acción de inclusión social en zonas urbanas sensibles, junto a ONG’s y Movimientos de Sacerdotes Villeros, etc.
    Se puso en marcha el “Programa de Uso Racional de las Fuerza y las Armas de Fuego”, que incluyen reentrenamiento en tácticas de intervención policial.
    En el plano formativo, se actualizaron los programas de estudio de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y se incluyeron nuevos contenidos relacionados con las problemáticas sociales, la violencia y el uso de la fuerza de acuerdo con los principios internacionales en materia de derechos humanos.
    Desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana, se trabajó junto con la Policía Federal Argentina (PFA) en la profesionalización del personal que ingresó en los escalafones de agente furriel y auxiliar para la seguridad y defensa con vistas a elevar la calidad de la atención al público en las comisarías. Con la misma perspectiva, se están diseñando indicadores e instrumentos técnicos que aporten transparencia y faciliten los procesos de evaluación de desempeño, ascensos y asignación de destinos, en particular del personal de conducción de las 53 comisarías de la PFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Asimismo la Subsecretaría de Participación Ciudadana impulsó la realización de talleres de prevención de los distintos tipos de violencia, llevó adelante capacitaciones para la formación de agentes multiplicadores en prevención de violencia familiar, con la participación del Centro de Orientación de la Víctima, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ambos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, y el Programa Víctimas contra las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a la prevención de la trata de personas, en el que se desarrollaron talleres de sensibilización e información sobre captación y técnicas utilizadas para reclutamiento de víctimas dirigidos a adolescentes.
    Se continua implementando el Programa Camino al Cole, que tiene por objetivo prevenir los delitos de robo y hurto a escolares en horarios de ingreso y egreso de instituciones educativas. Para ello, la Subsecretaría reforzó la presencia policial en la zona y en los horarios indicados y fomentó la participación de la comunidad. Además, se llevó a cabo el “Programa Por tu Seguridad, Desármate”.
    Respecto a la prevención de incidentes en los partidos de fútbol, se desarrolló el Sistema de Registro Digital para la clasificación y archivo de imágenes, procesamiento de datos y elaboración de informes multimedia. Se implementó el control del ejercicio del derecho de admisión y se iniciaron expedientes administrativos ante violaciones y control fílmico en los espectáculos deportivos y se creó un sistema de mensajes preventivos en espectáculos futbolísticos. De esta manera, se fiscalizaron el 97,20% de los partidos de fútbol de la estimación anual, se realizaron reuniones semanales con jefes de operativos policiales, con el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia en el Fútbol y del Comité de Seguridad, y la coordinación con autoridades de los clubes, de la PFA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Parte 1/2
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 2
    En función a las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, entendido esto como un requerimiento esencial para consolidar las estrategias y mecanismos de prevención del delito y la violencia, se modernizó el Sistema Logístico de la Seguridad mediante las siguientes adquisiciones: 5 equipos de comunicaciones digitales destinados a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 472 vehículos y 81 camionetas patrulleras con equipamiento, 3675 ambos hospitalarios, 2 semirremolques habitacionales destinados a la Gendarmería Nacional, 2 vehículos para transporte de cadáveres destinados a la Policía Federal Argentina, adquisición, emplazamiento, distribución geográfica y puesta en marcha del Sistema de Inspección por rayos X (14 escáneres destinados a la detección de contrabando de drogas, armas y explosivos), provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo vehicular para móviles de la Policía Federal Argentina y adquisición de accesorios para equipos de comunicación destinados a Gendarmería Nacional. A esto se sumaron 12.987guardapolvos y 16.800 juegos de ropa blanca.
    Se ha firmado un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a partir del cual se conformaron los equipos de intervención, tanto con personal policial como con médicos y psicólogos, con amplia experiencia en la materia. Esta unidad comienza a trabajar a partir de las órdenes judiciales que se reciben en la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, que registra y da instrucciones a la Unidad de traslado de forma inmediata para que efectivice el traslado, enviando vehículos y personal destinado a este trabajo, con un chofer policial, un efectivo, un médico o psicólogo a bordo, según corresponda o evalúe el personal de la SEDRONAR.
    Al respecto, el Ministerio de Seguridad participó activamente en la elaboración del Catálogo de Capacidades para la Aplicación del Tratado de Comercio de Armas (ATT) en el marco de la Reunión Técnica del Grupo de Expertos en Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual fue suscripto en el año 2013.
    Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional
    En el ámbito de la cooperación regional, el Ministerio de Seguridad ha participado activamente en el ámbito del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR y en la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad de MERCOSUR.
    A nivel hemisférico, se ha fortalecido la presencia del Ministerio de Seguridad a través de la participación activa de funcionarios de alto nivel en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y en la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA).
    Se han implementado los Acuerdos Interinstitucionales vigentes, con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación entre las instituciones análogas de la región19. Asimismo, el Ministerio de Seguridad ha impulsado la suscripción de acuerdos de cooperación con países que no pertenecen al bloque regional, tales como: Italia, China y Canadá (en proceso de negociación).
    El Ministerio de Seguridad aprobó un Protocolo, que incorporó una perspectiva de género y la hipótesis de femicidio (de acuerdo con la nueva normativa que agrega la figura de femicidio en el Código Penal) ante todas las intervenciones de las Fuerzas por la muerte de mujeres o personas con identidad de género femenino. Así se orienta el accionar hacia la identificación de indicios sobre la violencia de género previa o la comisión del homicidio por razones de género.
    Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se adhirió un Acta complementaria con el fin de compartir registros que puedan reflejar información probablemente vinculada con casos de violencia contra las mujeres y que podrían ser insumos para conformar el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer (RUC).
    En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Delegación Argentina a través del Ministerio de Seguridad propuso la elaboración de dos cuestionarios con el objeto de gestionar un “Diagnóstico Regional sobre la Implementación de Políticas Públicas de Seguridad con Perspectiva de Género y Derechos Humanos” y un “Diagnóstico Regional sobre Mecanismos para asegurar el Trato No Discriminatorio del personal que integra las Fuerzas Policiales y de Seguridad”. Asimismo, se propuso la elaboración de un “Curso Virtual sobre Género y Derechos Humanos” a nivel regional que tome como base el que actualmente se dicta en el Ministerio de Seguridad.
    Parte 2/2
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1
    A su vez, la Argentina adhirió a la Iniciativa Global Contra el Terrorismo Nuclear (IGTLN) –que fuera lanzada conjuntamente por los presidentes de los EE.UU. y la Federación Rusa en ocasión de la Cumbre del G-8 en San Petersburgo en julio de 2006 –en ocasión de la participación, por invitación expresa del Presidente Obama, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cumbre de Seguridad Nuclear que tuvo lugar en Washington, en abril de 2010. Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo de 2011 se celebró en Córdoba, España, la primera “Reunión Semestral del Grupo de Implementación y Evaluación (IAG) de la IGTLN”, la cual contó con la presencia de una delegación de la República Argentina.

    En cuanto al fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, se destaca la continuidad del compromiso argentino con la labor del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en el marco de la OEA. En efecto, nuestro país participa activamente en el plan de trabajo anual de capacitación y actualización contra el terrorismo organizado por dicho comité, el cual se materializa a través de seminarios, workshops, cursos, talleres y simposios especializados en la materia. En particular, pueden mencionarse los siguientes:

    ** “II Ejercicio de Gestión de Crisis en Protección Portuaria” (Perú, 29 al 31 de marzo de 2011): asistió el Prefecto Auditor del Código de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

    ** “Taller Subregional de habilidades para instructores y para el diseño de cursos sobre seguridad aeroportuaria” (Uruguay, 11 al 15 de abril de 2011).

    ** “Taller Regional de las Américas sobre Seguridad de Grandes Eventos” (Colombia, 4 al 6 de mayo de 2011)

    **”Taller Hemisférico de Seguridad y Crimen Cibernético” (Miami, 9 al 13 de mayo de 2011).

    En el ámbito de Naciones Unidas, amerita destacar la participación argentina en el siguiente evento: “Seminario para Fiscales sobre Acusación e Investigación de Terrorismo” (Turquía, 18 al 20 de julio de 2011): organizado por el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, como continuidad de otro Seminario desarrollado en Nueva Cork en diciembre de 2010.

    A nivel subregional, Argentina participó activamente en las reuniones del “Foro Especializado Terrorismo” (FET) - grupo de trabajo técnico dependiente de la Reunión de Ministros del Interior y de Justicia del MERCOSUR. En este marco, a principios de 2011 se han realizado dos encuentros, en la ciudad de Asunción, Paraguay –del 5 al 7 de abril y del 31 de mayo al 3 de junio, respectivamente- en el ámbito de la XXIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.

    En los mencionados encuentros se procede a un fluido intercambio de información de inteligencia antiterrorista de interés de las delegaciones participantes y, en particular, se analizan cuestiones que hayan suscitado atención durante el corriente período de reuniones a fin de que los países de la Región consideren si amerita su incorporación y/o continuidad del tratamiento en el temario del foro. Por otra parte, se debaten acciones de prevención en curso, en función de potenciales focos de acción terrorista que pudieran generarse.

    Adicionalmente, la República Argentina ha firmado y ratificado la mayoría de los Convenios multilaterales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo.

    Durante el transcurso del período 2010-2011, se sancionó la Ley 26.640, el 13 de octubre de 2010, que aprueba el Protocolo de Enmienda a la “Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares”, que fuera firmado en Viena, Austria, el 8 de julio de 2005.

    Por otra parte, se encuentra pendiente de aprobación legislativa, el proyecto de ley (sancionado por el Senado el 15/04/2010, habiendo pasado a revisión por la Cámara de Diputados) referido a la “Convención Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear”, firmada en Nueva Cork, el 14 de septiembre de 2005.

    Finalmente, cabe destacar que la República Argentina continuará exhortando la participación en todos los foros multilaterales, regionales y subregionales de lucha contra el terrorismo internacional y con la promoción de acciones de cooperación en la materia, en el marco del estricto respeto del derecho internacional, los derechos humanos, del derecho humanitario y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

    En tal sentido, se propone continuar coordinando políticas y acciones en relación a la prevención, combate y eliminación del terrorismo, en el ámbito multilateral y bilateral, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el MERCOSUR, El GRío, el Mecanismo de Seguridad de la Triple Frontera, entre otros foros internacionales y subregionales, respectivamente.

    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

    “24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1
    COOPERACIÓN BILATERAL

    El Ministerio de Seguridad ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y suscribir nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).


    ? Acuerdos suscriptos 2011-2012:

    • Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (2012).
    • Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior del Ecuador (2012).
    • Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay (2012).
    • Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil para la Cooperación en materia de Seguridad Pública (2012).
    • Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación entre la policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina (2012).
    • Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile (2012).
    • Acuerdo Marco entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante de Chile (2011).
    • Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina Argentina para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
    • Memorando de Entendimiento para la Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay en materia de Delincuencia Organizada Trasnacional (Drogas, Lavado de Dinero y Desvío de Precursores Químicos) y Delitos Conexos (2011).
    • Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Seguridad entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
    • Memorando de Entendimiento para el Intercambio de Buenas Prácticas de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas entre Argentina y Paraguay (2011).


    COOPERACIÓN MULTILATERAL

    ? Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI): En el marco de la Reunión especializada en materia de Seguridad de dicho foro, se han promovido los siguientes acuerdos regionales:

    ? Declaración de Asunción sobre la prevención de la Violencia en Eventos Deportivos Internacionales, suscripto durante la XXIX Reunión de Ministros en Paraguay (2011).
    ? Acuerdo para la creación de la Red de Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados, firmado durante la XXX Reunión de Ministros en Argentina (2012).
    ? Acuerdo Operativo sobre Lineamientos en Materia de Seguridad en Eventos Futbolísticos Internacionales entre los Ministerios competentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Declaración de Buenos Aires sobre Estandarización de Criterios Mínimos Comunes en la producción de información sobre violencia y delito en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Declaración de Buenos Aires sobre el Fortalecimiento de Espacios de Formación, Investigación y Políticas de Seguridad Ciudadana en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Segundo Protocolo Adicional del “Acuerdo de Recife”, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).


    TERRORISMO

    Considerando al Terrorismo como una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacional –tal como lo señala el párrafo 69 del texto de la V Cumbre -. la República Argentina ha llevado adelante diversas políticas relacionadas con la temática. En este sentido, puede señalarse que (en el marco de las actividades preventivas llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) –creada por la ley 25.246) por Resolución N° 37, de febrero de 2011, dicha Unidad:

    • Fijó en 30 (treinta) días hábiles el plazo para reportar Operaciones Sospechosas y 48 (cuarenta y ocho) horas como el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrosismo, desde el momento en que la misma fue realizada o se intentó llevarla a cabo.

    • Amplió los criterios de identificación del cliente, vg: elaboración de un legajo basado en las pautas establecidas por el Banco Central de la Nación, establecimiento de un listado de “Personas Expuestas Políticamente” y de quienes se encuentren en un listado de terroristas.

    Adicionalmente, el 21 de junio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.683, por medio de la cual se modifica el Código Penal y la Ley de Prevención del Encubrimiento y el Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25246). La misma fue promulgada a través del Decreto N° 825/2011 del Poder Ejecutivo Nacional, del 17 de junio de 2011, con la observación de la cláusula que disponía que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podía constituirse como parte querellante en procesos penales [artículo 25].

    En efecto, el mencionado Decreto manifiesta, entre sus considerandos, que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional…”; que “la UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del terrorismo”, que “es competencia de la UIF colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución penal de los referidos delitos” y que “en consecuencia, se estima necesario que la (UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.” Asimismo, caracteriza a la UIF como organismo coordinador del Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

    Cabe señalar que, con lo dispuesto en este Decreto, la República Argentina cumple asimismo con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –el organismo internacional que apunta a combatir maniobras con dinero obtenido de ilícitos- en el sentido de aplicar leyes más estrictas contra este tipo de delitos.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 71, 74, 2
    El Ministerio de Seguridad ha trabajado en pos del fortalecimiento institucional de todas las instancias de gobierno en materia de prevención del delito y la violencia .

    Uno de los ejes centrales de la gestión ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad y las Mesas Barriales, en cuyo ámbito se diseñan los Mapas de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, conjuntamente con la implementación del Plan de Seguridad Urbana, tendiente a reforzar la presencia policial en horarios y lugares señalados por la inteligencia criminal y por las Mesas Barriales.

    Del mismo modo, cabe señalar la ejecución del Proyecto Buenos Aires Segura, estableciendo un sistema integrado de seguridad urbana, basado en un dispositivo de seguridad ciudadana que cuenta con la tecnología más moderna para la prevención y conjura del delito; y la puesta en marcha del Programa Tren Alerta, un nuevo sistema de vigilancia de andenes, terminales ferroviarias y de ómnibus con cámaras de video de alta resolución.

    Asimismo, se ha desarrollado una propuesta formativa de “Estrategias y políticas multiagenciales para la prevención del delito y la violencia en el ámbito local”, destinada a funcionarios municipales y orientada a fortalecer sus capacidades para el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad. Se dictó el Primer Curso de formación para funcionarios nacionales en Políticas Multiagenciales para la Prevención del Delito y la Violencia, acompañado por el relevamiento de políticas de prevención del delito y la violencia en el ámbito municipal y provincial, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

    ARMAS DE FUEGO
    Teniendo en cuenta que, conforme lo destacado en el párrafo 75 del texto de la V Cumbre de las Américas, “el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho”, toda acción que se lleve a cabo para controlar dichos elementos ayuda a prevenir la delincuencia y la inseguridad.

    En este marco, la normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios. En relación a ellas y de acuerdo a los últimos avances acontecidos en el país, se puede mencionar lo siguiente:

    Registro y Rastreo de las armas
    La Ley 25.938 –adoptada en octubre de 2004- creó un Registro bajo competencia del Registro Nacional de Armas (RENAR), en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

    En cuanto a la implementación de dicha ley, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma.

    Provincias adheridas:
    • Jujuy (Ley N° 5.459)
    • Formosa (Ley N° 1.467)
    • Chaco (Ley N° 5.519 – adhieren solo a los arts. 1°, 2° y 3°)
    • Corrientes (Ley N° 5.732)
    • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 1.841)
    • La Pampa (Ley N° 2.138)
    • Chubut (Ley N° 5.401)
    • Rio Negro (Ley N° 3.927)
    • Mendoza (Ley N° 7.780)
    • Buenos Aires (Ley N° 13.852)
    • Santa Fe (Ley N° 12.929)
    • San Juan (Ley N° 7.799)
    • Neuquén (Ley N° 2.576)
    • Misiones (Ley N° 4.428)
    • Tierra del Fuego (Ley N° 786)
    • Salta (Ley N° 7.635)

    Provincias en vía de adhesión:
    • Córdoba
    • Entre Ríos (Proyecto en Senadores)


    INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

    Incautación I Decomiso.
    La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción.

    Por su parte, la mencionada Ley 25.938 -cuyo objetivo es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito)- faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

    Destrucciones de armas.
    Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

    AÑO ARMAS DESTRUIDAS
    1994 916
    1995 3650
    1996 1376
    1998 2626
    1999 709
    2000 14822
    2001 3925
    2002 4381
    2003 14471
    2004 11200
    2005 4808
    2006 305
    2007 20037
    2008 32825
    2009 51672
    2010 20.168
    2011 23.250
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 70, 3
    CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

    PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216
    Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

    El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de propender a la disminución, a cambio de un incentivo, de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización de sus riesgos.

    El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico.

    La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados. La cantidad de armas de fuego recepcionadas solo conforme al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego Ley 26.216, fue de 128.734, y el total de municiones 976.465, lo cual representa aproximadamente el 10 % del total de armas registradas en manos de usuarios civiles en el país. Las mismas fueron recolectadas en puestos fijos y móviles dispuestos por el RENAR en diferentes provincias de todo el país. El tipo de armas recepcionadas en mayor cantidad fueron, revólveres 22, 32, 38 y pistolas 22 y 9 mm..

    El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. El total de armas destruidas, fue de 149.789.

    Conforme a la “Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestro o Incautados” Ley 25.938.

    11/12/10 16.941
    19/03/11 6.896
    12/12/11 6.550

    Conforme al “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, Ley 26.216.
    1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
    2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
    3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego
    4ta: 31/10/2009 31.423 armas de fuego
    5ta: 11/12/2010 3.227 armas de fuego
    6ta: 12/11/2011 9.804 armas de fuego

    Total de armas destruidas en el 2010, 20.168.
    Total de armas destruidas en el 2011, 23.250.

    El metal de rezago resultante de la fundición del material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue donado a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garraham.

    COORDINACION NACIONAL.
    La mencionada Ley 26.216 prevé la creación, conforme lo sugerido por el Programa de Acción de las Naciones Unidas (UNPOA), de la maquinaria institucional adecuada a fin de entender de forma integral y comprehensiva en las cuestiones relativas al control de armas de fuego. En este sentido, el artículo 18 de la Ley crea el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego el cual estará integrado por el Ministerio del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Comité, de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y de otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional que tengan competencia en la cuestión. Asimismo, se invitará a participar a miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y a representantes de las provincias.

    Asimismo, el artículo 20 de la Ley crea el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de armas de fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de armas de fuego y municiones. Este Consejo estará compuesto por el Comité mencionado anteriormente, representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos o expertos con reconocida trayectoria y experiencia.
    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

    “48. Subrayamos la necesidad de promover la plena implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos y de apoyar los esfuerzos con miras a restringir el flujo ilegal de esas armas y sus municiones, particularmente en América Latina y Caribe”.

    ESTADISTICA OFICIAL DE CRIMINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA.
    La Ley 25.666 establece que la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia produce el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que tiene por objetivo principal recopilar datos sobre delitos registrados por la policía y fuerzas de seguridad de todo el país. En virtud de dicha ley, el SNIC representa la estadística oficial sobre cantidad de delitos discriminados por provincias y la evolución en las tasas de criminalidad de los últimos años.

    Como un sistema de información complementario del SNIC, la Dirección de Política Criminal lleva adelante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que presenta la información mas desagregada sobre Homicidios Dolosos y Delitos contra la Propiedad. En este sistema es posible obtener datos sobre el tipo de armas utilizadas en la comisión de los mencionados delitos.

    Los estudios de victimización tienen por objetivo básico describir el fenómeno criminal a partir del estudio de la población general. Para esto se realizan encuestas de hogar en centros urbanos - de acuerdo a una muestra representativa - en las que se indaga acerca de las experiencias de victimización vividas durante un período determinado por las personas encuestadas y, usualmente, acerca de sus opiniones sobre cuestiones relacionadas al tema de la seguridad.

    La Dirección Nacional de Política Criminal ha realizado estudios de victimización a residentes de Ciudad de Buenos Aires y GBA sobre lo acontecido durante los años 2001, 2002 Y 2003. Sobre la base de estos estudios se cuenta con información sobre niveles de victimización (incluyendo la denominada "cifra negra" del delito, aquellos casos que no se denuncian), desagregado por tipo de delito y por la utilización de armas de fuego en su comisión. Asimismo, de estos estudios también surge información sobre porcentaje de hogares en los hay armas de fuego y las razones aducidas por las personas para contar con un arma en su casa.

    Asimismo, a partir del año 2005, la Dirección Nacional de Política Criminal realiza un Informe Anual sobre Armas de Fuego en el que recopila la información estadística oficial existente en la materia, tomando datos del RENAR, del Ministerio de Salud, de la Policía y Fuerzas de Seguridad y de sus propios estudios. La información se encuentra publicada en http://www.polcrim.jus.gov.ar/ArmaDeFuego.PDF


    ENTRENAMIENTO, CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, INVESTIGACIÓN.
    La Argentina asigna alta prioridad a todos los programas sobre construcción de capacidades para la efectiva implementación del Programa de Acción, siendo esencial la cooperación y asistencia internacional para llevar adelante dichos objetivos.

    Continúan vigentes diferentes iniciativas a fin de implementar programas nacionales y provinciales para capacitación de las fuerzas policiales.

    Actualmente se encuentra en proceso un programa de capacitación para la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en orden de optimizar la integración del Banco Nacional Informatizado de datos sobre armas de fuego y demás materiales controlados, perfeccionar y controlar la operatoria registral.


    COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONGS.

    Red Argentina para el Desarme (RAD):
    RAD sigue de cerca los procesos de control de armas y municiones y, específicamente, la marcha del programa de recolección de armas como miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en materia de políticas de control de armas de fuego.


    INTERCAMBIO DE INFORMACION.
    La Argentina somete anualmente los informes relativos a las Transferencias de Armas Convencionales al Registro de las Naciones Unidas y remite dicha información a la Organización de Estados Americanos.

    La Argentina es co-patrocinadora original de la Resolución AGNU 65/63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas referida a "Información sobre Medidas de Fomento de la Confianza en el campo de las armas convencionales" que establece la creación de una base de datos para la publicación de las medidas implementadas por los Estados Miembros en este campo, lo cual incluye aquellas cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras y se solicita al Secretario General que elabore un informe.

    Cabe destacar que la Argentina, junto con Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenya y Reino Unido viene presentando, desde el año 2006, los sucesivos proyectos de resolución y de la Resolución 64/48 "Hacia un Tratado sobre el Comercio de Armas" a través de los cual establece el proceso tendiente a evaluar la factibilidad de contar con un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que establezca parámetros para regular las transferencias legales de armas convencionales.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4
    El Ministerio de Seguridad se encarga de gestionar los sistemas de información criminal y la producción de conocimiento específico a través de estudios e investigaciones para el desarrollo e implementación de políticas públicas conducentes a la prevención del delito y la violencia, como así también contribuir en el proceso decisorio y la evaluación del desempeño de los componentes y factores que inciden en los fenómenos criminales y la violencia.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 70, 5
    En el plano nacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado la coordinación y trabajo conjunto con las Fuerzas Policiales y de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado , lo que ha permitido incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional. Durante el período 2011, en pos de este objetivo, se han implementado los siguientes operativos:

    ? CENTINELA: Establecido mediante el Decreto 2099/2010, implicó el despliegue de 6.000 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina con vehículos y el sostén logístico necesario, en 27 partidos del Conurbano.

    ? ESCUDO NORTE: Establecido mediante el Decreto Nº 1091/2011, con el objetivo de prevenir y disuadir los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes, a través del incremento de la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las regiones del NEA (Noreste argentino) y NOA (Noroeste argentino) de nuestro país, así como la aprehensión y judicialización de los incursores ilegales. Este Operativo, que implica el despliegue de efectivos y equipamiento de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en articulación con el Operativo Fortín II del Ministerio de Defensa, constituye un ejercicio inédito de coordinación a gran escala entre los Sistemas de Seguridad y de Defensa, cada uno en el ámbito estricto de su competencia.

    ? ÁGUILA: Constituyó el incremento de la seguridad interior, extremando las formas de control vehicular en rutas. Como consecuencia del mismo, se alcanzaron cifras históricas en relación a la incautación de estupefacientes.

    ? CINTURÓN SUR: Establecido mediante el Decreto 864/2011 con el objetivo de optimizar el servicio de seguridad ciudadana, coordinó las acciones de GNA y PNA en zonas específicas del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estableció que la Policía Federal Argentina (PFA) continúe con la actividad administrativa y judicial dentro de las Comisarías, y que la PNA y GNA ejerzan las funciones de policía de seguridad y las tareas de prevención e investigación de los delitos en las zonas asignadas. Implicó el despliegue de 1.250 gendarmes en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano con un refuerzo de 60 motos, 45 patrulleros y 14 camionetas, y 1.250 prefectos en los barrios de La Boca, Barracas y Parque Patricios con un refuerzo de 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros. A su vez, se ha fomentado la elaboración de estudios específicos relacionados con distintas figuras delictuales: homicidios dolosos, delito de trata de personas, robo y hurto automotor, uso ilegal de armas de fuego, piratería del asfalto, criminalidad organizada.

    ? VIGÍA: impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. El plan abarca tres ejes: la frontera NOA, la Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Retiro” y un Parador ubicado en la intersección de las rutas 197 y Panamericana. A los dispositivos de seguridad ya existentes se agregaron, 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escaners de rayos X, canes detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.

    En el ámbito internacional, se ha impulsado una estrategia proactiva para la lucha contra el Delito, estableciendo al MERCOSUR y UNASUR como espacios estratégicos de integración y de proyección prioritaria para el combate transnacional de la criminalidad organizada. De esta forma, se han fomentado diversas iniciativas de articulación en instancias subregionales, regionales y hemisféricas:

    ? COOPERACIÓN MULTILATERAL: en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI), se han promovido acuerdos regionales referentes a seguridad ciudadana, prevención y represión de actividades ilícitas, capacitación policial, lucha contra el terrorismo, organización de operativos conjuntos, etc. en cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional suscripto en 2006 y ratificado por nuestro país en 2010. La Sra. Ministra de Seguridad –Nilda Garré- asumió la Presidencia Pro Témpore de la RMI para el primer semestre 2012, a lo largo del cual se impulsaron importantes acuerdos en materia de prevención del delito de trata a nivel regional, prevención de la violencia en eventos futbolísticos internacionales, promoción de la capacitación de personal civil y policial, desarme de la sociedad civil, entre otros.

    Asimismo, se proyecta a la UNASUR como instancia clave de consulta, cooperación y coordinación de la Seguridad Pública Regional mediante la creación de un “Consejo Sudamericano de Seguridad, Justicia y Lucha contra la Criminalidad Organizada".

    ? PROMOCIÓN DE ACUERDOS E INSTANCIAS DE COOPERACIÓN ANTE FOROS HEMISFÉRICOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS: el Ministerio de Seguridad participa activamente en la Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas/ OEA (MISPA). Se desarrollaron lineamientos estratégicos para la negociación de declaraciones, Acuerdos y Planes de Acción de cara a la MISPA III en Trinidad y Tobago (noviembre 2011), cuyo tema central fue “la gestión policial”. Asimismo, en el ámbito del Plan de Acción Hemisférico/OEA se defendió una concepción de la seguridad ciudadana como política pública ampliamente ligada a los derechos humanos, la participación ciudadana, la coordinación multiagencial, así como la profesionalización y modernización de equipamientos y recursos para efectivizar la lucha contra el delito.

    Asimismo, el Ministerio de Seguridad participa en foros vinculados a la prevención y neutralización del narcotráfico: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe (HONLEA); Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), Reunión de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA, Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE); I Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la UNASUR, Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso indebido y rehabilitación de drogadependientes del Mercosur (RED).
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 72, 5
    Por su parte, en materia de prevención y neutralización de actividades terroristas, a lo largo del 2011 el Ministerio de Seguridad participó activamente en las actividades del Comité Interamericanos contra el Terrorismo (CICTE), enviando especialistas de las Fuerzas de Seguridad y Policiales a los cursos de capacitación organizados por la Institución. Ello complementa a nivel hemisférico la participación Argentina en dos foros de carácter regional vinculados a la prevención y neutralización de actividades terroristas: el Comando Tripartito de la Triple Frontera y el Foro Especializado en Terrorismo (FET) de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR.

    ? COOPERACIÓN BILATERAL: Acentuando el gobierno político de las relaciones internacionales en materia de seguridad, se ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y promover la suscripción de nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Para ello, se han considerado las necesidades operativas y estratégicas de cada una de las Instituciones que integran el Sistema de Seguridad Interior.

    Continuando con lo relativo al problema mundial de las drogas y los delitos conexos , cabe resaltar que, a fines del año 2011, la República Argentina fue elegida para ejercer la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), en función de lo cual el país ofició de sede para la realización de la 50° Reunión Plenaria de dicho organismo.

    Asimismo, la República Argentina mantuvo un importante rol en el proceso de elaboración de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción, ejerciendo la coordinación del capítulo sobre Medidas de Control. Del mismo modo, se participó en los diferentes Grupos de Expertos existentes en el ámbito de la CICAD, que abordan temas específicos como la reducción de la demanda, el desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de drogas por vía marítima y el lavado de activos.

    Por otra parte, el país se desempeñó como Co-coordinador en el Grupo de Contacto para la Revisión del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD, encargado de revisar integralmente el funcionamiento del mecanismo y realizar propuestas para su optimización.

    En forma paralela, nuestro país fue designado, conjuntamente con México, en la coordinación del capítulo de Medidas de Control en el marco de la Reunión Preparatoria del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del MEM.

    Adicionalmente, cabe decir que se logró un óptimo cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la participación del país en el MEM, dentro de las que se incluye el cumplimiento de cinco de las nueve recomendaciones asignadas en la Quinta Ronda de Evaluación, conjuntamente con las tareas de coordinación desarrolladas por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en función de su rol como Entidad Coordinadora Nacional y la participación en el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del mencionado mecanismo.

    Por último, la SEDRONAR participa, junto a otros organismos de la Administración Pública Nacional, de los Grupos de Trabajo 2, 3 y 4 (Reducción de la Oferta, Medidas de Control y Lavado de Activos, respectivamente) al mismo tiempo que ejerce la coordinación del Grupo de Trabajo 1 de Reducción de la Demanda y co-coordina el Grupo 5 de Fortalecimiento Institucional y Armonización Legislativa, en el marco del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas (CSPMD) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).”

    Adicionalmente, válido es destacar que la 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre Drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembro de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).

    Mediante la participación en los diversos mecanismos internacionales abocados a prevenir y neutralizar todos los aspectos del Problema Mundial de las Drogas, el Ministerio de Seguridad ha logrado fortalecer los lazos de cooperación con las autoridades competentes de otros países, tanto los espacios multilaterales como bilaterales. Asimismo, esta tarea se ha visto reflejada en una activa participación en los foros técnico-políticos, contribuyendo al desarrollo de proyectos, iniciativas y resoluciones para afrontar el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

    En el ámbito de la CICAD/OEA, durante el período 2012 el Ministerio de Seguridad de la Nación ha asumido la responsabilidad del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, a través de la Prefectura Naval Argentina, como muestra del firme compromiso en generar espacios de consensos, en la búsqueda de estrategias coordinadas y en el fortalecimiento de la cooperación multilateral en la región. La reunión de este grupo se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires entre los días 16 y 20 de julio. Durante la misma, se logró plasmar el mandato de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas a través de la concreción de documentos – guías elevados a dicho organismo para su consideración.

    También es importante destacar la participación en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas que se celebró en Lima durante los días 25 y 26 de junio de 2012, como parte de la estrategia antes mencionada.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    En el caso de la Argentina, se han analizado los cambios estructurales generados en los últimos años como uno de los factores causales de la revalorización de la Sociedad Civil, modificando la acción colectiva, dando lugar al surgimiento de nuevas modalidades de trabajo y a la constitución de nuevos sujetos sociales que canalizan demandas de los ciudadanos .

    El crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en el país se entiende, en parte, por su acción colectiva agregadora de intereses y, también, por la conformación de una subjetividad que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. De esta manera, las acciones de la Sociedad Civil, en general, tienden a buscar la participación y la identidad local como pilares para el desarrollo de las personas y de las comunidades.

    Cuando se habla del diseño de las políticas y las decisiones públicas, se apunta puntualmente a la creación de procesos y canales que permiten a la sociedad civil acceder individual o colectivamente a ciertas fases de elaboración de las decisiones públicas orientadas a buscar mayores niveles de democratización. Desde esta postura, se intenta encontrar estrategias que favorezcan el fortalecimiento de canales tradicionales de representación y canalización de las demandas.

    Dentro de esta visión están todas las propuestas relacionadas con los nuevos diseños institucionales creados en los últimos años, tales como audiencias públicas, consultas populares, iniciativas populares y revocatorias de mandato, entre otras.

    Los lineamientos centrales apuntan a la generación de mayor transparencia y eficiencia en los sistemas de gestión que se traducen en cuestiones concretas para la Sociedad Civil y los ciudadanos. La transparencia es un elemento central y, cuando se la alcanza, da paso a la confianza y a la legitimidad de los sistemas y organismos ante el ciudadano.

    La estrategia de incorporación de actores de la sociedad en la gestión estatal está íntimamente ligada con la preeminencia que ha ganado el tema de la democratización del Estado en la etapa post dictatorial. En este sentido, el principal argumento que se hace explícito para fundamentar el valor de este tipo de arreglos institucionales, afirma que la participación de representantes de la Sociedad Civil en el entramado de gestión de las políticas estatales contribuye a la ampliación del funcionamiento de la democracia, extendiéndolo más allá de los mecanismos establecidos por las instituciones representativas propias del sistema democrático.

    Los esfuerzos por incidir en las políticas públicas requieren de capacidades institucionales que puedan ser potenciadas a partir de estrategias de formación adecuadas a este tipo de organizaciones y en particular a la especificidad de los contextos políticos en los que actúan. El desarrollo de estas capacidades requiere de marcos de referencia que ubiquen la función de incidencia en políticas y de deliberación pública de las OSC en el contexto de la democracia y de herramientas analíticas para entender los replanteamientos actuales sobre el papel del Estado y la Sociedad Civil en la política social.

    Los esfuerzos por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal, como son el impacto, los efectos, la eficiencia, la eficacia, el desempeño o el presupuesto, también requieren de capacidades institucionales que pueden ser fortalecidas tanto desde el Estado como desde la Sociedad Civil en un ciclo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas.

    El espacio de asociaciones voluntarias y autónomas ha sido siempre amplio y robusto en la Argentina. Esa amplitud y robustez derivan, en gran parte, de la voluntad de las elites estatales y de la eficacia de sus estrategias de construcción. El crecimiento reciente de este espacio puede asociarse con la democratización, la redefinición del rol económico del Estado, el crecimiento en la cantidad y complejidad de los temas que se constituyen como objeto de las políticas.

    La proliferación de experiencias de participación en la gestión pública ha estado, mayormente, enmarcada en procesos de desarrollo local o de implementación descentralizada de políticas sociales. Es decir, este tipo de mecanismos cobran especial relevancia en escenarios locales de gestión, donde la relación entre el Estado y los actores de la Sociedad Civil es más cercana.

    La participación de la Sociedad Civil en cuestiones de políticas públicas adquiere nuevas formas: pasa de mecanismos más tradicionales de oposición al desempeño de otros papeles, ya sea en el diseño conjunto de políticas con el Estado o la implementación directa de una ley ya no en un nivel propiamente operativo.

    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

    “24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.

    “51. Ratificamos el compromiso para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional de conformidad con el derecho internacional. En tal sentido, propiciamos la adopción de respuestas estratégicas, dinámicas y holísticas para combatir la delincuencia organizada transnacional. En este marco, impulsamos la articulación y una mayor coordinación de los esfuerzos operativos y de cooperación encaminados a promover el fortalecimiento institucional relacionado con la prevención, investigación y persecución criminal contra la delincuencia organizada transnacional. Consideramos asimismo, la aplicación de mejores prácticas y explorar nuevas formas y enfoques para luchar contra este flagelo”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    POLITICAS DE ARTICULACION ESTADO - SOCIEDAD CIVIL

    • Presidencia de la Nación

    Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

    El Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS) es un espacio multiactoral que reúne a organizaciones representativas de la comunidad ciudadana y a miembros del Estado, para analizar y recomendar políticas sociales con el objetivo de lograr inclusión social.

    Creado mediante el Decreto 15/2005 y reglamentado por la Resolución 408/2006, las funciones previstas para el CCNPS incluyen la recomendación y seguimiento de planes y programas sociales nacionales y el fortalecimiento de Consejos Consultivos (CCs).

    Los CCs son espacios en los que Sociedad Civil y el Gobierno dialogan y llegan a acuerdos sobre cómo mejorar las políticas sociales. El decreto que fundó el Consejo planteaba que “(…) fuera un espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil, para proporcionar e impulsar propuestas que atiendan a mejorar y facilitar la articulación territorial de planes sociales”.

    Integrado por representantes gubernamentales, empresariales, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales y de instituciones confesionales, el CCNPS se reúne semanalmente en Plenario y periódicamente emite informes de sus acuerdos para el Poder Ejecutivo Nacional. En ellos se resumen las sugerencias para la mejora de planes y programas y recomendaciones para la integración y el fortalecimiento de los CCs.

    Por otra parte, el CCNPS brinda asistencia técnica a CCs locales y gestiona sus reclamos, denuncias y consultas, además de recibir consultas de beneficiarios y organizaciones sociales respecto de la gestión y alternativas de los programas.

    Su autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuyo presidente honorario es la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Dra. Alicia Kirchner. Cuenta con el apoyo económico y logístico de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de la asistencia permanente de una Secretaría para la gestión y seguimiento de sus acuerdos.

    Se aspira a que todo ciudadano, todo habitante, tenga la capacidad de sostenimiento económico de la familia, la posibilidad de acceso a la educación y a la salud y el acceso a los servicios colectivos vinculados con el hábitat. El fin último es lograr que toda la población que esté bajo el nivel de la línea de pobreza acceda a los distintos recursos que tienen el Estado y la Sociedad Civil para superar su situación.

    El trabajo del CCNPS ha permitido que este organismo logre incidir positivamente en las políticas sociales del Estado. Esas nuevas políticas, impulsadas desde el Gobierno Nacional, responden en tiempo y forma a muchas de las recomendaciones realizadas por el CCNPS. En ese sentido, los analistas encuentran dos tipos de efectos, unos vinculados con cuestiones de enfoque y otros con cuestiones prácticas.

    Respecto del enfoque, la fundamentación de las reformas a las políticas sociales menciona directamente la cuestión de género, la asistencia a desempleados estructurales y el derecho de inclusión en su sentido más amplio.

    En cuanto a la repercusión en las prácticas, ésta se manifiesta en la idea de reformular las políticas sin discontinuar los beneficios, el incentivo al trabajo y el premio a la voluntad del trabajo, el incentivo a que todos puedan acceder realmente a una educación obligatoria completa, las políticas de intermediación laboral y el fortalecimiento de las oficinas de empleo, la cuestión de género en el Plan Familias y la cobertura social al trabajador, presente en el nuevo Seguro de Empleo y Capacitación.


    • Ministerio de Educación
    Programa Nacional Primeros Años
    Para dar inicio a este Programa en 2005 se firmó un convenio de colaboración con los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
    Asimismo, se formó un equipo de trabajo con profesionales de cada uno de los ministerios con el fin de construir espacios comunes de acción.
    Tras la adhesión de los gobiernos provinciales, el Programa se desarrolla en 22 jurisdicciones. En cada una se conformaron espacios interministeriales mediante la firma de acuerdos entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de cada provincia, que cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios capacitados por “Primeros Años” para el abordaje integral del desarrollo infantil y el apoyo al trabajo comunitario.
    La Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática que lleva adelante la implementación del Programa está integrada por áreas específicas de los tres ministerios nacionales mencionados: la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud; la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Ministerio de Educación.
    También se han conformado mesas intersectoriales locales en diversos barrios de 47 localidades urbanas y rurales, en zonas de alta vulnerabilidad social. Están integradas por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecen 3600 facilitadores, capacitados en una concepción integral del desarrollo infantil, que acompañan a las familias en el fortalecimiento de las prácticas de crianza y promueven el intercambio de experiencias cotidianas y el establecimiento de vínculos.
    Desde 2008, a las acciones que desarrolla el Programa, se incorpora el trabajo en las localidades seleccionadas por el Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí en el lugar”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    Gestión de Políticas Sociales y Participación de la Sociedad Civil

    El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, ha generado políticas públicas en relación a tres ejes estratégicos que promueven el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada. El primero de estos ejes es el fomento de una política social de tipo socio productiva que identifique el potencial económico, social, cultural y humano de cada localidad.

    El segundo es la generación de condiciones que permitan inclusión e integración social de las familias y el tercero, el fortalecimiento de los espacios multi actorales con el propósito de institucionalizar ámbitos de consenso y acuerdos entre los diferentes actores públicos y privados. En correspondencia con estos ejes, la Secretaría desarrolla tres planes nacionales. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”. Esta política apunta a identificar y fortalecer iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado prioritariamente a personas en condición de vulnerabilidad social. Brinda asistencia técnica para la formulación o fortalecimiento de emprendimientos productivos, financiamiento (subsidios, créditos y microcréditos en concomitancia con las características de los proyectos) y capacitación para el proceso productivo. Se impulsa la asociación entre el desarrollo local y la economía social. El desarrollo local es entendido como un ámbito de interlocución que, por cercanía y conocimiento, es óptimo para el desarrollo económico. La economía social, por su parte, se refiere a un sector con alto potencial asociativo caracterizado por su variedad de experiencias, como las cooperativas y mutuales, los emprendimientos productivos familiares, las empresas recuperadas por los trabajadores, las ferias sociales y los diferentes clubes de trueque en los que el trabajo, la solidaridad y la sustentabilidad son los ejes básicos de su acción colectiva. La posibilidad de que ese desarrollo local vaya de la mano de la economía social plantea una estrategia de crecimiento sólido y sostenido.

    El segundo plan nacional es el de seguridad alimentaria, conocido como “El hambre más urgente”. Este Plan se implementa a partir de una articulación entre provincias y municipios los que, a partir de transferencias recibidas de la Nación y en el marco de una planificación consensuada que contempla las características y capacidades propias de cada territorio, brinda asistencia alimentaria directa a todas las personas que la necesiten, garantizando la cobertura nutricional y calórica correspondiente para cada edad. Este plan también prevé la promoción de una alimentación autosustentable. A partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productivas se busca fomentar producción de alimentos frescos y la elaboración de productos alimenticios para el consumo comunitario.

    “Familias” es el tercer plan nacional desarrollado. Esta política pública considera central fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones. Esto implica promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y oportunidades entre género y generación de sus miembros. La familia y cada uno de sus integrantes con sus respectivos derechos y responsabilidades, deben propender a la equidad, la cooperación, la participación responsable, el desarrollo del asociacionismo y las redes comunitarias.

    En este sentido, el Plan “Familias” se orienta a impulsar acciones a partir del desarrollo humano y de las propias capacidades de los beneficiarios de programas sociales. Para ello, brinda apoyo económico a las familias en condición de vulnerabilidad social y desarrolla mecanismos que promuevan la asistencia escolar y el cuidado de la salud de sus niños. Esta política social contempla, entre sus propósitos, la satisfacción de sus necesidades básicas y de un ingreso familiar que les permita ser protagonistas de su desarrollo.

    Entre los logros que estos planes nacionales aportaron, se puede mencionar el haber consolidado una línea de trabajo con los Consejos Consultivos, espacios nacionales, provinciales y locales en los que conviven la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, las OSCs y el municipio o el actor público en cada nivel. Esos espacios definen líneas de trabajo de políticas sociales propuestas muchas veces por la Sociedad Civil. El Estado nacional las acompaña o las ayuda a poner en marcha.

    Un segundo éxito que dejaron estas políticas sociales de interacción fue el respeto mostrado por los funcionarios hacia la misión, visión, lógica, tiempos y objetivos de las OSCs.

    El tercer logro fue iniciar un proceso de descentralización sin conflicto. Esta transferencia de recursos a municipios y a OSCs no se realiza con la idea de tercerizar los problemas sino como un mecanismo para que las instituciones locales propongan su definición y los recursos para ponerlo en marcha. Un ejemplo de esto es el Plan Manos a la Obra.

    Hasta 2006, la mecánica de ese plan era centralizar toda evaluación de cada proyecto productivo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, luego de decidido, se llevaba al distrito en cuestión. La mecánica actual es diferente. Cada OSC o municipio presenta las líneas generales de un proyecto institucional, el Ministerio transfiere los fondos y ellos mismos evalúan, analizan y ponen en marcha los proyectos que consideran necesarios.

    El Ministerio se limita a pedir que pongan en marcha un proyecto institucional para el que luego se le transfieren los recursos.

    Centros Integradores Comunitarios (CIC)

    Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

    Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

    Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local desde donde dichos actores impulsan y desarrollan, de manera conjunta, las siguientes acciones:

    • Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud (prevención, promoción y asistencia sociosanitaria).
    • Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.
    • Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red.
    • Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular.

    Los CIC, ubicados en las zonas más vulnerables del país, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico común de escala municipal.

    Con el objetivo de generar nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, se incorporaron a los CIC instalaciones especialmente destinadas a estos fines, que se encuentran en funcionamiento.


    • Ministerio de Salud

    Municipios y Comunidades Saludables

    El Ministerio de Salud estimula fuertemente la participación de las OSCs a través de su Comisión Nacional Coordinadora. La Comisión actúa como oficina de enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y los programas de salud ministeriales. Las OSCs pueden analizar los programas que ofrece el Ministerio y elegir el que les interese. A partir de ese momento se inicia un trabajo en equipo con ellos, y se los capacita y forma para que luego sean multiplicadores de esos programas en los lugares donde se desarrolla su actividad.

    La Comisión Nacional Coordinadora también está participando en el MERCOSUR, coordinando el Observatorio de Participación Ciudadana en Salud, donde todos los países tienen un representante político y uno académico, y son financiados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto permite proveer de información a los funcionarios para que lleven medidas productivas a la comunidad.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    • Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

    Subsecretaria de la Gestión Pública

    Los programas vinculados con este tema que desarrolla la Subsecretaría son varios.

    En primer lugar, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, el cual tiene cinco ejes. El fortalecimiento de la transparencia es el primero, facilita el acceso de los ciudadanos a los actos de gobierno y a la información pública. Brindar un mejor servicio al ciudadano unificando, simplificando y transparentando la vinculación de los ciudadanos con el Estado mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Mejorar la gestión pública brindando mayor calidad en los procedimientos y sistemas de información de cada organismo de modo que redunde en una verdadera articulación entre ellos. Reducir los costos de gestión a partir de la utilización de todas las potencialidades de estas tecnologías, simplificando procedimientos y optimizando la gestión. El quinto eje es lograr una mayor participación de los ciudadanos y la sociedad civil generando espacios de intercambio de información entre el Estado y los ciudadanos.

    En segundo lugar, el Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano. Se trata de un programa por el cual los organismos acuerdan y consensúan con los usuarios y ciudadanos determinadas mejoras de gestión, y garantizan el cumplimiento de derechos. El programa permite que se definan estándares de gestión entre cada organismo y sus usuarios, buscando la constante innovación que incremente la calidad de la gestión. Hoy existen más de 60 cartas firmadas y más de 1600 estándares definidos. Las evaluaciones que se realizan muestran significativas mejoras en el desempeño de esos organismos y en la satisfacción de los ciudadanos que utilizan sus servicios.

    Este programa representa también un avance muy importante en el esfuerzo general hacia la construcción de un nuevo modelo de gestión pública. Poco a poco, con nuevas herramientas, se deja atrás un modelo de gestión pública fuertemente vinculado al cumplimiento de normas, procedimientos y rutinas. Se va reemplazando progresivamente por un nuevo modelo de gestión que tiene como objetivo central el logro de resultados claros, objetivos y medibles, básicamente los que necesita y reclama la ciudadanía.

    Otro Programa que apunta a renovar el vínculo entre el ciudadano y la Sociedad Civil con el Estado es el de Guía de Trámites. Su objetivo es acercar la Administración Pública a la gente. Para ello, un sitio web brinda información clara y sencilla acerca de los servicios que presta el Estado, posibilitando de esta forma la transparencia de las acciones de gobierno y la reducción del tiempo que le demanda al ciudadano informarse sobre los requisitos del trámite que necesita gestionar.


    • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

    Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil

    El Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil es una iniciativa que se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la Cancillería Argentina. Se trata de un espacio en el que se ven fortalecidos los mecanismos de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en Foros regionales e internacionales y en las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a través de instancias interactivas y disponibilidad de información, promoción del intercambio de experiencias y mejores prácticas y puente entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y los organismos del Estado.
    Uno de sus principales objetivos es aumentar la incidencia de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
    Para ello se favorece la promoción de espacios de encuentro en áreas temáticas específicas, entre gobiernos y sociedad civil, en función de propiciar el conocimiento mutuo, la eventual coordinación de acciones, creación de coaliciones, agendas políticas, así como otro tipo de iniciativas de intercambio que viabilicen el trabajo concertado.

    El Proyecto promueve la amplia participación e incidencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados en el diálogo oficial con las organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos encuentros nacionales, regionales e internacionales.
    Mantiene un registro de OSC extranjeras e internacionales que no trabajan en Argentina, pero hacen conocer su interés en vincularse con OSC argentinas o de trabajar en el país.

    A su vez fomenta la creación de espacios de participación ciudadana en UNASUR y CELAC, en conjunto con la Representación Especial para la Integración y la Participación Social (REIPS).

    Se impulsa la articulación de los espacios de participación ya existentes en los diferentes encuentros regionales e internacionales para lograr mayor sinergia entre los representantes de las organizaciones y redes. Dichas redes son interlocutoras de amplia representatividad ya que nuclean a un número significativo de Organizaciones Sociales.

    Desde el comienzo de 2004 la actividad principal del grupo de trabajo estuvo centrada en el fomento a la participación ciudadana en los distintos encuentros regionales y ante organismos internacionales. Entre ellos se destacan las Cumbres de las Américas, Asambleas Generales, Conferencias de las Naciones Unidas (ECOSOC), Foro Social Mundial, Foro Social de las Américas, Foro de Sao Paulo, COPPPAL, Cumbres Iberoamericanas, Cumbres de la UNASUR y, en conjunto con la REIPS, las Cumbres del MERCOSUR, entre otros.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL

    La REIPS busca acercar a la sociedad civil a toda aquella información de su interés respecto a la política exterior y procesos de integración en MERCOSUR.

    Las reuniones plenarias del CCSC se organizan en la Cancillería Argentina y cuentan con la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto. Hoy por hoy, se siguen sumando nuevas comisiones que trabajan de manera descentralizada y las cuales muchas veces son invitadas a participar de reuniones de algunos de los órganos del MERCOSUR.

    Como puede observarse, los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana suponen un abordaje multiagencial y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y áreas operativas del Estado. Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha dado lugar a un planeamiento participativo y de gestión asociada Estado-Comunidad que hace de la necesidad de reducción de la violencia -condición básica para la integración y la construcción de ciudadanía-, el eje central de la intervención multiagencial del Estado. Tratándose ésta de una perspectiva que, además de responder a una inequívoca decisión política de inclusión de los sectores más postergados, responde a los estándares fijados por la doctrina internacional, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
    En Materia de Capacitación y Formación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, los lineamientos más importantes han sido:
    • Optimización de la formación de los recursos humanos de la organización conforme doctrinas, técnicas y prácticas profesionales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
    • Desarrollo de iniciativas de formación y difusión en materia de Derechos Humanos (DDHH) para integrantes de las Fuerzas policiales y de Seguridad (FFPPySS).
    • Fortalecimiento de la inserción profesional de la mujer en la Institución.
    • Reformulación de los planes y adecuación de la formación del personal que ingresa de las cuatro Fuerzas Federales. Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Educación para fortalecer el proceso de rediseño curricular.
    • Intervención y rediseño de los órganos de gobierno de los institutos universitarios de las FFPPySS, respondiendo a las directivas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Destacándose el proceso de reordenamiento del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), con la designación de nuevas autoridades y un nuevo estatuto.
    • Cooperación con 12 instituciones provinciales de formación policial, en el marco del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
    • Modificación de los nombres de las tres escuelas de formación de la Policía Federal Argentina (PFA), contribuyendo a que estos espacios proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
    • Reforma de los aspectos formativos de los grupos tácticos operativos a fin de asegurar estándares de profesionalismo y protección de los derechos humanos de sus integrantes.
    • Dictado de capacitaciones vinculadas a mediadores en manifestaciones públicas y protestas sociales.
    Asimismo, en materia de género y derechos humanos, se ha impulsado -entre otros- los siguientes cursos de capacitación y proyectos:
    • Capacitación de personal de las Fuerzas Policiales en el marco de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
    • Capacitación de personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval sobre “El Tratamiento de los casos de violencia”, dictada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
    • Curso Virtual “Introducción a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las Fuerzas de Seguridad”, organizado por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. El curso se repite a lo largo de todo el año y está dirigido todos/as los/as jefes y subjefes de áreas estratégicas, o aquel personal que por la índole de sus funciones precise tener dichos conocimientos y todo el personal de las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad que deseen cursarlo voluntariamente.

    Proyectos e iniciativas:

    • Vigilancia de Derechos y garantías: Canal de denuncias sobre irregularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que resguarde al denunciante de sanciones disciplinarias (Resolución N° 1019/11). Sistematización y recepción de denuncias y demandas de las víctimas u organismos que representan a las víctimas.

    • Resguardo de los Derechos de la Infancia: Relevamiento de las agrupaciones de Gendarmería Infantil que se encuentran funcionando en el país (74 agrupaciones de Gendarmería Infantil con asiento en 17 provincias, con 8600 niñas, niños y adolescentes participantes). Acuerdo con la Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de una agenda en materia de jóvenes y seguridad.

    • Respeto a la Identidad de Género: Regulación del trato y registro de personas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Resolución N° 1181/11). Adecuación de las normas de detención de personas de acuerdo a la identidad de género adoptada o autopercibida (Resolución N° 1181/11).

    • Derechos Humanos del personal:
    - Eliminación de la necesidad de autorización para contraer matrimonio (Resolución N° 548/11).
    - Prohibición de consultas sobre creencias religiosas: (Resolución Ministerial N°59/2012) instruye a los Jefes de las cuatro Fuerzas dependientes del Ministerio a revisar la normativa, reglamentación y criterios de ingreso vigentes a fin de dejar sin efecto las regulaciones que exigen declaraciones respecto de la religión del personal y/o quienes aspiren a integrar dichas instituciones. Las Instituciones Policiales ya han adecuado su normativa al respecto.
    - Adecuación de las pautas de organización de exámenes de ingreso y ascenso respetuosas de la dignidad de las personas (Resolución 131/2012) instruye a las Fuerzas a adecuar la normativa, criterios de ingreso y formularios vigentes en su ámbito interno a fin de establecer las pautas generales para la organización y realización de los exámenes médicos de aptitud psicofísica que se efectúen al personal y/o quienes aspiren a integrar dichas Instituciones. Entre los criterios establecidos en la Resolución se encuentra la prohibición de consultar sobre convicciones políticas, ideológicas, filosóficas y/o morales; la duración máxima de los exámenes a fin evitar esperas y ayunos prolongados, etc.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    En lo que refiere al compromiso de proteger a todas las personas, especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica, de prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil , y de eliminar el trabajo forzado -presente también en el párrafo 18 de la Declaración de Puerto España-, se informa que, en julio de 2011, la Argentina tomó una medida sin precedentes al dictar la Presidenta de la Nación el Decreto N° 935/11 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

    El Decreto N° 936/11 reglamenta las leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N° 26.485 de Protección Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Permite, a su vez, dar cumplimiento a compromisos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC), especialmente su Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este sentido, debe destacarse que en octubre de 2011, el Grupo de trabajo sobre la trata de personas que realiza el seguimiento de la CTOC, recomendó a sus 193 Estados Partes la adopción de medidas de prohibición de publicaciones que promuevan la explotación, siguiendo el modelo de la política Argentina .

    El Decreto N° 936/11 apunta, en primer lugar, a poner fin a las publicaciones que, por cualquier medio, puedan alentar o derivar en la captación de mujeres, niños, niñas y adolescentes para la trata de personas y la explotación sexual. En miras a ello, no sólo impide publicar anuncios que promuevan la oferta de sexo o que, de manera explícita e implícita, soliciten mujeres destinadas al comercio sexual, también prohíbe aquellos avisos que escondan esos propósitos aún cuando hagan referencia a actividades lícitas (Artículo 1°). De esta manera, el decreto profundiza el abordaje preventivo en materia de trata de personas que la Argentina promueve hace ya algunos años, dando visibilidad a la oferta sexual, pero también –y fundamentalmente- a la demanda, tanto aquella que generan las organizaciones delictivas que lucran con la explotación sexual ajena como la demanda social más amplia que la sostiene, la de los denominados ‘clientes’.

    En segundo lugar, merece destacarse la dimensión simbólica de esta medida que, en esencia, busca promover un cambio cultural. Un cambio paulatino, dirigido a eliminar los mensajes estereotipados que sostienen la desigualdad de género, discriminando y colocando las mujeres, niñas y adolescentes en una posición de subordinación. Para ello se crea un organismo específico, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (Artículo 2°), con competencias definidas (Artículo 3°) y procedimientos detalladamente pautados (Artículo 4°). De este modo, se genera un dispositivo concreto a los fines de monitorear aquellas publicaciones por medio de las cuales se tiende a naturalizar la feminización de determinadas actividades y/o situaciones y a invisibilizar la violencia que éstas encierran.

    Un último aspecto a resaltar se relaciona con los medios masivos de comunicación y el rol que éstos desempeñan a través de sus publicaciones. Pese a que la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes son temas frecuentemente abordados por los medios de comunicación en sus editoriales, secciones policiales y de sociedad, persisten publicaciones en las secciones comerciales que vehiculizan estos delitos. Al prohibir estas publicaciones, el Decreto N° 936/11 combate la participación y/o complicidad de los medios de comunicación en la configuración de los delitos de trata de personas y de explotación sexual.

    Para llevar adelante su tarea, la Oficina trabaja articuladamente con el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Otros organismos como el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación también contribuyen en la implementación del Decreto N° 936/11.

    Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en 2011:

    En los primeros seis meses de su puesta en funcionamiento, la Oficina monitoreó 74 medios gráficos nacionales, provinciales y locales, incluyendo revistas de distribución masiva. El 65% de los medios relevados se ajustaba a la nueva normativa, ya sea porque dejó de publicar los avisos vedados luego de la sanción del decreto y de las actuaciones de la Oficina, o bien porque no publicaba avisos de este tipo, por criterios de autorregulación.

    Entre julio y diciembre de 2011 se llevaron adelante 15 intimaciones a 13 medios gráficos. A partir de las mismas, 10 diarios dejaron de publicar los avisos prohibidos por los cuales fueron intimados, mientras que en otros casos fue necesario llegar a dictar sanciones, registrándose 4 apercibimientos en 2011.

    En esa primera etapa, se contabilizaron 123.713 anuncios en presunta infracción. El 76% de ese total de avisos fue publicado por solo 5 grandes diarios.

    Objetivos de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual para 2012:

    - Sostener los esfuerzos orientados al cumplimiento del Decreto 936/11 por parte de los medios de prensa gráfica, incrementando la cantidad de medios monitoreados y los niveles de acatamiento a la medida
    - Diseñar un procedimiento administrativo complementario para la erradicación de la difusión de avisos de oferta de comercio sexual en Internet y ponerlo en funcionamiento.
    - Relevar y sistematizar la información de los volantes de la vía pública que promueven la oferta de comercio sexual.
    - Promover investigaciones criminales de aquellos avisos sospechados de promover la trata con fines de explotación sexual y/o el proxenetismo
    - Alentar la cooperación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco de causas y/o investigaciones preliminares relacionadas con delitos de: trata de personas con fines de explotación sexual; promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución; y/u otros delitos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    Políticas públicas contra la Trata de Personas

    La gestión políticas públicas vinculadas a la lucha contra la trata de personas han tenido un desarrollo prioritario desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010.
    En el año 2011, las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales bajo la conducción de dicho Ministerio, lograron rescatar un total de 938 víctimas del delito de trata de personas, de las cuales 215 eran víctimas de trata con fines del explotación sexual, mientras que 723 de trata con fines de explotación laboral. Asimismo, se produjo un notorio avance en la extensión y eficacia de las acciones conducentes a la reducción de este delito. Así, en el año 2011, se logró superar ampliamente el número de víctimas rescatadas en años anteriores. Para ser más precisos, el rescate de víctimas (de trata y delitos conexos) se vio incrementado en un 187% en relación a la performance del año 2010 (en otras palabras, mientras que en el 2010 se logró rescatar a 569 víctimas, en el 2011 liberamos más de 1500 víctimas). También aumentó la cantidad de allanamientos y personas detenidas por este delito. Las Fuerzas efectuaron un total de 540 allanamientos por trata de personas, lo que implicó un aumento del 44% en relación a los operativos efectuados durante el año 2010 y detuvieron a 340 personas, es decir un 14% más que en el año 2010.
    Asumiendo las responsabilidades del combate al crimen organizado como una problemática compleja que no sólo involucra y requiere la investigación de los delitos cometidos, sino también formular y evaluar prácticas y políticas eficaces para prevenir, reprimir y sancionar este tipo de delincuencia, la Argentina ha impulsado y desarrollado como política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.

    Nuestro país suscribió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena en 1949. Reforzando este compromiso -en el año en 2008- luego de aprobar –como ya se mencionó- la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), promulgó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

    El delito de la trata representa un atentado contra la libertad, la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos: vulnera el derecho a la salud, a la educación y a la identidad, entre otros derechos fundamentales. Es la esclavitud del siglo XXI.

    El combate al crimen organizado y los delitos complejos, como lo es la trata de personas, exigen el fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender las particularidades y especificidades inherentes a cada uno de los fenómenos criminales.

    Con ese fin, desde su creación, en diciembre de 2010, el Ministerio de Seguridad ha encarado una multiplicidad de iniciativas tendientes a brindar una respuesta integral contra esta problemática a través de las siguientes líneas maestras de actuación:

    ? “MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”, Resolución MS N° 171/12: A comienzos del año 2011, en el ámbito del Ministerio, se puso en marcha un espacio interno de trabajo en la materia, con el fin de impulsar, desarrollar, implementar y coordinar las políticas y programas que se adoptan en relación a esta problemática.

    ? ACCIONES DE COOPERACIÓN: Partiendo de la premisa que las redes de crimen organizado constituyen, en muchos casos, verdaderas empresas transnacionales que operan allende las fronteras, hemos celebrado Acuerdos con países de la región, entre otros, con los Estados de Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, entre otros. En el ámbito del MERCOSUR, a través de las Reuniones de Ministros del Interior (RMI), hemos ratificado el compromiso del Estado Argentino en la lucha contra este flagelo, estableciéndolo como un tema de agenda prioritario. En dicho marco, presentamos la “Guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” que fue aprobada por los países de la región en junio de 2012 durante la Presidencia Pro Témpore del bloque. Finalmente, merece destacarse que de manera conjunta con la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil se elaboró un proyecto para el desarrollo y la implementación de un sistema integrado de información sobre la problemática de trata de personas a nivel regional, que cuenta con el apoyo económico internacional de la Unión Europea, a través del programa MIEUX-ICMPD.

    ? TRABAJO MULTIAGENCIAL: Entendiendo que el trabajo mancomunado es un requisito indispensable para el éxito de toda estrategia destinada a prevenir y combatir la trata de personas, hemos celebrado diversos convenios de cooperación y colaboración con las agencias gubernamentales que tienen intervención activa en el abordaje de esta problemática, tanto a nivel nacional como federal. Entre ellos: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dirección Nacional de Migraciones; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, se han iniciado tratativas para celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Desarrollo Social.

    ? ACCIONES DE COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO: Se colaboró y asistió de forma técnica en la redacción y elaboración del proyecto de ley para modificar la normativa de trata de personas vigente en nuestro país. Se mantuvo un encuentro con Diputados Nacionales de distintas fuerzas políticas, donde se informaron las acciones y políticas emprendidas por el Gobierno Nacional en materia de lucha con la criminalidad organizada y en particular el delito de trata de personas.

    ? ACCIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL FEDERAL: En el marco del Consejo de Seguridad Interior, se ha promovido la suscripción una serie de Protocolos y Acuerdos de Cooperación en la materia de Seguridad. En relación a la trata podemos mencionar el “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas”. Dada la importancia de la medida adoptada, el protocolo ha sido ratificado por la mayoría de las provincias de nuestro país, para extender su vigencia también a las policías provinciales. Asimismo, actualmente se están desarrollando las gestiones necesarias para que las provincias puedan incorporarse al Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (“SisTrata”, creado por Resolución MS N° 848/2011).

    ? DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS: Para combatir de manera eficaz este flagelo, todas las acciones que emprendan las Fuerzas de Seguridad y Policiales deben enmarcarse en una estrategia integral que garantice la profesionalidad, la previsibilidad y el control civil. Sobre la base de estos pilares, el Ministerio de Seguridad dictó una serie de protocolos y guías de actuación para las Fuerzas de Seguridad y Policiales:

    - El “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas” (Resolución MS N° 742/2011), el cual tiene por objeto regular la actuación de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en el marco de los procedimientos en los que intervengan con el fin de rescatar a víctimas de este delito.
    - La “Guía orientativa para la toma de denuncias en comisarías de la Policía Federal Argentina ante la posible comisión del delito de Trata de Personas”, el cual permite brindar al personal que cumple funciones en las comisarías de la Policía Federal una herramienta práctica para la detección temprana de posibles casos de trata de personas a la hora de recibir una denuncia de una posible víctima, familiares y/o testigos.
    - El “Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” -elaborado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones- tiene por finalidad establecer criterios mínimos y pautas de acción comunes, con miras a la prevención del delito de trata de personas, la detección temprana y asistencia a sus posibles víctimas, la identificación de los presuntos tratantes, así como el registro estandarizado de la información sobre esta problemática.
    - Por último, se está trabajando en un “Protocolo de actuación para la detección de este delito en rutas nacionales” y en un “Protocolo para la recepción de denuncias a través del 0800 del Ministerio de Seguridad”.

    ? PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA TEMÁTICA: En el año 2008 se crearon en la Argentina unidades específicas en el ámbito de cada una de las Fuerzas de Seguridad Federales, a los fines de la prevención e investigación del delito de la trata de personas. Dichas unidades, desde la creación del Ministerio de Seguridad, han ido fortaleciéndose y profesionalizándose permanentemente, bajo la conducción operativa coordinada en base a criterios de política criminal fijados por la autoridad ministerial, para desarrollar una política estructural e integrada de esfuerzos estatales frente a la criminalidad en sus formas más complejas.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    ? ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS CUERPOS POLICIALES Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: El Ministerio de Seguridad ha trabajado en la formación profesional de cuadros especializados en materia de trata de personas. Entre otras, se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación: Formación profesional de las Fuerzas de Seguridad; Formación de formadores de las Fuerzas en materia de género y trata de personas con fines de explotación sexual (curso elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- y la Unidad Fiscal especializada –UFASE-); Módulo específico de trata de personas en los cursos de ascenso de oficiales y suboficiales, así como en la formación inicial policial; Seminarios específicos en la currícula de las escuelas de oficiales y agentes; elaboración de tarjetas de bolsillo con indicadores para la identificación de posibles víctimas de trata, destinados al personal de las Fuerzas; capacitaciones dirigidas al personal de la Policía Federal que cumple tareas en comisarías para la correcta aplicación de la “Guía orientativa para la toma de denuncias ante la posible comisión de un delito de trata de personas". Fueron capacitados más de 800 agentes de la PFA.

    ? PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CRIMINAL: Con el fin de jerarquizar el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en la Argentina sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas, el Ministerio de Seguridad coordinó el trabajo con las unidades específicas en la temática que poseen las Fuerzas de Seguridad y Policiales, con miras a mejorar sus sistemas de relevamiento de información. El resultado, fue la construcción de indicadores sobre este delito y el desarrollo del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, “SisTrata” (creado a través de la Resolución MS N° 848/2011) destinado a consolidar, de manera sistemática y uniforme, la información que resulte de los operativos realizados, así como de toda otra intervención que estas unidades puedan tener en el fenómeno.

    ? CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: Se han diseñado diversas campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre la trata de personas; entre ellas, las que se reseñan a continuación:

    - AFICHES, BANNERS Y FOLLETOS difundiendo la problemática de la trata de personas y el número telefónico gratuito para realizar denuncias del Ministerio de Seguridad, para su distribución en pasos fronterizos y terminales de ómnibus de larga distancia, a fin de alertar a las posibles víctimas que se encuentren en la etapa de captación y traslado. Los folletos elaborados, además, se difundieron en las oficinas de venta de Aerolíneas Argentinas y en la revista de abordo que se reparte en vuelos operados por dicha aerolínea y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
    - SPOTS TELEVISIVOS difundiendo la problemática y los canales de denuncia del Ministerio, durante la televisación de los partidos de la liga profesional de fútbol, como a los pasajeros del transporte público automotor interurbano, mediante su proyección obligatoria en cada servicio de esa índole. Esta campaña se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Transporte.
    - Impresión de la leyenda “Trata de personas es esclavitud. Si sabés algo, denuncialo”, en todos los boletos que se emitan para los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, difundiendo el número gratuito para denuncias del Ministerio de Seguridad, tarea impulsada conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
    - CUADERNILLOS DE DIFUSIÓN “Política de Seguridad contra el Delito de Trata de Personas”, que difunden los canales de denuncia del Ministerio y contienen información respecto a: conceptualización del delito y el marco normativo de la trata de personas; estadísticas sobre los resultados de los procedimientos policiales y la labor llevada a cabo por el Ministerio en materia de trata de personas.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73, 76
    En primera instancia y reafirmando el espíritu del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, cabe resaltar que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina sostiene, tanto en el plano interno como en el internacional, una concepción de seguridad en sentido amplio, que abarca el pleno respeto a los derechos humanos y la aplicación eficaz de la justicia.
    Desde este perspectiva el acceso universal a la justicia, el goce irrestricto de los Derechos Humanos, y la seguridad de los ciudadanos constituyen pilares fundamentales para consolidar la paz, el desarrollo integral y la justicia social de la Nación.
    En tal sentido la Argentina aborda los ejes de justicia, seguridad y derechos humanos de manera articulada, desde un enfoque integral y multidisciplinario, que requiere necesariamente un abordaje multiagencial para hacer frente a las diversas problemáticas. Esta concepción constituye el cimiento sobre el cual se han diseñado y ejecutado las políticas públicas sobre la materia.
    En forma coherente y coordinada con los avances logrados en el ámbito interno, este Ministerio ha trabajado fuertemente para instalar la necesaria vinculación existente entre los temas de justicia y seguridad en los ámbitos subregionales, regionales y universales de los cuales participa activamente.
    Desde la celebración de la V Cumbre de las Américas a la fecha del presente informe, entre las medidas implementadas, que guardan relación con los mandatos emitidos por las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), cabe destacar las siguientes:
    EN EL PLANO INTERNO:
    • Programa integral de seguridad ciudadana. El Programa integral de protección ciudadana lanzado en el 2009, permite financiar con recursos no reintegrables a los municipios, para la incorporación de recursos y tecnología aplicables a la prevención y esclarecimiento de delitos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sumando herramientas tecnológicas, operativas y de coordinación a la seguridad pública. En la actualidad se está en la segunda etapa de implementación de este modelo por el cual se fortalecerá a los gobiernos municipales en su función de colaboradores con los organismos competentes del estado provincial en la protección de la vida, la seguridad y propiedad de los ciudadanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de policía y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II).
    • Profundización del Programa acceso a la justicia para todos. A la fecha se inauguraron diez (10) centros de orientación y asesoramiento jurídico gratuitos para la población. Este servicio permite que los ciudadanos conozcan sus derechos, resuelvan los conflictos en este ámbito; y reciban asesoramiento cuando sea necesario defenderlos ante la justicia. (En línea a las medidas en materia de Participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 13 de la VIII REMJA referida a “acceso a la justicia”)
    • Lanzamiento del Primer Proyecto Federal de investigación criminal a través de los Ministerios Públicos de las 24 provincias argentinas.
    Se firmó un convenio que permitirá, con fondos que aportará el Estado nacional, la creación de cuatro laboratorios forenses dotados con tecnología de última generación. El acuerdo establece que el Gobierno nacional invertirá, en una primera etapa, 15 millones de pesos en la creación de Laboratorios regionales de investigación forense “con el objetivo de brindar a la investigación criminal todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que requiere el proceso penal, propiciando el impacto que contribuya a la eficacia y eficiencia del funcionamiento de los operadores del sistema de persecución criminal; promoviendo el irrestricto respeto al debido proceso legal, consustancial con el Estado de Derecho; incorporando tecnología de última generación en materia de investigación criminal y dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de los recursos técnicos de avanzada que ya se encuentran consensuados a nivel internacional como elementos de alto nivel indiciario y probatorio”.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la Policía de la MISPA II y en línea al punto 3 inciso i del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII).
    • Profundización del Consejo Federal a partir de la aprobación de su Reglamento. Este Consejo tiene entre sus objetivos: Proponer políticas y líneas de acción comunes en el área, que contemplen las problemáticas y particularidades regionales; Promover consensos y desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones; Propender al establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos ágiles, sencillos y económicos; Impulsar la innovación y el adelanto tecnológico en todas las jurisdicciones; Reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial; Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 inciso a del apartado II: Asistencia mutua penal y extradición de la REMJA VIII)
    • Articulación de Nación y Provincia. Las carteras de Estado nacional y provincial en materia de justicia y seguridad, pusieron en funcionamiento las Comisiones de Justicia y Seguridad a fin de coordinar el trabajo entre ambas. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII)
    • Ejecución del Programa Nacional de infraestructura carcelaria. Este Proyecto prevé ampliar un treinta por ciento el total de plazas del Sistema Penitenciario Federal mediante la construcción de cuatro cárceles modelo. El proyecto se basa en las pautas internacionales de operación descentralizada y arquitectura abierta, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales en la materia, los penales alojarán en forma diferenciada y sectorizada a procesados y condenados; menores y adultos; varones y mujeres; madres y condenados en el período de semi-libertad.
    Asimismo, cumplirá con todos los requerimientos de Ley en torno a que se les asegure a los internos contar con oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades.
    En ese orden, los espacios de programas están dimensionados para que los internos puedan estar ocupados por lo menos diez (10) horas al día, en actividades positivas en las que la escuela se plantea como un hito dentro del conjunto.
    La configuración general y el diseño arquitectónico reflejan los criterios penitenciarios actuales vinculados a una mayor apertura, sin que ello signifique poner en riesgo la seguridad de los internos, del personal o del propio establecimiento.
    Así, prevé una decreciente atenuación de las medidas restrictivas, conforme se desarrolla la progresividad del régimen penitenciario, con el objetivo de concretar un entorno que intenta reducir las diferencias entre la vida en prisión y la posterior vida en libertad. Está proyectado para el 2010 ampliar la construcción de estos centros penitenciarios a lo largo del país. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública de la MISPA II y en línea al punto 2 del apartado 6: Políticas penitenciarias y carcelarias de la REMJA VIII)
    • Implementación del Programa Desarme Voluntario, a través del cual fueron sacadas de circulación 107.488 armas de fuego (de las cuales, ya fueron destruidas más de 104 mil) que fueron entregadas por sus propietarios, además de 774.500 municiones. (En línea a las medidas en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
    • Firma de un entendimiento a través del cual los profesionales del Registro de la propiedad de la Capital Federal –dependiente del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos–, los funcionarios del Ministerio Público bonaerense recibirán asistencia para la resolución de “todas aquellas causas en que existan investigaciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y otras infracciones del Código Penal de la Nación vinculadas a los servicios de publicidad registral que tiene asignados por ley el Registro de la Propiedad” (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 69, 70, 76
    En lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere, y específicamente en materia de cooperación internacional en la materia, la Argentina ha suscripto y ratificado la mayoría de los convenios multilaterales que se ocupan del tema tanto de forma general como específica.

    En la tramitación de las rogatorias, ya sea en el marco de los tratados de cooperación, como en el ámbito de la ley interna, se ha incorporado la utilización de las nuevas tecnologías para su diligenciamiento y se incorporado la utilización de sistemas de “correo electrónico seguro”, como lo son el “Groove” (de la OEA) o el de la “IberRed” de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. El uso de dichas herramientas ha sido incorporado en los nuevos convenios de cooperación concluidos o proyectados como forma eficaz de adelantar trámites y agilizar pedidos.

    Se han celebrado nuevos tratados bilaterales de cooperación en donde se condena específicamente el terrorismo y se promueven nuevas formas de cooperación para la facilitación de la asistencia. Un ejemplo reciente y de relevancia, es el del Tratado Asistencia Penal Mutua con la Confederación Suiza, (suscripto el 10 de noviembre de 2009), con trámite parlamentario y próximo a su aprobación legislativa en la Argentina, que prevé entre otras novedades, la de no poder invocar el secreto bancario para denegar la asistencia y en la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías para la cooperación.

    En materia de ciberdelito, la República Argentina ha aprobado la Ley N° 26.388, que modifica el Código penal e incorpora la tipificación de los delitos llamados “informáticos”.

    (Para más información sobre Terrorismo consulte las páginas 104-106 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 72
    La 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 74
    El Programa "Las víctimas contra las violencias” creado bajo Resolución 314/ 2006 el 13 de marzo de 2006 en el Ministerio del Interior, cuenta con tres Brigadas Móviles. Si bien las tres cumplen funciones asistenciales, los operadores durante sus intervenciones aportan información a las victimas para prevenir una nueva agresión (Se excluye de esta estrategia la Brigada Niñas) ya que sus víctimas, menores de edad insisten en afirmar que para ellas la prostitución a la que son sometidas se trata de “un trabajo” y se carece de recursos para intentar una reinserción social.

    En este momento el Programa mediante sus equipos presta colaboración al Programa “Acceso a la Justicia para Todos” desarrollado por el área de Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante reuniones en las áreas denominadas “villeras” dialogando en forma grupal con las adolescentes y mujeres de cada villa.

    El nombre del Programa “Las víctimas contra las violencias” implica intervenir con una filosofía que no solo sostenga a la víctima sino que ésta reclame al Estado por sus derechos vulnerados y solicite la sanción del/ os responsable/s.

    Estimamos que dichos principios constituyen uno de los fundamentos de las distintas formas de prevención posible de las violencias.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
    PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO.

    Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que a continuación se mencionan se encuentran publicadas en las siguientes páginas web: www.infoleg.gov.ar y www.renar.gov.ar. La normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios.

    Dictado Disposición RENAR N° 251/08

    Con la finalidad de ejercer un control eficaz en las operaciones de comercio internacional de armas de fuego, materiales de usos especiales, repuestos y municiones se reglamentó, mediante el dictado de la Disposición RENAR N° 251 de fecha 6 de mayo de 2008, la normativa positiva relativa a la importación comercial, la exportación y el tránsito internacional del material controlado contenidas en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, en el Decreto N° 395/75, y demás normativa de aplicación destacándose que, antes del dictado de la mentada disposición, la materia no se encontraba regulada ordenándose, de esta forma, los procedimientos administrativos relacionados con este tipo de operaciones.

    Cabe destacar que, mediante la sanción de la ley N° 26.138 se aprobó el PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES que complementa la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL que establece que cada Estado Parte dispondrá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

    A tales efectos y mediante el dictado de la mencionada Disposición RENAR N° 251/08, se establecieron los procedimientos que garantizan el cumplimiento de lo normado por la Ley N° 26.138 y se han tomado los recaudos a fin de asegurar que los estados importadores hayan emitido las correspondientes autorizaciones de exportación y los estados de tránsito hayan otorgado los pertinentes permisos para que el material en cuestión transite por sus territorios, como así también, se han regulado los recaudos de la documentación que requieren estas tramitaciones.


    MARCAJE, REGISTRO Y RASTREO DE ARMAS en cumplimiento de lo dispuesto por el "Instrumento Internacional para permitir a los Estados identificar y localizar de forma oportuna y fidedigna armas pequeñas y ligeras ilícitas", conforme fuera adoptada por la Resolución 59/519 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Marcaje.

    Los fabricantes autorizados deben aplicar marcas adecuadas y fiables en cada arma como parte integral del proceso de producción del material producido en el país. En efecto, para el caso de las armas de guerra, además de las marcas de fábrica. Una numeración correlativa (número de serie) por clase de arma, colocadas en las piezas más importantes (cañones, armaduras, correderas, cerrojos almacenes. etc.). Las armas de uso civil llevarán la marca y numeración correlativa en una pieza fundamental de manera que esta última sea visible sin desmontar parte del arma (Decreto 395/75, Anexo 1, artículo 11). En este sentido, las marcas están ubicadas en la superficie exterior, son visibles, sin instrumentos técnicos, claramente reconocibles, legible, duraderas y en la medida de lo técnicamente posible, son también recuperables. Una cuestión de fundamental importancia respecto de la ubicación de las marcas es que las mismas se realizan en los repuestos principales, constituidos por los componentes de soporte sobre los que se ensamblan las demás partes y accesorios de las armas y las piezas estructurales que proporcionan el cierre y bloqueo del mecanismo de disparo y guiado del proyectil, debiendo considerarse tales como: los armazones, las básculas de escopetas, los bloques y sistemas de cierre, los cajones de mecanismos, los cañones, los cerrojos, las correderas, y los tambores, cuya destrucción haría a las armas permanentemente inoperables e impediría su reactivación. La marca incluye la siguiente información: nombre del fabricante, el país de fabricación, el número de serie alfanumérico, el tipo y modelo del armas y su calibre.

    Para el caso de las armas importadas, el mismo Decreto establece que dichas armas deberán tener marca de fábrica y número de serie. En el caso que dicha marca y numeración esté ausente, las armas de guerra se marcarán, en oportunidad de su remisión al RENAR, (Decreto 395/75, artículo 11). Asimismo, la normativa se completa con la disposición de la Administración Nacional de Aduana 3115/94 y sus modificatorias que en base a la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas reglamentarias, en el Anexo III, punto 1.3 establece que todas las armas de fuego que se importen al país deberán llevar la marca de fabrica y numeración y que (...) siempre que la de la inspección visual de las referidas armas no surja que las anteriores marcas y numeraciones han sido hechas desaparecer, en cuyo caso se dará intervención a la autoridad competente - Autoridad Local de Fiscalización (ALF). En la misma forma se procede para las armas de guerra y de uso civil. Por último, el sistema Informático Maria que registra las destinaciones de Importación y Exportación, exige al documentante que declare: marca y modelo, tipo de acción (simple o doble): calibre, sistemas de disparo tiro a tiro, repetición o semiautomática. Para el caso de las armas fabricadas para su exportación, se graba o estampa en ella una marca que permite identificar el país de importación.

    En la legislación argentina, la transferencia de armas de los arsenales estatales al mercado civil no está prevista, siendo dichas armas en desuso destinadas a su destrucción. El método utilizado para la destrucción de las armas es la trituración y posterior fundición, lo cual garantiza que las mismas no sean recicladas para ningún uso. Por su parte, las armas ilícitas encontradas en el territorio son marcadas y registradas en forma única, mantenidas en un lugar seguro y destruidas a la mayor prontitud posible.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73
    • Acceso a la información. El programa -diseñado por el Registro Nacional de Reincidencia- informará acerca de los pedidos de captura y rebeldía que recaen sobre una persona, cualquiera sea la jurisdicción en la que haya delinquido.
    Todos los jueces penales, miembros de las fuerzas de seguridad, policías provinciales, y fiscales debidamente autorizados por el Registro Nacional de Reincidencia podrán acceder a una base de datos específica certificando la existencia o no de procesos penales respecto a un individuo. (En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de la policía, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 8 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII))
    • Articulación con las Universidades. El Consejo Permanente de Decanos de Derecho de Universidades Nacionales anunció que colaborará en los programas estratégicos que se encuentra elaborando el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)
    • Campañas de capacitación y asistencia a los municipios en la implementación de estrategias tendientes a fortalecer las políticas de Estado en materia de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional. Para lo cual se firmó un convenio de cooperación a través del cual la Secretaría de Derechos Humanos y la Federación Argentina de Municipios (FAM) se comprometieron a construir una relación complementaria en áreas de investigación técnica, académica, cultural y de desarrollo, y a favorecer la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de interés mutuo. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)

    EN EL PLANO INTERNACIONAL
    MULTILATERALES
    MERCADO COMÚN DEL SUR Y PAÍSES ASOCIADOS (MERCOSUR):
    • La Argentina pesentó, en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR, en el transcurso del primer semestre del 2010, el documento denominado “Principios y Directrices Básicos del MECOSUR en materia de justicia, seguridad y derechos humanos como ejes necesarios para el avance en la integración regional” que fue negociado y aprobado por los Ministros de ambas carteras en mayo último. El citado documento cuyo contenido responde acabadamente a su titulo, encuadra de lleno en las previsiones del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, y constituye un notable avance en el acercamiento entre las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.
    • También en mayo del 2010, las Reuniones de Ministros del MERCOSUR citadas en el punto anterior aprobaron el Acuerdo sobre Equipos de Investigación Conjunta, el citado acuerdo constituye una herramienta moderna y operativa de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que encuentra su fundamento en la cooperación entre dependencias de los Ministerios de Justicia de los países que componen el MERCOSUR y Estados Asociados y de los Ministerios de Interior de los mismos países.
    • Otro documento presentado por la Argentina en el ámbito de las Reuniones de MERCOSUR arriba citadas, y que merece ser mencionado en el presente informe, es el “Compilado de Instrumentos Internacionales que contienen normas en materia de cooperación: judicial, penal, administrativa y/o policial”. El citado documento que refleja el estado de avance que el MERCOSUR tiene en materia de cooperación judicial, penal, administrativa y policial entre los países del bloque, fue negociado y aprobado en las Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR en mayo del corriente año.
    • Los documentos mencionados en los dos ítems anteriores fueron presentados en el marco de la Conferencia que organizara la Argentina el día 6 de mayo próximo pasado, denominada “Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tres ejes para la integración del MERCOSUR”. En este evento, expusieron el Señor Ministro de Justicia de la República Federativa del Brasil, y el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina. En ambas exposiciones se resaltó la necesaria complementariedad que deben tener las políticas de seguridad con las de justicia, así como el respeto a los Derechos Humanos como eje transversal a las mismas.
    • Asimismo, resulta dable de destacar como resultado de las citadas Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR de mayor del corriente año, la suscripción de la llamada “Declaración de Buenos Aires de trata de personas, con fines de cualquier forma de explotación”. En la citada Declaración los Ministros del bloque coincidieron en la necesidad de presentar en el ámbito de Naciones Unidas, una resolución que reflejando los avances existentes en la región en materia de lucha contra la trata, planteara expresamente la necesidad de visualizar negativamente la figura del llamado cliente o usuario y de reflexionar sobre su eventual sanción. Asimismo remarcara la necesaria protección a las víctimas, haciendo especial hincapié en el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mismas. En tal sentido mandataron al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina y al Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, para que se efectuara en el ámbito de la 19° Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONUDD, la pertinente presentación.
    Se dio cumplimiento a tal mandato, obteniendo como resultado la aprobación de una resolución que responde a los fines buscados.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73
    CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS (COMJIB)
    En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ha trabajado activamente en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB), desarrollando los documentos que serán suscriptos por los Ministros de Justicia Iberoamericanos en el mes de octubre del corriente año. Entre dichos documentos, caben ser señalados por guardar relación con la materia del presente informe:
    • Directrices sobre normas mínimas y comunes para la sanción penal de trata de personas, asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Todas ellas, hacen hincapié en la necesaria cooperación internacional para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada transnacional.
    • Acuerdo sobre uso de video conferencia.
    • Recomendación relativa al acceso a derechos de las personas penalmente privadas de la libertad en Iberoamérica.
    En este punto es dable señalar que en mayo del corriente año se suscribió entre este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos de la Argentina y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, un acuerdo sede por el cual se crea en Buenos Aires, la primera oficina regional de la COMJIB. Esta oficina tendrá entre sus objetivos fundamentales el avance en mecanismos de cooperación entre los Ministerios de Justicia de la región.

    ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
    • En abril del corriente año, en el marco de la VIII REMJA el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con la Secretaría General de la OEA un memorando de entendimiento destinado a integrar la Red Hemisférica de intercambio de información para la asistencia mutua en materia penal y extradición.
    • En el marco de la OEA, específicamente en cumplimiento a los mandatos de la REMJA cabe mencionarse como últimos antecedentes, los siguientes:
    a. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009) San Salvador, El Salvador.
    b. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN CIENCIAS FORENSES (24-25 Septiembre 2009) Sede de la OEA
    c. Participación en el GRUPO DE TRABAJO TRATA DE PERSONAS(Viena, Austria - 21 de abril de 2009) Reunión de Expertos sobre el Marco de Acción para una efectiva implementación del Protocolo de Palermo
    d. Participación de la Reunión de DELITO CIBERNÉTICO (21 y 22 ENERO – 2010) (Doc: CIBER-VI/doc.4/10 rev. 1)
    e. Realización en Buenos Aires, del Primer Taller de entrenamiento sobre la Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias del crimen y operaciones de los sistemas criminales, organizada por la OEA conjuntamente con la ONUDD.

    • Asimismo y como resultado de la Segunda Reunión de Altas Autoridades en materia en trata de personas de la REMJA, realizada en Buenos Aires en el año 2009, en el transcurso de los últimos meses, en el ámbito de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, se ha redactado el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental 2010- 2012. En dicha redacción este Ministerio tuvo una activa participación, promoviendo que en el mismo se reflejasen los avances que sobre el tema usuario o cliente se registraron en la REMJA VIII de febrero de 2010.

    NACIONES UNIDAS (ONU)
    • En mayo del corriente año, el Ministerio de Jusitica, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con el Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (ONUDD) el documento “Compromiso de creación de una oficina de dicha organización internacional en Buenos Aires”, destinada a colaborar y coordinar local y regionalmente acciones de lucha contra la droga y el delito.
    • En abril del corriente año, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos participó del 12° Congreso de prevención del delito y justicia penal de la ONU, pronunciándose en el mismo a favor de los avances en línea de trabajos conjuntos y coordinación de los Estados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, siempre en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos.
    • También resulta dable de destacar, la realización en Buenos Aires, de la Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de expertos de composición abierta “Mejoramiento de la recolección, presentación y análisis de información para aumentar los conocimientos sobre las tendencias en esferas delictivas concretas” de la ONUDD.
    CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHOS INTERNACIONAL PRIVADO
    • Relacionado con avances en medidas de cooperación e intercambio de información resulta dable de señalar, la firma del Memorandum de Entendimiento entre los Ministros de Justicia o equivalentes de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador y la República del Perú, junto a la Conferencia de la Haya de Derechos Internacional Privado, a fin de unificar progresivamente las normas de derecho universal privado, y armonizar la legislación a nivel regional.

    BILATERALES
    En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha avanzado en la negociación y suscripción de instrumentos bilaterales tendientes a la implementación de mecanismos de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional con el Ministerio del Interior de la República de Serbia, y con el Ministerio del Interior de la República de Israel.
    Asimismo se han mantenido conversaciones tendientes a avanzar y/o profundizar mecanismos de cooperación con el Ministerio de Interior de Bolivia, con el Ministerio de Justicia de Chile, con los Ministerios de Justicia de Turquía, Líbano y Marruecos.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    3.2. Registro y Rastreo de las armas.

    Ley 25.938

    Como oportunamente se informara mediante la sanción de la Ley 25.938 se creó un Registro bajo competencia de este Registro Nacional de Armas en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

    En cuanto a la implementación de la ley N° 25.938 el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma, resultando Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Se encuentran en vías de adhesión las provincias de Salta, Córdoba y Entre Ríos.

    El total de armas destruidas, durante el transcurso del año 2009, en el marco de la Ley N° 25.938 fue de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (1884).

    Teniendo en cuenta la normativa vigente con relación a los legítimos usuarios, la regulación de la producción, comercialización interna, exportación, importación, tránsito y destrucción de las armas, así como la reglamentación aplicable para la correcta identificación de las armas, se obtiene un registro adecuado para el correcto y fehaciente rastreo de las armas de fuego. El Estado argentino exige que los registros de armas de fuego en poder de empresas que cesen en su actividad sean entregados al RENAR de conformidad con la legislación vigente.

    El Registro es un Banco Nacional Informatizado de Datos a cargo del RENAR y fue puesto en funcionamiento en el año 1993. El mantenimiento de la información es por tiempo indefinido y centralizado.

    Por su parte, a partir de la adopción de la Ley 25.938 sobre Armas Incautadas, la Argentina cuenta con una herramienta fundamental para poder establecer los posibles desvíos de las armas hacia el mercado ilegal, identificado su último usuario legal.

    Respecto de las disposiciones del instrumento sobre rastreo y marcaje en materia de cooperación y asistencia, se destaca que la Argentina se encuentra en condiciones de prestar asistencia técnica, bilateral y multilateral, previa petición de las autoridades competentes, en el fomento de la capacidad nacional en las áreas de la marcación.

    PENALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS.

    La tipificación del delito de fabricación ilegal, posesión, almacenamiento y comercialización de armas de fuego se encuentra contenido en diferentes medidas legislativas del Código Penal argentino, la Ley 24.492, la Ley 25.882, el Código Aduanero (sección XII, Disposiciones Penales. Título I (Delitos Aduaneros, Capitulo 1: Contrabando).

    La República Argentina da a publicidad a través de Resoluciones Ministeriales – según lo establecido por el Decreto N° 1521/2004 - las medidas obligatorias impuestas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en aplicación del articulo VII de la Carta, incluyendo aquí las disposiciones referidas a embargos de armas. De esta manera quedan definitivamente incorporadas al ordenamiento jurídico interno.


    INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

    Incautación I Decomiso.

    La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción. Su decreto reglamentario 395/75, Articulo 141, dispone "la suspensión provisional de permiso de autorización, la clausura provisional y el secuestro del material en infracción podrán ser resueltos por la autoridad competente cuando dicha medida se funde en razones de seguridad o para evitar la comisión de nuevas infracciones y hasta tanto se dicte resolución definitiva. Se podrá disponer el decomiso y destrucción del material secuestrado, cuando así lo impongan urgentes razones de seguridad".

    La Ley 25.938, adoptada en octubre de 2004, crea el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados, bajo competencia del RENAR. El objetivo de la Ley es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito). Asimismo, faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y por último, establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

    Actualmente, el RENAR está implementando los procedimientos y análisis estadísticos de la información que permitirá identificar los modos de operación, aplicar medidas preventivas y determinar procedimientos para optimizar la investigación de la procedencia de los materiales controlados con los cuales se cometen los ilícitos.

    En cuanto a la implementación de la Ley 25.938, el Registro Nacional de Armas está trabajando activamente a nivel provincial en el relevamiento de las capacidades logísticas de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales para colaborar en la provisión de los espacios físicos necesarios para almacenar las armas, explosivos y materiales controlados provenientes de secuestros.

    Por su parte, el RENAR ha firmado un Convenio con la Procuración General de la Nación por el cual se ha creado la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos cometidos en el ámbito de actuación del RENAR (Resolución PGN N° 01/05). Se espera que con dicha Fiscalía se pueda aumentar la eficacia y eficiencia de las inspecciones, combatir la proliferación ilegal de armas, explosivos y pirotecnia, e investigar delitos relativos al uso o presencia de armas y materiales controlados, permitiendo optimizar la prevención y combate de los delitos cometidos con armas o explosivos.

    Destrucciones de armas.

    Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

    AÑO 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
    ARMAS DESTRUIDAS 916 3650 1376 2626 709 14822 3925 4381 14471 11200 4808 305 20037 32825 51672 167723

    El origen de las armas destruidas es el siguiente:

    - incautadas en procedimientos efectuados por la Policía que carecen de titular reqistral o con su numeración eliminada.

    - entregadas por juzgados una vez finalizados los procedimientos judiciales correspondientes para su destrucción registradas y no registradas, abandonadas por particulares para la destrucción entregadas en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO

    - rezagos (surplus) de origen policial.

    El método de destrucción empleado es la trituración y posterior fundición de armas de acero en el horno de fundición eléctrico y la destrucción de armas de aleación de antimonio mediante la adición de escoria a alta temperatura.

    Para la destrucción de armas excedentes de las Fuerzas de Seguridad, cada una de las instituciones remiten las armas al RENAR, y luego éste organiza la destrucción. Para llevarla a cabo resulta necesario una Resolución Ministerial firmada por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

    PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216

    Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

    El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de, a cambio de un incentivo, propender a la disminución de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización sobre sus riesgos.

    El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico. Este plan de alcance nacional, formó parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada que incluyó medidas de control del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de armas de fuego. El plan tuvo como objetivos: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, la sensibilización acerca de los riesgos de la tendencia y uso de armas, la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tendencia y uso de armas de fuego.

    La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados, el total de armas de fuego recepcionadas conforme la Ley 26.216 fue de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO (107.488) lo cual representa aproximadamente el 8.8 % del total de armas registradas en manos civiles.

    El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. Desde la implementación del PROGRAMA Ley N° 26.216 se han realizado CUATRO (4) destrucciones de armas de fuego, mediante el método de trituración de esas armas y luego el de fundición que transforma el arma en escoria o material de hierro fundido.

    1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
    2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
    3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego
    4ta: 31/10/2009 31.423 armas de fuego

    El total de armas destruidas, Ley N° 26.216, fue de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO (104.534) – DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO (248) armas de fuego no se destruyeron por tener procesos administrativos o judiciales pendientes de resolución.

    El metal de rezago resultante de la fundición del material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue donado a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garraham.

    El día 20 de diciembre de 2006 se sancionó la Ley 26.216 a través de la cual se crea el "Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” y declara la "Emergencia nacional en materia de armas de fuego, explosivos y materiales controlados", el cual ha sido lanzado en junio del año 2007. El Programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas y municiones a cambio de un incentivo en puestos de recepción donde serán inmediatamente inutilizadas para luego ser destruidas (en un plazo no mayor a sesenta días de finalizado el Programa); el Programa ha logrado una masiva adhesión por parte de la población civil, que ha hecho entrega de más de 75.000 armas de fuego - cortas y largas - y mas de medio millón de cartuchos de distintos calibres. El Programa supone una amnistía por la tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra prevista en el Código Penal y se creará un Premio Federal (subsidio a entidades deportivas) a fin de promover la participación de los Municipios en el mencionado programa. Luego de finalizado el programa se prevé contar con un informe final público en el que constará el detalle de los materiales entregados y destruidos. Asimismo, la Ley prevé la realización de campañas de sensibilidad y abandono del uso de armas de fuego de juguete y se espera que la misma adquiera carácter federal.

    COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA

    IV Seminario sobre Armas Pequeñas y Ligeras: Grado de Aplicación del Programa de Acción de NNUU y el Proyecto de un Tratado Internacional de Comercio de Armas, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, los días 16 al 20 de febrero de 2009.

    Reunión de Expertos sobre la Ley Modelo en materia de Armas de Fuego, que tuvo lugar en la ciudad de Viena, Austria, del 3 al 6 de noviembre de 2009.

    Ley Cooperación Penal Internacional: Suministro de asistencia jurídica a otros países para ayudarlos a obtener pruebas y tomar otras medidas necesarias que faciliten los procedimientos pertinentes de las investigaciones y los procesamientos.

    Autoridad central responsable de formular y recibir los pedidos de asistencia jurídica mutua: Por el Decreto 1052/98 el Poder Ejecutivo ha delegado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las facultades previstas en los artículos 22 y 36 de la Ley 24.787.

    A través de esta ley, la Argentina participa en cooperación jurídica, extradición y otras materias relacionadas con la puesta en práctica de la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA).

    COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONGS.

    Red Argentina para el Desarme (RAD):

    Desde hace varios años las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando intensamente en políticas de control de armas y de desarme, por lo que fueron adquiriendo experiencia y capacidad de trabajo en conjunto, para mejorar el control de las armas. En Noviembre de 2004 se formó la Red Argentina para el Desarme (RAD), actualmente conformada por las organizaciones: Espacios (Mendoza), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comuna (Rosario), la Fundación Lebensohn, La Fundación Alfredo Marcenac (Necochea), la Asociación para Políticas Públicas (APP), Fundación Marcenac, Dante Piccioli y otros familiares de víctimas.

    En el 2006 la sociedad civil efectuó una presentación al gobierno solicitando un cambio radical en las políticas de control de armas. Finalmente, el entonces Presidente Néstor Kirchner se reunió con las organizaciones, y comprometió a tomar medidas al respecto. En Agosto de 2006 se anunció el lanzamiento de las “Nuevas Políticas de Control de Armas” que implicaban, entre otras cosas, la realización de un Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la creación de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, del cual la Red es miembro. Finalmente, en Diciembre de ese mismo año el Congreso aprobó la Ley 26.212 conocida como “Ley de Desarme”, en parte gracias a la facilitación realizada por la sociedad civil. Además del Plan de Entrega Voluntarias de armas, se realizaron programas de concientización extracurriculares en escuelas y talleres de concientización en distintos puntos del país. Durante el año 2010 la Red Argentina para el Desarme implementará el Programa “Municipios sin Armas”.

    Entre el 2007 y el 2009 el Plan de Desarme logró recolectar 107.488 armas de fuego y 774,500 municiones, el 8.5% del total de armas registradas en manos de usuarios civiles. Las organizaciones y expertos de la sociedad civil no sólo impulsaron el Programa, junto a las nuevas políticas vinculadas al control de armas, sino que también colaboraron activamente en el diseño, implementación y monitoreo del mismo. En particular, en la diagramación del conjunto de la estructura normativa del plan, en la facilitación de la coordinación con otras agencias, y en la redacción de los borradores de las normas, entre otras cosas. Además, fue crucial la participación de la Red como agente observador y monitor en los procesos de destrucción y fundición de las armas recolectadas. La totalidad de las armas recolectadas fueron destruidas en ceremonia pública con la presencia de la sociedad civil.

    Entre las cuestiones que explican el éxito del Programa, además del compromiso asumido por las autoridades del RENAR, es de destacar las actividades de promoción por parte de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, uno de los factores más relevantes fue la movilización comunitaria y su liderazgo, tal como la realizada por los Marcenac en el Municipio de Necochea.

    Al mismo tiempo, para acompañar y fortalecer la implementación del Plan, la Red llevó adelante la campaña “Basta de Armas”, instalando el problema en el debate público, y aumentando los niveles de concientización sobre la necesidad de disminuir la cantidad de armas en manos de los ciudadanos.

    Es de resaltar que las organizaciones si bien trabajaron muy activamente, se vieron superadas por la falta de recursos necesarios para promover y efectuar un seguimiento de un plan de alcance nacional, que para que fuera efectivo era conveniente un fuerte trabajo en cada localidad donde se llevara a cabo el Plan.

    Con relación al impacto que tuvo la campaña de divulgación del Plan, hubo muchos medios gráficos, radiales y visuales que hicieron noticias sobre el tema en los que aparecían representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

    Por último, entre fines del 2009 y principio del 2010 la Red Argentina para el Desarme se encuentra promoviendo activamente la prórroga del Programa de Desarme, así como también la aprobación de una nueva ley de armas, programas de educación para el desarme, entre otros.
    • Recursos Relacionados
    • ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
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  • Bahamas
    • Reportes
    • Fecha:  15/05/2012    Párrafos: 70
    Información disponible en Inglés
    • Fecha:  15/05/2012    Párrafos: 70, 72
    Información disponible en Inglés
  • Barbados
    • Reportes
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 3
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 5
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 6
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 7
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  18/12/2015    Párrafos: 9
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 72
    STRENGTHENING PUBLIC SECURITY
    The Royal Barbados Police Force (RBPF) continues, at the strategic level, to formulate and implement policies consistent with Supply and Demand Reduction and Harm Reduction with respect to illicit drugs. The Force has strengthened its information sharing capability in the region and internationally through specific systems, training and education. By virtue of this our capability to monitor and interdict drug trafficking has been greatly enhanced.
    Our Harm Reduction focus has been targeted at public education, alerting the community to the dangers and ramifications of the use and abuse of illicit drugs.
    Specifically, the RBPF has expanded its Drug Awareness Programme in Primary Schools, through the Drug Awareness Resistance Education Programme or (DARE). It is contemplated that this programme will be extended to our Secondary Schools.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 70
    STRENGTHENING PUBLIC SECURITY
    The Royal Barbados Police Force (RBPF) continues, at the strategic level, to formulate and implement policies consistent with Supply and Demand Reduction and Harm Reduction with respect to illicit drugs. The Force has strengthened its information sharing capability in the region and internationally through specific systems, training and education. By virtue of this our capability to monitor and interdict drug trafficking has been greatly enhanced.
    Our Harm Reduction focus has been targeted at public education, alerting the community to the dangers and ramifications of the use and abuse of illicit drugs. Specifically, the RBPF has expanded its Drug Awareness Programme in Primary Schools, through the Drug Awareness Resistance Education Programme or (DARE). It is contemplated that this programme will be extended to our Secondary Schools.
    Transnational Organized Crime
    The RBPF has developed a capability in its Financial Crimes Investigative Unit to investigate and submit for prosecution, crimes of Money Laundering. Current Legislation has been given a recent and welcomed boost to the Forces capability through the promulgation of the Transnational Organised Crime (Prevention and Control) Act 2011-3. Complementing this, the Force has deployed more investigators to the unit responsible for such investigations.
    The RBPF's Contingency Plans for terrorist incidents are subject to continuous update. Related training and simulations complement the updates. Continuous networking with international agencies in the fight, against terrorism heightens the Force's awareness of any possible terrorist threats.
    Since 1982, the Force embarked on Community Policing as a crime prevention strategy and philosophy. Currently new crime prevention strategy and philosophy treat to pervasive public engagement through Community Policing and Problem Solving; the desirable integrated approach. This approach has led to the better management of Crime Prevention and has had the distinct utility of identifying criminal gangs and
    associated criminal behaviour.
    Firearm crime poses a threat to individual and community well-being. This criminal activity can drive fear throughout our communities hence the Force accords it the seriousness with which it should be treated. There is a specialized unit to deal with the more organized and sophisticated aspect of firearm crime and the movement and use of ammunition. At the strategic level, the Force uses its international connections to
    monitor illicit manufacture and trafficking in firearms and ammunition. Recently the RBPF has been calling for and now has the capability of tracing the origins of firearms and ammunition used illegally.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 76
    Transnational Organized Crime
    The RBPF has developed a capability in its Financial Crimes Investigative Unit to investigate and submit for prosecution, crimes of Money Laundering. Current Legislation has been given a recent and welcomed boost to the Forces capability through the promulgation of the Transnational Organised Crime (Prevention and Control) Act 2011-3. Complementing this, the Force has deployed more investigators to the unit responsible for such investigations.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 69
    The RBPF's Contingency Plans for terrorist incidents are subject to continuous update. Related training and simulations complement the updates. Continuous networking with international agencies in the fight, against terrorism heightens the Force's awareness of any possible terrorist threats.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 75
    Firearm crime poses a threat to individual and community well-being. This criminal activity can drive fear throughout our communities hence the Force accords it the seriousness with which it should be treated. There is a specialized unit to deal with the more organized and sophisticated aspect of firearm crime and the movement and use of ammunition. At the strategic level, the Force uses its international connections to
    monitor illicit manufacture and trafficking in firearms and ammunition. Recently the RBPF has been calling for and now has the capability of tracing the origins of firearms and ammunition used illegally.
  • Belize
    N/A
  • Bolivia
    N/A
  • Brasil
    • Reportes
    • Fecha:  07/06/2016    Párrafos: -
    Información disponible en portugués
    • Fecha:  30/11/2010    Párrafos: 69
    Terrorismo:
    Brasil es parte contratante de las 13 convenciones universales vigentes en este campo, así como de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Asimismo, es miembro del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (GAFI) que estableció 40 recomendaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero y nueve recomendaciones específicas que pautan la prevención y represión del financiamiento del terrorismo.
    • Fecha:  30/11/2010    Párrafos: 73
    Reuniones sobre de seguridad:
    Brasil ha actuado en los principales foros internacionales sobre seguridad. En febrero de este año, fue sede de la VIII REMJA (Reunión de Ministros de Justicia y otros Ministros o Procuradores Generales de las Américas). Corresponde mencionar también el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador, en abril de este año, evento que se suma a los empeños del Gobierno de Brasil en el campo de la prevención del delito El Congreso ofreció un foro para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los países y culminó con la aprobación de las directrices de las políticas mundiales sobre esta temática para los próximos cinco años, que se materializaron en la Declaración de Salvador.
    • Fecha:  30/11/2010    Párrafos: 74
    Seguridad pública – Pronasci:
    La directriz básica del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci) es la articulación entre las políticas de seguridad pública y las acciones sociales, dando prioridad a la prevención del delito y respetando los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, desarticulando las estrategias de la delincuencia organizada, como, por ejemplo, la corrupción del sistema penitenciario. Los ejes fundamentales del programa son los siguientes: a) la formación y la valorización de los profesionales de la seguridad pública; b) la reestructuración del sistema penitenciario; c) el combate a la corrupción policial; y d) la incorporación de la comunidad en la prevención de la violencia. En el primer eje se incluye el estímulo del Gobierno Federal a la adopción de “buenas prácticas” por parte de las policías de los estados, las cuales ofrecen cursos de capacitación.

    Violencia armada:
    Brasil se ha empeñado activamente en el tema de la prevención de la violencia armada, tanto en foros internacionales como en iniciativas nacionales para tratar la cuestión. Entre las actividades internacionales, cabe señalar la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, aprobada en la reunión ministerial sobre el tema, el 7 de junio de 2006, con los auspicios del Gobierno de Suiza y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Declaración de Ginebra fue suscrita inicialmente por 42 países y, actualmente, cuanta con 105 países signatarios.
    En el plano nacional, la respuesta a los desafíos tratados en la Declaración de Ginebra está estructurada en el mencionado Pronasci, que integra medidas de seguridad pública y programas de desarrollo, tanto para los policías como para las poblaciones más vulnerables de las 11 mayores regiones metropolitanas del país. El Programa fue reconocido internacionalmente como ejemplo de implementación de los compromisos de la Declaración de Ginebra.
    • Fecha:  30/11/2010    Párrafos: 75
    Tráfico de armas pequeñas y ligeras:
    Brasil atribuye gran importancia al control del tráfico ilícito de armas, en particular la implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras (United Nations Programme of Action, UNPoA), cuya IV Reunión Bienal de los Estados (Biennial Meeting of States o BMS) se celebrará en junio de 2010. Además, Brasil ratificó la Convención Interamericana Contra la Fabricación Ilegal y el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, y ha tenido una participación activa en la elaboración de leyes modelo para regular sus disposiciones, incluidas las relativas a las municiones.
    El país cuenta con una amplia legislación sobre el tema, fundamental para el combate a la fabricación y el tráfico ilícito de armas. Como ejemplos, se pueden citar los siguientes normas: la Ley No. 10.826, de 22 de diciembre de 2003, conocida como el Estatuto de Desarme, que constituye la principal norma nacional sobre el tema; el Decreto No. 5.123, de 21 de julio de 2004, que reglamenta el Estatuto de Desarme; el Decreto No. 3.665, de 20 de noviembre de 200, conocido como R-105, que reglamenta las actividades (producción, uso, importación, exportación, exigencias aduaneras, tránsito y comercio) de los productos controlados por el Ejército; la Resolución No. 7-D LOG del Departamento Logístico del Ministerio de Defensa, de 28 de abril de 2006, que regula el marcaje de armas de fuego en el país, y la Resolución 16-D LOG, también del Departamento Logístico del Ministerio de Defensa, sobre marcaje de municiones.
    En Brasil, la Dirección de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC) del Ejército realiza el control de las actividades relacionadas con las armas pequeñas y ligeras, incluidos: (a) el control de la producción mediante el registro de las fábricas que deben brindar información en tiempo real al Comando del Ejército y al SINARM (Servicio Nacional de Armas); (b) el uso deportivo de armas o por coleccionistas, controlado mediante registro de los propietarios; (c) las operaciones de importación y exportación, sometidas al registro y a licencias; (d) la inspección aduanera; (e) la autorización para el transporte, y (f) el control del comercio.
    Según el Decreto No. 3.665, todas las operaciones de exportación y tránsito de armas con finalidades civiles sólo pueden ser realizadas previa autorización específica y otorgamiento de licencia por parte del Ejército. Además de la documentación necesaria, se exige la inspección militar en el punto de entrada y/o salida del material, sometiéndose también las operaciones a los controles previstos en la Política Nacional sobre Exportación de Material de Uso Militar (PNEMEM, por su sigla en portugués).
    Se han previsto diversas sanciones en la legislación relativa a las armas de fuego, como la posesión irregular de armas de uso permitido; la omisión cautelar que permita el acceso a menores o discapacitados; el porte ilegal de armas de uso permitido; el empleo de armas de fuego; la posesión o el porte ilegal de armas de uso restringido; el comercio ilegal y el tráfico internacional.
    El Ejército es la única entidad legalmente responsable de la destrucción de las armas pequeñas y ligeras y de las municiones, sean derivadas del exceso de arsenales, de incautaciones o de la entrega voluntaria. El Artículo 25 de la Ley Nº. 10.826 determina que todas las armas encontradas o incautadas en situaciones ilícitas deben ser destruidas por el Ejército inmediatamente después de levantadas las medidas judiciales que puedan ser necesarias con fines de investigación. La legislación vigente prohíbe expresamente cualquier otro tipo de uso en relación con tales armas.
    Asimismo, la legislación nacional prevé el marcaje de las armas en los términos de la Resolución No. 7-D LOG del Departamento Logístico del Ejército. Las armas producidas en Brasil llevan el nombre o la marca del fabricante, el nombre del país, el calibre, número de serie y año de fabricación, y los requisitos técnicos son inspeccionados por el Ejército para evitar que puedan eliminarse las marcas. Además, las armas utilizadas por la fuerza pública son marcadas con el Escudo de la República. La legislación sobre marcaje abarca también a las armas importadas y exportadas, así como las municiones.
    Cabe subrayar también la realización de campañas periódicas de recolección y reinscripción de armas de fuego, la movilización de la sociedad civil en torno al tema y la centralización de la información sobre armas civiles y militares en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), conforme a las disposiciones legales.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 70
    Trata de personas:
    Brasil lanzó la Política Nacional de Combate a la Trata de Personas en octubre de 2006, tras la incorporación al orden jurídico nacional del Protocolo Adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ratificado el 12 de marzo de 2004 e incorporado al orden jurídico nacional por Decreto nº 5.017 del mismo año. Diversos órganos del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil contribuyeron a la elaboración de la política, que establece principios, directrices y medidas de prevención y represión de la trata de personas y la asistencia a las víctimas.
    En enero de 2008, fue lanzado el Plan Nacional de Combate al Tráfico de Personas (PNETP). El plan tiene la función de asegurar la implementación de la política nacional mediante la fijación de metas que deberán ser cumplidas en un plazo de dos años y ejecutadas en forma integrada por diversos órganos del poder público. El PNETP prevé medidas, no sólo en el área de la justicia y la seguridad pública, sino también en las áreas de relaciones exteriores, educación, salud, asistencia social, promoción de la igualdad racial, trabajo y empleo, fomento agrario, derechos humanos, protección y promoción de los derechos de la mujer, turismo y cultura.

    Lavado de dinero:
    La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA) constituye una iniciativa de articulación entre diversos órganos para la elaboración coordinada de políticas públicas congruentes y eficaces para enfrentar la delincuencia. La Estrategia comprende la definición de un plan de acción anual o plurianual. Se celebra una reunión plenaria al final de cada año con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos en el período considerado y de definir los temas que serán impulsados en los períodos siguientes. El modelo de trabajo articulado entre los órganos de gobierno, que fue inaugurado en 2004, se viene repitiendo con éxito desde ese año.
    • Recursos Relacionados
    • REPORT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON IMPLEMENTATION OF THE MANDATES ARISING FROM THE FIFTH SUMMIT OF THE AMERICAS (Brazil 2010)
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  • Canadá
    • Reportes
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 68
    Canadá apoya las iniciativas para la prevención del delito y los conflictos, el incremento de la seguridad y la promoción de la resolución pacífica de los conflictos, por medio de:
    aportes anuales a organizaciones multilaterales clave y mecanismos que encabezan las iniciativas en contra del tráfico ilegal, el crimen y el terrorismo;
    • proyectos flexibles y sensibles que abordan las crisis y los conflictos complejos, la seguridad pública, asuntos relacionados con el Estado de derecho y los derechos humanos, además del desarrollo de la capacidad del sistema de seguridad de las Américas para llevar a cabo actividades en contra del crimen y el terrorismo;
    • apoyo político y despliegue de fuerzas de paz, al tiempo que se apoya la capacitación constante, con el objetivo de incrementar las capacidades de mantenimiento de la paz;
    • desarrollo de capacidades dirigidas a la cooperación militar;
    • apoyo a las iniciativas de reducción de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe;
    • participación activa e implementación continua de grupos e instrumentos clave de la ONU y de la OEA, los cuales se han fijado como objetivo la reducción del crimen;
    • alianzas para la creación de una Agencia de Salud Pública Pancaribeña.
    En preparación para la Cumbre del G8 en 2010 que tuvo lugar en Muskoka, Canadá fue anfitrión de una reunión de Cancilleres en marzo de 2010 que incluyó discusiones sobre la actividad criminal transnacional y su impacto en América Latina y África Occidental, además de sus posibles vínculos con actividades terroristas. Esto llevó a una discusión en la Cumbre de Muskoka entre los líderes del G8, algunos líderes africanos y los líderes de Colombia, Haití y Jamaica.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 69
    Canadá cuenta con un marco legislativo para hacer frente al terrorismo. Tiene en la mira a los terroristas y a los grupos terroristas y ayuda a Canadá a investigar, detectar y prevenir actividades terroristas, dentro y fuera del país, incluyendo los delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
    Canadá cuenta con la capacidad de ofrecer asistencia legal mutua a socios en tratados, por medio de su Ley para la ayuda legal mutua en materia de asuntos criminales. Canadá también está en capacidad de ofrecer ayuda a socios con los que no esté vinculado por un tratado, en caso de que dicha ayuda no requiera medidas obligatorias. En casos de urgencia extrema relacionados con el terrorismo, es posible ofrecer pruebas con muy poca antelación. Canadá cuenta con la capacidad de extraditar, por medio de tratados bilaterales y multilaterales que incluyen disposiciones para la extradición, en aquéllos casos en que los sospechosos estén acusados de terrorismo o delitos relacionados con el terrorismo.
    El Programa de Fomento de la Capacidad para Luchar contra el Terrorismo (CTCBP, por sus siglas en inglés) de Canadá desembolsó aproximadamente $6 millones durante el año fiscal 2009/2010, para la puesta en práctica de iniciativas en las Américas. El CTCBP le proporciona a los estados beneficiarios capacitación, financiamiento, equipo y experiencia técnica y legal para permitirles prevenir y responder ante actividades terroristas, de forma consecuente con las normas internacionales contra el terrorismo y de protección a los derechos humanos.
    Desde 2005, como el mayor contribuyente del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Canadá ha suministrado aproximadamente $4.7 millones para financiar proyectos.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 70
    Combatir al crimen organizado es una prioridad para Canadá. Canadá ha fortalecido su legislación penal para combatir al crimen organizado y ha invertido en la prevención del delito, ocupándose de los jóvenes que corren el riesgo de verse involucrados con pandillas.
    Canadá concluyó la puesta en práctica del Reglamento sobre las armas de fuego para agentes públicos, el cual ha dado como resultado la creación de una base de datos nacional que incluye información sobre las armas de fuego incautadas y recuperadas. Esto ha permitido la investigación de patrones nacionales de tráfico.
    Canadá también se ha comprometido con la cooperación hemisférica en la lucha contra el crimen. En agosto de 2009, el primer ministro Stephen Harper anunció la creación de un Programa de Fomento de la Capacidad para Combatir el Crimen, el cual incluye apoyo para proyectos dirigidos a combatir el crimen organizado transnacional. Canadá participa de manera activa en las reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y en las reuniones de Ministros de Justicia, Procuradores Generales y Otros Ministros de las Américas (REMJA). Dando seguimiento a la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas, Canadá ofreció aportar al estudio de viabilidad de la OEA acerca de la mejor manera de fortalecer la capacitación y la educación del personal encargado de asuntos de seguridad pública en la región.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 71
    La Estrategia Nacional para la Prevención del Delito de Canadá proporciona un marco de políticas para la puesta en práctica de las intervenciones para la prevención del delito en Canadá. El Centro Nacional para la Prevención del Delito asume el liderazgo en lo que respecta a las formas efectivas y eficientes para prevenir y reducir el delito al abordar los factores de riesgo conocidos en las poblaciones y localidades de alto riesgo.
    En 2009, la Real Policía Montada de Canadá proporcionó entrenamiento básico a 1.500 nuevos oficiales de policía y 300 administradores de nivel medio en México. Asimismo, Canadá capacitó a 45 ejecutivos policíacos mexicanos, como parte de un programa conjunto de capacitación con los Estados Unidos y Colombia. En marzo de 2010, el Colegio de la Policía Canadiense ofreció capacitación para realizar entrevistas forenses a los departamentos de policía federales y estatales de México.
    En el año fiscal 2009-2010, Canadá comprometió aproximadamente $1.5 millones de dólares destinados a la capacitación de oficiales de policía de las Américas, en apoyo a las iniciativas de prevención del delito.
    Canadá participa en el Grupo de Trabajo sobre Ayuda Legal Mutua y Extradición, bajo la autoridad de las reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas. Este grupo de trabajo ha promovido la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, por medio de diversos medios, incluyendo la creación de una red segura de correo electrónico que conecta a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de la ayuda legal mutua y las extradiciones, el intercambio de mejores prácticas y la redacción de una legislación modelo.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 72
    Canadá cuenta con una Estrategia Nacional contra las Drogas, la cual se enfoca en: combatir la producción y distribución de drogas ilegales; prevenir el uso de drogas ilegales; y dar tratamiento y rehabilitar a las personas dependientes de las drogas ilegales. Como parte de esta estrategia, Canadá lanzó la Iniciativa sobre Drogas Sintéticas, diseñada para combatir la producción y la distribución de drogas sintéticas ilegales en Canadá y para reducir la influencia del crimen organizado en el narcotráfico en Canadá.
    En 2009, el gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley para imponer penas obligatorias mínimas, las cuales van desde un mínimo de seis meses, hasta tres años, para delitos tales como el tráfico y producción de drogas (incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y cannabis). El tema aún está siendo considerado en el Parlamento.
    El Programa de Fomento de la Capacidad para Combatir el Crimen de Canadá respalda las iniciativas diseñadas para restringir el suministro y la demanda de drogas ilegales en las Américas. Canadá también apoya el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la lucha contra el narcotráfico en las Américas, incluyendo control de contenedores, acciones judiciales contra estupefacientes, tecnología de información para el control de drogas, información sobre drogas sintéticas y el apoyo al Pacto de Santo Domingo y la Alianza y el Mecanismo de Managua.
    En el período 2009-2010, Canadá aportó anualmente $1 millón a la CICAD y $2,5 millones a la UNODC.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 73
    Canadá se ha comprometido con la OEA a poner en práctica los compromisos contraídos en las reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y se ha involucrado de manera activa en la preparación de MISPA III, a celebrarse en 2011.
    Desde la reunión de 2008 de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), Canadá ha demostrado nuevamente su compromiso con las Américas, apoyando varias iniciativas emprendidas por la REMJA en el continente y su liderazgo en el esfuerzo para mejorar, al interior del hemisferio, la capacidad y la habilidad para participar de manera efectiva en la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, los delitos cibernéticos, a trata de personas y la restricción y confiscación de bienes.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 74
    Por medio de sus contribuciones al Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, Canadá apoyó la redacción del Informe internacional sobre prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana: tendencias y perspectivas, el cual fue presentado durante el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, celebrado en Brasil, en abril de 2010.
    El Centro Nacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá ha financiado el desarrollo y la difusión de una herramienta de evaluacion para prevenir el crimen, las Direcciones para las auditorías de seguridad local: un compendio de prácticas internacionales, el cual se encuentra disponible en español y se está traduciendo al portugués.
    Canadá es uno de los miembros fundadores de la Alianza para la Prevención de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual promueve el uso de un enfoque de salud pública basado en pruebas, con el objetivo de abordar las raíces de la violencia. Como miembro de este grupo, Canadá ha participado en la reunión hito de la OMS para una Campaña Mundial de Prevención de la Violencia. Dicha reunión se llevó a cabo en Ginebra en septiembre de 2009.
    Por medio de su Iniciativa contra la Violencia Familiar, Canadá ha identificado catorce prácticas ejemplares y prometedoras relacionadas con la prevención de la violencia familiar, las cuales serán promovidas por medio del Portal Canadiense de Mejores Prácticas.
    En marzo de 2009, Canadá participó en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre de la Violencia, la Seguridad Vial y las Lesiones en las Américas.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 75
    Canadá es firmante de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA, por sus siglas en inglés). Canadá participa de manera activa en el proceso anual del Comité Consultivo de la CIFTA, así como en otras reuniones e iniciativas relacionadas con la CIFTA. En marzo de 2009, Canadá fue anfitrión, junto con la OEA y los Estados Unidos, de un taller en Vancouver, Columbia Británica, acerca de los Enfoques Prácticos para el Combate contra el Tráfico Ilícito Transfronterizo de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, durante el cual se reunieron autoridades encargadas de la aplicación de la ley y funcionarios de aduanas.
    Canadá participó en el taller regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizado en Barbados, el cual tuvo como objetivo promover la puesta en práctica del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.
    En 2009, el Programa de Fomento de la Capacidad para Combatir el Crimen de Canadá respaldó el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en el combate contra el tráfico ilícito de armas de fuego.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 76
    Canadá presentó una legislación para enmendar su Ley sobre las ganancias del crimen (lavado de dinero) y el financiamiento del terrorismo, lo cual le permitirá al gobierno presentar medidas contra jurisdicciones y entidades extranjeras que se consideren que representan un alto riesgo, ya que facilitan el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
    El Programa Canadiense de Capacitación contra el Crimen se comprometió a aportar $202.000 a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para fortalecer los sistemas de recuperación de bienes en América Latina. El proyecto apoyará el establecimiento de redes para recuperar bienes en Centro y Sudamérica, basado en el modelo de la Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (Red Inter-Agencia Camden para la Recuperación de Bienes) que busca ayudar a privar a los criminales de sus ganancias ilícitas mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las agencias y el intercambio de información.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 77
    Canadá participa de manera activa en el Grupo de Trabajo sobre Pandillas Delictivas de la OEA y está contribuyendo al desarrollo de una estrategia regional de promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de las pandillas delictivas.
    En 2009, Canadá mejoró sus herramientas legislativas para combatir al crimen organizado, incluyendo a las pandillas delictivas. En octubre de 2009, entraron en vigor enmiendas al Código Penal de Canadá, las cuales tienen el objetivo de responder ante el crimen organizado:
    •Clasificando de manera automática todos los asesinatos relacionados con el crimen organizado como homicidios premeditados, independiente de si fueron no planeados o deliberados;
    •Creando un nuevo delito, el cual está dirigido a los tiroteos desde automóviles y otros tiroteos temerarios;
    •Creando dos nuevos delitos, los cuales están dirigidos a los ataques contra policías y otros agentes de la fuerza pública; y
    •Fortaleciendo las disposiciones para que las pandillas no alteren el orden público: disposiciones que permiten la aplicación de la ley, con el objetivo de imponer las condiciones designadas para mantener la paz sobre personas que se consideran que es probable que cometan delitos relacionados con organizaciones criminales.
    Estas enmiendas aprovechan el sólido marco legislativo que tiene como objetivo las actividades del crimen organizado.
    • Fecha:  20/06/2010    Párrafos: 88
    Canadá considera que la OEA desempeña un papel crítico en la protección de la gobernabilidad democrática en la región, en particular, garantizando el respeto de la Carta Democrática Interamericana. Canadá respalda de múltiples formas el fortalecimiento de la capacidad de la OEA para desempeñar este papel esencial:
    • El compromiso político de alto nivel, incluyendo la participación personal del Ministro de Estado para Asuntos Exteriores (Américas) en los esfuerzos de mediación de la OEA para resolver la crisis política de Honduras en 2009.
    • Apoyo financiero para las misiones de observación electoral y apoyo técnico para las instituciones democráticas; y
    • Participación canadiense en misiones de observación electoral.
    Canadá presentó una resolución ante la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 que identificó de qué manera se puede fortalecer el papel de la OEA en la promoción y el fortalecimiento de la democracia, como parte del seguimiento de la Carta Democrática Interamericana.
    • Recursos Relacionados
    • Act to amend the Criminal Code
    • Agence canadienne de développement international et les Amériques
    • Agence de la santé publique du Canada - Contactez-nous
    • Approche fédérale globale pour réduire la violence familiale
    • Assessing violence against women: a statistical profile
    • Canada provides basic training for federal police recruits
    • Canadian International Development Agency and the Americas
    • Code criminel du Canada
    • Crime Prevention
    • Criminal Code of Canada
    • Department of Justice Canada
    • Department of Justice Canada - Contact Us
    • Évaluation de la violence contre les femmes : un profil statistique
    • Foreign Affairs and International Trade Canada
    • Le Canada offre de la formation de base aux recrues de la police fédérale mexicaine
    • Les Amériques : Nos voisins, notre priorité
    • Loi modifiant le Code criminel
    • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
    • Ministère de la Justice Canada - Contactez-nous
    • National Anti-Drug Strategy
    • Natural Resources Canada - Explosives Regulatory Division
    • Prévention du crime
    • Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
    • PROMOTION AND STRENGTHENING OF DEMOCRACY: FOLLOW-UP TO THE INTER-AMERICAN DEMOCRATIC CHARTER
    • Public Health Agency of Canada - Contact Us
    • Public Safety Canada
    • Public Safety Canada - Contact Us
    • Reducing Family Violence
    • Ressources naturelles Canada - Division de la réglementation des explosifs
    • Royal Canadian Mounted Police - Canadian Firearms Program
    • Sécurité publique Canada – Contactez-nous
    • Stratégie nationale antidrogue
    • The Americas: Our Neighbours, Our Priority
  • Chile
    • Reportes
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 1, 2
    El año 2010, el Presidente Sebastián Piñera, reforzando su compromiso con el avance hacia una sociedad de oportunidades y seguridades, lanzó el Plan Chile Seguro 2010 - 2014, estrategia que establece los lineamientos a seguir en materia de seguridad pública durante su período de gobierno.

    El Plan pretende deducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos y reducir la cantidad de delitos en el espacio público, para lo cual se requirió el despliegue de un modelo estratégico efectivo, el cual dé cuenta de una serie de acciones agrupadas en cinco áreas de intervención: Prevenir, Proteger, Sancionar, Apoyar y Rehabilitar. Estas cinco áreas se sostienen, a su vez, en dos ejes transversales relacionados con la gestión de la información y con la ejecución a nivel territorial.

    Bajo este escenario, el actual gobierno ha implementado una serie de acciones integrales con el objetivo de prevenir el delito y la inseguridad de los ciudadanos, siendo el Programa Barrio en Paz Residencial el que permite plasmar desde su ejecución territorial la articulación de las cinco áreas de acción consideradas en el Plan Chile Seguro. El programa tiene como objetivo reducir la cantidad de hogares que son víctima de delitos, violencia interpersonal (violencia intrafamiliar, violencia escolar y violencia entre grupos de niños, niñas y jóvenes), percepción de inseguridad y actividades asociadas al tráfico de drogas en barrios focalizados que presenten alto índices de temor y victimización.

    Para el cumplimiento del objetivo propuesto se contemplan dos componentes de intervención:

    Primero, la prevención psicosocial especializada, donde se focaliza en:

    / Violencia escolar con el objetivo de fortalecer la convivencia y disminuir la violencia escolar en los establecimientos educacionales seleccionados en el Programa.

    / Reinserción social para disminuir el riesgo de reincidencia delictual y mejorar la integración social de personas que se encuentren en proceso de reinserción social post - penitenciaria.

    / Convivencia comunitaria con el fin de prevenir la violencia vecinal y comunitaria, a través del fortalecimiento de vínculos pro sociales, resolución pacífica de conflictos y gestión de justicia local.

    / Prevención de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes para reducir factores de riesgo social-delictual y promover conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes de mediano/alto riesgo de participación en conductas transgresoras de ley penal constitutivas o no constitutivas de delito, especialmente en casos que ya registren ingresos a unidades policiales por infracción a la ley.

    Segundo, la prevención situacional con el objetivo de disminuir las oportunidades para la comisión de delitos en el espacio público y la percepción de temor e inseguridad de las personas, mediante la modificación de características ambientales de un determinado entorno.

    Las tipologías que se abordan en este componente son:

    / Iluminación
    / Cámaras
    / Alarmas comunitarias
    / Recuperación espacios públicos
    / Recuperación equipamiento comunitario

    Durante el año 2012, se incorporaron siete nuevos barrios, completando un total de 57 barrios intervenidos con el Programa.

    Por otro lado, existe un fuerte compromiso por intervenir las causas que provocan la violencia y delincuencia en el país, lo cual se ve reflejado en que la prevención es el punto de partida del Plan Chile Seguro. Aun cuando erradicar del todo la delincuencia es una meta que ningún país ha alcanzado, este gobierno ha sido ambicioso y se propuso construir un país que tenga al mismo tiempo menos delitos y menos chilenos en las cárceles. Para esto es fundamental prevenir, es decir, intervenir temprano para que los niños, niñas y jóvenes no entren en carreras delictivas, uno de los principales grupos vulnerables identificados. En este marco, el año 2010 la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública comienza la ejecución del Programa Vida Nueva en colaboración con Carabineros de Chile, Municipalidades, Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Menores y Ministerio de Desarrollo Social. El programa se propuso instalar en ocho comunas piloto de la Región Metropolitana un sistema de gestión para la atención oportuna y adecuada de niños, niñas y adolescentes que estén experimentando vulneraciones de sus derechos o que estén participando de acciones transgresoras de ley.

    A partir del año 2012, se aumenta en seis comunas la implementación del Programa y se firma un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y Multisystemic Therapy Services de Estados Unidos, para incorporar un nuevo elemento a la intervención, la Terapia Multisistémica como sistema de tratamiento intensivo e integral para niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta severos. Cabe señalar que la Terapia Multisistémica forma parte de uno de los programas líderes en el mundo en materia de prevención del delito, que ha demostrado un 42% de reincidencia de sus usuarios, en contraste del 62% en casos comparables sujetos a otras intervenciones. Asimismo, después de 13 años del término de la intervención, los usuarios alcanzan una proporción de reincidentes del 50% versus un 81% en casos comparables sujetos a otras intervenciones menos intensivas .
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 3
    El año 2012 el Presidente Sebastián Piñera anunció las siguientes 10 medidas concretas para combatir abusos sexuales contra menores:

    / Envío del proyecto de ley que reorganiza la institucionalidad a cargo de los temas e infancia y adolescencia.
    / Implementación de la ley que crea el Registro de Pedófilos.
    / Incremento del presupuesto para el Servicio Médico Legal, servicio encargado de la evaluación pericial de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
    / Acelerar la implementación del brazalete electrónico.
    / Aumento de penas para el delito de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o exhibición de material pornográfico.
    / Mayores requisitos para otorgar la libertad condicional a condenados por este tipo de delitos.
    / Entrevista única a víctimas, sistema que busca reducir la cantidad de entrevistas a las que son sometidos los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Se creará un sistema a través del cual se videograba el testimonio que el menor da a un profesional especializado en este tipo de entrevistas investigativas, que se puede usar posteriormente durante todas las etapas del proceso penal.
    / Perfeccionamiento del agravante del Art. 368 Código Penal. A través de un proyecto de ley, se propondrá extender la agravante calificada del Código Penal, que hoy afecta a los autores de delitos sexuales que tengan vínculos parentales, religiosos o educativos con las víctimas menores de edad, a otras personas. En este caso, a quienes tengan vínculos menos directos, pero igualmente cercanos y potencialmente peligrosos, como todos aquellos que transportan o tienen contacto directo y habitual con niños.
    / Creación del Sistema Nacional e Integral de Protección de la Infancia.
    / Revisión de las mociones parlamentarias sobre protección de menores.
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 4
    La Subsecretaria de Prevención del Delito, tienen como propósito el desarrollo conjunto de actividades que sirvan como base para la coordinación interinstitucional, y administrar de manera precisa y eficiente la información delictual, tanto en el área operativa como en el área de la generación de estudios y políticas públicas.

    En ese contexto, la agenda de Seguridad Ciudadana 2011 dispuso que la gestión de información quedara a cargo del Centro Estratégico de Análisis del Delito (CEAD), para "compartir información entre los distintos órganos de control y mejorar los procesos de toma de decisiones operativas y estratégicas, para hacer un seguimiento de los casos a lo largo del proceso penal, identificando nudos criticas". En marzo de 2011 fue inaugurado el CEAD. Un conjunto de analistas expertos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, comenzaron a trabajar en conjunto con Oficiales de Enlace de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

    El CEAD se organiza en dos áreas de trabajo: la Sala de Análisis y el Observatorio Nacional de Seguridad Pública.

    La función de la Sala de Análisis es aumentar el conocimiento en materia delictiva e identificar mejores prácticas y estrategias de intervención a través de un equipo de profesionales especializados que realiza análisis criminal, espacial y estadístico del fenómeno delictivo, (suministrando material para la gestión de proyectos estratégicos tales como el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) y la gestión y toma de decisiones en proyectos espaciales como el Robo de Vehículos, Cajeros Automáticos, Robos a Farmacias, Servicentros, etc).

    Asimismo, el Observatorio de Seguridad Pública es una instancia de reflexión del fenómeno de la delincuencia a través de investigaciones a corto y mediano plazo, cuyo objetivo principal es aumentar el conocimiento existente sobre delincuencia, para la formación y priorización de políticas, planes y programas que permitan desarrollar mejores estrategias de intervención.

    Los principales productos y actividades del Observatorio son la encuesta urbana de seguridad ciudadana (ENUSC), las mediciones de violencia intrafamiliar y escolar y la contribución de iniciativas internacionales para el desarrollo de proyectos relativos a seguridad ciudadana y violencia y la colaboración intersectorialmente a través de la entrega de información y desarrollo de análisis para instituciones públicas.

    Además, durante el año 2012 se llevó a cabo el diseño tecnológico del Banco Unificado de Datos y se firmó el convenio de colaboración técnica entre las instituciones, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Ministerio Público, Poder Judicial, Registro Civil, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Ministerio de Justicia.
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 5, 6
    El gobierno del Presidente Sebastián Piñera se ha comprometido con un Chile Seguro, para lo cual diseñó una hoja de ruta que fuera el marco de sus políticas y programas en materia de seguridad pública, el Plan Chile Seguro. En él no sólo se detallan las acciones a seguir para lograr la meta de reducir la victimización, si no que se incluyen iniciativas de variados organismos e instituciones gubernamentales las que, mediante un trabajo conjunto y coordinado, y liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, han logrado avanzar en esta materia.

    En éste además se especifican los proyectos y programas, los cuales son enfocados tanto a la persona individual como en su ámbito familiar, escolar y barrial, lo que implica una mirada integral de la sociedad, sin distinciones de condición económica, sexo, raza, género, religión.

    Para la implementación de las políticas se ha capacitado a personal en regiones, se ha traspasado conocimientos a diferentes actores de manera de entregarles las herramientas para que puedan multiplicar los planes y ser parte del desafío de construir un Chile Seguro. Asimismo, hemos impulsado diversos planes con Carabineros de Chile, quienes están en constante capacitación y formación, a lo que agregamos un nuevo programa llamado Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC) para hacer a la policía más cercana a las personas.
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 7
    El año 2010 comienza el funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de fomentar y apoyar iniciativas de reducción del delito de municipios, corporaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en general, a través del financiamiento de proyectos enfocados a trabajar las siguientes áreas de trabajo:

    Área Tipología
    Prevención social
    - Prevención con niños, niñas y adolescentes en riesgo de desarrollar carreras delictuales.
    - Prevención de la violencia escolar.
    - Prevención comunitaria del delito y la violencia.
    Prevención situacional
    - Plaza Segura.
    - Cámaras de tele vigilancia.
    - Alarmas comunitarias.
    - Iluminación de espacios públicos.
    - Recuperación de espacios y equipamientos públicos.

    Asistencia a víctimas
    - Atención de víctimas de violencia intrafamiliar.
    - Atención de víctimas de delitos violentos en proyecto conjunto con los Centros de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

    Reinserción social
    - Reinserción laboral de ex condenados o personas cumpliendo medidas alternativas a la reclusión.
    - Intervención en hombres que cometen actos de violencia contra su pareja o ex pareja mujer.

    Estudios e innovación
    - Estudios
    - Innovación:
    - Innovación/otros en prevención social
    - Innovación/otros en asistencia a víctimas
    -Innovación/otros en reinserción social
    -Innovación/otros en prevención situacional
    -Innovación/otros general

    La asignación de recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública se realiza a través de una convocatoria pública de carácter nacional para la presentación de proyectos, que cuenta además con un proceso de difusión y capacitación en cada una de las regiones del país. Adicionalmente, el programa cuenta con herramientas de apoyo para los postulantes durante el proceso de elaboración de proyectos, tales como capacitaciones regionales sobre el proceso de postulación y la habilitación de una mesa de ayuda.

    Los proyectos ganadores reciben acompañamiento técnico y administrativo durante todo el proceso de ejecución de los proyectos y son monitoreados sistemáticamente, haciendo énfasis en la evaluación de resultados, rendición de cuentas y sistematización de la intervención de cada iniciativa.

    Durante el segundo semestre de año 2010, se llevó el cabo una primera convocatoria del Fondo Nacional de Seguridad Pública, destacando el interés de cientos de postulantes por acceder a recursos públicos para desarrollar iniciativas en seguridad ciudadana. Luego de una evaluación de cada uno de los proyectos, tanto por profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito como de un Comité de Expertos, se cerró el año 2010 con 40 proyectos adjudicados.

    El año 2011 el FNSP se fortalece, al ser creado formalmente como programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En este proceso, se mejoran significativamente sus mecanismos de gestión y sus bases, lo cual incidió en una caída del porcentaje de proyectos inadmisibles (de 40% durante el año 2010 a sólo 15% en 2011). Por otra parte, se incrementó la cantidad de tipologías de proyectos, factibles de ser presentados, de 4 tipos se pasó a cerca de 20 tipologías en seguridad pública.

    El año 2011 también estuvo marcado por una alta demanda de recursos. Durante esta convocatoria, se presentaron proyectos por más de 15.000 millones de pesos, y se cerró el año 2011 con el financiamiento de 137 iniciativas a lo largo de todo el país, por un total de 3.981 millones de pesos.

    La convocatoria 2012 estuvo marcada por un incremento en los requisitos de postulación, y aún así se recibieron 443 proyectos que demandaron recursos cercanos también a los 15.000 míllones de pesos. A enero de 2013, se entregaron 4.300 millones de pesos, correspondientes a 100 proyectos adjudicados de la convocatoria 2012, 23 proyectos focalizados directamente y 14 proyectos de continuidad del año 2011, lo que a su vez demuestra que el FNSP también se está posicionando como una herramienta para financiar buenas iniciativas no sólo en el corto plazo, sino en el mediano plazo también.

    Destaca también durante la gestión del FNSP 2012 el aumento en las adjudicaciones de proyectos presentados por Organizaciones Comunitarias, llegando a 23 proyectos financiados, que representan casi un 17% del total de proyectos apoyados con el FNSP 2012. Lo anterior, se encuentra plenamente alineado con uno de los objetivos primordiales del Plan Chile Seguro y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que consiste en acercar la seguridad ciudadana a todos los chilenos, convirtiéndolos en artífices y protagonistas de las soluciones a los problemas de seguridad que les afectan de manera específica, a lo largo de todo el territorio nacional.

    Entre los años 2011 y 2012, fueron financiados 274 proyectos, en las diferentes tipologías de corte psicosocíal y situacional, interviniendo de manera holística las diferentes necesidades en materia de prevención sobre la comisión de delitos.
    • Fecha:  24/05/2013    Párrafos: 8
    El nivel de delincuencia que aqueja a un país no es fruto del azar, sino consecuencia de la interacción de un conjunto amplio y diverso de factores que promueven o dificultan la comisión de delitos.

    Dada esta complejidad, es preciso abordar el fenómeno de la delincuencia desde un enfoque sistémico e integral que permita abarcar las diferentes aristas que propician el acto delictivo. La experiencia y evidencia nacional e internacional nos indica que la cantidad de delitos es consecuencia directa de que confluyan tres factores: (1) un autor motivado a cometer un ilícito, (2) circunstancias que hacen factible o fácil cometerlo, y (3) una víctima o blanco atractivo o vulnerable.

    Respecto al primer factor, la existencia de personas predispuestas a cometer delitos, estudios longitudinales en países en desarrollo han permitido concluir que un porcentaje pequeño de hombres es responsable de una proporción significativa de los delitos que se cometen, y que existe un conjunto de factores de riesgo que influyen en el ingreso de estas personas a una senda violenta o delictiva. De igual forma, existen factores que contrarrestan esa propensión, llamados factores protectores. Las políticas y acciones que pretenden reducir la existencia o el impacto de factores de riesgo y lograr lo contrario en el caso de los factores protectores pueden ser catalogadas, en términos generales, como de prevención social. Un claro ejemplo es el Programa de Prevención de Violencia Escolar que se comenzará a ejecutar el año 2013 en establecimientos educacionales de Chile, cuyo objetivo es disminuir al menos en un 25% los reportes de testigo, víctima y victimario de los estudiantes de violencia en el contexto escolar.

    En cuanto al segundo factor, el análisis geo referenciado de los delitos, tanto en Chile como en el resto del mundo, arroja que una proporción pequeña de lugares concentra la gran mayoría de los delitos, especialmente en aquellos espacios donde existen factores físicos y ambientales que facilitan o promueven la comisión de delitos. Es desde este entendido que surge la prevención situacional del delito como nueva ámbito de acción a considerar en el modelo de trabajo.

    Por último, es posible apreciar que una proporción relativamente pequeña de hogares o personas es afectada por un porcentaje importante de los delitos, lo que indica la presencia de características que hacen a esos hogares o personas más vulnerables a ser victimizados. En este marco, se destaca la formulación de la Política Nacional de Víctimas de Delito, cuyo objetivo es garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de delito, mediante la reparación integral del daño causado por la acción delictiva, así como la prevención de la victimización secundaria y de la re-victimización. Sus criterios orientadores son: Enfoque de derechos, Focalización, Articulación, Intersectorialidad, Eficiencia y eficacia, Evaluación permanente, Participación social, y Perspectiva de género.

    Considerando estos tres factores fundamentales para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos es que se estructura el trabajo desarrollado en Chile en la materia, donde se destaca el valor otorgado a la persona humana en el primer y segundo factor, ya que es desde ella donde se estructura la intervención, tanto disminuyendo sus factores de riesgo como fortaleciendo sus factores protectores.

    Reducir la delincuencia en Chile requiere, consecuentemente, abordar de forma simultánea los nudos críticos presentes en todos los componentes de este sistema complejo, desde la prevención social temprana hasta la reinserción de personas que han cumplido condenas, visión que ha sido plasmada en el Plan Chile Seguro y en las acciones específicas que de él se desprenden.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 68
    Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile
    Chile ha continuado desarrollando programas de capacitación policial en el marco de actividades de cooperación desarrolladas por Carabineros, a través del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras (CECIPU), y de la Policía de Investigaciones, a través de programas especiales para becarios extranjeros en la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPOL). En estos cursos de capacitación han participado policías de, entre otros países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana, lo que ha permitido fortalecer los vínculos de cooperación y hermandad con nuestros países amigos, permitiéndonos enseñar y aprender buenas prácticas, experiencias y técnicas en materia de seguridad pública.
    Por otra parte en este mismo ámbito de formación policial, el 31 de marzo pasado, se suscribió Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
    Asimismo, una misión técnica de Carabineros de Chile visitó Guatemala entre el 27 de septiembre y 10 de noviembre de 2009, luego de lo cual se elaboró el “Informe Ejecutivo Diagnóstico de la Misión de Carabineros de Chile” el que fue analizado por la Comisión Presidencial para la Reforma Policial de Guatemala, instancia que coincidió con el referido diagnóstico. Actualmente se encuentra en estudio la forma de fortalecer la cooperación con Guatemala, mientras prosiguen las capacitaciones de policías guatemaltecos en los cursos ofrecidos en las aulas de Carabineros de Chile en el marco del programa CECIPU.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 69
    Participación de Chile en foros internacionales sobre terrorismo
    Chile participa activamente en los foros internacionales que discuten la manera de abordar de mejor manera el flagelo del terrorismo y sus consecuencias. Para nuestro país, ésta amenaza constituye una preocupación importante, principalmente en lo relacionado con la situación de las víctimas y su auxilio.
    En este sentido, creemos que la cooperación en el ámbito multilateral es esencial para combatir los ataques terroristas y reparar el daño causado a sus víctimas. Es así como Chile apoya sin restricciones la Estrategia Global Contra el Terrorismo y ha dado cumplimiento pleno a las resoluciones sobre la materia y que han sido aprobadas en el Consejo de Seguridad.
    Estos esfuerzos se complementan por las actividades desarrolladas por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos. Es aquí donde podemos discutir desde una perspectiva regional aspectos tan delicados y contingentes como son aquellos relacionados con la seguridad en nuestros territorios.
    Además, nuestra participación en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), nos ha permitido abordar el tema desde otra perspectiva y que tiene relación con la seguridad y el comercio internacional. Nuestra participación en el Grupo de Trabajo contra el Terrorismo nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades y adoptar un enfoque más proactivo en la reducción de riesgos para nuestra población y nuestros intereses políticos, económicos y comerciales.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 70
    Tráfico ilícito de drogas
    En el plano de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, Chile ha dedicado importantes esfuerzos al fortalecimiento institucional, mediante la implementación de un nueva estructura orgánica y distribución de competencias en materia de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado. Para tal efecto, el año 2010, se introdujo una reforma legal mediante la cual el Ministerio del Interior asumió todos los aspectos relativos Seguridad Pública, en los ámbitos de la prevención, control de la delincuencia, rehabilitación de los infractores de ley y su reinserción social.
    A lo anterior se sumó la creación de una nueva Subsecretaria de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior, cuya función es elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, a rehabilitar y a reinsertar socialmente a los infractores de ley.
    En el ámbito específico del combate al tráfico ilícito de drogas, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública asumió el control y la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y evaluar los esfuerzos del Estado en esta materia. Además, se constituyó como el órgano coordinador del nuevo Sistema Nacional de Control de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores, el cual cuenta con un Consejo Asesor Intersectorial integrado por las jefaturas en materia de drogas de las policías (Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones), más representantes de la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y CONACE.
    “Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas”
    El artículo 55 de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dispuso la creación de un Registro que administre la información y fiscalice el manejo de las sustancias químicas controladas en el país. Conforme al Reglamento que regula su funcionamiento, las personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas como susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas deberán inscribirse en este registro especial, el cual depende del Ministerio del Interior. Además de recoger información fidedigna y exacta, proporcionada directamente por quienes tienen a su cargo el manejo de sustancias químicas en el país, el registro contribuye a prevenir y evitar el desvío de precursores y sustancias químicas esenciales para la producción ilícita de drogas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, delito que es sancionado en el artículo segundo de la Ley N°20.000.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 72
    Cooperación internacional sobre el problema mundial de las drogas
    En el ámbito de la cooperación internacional, Chile ha sostenido una activa agenda de reuniones y encuentros de carácter bilateral para abordar conjuntamente el Problema Mundial de las Drogas.
    Respecto a los países limítrofes, desde 2009 a la fecha, se han efectuado Comisiones Mixtas específicas sobre Drogas con Bolivia y Perú, en las cuales han participado todas las instituciones nacionales relacionadas con el tema y cuyo propósito es lograr un trabajo mancomunado que aborde la materia en forma integral. Este mecanismo de coordinación y consulta ha permitido, entre otros logros, establecer sistemas fluidos y directos para compartir información, programas de capacitación entre las instituciones policiales, intercambio de experiencias respecto a programas de prevención del consumo de drogas y planes de rehabilitación y reinserción social.
    A estas instancias de cooperación internacional con los países limítrofes, se suman otras iniciativas desarrollas con países sudamericanos. Tal es el caso de Colombia, con el cual se ha mantenido una estrecha colaboración en el área de seguridad y combate al crimen organizado. Ambos países suscribieron, en 2007, el “Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo”, para cuyo seguimiento e implementación se han celebrado, en 2007 y 2009, reuniones de las “Autoridades Ejecutoras del Plan”.
    En el ámbito extra-regional, se celebró en Santiago, en 2009, la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Drogas con España en el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 73
    Seguridad pública
    La seguridad pública constituye una política de Estado en Chile que aborda la inseguridad con un enfoque integral, lo cual se encuentra en plena coherencia con los lineamientos establecidos a partir de la adopción del Compromiso por la Seguridad Pública de las Américas, durante la MISPA I en México en el 2008 y del Consenso de Santo Domingo sobre Seguridad Pública durante la MISPA II en República Dominicana en el 2009.
    Con el objeto de dotar al Estado de la mayor cantidad de herramientas para asegurar la paz y tranquilidad de sus ciudadanos, Chile ha reformado la institucionalidad, siendo el Plan Chile Seguro uno de los hitos más importantes en términos de política pública para la prevención y el combate a la delincuencia. Para su éxito ha sido necesario realizar importantes modificaciones a la estructura del gobierno en esta materia:
    El Ministerio del Interior pasó a denominarse Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su rol es mantener el orden público, la seguridad y la paz social, y es el encargado de la política de seguridad pública del país. Para cumplir con este objetivo, las fuerzas policiales pasaron a depender de este Ministerio. La División de Seguridad Pública (DSP), encargada de ejecutar programas de seguridad pública, pasará a ser la Subsecretaría de Prevención del Delito de este Ministerio, y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), encargado de la prevención, tratamiento y rehabilitación de drogas, pasará a ser el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol dependiente también del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
    Entendiendo que la problemática es multidimensional, participan además en esta tarea el Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Menores, Gendarmería, Ministerio Público y el Poder Judicial
    Plan Chile Seguro 2010-2014
    El diseño de esta política pública en Chile contempla cinco áreas que abordan el fenómeno delictivo: Prevenir, Proteger, Sancionar, Apoyar, Rehabilitar. Asimismo existen tres ejes transversales que completan el ataque integral al problema: Centro Estratégico de Análisis del Delito (CEAD), eje basado en la información estadística y evidencia que permitirá estudiar el delito; Programa Barrio en paz; y Fondo Nacional de Seguridad, de ejecución territorial.
    El plan tiene dos metas concretas, circunscritas al período de la actual administración 2010-2014: reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos y reducir la cantidad de delitos en el espacio público. Durante este período se pondrá especial énfasis en hacer frente a los delitos que ocurren en el espacio público, correspondiente a robos por sorpresa, robos con violencia o intimidación, y robos de vehículos o accesorios de vehículos, los que en su conjunto, representan la mitad de los delitos que afectan a los chilenos.
    Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Chl_Sp.pdf
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 75
    Comercio ilegal de armas
    Para Chile es necesario el establecimiento de parámetros comunes y de una serie de reglas claras en relación al comercio ilegal de armas. Es por esto que hemos apoyado las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas que se desarrolla en Naciones Unidas. Creemos que este instrumento debe ser riguroso, debe incentivar la transparencia y evitar el desvío de armas al mercado ilegal. Consideramos que nuestra región debe tener una posición proactiva en las negociaciones de este acuerdo.
    Es en esta discusión y considerando la importancia que reviste el tema para nuestra región, la Organización de Estados Americanos podría aportar con su “know how” y reforzar nuestra posición regional, considerando la evolución de las relaciones cívico militares en nuestra región y la creación de espacios de diálogo como los encuentros de Ministros de Defensa.
    En el cumplimiento de nuestros compromisos se puede señalar que la Dirección General de Movilización Nacional es la entidad que controla la exportación, importación y transferencia de armas de fuego en Chile, esta institución ha continuado desarrollando importantes campañas para evitar la posesión ilegal de armamento, la debida inscripción de éste y su debido control.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 76
    Unidad de Análisis Financiero
    La Ley Nº 19.913 (18 de diciembre de 2003), modificada por Ley 20.119 (31 de agosto de 2006), crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de algunos de los delitos descritos en la misma ley, sobre el lavado de activos. La UAF es un organismo descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y personal y tecnologías adecuadas para sus funciones, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
    La UAF es miembro del Grupo Egmont desde octubre de 2004 y está facultada para intercambiar información con sus similares del extranjero, sobre la base de reciprocidad y de que la información no será utilizada para fines diferentes. Actualmente cuenta con 36 Memoranda de Entendimiento o acuerdos similares con unidades de inteligencia financiera en el mundo.
    La Misión de la UAF es la de “Contribuir significativamente al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de: la búsqueda, centralización, sistematización y análisis de información; la emisión de normativa y permanente fiscalización de su cumplimiento. Todo ello, velando por mantener una coordinación efectiva con los entes públicos y privados que participan en la prevención, incorporando estándares internacionales y difundiendo la información necesaria a la sociedad en general”.
    La Ley N°20.119 amplió las facultades de la UAF para acceder a mayor cantidad de información resguardada estableciendo un sistema de levantamiento del secreto bancario y tributario, debiendo para su obtención realizar procedimientos jurisdiccionales de solicitud de alzamiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, permite acceder a bases de datos de organismos públicos para obtener información. Por otro lado, dota a la Unidad de Análisis Financiero de la facultad de sancionar a los sujetos, que no cumplen la ley o las instrucciones emitidas por la Unidad.
    A partir del 22 de diciembre de 2009 la UAF tiene a su cargo la coordinación nacional en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la representación de
    Chile ante GAFISUD. Esta coordinación tiene como principal objetivo el realizar una evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Prevención del Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, detectar sus debilidades y proponer al Ministerio de Hacienda y demás organismos competentes, la adopción de todas aquellas reformas necesarias para un adecuado control y fiscalización, incluso pudiendo proponer modificaciones en aquellas materias que son propias de una ley.
    Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Chl_Sp.pdf
  • Colombia
    • Reportes
    • Fecha:  15/06/2016    Párrafos: 9

    1. Trata de personas.

    En materia de prevención y sensibilización, la ejecución de la segunda fase de la campaña Ante la Trata de Personas Reaccionemos en Cadena . Esta segunda fase tuvo como objetivo enfrentar a una de las poblaciones más vulnerables al delito de trata de personas: jóvenes de colegios distritales entre los 16 y 18 años, ante la realidad de un posible caso de trata de personas.

    Se realizaron dos (2) jornadas de talleres en diez (10) colegios distritales: siete (7) en Bogotá, uno (1) en Medellín, uno (1) en Cali y uno (1) en Ipiales. En los talleres participaron alrededor de 900 alumnos entre los 16 y los 18 años de edad, y con el fin de tener un mayor impacto en la difusión, a través de las redes sociales se socializó el video de los talleres

    En materia de asistencia y protección a víctimas, el Gobierno Nacional brindó asistencia a 73 presuntas víctimas del delito de trata de personas bajo la coordinación del Ministerio del Interior y a 39 menores de edad bajo coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

    Respecto a la investigación y judicialización del delito de trata de personas, durante el 2015, la Fiscalía General de la Nación destacó diez (10) fiscales para adelantar investigaciones relacionadas con trata interna de personas, contando actualmente con catorce (14) fiscales destacados, lo que se traduce en catorce (14) despachos para atender este fenómeno criminal a nivel interno. Estos despachos son equipos de trabajo con conocimiento especializado, y dedicados exclusivamente a estos asuntos.

    Igualmente, en materia de trata de personas trasnacional, en noviembre de 2014 se creó el Grupo de Articulación para la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, que tiene como objetivo desarrollar la investigación del delito desde una perspectiva de macrocriminalidad, que permita la persecución penal inteligente de las organizaciones criminales.

    A su vez, la lucha contra el delito de trata de personas es un asunto de primer orden en la agenda de seguridad bilateral y multilateral de Colombia. En este sentido, el Gobierno nacional ha realizado ingentes esfuerzos por fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral y regional, y de esta manera optimizar la lucha integral contra este fenómeno.

    Colombia ha buscado promover la suscripción de memorandos de entendimiento bilaterales para combatir el delito de trata de personas, con el ánimo de fortalecer la cooperación en la prevención y lucha contra este fenómeno con países de la región que también se ven fuertemente afectados por el mismo.

    Desde el año 2012, el Gobierno ha suscrito 8 acuerdos bilaterales en la materia, resalta en la vigencia 2015 la suscripción del Acuerdo para la prevención, investigación, persecución del delito de la trata de personas y para la asistencia y protección a sus víctimas con el Gobierno de Perú (25 de mayo 2015).

    Los Memorandos de Entendimiento y Acuerdos bilaterales suscritos, responden a las diferentes variables que se deben abordar para hacer frente a la trata de personas en la medida que fomentan la cooperación en los ámbitos de prevención, investigación y judicialización, y asistencia a las víctimas de este delito. Estos instrumentos, se operativizan a partir del establecimiento de planes de acción anuales que permiten el desarrollo de acciones concretas entre los signatarios. En el 2015, Colombia acordó planes de acción para el año 2016 con Paraguay, Honduras y Ecuador.

    2. Tráfico ilícito de migrantes.

    Durante los años 2014-2015 el Gobierno de Colombia avanzó en el análisis técnico, jurídico y político que permita al país adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas, para desarrollar marcos de cooperación efectivos, a nivel regional y bilateral, para hacer frente a este delito de carácter transnacional.
    • Fecha:  15/06/2016    Párrafos: 5
    3. Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    El Gobierno de Colombia durante el año 2015 participó activamente en los escenarios internacionales claves en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como lo fueron el XIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, y el 24° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

    En el marco del 24° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (18 al 22 de mayo, y 10 y 11 de diciembre de 2015), se destaca que el Gobierno de Colombia copatrocinó dos (2) de las ocho (8) resoluciones adoptadas, dada la relevancia de los temas para el país: tráfico de bienes culturales y Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. De la misma manera, se hizo un llamado a la Comisión para analizar a futuro la distribución geográfica equitativa del personal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo cual se reflejó en la resolución relativa al presupuesto.

    Por su parte, en el XIII Congreso de Prevención del Delito (12 al 19 de abril de 2015, Doha, Qatar), el Gobierno de Colombia participó activamente en la elaboración de la denominada Declaración de Doha, referente a la integración de la prevención del delito y la justicia penal en la agenda de las Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos sociales y económicos, y promover el Estado de Derecho y la participación ciudadana en los planos nacional e internacional.

    A nivel bilateral, el 25 de septiembre de 2015, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y su homólogo de Honduras, Arturo Corrales, suscribieron un Memorando de Entendimiento para la creación del Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia entre ambos países.

    3.1 Delito cibernético.

    El Consejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno de Colombia estableció la política nacional de seguridad cibernética en el año 2011 a través del CONPES 3701 , en el que se acordaron los lineamientos en materia de ciberdefensa y ciberseguridad del país, y en virtud del cual se ha fortaleció la institucionalidad nacional para hacer frente a creciente fenómeno.

    A fin de continuar fortaleciendo las capacidades naciones en la materia, se consideró oportuno actualizar el documento CONPES 3701, proceso en el que se contó en agosto de 2015 con observaciones y recomendaciones de un grupo de expertos internacionales, en el marco de un trabajo conjunto del Gobierno de Colombia con la Organización de los Estados Americanos.
    • Fecha:  15/06/2016    Párrafos: 1
    4. Lucha contra la corrupción.

    La corrupción, como una forma y manifestación de la delincuencia organizada transnacional, es un fenómeno que socava la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, permitiendo el accionar indiscriminado de la criminalidad y otras amenazas a la seguridad de los Estados.

    El Gobierno de Colombia ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de su institucionalidad y ha generado políticas públicas para combatir más eficazmente este fenómeno, enmarcadas siempre en los conceptos rectores de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.

    En ese sentido, el Gobierno de Colombia participó de manera activa en la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción, en San Petersburgo, Rusia (2 al 6 de noviembre de 2015), así como en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional (2 y 3 de noviembre de 2015) y la sexta sesión del Grupo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC (3 y 4 de noviembre de 2015).

    En estos escenarios se destacó que Colombia ha sido un abanderado de la implementación de la Convención de Naciones Unidas en contra de la Corrupción y de su Mecanismo de Examen, cuyo primer ciclo ha sido de la mayor utilidad para los Estados en la identificación de sus fortalezas y debilidades en materia de lucha contra la corrupción.

    Por esta razón, Colombia hizo un especial llamado para que esta Conferencia lanzara el segundo ciclo del Mecanismo, para evaluar los capítulos de Prevención y Recuperación de Activos de la Convención.

    En el ámbito hemisférico, Colombia es un país activo en el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-, y se ha convertido en el cuadragésimo país en ratificar la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 3
    Derechos Humanos

    Reconociendo el compromiso de proteger y promover los Derechos Humanos en el hemisferio, Colombia ha adelantado durante los últimos años cambios normativos e institucionales dirigidos a fortalecer las garantías fundamentales y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado en esta materia.

    Particularmente, se registran avances en materia legislativa y de política pública para prevenir, sancionar, penalizar y en últimas erradicar la violencia sexual y por motivos de género. En este contexto es importante destacar la promulgación de los Documentos CONPES 161 y 3784 de 2013, a través de los cuales, por una parte, se materializó la Política Pública Nacional de Equidad de Género y el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y, por otra parte, se estructuraron los Lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, y la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado.

    En esta misma línea, se promulgó el Decreto 1480 de 2014 a través del cual el Estado colombiano reafirma la obligación que tiene de ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en la Ley de Víctimas, especialmente a mujeres. Además, el acto legislativo declara el 25 de mayo como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

    Igualmente, con la expedición de la Ley 1719 el 18 de junio de 2014 se logró la adopción de importantes medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

    También se han venido realizando iniciativas que permitan avances en materia de prevención y atención. De esta manera, se trabaja desde el año 2014 en la iniciativa conjunta del “Programa de Garantías para las Mujeres”. El Ministerio del Interior ha liderado el proceso de construcción de la versión final del documento que desarrolla este Programa, a partir del diálogo, el intercambio y la construcción colectiva de propuestas entre el Gobierno, la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.

    También se han realizado esfuerzos a través del Ministerio de Justicia para diseñar e implementar la estrategia de acceso a la justicia y a la reparación, la cual busca especialmente ofrecer garantías de acceso a las mujeres. Dentro de los componentes de esta estrategia se contempla el acompañamiento psicosocial y el empoderamiento de las víctimas para que conozcan los procesos de restablecimiento de sus derechos y las rutas de atención.

    Frente a la inclusión de mujeres como beneficiarias de planes de reparación individual, en 2014 se realizaron 2.081 pagos por concepto de indemnización a víctimas de violencia sexual y se elaboraron 1.287 planes integrales de reparación individual a víctimas de este delito. De la misma forma, 257 víctimas de violencia sexual participaron de la Estrategia de Recuperación Emocional, lo cual ha posibilitado que las víctimas realicen su proceso de duelo.

    Adicionalmente, la Ley de Víctimas ha reconocido como sujetos de reparación colectiva a los grupos, organizaciones y comunidades que han sufrido un daño colectivo, entre los cuales se incluye a organizaciones de mujeres. En este proceso se han identificado múltiples agrupaciones a las que se les ha reconocido la violencia sexual como parte de los daños sufridos.

    Esto se ha visto complementado con el diseño y puesta en marcha de la Estrategia de Reparación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, iniciativa que se caracteriza por la atención diferencial, integral y adecuada a las mujeres víctimas de este delito.

    Por otra parte, desde la promulgación de la Ley 1654 de 2013, la Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando en el marco de un nuevo modelo de investigación penal basado en el análisis y establecimiento de contextos que permitan generar acciones más efectivas frente a la macro criminalidad. Se destacan las siguientes acciones adelantadas en el marco de ese nuevo modelo de investigación:

    • Se han logrado relacionar cuatro situaciones priorizadas en materia de delitos de violencia sexual basada en género en el marco del conflicto armado, sobre las cuales se adelantan acciones investigativas.

    • El proceso especial de Justicia Transicional contemplado en la Ley de Justicia y Paz ha priorizado la judicialización de los delitos de violencia sexual. Los nuevos modelos de investigación han permitido condenar a varios máximos responsables de estas violaciones, así como adoptar decisiones de fondo que garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas sobrevivientes.

    Asimismo, durante el año 2014 la Fiscalía General de la Nación, de manera articulada con otras instituciones, participó en siete jornadas de toma de declaración y denuncia a mujeres y jóvenes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, generando así condiciones y garantías para que las sobrevivientes puedan formular las denuncias en condiciones de seguridad y sin riesgo de una segunda victimización.

    Finalmente, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1719 de 2014 en casos que involucren violencia sexual, la Fiscalía y la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia han adoptado un acuerdo de cooperación con la Embajada de España, que busca fortalecer la formación de los funcionarios en cultura del servicio con enfoque diferencial y de género, brindando canales de acceso a la justicia a partir de la construcción de estratégicas y metodologías para la atención de las víctimas, la investigación y priorización de casos de violencia basada en género.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    VI. SEGURIDAD CIUDADANA Y DELICUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

    Seguridad y Convivencia Ciudadana

    La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) de Colombia es el resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el DNP, y con el apoyo de otras entidades del orden nacional y del nivel territorial.

    En el marco de la PNSCC se apoyaron 24 gobiernos locales para la elaboración e implementación de sus Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los gobiernos locales han podido diseñar planes y programas más efectivos, debido a que su formulación incorporó un ejercicio participativo y de corresponsabilidad con diferentes actores locales. Del mismo modo, la intervención está focalizada en los lugares que presentan mayores desafíos y sus acciones se articulan con las entidades nacionales.

    Como parte de la búsqueda de una Colombia más equitativa, desde octubre de 2013 se han venido impulsando acciones de coordinación de la oferta interinstitucional en Tumaco, Nariño. Se identificó que ésta debe ser una intervención integral de mediano plazo, que permita el desarrollo de acciones estratégicas hacia un cambio estructural en el municipio, con impacto en la región pacífica nariñense. En este sentido, el Gobierno Nacional, de común acuerdo con la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, decidieron elaborar el Plan Estratégico para Tumaco 2014-2019, donde se priorizan proyectos estratégicos en seis áreas: 1) Desarrollo productivo y competitividad; 2) Infraestructura física para el desarrollo económico (servicios públicos); 3) Desarrollo productivo y empleo; 4) Desarrollo social; 5) Seguridad nacional y ciudadana, y 6) Fortalecimiento institucional.

    Con respecto al uso de información relevante para fortalecer la capacidad y la coordinación de las instituciones, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional de octubre de 2014 se aprobó el Plan de Choque “Vamos Seguros” de la Policía Nacional, el cual se implementó por tres meses a partir de octubre en 12 ciudades que reportan el 82% de los delitos del país. Este Plan de Choque tuvo resultados importantes, entre los cuales están la focalización de acciones contra los delitos en determinadas zonas, dado la particularidad y el comportamiento del delito en cada ciudad. Bajo este esquema, se resalta la articulación entre el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

    En este periodo también se han dado otros esfuerzos como la coordinación en la formulación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, con el cual se actualiza esta normatividad al contexto actual y se le permite a la Policía Nacional contar con nuevas herramientas para responder de una mejor manera a los problemas de convivencia ciudadana.

    Con el fin de fomentar una cultura de legalidad, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia (ahora Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) y Microsoft decidieron impulsar una iniciativa denominada “Yo le Juego Limpio a Colombia”. Esta iniciativa cuenta ya con el apoyo de varias entidades públicas, gremios y empresas del sector privado.

    También se ha avanzado en la implementación de la Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares. Este fenómeno, que ha alcanzado índices muy altos, será combatido atacando la compra y venta ilegal de equipos, desarticulando las estructuras criminales dedicadas a esta actividad y generando corresponsabilidad ciudadana.

    Seguridad y Convivencia Ciudadana en escenarios regionales

    La lucha contra la corrupción y sus prácticas es un asunto de primer orden en la agenda del Estado colombiano. En los últimos años, Colombia ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de su institucionalidad y en la generación de políticas públicas para combatir más eficazmente este flagelo.

    Para el Gobierno de Colombia, la lucha contra la corrupción requiere acciones coordinadas y una visión del problema como un reto global que exige el compromiso de todos. En este sentido, el país ha sido un abanderado en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha dado un apoyo total al mecanismo de Evaluación y Seguimiento de este instrumento internacional.

    Específicamente, en el marco de la V Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de esta Convención se presentó el Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación de Colombia de aplicación e implementación de la Convención en su Primer Ciclo (Capítulos III y IV). En este marco, Colombia y Filipinas presentaron el Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación de Paraguay de aplicación e implementación de la Convención.

    Asimismo, Colombia ha buscado trascender sus compromisos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, desempeñando un papel activo en los mecanismos regionales de lucha contra la corrupción en América. Igualmente, Colombia se ha convertido en el cuadragésimo país en ratificar la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

    Durante este periodo también se ha dado la participación activa en escenarios de importancia político/técnica de lucha contra el crimen organizado y la prevención del delito. Específicamente, en el 23° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y en el VII Periodo de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en los cuales se apoyaron y promovieron las acciones del Sistema de las Naciones Unidas tendientes a fortalecer la cooperación internacional para la prevención y lucha de fenómenos como el tráfico ilícito de migrantes; el tráfico de bienes culturales; la trata de personas; el lavado de activos; y los delitos ambientales.

    En este contexto, resulta oportuno mencionar que Colombia hizo un llamado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para estructurar un grupo de trabajo intergubernamental que analice a fondo la problemática de la minería criminal, sus vínculos con la Delincuencia Organizada Transnacional, y las posibles respuestas que pueda dar Naciones Unidas a este fenómeno.

    De igual manera, en el marco del VII Periodo de Sesiones de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Colombia instó a intensificar los esfuerzos de los Estados en la construcción e implementación de estrategias y políticas que permitan enfrentar las nuevas formas de criminalidad y no únicamente las amenazas tradicionales; de igual forma, Colombia hizo un llamado a los Estados Parte de la Convención a fortalecer la cooperación judicial internacional en dos aspectos esenciales: la identificación e incautación de bienes producto del delito y la negación a las fuentes de financiación del crimen organizado.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 9
    Trata de personas

    Para el Gobierno de Colombia, la prevención y lucha contra las diferentes formas y manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional es un asunto de primer orden en la agenda multilateral. Uno de los fenómenos criminales a los cuales se la ha dado gran importancia ha sido la Trata de Personas, delito que no sólo vulnera los derechos humanos de las personas que son víctimas del mismo sino también la seguridad de los Estados.

    En esta sentido, el Gobierno Nacional ha venido formulando y ejecutando una política exterior ambiciosa en materia de prevención, investigación de la trata de personas y asistencia a las víctimas de la misma, que tiene como fundamento la creación de una amplia red de cooperación para la ejecución de acciones conjuntas contra este delito.

    En este marco, Colombia cuenta hoy con siete acuerdos de cooperación con países de la región y se encuentra negociando cuatro acuerdos más que permitan prevenir y enfrentar el fenómeno de una forma efectiva y coordinada con la comunidad internacional.

    En desarrollo de esta política, durante 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia suscribió dos Acuerdos de Cooperación en materia de Lucha contra la Trata de Personas (Paraguay y Costa Rica), y realizó tres Encuentros Binacionales (Chile - Argentina - Ecuador), que desarrollan los compromisos acordados previamente en esta materia.

    Como respuesta a las problemáticas de la trata de personas con fines sexuales, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y demás formas de violencia sexual, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contempla la generación de lineamentos técnicos por parte de las entidades competentes, para desarrollar acciones intersectoriales de prevención, atención y seguimiento con miras a la erradicación de los determinantes de la violencia sexual y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de estas violencias.

    La implementación y ejecución de estos lineamientos se realizará en nivel territorial, fortaleciendo para tal fin los Comités Interinstitucionales Consultivos para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual o los espacios interinstitucionales que cumplan este fin, para que las entidades competentes del ente territorial de manera coordinada y articulada den respuesta de la prevención de la violencia sexual, la atención y protección de las víctimas de violencia sexual, a través de un plan de acción anual, y que emitan recomendaciones a los Consejos de Política Social para el direccionamiento de las políticas públicas.

    En materia de prevención y lucha contra la trata de personas, Colombia ha realizado grandes esfuerzos para impulsar los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral y regional. Entre 2012 y 2015 el Gobierno de Colombia suscribió acuerdos en esta materia con Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Paraguay. Asimismo, está negociando acuerdos con Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.
    Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece a través de sus consulados en el exterior atención inmediata a las posibles víctimas de trata de personas, mediante los siguientes servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen; seguridad; alojamiento y alimentación; asistencia médica, psicológica y material; e información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir en el país receptor. En 2014 se dio asistencia a 53 víctimas de trata de personas.

    En materia de prevención, se han desarrollado las siguientes estrategias:
    • Campaña “Ante la Trata de Personas Reaccionemos en Cadena”, que tiene como objetivo concientizar a los familiares y al entorno de las posibles víctimas sobre la trata de personas.
    • Capacitación a cónsules y funcionarios. Mediante la capacitación virtual se han certificado 563 funcionarios en el exterior en el tema. Asimismo, en planta interna se capacitó a 160 funcionarios.
    • Desarrollo de material para prevención y capacitación.

    Tráfico ilícito de migrantes

    En materia de Tráfico Ilícito de Migrantes, en los últimos tres años las autoridades nacionales han identificado 3.475 casos; sólo en 2014 se presentaron 2.111 casos, lo que equivale, comparado con el año 2013, a un incremento de más del 300%.

    En este marco, durante 2014 el Gobierno de Colombia avanzó en el análisis técnico, jurídico y político que permita adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas y de cooperación para hacer frente a este fenómeno transnacional

    Dada la dinámica migratoria, caracterizada por un incremento en la presencia de víctimas del tráfico de migrantes en el territorio nacional, en 2014 Colombia, con apoyo de la UNODC, implementó el Plan de Acción en materia de tráfico ilícito de migrantes, desarrollando acciones multidimensionales. Se destacan los siguientes logros tanto en materia de prevención como de investigación y judicialización:
    • I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Migraciones, celebrado en mayo de 2014 por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su objetivo se enfocó en establecer un espacio de debate sobre la importancia de promover y garantizar el respeto de los Derechos Humanos de la población migrante, desarrollando temas como la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas.
    • Capacitación y sensibilización en Derechos Humanos: en 2014 fueron capacitados 120 funcionarios en Derechos Humanos en el control migratorio.
    • "Línea amiga del migrante” Número 153, asignada en julio de 2014 con el propósito de atender denuncias y quejas relacionadas con delitos transnacionales, en especial la trata de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional.
    • Protección de niños, niñas y adolescentes y controles a la salida irregular de menores. Se han extremado las medidas tendientes a evitar la salida irregular de los menores. Asimismo, las Direcciones Regionales de Migración Colombia vienen realizando acompañamiento continuo a los comités regionales de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, para prevenir, reducir y combatir las problemáticas en torno a este flagelo.
    • Operaciones “Soberanía I” y “Arena” contra el tráfico de migrantes, gracias a las cuales se logró desarticular dos redes dedicadas a este delito.
    • Diplomado en Policía Judicial con énfasis en Trata y Tráfico de Migrantes, realizado en marzo de 2014 con la participación de 40 funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a nivel nacional.
    • Seminario de Formación en materia de Policía de Fronteras e Inmigración, celebrado en junio de 2014 en la ciudad de Ávila, España, con la participación de 19 oficiales de las diferentes regionales de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y del nivel central.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Con el propósito de dar cumplimiento a los mandatos de la VI Cumbre de las Américas sobre seguridad ciudadana y delincuencia organizada, el Gobierno Nacional ha impulsado la implementación de modelos de mejora continua e innovación, que promueven la competitividad y la capacidad de anticipación frente a los fenómenos criminales, la articulación de los esfuerzos, así como la optimización de los recursos, a través de la adopción de herramientas gerenciales y de compromisos con la calidad y efectividad de sus servicios.
    Seguridad y Convivencia Ciudadana
    La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) de Colombia es el resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, y el concurso de otras entidades del orden nacional y del nivel territorial.
    Puntualmente, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia, a través de un trabajo de articulación con las Mesas Transversales (en las que participan 20 entidades nacionales), de las Juntas Directivas con el Señor Presidente de la República y de las Mesas de Concertación Nación – Región (como espacios de concertación entre los gobiernos locales y las entidades nacionales), ha logrado acortar la brecha existente entre la oferta nacional y las demandas de las 24 ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
    La PNSCC se apoya en intervenciones y actuaciones integrales y focalizadas en los delitos que se consideran de alto impacto: homicidio y hurto común, lesiones personales y muertes en accidente de tránsito. Lo anterior, con el propósito de mejorar los índices de seguridad y convivencia ciudadana en forma pertinente y estratégica, sin perjuicio de otras modalidades delictivas.
    Actualmente, las 24 ciudades priorizadas por la Alta Consejería cuentan con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se estructuró bajo un diagnóstico que prioriza los delitos y su tendencia de comportamiento desde el 2007 y focaliza (comuna, barrio y cuadrante) las intervenciones a desarrollar de manera diferenciada y acorde a los factores determinantes.
    A través de la elaboración e implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se ejecutaron talleres con las comunidades de los barrios focalizados y con más altas tasas de generación de delitos de impacto. En las ciudades de Armenia, Medellín, Cúcuta, Pereira y Manizales se constituyeron en esos Barrios las Mesas Comunitarias de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales se establecieron Pactos de Seguridad y Convivencia Ciudadana para articular la ejecución de la Oferta Local y Nacional con las Mesas Comunitarias.
    Por otra parte, la PNSCC cuenta con un eje estratégico de Sistemas de información y estudio de políticas públicas. El propósito del componente de sistemas de información y estudio de políticas públicas en materia de convivencia y seguridad ciudadana es facilitar el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas efectivas contra el delito, la criminalidad y la violencia; las acciones de sanción y control policial y los procesos judiciales. El país cuenta con una amplia experiencia en el montaje y operación de sistemas de información primaria oficial y de observatorios del delito que utilizan estas fuentes oficiales.
    La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana logró que desde el 2011 el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE – realice la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, produciendo información estadística sobre los siguientes hechos delictivos: hurto (residencias, personas y vehículos), riñas y peleas y extorsión, así como la percepción de seguridad para la población de 15 años y más. Esta es una herramienta de información que produce investigación estadística sobre estos hechos delictivos. La encuesta se realizó en las siguientes cabeceras municipales y municipios aledaños: Armenia, Barranquilla – Soledad, Bogotá, D.C. – Soacha, Bucaramanga, Cali – Palmira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín - Itagüí – Envigado, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San André, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio (La población total de estas ciudades es de 22 millones de personas en 2012, que equivale al 48% de la población Colombiana)
    Del mismo modo se logró que esta Encuesta quedara dentro del presupuesto anual del DANE, garantizando su continuidad en el tiempo. Se espera para finales de julio de 2014 tener los resultados del 2013
    La encuesta estableció que la victimización promedio de los 20 dominios es de 20%. Es decir, el 20% de la población mayor de 15 años en la zona urbana de esas ciudades fue víctima de alguno o varios de los cinco delitos señalados, entre junio 2011 y junio 2012. En relación con el hurto a personas, el 13.2%, hurto a residencias el 3.5%, hurto a vehículos el 12,4%, riñas y peleas el 2,5%, y extorsión el 0.08%. La encuesta también señala que en promedio el 61% de las personas se siente insegura en su ciudad. En el caso de Colombia, a diferencia de otros países, se hizo una selección de los delitos de mayor impacto en seguridad ciudadana y que no se estuviesen midiendo a través de otros instrumentos (caso de los delitos sexuales).
    La información de la encuesta empieza a ser muy útil, puesto que ha permitido establecer que ciudades como Pasto y Bogotá tienen una victimización mayor de la que se creía, que el hurto a personas en el país es muy alto comparado con otros países de la región y que este se debe principalmente a hurto de celulares (70.7%), y que la extorsión es bastante menor que la esperada (0.08%) dado que se concentra en lugares específicos de las zonas urbanas (v.gr. plazas de mercado y corredores comerciales). La encuesta también evidencia, por ejemplo, que el hurto de bicicletas es mayor que el de motos (3,6% vs 1,5%), y que el promedio de denuncia es bajo: 24.5%.
    Por otro lado y apuntando a la Cultura de Legalidad y Convivencia de la PNSCC, el Gobierno Nacional decidió impulsar una reforma de ley que de origen a un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que contará con un marco normativo más fuerte y robusto para combatir el crimen y estimular la convivencia ciudadana.
    Esta reforma tiene dos objetivos, el primero es dotar a las autoridades y a la ciudadanía de una norma que regule las relaciones entre los ciudadanos, y de estos con las autoridades y con el entorno, para contribuir a mejorar la convivencia. El segundo es, actualizar la legislación existente al marco filosófico y legal que se estableció en la Constitución de 1991, la cual afianza derechos y libertades con sus respectivos deberes y obligaciones. Se espera que a más tardar, en el segundo semestre del 2014 este proyecto esté radicado ante el Congreso de la República.
    Mención especial merece la implementación de la Estrategia Nacional Contra el Hurto Celular que fue diseñada para acabar con esa industria transnacional del crimen, que se inicia cuando a un ciudadano le roban su teléfono celular. Para lograr acabar con este delito que además de cobrar la vida de muchos colombianos, financia bandas criminales (BACRIM), la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana lidera un equipo de carácter multi-institucional conformado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la mano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y la industria celular. En este marco, desde el 4 de abril de 2013, se están haciendo bloqueos de celulares que no hayan sido registrados, los usuarios que utilicen su SIM CARD en un equipo celular diferente al que venían usando antes del primero de abril de 2013, serán objeto de controles por parte de los operadores.
    Vale la pena también resaltar, que dentro de la acción de la Policía Nacional, se decidió especializar a un grupo de efectivos para desmantelar las bandas criminales dedicadas al tráfico de celulares robados. Para este fin se crearon 43 Grupos Especiales Seccionales, conformados por 183 policías dedicados exclusivamente a esta tarea.
    Pero los esfuerzos para combatir el hurto de celulares no son solo locales. En los comités de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, organismo de la Organización de Estados Americanos, Colombia propuso y logró el consenso de todos los Estados Miembros para adoptar medidas contra el problema del hurto de celulares, dentro de las cuales se encuentra la conexión a la base de datos de la Asociación Mundial de los Operadores para compartir internacionalmente las bases de datos negativas o de equipos hurtados. Nuestro país ya se encuentra trabajando de la mano con Ecuador y se encuentra en proceso de negociación con Venezuela y Perú.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1
    Seguridad y Convivencia Ciudadana en escenarios regionales
    El 19 de agosto de 2013 en el marco de la Reunión de Ministros de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia de los países Miembros de UNASUR, culminó el proceso de estructuración del Consejo Sudamericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, propuesta que hizo Colombia en el mes de mayo del año 2012, habida cuenta de la necesidad de construir un mecanismo político/técnico de actuación conjunta frente a los diferentes fenómenos que amenazan la seguridad de los países sudamericanos.
    El Consejo es uno de los avances más importantes a nivel subregional en materia de seguridad, pues por primera vez los países Sudamericanos acuerdan la puesta en marcha de un marco de cooperación técnico, político, policial y de intercambio de información estratégica para enfrentar la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la Justicia.
    Asimismo, Colombia fue sede de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IV), cuyo objetivo es fortalecer el diálogo entre los actores claves en materia de seguridad pública con miras a lograr una cooperación efectiva, facilitar la transferencia de conocimientos, apoyar la asistencia técnica y el intercambio de prácticas prometedoras en este ámbito para hacer frente a los crecientes desafíos que afectan a los Estados de las Américas y sus poblaciones.
    En el marco de la reunión se aprobó la Declaración de Medellín para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica en materia de Seguridad Pública y se designó a Colombia como presidente del Grupo Técnico que le hará seguimiento a las recomendaciones contenidas en la Declaración en mención.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 9
    Trata de personas
    Colombia realizó grandes esfuerzos por estructurar y fomentar mecanismos de cooperación bilateral y regional con el objetivo de fortalecer la lucha integral contra la Trata de Personas.
    En este marco, se logró la suscripción de cuatro (4) Acuerdos bilaterales de cooperación para prevenir y enfrentar la Trata de Personas y brindar asistencia y protección a las víctimas de este Delito:
    1. Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de Chile sobre Cooperación en la prevención y control de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
    2. Acuerdo entre la República de Colombia y la República Argentina para la prevención, investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas.
    3. Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de Honduras para la prevención e investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección a las víctimas de la misma.
    4.
    Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y la República de El Salvador para la prevención e investigación del delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección a las víctimas de la misma.
    Siguiendo el objetivo de fortalecer la lucha bilateral y regional contra la Trata de Personas y de acuerdo a las buenas prácticas y experiencias de Colombia en la materia, se logró la invitación a ser Miembro Observador de la Coalición Regional de Lucha contra la Trata de Personas, mecanismo subregional único en el mundo en el cual los países Parte impulsan políticas y estrategias comunes y coordinadas para prevenir y enfrentar la Trata de Personas, y brindar asistencia a sus víctimas.
    Finalmente, es de resaltar que los días 5 y 6 de noviembre de 2013 se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, el I Encuentro Binacional Colombia – Costa Rica: Retos y Desafíos para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y la Asistencia a las Víctimas. El encuentro buscó fortalecer la cooperación binacional en estas materias, así como analizar la posibilidad de Suscribir un Memorando de Entendimiento que permita desarrollar estrategias conjuntas de alto impacto frente a este delito transnacional.


    Tráfico ilícito de migrantes
    En materia de Tráfico Ilícito de Migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un análisis jurídico/técnico sobre la conveniencia y procedencia de adherir al Protocolo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementario a la Convención de Palermo, dando así inicio, junto con la institucionalidad nacional competente en la materia, al proceso jurídico administrativo que le permitirá a Colombia ser parte del Protocolo en comento. El Protocolo le permitirá al país contar con mayores herramientas jurídicas y de cooperación para hacer frente a este fenómeno transnacional.
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 69
    Lucha contra el terrorismo
    En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, la Fuerza Pública alcanzó importantes resultados gracias a la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática: En el período 2008-2009, el Gobierno capturó a 4.735 miembros de los grupos subversivos. A su vez, 1.768 subversivos fueron abatidos. En el mismo período se produjeron más de 6.099 desmovilizaciones individuales. Mientras en 2008 hubo un total de 347 actos terroristas, en 2009 este número fue de 307. Asimismo, en 2009, se registraron en el país 15.817 homicidios, es decir 2% menos que los perpetrados en 2008, año en el cual acaecieron 16.140 muertes violentas, manteniendo la tendencia descendente que se viene presentando desde 2003.
    En 2009, los secuestros se redujeron en 51% con respecto a 2008, al pasar de 437 a 213, confirmando la tendencia descendente que se viene registrando desde 2002. En ese mismo sentido, en el 2008 hubo 197 secuestros extorsivos, mientras que en 2009, estos disminuyeron a 160.
    La Corte Constitucional mediante sentencia C-537 de mayo de 2008, declaró exequible la ley 1108 de 2005, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
    Durante el período 2008-abril 2010, el Gobierno de Colombia aprobó 448 extradiciones, cifra histórica en el país.
    En el ámbito de la cooperación internacional, se han mantenido y consolidado mecanismos de cooperación internacional entre las dependencias de inteligencia de los ejércitos de países de la región como Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana.
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 70
    Lucha contra Organizaciones delictivas

    En el año 2009, se desarticularon 68 bandas criminales, se logró la captura de 2.843 miembros de bandas criminales y 51 miembros fueron abatidos. Se continúa la lucha contra las pandillas delictivas a través del Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminale C12-BACRIM, contando con la participación de integrantes de las diferentes Direcciones de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación.

    Igualmente las autoridades nacionales han recuperado y mantenido el control territorial de las zonas y regiones focos de violecia y actividades de las bandas criminales cercando sus corredores estratégicos de movilidad e impidiendo que delincan a travésdel tráfico de estupefacientes; y han iniciado una lucha frontal contra las finanzas de todos los grupos delincuenciales sobre una agresiva política de extincón de dominio y recuperación de activos, que hoy en día llega a una cifra estimada de $362.000 millones.
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 71
    Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)


    La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ha hecho de Colombia un país más seguro, y con toda la determinación de recuperar totalmente la seguridad. Se ha logrado la recuperación del monopolio del Estado para combatir a los grupos criminales; la consolidación del control territorial; la recuperación de la confianza para denunciar, para apelar a las instituciones estatales en busca de seguridad, y para reclamar los derechos de las víctimas. La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ha adoptado las condiciones necesarias para la protección efectiva de los ciudadanos, especialmente de quienes viven en zonas rurales remotas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.


    Mediante la aprobación del Documento Conpes 3591 de junio de 2009, se contempla la rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública heridos en combate, así como una metodología para el cálculo del gasto en defensa y seguridad con el fin de unificar los criterios de estimación d dicho rubro y generar mayor transparencia en el contenido de las cifras presentadas. Como resultado de tal ejercicio, se concluyó que, como porcentaje del PIB, el Gasto en Defensa y Seguridad pasó del 3,7% en 2002 al 4,6% en el año 2008.


    Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)

    La Dirección Nacional de Estupefacientes continuó la coordinación con las instituciones estatales colombianas en el inicio de la Quinta Ronda de Evaluación 2007 – 2009 del MEM, mediante los ajustes para la revisión del proceso. De manera particular, Colombia propuso la creación de dos indicadores nuevos: Interdicción Aérea del Narcotráfico e Interdicción Marítima del Narcotráfico.

    Asimismo, procedió en la coordinación del diligenciamiento de un cuestionario sobre la estrategia nacional antidroga, que incluyó, entre otros temas, convenciones internacionales; sistema de información nacional; prevención; tratamiento de la drogadicción; producción de drogas; desarrollo alternativo; controles a los productos farmacéuticos y sustancias químicas; tráfico ilícito de drogas; interdicción marítima; armas de fuego; municiones y explosivos; lavado de activos y cooperación judicial.
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 72
    Lucha contra el problema mundial de las drogas

    El Informe Mundial sobre Drogas 2009 de las Naciones Unidas reconoce los resultados de Colombia en materia de reducción de cultivos ilícitos; es así como desde el 2002 se ha incrementado en 72% la erradicación manual y la aspersión de cultivos ilícitos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área cultivada con coca en Colombia pasó de 160.000 hectáreas a principios del decenio, a 81.000 hectáreas en 2008, lo que representó una reducción del 50%. Asimismo, se estimó que el potencial de producción de cocaína en Colombia en 2008 cayó en 28% frente a 2007, una disminución aún mayor que la observada en el área cultivada.


    Las acciones en materia de lucha contra las drogas para el año 2009, no se reducen únicamente al tema de eliminación de cultivos ilícitos; operacionalmente, las autoridades lograron la incautación de 421.632 kg de drogas ilícitas. El año anterior las diferentes instituciones de seguridad del Estado decomisaron 205.727 Kg de clorhidrato de cocaína, 215.165 kg de marihuana prensada y 740,95 kg de heroína. La incautación de clorhidrato de cocaína es la más alta en los últimos años, puesto que se incautaron cerca de 5.000 kg más que en 2008, año en el que la lucha antidrogas en el país batió todos los récords logrados en erradicación e incautación.


    Cabe señalar, que en los últimos tres años las autoridades colombianas han incautado mayor cantidad de marihuana que de cocaína clorhidrato, entre 2007 y 2009 se han incautado 653.054 kilogramos de marihuana prensada, 18% más que las incautaciones de cocaína.
    (para mayor información, ver el informe adjunto, página 12)


    Problema mundial de las drogas, delitos conexos y lavado de activos

    Se resalta la implementación de la plataforma SIIS (Sistema de Intercambio de Información Segura), programa liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya misión es intercambiar información de inteligencia entre los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de drogas dese América Latina hacia África Occidental. Asimismo, se resalta la expedición de la resolución No. 009 de junio de 2009, por medio de la cual se unifica la reglamentación para la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control especial.
    Igualmente, se expidió la resolución N° 363 del noviembre de 2008, por medio de la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan l comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y /o exportación de oro, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de información y Análisis Financiero.
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 75
    Lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos

    En marzo de 2009, el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas aprobó el Plan Nacional de Acción en materia de lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APL) en todos sus aspectos, el cual recoge tres líneas estratégicas dirigidas al fortalecimiento institucional, el desarrollo de una cultura de paz y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

    Con la aprobación de este Plan, Colombia continúa avanzando en la búsqueda de mecanismos para la lucha contra el tráfico de armas cumpliendo los compromisos adquiridos en el Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos; la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y; el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos (Decisión 552).
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 76
    Problema mundial de las drogas, delitos conexos y lavado de activos

    Se resalta la implementación de la plataforma SIIS (Sistema de Intercambio de Información Segura), programa liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya misión es intercambiar información de inteligencia entre los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de drogas dese América Latina hacia África Occidental. Asimismo, se resalta la expedición de la resolución No. 009 de junio de 2009, por medio de la cual se unifica la reglamentación para la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control especial.

    Igualmente, se expidió la resolución N° 363 del noviembre de 2008, por medio de la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan l comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y /o exportación de oro, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de información y Análisis Financiero.
    • Recursos Relacionados
    • Decreto 2568 de 2003. Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.
    • Diversos Acuerdos
    • Gastos directo del Estado colombiano contra las drogas. (2008-2009).
    • IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN. Informe sobre progreso 2009-Colombia.
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 12 y 14)
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 13)
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 14)
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 14)
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 17)
    • Ley 785 de 2002. Disposiciones relacionadas con la administración de bienes incautados.
    • LOGROS DE LA POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA – PCSD
    • LOGROS DE LA POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA – PCSD
    • Logros MEM 1997-2007
    • NFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA
    • Plan Nacional de acción contra tráfico ilícito de armas
    • Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” Tomo I, Capítulo 2. Política de Defensa y Seguridad Democrática.
    • Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” Tomo I, Capítulo 2. Política de Defensa y Seguridad Democrática.
    • Política Integral de DDHH y DIH
    • Resolución 012 de 2009. Por el cual se modifica el capítulo III – Administración de Bienes.
    • Resolución 023 de 2006. Instructivo que debe seguir la DNE para la enajenación y administración de activos y demás bienes que forman parte del FRISCO.
    • Resultados Operacionales Gobierno Alvaro Uribe 2002-2009.
    • Resultados Operacionales Lucha Contra el Problema de las Drogas 1990-2008.
  • Costa Rica
    N/A
  • Dominica
    N/A
  • Ecuador
    • Reportes
    • Fecha:  27/10/2010    Párrafos: 68
    - Diseño e implementación de un módulo de capacitación en Derechos Humanos a funcionarios que prestan servicios de justicia; Policía Nacional, Fuerzas Armadas.

    - 2008: Se capacitó a un número de 2417 policías.

    - 2010: Capacitación a capacitadores aproximadamente unos 70; se capacitó también en movilidad humana a 80 capacitadores miembros de la Policía Nacional mismos que replicaron sus conocimientos a aquellos desplegados en Frontera Norte; Fuerzas Armadas de igual manera que en Policía Nacional con la salvedad de que fue a 80.

    En este mismo contexto de capacitación en Derechos Humanos tuvo lugar en virtud de un Acuerdo Interinstitucional entre esta Cartera de Estado y Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública, CNT EP, 3 jornadas de capacitaciones de tres días cada una, las mismas que tuvieron lugar en Manta, Quito y Cuenca a un total de 60 funcionarios.

    - Diseño de una malla curricular para la formación en derechos humanos dirigida a funcionarios públicos a través del IAEN.

    - Diseño de un módulo de formación en derecho a la salud y derechos de los pacientes dirigido a operadores de justicia y funcionarios de la salud, y guías penitenciarios en derechos humanos.

    - Diseño de un módulo de formación en derechos colectivos dirigido a jueces/as, FFAA, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo .
  • El Salvador
    • Reportes
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 1
    En el marco del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), se han realizado esfuerzos conjuntos de los países para la consideración de la Seguridad Ciudadana de la Mujeres en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, incorporando la misma en los acuerdos de la XXXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA):
    8. Reiterar nuestro compromiso de continuar la lucha por erradicar la violencia de género contra las mujeres y la violencia intrafamiliar en todos nuestros países, flagelos relacionados con la violencia social que agobian a nuestra región, tal como ha subrayado en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

    Con este mandato, se reforzó la labor a nivel regional, dando como resultado el establecimiento del Proyecto B.A.1 Prevención de la Violencia en la Región Centroamericana, en el marco del COMMCA, y que dará inicio en junio 2011. Con este proyecto se espera efectuar acciones de prevención de la violencia en todos sus tipos y modalidades, con especial énfasis en la Trata de Mujeres y el Feminicidio, delitos que afectan a la región. Se ha desarrollado también el Proyecto de Cooperación Sur – Sur: Intercambio y aprendizaje de experiencias en temas de aplicación, protección y defensa de los Derechos y la eliminación de toda clase de violencia contra la mujer, con el Ministerio de la Mujer de Perú (MIMP), en el primer trimestre del 2013 se realizaron acciones de coordinación y se propuso el Plan de Trabajo de dicho proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación, dando así avances sustantivos, previendo que su ejecución inicie en el segundo trimestre del presente año.

    Por otra parte, se ha concretado las gestiones con la cooperación canadiense, a través de su Departamento de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional, con la firma del Protocolo de Entendimiento sobre la Protección, Cuidado y Justicia para Mujeres que son Víctimas de Trata en El Salvador, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos institucionales a favor de la atención a mujeres que enfrentan violencia. Con ello, se han desembolsado US$293,203.95 a fin de establecer un Modelo Integral de Atención, cuyo seguimiento se dará desde el Programa de Atención Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Los resultados que se esperan del proyecto son:
    - Un refugio especializado para albergar a mujeres víctimas de trata.
    - Un sistema integral diseñado e implementado de protección y atención a mujeres víctimas de trata.
    - Protocolos de coordinación para facilitar el acceso a los servicios de justicia y protección para mujeres.
    - Mecanismos de coordinación entre individuos clave del estado y de la sociedad civil para la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de trata.
    - Una campaña de sensibilización diseñada e implementada sobre trata de personas.
    - Mayor capacidad institucional para asegurar, monitorear y garantizar la consecución de la Normativa Nacional para la Igualdad y el fortalecimiento de leyes asociadas.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 2
    En seguimiento a este mandato, en el marco institucional se han promovido acciones de prevención con diferentes instancias a nivel de gobierno central y local, en el marco de la estrategia de Gestión Territorial, fortaleciendo acciones dirigidas tanto a instituciones como a mujeres jóvenes, entre ellas:
    - Formación de grupos de autoayuda con mujeres jóvenes de centros escolares.
    - Formación de grupos de apoyo emocional en situaciones de emergencia, iniciativa que deviene de la experiencia con la Depresión Tropical 12E que afectó al país. En esta oportunidad se realizaron diversas acciones sustantivas para proteger a las mujeres en los albergues.
    - Formulación de la Guía Metodológica para el diseño de Plan Municipal de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Al momento está fase de validación y se espera realizar pilotajes en municipios seleccionados del programa Comunidades Solidarias.
    - Aportes técnicos para incorporación del enfoque de igualdad al Decreto de Prevención de Violencia para el Gabinete de Prevención liderado por Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. - Aportes a Ministerio de Salud (MINSAL) para la elaboración de los lineamientos de prevención y atención de la violencia en salud pública.
    - Se tienen lineamientos para la acreditación, monitoreo y evaluación de las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las mujeres y las casas de acogidas.

    Además, es importante destacar que, en el marco del Programa Comunidades Solidarias Urbanas, se ha dado una contribución sustantiva para las municipalidades, a través del lanzamiento y entrega de la Guía: “Ciudades Seguras. Lineamientos para el Plan Municipal de Prevención de Violencia Contra las Mujeres”, documento técnico que coadyuvo a que las municipalidades participaran activamente en la formulación de sus planes locales de prevención de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el Programa Radial “Voz Mujer”, espacio radiofónico en el que las mujeres pueden expresar su opinión, hablar sobre sus problemas e informar sobre sus derechos. Además se busca generar conocimiento críticos sobre la situación que viven miles de mujeres, así como empoderarlas y fortalecer la cultura de denuncia como único medio para contrarrestar la violencia contra las mujeres. En cada programa se cuenta con invitadas e invitados especialistas en diversas temáticas y se presentan testimoniales sobre mujeres que han atravesado ciclos de violencia y que han logrado superarlos exitosamente.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 3
    Como seguimiento a este mandato, El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Dicha ley “tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”. Asimismo, la ley establece:
    El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes.

    Es importante mencionar también señalar el Programa Ciudad Mujer, coordinado desde la Secretaría de Inclusión Social, con el que se garantizan los derechos fundamentales de las mujeres, a través de servicios especializados como: salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento económico, y la promoción y difusión de sus derechos. Además, cuenta con un área de atención infantil para las hijas (os) sean atendidos mientras sus madres reciben los diferentes servicios.

    A la fecha se tiene cuatro sedes, las cuales se encuentran ubicadas en: Colón, Usulután, Santa Ana y San Martín, quedando pendiente inaugurar las sedes de San Miguel y Morazán. En ellas se cuenta con la participación de 18 instituciones del Estado.
    De manera específica, en materia de Prevención y Atención a Violencia, Ciudad Mujer brinda un conjunto de servicios, tanto comunitarios como personalizados, para erradicar la violencia de género que afecta a las mujeres y atender a aquellas que hayan enfrentado situaciones de violencia. La prevención y atención a la violencia se logra a partir de atención en crisis, asesoría legal y terapias psicológicas, incluyendo grupos de apoyo y autocuido.
    Según datos, hasta el 8 de febrero de 2013, Ciudad Mujer ha atendido a más de 103,000 usuarias en sus distintas sedes. En las instalaciones de Colón se atendió a 84,000 mujeres; en la sede de Usulután, a 15,000 mujeres y en la sede de Santa Ana, a 4,500 mujeres. Cada usuaria recibe un promedio de dos atenciones en diferentes áreas, lo que totaliza 227,790 servicios prestados.
    El monto destinado al programa son: US$3.2 millones a Ciudad Mujer Colón, US$3.7 millones a Ciudad Mujer Usulután, US$4.3 millones a Ciudad Mujer Santa Ana y US$4.2 millones a Ciudad Mujer San Martín.
    Y por último, se trabajó en el diseño de instrumentos de mecanismos interinstitucionales y modelos de atención para una vida libre de violencia para las mujeres. En este sentido se realizaron las siguientes actividades:
    - Lineamientos de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El documento incluye propuestas de líneas de acción en torno a seis programas: Detección, Prevención, Atención, Reparación, Protección y Sanción, acompañadas de estrategias transversales de sensibilización, información, desarrollo de capacidades institucionales y humanas; y producción y gestión de conocimiento.
    - Diseño del modelo básico para la acreditación de las instituciones que brindan atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género, con el cual se obtuvieron los instrumentos:
    . Lineamiento para la Acreditación y Monitoreo de las Unidades Institucionales de Atención Especializada (UIAEM). o Guía de evaluación y Monitoreo.
    . Unidades Institucionales de Atención Especializada (UIAEM).
    . Lineamientos para acreditación y funcionamiento de Casas de Acogida.

    Estos instrumentos dan cumplimiento a los artículos 25 y 26 de la LEIV, que mandata la Creación de las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres y las Casas de Acogida.

    - Asistencia técnica para la implementación, revisión y consolidación de la ruta de atención en cada unidad de atención a mujeres que enfrentan violencia. Con la cual se avanzó en el diseño de una ruta que permita brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género, aunque todavía se está en proceso de finalizar el diseño del mismo.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 4
    En seguimiento este mandato, El Salvador cuenta con el Sistema Nacional de Estadísticas de Género, una apuesta prioritaria que tiene a su base lo estipulado en la Ley de Igualdad, en su artículo 14, que es el mandato de generar estadísticas e indicadores de género. Actualmente se tienen definidos 173 indicadores, los cuales se dividen en siete ejes correspondientes a los seis ejes temáticos de la PNM y uno de demografía. Asimismo se elaboraron las fichas técnicas de cada indicador la cual contiene: información general, descripción o interpretación, objetivos, variables, forma de cálculo, nivel de desagregación, cobertura geográfica, unidad de medida, periodicidad, fuentes de información e instituciones responsables.

    En un ejercicio complementario, se ha formulado el Subsistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres, un esfuerzo liderado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP); la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC); e ISDEMU, con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Se cuenta con un plan de trabajo a corto plazo que responde a las demandas de unificación de la información sobre la situación de la violencia contra la mujer.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 6
    Como parte del cumplimiento a este mandato, se ha firmado el Convenio de Cooperación Interinstitucional para el acceso de las mujeres a la justicia, entre ISDEMU, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría General de la República (FGR), Fiscalía General de la República (FGR), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Policía Nacional Civil (PNC) e Instituto de Medicina Legal (IML). Con dicho convenio se busca fortalecer la coordinación entre las entidades del sector justicia, así como sus capacidades de respuesta y servicios que brindan a las mujeres usuarias, logrando con ello: atender de manera integral a mujeres que sufren de violencia y reducir de manera significativa la revictimización. También es importante la Comisión Técnica Especializada, mecanismo de seguimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Este esfuerzo interinstitucional es de particular importancia, pues confluyen diferentes entidades del Estado, del sector justicia y del gabinete económico y social. Además, representa una oportunidad para velar por que los derechos de las mujeres que enfrentan violencia sean cumplidos.

    La Comisión cuenta con un instructivo de funcionamiento, así como una estrategia de trabajo. A la fecha, se está en el proceso de elaboración de los Lineamientos de la Política Nacional para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Además, se han realizado Esfuerzos interinstitucionales con Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerzas Armadas, instituciones donde se desarrolla la formación y capacitación del personal, así como la evaluación de sus políticas institucionales, normativas internas (leyes, reglamentos y normativas afines), para que incorporen temas importantes como la violencia contra las mujeres. Es de hacer notar el compromiso de estas instituciones, para llevar a cabo los procesos necesarios para eliminar las inequidades, la violencia y la discriminación tanto dentro como fuera de ellas. Y finalmente, ISDEMU ha lanzado la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva, un esfuerzo innovador que tiene por objetivo contribuir a la reducción de las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres por medio de la institucionalización de una política de formación profesional para servidores (as) públicos, que fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado Salvadoreño, relacionada con sus obligaciones de respeto, protección, y garantía de los Derechos de las Mujeres y en el avance de la Igualdad Sustantiva.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 7
    En seguimiento a este mandato, se cuentan con los Consejos Consultivos y Contraloría Social para los derechos de las mujeres, que tienen el objetivo de facilitar y garantizar la participación ciudadana de las mujeres, desde su condición y posición, que permita incidir y proponer en la toma de decisiones para la exigencia y el cumplimiento de sus derechos. Estos consejos consultivos se dan a nivel departamental (establecidos 14 consejos, que aglutinan a 487 mujeres), y a nivel municipal (establecidos 214 consejos y aglutinan a 3,792 mujeres), datos de junio de 2011 a septiembre de 2012.
    • Fecha:  24/06/2013    Párrafos: 9
    El Salvador, dentro de sus esfuerzos por dar seguimiento a este mandato, tiene Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), mencionada anteriormente en este informe, la cual en el ámbito de violencia contra las mujeres establece que: El Estado, a través de las instancias competentes, deberá desarrollar una política integral para la prevención, detección, atención y protección de las mujeres víctimas de trata interna y transnacional, así como la revisión y actualización permanente de la legislación sancionatoria o punitiva. Asimismo, deberá garantizar la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de trata que son explotadas y abusadas sexualmente, ya sea con fines económicos y sociales o no; y posibilitará la activación y coordinación de los mecanismos de apoyo comunitario que eliminen la discriminación y estigmatización de las mismas. Por otra parte, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, instancia encargada de prevenir, combatir y atender de manera integral a las víctimas de este delito en El Salvador, ha lanzado la Política Nacional de la Trata de Personas. Esta tiene tres enfoque fundamentales: garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos, es inclusiva y promueve la equidad de género. Además define los tipos y sus modalidades, estas son: trata de personas, matrimonio forzado o servil, trabajo o servicio forzado, mendicidad forzada, adopción irregular, servidumbre pornografía y turismo sexual.
    • Fecha:  01/12/2012    Párrafos: 74
    Como parte del seguimiento de El Salvador a este mandato, se desarrolló la “Evaluación de las Estrategias e Instrumentos implementados desde la Administración Pública para erradicar la violencia hacia las mujeres”, la cual tenía el objetivo de conocer el marco legal e institucional desde el cual el Estado está enfrentando la violencia hacia las mujeres, identificando los obstáculos que impiden avanzar y perfilando las líneas estratégicas a considerar, como un insumo para la elaboración de la Política Pública para una Vida Libre de Violencia.

    Asimismo, se está iniciando el proceso para la implementación de la elaboración de la Política Pública para una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se ha iniciado el proceso para la facilitación del instructivo de la Comisión Técnica Especializada. Es importante en este proceso la consolidación del espacio en sí mismo, como la definición de la estructura de funcionamiento. Ambos son productos centrales para la implementación y cumplimiento de la LEIV.

    Debido a que es indispensable la divulgación y sensibilización en la administración pública de la LEIV, se realizaron una serie de talleres de divulgación y sensibilización sobre esa ley y los derechos de una vida libre de violencia para las mujeres. Algunas de las instituciones donde se realizaron son la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 72
    El Salvador como Estado miembro de la OEA en cumplimiento al mandato dispuesto por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en 1998, y consciente de que el problema de las drogas es un problema mundial, que necesita ser abordado con la cooperación de los países de la región, y tomando en cuenta que el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/ OEA), es un mecanismo de evaluación a través del cual se desarrollan esfuerzos nacionales y multilaterales a fin de lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio sobre la base de los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema, y reconociendo la importancia del mecanismo, el país ha venido participando y apoyando este esfuerzo desde sus inicios.
    La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas, como referente en el tema de drogas en el país, y con base a lo establecido en el Art. 5 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, a lo largo de cada Ronda de Evaluación, ha venido coordinando el proceso para la recolección y análisis de información con las entidades competentes en el tema. Para dar cumplimiento a los compromisos de país, en el año 2009 se inició con el proceso de coordinación para dar respuesta a los 50 indicadores del cuestionario del MEM para la Quinta Ronda de Evaluación 2007-2009. Para dar cumplimiento a los plazos dispuestos por la CICAD/ OEA, se hicieron reuniones de trabajo y seguimiento a las entidades competentes como: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa Nacional, Consejo Superior de Salud Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional Civil y Autoridad Marítima Portuaria, para recopilar los datos para dar respuesta a los indicadores del cuestionario del MEM, así como la actualización de información y estadísticas que aborda distintos aspectos relacionados con las drogas, que es el insumo básico para que el Grupo de Expertos realicen la evaluación al país.
    Para efecto de coordinar la implementación de acciones en los ámbitos de reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control, se ha instaurado el grupo técnico interinstitucional conformado por técnicos que han sido designados por cada institución para dar seguimiento al desarrollo de proyectos, programas, y promover reformas de ley.
    Asimismo, como parte de los compromisos de país como Estado miembro de la OEA, y en apoyo al proceso del MEM, el país participo en las tres sesiones de redacción de informes del Grupo de Expertos Gubernamentales realizadas en Washington, D.C. en los meses de abril, junio y octubre de 2010; así como también, participó en el grupo de trabajo para la redacción del informe Hemisférico.

    Promoción y difusión del informe de evaluación del MEM
    En marzo del 2011, se realizó un evento para promocionar el Informe Final de la Evaluación del Progreso de Control de Drogas, 2007-2009 de El Salvador, realizada por el Grupo de Expertos Gubernamentales del MEM, con el fin de difundir y dar a conocer a los funcionarios, a la sociedad y publico en general las recomendaciones planteadas al país durante la Quinta Ronda de Evaluaciones del MEM de CICAD/ OEA. En dicho evento estuvieron presentes miembros de la CNA, representantes y técnicos de instituciones públicas, representantes de Ong´s, de la sociedad civil y medios de prensa, radio y televisión. El documento con el informe final fue distribuido en versión electrónica y física, y fue colocado en el sitio Web del Observatorio Salvadoreño sobre Drogas en el siguiente enlace: http://www.seguridad.gob.sv/observatorio
    5.2 Combate a las Drogas
    Promoción y seguimiento al desarrollo de investigaciones y estudios relacionados al tema drogas en coordinación con entidades nacionales
    Proyecto: Estudio sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de El Salvador, SIDUC 2008.
    Realización del “Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de El Salvador, SIDUC 2008”. Se ejecutó en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección General de Estadística y Censos y se contó con la Asesoría Técnica del Observatorio Interamericano sobre Drogas que facilito la metodología del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo para el desarrollo del estudio en población escolar de séptimo, noveno y segundo año de bachillerato.
    El Informe Final con los resultados del estudio se hicieron del conocimiento a los funcionarios del Ministerio de Educación, y a las entidades competentes para orientar la toma de decisiones de las autoridades en la definición de programas, proyectos y políticas relacionadas con la prevención del consumo de drogas en niños, niñas y jóvenes en el ámbito nacional. La publicación del estudio, se distribuyó entre las entidades miembros de la CNA, Ong´s, Universidades y población en general. Asimismo, el documento electrónico esta disponible en el sitio Web del Observatorio Salvadoreño sobre Drogas en el siguiente enlace: http://www.seguridad.gob.sv/observatorio, para que los investigadores o el público en general tengan acceso a dicho informe.
    Se han atendido entrevistas con medios de prensa escrita y televisión, y se ha participado en congresos y foros realizados por las universidades y talleres regionales donde se han difundido los resultados de los estudios con el fin de promover la sensibilización del problema y motivar a profundizar en el análisis de los resultados para ampliar el conocimiento del problema en el país a fin de que toda la sociedad se involucre en acciones tendientes a prevenir el consumo de drogas en la población de niños y jóvenes, y promover el desarrollo de programas preventivos integrales.
    Proyecto Estudio del Consumo de Drogas y de otras Problemáticas en la Población Estudiantil Universitaria a través de plataforma On-line, con el apoyo del OID de CICAD-OEA
    Con objetivo de estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas, las principales características de los patrones de consumo, los factores explicativos, la tendencia del mismo entre los estudiantes universitarios, la Dirección Ejecutiva de la CNA, realizó gestiones ante la Secretaría Ejecutiva de la CICAD/ OEA para solicitar asistencia técnica y soporte informático para llevar a cabo el estudio en la población estudiantil universitaria salvadoreña, utilizando el cuestionario con software On-line con plataforma manejada desde el Observatorio Interamericano sobre Drogas en Washington, D.C.
    Para realizar el estudio se invitó a participar en el estudio a las universidades acreditadas por el Ministerio de Educación. Para formalizar los compromisos de las universidades para ejecutar el estudio, se suscribió un acuerdo de cooperación entre la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) y los rectores de cinco universidades privadas que aceptaron participar en el estudio denominado “Estudio sobre consumo de drogas y de otras problemáticas en la población estudiantil universitaria de El Salvador, SIDUC-Universitarios 2010”. El Comité Nacional de Ética de Investigación Clínica de El Salvador avalo el protocolo y la metodología para la realización del estudio.
    Con dicho estudio se espera contribuir al diseño e implementación de políticas de prevención en la población universitaria en articulación con los centros de enseñanza superior. Actualmente se esta en la ejecución de la fase para la elaboración del informe final con los resultados de la investigación.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 76
    Legislación
    Con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos de procedencia ilícita, así como su encubrimiento, el Gobierno de El Salvador, consciente de que el lavado de dinero es considerado un problema de seguridad, impulsó desde el Órgano Legislativo la promulgación de la “Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos2”, la cual fue aprobada en diciembre de 1998. A través del Artículo 3 de la misma Ley, se creó la Unidad Especializada de Investigación Financiera (UIF), estructura técnica, asesora y operativa responsable de investigar, prevenir, detectar, combatir y erradicar este delito, la cual divide sus funciones en las áreas legal y de investigación y análisis, buscando cerrarle al lavado de dinero todas las puertas a través del reforzamiento de los controles de fiscalización y supervisión, sobre todo de las instituciones y actividades sometidas al control de la Ley de Lavado y que están relacionadas con las transacciones comerciales que puedan vincularse al lavado de dinero y activos.
    El trabajo de la UIF es apoyado por el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, con muy buenos resultados ya que en el mes de septiembre (2, 4 y 10) de 2010, fueron encontrados enterrados en dos propiedades privadas localizadas en los Municipios de Zacatecoluca, Departamento de La Paz y en Lourdes, Colón, Departamento de la Libertad, un total de 3 barriles conteniendo un aproximado de $14.5 millones de dólares. Según las autoridades el dinero hallado podría pertenecer a estructuras del narcotráfico a nivel internacional, y el mismo podría estar destinado al pago de favores y al lavado de dinero.
    Durante el 2010 se incautó un total aproximado entre pesos mexicanos, quetzales, lempiras y dólares, de $15,529,867.56 dólares de los Estados Unidos de América. Otro de los casos más recientes fue la detención en el mes de marzo de 2011, de un salvadoreño y su compañera de vida en su casa de habitación situada en la Colonia Escalón, decomisándoseles $818,840 dólares, un fusil y varias porciones de marihuana. El salvadoreño ha sido acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero y activos, tenencia y portación de armas de fuego de grueso calibre de origen israelí, y tenencia y posesión de droga, en el caso de su compañera de vida únicamente por el delito de lavado de dinero y activos, debido a que no pudieron justificar su procedencia. La defensa ha alegado ilegalidad del proceso, señalando que la Policía no contaba con la orden judicial para allanar la residencia de los involucrados, asimismo ha señalado que sus defendidos son empresarios, por lo que en el proceso judicial demostrarán el origen de la cantidad de dinero encontrada.
    Proyecto BIDAL
    El Proyecto “Bienes Decomisados en América Latina, BIDAL” es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición. La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas (DE-CNA) inició en el mes de junio de 2009 las gestiones necesarias ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/ OEA) para lograr que El Salvador fuera incluido como país beneficiario en la fase de ampliación del Proyecto a Centroamérica, lo anterior con el fin de reforzar y mejorar el procedimiento actual de administración y adjudicación de bienes. Se han realizado las siguientes acciones:
    - El 9 de julio de 2009, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CICAD/ OEA, Sr. Rafael Franzini-Batle informó a la DE-CNA sobre la aprobación de la solicitud hecha por El Salvador una vez el proyecto en su fase de ampliación a Centroamérica fuese puesto en marcha. Posteriormente la Secretaría Ejecutiva de la CICAD/ OEA informó a El Salvador que la ejecución del proyecto en su fase de ampliación requeriría una contribución económica de los países beneficiarios.
    - En el marco del Plan Mérida y la “Estrategia de Seguridad Centroamérica-México”, acordada al amparo del Diálogo Centroamérica-México sobre Seguridad Democrática (Iniciativa Mérida), se consideraba el “Componente II. Combate al Narcotráfico, Numeral 3. Impulsar una negociación que procure mecanismos para la distribución de fondos incautados provenientes de actividades de narcotráfico, lavado de dinero o actividades de delincuencia organizada”, se realizaron gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa INL, al igual que ante la Fiscalía General de la República, y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, a fin de poder obtener los fondos necesarios para la contrapartida requerida para la implementación del Proyecto BIDAL.
    - En el mes de octubre de 2010 se realizó la visita del Director Regional del Proyecto, Dr. Dennis Cheng, con el objetivo de realizar una presentación técnica del proyecto a las instituciones involucradas directa o indirectamente (fiscales, jueces y policías) en el proceso de decomiso (desde la investigación hasta la destinación de los activos comisados) para que conocieran en forma general el proyecto, con el fin de que en una etapa posterior apoyen y se integren al equipo de trabajo interinstitucional que con el apoyo técnico de CICAD/ OEA, desarrollará en base a los resultados del diagnóstico, las propuestas de mejoramiento del sistema.
    - n diciembre de 2010, el Director Ejecutivo de la CNA y el Secretario Ejecutivo de la CICAD/ OEA suscribieron el Memorando de Entendimiento para formalizar la ejecución del Proyecto BIDAL en El Salvador.
    - En enero de 2011 fue contratado el Consultor Nacional que realizaría el Diagnóstico Nacional sobre el sistema de administración de bienes decomisados consistente básicamente en el llenado de un formulario, con funcionarios de la Fiscalía General de la República, la División Antinarcóticos y otras unidades especializadas de la PNC, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República, Centro Nacional de Registros, Corte Suprema de Justicia, entre otros.
    - Se ha previsto la presentación de los resultados del diagnóstico para el segundo trimestre del año 2011
  • Estados Unidos
    • Reportes
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 71, 1, 2
    Central America Regional Security Initiative (CARSI))
    - CARSI assists the seven nations of Central America in the strengthening and integration of security in coordination with other nations, international financial institutions, the private sector, civil society, and the Central American Integration System (SICA).
    - The United States has appropriated more than $642 million to CARSI programs and activities in the region. CARSI programs are designed to assist law enforcement and security forces to create safe streets, confront illicit trafficking, reduce the negative effects of gangs and criminal organizations, and strengthen border security deficiencies. CARSI also works to build the capacity of law enforcement and the justice sector to serve citizens and to address regional threats, and to advance community policing, gang prevention, and economic and social programming for at-risk youth and communities disproportionately affected by crime.

    Caribbean Basin Security Initiative (CBSI)
    - The Caribbean Basin Security Initiative (CBSI) is a multi-year, regional citizen safety engagement with the Caribbean that stemmed from commitments made at the 2009 Summit of the Americas. The United States, CARICOM member nations, and the Dominican Republic are improving citizen safety throughout the Caribbean by working together to substantially reduce illicit trafficking, increase public safety and security, and promote social justice.
    - Since 2010, the United States has appropriated $263 million in funding for CBSI activities with its partners in the Caribbean. Activities include maritime and aerial security cooperation, law enforcement capacity building, border/port security, firearms interdiction, justice sector reform, crime prevention, and at-risk youth.

    Merida Initiative
    - The Merida Initiative is an unprecedented partnership between the United States and Mexico to fight organized crime and associated violence while furthering respect for human rights and the rule of law throughout Mexico.
    - The United States has appropriated $2.1 billion since the Merida Initiative began in fiscal year 2008. Under the Initiative, the United States and Mexico have improved citizen safety in affected areas to fight drug trafficking, organized crime, corruption, illicit arms trafficking, money-laundering, and the demand for drugs on both sides of the border.
    - Bilateral efforts support strengthening Mexico’s institutions, especially police and justice systems at both the federal and state level; bolstering development of a secure border that facilitates legitimate trade and travel while disrupting illicit trade; and building strong and resilient communities able to withstand the pressures of crime and violence.

    U.S.-Colombia Action Plan on Regional Security Cooperation
    - At the 2012 Summit of the Americas, President Obama and Colombian President Santos announced an agreement to develop a coordination mechanism to support capacity-building to improve citizen security in third countries: the U.S.-Colombia Action Plan on Regional Security Cooperation.
    - Activities under the Action Plan support hemispheric citizen security priorities through capacity building in multiple areas, such as asset forfeiture, investigations, polygraphs, and interdiction. The United States and Colombia implemented 39 activities in Central America in 2013 and agreed to implement 152 activities in Central America and the Caribbean in 2014.

    Colombia Strategic Development Initiative (CSDI)
    - The U.S. government supports the Colombian government's National Consolidation Plan by selectively working in key “consolidation zones” where drug trafficking, violence, and the lack of government presence have historically converged. The U.S. government coordinates its efforts in these areas through the Colombia Strategic Development Initiative (CSDI), an inter-agency, whole-of-government approach to providing specific U.S. assistance in eradication and interdiction; capacity building of the military, national police, access to rule of law; and creation of viable options for citizens in the licit economy, particularly in the agricultural sector.
    - CSDI also provides general support for the implementation of Colombian government reforms in land restitution; reparations for victims and vulnerable populations; demobilization and reintegration of ex-combatants; strengthening the Colombian Attorney General’s Office in support of human rights, the rule of law, and protection of vulnerable citizens; and addressing global climate change and environmental issues.
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 3
    National Action Plan on Women, Peace, and Security, and the U.S. Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally
    - Building on the recognition that countries are more peaceful and prosperous when women are accorded full and equal rights and opportunity, President Obama released the first National Action Plan on Women, Peace, and Security in December 2011 and signed an executive order directing the plan’s implementation. The National Action Plan represents a fundamental change in how the United States approaches its diplomatic, military, and development-based support to women in areas of conflict by ensuring that their perspectives and considerations of gender are woven into the fabric of how the United States approaches peace processes, conflict prevention, the protection of civilians, and humanitarian assistance.
    - In August 2012, the United States released the first U.S. Strategy to Prevent and Respond to Gender-based Violence Globally, accompanied by a presidential executive order directing its implementation. The Strategy includes a comprehensive, multi-sector approach to prevent and respond to gender-based violence through increased coordination of gender-based violence prevention and response efforts among U.S. government agencies and with other stakeholders; enhanced integration of gender-based violence prevention and response efforts into existing U. S. government work; improved collection, analysis, and use of data and research to enhance gender-based violence prevention and response efforts; and enhanced or expanded U.S. government programming that addresses gender-based violence.
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 5
    Strategy to Combat Transnational Organized Crime
    - In July 2011, the White House announced the Strategy to Combat Transnational Organized Crime to build, balance, and integrate the tools to combat transnational organized crime and related threats to U.S. national security – and to urge the United States’ partners to do the same.
    - The strategy proposes 56 priority actions, starting with ones the United States can take within its borders to lessen the impact of transnational crime domestically and on the United States’ foreign partners. Other actions seek to enhance U.S. intelligence; protect the financial system and strategic markets; strengthen interdiction, investigations, and prosecutions; disrupt the drug trade and its facilitation of other transnational threats; and build international cooperation.
    Military Cooperation on Transnational Organized Crime
    - Beginning in January 2012, the U.S. military and its partners in the Western Hemisphere and Europe launched Operation Martillo, a joint effort targeting illicit trafficking routes in coastal waters along the Central American isthmus.
    - Operation Martillo is a critical component of the U.S. government’s coordinated interagency regional security strategy to counter transnational organized crime in the Americas. Fourteen countries are participating: Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, El Salvador, France, Guatemala, Honduras, the Netherlands, Nicaragua, Panama, Spain, the United Kingdom, and the United States. Chile has also contributed to the operation.
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 9
    Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons
    - In March 2012, President Obama established the Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons. The task force is committed to furthering U.S. efforts to eradicate trafficking in persons and it draws on tools ranging from law enforcement and victim service provisions, to public awareness building and diplomatic pressure. The task force also increased U.S. government partnerships with a broad coalition of local communities, faith-based, and non-governmental organizations, schools, and businesses.
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 75
    Convention on Illicit Trafficking in Firearms (CIFTA)
    - The ratification of the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and other Related Materials (CIFTA) is a priority for the Obama administration.
    ? The United States has offered technical assistance to a variety of countries to trace illicit firearms and control, store, or destroy excess national stockpiles. Through the OAS, the United States provided more than $1 million for the provision of marking equipment to countries in the hemisphere, increasing hemispheric capability to trace firearms and identify illicit trafficking routes and suppliers.
    - The United States has signed eTrace agreements with all seven countries in Central America, and fourteen of the fifteen countries in the Caribbean. Expanding eTrace participation throughout the hemisphere is a priority for the U.S. government.
    • Fecha:  15/06/2010    Párrafos: 71
    Caribbean Basin Security Dialogue:
    • President Obama announced a multiyear regional citizen safety initiative with the Caribbean, including $45 million this year.
    • The United States and the Caribbean held successful technical security meetings in 2009, one in Suriname in May, and a second
    in Barbados in August, a third in the Dominican Republic in November, and a fourth in Washington this past April.
    • The Inaugural U.S.-Caribbean Security Cooperation Dialogue will be held in Washington on May 27, 2010. All members of CARICOM, the Dominican Republic, and partner nation observers (the EU, the U.K., France, Spain, the Netherlands, Canada and Colombia) will be invited to the Dialogue.

    Public Security Cooperation:
    • President Obama asked the Attorney General and Secretary of Homeland Security to meet with all of their counterparts in the hemisphere to address violent crime in our communities.
    • Attorney General Holder met with his CARICOM counterparts in Barbados in May, and met with hemispheric counterparts at the OAS REMJA in February 2010. the Department of Justice led the U.S. delegation to the second Ministers of Public Security of the Americas meeting in the Dominican Republic in November 2009.

    Merida Initiative:
    • The Merida Initiative is an unprecedented partnership between the United States and Mexico to fight organized crime and associated violence while furthering respect for human rights and the rule of law. Based on principles of shared responsibility, mutual trust, and respect for sovereign independence, our efforts have built confidence that is transforming our bilateral relationship.
    • Merida was conceived in 2007 as a multi-year, $1.4 billion effort. The United States Congress has appropriated $1.3 billion since the program’s inception in 2008.
    ....continue
    Source: REPORT OF THE UNITED STATES GOVERNMENT ON IMPLEMENTATION OF MANDATES FROM THE FIFTH SUMMIT OF THE AMERICAS (United States 2010)
    • Fecha:  15/06/2010    Párrafos: 75
    Convention on Illicit Trafficking in Firearms (CIFTA):

    • President Obama announced that ratification of CIFTA is a priority for his Administration, and he offered technical assistance
    to trace illicit firearms and control, store, or destroy excess national stockpiles.

    • The United States provided the OAS a $1 million grant to provide marking equipment to states in the hemisphere in order to
    increase hemispheric capability to trace frearms and identify illicit trafficking routes and suppliers.

    • The United States signed eTrace agreements with all seven Central American states, and fourteen of the fifteen Caribbean states.
    Expanding eTrace participation throughout the hemisphere is a priority for 2010 and will be aided by the introduction of a Spanish
    version of the eTrace software in 2010.
    • The United States has assessed and offered stockpile management and destruction assistance to a number of states in Latin
    America and the Caribbean.

    Source: REPORT OF THE UNITED STATES GOVERNMENT ON IMPLEMENTATION OF MANDATES FROM THE FIFTH SUMMIT OF THE AMERICAS (United States 2010)
  • Grenada
    N/A
  • Guatemala
    • Reportes
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 69
    Se mantiene el intercambio de información dentro del marco de la CFAC en reuniones ordinarias de Directores de Inteligencia y Oficiales de enlace a nivel regional. Además del Convenio Internacional de intercambio de información entre Guatemala, Colombia, México y Estados Unidos de América, para prevenir las amenazas terroristas.
    Se da capacitación al Grupo Especial de interdicción y Rescate (GEIR), para contrarrestar cualquier amenaza terrorista dentro del territorio nacional y en la región centroamericana, a solicitud de los Estados miembros de la región.
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 70
    En el marco de la lucha contra el crimen organizado en el periodo 2009-2011, el Ministerio Público atendió 733 denuncias por la Unidad de Trata de personas y obtuvo un total de 46 sentencias condenatorias. La unidad contra Secuestros recibió en el mismo periodo 1240 denuncias y se obtuvieron 84 sentencias condenatorias. La Unidad contra extorsiones recibió 5211 denuncias por el delito de extorsión y se han obtenido 86 sentencias condenatorias.
    El MINDEF cuenta con las herramientas necesarias para prevenir las amenazas terroristas y minimizar el tráfico ilícito de armas de fuero a nivel nacional:
    El Estado de Guatemala, aprobó el Decreto No. 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, la cual se convierte en una herramienta para prevenir y penalizar el financiamiento de actividades terroristas.
    El Decreto No. 39-89, Ley de Armas y Municiones, fue derogado por el Decreto No. 15-2009, Ley de Armas y Municiones, que entro en vigencia el 29 de abril de 2009, el cual norma la tenencia, portación de armas y municiones dentro del territorio nacional , en apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, además de:
    - Regular la tenencia, portación, importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, tráfico,
    intermediación y todos los servicios relativos a las armas y municiones.
    - La Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional (DIGECAM) tiene la responsabilidad administrativa del registro y control, según el Artículo 24 de la misma ley.
    - Además regula que las armas de fuego de uso de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, no podrán traspasarse entre particulares.
    Se han puesto en marcha los planes de protección de las instalaciones portuarias, adoptando las medidas necesarias de control de ingreso, actualmente se cuenta con equipo biométrico que controlan el acceso de las personas y vehículos de los recintos portuarios, pudiendo saber por medio de un software la actualización de ingresos y egresos de las mismas
    También se ha entrenado a la Policía Naval Extraordinaria con las técnicas necesarias para la inspección y registro de personas y vehículos para su ingreso y se han construido muros perimetrales con altura que desde los 3.5 a los 4 metros de altura para reforzar la seguridad física de las instalaciones y las personas, los bienes y las operaciones del comercio exterior.
    La Comisión Portuaria Nacional, como entidad designada para aplicar el Código Internacional para Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (código PBIP), constituyó un equipo de trabajo integrado por las instituciones nacionales pertinentes especializadas en diversos aspectos de la seguridad y puso en práctica planes de protección concretos. El equipo lo integran la Coordinadora Interinstitucional de Seguridad, el Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional, la Unidad Antibombas del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Servicio de Operaciones y el Servicio de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional Civil, el Jefe de Seguridad de cada puerto, la Capitanía del Puerto y el Servicio de Análisis e Investigaciones Antinarcóticas.
    Por su parte, la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la Vicepresidencia de la República, está dando seguimiento a la iniciativa 3894-Ley de Enriquecimiento Ilícito, 4317-Disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando. Asimismo, dio seguimiento a la aprobación de la iniciativa 4021-Ley de Extinción de Dominio.
    Además de ello, hizo una propuesta para el nombramiento del cargo de Secretario General y Secretario General Adjunto del Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio.
    Creó la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y Contrabando así como la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero y Otros Activos.
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 72
    Primera Parte:

    Guatemala ha logrado implementar avances significativos para cumplir con lo contenido en el párrafo 72 de la “Declaración de Compromiso de Puerto España”, aprobada en la Quinta Cumbre de las Américas, iniciando con la creación del Observatorio Nacional sobre Drogas -OND- como una dirección de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID- para que funcione como un ente coordinador interinstitucional así como vinculo de contacto y punto focal de información tanto nacional como internacional en cuanto a la materia de prevención del consumo de drogas y apoyo al combate a la oferta, a su vez Guatemala ha participado dentro del Mecanismo de Evaluación Multilateral -MEM- de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas -CICAD- de la Organización de Estados Americanos -OEA-, dentro del cual en el Informe de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones, publicado en junio de 2009 se enfatiza que “durante la Cuarta Ronda de Evaluación 2005-2006 fueron asignadas a Guatemala 18 recomendaciones. El país ha dado pleno cumplimiento a nueve, y de las restantes registra avances y etapas iníciales de cara a su culminación.” Dentro de estas observaciones de puede destacar que en la materia de fortalecimiento institucional se destaca la aprobación del mecanismo de seguimiento para la implementación de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y la continuación de acciones para la creación del Observatorio Nacional sobre Drogas. En reducción del consumo de drogas, el país ha ampliado la cobertura de los programas de prevención de drogas dirigidos a la población escolar, y está en proceso de implementar los programas de prevención dirigidos a grupos indígenas, incluyendo a la población Maya. Además, muestra esfuerzos en el sistema de información nacional sobre tratamiento y la verificación de la calidad de los servicios y establecimientos que ofrecen programas de tratamiento de drogas. La CICAD vio con satisfacción la puesta en marcha de proyectos de desarrollo alternativo en las zonas de siembra de amapola y marihuana en los departamentos de San Marcos y El Petén, mediante los incentivos a proyectos agroforestales y frutales. Respecto a las medidas de control, el país ha implementado un sistema de información para recopilar datos sobre la aplicación de las sanciones de tipo penal y civil contra los desvíos de productos farmacéuticos y de sustancias químicas controladas. Asimismo, estableció un mecanismo de recopilación de información relacionada con solicitudes de asistencia jurídica mutua en casos de tráfico ilícito de drogas. La CICAD noto el establecimiento de un mecanismo que permite registrar y disponer de datos sobre el número de procesos penales iniciados, decomisos realizados y condenas impuestas por los tribunales a partir de transacciones sospechosas por lavado de activos. Finalmente,
    Finalmente se debe observar que en el 2011 al dar inicio la quinta ronda de evaluación del MEM, se observa que de las 9 recomendaciones que no se pudieron dar por cumplidas en la cuarta ronda de evaluación solo 5 son reiteradas en la quinta ronda de evaluación debido a que el país logro avances suficientes en dichas materias para que el Grupo de Expertos Gubernamentales -GEG- del MEM evaluara que 4 recomendaciones no debieran ser reiteradas pues los avances logrados entre una ronda y la otra lo colocan en cumplimiento de las mismas.
    A continuación se detallan las recomendaciones:
    A. Recomendaciones cumplidas en la 4ta ronda:
    Recomendación 1: Desarrollar el mecanismo de coordinación para dar seguimiento a la implementación plan nacional antidroga, recomendación reiterada de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004.
    Recomendación 3: Ampliar la cobertura de los programas de prevención de drogas dirigidos a población escolar.
    Recomendación 7: Poner en marcha proyectos de desarrollo relacionados con la prevención o reducción de cultivos ilícitos y la producción de drogas en las zonas de siembra de amapola y marihuana, en los departamentos de san marcos y el Petén, recomendación reiterada de la segunda ronda de evaluación, 2001-2002.
    Recomendación 8: Implementar un sistema de información que le permita recopilar datos sobre la aplicación de las sanciones de tipo penal y civil contra el desvío de productos farmacéuticos, recomendación reiterada de la tercera onda de evaluación, 2003-2004.
    Recomendación 11: Implementar un sistema de información que le permita al país recopilar datos sobre la aplicación de las sanciones de tipo penal y civil contra el desvío de sustancias químicas controladas, recomendación de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004.
    Recomendación 13: Establecer un mecanismo de recopilación de información relacionada con solicitudes de asistencia jurídica mutua en casos de tráfico ilícito de drogas.
    Recomendación 16: Establecer un mecanismo formal de intercambio de información para el Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
    Recomendación 17: Extender la obligatoriedad de reportar operaciones sospechosas a las actividades económicas no financieras tales como: la venta o traspaso de bienes raíces, armas, metales preciosos, objetos de arte, joyas, automóviles, barcos, aviones u otros bienes coleccionables.
    Recomendación 18: Establecer un mecanismo que permita registrar y disponer de datos sobre el número de procesos penales iniciados, decomisos realizados y condenas impuestas por los tribunales a partir de transacciones sospechosas por lavado de activos, recomendación reiterada de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004.
    B. Recomendaciones No reiteradas en la 5ta Ronda de Evaluación:
    Recomendación 2: Aprobar la creación e implementar el observatorio guatemalteco sobre drogas, recomendación reiterada de la tercera ronda de evaluación, 2003- 2004.
    Recomendación 4: Implementar programas de prevención de drogas dirigidos a grupos indígenas.
    Recomendación 15: Establecer los mecanismos que permitan al país exigir permisos para la importación de armas procedentes de un país en tránsito.
    Recomendación 9: Implementar un mecanismo para la recopilación de información sobre incautaciones de productos farmacéuticos.
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 72
    Segunda Parte:

    C. Recomendaciones que subsisten y los avances registrados:
    Recomendación 5: Verificar la calidad de los servicios y establecimientos que ofrecen programas de tratamiento de drogas en el país.
    Sobre esta recomendación Guatemala informo que la verificación de la calidad de los servicios y establecimientos que ofrecen programas de tratamiento de drogas en el país está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por parte de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, por medio del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES). El país informo que está pendiente la evaluación de la calidad de los servicios para el cumplimiento de normas mínimas de atención.
    Recomendación 6: Diseñar e implementar el sistema de información nacional sobre tratamiento que permita determinar el número de pacientes que recibieron tratamiento y número de admisiones a tratamiento.
    En este tema Guatemala informo que se ha diseñado un formulario e instructivo para la adquisición de datos sobre el tratamiento de personas adictas por parte del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES) del Ministerio de Salud Pública.
    Recomendación 10: Implementar actividades de capacitación e investigación relacionadas con prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por internet, que permitan la identificación de las necesidades nacionales en los niveles normativos y operativos.
    Guatemala reporto que para la investigación y prevención del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, la fuerza policial competente se apoya en
    oficina de INTERPOL para el intercambio de información sobre delincuencia informática. También se cuenta con el proyecto de creación de la Policía Cibernética, dentro de la Subdirección General de Investigación Criminal.
    Recomendación 12: Establecer un mecanismo para el control del transporte de sustancias químicas controladas, recomendación reiterada de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004. En Guatemala se está desarrollando un trabajo de coordinación con las autoridades competentes, y que para tal efecto funciona el Comité Técnico de Precursores
    Sustancias Químicas.
    Este comité ha formulado una propuesta dirigida al fortalecimiento del control de las sustancias químicas controladas. Esta propuesta incluye un mecanismo para el control del transporte de sustancias, a fin de tener un abordaje integral en el registro y control de éstas, no sólo previo a la autorización, sino durante y posterior a ésta.
    Recomendación 14: Establecer un sistema que permita desglosar la información sobre el número de funcionarios públicos acusados y condenados por actos de corrupción relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y el número de funcionarios públicos acusados condenados por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas.
    En esta temática que informa que Guatemala la Fiscalía de Delitos Administrativos cuenta con el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP) y el Organismo Judicial tiene en funcionamiento el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). De manera específica, el SICOMP genera estadísticas de forma desglosadas por delito y personas condenadas y el SGT provee información cuando el procesado
    funcionario público y se trate de delitos de narcotráfico.
    Finalmente, Guatemala continua participando en la 5ta ronda de evaluación en la cual se le han asignado 15 recomendaciones, 5 recomendaciones reiteradas que ya fueron detalladas con los esfuerzos reconocidos para su cumplimiento y 10 recomendaciones nuevas que reflejan nuevos esfuerzos y tendencias necesarias de abordar para poder luchar contra el flagelo del consumo
    oferta de drogas ilegales, en la actualidad la SECCATID coordina un grupo interinstitucional que tiene como uno de sus objetivos el dar cumplimiento a las recomendaciones del MEM y lograr encausar sus múltiples esfuerzos a lograr avances en esta materia.
    Como información complementaria se anexa el Informe de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Dirección General de la Policía Nacional Civil.
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 76
    La Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), ha realizado distintos esfuerzos en el ámbito de su competencia, tales como emisión de formularios, instructivos, lineamientos mínimos y guías básicas para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con la normativa de la materia, asimismo, entre otras actividades, ha efectuado capacitaciones y firma de acuerdos de cooperación con entidades públicas relacionadas en el combate a estos ilícitos.
    Respecto a la cooperación internacional para identificar, rastrear, embargar, incautar y decomisar los fondos/activos y bienes que sean producto de la actividad delictiva, determinando su destino y/o repatriación, de conformidad con nuestra legislación nacional, estas actuaciones corresponden a otras entidades públicas distintas a la IVE, quienes deben observar los aspectos legales que correspondan. No obstante, la IVW ha apoyado en el ámbito de su competencia a las distintas entidades que participan en la represión y sanción del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por ejemplo recientemente se asesoró a una Comisión que estudia la aplicación práctica de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República, vigente desde junio de 2011.
    El detalle de las medidas citadas anteriormente se envía en el siguiente orden:
    Anexo I Capacitaciones impartidas por la SIB a través de la IVE durante 2010.
    Anexo II Convenios Administrativos de Cooperación Interinstitucional
    Anexo III Actividades de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala.
    Anexo IV Memoranda de Entendimiento Suscrita con las Unidades Homólogas.
    Anexo V Actividades de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo con las Personas Obligadas.
    Anexo VI Cifras estadísticas relacionadas con las funciones que realiza la IVE en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo.
  • Guyana
    • Reportes
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 68
    VII. Public Security

    24. Guyana has strengthened its cooperation on security matters with countries of the Hemisphere. To date, Guyana has active cooperation with Brazil, Suriname, Venezuela, Cuba, Colombia, all countries within the region and the United States with the aim to prevent and suppress all dimensions of international criinality. Guyana reaffirms its commitment to the Declaration on Security in the Americas.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 69
    VII. Public Security

    25. The Government of Guyana condemns Terrorism in all its forms and manifestation and sees it as criminal and unjustifiable in all circumstances. Guyana is a party to the following Universal anti-terrorism instruments:
    • Inter-American Convention against Terrorism (2002)
    • Convention on Offences and Certain other Acts committed on Board Aircrafts (1963)
    • Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971)
    • Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970)
    • Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (1988)
    • Convention for the Suppression of unlawful acts against the Safety of Maritime Navigation (1988)
    • Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf (1988)
    • Convention on the physical protection of nuclear material (1979)
    • Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected persons including diplomatic
    agents (1973)
    • International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1998)
    • International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)
    • International Convention against the Taking of Hostages (1979)
    • Convention on the marking of Plastic Explosives for the purpose of detection (1991)

    26. Further, Guyana has employed legislative and administrative measures to prevent, punish and eliminate terrorism and all criminal activities that finance and facilitate it. The Anti- Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009 and the establishment of the Financial Intelligence Unit ae such measures.

    27. Guyana is currently drafting Comprehensive Anti-Terrorism legislation to give legal effect to the said Conventions and preparations are being made to ratify the other United Ntions Anti-Terrorism instruments to which Guyana has acceded.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 70
    VII. Public Security

    27. Guyana is currently drafting Comprehensive Anti-Terrorism legislation to give legal effect to the said Conventions and preparations are being made to ratify the other United Nations Anti-Terrorism instruments to which Guyana has acceded. The Government of Guyana is committed to preventing and suppressing organized crime in all its forms. This commitment can be assessed from Guyana’s efforts both at the International and National levels. At the International level, Guyana has acceded to a
    number of International Conventions namely:

    • United Nations Convention against Corruption (31 Oct. 2003)
    • United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15 Nov. 2000) and its three protocols:
    o Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (31 May 2001)
    o Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (15 Nov. 2000)
    o Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (15 Nov. 2000)
    • Anti-terrorism Conventions referred to in Paragraph 69 of the Declaration of Commitment of Port-of-Spain of the V Summit of the Americas.

    28. At the National level Guyana has a number of legislations to suppress and combat organized crime namely:

    • The Trafficking in Persons Act, 2005
    • The Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2009
    • The Fire Arms Act
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 71
    VII. Public Security

    29. The Government of Guyana recognizes the importance of a system of inclusion (participation of governmental agencies, non-governmental organizations, international organizations and other stakeholders) when formulating and fostering public policies. Country wide consultations are held for the purpose of fostering public policies aimed at strengthening the fight against crime, violence and insecurity in Guyana.
    30. In addition, at the level of the Oversight Ministry responsible for Public Security- Ministry of Home Affairs- enquiries and complaints about the activities of the Agencies under the Ministry can be made by letter, privately and directly to the Minister of Home Affairs or via his assistants. In addition, public days are also facilitated by the Ministry to address complaints and enquiries from members of the public. The Office of Professional Responsibility and the Police Complaints Authority are other agencies through which persons can lode complaints and seek redress for injustices committed by members of the Guyana Police Force.
    31. Independently, the Guyana Police Force has established mechanisms to handle individuals’ enquires and complaints about the activities of the police Force through public days facilitated by the Commissioner of Police and the various Divisional Commanders.
    32.To further strengthen existing mechanisms, the Government of Guyana is currently embarking on a Citizen Security Project funded by the Inter American Development Bank an the Government of Guyana. The aim of the Citizen’s Security Programme is to modernize the Ministry of Home Affairs and the Guyana Police Force. The project will ensure that the Ministry of Home Affairs and the Guyana Police Force provide a better quality of service to te public.
    33. There has been close collaboration with law enforcement locally, in the Region, INTERPOL and other International Anti-Crime organizations in the exchange of intelligence for the suppression of crimes.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 72
    VII. Public Security

    34. Guyana will continue to work to strengthen its efforts to prevent and combat all aspects of the drug problem and its related crime. Guyana is a party to:
    • Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol;
    • Convention on Psychotropic Substances of 1971;
    • United Nations convention against Illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.
    35.To further strengthen its anti-drug efforts, Guyana has participated in the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) and is implementing its recommendations. Participation in UNODC and CICAD has been beneficial to Guyana’s anti-narcotic efforts.
    36.Guyana is also actively involved in the Anti-Narcotic efforts of CARICOM. Bilateral anti-narcotic agreements with Brazil, Suriname, Venezuela, Colombia and recently Russia have beenestablished. Guyana’s security forces have been the recipients of several United States and United Kingdom training courses aimed at addresing the drug problem.
    37.At the domestic level, Guyana has either completed or is implementing the various stages of the sixty six (66) programmes of the National Drug Strategy Master Plan (NDSMP).
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 74
    VII. Public Security

    38.The Government of Guyana will continue to work with other agencies to strengthen its efforts to suppress violence in all its forms in Guyana. Through State efforts, Anger Management and Conflict Resolution are courses offered for the rehabilitation of prisoners in the Guyana Prison Service. Country wide consultations have been successfully conducted in relation to violence in schools. Youth groups, sports, culture, skills training have been promoted in our society as preventative measures against violence particularly among at-risk adolescents.
    39.In addition, the religious community has been active in promoting non-violence projects. These projects have complemented law enforcement/government anti-violence strategies. Several projects/programmes which integrates spiritual values and positive community values, have been executed with the aim of preventing alcohol and drug abuse, suicide, HIV/AIDS, and domestic violence. These projects help young people cope with and avoid such problems.
    40.There are other NGOs with an active violence prevention curriculum that promotes training, volunteering and empowerment and development of our youths.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 75
    VII. Public Security

    41.The Government of Guyana is convinced that the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives and other related materials are a threat to security. Guyana acceded to the Inter American Convention against the Illicit
    Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and other Related Materials on April 07th 2008. Guyana does not manufacture firearms, ammunition explosives or other related materials, cognizant of the increase in gun related
    crime/conflicts; Guyana has taken a number of measures to address this issue. In recent times, Guyana amended its Firearms Act Chapter 16:05 to place stringent penalties on offences under the Act.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 76
    VII. Public Security

    42.Guyana’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLCFT) Act 2009 demonstrates Government’s efforts to safeguard the financial system from terrorist groups. The Act outlines the employment of national measures and international cooperation to counter the financing of terrorism by th identifying (Part III- Article 28 of the AMLCFT Act 2009), tracking, freezing, and seizing and forfeiting the funds/assets (Part IV & V of the AMLCFT Act 2009) of the proceeds of criminal activity.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 77
    VII. Public Security

    43.From 2002-2008 there existed about three Criminal Gangs that operated in our society. Law enforcement consisting of the Guyana Police Force and the Guyana Defence Force have taken strident action against such gans such that today the negative impact have reduced tremendously to the extent that remnants of those gangs are questionable. The experience gained during that period has provided the skills to prevent and suppress emerging gangs.
    44.Several security programmes have resulted in the prevention and suppression of criminal gangs across Guyana: The Citizen Security Programme; Community Policing Groups and the increased intelligence between the police, other law enforcement and
    the community also serve to prevent the formation of criminal gangs.
    45.The Modernization of the Ministry of Home Affairs under the Citizen Security Programme will add an Offenders Management Unit that will address the rehabilitation and reintegration of offenders and victims of criminal gangs. Currently, rehabilitation and
    reintegration services are offered by the State and NGOs.
    • Recursos Relacionados
    • NATIONAL REPORT OF GUYANA ON FOLLOW-UP AND IMPLEMENTATION OF THE MANDATES OF THE DECLARATION OF COMMITMENT OF THE V SUMMIT OF THE AMERICAS – PORT-OF-SPAIN (Guyana 2010)
  • Haití
    N/A
  • Honduras
    • Reportes
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 68, 69, 70, 71, 72, 73
    Lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Tráco
    ilícito de drogas, armas, municiones y explosivos, trata de
    personas, tráco ilícito de migrantes, lavado de activos,
    corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos
    asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético.
    La Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráco se fundamenta en dos ejes
    fundamentales:
    • Control de la oferta, que son las acciones orientadas a disminuir la cantidad de drogas
    disponibles en el mercado ilícito.
    • Reducción de demanda, que se orientan a la disminución de la cantidad de usuarios o
    consumidores que demanden drogas ilícitas, mediante campañas preventivas y tratamiento
    de drogodependientes.
    Las entidades gubernamentales responsables han desarrollado una serie de
    acciones contra el narcotráco y sus delitos conexos, como las siguientes:
    • Desarticulación de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
    • Operaciones especiales de interdicción de cargamentos de drogas y precursores químicos.
    • Aseguramiento de medios e instrumentos para cometer estos ilícitos.
    • Destrucción de pistas clandestinas e infraestructura logística.
    • Destrucción de un laboratorio clandestino.
    • Erradicación de cultivos ilícitos de marihuana
    • Controles en la infraestructura portuaria y aeroportuaria.
    • Incremento en los controles contra el lavado de activos
    • Promover leyes que dificulten el accionar de las organizaciones criminales.
    La estrategia se ha focalizado en los ámbitos siguientes:
    Macro-tráfico:
    Organizaciones transnacionales, objetivos de alto valor, tráco internacional (aéreo,
    marítimo y terrestre), cultivos ilícitos, control del desvío de sustancias químicas y
    lavado de activos.
    Micro-tráfico:
    Transporte de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades (vía aérea, terrestre y
    uvial o marítima) a través de redes departamentales e internacionales. Esta
    actividad usualmente se presenta en varias modalidades: impregnación de cargas
    lícitas, encomiendas contaminadas y pasantes humanos o animales.

    Narcomenudeo:
    Comercialización de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades llevada a cabo por
    organizaciones o redes rurales y urbanas para el consumo interno. Esta última
    modalidad es la que mayor impacto genera en la comunidad en temas relacionados
    con los niveles de violencia y percepción de seguridad.
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 74
    Promover políticas públicas coordinadas entre las instituciones
    pertinentes y la participación ciudadana y comunitaria para la
    prevención, intercambio de información, prácticas y experiencias
    entre Estados.

    Cabe destacar que se procedió a la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional,
    para crear como organismo desconcentrado del Ministerio Público, la Dirección de
    Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
    Por otra parte, recientemente se promulgó la Ley de Reforma de Seguridad Pública
    la que crea la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública, que tiene
    como objetivo intervenir la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta
    comisión se integrará con tres notables nacionales y dos extranjeros.
    Visión de País Comprometido con la Seguridad (2010-2038).
    Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia, que
    tiene como metas reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del
    promedio internacional, reducir el Índice de Conictividad Social a menos de 6, y
    mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y
    aumento de la conanza interna.
    De conformidad con el Plan de Nación 2011-2022, la seguridad ciudadana es un
    requisito para el desarrollo que se fundamenta en los ejes siguientes:
    • La recuperación de la credibilidad de los operadores de justicia.
    • El fortalecimiento y la coordinación institucional entre los operadores.
    • Un nuevo y más eficiente sistema penitenciario.
    • Un programa más completo de previsión social policial.
    • El fomento de capacidades y acciones preventivas.
    • El combate a las causas generadoras y facilitadoras de la delincuencia.
    • La implementación de un Sistema Nacional de Inteligencia Policial.
    Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras (2011-2022).
    Luego de un proceso de concertación a nivel nacional, se logró articular la Política
    Integral de convivencia y seguridad ciudadana en Honduras, enmarcada en un
    concepto amplio de seguridad humana, que garantiza el respeto de los derechos
    fundamentales de las personas.
    La Política Integral de convivencia y seguridad ciudadana busca el fortalecimiento
    de la gestión nacional y local mediante diferentes programas, como lo son:
    Municipios más seguros, Intervención intersectorial en Municipios de alta
    concentración de violencia y delincuencia, y otros de prevención con enfoque de
    Derechos Humanos.
    Durante el primer semestre del 2009 y consciente de la necesidad de dar contexto
    jurídico e institucional a la permanente aspiración de contar con una Visión de País
    con un horizonte de planeamiento de largo plazo, el Congreso de la República inició
    un camino de preparación que contó con el apoyo de los cinco partidos políticos
    legalmente inscritos y de sus candidatos Presidenciales.
    Se consideró fundamental en ese momento, recoger los abordajes técnicos y
    conceptuales formulados por anteriores iniciativas, las cuales contaban con la
    legitimidad derivada de amplios procesos de consulta que recogieron no solo las
    visiones y expectativas de los distintos grupos representativos de la sociedad
    Hondureña, sino también las expresiones particulares de regiones, municipios y
    comunidades en el interior del país.
    Los análisis y consensos iniciados a partir de ese momento, condujeron al
    establecimiento de un marco conceptual orientado a la conformación de los
    siguientes instrumentos:
    1. Una Visión de País contentiva de Principios, Objetivos Nacionales y Metas
    de Prioridad Nacional para el período 2010-2038;
    2. Un Plan de Nación que cubre una primera fase de la Visión de País
    (2010-2022) y que se conforma de lineamientos estratégicos, objetivos e
    indicadores que marcarán las progresivas responsabilidades de los
    próximos tres gobiernos en torno a la Visión de País;
    3. Una matriz de 58 indicadores, que contiene los criterios cuantitativos a
    alcanzar y que permiten medir el avance del cumplimiento del Plan de
    Nación, según cada uno de los lineamientos estratégicos que lo componen,
    segmentados según al grado de avance esperado al nal de cada periodo
    de gobierno.
    4. Un anteproyecto de decreto para la creación del Sistema Nacional de
    Planeación que actúa como instrumento para la ejecución e
    institucionalización de la Visión de País y el Plan de Nación y que debe
    contar, para su debida implementación, con un marco jurídico, una
    denición institucional y un esquema de funcionalidad operativa.
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 74, 75, 76, 77
    Mecanismo de Evaluación Multilateral para prevenir y combatir el
    problema mundial de las drogas
    En Honduras la Institución que está certicada para brindar información sobre los
    mecanismos de evaluación en la prevención y combate del problema de las drogas
    es el Consejo Nacional Contra el Narcotráco, establecido desde 1990 y que preside
    el Presidente de la República.
    Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráco
    Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros
    materiales relacionados.
    Esta Convención que constituye el primer instrumento jurídico a nivel internacional
    que tiene como propósito impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráco
    ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados,
    ha servido de fundamento para otros instrumentos internacionales como el
    Protocolo de Armas de Fuego de las Naciones Unidas que suplementa la
    Convención de Naciones Unidas Contra el Crimen Transnacional Organizado.
    Honduras raticó esta convención desde octubre del año 2004.
    Esfuerzos y cooperación internacional para identicar, rastrear,
    embargar, incautar, fondos/activos y bienes producto de la
    actividad ilícita.
    En honduras existe la Ley sobre privación denitiva del dominio de bienes de origen
    ilícito, la cula se vincula con otros instrumentos legales nacionales e internacionales,
    como: Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley contra el delito de Lavado de activos,
    Código Procesal Penal, Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Convención
    de Palermo, y la Convención Americana contra la Corrupción
    Enfrentar el problema de las pandillas delictivas, con un enfoque
    global que comprenda prevención, rehabilitación y reinserción
    social.
    Honduras mantiene en ejecución el Programa Nacional de Prevención,
    Rehabilitación y Reinserción Social y el Proyecto de Paz y Convivencia para el Valle
    de Sula. Los cuales aglutinan a todas las instituciones que trabajan estas áreas,
    quienes además se encargan de generar, orientar dirigir y regir las políticas
    nacionales en materia de prevención y rehabilitación de Maras y Pandillas.
  • Jamaica
    • Reportes
    • Fecha:  21/03/2012    Párrafos: 71
    National Security
    The Government of Jamaica (GoJ) continues to recognize the importance of safety and security to national development. This is clearly outlined in Goal 2 of the Vision 2030 which states, “The Jamaican society is secure, cohesive and just.” In this regard, the government continues to undertake a number of developments in the area of national security.

    A. The reform and modernization of the Jamaica Constabulary Force (JCF) is a major activity of the government and stems from a strategic review of the JCF which was undertaken in 2006 – 2007. This review was aimed at improving the efficiency of the Force. Since its development a number of actions have been taken including:
    i. The rolling out of community based policing across the entire JCF. A community based policing training manual was prepared and over 3000 police officers have already been trained in the philosophy and practice of community based policing.

    ii. An Anti-Corruption Strategy (2010-2013) has been developed which speaks to effective confrontation of corrupt members of the Force, with a zero-tolerance approach to corruption, and timely removal of staff who act unlawfully, unethically or who lack integrity; while highlighting prevention, education and raising the fear of detection.

    iii. Preparation of policing plans at the divisional and station levels to guide the operations of police officers in various geographical locations.

    iv. Upgrading of the physical infrastructure of the police training facility and a number of police stations island wide thereby increasing the number of officers trained annually and the working conditions of police personnel.

    v. Development of an Information Communication Technology Strategy and implementation of new technologies in policing, such as the expanded use of CCTV; implementation of a new traffic ticketing system; and the testing of the Computer Aided Dispatch (CAD) and Inventory Management System (IVS).

    B. The development of key strategies is also a critical part of the process and to this end, the National Crime Prevention and Community Safety Strategy was developed and the Anti-Gang Strategy drafted.

    C. A Safe Schools programme was developed in partnership with the Ministry of Education, Ministry of National Security and JCF to address violence in schools.

    D. Establishment of a Trafficking in persons unit within the Ministry of National Security and the JCF The development of a partnership with Woman Inc. to provide support services (including operation of a shelter) for victims of trafficking.

    E. The National Security Policy is currently being revised.

    F. Legislation is also a critical component of national security and hence a number of key pieces of legislation have been passed or amended. These include:
    i. The Cyber Crime Act
    ii. The Terrorism Prevention (Amendment) Act
    iii. The Public Bodies Management and Accountability (Amendment) Act
    iv. The Independent Commission of Investigations Act
    v. The Offences Against the Person (Amendment) Act
    vi. The Parole (Amendment) Act
    vii. The Bail (Amendment) Act
    viii. The Constabulary Force (Interim Provisions for Arrest and Detention) Act
    ix. The Firearms (Amendment) Act
    x. The Jury (Amendment) Act
    xi. The Child Pornography Act
    xii. The Proceeds of Crime Act
    xiii. Sexual Offences Act
    xiv. Legislation is also being drafted that relate to anti-gang and DNA.

    G. Rehabilitation of offenders is also of major importance to the GoJ and therefore the Jamaica Reducing Re-offending Action Plan was developed to facilitate the rehabilitation and reintegration of local offenders and deported persons. Additionally, the capacity of the Department of Correctional Services has been improved to facilitate the rehabilitation of incarcerated persons.

    H. Community safety has also been a major thrust of the government and number of social intervention programmes were developed and implemented or are being implemented to empower residents who live in at risk communities. These include:
    i. Citizens’ Security and Justice Programme
    ii. Poverty Reduction Programme
    iii. Community Security Initiative
    iv. Inner City Basic Services Programme
    v. Basic Needs Trust Fund
    vi. Jamaica Violence Prevention, Peace and Sustainable Development Programme
    vii. Peace Management Initiative
    viii. Enhancing Civil Society Participation in Local Governance for Community Safety Programme

    The government has also embarked on a Community Renewal Programme aiming to improve the lives of residents in the most volatile and vulnerable communities through a process of coordination and harmonization of programmes/projects and resources, targeting of specific groups, scaling up of best practices and using of evidence based research.
    • Fecha:  21/03/2012    Párrafos: 73
    Justice
    Even with improvements in the security sector if cases are not resolved in a timely fashion there will be implications for crime and violence as persons seek their own justice through retaliation. Therefore, the GoJ has been working on a number of initiatives in the justice sector chief of which is the Justice Sector Reform Programme. Under this programme efforts have been made to improve the delivery of justice in Jamaica. This includes:

    A. Reducing the backlog of cases in the courts which is being facilitated through the employment of additional prosecutors, special court sittings and the setting up of special courts to deal with specific matters such as civil proceedings. Criminal Justice Boards were also established to monitor and provide guidance in addressing case backlog.

    B. Introduction of a Criminal Case Management System which is currently being piloted in six courts. A Court Management System has also been introduced.

    C. Modernisation of physical infrastructure which include erecting new court houses and refurbishing some existing ones.

    D. Embarking on a programme of Restorative Justice which provides opportunity for persons who have committed certain types of crimes to be diverted into special programmes outside of the formal justice system and offers restitution to victims and their families. A Restorative Justice Policy has also been prepared. The Restorative Justice Programme is being piloted in four communities.

    E. A Child Diversion policy has been prepared to provide options other than incarceration for juveniles who have committed certain categories of offences. Implementation of this policy is being facilitated under the National Plan of Action for Child Justice 2010 – 2014.
  • México
    • Reportes
    • Fecha:  11/04/2018    Párrafos: 7
    Durante 2017 el IMJUVE, en el marco del proyecto desarrollado por Pasión y Futuro A. C. y de la categoría de “Joven a Joven”, llevó a cabo la iniciativa “Lo Bueno de Prevenir. Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” o “Promoción de Paz entre los y las Jóvenes” con la colaboración con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Nonviolence Project A.C.,
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    El Grupo Técnico para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas de Atención y Protección de las Mujeres Migrantes. del INMUJERES, establece estrategias para la incorporación de la perspectiva de género y la instrumentación de acciones afirmativas en las normas y procedimientos administrativos y en las políticas pública migratorias que permitan a las mujeres el acceso y ejercicio de sus derechos.
    Durante 2016 y el año 2017 realizaron los lineamientos y el programa del trabajo del Grupo:
    - Establecieron la estrategia de revisión de programas institucionales.
    - Crearon cuatro subgrupos de trabajo: de migración, laboral, salud e identidad, para incorporar la perspectiva de género en los programas que atienden a la población migrante en este sector.
    - Realizaron una propuesta de Metodología para la revisión de los programas para población migrante con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos.
    - Aplicaron la metodología para la revisión de programas institucionales, iniciando con el Seguro Popular. Determinaron que se debe de ampliar en el Programa de Seguro Popular, la vigencia de la póliza de afiliación a más de 90 días a las mujeres embarazadas migrantes y extranjeras con VIH; establecieron la posibilidad de celebrar un convenio para incorporar la perspectiva de género en el Programa del Seguro Popular.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 1
    El INMUJERES realiza el Concurso “Mujer migrante, cuéntame tu historia”. El cual contribuye a la promoción de los derechos y mejoramiento de las condiciones y situaciones de las mujeres en contextos migratorios mediante la vinculación con las Instituciones de Gobierno Federal.
    La edición 2017 del concurso, promueve el reconocimiento institucional y social de la participación protagonista de las mujeres en las migraciones mediante la difusión de los escritos y videos galardonados, además, reconoce a las concursantes cuyos testimonios resultaron ganadores y acreedores de mención honorífica. Asimismo atiende a la responsabilidad del INMUJERES de “promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población de mujeres migrantes y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra”.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 1
    El INMUJERES realizó en 2017 el directorio de programas y servicios institucionales dirigidos a la población migrante con el objeto de brindar atención y orientación a la población mexicana que radica en el extranjero, a sus familias en su comunidad de origen, a mexicanas y mexicanos que han regresado a nuestro país, a quienes migran de manera interna, a migrantes que se encuentran en tránsito por el territorio mexicano, tanto nacionales como internacionales, y extranjeras y extranjeros que han establecido su territorio en México.
    La difusión del directorio se realizó con los integrantes de Grupo Técnico para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas de Atención y Protección de las Mujeres Migrantes y en los integrantes.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 6
    Durante julio de 2016 a diciembre de 2017, la PGR remitió insumos para la:

    “Sexta Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos” (6BMS-UNPoA).
    El CENAPI junto con la Agencia de Investigación Criminal estuvo de acuerdo con los temas que México ha promovido en el ciclo de examen del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (PoA) 2014-2018.

    De igual manera, la PGR sugirió dar seguimiento a dos temas que resultaban de interés: 1) Desarrollo y Avances tecnológicos, a la luz de los recientes avances tecnológicos en la fabricación de estas armas; y 2) Marcaje, mantenimiento de registros y rastreo de armas pequeñas y ligeras.

    En el ámbito de competencia del CENAPI, se dio respuesta al Cuestionario sobre la implementación y efectividad de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 6
    La PGR participa en los Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) con la República de Honduras, la República de El Salvador, la República del Perú, la República de Panamá y la República de Guatemala.
    El Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) lleva un seguimiento específico a temas relacionados con el tráfico de armas y precursores químicos. Además, funge como actual Secretario Técnico del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego (GC-Armas); que es el Órgano Nacional de coordinación internacional sobre temas relacionados con armas de fuego, municiones y explosivos.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 4
    En lo que respecta al tema de Precursores Químicos referentes a las Nuevas Substancias Psicoactivas (NSP), los datos no revelan al tráfico y consumo como un problema mayor; no obstante, las autoridades mexicanas implementaron diversas medidas enfocadas a prevenir la proliferación vista en otros países. Entre las acciones principales, se encuentran:
    - La regulación de ketamina por la Ley General en su artículo 245, como una sustancia psicotrópica.
    - Se regulan como psicotrópicos, a la Mefedrona, Piperazina TFMPP (1,3-trifluorometilfenilpiperazina) y los Canabinoides sintéticos (K2).
    - Derivado del intercambio de información sobre el consumo, importación, exportación, venta en plaza de sustancias consideradas como NSP, hasta el momento no tienen usos lícitos en el país, lo que facilita sean confiscadas en caso de hallarse.
    - Se mantiene vigilancia permanente a las sustancias contenidas en la Lista Internacional de vigilancia de Nuevas Sustancias Psicoactivas, proporcionada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
    - Las dependencias que integran el Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS), realizan un monitoreo constante con la finalidad de identificar la aparición o incremento de NSP en territorio Nacional.
    - A fin de evitar el desvío de precursores químicos, en julio de 2017 se publicó en el diario Oficial de la Federación las disposiciones mediante las cuales las substancias N-fenetil-4-piperidona (NPP) y 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) serán controladas en calidad de precursores químicos.
    - En el ámbito de cooperación internacional en materia de capacitación, se extendió invitación para participar a países de Centro y Sudamérica, en el Curso de Capacitación sobre Drogas Sintéticas, Precursores Químicos y Químicos Esenciales, mismo que organiza anualmente la PGR en el marco del Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS).
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 4
    Dentro de las acciones que México ha implementado para contrarrestar el tráfico de drogas, durante julio de 2016 a diciembre de 2017 destaca:
    La participación de la PGR en el plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016 – 2020 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la OEA.
    En 2017, participó en Reunión Plenaria presencial del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) para la “Séptima Ronda de Evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral” (MEM), que se celebró en la ciudad de Washington, DC, EUA y en la Segunda Reunión del Grupo de Expertos en Desarrollo Alternativo y Sostenible (GDAIS), de la CICAD, que se celebró en la ciudad de La Antigua Guatemala, República de Guatemala.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    Para prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito interno de la PGR así como para capacitar y sensibilizar al personal de la institución en los temas de violencia y discriminación de género, mediante la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, entre julio de 2016 y diciembre de 2017 capacitó a 19 mil 646 servidoras públicas y servidores públicos en materia del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, particularmente en los capítulos correspondiente al Compromiso Institucional No. 2 y 8: “Promuevo, difundo, respeto y garantizo los derechos humanos de todas las personas”, “Promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género”, respectivamente
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    La PGR administra el CODIS y se encarga de expandir su aplicación en los estados con un Laboratorio de Genética que puedan demostrar su competencia técnica. Asimismo, continuó con la promoción del registro de información en el sistema entre las procuradurías locales del país, para avanzar en la búsqueda de mujeres desaparecidas y no localizadas.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    La PGR llevó a cabo el Diagnóstico de la percepción sobre el cumplimiento de los Lineamientos de calidad para la atención ministerial de la violencia contra las mujeres en los Centros de Justicia para Mujeres (CJM), con base en el cual se diseñaron 11 guías específicas para la aplicación de los Lineamientos.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    La PGR con el objetivo de sensibilizar, fortalecer y actualizar los conocimientos de los funcionarios y funcionarias, para que estén en posibilidades de brindar una atención adecuada a las víctimas y detenidos, así como a grupos de la población en situación de vulnerabilidad, con un enfoque diferencial y especializado en el ámbito de procuración de justicia federal; durante el periodo de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2017, impartió 11 actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, capacitó a 700 servidores públicos el alcance y contenido de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y sus respectivos mecanismos de seguimiento. Dichas participaciones estuvieron dirigidas a personal de diversas instituciones federales, así como de la misma PGR.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    La FEVIMTTRA en 2016 elaboró los Lineamientos de Calidad para la Atención Ministerial de la Violencia contra las Mujeres y en 2017 presidió 6 sesiones e impartió capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y trata de personas a personal del Servicio de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de hospitales y zonas navales de la Secretaría de Marina (SEMAR); participó en el Taller Regional para la Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección, elaboró el proyecto de Modelo del Eje de Sanción; impartió capacitación y sensibilización a personal ministerial, policial y pericial, en: género y violencias contra las mujeres, trata de personas, prevención y atención a víctimas de delitos cometidos a través de medios electrónicos en agravio de niñas, niños y adolescentes (NNA).
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    Como parte de sus labores, la FEVIMTRA atiende llamadas telefónicas las 24 horas del día, los 365 días del año a mujeres víctimas de violencia y de trata de personas; en donde principalmente otorga servicios de orientación ciudadana y asesoría legal, gran parte de estas llamadas son canalizadas del Centro de Atención Telefónica a través de la línea telefónica gratuita 01 800 008 54 00. Además, cuenta con el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia de Género Extrema y Trata de Personas.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 3
    La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA) es la principal instancia para el tratamiento de los temas relacionados con la violencia contra las mujeres, pertenece al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres cuya finalidad es garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y en el que la Federación, las entidades federativas y los municipios conjuntan esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    En 2017 la UEAAI realizó un diagnóstico para conocer el número de personas indígenas procesadas e internas en centros de reinserción por delitos federales; obtuvo que 489 personas, de ellas 70 mujeres, pertenecían a una etnia e identificó los delitos federales que se comenten con mayor frecuencia. Con base en este diagnóstico continuó las visitas a Centros de Reinserción Social para brindar asesoría a personas indígenas internas por delitos del fuero federal. La asesoría la realizan agentes del Ministerio Público Federal, quienes entrevistan a las internas, las asesoran y solicitan su partida jurídica para conocer su situación en el proceso o la sentencia; así, en 2017 asesoró a 48 mujeres de 70 mujeres indígenas internas.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    En 2016 la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas (UEAAI) visitó 14 centros de reinserción en el país con el fin de dar asesoría jurídica sobre los procedimientos disponibles para hacer valer sus derechos y promover la gestión de libertad anticipada. La Unidad brindó asesoría a 210 personas indígenas (de ellas, 110 fueron mujeres), procesadas y sentenciadas por la comisión de un delito federal y logró gestionar 21 boletas de libertad para mujeres indígenas que cumplían con los requisitos de este beneficio.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    Además, capacitó a intérpretes, abogadas y abogados indígenas en el Sistema Penal Acusatorio, Derechos de los Pueblos Indígenas y Violencia de Género para que replicaran sus conocimientos en sus comunidades, haciendo uso de su lengua materna. Estos cursos tuvieron como objetivo, darle a conocer a la población indígena sus derechos fundamentales en un procedimiento penal, así como sus derechos como integrantes de pueblos indígenas. En total, capacitó a 94 intérpretes, abogadas y abogados bilingües y fiscales itinerantes en los Estados de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México, los cuales realizaron 82 réplicas, en las que participaron 2,057 asistentes (1,361 mujeres y 696 hombres).
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    En 2017 la PGR puso en marcha el proyecto de capacitación: “Derechos de los Pueblos Indígenas y Violencia de Género”, con el fin de prevenir la violencia en este sector de la población y coadyuvar en la difusión de sus derechos; Capacitó a 243 servidoras públicas y servidores públicos (136 mujeres y 107 hombres) de las Delegaciones de la PGR y Fiscalías Generales Estatales, así como diversas Instituciones de los Estados de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    De igual manera, se encuentra impulsando trabajos relativos a la generación de datos estadísticos desagregados relacionados a sectores vulnerables de la población sobre las cifras de incidencia delictiva correspondientes al fuero federal y común. El análisis de los datos estadísticos que resulte, podrá ser de utilidad para: visibilizar la violencia ejercida en contra de sectores específicos de la población de manera diferenciada, identificar los factores de vulnerabilidad que promueven el mayor riesgo de violencia, mejorar la atención a las víctimas, enriquecer el diseño de políticas públicas de prevención del delito y combate a la delincuencia e impulsar el trabajo legislativo encaminado a la eficacia de la norma y al combate a la impunidad, entre otros.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    Durante 2017 la Procuraduría General presentó el “Protocolo Nacional de Actuación” para el personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en los casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género. En este Protocolo se establece un “mecanismo de coordinación para su implementación” que incluye, entre otras cuestiones, la necesidad de generar y recolectar datos estadísticos sobre los delitos cometidos por prejuicio (discriminación y violencia por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género o características sexuales o normativas).Fue aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2018.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    Para la campaña se elaboraron trípticos, carteles y tarjetas que fueron distribuidos en todo el país y en la red consular de México en EE.UU. y en Centroamérica, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, se compartió a diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, organismos y organizaciones que tienen oficinas en México (Médicos sin Fronteras, ACNUR, OIM, CICR, ONUDC), y con representaciones consulares acreditadas en México.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 2
    Dados los flujos migratorios mixtos que tiene México (mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, personas indígenas, personas discapacitadas, personas del colectivo LGBTI), la PGR puso en marcha la campaña "Migrar no es delito" que tiene por objetivo: 1) prevenir los delitos cometidos en contra de personas migrantes y dar a conocer el derecho que tienen las personas migrantes de acceder a la justicia. 2) Además de sensibilizar a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como a la población en general en torno a los motivos por los cuáles las personas emigran de sus lugares de origen (violencia, desastres naturales, discriminación, crisis económicas, entre otros).
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 1
    De julio de 2016 a diciembre de 2017 la Procuraduría General de República (PGR) realizó 1,788 foros en colaboración con asociaciones civiles, empresariales, centros de trabajo y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los que asistieron 443,705 participantes, en temas como: explotación infantil, migración, trata de personas, violencia contra la mujer, prevención y tratamiento de adicciones y prevención de delitos relacionados con armas de fuego.
    La PGR trabajó en la prevención del delito en el ámbito escolar a través de los siguientes programas:
    “En la escuela lo justo es prevenir” y “El fiscal va a tu escuela”. Dichos programas promovieron acciones informativas de prevención de delitos federales, con el objeto de promover y fomentar la participación de la población adolescente en la construcción de escenarios positivos de vida a través de la toma de decisiones que puedan alejarlos de riesgos delincuenciales, y que ayuden a evitar la comisión de conductas ilícitas que entorpezca o frene su proyecto de vida.
    • Fecha:  10/04/2018    Párrafos: 7
    El IMJUVE en 2016 llevó a cabo la tercera el “Concurso Nacional Ritmo Joven”, para que a través de la música la población joven participe en actividades lúdicas que desincentiven la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Durante esta etapa se llevó a cabo los talleres de prevención de la violencia]; además, se realizó una capacitación en formación musical por parte del C. Daniel Gutiérrez, líder y vocalista de la banda “La Gusana Ciega”.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 74, 2, 3, 5, 6, 9
    • En el marco del programa “Contra la violencia, Eduquemos para la paz”, en el Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública realizó el taller “Eduquemos para la paz”, dirigido al personal docente electo en forma colegiada en cada plantel y en los turnos matutino y vespertino de clases, a fin de fortalecer el proceso educativo en forma integral, tomando en cuenta el desarrollo de competencias psicosociales para la resolución de conflictos. Participaron 1053 docentes de planteles participantes. De igual forma en el programa “Otra forma de Educar, Querer, y Formar: jóvenes, niños y niñas”, se impartieron talleres que beneficiaron a 7454 directivos y docentes.
    • Con el fin de impulsar y fortalecer la participación ciudadana, la SEP opera el programa “Salud y Seguridad en las Escuelas”, con la integración de los Comités de “Protección Civil y Seguridad” que se vinculan con las Delegaciones Políticas del Distrito Federal para su atención.
    • La SEP implementó el Curso de Resolución Pacífica de Conflictos, dirigido a los 202 Responsables de Servicios Educativos Complementarios de las Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal para ofrecer las herramientas que les permita entender, mediar y resolver los conflictos asociados a la convivencia que diariamente se presenta en las escuelas. El curso se impartió en los meses de octubre y noviembre de 2013.
    • Igualmente se realiza la implementación mensual de revisores de mochilas escolares, con previa autorización de los padres de familia, esto con la finalidad de generar ambientes seguros y libres de violencia.
    • En el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) se ha comprometido a incluir en los programas de las Escuelas Normales contenidos que permitan promover las competencias para una convivencia armónica y para la prevención de la violencia. Lo anterior se realizará a partir del diseño de 7 cursos optativos, atendiendo a la flexibilidad curricular de los planes de estudio, con las siguientes temáticas:
    1. Atención e intervención de grupos socialmente desfavorecidos*
    2. Formación ciudadana*
    3. Interculturalidad*
    4. Gestión para la atención a focos de violencia en distintas entidades del país
    5. Respeto y fomento a los Derechos Humanos
    6. Prácticas de respeto a la diversidad e inclusión educativa
    7. Prevención de la violencia de género y la cultura de la legalidad
    *NOTA: Hasta el momento se ha iniciado, en colaboración con las entidades del país, el diseño de estos tres cursos, los cuales se encuentran en revisión.

    • En 2012 el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignó un presupuesto de 244.7 millones de pesos (19 millones de dólares americanos), a programas que tienen acciones a favor de la procuración de justicia, prevención del delito y para el equipamiento urbano en los municipios del país de mayor índice de violencia contra las mujeres dirigido a fomentar ciudades seguras.
    • El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) cuentan con un convenio de colaboración en materia de violencia de género, el cual trabaja conjuntamente en acciones que promueven e impulsan, en el sector social, las condiciones que posibilitan la no discriminación, la no violencia, la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres, dentro de las regiones prioritarias del país.

    • En 2013 la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico del INMUJERES publicó estudios sobre la violencia. Uno de ellos está relacionado con los sistemas de información de los ministerios públicos con perspectiva de género. El objetivo fue realizar un diagnóstico del proceso de atención y registro de la información que se realiza en las agencias del ministerio público y el área o Centro de Atención a Víctimas (CAVI) cuando se atienden casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del proceso de atención en aspectos relacionados a la capacitación del personal, las instalaciones e infraestructura, los sistemas de información y registro de variables.

    Información disponible en:
    http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/Resized/agosto2013/ct39.pdf
    También en 2013, el INMUJERES publicó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre 2011 y 2012 se realizaron trabajos para la tercera edición de la ENDIREH, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El objetivo fue generar información estadística sobre la prevalencia, frecuencia y magnitud de la violencia de pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar, laboral, familiar y comunitario, con el propósito de coadyuvar en la conformación del Subsistema de Estadísticas de Violencia, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística.

    Los resultados de la ENDIREH 2011 están disponibles en:
    http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx

    El INMUJERES desarrolla el programa de trabajo “prevención en materia de trata de personas” a fin de contribuir en la reducción de condiciones de vulnerabilidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes como susceptibles víctimas de trata de personas. Las acciones realizadas en 2013 fueron: “Taller de capacitación en materia de trata de personas” dirigidos a funcionarias/os de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. “Boletín quincenal de noticias en materia de trata de personas” con el objetivo de informar a la población interesada en las temáticas de la multidimensionalidad de la trata de personas. “Subdominio electrónico” una página web bilingüe relacionada con la prevención en materia de trata de personas, mismo que puede ser consultado en: http://inmujeres.gob.mx/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-personas.

    • El gobierno mexicano conformó en el 2011 una Estrategia de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, con los siguientes productos:
    • El Protocolo de Primer Contacto, dirigido a las fuerzas del orden público, para brindarles herramientas que permitan disminuir el nivel de estrés y de crisis emocional de las niñas, niños y adolescentes presentes en un operativo y poder identificar aquellos casos de estrés agudo para poder responder de manera adecuada a estas situaciones y de esta manera, evitar que el daño emocional sea más grave.
    • El Protocolo de Segundo Momento en el Contacto con el Proceso de Justicia busca dar herramientas a los funcionarios dependientes de los Ministerios Públicos, para poder llevar a cabo la toma de declaración sin revictimización para aquellas niñas, niños y adolescentes que fueran puestos a su disposición en calidad de víctimas, adolescentes en conflicto con la ley o testigos, de ser el caso.
    • Finalmente, el Protocolo del Tercer Momento en el Seguimiento y Articulación para la Restitución de Derechos, está encaminado a articular una red de actores sociales que permitan elaborar un diagnóstico de la situación de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a sus características especiales y participación en el proceso penal para poder elaborar un plan de restitución de sus derechos considerando e identificando los recursos familiares, sociales, económicos, etc., con los que cuente.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 9
    • La Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), presentó la “Estrategia Integral para la Prevención del Secuestro de Migrantes”, la cual inició formalmente con el Convenio Marco de Colaboración para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes celebrado entre la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La estrategia contempla cinco líneas de acción que tienen por objeto abatir los delitos contra los migrantes en el territorio mexicano, en el marco de estas líneas de acción se detallan las siguientes acciones que tuvieron seguimiento en 2013 por el INM:

    • Convenios en materia de secuestros con los gobiernos de Chiapas y Campeche (celebrado desde septiembre 2010), así como con el gobierno de Oaxaca (en mayo 2011).
    • Personal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., a fines de 2011, impartió el curso de capacitación denominado “Comunicación y Trenes” a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de mostrar el sistema de monitoreo de diversas rutas de trenes y la detección de puntos estratégicos.
    • Se realizaron avances en el Protocolo para el Intercambio de Información en Materia de Trata de personas, Tráfico, Secuestro de Migrantes Víctimas del Delito, entre la Procuraduría General de la República, Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas el Delito, con el objeto de desarrollar, promover y evaluar programas, lineamientos y acciones orientados a la prevención y combate integral de los delitos en comento.
    • En la Ley de Migración y los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios se contempla la regularización en territorio nacional por razones humanitarias a extranjeros que participen en un proceso penal.
    • El Reglamento de la Ley de Migración, mismo que establece las directrices propuestas en la Ley Migratoria Vigente y fortalece los principios fundamentales de la misma, contempla un capítulo que establece el procedimiento para la detección, identificación y atención de personas extranjeras víctimas del delito.
    • La Secretaría de Gobernación, a través del INM, trabaja en tres rubros relacionados con la atención integral a víctimas extranjeras: prevención del delito, asistencia migratoria y en el caso de que la persona extranjera decida denunciar los hechos ante el agente del ministerio público, garantizar su acceso inmediato a la administración de justicia, facilitando todos los medios con lo que se cuente para tal fin.
    • Se crearon 32 “Comités Interinstitucionales para la Prevención, Difusión, Detección, Identificación y Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas” a nivel nacional. Su objetivo es sensibilizar a la población sobre dicho delito, desarrollar programas de prevención, información y asistencia, y está dirigido a escolares, docentes, jornaleros, público en general, y los tres órdenes de gobierno.
    • Durante el 2013 los Comités Interinstitucionales reportaron 39 sesiones y 144 acciones, se contó con material de difusión, conferencias, talleres. Asimismo, se llevaron a cabo brigadas en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública y Fuerza Civil para la pronta detección de víctimas de trata.
    • El Consejo Nacional de Seguridad Nacional reconoció al INM como instancia de Seguridad Nacional. El acuerdo faculta al Instituto a realizar actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano, así como la realización de acciones y medidas de prevención, disuasión y, en su caso, contención de las amenazas concretas a la Seguridad Nacional.
    • Se toman medidas de control y regulación de la migración a través de la ejecución de visitas de verificación y revisiones migratorias, de forma periódica y constante, estos actos administrativos permiten al personal migratorio en un inicio comprobar la regular estancia de los extranjeros en territorio nacional y en un momento determinado identificar si algún extranjero independientemente de su situación migratoria, es víctima de algún delito.
    • El INM en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, inició una investigación para identificar y detectar organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión y asalto de migrantes en las ciudades de Tapachula, Huixtla y Arriaga, Chiapas. El Instituto está en posibilidad de emitir alertas migratorias a nivel nacional, con el objeto de identificar sujetos de pudieran estar relacionados con la comisión de éstos delitos, con el objeto de negar la internación o su permanencia a los extranjeros que se encuentren sujetos a un proceso penal o hayan sido condenados por delitos graves conforme a les leyes nacionales e internacionales.
    • El INM participa en el Programa Nacional Alerta AMBER México, en colaboración con la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de las entidades del país, para que en tiempo real en el ámbito de su competencia emita la alerta correspondiente, para la ubicación de niñas, niños y adolescentes que pretenden ser extraídos de territorio nacional con fines de tráfico y/o trata de personas.
    • El INM ha trabajado en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la difusión y aplicación de la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, la cual es promovida por la ONU a través de dicha Oficina, con la intención de sensibilizar para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.
    • Durante 2013, la Oficina de Enlace y Paternariado en México de la UNODC, implementó con financiamiento de la Unión Europea, el Proyecto denominado “Promoción de la Cooperación entre México y Centroamérica para Prevenir y Combatir el Tráfico ilícito de Migrantes”, con aplicación en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Dicho proyecto tiene como objetivo articular respuestas coordinadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes; ofrecer a las autoridades participantes los elementos políticos técnicos necesarios para la construcción de esquemas sólidos, sostenibles y confiables de protección a los migrantes.
    • La asistencia técnica provista por la UNODC consiste principalmente en la facilitación de encuentros entre funcionarios mexicanos y centroamericanos para promover su profesionalización y cooperación internacional frente a la seguridad de los movimientos migratorios a lo largo del corredor Centroamérica-México.
    • Fecha:  04/12/2012    Párrafos: 68, 70
    •En la 41° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos celebrada en junio de 2011 en San Salvador, El Salvador, México copatrocinó la resolución sobre la Prevención y erradicación de la explotación sexual, comercial, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes.

    •El 29 de junio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la Declaración de Reforma Constitucional que reconoce como delito grave la trata de personas. Dicha reforma tiene entre sus objetivos dar mayor protección a la víctima y establece la creación de una Ley General de Trata de Personas.

    •El 6 de septiembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, con el objetivo de brindar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de la normatividad aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en la materia, y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.

    •Del 10 al 12 de octubre de 2011, el Gobierno de México participó en la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas realizado en Viena, Austria, en la que México mencionó los avances legislativos en materia de la trata de personas con fines de extracción de órganos.

    •México participó en el evento “campañas internacionales” que tuvo lugar el 11 de octubre de 2011 en Viena, Austria. México presentó la “campaña Corazón Azul” contra la trata de personas” en línea con el Programa Nacional sobre la materia.

    •En el marco de la Campaña “Corazón Azul”, se desarrolló la Guía del Formador del Taller “Tú Haces la Diferencia contra la Trata de Personas” con el objetivo de desarrollar habilidades de autocuidado contra este delito.

    •Se llevó a cabo, conjuntamente entre la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR/FEVIMTRA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el “Foro Virtual sobre Trata de Personas”, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas para impulsar la atención pronta y expedita de las denuncias que se realicen sobre el delito mencionado en oficinas consulares y Embajadas de México, 3 al 13 de octubre de 2011.

    •El 14 de julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

    •Durante el Diálogo interactivo intitulado “La Lucha contra la Trata de Personas: Alianza e Innovación para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y Niños”, celebrado en Nueva York el 3 de abril de 2012, México destacó los esfuerzos legislativos realizados para actualizar el orden jurídico nacional contra la trata de personas y llevar a cabo una judicialización efectiva de los casos.

    •El 15 y 16 de octubre de 2012, el Gobierno Mexicano participó en la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, apoyando la ampliación de la vigencia hasta el 2014 del Plan de Trabajo que tiene el hemisferio en esta materia.

    •México participó en la reunión titulada “Respuesta multilateral contra la trata de personas” organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, los días 3 y 4 de diciembre de 2012, en donde impulsó la importancia de fortalecer las sinergias entre los organismos del Sistema de ONU en esta esfera.

    •En la Reunión de la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate al Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas -Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM)- celebrada el 16 de noviembre de 2011 en Santo Domingo, República Dominicana, México expuso un informe sobre los avances alcanzados en el combate a la trata de personas, en particular al desarrollo de la Campaña Corazón Azul-México Trata de Personas, co-diseñada con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A 2012, dicha campaña ha realizado 200 actividades con la participación de 50,000 personas en toda la República Mexicana. Asimismo, la Campaña Corazón Azul-México fue nominada como proyecto finalista en la categoría de comunicación en el marco de los United Nations 21 Awards, que tiene por objetivo reconocer a los mejores proyectos de la ONU a nivel mundial en distintos ámbitos.

    •16 entidades federativas y el DF han publicado leyes para prevenir y sancionar la trata de personas. El DF y Chiapas han emitido su reglamento.

    •El delito de trata de personas se encuentra tipificado en los 31 estados y el Distrito Federal.

    PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

    CAMPAÑA “CORAZÓN AZUL” CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
    http://www.unodc.org/blueheart/es/mexico/index.html

    CAMPAÑA "CORAZÓN AZUL-MÉXICO" CONTRA LA TRATA DE PERSONAS FINALISTA DE LOS UN21 AWARDS 2012
    http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2012/UN21.html
    • Fecha:  30/11/2012    Párrafos: 70, 71, 72
    •Bajo la coordinación de México, se llevó a cabo en Paramaribo, Suriname, el 49º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en donde se aprobó el “Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica Antidrogas”, 4 al 6 de mayo de 2011.

    •Auspiciadas por el gobierno mexicano, el 25 de mayo de 2011 se realizó por medio de videoconferencia, la “IV Reunión del Comité México-Chile de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia”, y el 30 del mismo mes, la “III Reunión de la Comisión Mixta México-Venezuela del Acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”.

    •En Bogotá, Colombia, 28 y 29 de junio de 2011, se realizó la “XIII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE)”, con el fin de reforzar el diálogo sobre drogas entre la región de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE).

    •Del 11 al 15 de julio de 2011, se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la “Reunión del Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos en el marco de la CICAD”, en la que México dirigió los trabajos del subgrupo encargado de concluir la revisión del Reglamento Modelo de la CICAD para el control de Sustancias Químicas que se utilizan en la fabricación de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”.

    •Del 1 al 4 de agosto de 2011, se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, la “2ª Fase del Taller Lucha contra el Tráfico de Drogas”, en el marco de los trabajos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en donde se concluyó un Manual sobre el tema, que fue aprobado en la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada el 6 y 7 de diciembre de 2011, en Brasilia, Brasil.

    •Se suscribió el “Acuerdo sobre Intercambio de Información y Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el Narcotráfico y Delitos Conexos entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio Público de la República de Guatemala”, ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2011.

    •El 22 de agosto de 2011, en la ciudad de México, se suscribió el “Acuerdo sobre Intercambio de Información y Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el Narcotráfico y Delitos Conexos entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Fiscalía General de la República de Costa Rica”.

    •México recibió la visita de funcionarios de Alto Nivel de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), con el propósito de revisar el marco jurídico en materia de control de precursores químicos, entre otros, 11 al 14 de octubre de 2011.

    •México participó en el 50º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrado en Buenos Aires, Argentina, 2 al 4 de noviembre de 2011.

    •El 03 de noviembre de 2011, en la Ciudad de México, se suscribió el “Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Nacional de Narcóticos de la República de Indonesia sobre Cooperación Técnica para el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores Químicos”.

    •México asistió, el 12 y 13 de diciembre de 2011, en Lima, Perú, a la “V Reunión del Comité México-Perú de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia”.

    •En 2011 se atendieron mensualmente alrededor de 1,000,000 de personas que estudian primaria o secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en casos vinculados con la prevención y rehabilitación por el uso ilegal de drogas ilícitas. El INEA cuenta con 62,226 asesores que apoyan el aprendizaje de personas jóvenes y adultos en rezago económico.

    •A nivel interno, México realizó una reunión del Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS), cuyo objetivo es la coordinación y seguimiento interinstitucional de los temas relativos al desvío de precursores químicos, fabricación y tráfico de drogas sintéticas. Asimismo se organizó un encuentro del Grupo Interinstitucional para el Control de Drogas Sintéticas y Laboratorios Clandestinos (GOICDSLD), el cual tiene como objetivo la creación de un grupo operativo para la intervención en laboratorios clandestinos con la participación de funcionarios de la Procuraduría General de la República.

    •El gobierno de México, a través del INEA, puso a disposición de los educandos el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo, en el que destaca los módulos diversificados: Protegernos Tarea de Todos, Un Hogar sin Violencia, Vida y Salud, Aguas con las Adicciones y Fuera de las Drogas, los cuales contribuyen a la formación integral y multidisciplinaria de los estudiantes.

    •Se sostuvieron reuniones bilaterales con Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nueva Zelanda, Panamá, República Popular de China, Rumania, Venezuela, entre otros, para promover la cooperación de México en materia de narcotráfico, desvío de precursores químicos, recursos de procedencia ilícita y prevención del consumo.

    •En lo que respecta a los foros internacionales, México asistió a la Reunión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, así como a la Reunión Preparatoria de la Operación Regional contra el Tráfico de Drogas de INTERPOL, Programa Regional Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras en los Países de América Latina y el Caribe (PRELAC), entre otros.

    •Asimismo, se participó en los siguientes cursos de capacitación: Curso-Taller de Capacitación en Aseguramiento y Procesamiento de Laboratorios Clandestinos; Taller de México-Estados Unidos sobre precursores químicos; Seminario de Laboratorios Clandestinos, organizado por la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, entre otros.

    PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

    COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)
    http://cicad.oas.org/main/default_spa.asp

    JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
    http://www.incb.org/incb/es/about.html

    PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
    http://www.pgr.gob.mx
    • Fecha:  30/11/2012    Párrafos: 70
    •México participó en la Reunión de Expertos sobre el Desarrollo de un Programa de Capacitación en Armas de Fuego celebrada del 19 al 21 de octubre de 2011, en Viena, Austria, con el fin de apoyar y asesorar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la elaboración de elementos y temas de los eventuales módulos que podrían integrar este programa.

    •En el marco de la Sexta Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el gobierno de México presentó la resolución “Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”.

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    PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
    http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/TRAFICO_ARMAS-DELINC_ORG.pdf
    • Fecha:  31/10/2012    Párrafos: 70, 71, 72
    • En febrero de 2012, México acudió a la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, con el fin de conocer el seguimiento a las nuevas disposiciones respecto a la prevención y combate al lavado de dinero.

    • El 14 de marzo de 2012 se estableció entre México y Estados Unidos, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Bilateral para Combatir el Lavado de Dinero, que permite unir esfuerzos en la prevención y combate al lavado de dinero.

    • Durante el primer trimestre del 2012 se obtuvo la certificación a nivel internacional de catorce funcionarios por la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS).

    • México participó en la XIII Reunión del Comité México-Guatemala de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, en el marco de la XI Reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la Comisión Binacional México-Guatemala, en el que se abordaron temas como el balance de los resultados del comité, propuestas de mejoras, combate al narcotráfico y sus delitos conexos, desvío de precursores químicos, tráfico ilícito de armas, entre otros, octubre de 2012.

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    RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
    http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/f7c36a004c841a0c9348df5ecf671ba0/ACCESO+RAPIDO+RECOMENDACIONES+DEL+GAFI+-+borrador.pdf?MOD=AJPERES

    ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN ANTI-LAVADO DE DINERO (ACAMS)
    http://www.acams.org/Espanol/Home/

    COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)
    http://cicad.oas.org/main/default_spa.asp
    • Fecha:  19/10/2012    Párrafos: 70, 71
    Del 17 al 19 de mayo de 2011, en Viena, Austria, México presidió la Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Composición abierta sobre el Mecanismo de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    El Gobierno de México asistió a la Reunión del Grupo de Expertos en recopilación, análisis y selección de los casos prácticos en la aplicación de la Convención de Palermo, celebrada del 23 al 26 de mayo de 2011, en Roma, Italia, para contribuir a la elaboración de un Compendio de casos sobre Delincuencia Organizada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

    El 22 y 23 de junio de 2011, México asistió a la “Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica”. La Procuraduría General de la República apoyó la alineación de los Diálogos de Cooperación SICA-EUA, SICA-México, con el fin de obtener sinergias y definir áreas prioritarias de cooperación. La Procuraduría ha ofrecido asistencia a los países del SICA en materia de capacitación, en los rubros de combate al problema mundial de las drogas, incluyendo el desvío de precursores químicos, el intercambio de experiencias sobre extinción de dominio y decomiso de bienes, combate al tráfico ilícito de armas, y mecanismos de control de confianza.

    México participó en la Reunión del Grupo de Expertos sobre Asistencia Jurídica Mutua y Extradición celebrada el 1 y 2 de septiembre de 2011, en Viena, Austria, a fin de contribuir con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la elaboración de una guía práctica para profesionales que recoja ejemplos de buenas prácticas en materia de solicitudes de extradición de asistencia judicial recíproca.

    En el marco del Grupo Intergubernamental de Expertos de composición abierta sobre servicios de seguridad privada civil, celebrado del 12 al 14 de octubre de 2011 en Viena, Austria, el Gobierno de México compartió que se encuentra implementando diversas acciones, mediante la Plataforma México, tendientes a fortalecer y consolidar mecanismos para la supervisión y control de los prestadores de servicio de la seguridad privada.

    El 28 de octubre y 03 de noviembre de 2011, en Yakarta, Indonesia y ciudad de México, respectivamente, se suscribió el “Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Policía Nacional Indonesia de la República de Indonesia sobre Combate a los Delitos Transnacionales y Desarrollo de Capacidades”.

    El 16 de noviembre de 2011 tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, la “III Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (GTDOT)” de la Organización de Estados Americanos. México participó en esa reunión con el propósito de reactivar las labores del Grupo y dar seguimiento al Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional (PAHDOT).
    La Reunión del Grupo de Expertos encargados de revisar los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en el sistema de justicia penal, se celebró del 16 al 18 de noviembre de 2011 en Viena, Austria. México apoyó la elaboración del borrador final sobre esos principios y directrices en materia de asistencia jurídica.

    Se suscribió el “Acuerdo de Cooperación sobre Intercambio de Información y Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el Narcotráfico y Delitos Conexos entre la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Procuraduría General de la República Dominicana”, 6 de diciembre de 2011, ciudad de México.

    En el 66° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, México copatrocinó la resolución denominada Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de Prevención del Delito y Justicia Penal, en particular su capacidad de cooperación técnica, adoptada el 19 de diciembre de 2011.

    El 1 y 2 de marzo de 2012, México convocó conjuntamente con la OEA a la “Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, en la que los Estados Miembros acordaron desarrollar un sistema de cooperación que incluya un Centro que coordine la plena implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, armonizando y coordinando los esfuerzos sobre el tema en los distintos órganos de la OEA.

    En el seno del 21° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que tuvo lugar en Viena, Austria, del 23 al 27 de abril de 2012, México organizó el evento paralelo titulado “Estadísticas sobre crimen y justicia criminal: una herramienta para el combate a todas las formas del crimen y un reto para muchos países” y asimismo, presentó la resolución “Mejoramiento de la calidad y disponibilidad de estadísticas sobre delito y justicia penal para el desarrollo de políticas públicas".

    Del 15 al 19 de octubre de 2012, se llevó a cabo la Sexta Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Viena, Austria. En dicha reunión, México ocupó una de las vicepresidencias y convocó a un Evento Paralelo titulado “La Estrategia de Seguridad para el Combate a la Delincuencia Organizada, y la prevención y erradicación de la trata de personas”. Asimismo, copatrocinó la resolución “Garantizar la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”.

    Durante el 2012, México celebró cursos de capacitación especializados en temas de narcotráfico, inteligencia y lavado de dinero

    La autoridad competente puso a disposición del Ministerio Público a 111 presuntos integrantes de las principales estructuras de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero.

    El Gobierno de México ha conducido operaciones de alto impacto en diversas entidades federativas del país, con el objetivo de mantener el Estado de Derecho y ejercer el Poder Naval de la Federación, con la firme determinación de actuar en contra de las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada; asimismo, se conducen operaciones navales tendientes a garantizar la observancia del orden constitucional en los mares y costas nacionales.

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    GRUPO DE AMIGOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
    http://www.sre.gob.mx/index.php/sistema-de-la-integracion-centroamericana-sica/1394

    ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
    http://enlacecongreso.mirex.gov.do/ecc/Lists/Instrumentos%20Internacionales/Attachments/3317/Acuerdo%20Cooperaci%C3%B3%20Rep.%20Dom.%20y%20M%C3%A9xico0001.pdf

    REUNIÓN HEMISFÉRICA DE ALTO NIVEL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
    http://www.oas.org/csh/spanish/DOT.asp
    • Fecha:  28/09/2011    Párrafos: 70
    • Nuestro país participó en la “XXXIII Reunión del Grupo de Expertos de Control de Lavado de Activos (GECLA), de la CICAD, evento en el que se propuso desarrollar aspectos normativos para la creación y desarrollo de los organismos especializados en la administración de bienes, 27 y 28 de septiembre, 2011, Caracas, Venezuela.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 68
    4. SEGURIDAD PÚBLICA

    Con base en la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno Federal ha reafirmado la presencia de la autoridad pública en el país; ha promovido la depuración, profesionalización, capacitación y equipamiento de las instituciones de seguridad y justicia federales; ha impulsado reformas legales necesarias para mejorar la eficiencia de los sistemas de seguridad y justicia penal, y ha aplicado políticas integrales de reconstrucción del tejido social para prevenir las causas del delito y la violencia.

    I. Delincuencia organizada

    1. Con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se crearon 6 Divisiones especializadas.

    2. En el marco de la 40° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), México copatrocinó las resoluciones: “Plan de trabajo contra la trata de personas en el Hemisferio Occidental”; “Promoción de la Cooperación Hemisférica para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas” y “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica”.

    3. Como resultado de una iniciativa conjunta de México e Italia, en junio de 2010, se celebró en Nueva York, la Sesión de Alto Nivel de la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional.

    4. México y un grupo de trece países afines, acordaron participar en un Programa Piloto de carácter voluntario para examinar la aplicación de la Convención de Palermo. En este contexto, México recibió la visita de un equipo de expertos de Perú, Indonesia y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. A su vez, los expertos mexicanos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), evaluaron a Serbia (con el acompañamiento de Rumania) y a Chile (en coordinación con Nigeria), bajo la modalidad de revisión entre pares.

    5. En la Quinta Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, México presentó las resoluciones “Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos” y “Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones” y se copatrocinó la resolución “Implementación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”.

    6. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

    7. Se llevan a cabo programas mensuales de capacitación permanente para la profesionalización y especialización en el análisis y la operación dentro de las investigaciones.

    8. También se publicó en el DOF el Acuerdo número A/004/10 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la PGR.

    9. Se da cumplimiento a los Mandamientos Ministeriales y Judiciales que son turnados a la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), logrando la atención de 2,499 mandamientos que cubren todo el territorio nacional.

    10. La PGR ha impulsado el fortalecimiento del intercambio de información a nivel regional aprovechando las sinergias obtenidas en los mecanismos de cooperación regional y subregional con competencia en la materia, especialmente con los países de Centroamérica y del Caribe.

    11. La PGR se ha sumado a los esfuerzos con miras a formar un frente común regional (Estados Unidos de América-Canadá-México y SICA) con la finalidad de aprovechar los avances de cooperación existentes para combatir los principales problemas que afectan a la región.

    12. En abril de 2011 fueron detenidos 157 delincuentes de la estructura de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico destacando la organización criminal “La Familia Michoacana” que fue la más afectada con el 29% del total de detenidos; 40 detenidos del “Cártel de Sinaloa” que representa el 25%; 28 de la organización de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” que representa el 18%; 15 detenidos del “Cártel de Juárez” con el 10%; 9 detenidos de la organización de “Los Beltrán Leyva” con el 6% y el resto con 20 detenidos que representa el 12% del total.

    13. Nuestro país fue sede de la Conferencia México – Estados Unidos: “Desmantelando las Herramientas del Crimen Organizado Transnacional, el Tráfico de Armas y el Lavado de Dinero”.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70
    II. Trata de personas

    1. La Coordinación de Investigación Técnica y Operación (CITO) en colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) realizaron las siguientes acciones:

    • Se cumplimentaron un total de 193 mandamientos ministeriales y oficios de colaboración y 7 mandamientos judiciales, logrando recuperar y/o localizar a 94 personas, de las cuales 56 eran menores de edad y se logró el aseguramiento de 10 personas presuntas responsables del delito de trata y tráfico de personas.

    • Se realizaron 17 operativos institucionales e interinstitucionales durante los cuales se detuvieron a 28 personas; lográndose la recuperación de 19 menores de edad y el aseguramiento de 78 indocumentados.

    2. Se participó en las Reuniones de Autoridades Nacionales en la materia que condujeron a la aprobación del Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental.

    3. Con la Campaña Corazón Azul, que involucró a 26 entidades públicas, se realizaron 99 eventos con la participación de 21,000 personas en 28 entidades federativas.

    4. La PGR coadyuvó en la aprobación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012, publicado el 6 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70
    III. Secuestro

    1. Gracias a la correcta aplicación del Procedimiento de Manejo de Crisis y Negociación, se ha logrado que el 94.64% del dinero exigido por los secuestradores no llegue a sus manos.

    2. Las áreas especializadas de la SSP han establecido estrategias a través de productos sistematizados de información, que permiten la operatividad efectiva de las áreas coadyuvantes, con lo cual se logró la identificación y desarticulación de un total de 37 bandas dedicadas al secuestro y extorsión.

    3. Se coadyuvó en la desarticulación de 13 células que pertenecían a las organizaciones delictivas de “Los Zetas”, “La Familia Michoacana”, “El Cártel del Golfo” y “La Resistencia”, logrando un total de 305 detenidos, de los cuales 253 se dedicaban al secuestro y extorsión y 186 a diversos delitos del fuero federal.

    4. Se hospedó la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes, donde se abordó el tema del secuestro de migrantes y se adoptó un documento de 21 medidas relacionadas con el combate a los delitos cometidos contra los migrantes.

    5. La PGR firmó con las procuradurías estatales un Convenio Marco de Colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes, que incluye colaborar en materia pericial, brindar atención y asesoría jurídica a los migrantes víctimas del delito de secuestro, llevar a cabo análisis de geo-referenciación del delito, así como impulsar acciones relacionadas con la cultura de la denuncia.

    6. También la PGR, por medio de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO y la Dirección General de Cooperación Internacional, participó en una “Videoconferencia sobre Cooperación Hemisférica Contra el Delito de Secuestro y Asistencia a Víctimas” de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70, 75
    IV. Tráfico ilícito de armas de fuego

    1. El tema se ha convertido en un problema de atención especial para las autoridades encargadas de la prevención del delito, por la violencia y efectos que ocasionan. El uso y posesión indiscriminado ha llevado a las autoridades a coordinarse en la realización de operativos conjuntos tendientes a inhibir dicho delito.

    2. México participó en la reunión del Grupo de Expertos sobre Ley Modelo para la implementación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, realizando aportaciones en materia de penalización, decomiso, incautación y cooperación internacional.

    3. Aprovechando la Presidencia del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) para el periodo 2010-2011, se han compartido los esfuerzos que lleva a cabo nuestro país en la materia, apoyando la creación de legislaciones modelo en distintas áreas.

    V. Drogas

    1. La División de Inteligencia de la PGR, a través de operativos coordinados, participó en el desmantelamiento de dos laboratorios de droga en los estados de Jalisco y Colima y en la detención de 77 personas; en las que destacan 12 presuntos miembros de la organización de “Los Zetas” y 10 presuntos miembros del Cartel del Golfo.

    2. Con fundamento en la Ley de la Policía Federal y su reglamento, se crea formalmente la División Antidrogas de la SSP, facultada para generar inteligencia operacional en el combate a las estructuras delictivas. Dicho instrumento brinda a la Policía Federal nuevas atribuciones táctico operativas para desarrollar tareas de investigación.

    3. En ocasión del 47º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), México participó en la coordinación del capítulo sobre Cooperación Internacional y la aprobación de la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas y fue designado como coordinador del grupo de trabajo para la redacción del Plan de Acción de la Estrategia.

    4. Como coordinador, México dirigió los trabajos de las dos reuniones del grupo. Se tiene previsto que el Plan de Acción sea aprobado en ocasión del 49º período de sesiones de la CICAD, en Surinam, en mayo de 2011.

    5. México presenta en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas la iniciativa “Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”.

    6. Participa en los esfuerzos realizados en el marco de la Comisión de Estupefacientes y contribuyó en la negociación de proyectos de resolución y copatrocinó 6.

    7. Se ha dado seguimiento a las acciones emprendidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que se encarga del control de sustancias químicas y precursores sujetos a fiscalización internacional. También se participa en las operaciones organizadas por la JIFE enfocadas al control de ciertas sustancias.

    8. Se llevó a cabo la VII Reunión del Comité México-Belice de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.

    9. Se realizó la III Reunión del Comité Bolivia–México de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.

    10. Se llevó a cabo la II Reunión del Comité México-Brasil de Cooperación contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y sus Delitos Conexos.

    11. Se hospedó la I Reunión del Comité México-Ecuador de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 68
    VI. Precursores químicos

    1. Se auspició el “Taller sobre el Control de Precursores Químicos”, con la participación de 11 países.

    2. Se participó en la Reunión Especial del Grupo de Expertos en Productos Químicos y Farmacéuticos, en la que se concluyeron las modificaciones al “Reglamento Modelo de la CICAD sobre Sustancias Químicas”.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70, 76
    VII. Lavado de activos

    1. Se cuenta con Ley sobre Extinción de Dominio y se participa en los trabajos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD) y el Grupo de Expertos sobre Lavado de Activos de la CICAD (GECLA).

    2. Se participó en los trabajos para la elaboración del Informe de Seguimiento que se presentó en la Reunión Plenaria del GAFI.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 69, 70
    VIII. Terrorismo

    1. Se participa en los trabajos del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), asumiendo la Presidencia del Comité durante el periodo 2009-2010, impulsando el tema del fortalecimiento de los controles fronterizos en relación al tráfico ilícito de armas y el tráfico ilícito de dinero transfronterizo.

    2. Se llevó a cabo el XI Período Ordinario de Sesiones del CICTE, cuyo tema se centró en la reafirmación del compromiso hemisférico para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, así como fortalecer la capacidad de los Estados Miembros y la cooperación regional.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70, 77
    IX. Pandillas

    1. Se participó en la reunión “Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas”, convocada por la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA.

    2. La PGR participó en la elaboración de la “Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas”.

    3. Se auspició la Tercera Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) México-Belice.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70
    X. Corrupción

    1. El Gobierno de México suscribió el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de promover la prevención y la lucha contra la corrupción de manera eficaz.

    2. Durante la primera reunión presencial del Grupo de Expertos, se acordó el Plan de Acción que guiará los trabajos de dicho Grupo.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70, 71
    XI. Cuerpos policiales

    1. En el marco del compromiso adquirido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se estableció una evaluación permanente y estrictos controles de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).

    2. En el Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP) se han realizado 10,704 exámenes de control de confianza para personal de nuevo ingreso, aprobaron 1,391 elementos. Para el personal ya existente se aplicaron 987 exámenes de permanencia, aprobaron 321.

    3. El SNIP tiene como meta integrar y administrar la información proveniente de los sistemas penitenciarios estatales y federal, en cumplimiento de los artículos 117 al 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    4. Se completó el desarrollo del módulo base del SNIP; el registro de Procesados y Sentenciados, cuya carga a Plataforma México se encuentra en proceso.

    5. Con la creación del Servicio de Protección Federal (SPF), que cuenta con 3,684 elementos, se da un paso hacia la profesionalización y especialización de las corporaciones policiales para garantizar la continuidad de los servicios públicos, registrándose las siguientes acciones:

    • Se ha brindado servicio a 131 inmuebles de 16 dependencias y a 16 entidades federativas.
    • Se realizó una campaña permanente de reclutamiento, con la intención de atender la demanda de servicios.
    • El SPF ha establecido 3 estaciones en los estados de Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.

    6. El listado de tarifas con que opera el SPF, de acuerdo a los servicios brindados: Seguridad Intramuros y Protección a Funcionarios, continúa vigente en 2011 hasta que la SCHP autorice las nuevas tarifas.

    7. A la SSP, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, le corresponde regular y controlar a las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en dos o más entidades federativas, así como a su personal operativo y equipo, con la finalidad de garantizar a la ciudadanía que dichos servicios se brinden en un marco de legalidad y certeza jurídica. Se ha realizado lo siguiente:

    • Incremento del número de autorizaciones a 738, al mes de marzo de 2011.
    • Aumentó la capacitación de personal operativo, a 147,709 en 2010.
    • Han sido sancionados 70 prestadores de Servicios de Seguridad Privada por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Seguridad Privada, imponiéndose 62 amonestaciones públicas, 6 multas y 2 clausuras.
    • Creación del Módulo de Empresas de Seguridad Privadas, que alberga el padrón actualizado de estas empresas, que operan a nivel nacional.
    • Se actualizó el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
    • Se fortalecieron los vínculos con entidades federativas en intercambio de información (32 entidades), Supervisión (3 entidades) y Promoción de la Homologación Normativa (10 entidades).

    8. La División Antidrogas de la SSP está integrada únicamente por personal con nivel de licenciatura o superior que cubren el perfil de policía investigador o analista de gabinete. Además, forman parte de un programa continuo de capacitación enfocado en sus áreas de especialización, el cual ha permitido que más del 70% del personal recibiera cursos; 170 elementos recibieron capacitación en el extranjero.

    9. Como parte del programa permanente de evaluación, el personal, antes de ingresar a la División Antidrogas, es sometido a estrictos procesos de evaluación y control de confianza. Una vez que ingresaron se integran al programa de permanencia que exige mantener sus evaluaciones vigentes. Actualmente, el 82% del personal ha sido evaluado y el 18% está programado para evaluación dentro del programa de permanencia.

    10. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal adquirió dos compromisos adicionales al compromiso de implementar un programa permanente de control de confianza de su personal: 1) Acuerdo XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario y 2) Acuerdo XIV. Revisar el Socorro de la Ley (apoyo presupuestal que la Federación otorga a las entidades federativas por albergar reos federales).
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70
    XII. Información e inteligencia

    1. A través de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, la SSP atendió 304 requerimientos provenientes de autoridades competentes, a efecto de cooperar en la investigación de un hecho delictivo.

    2. La SSP cuenta con tres laboratorios en funciones activas que le permiten investigar la comisión de un delito electrónico y prevenir las amenazas de Seguridad Informática que puedan presentarse.

    3. Se realizaron 104 procedimientos científico-técnicos para normar y regular la operación de las actividades en materia de actuación criminalística de la Policía Federal, y se realizaron 1138 estudios diagnósticos criminógenos y/o crimino-dinámicos, respecto de delitos de alto impacto.

    4. La Subsecretaría de Tecnologías de la Información ha realizado los siguientes programas y acciones:

    • Sistema de Análisis de Relaciones.- 1) Plataforma México cuenta con fuentes de información que en conjunto suman más de 400.000 millones de registros. Se inició la implementación de un sistema de análisis de relaciones, 2) Permite la búsqueda de información con la posibilidad de poder ver el detalle de la misma; 3) Permite identificar relaciones entre entidades, mostrando los vínculos directos e indirectos que tienen entre sí, y 4) Identifica en minutos redes vinculantes.
    • Cruces y Notificaciones.- 1) Permite hacer automáticamente cruces de información para mejorar las capacidades de operación de los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno; 2) Explota los grandes volúmenes de información con que cuenta Plataforma México y su actualización e ingesta continua, y 3) Los distintos usuarios estarán informados automáticamente en todo momento de los cruces, permitiendo etiquetar el tipo de relevancia, el seguimiento y su conclusión.
    • Fichas de Investigación.- 1) Integra la información criminalística, para conformar una base de datos nacional que apoye a la prevención y persecución del delito de las instancias competentes de los tres niveles de gobierno.
    • Se concretó la Carta de Intención entre la PGR y la Procuraduría General de la República Dominicana sobre la Celebración de un Acuerdo para la Colaboración e Intercambio de Información.

    5. Bajo el esquema integral de coordinación institucional del Gobierno Federal, la División Antidrogas de la Policía Federal además de generar la inteligencia operacional a que está facultada, participa permanentemente en el combate al crimen organizado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gabinete de Seguridad Nacional.

    6. A nivel internacional se han fortalecido los mecanismos de intercambio de información de inteligencia con el Departamento de Estado estadounidense a través de la agencia antidrogas (DEA).

    7. Se tiene colaboración permanente con las policías nacionales de Centroamérica y Sudamérica; destaca recientemente la operación Colmena, en colaboración con El Salvador, Colombia y Ecuador, que llevó a la detención de una célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Ecuador y México, en la que participaban mexicanos, ecuatorianos y colombianos.
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 70, 71
    XIII. Prevención del delito

    1. Actualmente, la seguridad pública representa un problema que debe tratarse con un enfoque de corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones de los diversos órdenes de gobierno, toda vez que la participación ciudadana, es un factor que contribuye a contrarrestar las diferentes causas que influyen en la generación del delito.

    2. Por ello es necesario, seguir impulsando entre los diversos sectores de la sociedad una cultura de la participación y la denuncia a través de programas integrales de prevención del delito. La SSP obtuvo los siguientes resultados:

    • A través de la Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético, se desarrollaron 1529 talleres, 184 actividades lúdicas, 10 cursos, dirigidos a 111,739 personas, con el propósito de alertar a la población sobre los riesgos que existen de ser víctima de un delito a través del uso de Internet.
    • Los Programas de Seguridad Infantil y de Prevención Integral del Delito para Jóvenes que refuerzan los valores universales y promueven una vida saludable, lograron impactar a 57,700 niños, adolescentes y jóvenes mediante 403 talleres.
    • La Estrategia Sensores Juveniles capacitó a 247 jóvenes entre los 18 y 23 años de edad y se activaron 7 grupos, con la tarea de detectar conductas de riesgo entre sus padres y ayudar a que esas conductas no se conviertan en delitos. Estos jóvenes capacitados replicaron sus mensajes de prevención social en la estrategia denominada “Diálogos Juveniles por la Legalidad”.
    • Se instrumentó la estrategia Sensores Organizacionales, a fin de brindar al Sector Empresarial herramientas de prevención del delito y de cultura de legalidad para que las transfieran a sus trabajadores, se cuenta con 48 sensores organizacionales capacitados.
    • Los enlaces de prevención encargados de establecer una comunicación directa con diferentes sectores de la sociedad y coordinar esfuerzos con organizaciones públicas y privadas en las entidades federativas llevaron a cabo 2,632 eventos a 186,516 personas y distribuyeron 66,561 materiales didácticos.
    • La labor que realizaron estos enlaces permitió la captación directa de 834 denuncias ciudadanas, mismas que fueron canalizadas a las instancias correspondientes para su atención.
    • Se trabaja en la actualización del índice Fortaleza Institucional para la Prevención Social del Delito (IFIPSD), con el que se realiza un diagnóstico de las capacidades y acciones realizadas por las entidades federativas sobre prevención social del delito.
    • Se impartieron 6 talleres de capacitación a 265 servidores públicos, encargados o relacionados con las áreas de prevención del delito en las entidades federativas, municipios y delegaciones.
    • Se impartieron 41 talleres del módulo de Proximidad Social a 1,157 policías y 42 talleres del módulo de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial a 1,853 elementos.
    • El Programa Seguridad Comunitaria, orientado a promover una cultura de la prevención, a través del impulso de la organización vecinal y de la denuncia ciudadana, se difundió, entre 3,626 colonos en 85 talleres.
    • Se participa en la estrategia interinstitucional de fortalecimiento del tejido social puesto en marcha por la Presidencia de la República.
    • Se organizaron 23 eventos entre foros, seminarios, conferencias, talleres y ferias en los que se promovió entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil, la prevención social del delito y se distribuyó material impreso.
    • Se generaron campañas de participación en diversos foros escolares, empresariales, de la sociedad civil y agrupaciones no gubernamentales, con el fin de concientizar la importancia que tiene la denuncia en cualquier hecho delictivo.

    3. En el 20º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, se impulsaron, entre otras, iniciativas de lucha contra la criminalidad cibernética; al tiempo que se participó en el panel de expertos sobre “Protección a los niños en la era digital: el uso indebido de la tecnología en el abuso y la explotación de los niños”.

    4. En el marco del 12° Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, México contribuyó en la negociación de la Declaración de Salvador: “Estrategias amplias ante problemas globales; los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo de evolución”.

    XIV. Otros

    1. En materia de delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos, la Policía Federal ha realizado 16 operativos institucionales e interinstitucionales.

    2. Asimismo, la SSP, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Servicio de Administración Tributaria (SHyCP-SAT) y la PGR, se han realizado acciones con el fin de coadyuvar en el combate a los ilícitos de contrabando y delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
    • Fecha:  02/12/2010    Párrafos: 70
    • El Programa de Refugio Especializado en Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), atendió a 37 mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, probables víctimas de este delito. El programa recibió durante este período el apoyo de organizaciones civiles que facilitaron el cuidado y la custodia de las víctimas.
    • En cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas , el 16 de julio de 2009 se instaló la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se designó a la Fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres y trata d personas, como coordinadora de la Subcomisión Consultiva de la Comisión, y se encomendó a dicha subcomisión que elabore el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
    • Se participó en la Campaña Corazón Azul de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, movimiento global que busca crear conciencia respecto del delito de trata de personas y su impacto en la sociedad e identificado por dicho símbolo que pretende convertirse en el emblema mundial de lucha contra este flagelo.

    Fuente: INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (México 2010)
    • Fecha:  01/12/2010    Párrafos: 71
    Niñez y Juventud
    • A fin de garantizar el Acceso Efectivo a la Justicia, el IMJUVE firmó, en febrero de 2009, un convenio con la Procuraduría General de la República, mediante el cual se celebran pláticas y talleres de temas sobre prevención del delito entre los jóvenes, principalmente en instancias educativas.

    Derechos Humanos
    • La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estableció el Programa “Sistema Integral de Atención a Víctimas del Delito”, el cual proporciona asistencia especializada y multidisciplinaria a las víctimas del delito, del abuso del poder y de la violencia, para procurar el resarcimiento del daño, el empoderamiento y resiliencia de la víctima, así como prevenir la revictimización.
    • Atención Telefónica a Víctimas del Delito es un servicio nacional, gratuito y confidencial a través del 01 800 90 AYUDA (29832), así como de la opción 6 del 088 y de la opción 6 del 01 800 4403 690, donde se brinda atención psicológica y jurídica a las personas que han sufrido la comisión de un ilícito.

    Fuente: INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
    (México 2010)
    • Recursos Relacionados
    • ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DOMINICANA
    • ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN ANTI-LAVADO DE DINERO (ACAMS)
    • CAMPAÑA "CORAZÓN AZUL-MÉXICO" CONTRA LA TRATA DE PERSONAS FINALISTA DE LOS UN21 AWARDS 2012
    • CAMPAÑA “CORAZÓN AZUL” CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
    • COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)
    • GRUPO DE AMIGOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
    • JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
    • PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
    • PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
    • RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
    • REUNIÓN HEMISFÉRICA DE ALTO NIVEL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
  • Nicaragua
    N/A
  • Panamá
    • Reportes
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    • Suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica, para desarrollar programas que permitan la prevención de la violencia contra las mujeres entre el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

    • Establecimiento de un grupo especializado dentro de la Policía Nacional, para atender los casos contra las mujeres que incluye acciones como recibir información, capacitación, sensibilización de las unidades de varias dependencias de fuerzas públicas sobre la violencia de género.

    • Aprobación de la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer.

    • El Acuerdo Interinstitucional de Alto Nivel para Acuerdo Interinstitucional para aplicar medidas inmediatas de prevención contra el femicidios, permitiendo que hoy el País cuente con el Protocolo Nacional de Atención Integral a las Mujeres Víctimas en las Relaciones de Pareja;

    • Establecimiento de 14 albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, los cuales serán administrados por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) incluyendo 2 en las comarcas indígenas

    • Creación de las Redes Locales de Prevención y Atención a la Violencia Doméstica y Sexual a nivel nacional.

    • Creación de la Unidad de Género y fortalecer la existente dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad (MINSEG).

    • Adopción por el Gobierno panameño y distintas instituciones públicas de un Protocolo de Atención para Mujeres Maltratadas, cuyo objetivo es mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de la violencia machista y crear nuevos centros de acogida.

    • El Plan Estratégico del Gobierno 2015-2019, tiene como visión que el Estado y la economía se encuentren al servicio de la equidad social, para alcanzar un crecimiento sostenible donde los beneficios alcancen al conjunto de la sociedad, garantizando no solo el crecimiento sino también los objetivos de progreso social.

    • Aprobación y sanción de la Ley 56 de 2017 que establece la participación de las Mujeres en las juntas directivas Estatales y de empresas reguladas a un 30%.

    • La implementación de un proyecto de “Sello de Igualdad” de género en las empresas panameñas que apunta a que se creen políticas en el sector privado que aseguren la participación en equidad entre hombres y mujeres.

    • Incorporación de enfoque de género como eje fundamental en el plan estratégico de la Autoridad de la Mediana y Pequeña Empresa (AMPYME).

    • Liderazgo en la Coalición Global “Igual salario por igual Trabajo” de la OIT y ONU Mujeres.

    • Ejecución del Programa de Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público, que se desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mismo busca promover y fortalecer las habilidades de liderazgo de las mujeres con alto potencial en la gestión pública.

    • El Convenio de Cooperación Interinstitucional con el AMPYME para la facilitación y regulación de las relaciones de cooperación entre estas instituciones para la realización de actividades, proyectos y programas que se complementen con el propósito de lograr un mayor impacto entre sus participantes y la comunidad.

    • La Reglamentación de la Ley 56 de 11 de julio de 2017 sobre la participación mínima de mujeres en instituciones del Gobierno central, descentralizadas, en empresas públicas e intermediarios financieros, al igual que las empresas de capital mixto.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    A nivel nacional el Estado panameño hace esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con el objetivo de reducir las altas tasas de crimen y violencia en la región.

    En el marco internacional, Panamá reafirmó en la II Conferencia de los Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA) celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza, del 22 al 26 de agosto de 2016, su compromiso de combatir el tráfico ilícito de armas;

    Panamá ejecuta el "Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados”, para establecer un sistema de registro integrado que permitirá combatir el tráfico ilícito de armas de fuego a nivel regional y global.

    Este proyecto consiste en un sistema integrado de registro de armas, a través de la creación de una plataforma de base de datos robusta, que fortalecerá las capacidades del Estado panameño para luchar contra el tráfico ilícito de Armas de Fuego, municiones y materiales relacionados, promoverá la cooperación internacional en el intercambio de información a los Organismos de seguridad, estableciendo procedimientos que permitan la identificación eficiente, eficaz y oportuna de las corrientes de tráfico y circulante ilícito de armas, así como también la recolección de datos para usos estadísticos y de estudio sobre armas de fuego incautadas y decomisadas para la prevención de desvíos al circuito ilegal.

    Ejecución del Programa Barrios Seguros (Probaseg) que empezó en julio de 2014, como parte del Plan de Seguridad, para la resocialización de aproximadamente 7 mil jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley en todo el país, logrando una disminución de los casos de homicidios y los delitos de alto impacto en las regiones vulnerables de Panamá.

    En la actualidad, este Programa preventivo cuenta con 3 mil 700 participantes, de los cuales mil 200 culminaron los cursos vocacionales y aproximadamente 400 ingresaron al mercado laboral en los proyectos del Gobierno Nacional y empresas privadas.

    Inauguración de Centros del Programa Barrios Seguros en las Provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí, para continuar con la atención de jóvenes en riesgo social.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    El Gobierno de Panamá ejecuta programas y políticas públicas con el fin de fomentar los factores socioeconómicos, para prevenir la delincuencia juvenil, con acciones y mecanismos que fomenten el empleo, la sociabilidad, la autoestima y el bienestar de los jóvenes.

    Ejecución del Programa Padrino Empresario el cual es auspiciado por las empresas privadas, el Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la sociedad civil. El programa consiste en el reclutamiento por parte de las empresas a jóvenes de segundo ciclo (15 a 17 años); le ofrecen capacitación laboral y les permiten trabajar cuatro horas diarias de lunes a viernes en el turno que no tengan que asistir a las escuelas.

    Adicionalmente, se les da un bono de B/.20.00 a B/.50.00 quincenales para apoyarlos con el transporte (lo cual queda a consideración de la empresa), seguro contra accidentes personales, una hora antes y después de sus horas laborables. Al graduarse el joven o al haber cumplido la mayoría de edad, la empresa puede contratarlo(a) de acuerdo al rendimiento obtenido.

    Programa: Acciones Por Una Esperanza (Componente Movimientos Juveniles)
    La idea central de los movimientos juveniles (MJ) es constituirse en espacios donde conectar al joven con la realidad social en su hogar, comunidad y escuela. En estos espacios el joven dialoga con sus pares sobre la base de prioridad de que acciones pueden ellos desarrollar para sí y su entorno.

    El componente se implementa a finales de 2015, y no es hasta 2016 que se registra una participación de 843 jóvenes, del sexo masculino el 51% y del femenino 49%.

    Los movimientos juveniles se desarrollan en los mismos territorios donde se conforman los comités de convivencia pacífica.

    Ejecución del Programa ENFOCA “Entrenamiento para la formación del Carácter, Modificación de la Conducta y la Autonomía Personal de Jóvenes y Adolescentes para Mejorar su Calidad de Vida” con el fin de promover valores a través del deporte como elementos correlacionados. Como meta cumplida se formaron como facilitadores de la metodología a 55 personas entre servidores públicos, líderes y voluntarios deportivos de comunidades vulnerables y en situación riesgo social de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Colón, Panamá y Arraiján, y fue replicada a 350 jóvenes y adolescentes de 13 a 29 años que hoy desarrollan el programa

    Programa: Acciones Por Una Esperanza (Componente Comités de Convivencia Pacífica)
    Tiene como objetivo promover la calidad de vida, a la disminución de la violencia y de los factores de riesgo, facilitando la integración de personas en situación de exclusión social y recuperando el valor de la participación ciudadana como motor de la vida social saludable.

    Su implementación inició en enero 2016, y a la fecha existen 5 Comités de Convivencia Pacífica (CCP) conformados por 77 líderes y lideresas comunitarios (as) de corregimientos de las provincias de Panamá (Pedregal en San Joaquín, y Arraiján en Veracruz), Panamá Oeste (Guadalupe en Chorrera), David (Las Lomas) y Veraguas (San Martín en Altos de Las Colinas en Santiago).
    • Fecha:  17/03/2017    Párrafos: -
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Programa PADRINO EMPRESARIO
    Este Programa es de autogestión y es auspiciado por las empresas privadas, el Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la sociedad civil; y cada una de estas tiene representantes ante el Consejo Directivo del mismo.
    Las empresas reclutan a jóvenes de segundo ciclo (15 a 17 años); le ofrecen capacitación laboral y les permiten trabajar cuatro horas diarias de lunes a viernes en el turno que no tengan que asistir a las escuelas. Adicionalmente se les da un bono de B/.20.00 a B/.50.00 quincenales para apoyarlos con el transporte (lo cual queda a consideración de la empresa), seguro contra accidentes personales, una hora antes y después de sus horas laborables. Al graduarse el joven o al haber cumplido la mayoría de edad, la empresa puede contratarlo(a) de acuerdo al rendimiento obtenido.
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    El Estado panameño por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), suscribieron un convenio de cooperación técnica, para desarrollar programas que permitan la prevención de violencia contra las mujeres.
    El convenio “establece la creación de un grupo especializado dentro de la Policía Nacional, para atender los casos contra las mujeres, en apoyo a la labor que realiza el Inamu. En el cual se incluye acciones como recibir información, capacitación, sensibilización de las unidades de varias dependencias de fuerzas públicas sobre la violencia de género.
    De igual forma se están construyendo albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, los cuales serán administrados por el Inamu y se establecerá acciones y servicios, para crear la unidad de género y fortalecer la existente dentro de la estructura del Minseg. En la actualidad existen más 15 centros en diferentes regiones del país para atender a las víctimas de violencia doméstica.
    Como parte de los esfuerzos para abordar de manera eficaz la violencia contra la mujer y las niñas, el Gobierno panameño y distintas instituciones públicas suscribieron un protocolo de atención para mujeres maltratadas, cuyo objetivo es mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de la violencia machista y crear nuevos centros de acogida.
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    El Estado panameño en el marco de la II Conferencia de los Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA) celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza, del 22 al 26 de agosto de 2016, ha reafirmado su compromiso de combatir el tráfico ilícito de armas; al anunciar el "Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados”, el cual será implementado por la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y dotará a Panamá de un sistema de registro integrado que permitirá combatir el tráfico ilícito de armas de fuego a nivel regional y global.

    Este proyecto consiste en un sistema integrado de registro de armas, a través de la creación de una plataforma de base de datos robusta, que fortalecerá las capacidades del Estado panameño para luchar contra el tráfico ilícito de Armas de Fuego, municiones y materiales relacionados.
    El proyecto se ha concebido como una importante herramienta moderna, única, que optimizará el poder de fiscalización y control de toda actividad vinculada con armas de fuego y demás materiales regulados, así como también a sus usuarios. Promoverá la cooperación internacional en el intercambio de información a los Organismos de seguridad, estableciendo procedimientos que permitan la identificación eficiente, eficaz y oportuna de las corrientes de tráfico y circulante ilícito de armas, así como también la recolección de datos para usos estadísticos y de estudio sobre armas de fuego incautadas y decomisadas para la prevención de desvíos al circuito ilegal.
    Con la implementación de este mecanismo por el Ministerio de Seguridad Pública, contribuirá a eliminar las moras y dilaciones de los procesos de registros de armas ante la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública, a través de la modernización y fortalecimiento de las capacidades institucionales. Este desarrollo garantizará el flujo expedito y en tiempo real de los datos, permitiendo la reformulación de los procedimientos administrativos, apoyados en tecnología de punta que permitirán organizar, controlar y dinamizar las actividades operativas.
    Es necesario resaltar que la implementación de esta iniciativa contará del acompañamiento de un marco jurídico reglamentario adecuado y en ese sentido se tiene previsto una revisión a nuestra ley 57 referente a armas de fuego, municiones y materiales relacionados, con la disposición de incorporar aquellos elementos faltantes ceñidos a los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de armas de fuego y demás materiales controlados, asimismo la reformulación de procedimientos administrativos que permitirán organizar, controlar y dinamizar las actividades operativas, coadyuvando a las tareas de los auxiliares de la administración de justicia.
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    Como parte de la agenda de Estado, El Programa Barrios Seguros (Probaseg) del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) empezó en julio de 2014, como parte del Plan de Seguridad, para la resocialización de aproximadamente 7 mil jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley en todo el país.
    En la actualidad este programa preventivo cuenta con 3 mil 700 participantes, de los cuales mil 200 culminaron los cursos vocacionales y aproximadamente 400 ingresaron al mercado laboral en los proyectos del Gobierno Nacional y empresas privadas. Durante el año 20l6 el Minseg inauguro centros de Probaseg en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí, para continuar con la atención de jóvenes en riesgo social.
    Con la implementación del Programa Barrios Seguros, se ha logrado la disminución de los casos de homicidios y los delitos de alto impacto en las regiones, donde opera este programa preventivo, especialmente en Colón, Panamá y San Miguelito, mientras que otras provincias se nota una leve mejoría de seguridad ciudadana.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 68
    El Ministerio de Seguridad Pública está comprometido en promover las políticas y acciones de prevención del delito, formular y regular las políticas para la prevención e investigación científica de la delincuencia, recabar información y analizar los estudios para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia, soberanía e integridad territorial ha realizado reuniones con otros países para el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de la seguridad bilateral y regional, se acordó crear una Comisión Binacional de frontera con Costa Rica, tal cual como se está haciendo con Colombia
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 69
    Para el combate al Terrorismo los estamentos que conforman el Ministerio de Seguridad realizan intercambio de inteligencia con otros países, implementación de tecnología avanzada, así, como cooperación para capacitar los miembros de los estamentos de seguridad del país.

    Con el fin de cumplir con las Convenciones Internacionales ratificadas por la República de Panamá, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha creado mediante el Decreto Ejecutivo 448 de 28 de diciembre de 2011 el Consejo de Coordinación de la Lucha contra el Terrorismo Internacional, que tendrá como rol fundamental velar por la aplicación de estos instrumentos internacionales.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 70
    Acciones para el combate de la delincuencia organizada:
    1. Proyecto de ley sobre trata.
    Se encuentra en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
    2. Proyecto de Ley sobre Protección de Testigos.
    Discusión de la elaboración del borrador del proyecto por una Comisión de Alto Nivel que ha conformado el Ejecutivo.
    3. Proyecto de Ley contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire y actividades conexas.
    Discusión de la elaboración del borrador del proyecto por una Comisión de Alto Nivel que ha conformado el Ejecutivo.
    4. Blanqueo de Capitales Proyecto de Ley sobre el Medidas de prevención contra el Blanqueo de Capitales y l financiamiento del terrorismo.
    Discusión de la elaboración del borrador del proyecto por una Comisión de Alto Nivel que ha conformado el Ejecutivo.

    Sistema de intercambio de información y cooperación de las instituciones internacionales para el control de actividades relacionadas con las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
    Este año se implementará el sistema (I 24-7) registrado por la INTERPOL, a través del cual se mantendrá un sistema de intercambio de información segura con todos los países que integran la Policía Internacional (Interpol), aproximadamente 142.

    Existen otras plataformas y redes, como IBER Red, la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, la OEA. En Panamá se estableció recientemente una Red Centroamericana de Fiscales contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, para el intercambio de información y cooperación desde el punto de vista de investigaciones penales.

    Aprobación de la Ley 57 de 2011, en lo relacionado al marcaje de armas de fuego, implementación de un registro electrónico de las licencias y certificados otorgados a las personas naturales y jurídicas para la comercialización de armas de fuego, así como las pruebas de balísticas que ingresen a Panamá. Las mismas serán almacenadas en una base de datos.

    Prevención de Lavados de Activos
    Aprobación de la Ley 2 de 2011, que establece para agentes residentes, la política conozca su cliente.

    Se conformó una Comisión de Alto Nivel, para la creación del Proyecto de Ley que establece medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, el cual trata la inclusión de los contadores, abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

    El Ministerio de Seguridad aumentó su patrullaje en las costas panameñas y estableció una Fuerza Nacional Conjunta integrada por unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras para que permanezcan en cada una de las estaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para minimizar el tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes por las costas panameñas.

    El Servicio Nacional de Migración instaló en los corregimientos de La Palma y Jaqué, Provincia de Darién, un nuevo sistema tecnológico de seguridad.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 71
    El Programa de Seguridad Integral (PROSI) del Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio de Educación (MEDUCA) desarrolla el programa “Juntos por una comunidad sin violencia”, busca mejorar los ambientes de seguridad de establecimientos educativos, generando mayor compromiso de los actores de la comunidad educativa e intervenciones preventivas lideradas por jóvenes con el adecuado soporte de los adultos.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 72
    Por la posición geográfica en que se encuentra Panamá se convierte en ruta para el tráfico de drogas y los delitos conexos es por ello que se ha incrementado el patrullaje en las fronteras, la misma se realiza por agua, aire y tierra con el propósito de neutralizar cualquier intento de los grupos delincuentes que pretendan movilizarse para fines ilícitos.
    El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) realiza actividades cotidianas con la comunidad como cortes de cabello, entregas de comida, limpieza general y charlas para orientar en temas de seguridad ciudadana, enfermedades de transmisión sexual, maltrato familiar, entre otras.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 74
    El Ministerio de Seguridad ha implementado el Programa de Seguridad Integral (PROSI), más seguridad con prevención, atiende a la población joven y vulnerable de las zonas de alto riesgo de los municipios de Panamá, David, Colón y San Miguelito, el PROSI complementa sus acciones con jóvenes escolarizados e incluye actividades deportivas, recreativas y culturales a fin de fomentar el uso positivo del tiempo libre de la población juvenil.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 75
    Para prevenir y reducir el tráfico transfronterizo de armas se ha incrementado el pie de fuerza, patrullaje, creación de puestos de retenes móviles y fijos.

    El Ministerio de Seguridad presentó a la Asamblea el Proyecto de Ley No. 209, que reglamenta el uso y tenencia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 76
    La Policía Nacional está ejecutando una serie de estrategias para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, realizando proyectos internos que han profesionalizada la labor policial, para incautar, rastrear fondos/activos y bienes que sean productos de las actividades delictivas.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 77
    El Ministerio de Seguridad ha incrementado estrategias y herramientas efectivas como el pele pólice, compra de equipo rodante para el combate a la delincuencia.

    Se han abierto academias de formación de agentes policiales para reforzar el estado de fuerza.
  • Paraguay
    N/A
  • Perú
    • Reportes
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 68, 67, 64
    MINITER.

    El Ministerio del Interior, en el marco de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, dictadas por el Poder Ejecutivo ha ejecutado acciones a favor de la paz y desarrollo humano, a través de sus distintas dependencias orgánicas que lo conforman.

    Mediante Resolución Ministerial Nº 046-2011-IN-0303 de 14 de enero de 2011 se aprobó la Matriz de Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento en el ámbito funcional del Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2011, estableciéndose treinta y ocho (38) políticas, setenta y seis (76) actividades, sesenta y seis (66) indicadores y ciento dos (102) metas. Dichas metas e indicadores han sido ejecutadas al 100% en el Ministerio del Interior de acuerdo al siguiente detalle:

    (Ver Anexos – Mandato 68. Cuadro 1)

    Estas políticas han estado vinculadas particularmente al Objetivo Estratégico General del Plan Operativo Institucional del Ministerio del Interior para el AF-2011: “Fortalecimiento de las capacidades del Sector que permitan el mantenimiento del orden interno, orden público y la seguridad ciudadana”.

    Este objetivo a su vez ha estado articulado con el Objetivo Estratégico General del Plan Estratégico 2007-2011: “Fortalecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana orientados a lograr la paz social en el ámbito nacional”.

    Complementariamente, el Ministerio del Interior cuenta en su estructura orgánica con la Dirección General de Gobierno Interior, la misma que a través de las Autoridades Políticas (AA PP) en su calidad de representantes de Presidente de la República y del Poder Ejecutivo en las diversas jurisdicciones de ámbito local, distrital, Centros Poblados, realizan acciones principalmente en zonas de extrema pobreza y promocionan la organización de la población para su seguridad y autodefensa, lográndose en el quinquenio anterior, la conformación y reactivación de organizaciones civiles, tales como: rondas campesinas, rondas urbanas, comités de autodefensa, comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente.

    (Ver Anexos – Mandato 68. Gráfico 1)

    Por otra parte, a través de la Oficina General de Defensa Nacional, se ha creado y puesto en funcionamiento los Comisionados para la Paz y el Desarrollo de Piura y Puno, además de las diversas actividades permanentes que ejecutan los Comisionados de Ayacucho, Selva Central y Alto Huallaga, tales como capacitación a Autoridades Políticas y personal policial, presidentes comunales, líderes Comunales, personal de postas de salud, juntas vecinales, comités de Autodefensa, rondas campesinas, dirigentes de base, sindicales, clubes de madres y población en general a través de eventos educativos de capacitación sobre temas de Seguridad Ciudadana, Pacificación, Participación Ciudadana y contra el Contrabando. El detalle se muestra en el cuadro adjunto.

    (Ver Anexos – Mandato 68. Cuadro 2)

    Asimismo, la política implementada en el Ministerio del Interior en materia de derechos humanos, ha sido velar en su diario velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales en esta materia.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 69, 70, 61
    MINITER.

    El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú - DIRCOTE PNP, como Dirección Especializada en materia de terrorismo, durante el periodo analizado ha ejecutado 62,527 operativos capturándose a 831 personas involucradas en actos de terrorismo especialmente a aquellos que se vienen refugiando en las agrestes valles del Huallaga, y de los Rios Apurimac y Ene – VRAE, así como en Lima y provincias y en las universidades en cuyo seno vienen realizando proselitismo político a favor a actos de terror.

    Durante los operativos se logrado incautar 99 armas, 54,534 municiones, 99 accesorios y 30,042 explosivos, destacándose la captura de importantes altos mandos de la estructura de la organización terrorista.

    A continuación se muestra un cuadro comparativo de delincuentes terroristas detenidos durante el quinquenio pasado.

    (Ver Anexos – Mandato 69. Cuadro 1 y Gráfico 1)

    En la parte preventiva, la Dirección Contra el Terrorismo - DIRCOTE PNP, ha venido intensificando los trabajos de Inteligencia Operativa, consolidándose principalmente en los Valles Apurímac-Ene, San Francisco Ayacucho y Huallaga, con una eficaz red de inteligencia.

    Se obtuvo mayor colaboración y participación de los comités de autodefensa, permitiendo la producción de inteligencia estratégica y táctica, a fin de que se adopten medidas eficaces para la neutralización de las actividades terroristas.

    Asimismo, en esta materia, el Ministerio del Interior ha realizado eventos de capacitación destinados a sensibilizar a autoridades, población de la sociedad civil organizada, habiendo capacitado a 55,978 personas entre AAPP, PNP, presidentes comunales, líderes comunales, personal de postas de salud, juntas vecinales, comités de autodefensa, rondas campesinas, dirigentes de base, sindicales, clubes de madres y población en general a través de 619 eventos educativos de capacitación sobre temas relacionados con la materia, tales como: Cultura de Paz, Contra Ideologías Subversivas y de Sensibilización, para contrarrestar los rezagos del terrorismo, realizado en las diferentes localidades del ámbito de responsabilidad de los Comisionados para la Paz y el Desarrollo.

    (Ver Anexos – Mandato 69. Cuadro 2)

    Asimismo, esta importante Unidad Especializado de la Policial Nacional del Perú viene realizando un trabajo de seguimiento a los principales líderes que han cumplido su condena y que han salido en libertad especialmente viene realizando acciones de inteligencia y acciones conjuntas de sensibilización a los estudiantes de la universidades especialmente en las nacionales donde se presume una mayor presencia de simpatizantes de estos grupos violentistas.

    De otro lado es importante destacar que estos grupos violentistas si bien han disminuido su accionar en el grado bélico sin embargo, han aumentado en lado ideológico, así mismo se está intensificando labores de detección de organizaciones violentistas de otros países que si bien aún no han realizado acciones violentas, pero por informaciones de inteligencia se viene observando la presencia de ciudadanos de nacionalidades árabes que manifiestan predisposición para fomentar sus diferencias y propalar acciones violentistas.

    Asimismo las Representaciones del Ministerio del Interior con sede en el Exterior vienen intensificando la búsqueda de organizaciones de fachada que pretenden recaudar dinero para enviar a los grupos (ONGS), cuyo accionar está vinculado discretamente a apoyar a grupos terroristas.

    En ese orden de ideas el Perú, viene participando en los principales Foros Internacionales contribuyendo a la ejecución de los diferentes compromisos asumidos en materia de la lucha frontal contra este flagelo.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 70, 72, 53
    MINITER.

    La PNP a través de su Unidad Especializada como es la Dirección de Investigación Criminal - DIRINCRI viene desarrollando e implementando un área especializada de alta tecnología que ha logrado con apoyo extranjero, desarticular organizaciones dedicadas a la pornografía infantil, trata de personas, prostitución y otros tipos de delitos relacionados con la materia.

    A pesar de los esfuerzos que sobre esta materia viene ejecutando el Ministerio del Interior, aún no ha conseguido disminuir considerablemente el crimen organizado debido a que los mismos, en su accionar se mimetizan para burlar el accionar de la Policía.

    Sin embargo, durante los últimos años, se ha conseguido lo siguiente:
    • Se ha implementado el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (Sistema RETA-PN), en 11 departamentos: Lima, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, Puno, Cuzco, Ica, Huancayo, Ayacucho, Madre de Dios y Huánuco, habiéndose capacitado a 651 usuarios en el tema y uso del sistema.
    • Se aprobó el Reglamento de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes mediante Decreto Supremo N° 007-2008 del 29 de noviembre de 2008.
    • Mediante Resolución Ministerial Nº 0491-2010-IN/0105 del 31de mayo de 2010 se institucionaliza en el Ministerio del Interior, la “Línea contra la Trata de Personas 0800-23232” determinando que su funcionamiento está a cargo de esta Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habiendo aprobando la Directiva Nº 04-2010-IN/0105 de funcionamiento.
    • Se han capacitado a 3,134 ronderos (as) de Junín, Ancash, Cajamarca, Piura, La Libertad, San Martín y Lambayeque entre los años 2008 y 2010, sensibilizados en materia de derechos humanos, seguridad ciudadana, Ley de Rondas Campesinas y trata de personas para mejorar su labor de apoyo a la Policía en la prevención de la seguridad ciudadana.
    • Se han capacitado 5,859 efectivos de la PNP fortaleciendo sus capacidades en procedimientos y técnicas de intervención en el marco de los derechos humanos aplicados a la función policial, trata de personas, uso del Sistema RETA PNP, entre otros.
    • Se ha ejecutado la primera fase de la “I Cruzada Nacional contra la Trata de Personas” con la participación de 10 Sectores del Estado, 4 Organismos Internacionales y 3 organizaciones no gubernamentales.

    Asimismo, el Ministerio del Interior, viene promoviendo la integración de los países del Hemisferio en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente la dedicada al TID a través de la suscripción de documentos, destinados a unir esfuerzos y al intercambio de información que permita luchar de manera conjunta e integral contra las diversas formas de delincuencia organizada transnacional.

    Se han promovido 55,049 operativos conjuntos en coordinación con la población organizada (rondas campesinas, comités de autodefensa, juntas vecinales, comités de seguridad ciudadana y rondas urbanas) y con el apoyo de la PNP, Fiscalía y Municipalidad, contra el pandillaje juvenil, abigeato, micro comercialización y consumo de drogas, prostitución clandestina entre otros, acciones que permiten coadyuvar a mantener la seguridad y disminuir la delincuencia en todas sus modalidades a nivel nacional.

    (Ver Anexos – Mandato 70. Cuadro 1)

    Se han promovido 15,975 operativos conjuntos, logrando de esta manera reducir la degradación del medio ambiente y protección de la flora y fauna, en coordinación con la DIRTURE-PNP y otras instituciones del estado encargados de controlar y proteger las especies en extinción, realizan operativos contra la tala indiscriminada de árboles, caza indiscriminada de la vicuña y fauna en extinción, pesca en ríos con explosivos, derrame de residuos químicos y otros.

    (Ver Anexos – Mandato 70. Cuadro 2)

    En coordinación con la población, organizaciones sociales, con el apoyo de entidades públicas y/o privadas se ha realizado obras menores como mantenimiento de carreteras, caminos de herradura, encause de ríos, riegos de áreas para pastoreo, mantenimiento de canales de riego, mejora de infraestructura de centros públicos (colegios, postas), se logró realizar 45,585 faenas comunales.

    (Ver Anexos – Mandato 70. Gráfico 1)

    Se ha gestionado y promocionado 163,953 atenciones de necesidades a través de los programas sociales promovidos por el Estado (Sierra Exportadora, Sembrando, Construyendo Perú, Agua para Todos, Juntos, entre otros) y/o la cooperación internacional (ONG´s), como alimentación, vivienda, salud e infraestructura en coordinación con la población y las organizaciones sociales, ubicadas en zonas de extrema pobreza.

    (Ver Anexos – Mandato 70. Cuadro 3)

    Como representante del Presidente de la República y el Poder Ejecutivo las Autoridades Políticas se promovió el desarrollo de su jurisdicción a través de los programas sociales promovidos por el estado, como: Sembrando, Construyendo Perú, Crecer, Agua Para todos, juntos, entre otros, además participan como facilitadores de acceso de la población a los beneficios de los programas logrando 36,398 acciones para el acceso a los Programas Sociales.

    (Ver Anexos – Mandato 70. Cuadro 4)

    Se ha diseñado un modelo distinto de ver o atacar el problema de la pobreza , enseñando a generar sus propios recursos antes que solo aliviar por algunos días dándoles los productos y medios que le permitan satisfacer temporalmente sus situación en cambio con programas como juntos se ven obligados a salir del circulo pernicioso de la pobreza por cuanto deben asistir a la posta medicas, escuelas de manera obligatoria y así poder recibir los ingresos que le permitan inclusive pensar en hacer pequeñas crianzas de animales menores que son ofertados en las ferias dominicales.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 71, 68, 8
    MINITER.

    El Perú viene implementando políticas de inclusión social y debido a que nuestra economía viene obteniendo un crecimiento sostenido ha permitido tomar acciones a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC, en el que participan los tres niveles de gobierno, quienes vienen formulando planes de corto y largo plazo con el propósito de disminuir los niveles de inseguridad sobre todo en las principales ciudades del país y ha tomado impulso la realización de encuestas de victimización que permiten medir a través de indicadores, las sensaciones de inseguridad notándose últimamente que los mayores niveles de inseguridad en las ciudades y las zonas rurales del país, lo constituye la violencia familiar.

    En este aspecto, se viene realizando reuniones para poder establecer líneas bases a nivel regional y a su vez uniformizar las variables que analizadas dan como resultados los indicadores del grado de violencia e inseguridad.

    Asimismo, se enfatizado la orientación de los presupuestos con enfoques de resultados, para ello se ha diseñado Programas Estratégicos a favor de la seguridad ciudadana, obteniéndose con ello la participación de todos los sectores involucrados a favor de de la seguridad pública.

    De otro lado el CONASEC con el apoyo de los organismos multilaterales ha venido realizando acciones tendentes a uniformizar los indicadores y variables a nivel de América Latina y el Caribe debido a que los mismos términos tienen concepciones diferentes en cada país miembro.

    El Ministerio del Interior, bajo un enfoque integral a la prevención de la delincuencia la violencia y la inseguridad, además viene incorporando las buenas prácticas de los países centroamericanos para dictar políticas de prevención, es así que los gobiernos locales y regionales vienen dictando medidas de prevención para evitar el incremento del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, además del control de armas de uso civil.

    En los últimos cinco años la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - ST CONASEC ha capacitado a 54,539 personas en temas de seguridad ciudadana dirigido a los Secretarios de los Comités de Seguridad Ciudadana, autoridades y población en general.

    (Ver Anexos – Mandato 71. Gráfico 1)

    Para coadyuvar las políticas públicas de prevención de la delincuencia, se realiza actividades de sensibilización, habiendo ejecutado 18 paneles contra el pandillaje y la drogadicción en Lima Metropolitana y a nivel nacional, lográndose capacitar a más de 4 670 alumnos del cuarto y quinto año del nivel secundario en temas preventivos contra el pandillaje y la drogadicción.

    Se ha realizado el “I Cónclave de Seguridad Ciudadana”, evento en el que participaron 19 presidentes regionales, 40 alcaldes, 60 jefes policiales y representantes de diferentes sectores del Estado y la sociedad civil, se formaron diez grupos de trabajo para debatir diferentes temas relacionados con el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los problemas que se presentan en sus respectivos sectores para mejorar la seguridad ciudadana.

    Se establecieron cuatro ejes temáticos para reforzar las acciones en materia de seguridad ciudadana en sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) realizada el 20 de agosto de 2010.

    • Líneas de acción en relación a la seguridad ciudadana
    • Acciones que atentan contra la seguridad ciudadana, estructura e implementación de políticas preventivas
    • Aspectos correspondientes a la investigación del delito
    • Intervención policial. Aplicación de normas. Problemática existente
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 72, 53, 92
    MINITER.

    El Ministerio del Interior, a través de las Dependencias Especializadas de la Policía Nacional del Perú, en el periodo analizado, ha ejecutado 62,070 operativos, 15,635 personas intervenidas a nivel nacional, 148,690 kg de droga decomisada, 5,389 laboratorios destruidos, 10,271 de pozas de maceración destruidas, 2’846,761 kg de insumos químicos fiscalizados decomisados e incautados y destruidos.

    (Ver Anexos – Mandato 72. Cuadro 1 y Gráficos 1, 2)

    En el marco del Plan de Erradicación de Proyecto Especial CORAH y en base a lo programado, se ha ejecutado 1,549 operativos, erradicándose 50,460 hectáreas de plantaciones y cultivos.

    Asimismo, se han incinerado 127,809 kg de droga, utilizando un moderno horno incinerador de última tecnología que no contamina y que fue donado por la Oficina de Antinarcóticos de la Embajada de EEUU (NAS). Esta información se muestra en los cuadros siguientes:

    (Ver Anexos – Mandato 72. Gráficos 3, 4)

    Asimismo cada año han venido desarrollando planes para intensificar la lucha contra la micro comercialización asestando golpes en familias dedicadas a este venta ilegal de estupefacientes destinadas a ir disminuyendo el consumo de estupefacientes en la juventud.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 74, 72, 67
    MINITER.

    El Sector Interior en el ámbito de su competencia a través de la Policía Nacional del Perú, realiza permanentemente importantes esfuerzos para reforzar los servicios para atender en mejores términos la demanda de protección de los ciudadanos y las comunidades en las que habita, para ello, durante el periodo 2006 -2010 ha ejecutado a nivel nacional 1’172,358 operativos policiales, 25’203,049 intervenidos en operativos, 9,581 bandas desarticuladas, 36,753 vehículos recuperados, 157,959 personas requisitoriadas detenidas, 15,366 incautación de armas, 318,320 detenciones por delitos y 276,289 intervenidos por faltas. Asimismo, se desactivaron 27 bandas de los peligrosos “marcas” que ha permitido la detención de 66 delincuentes, la incautación de 27 vehículos –entre motos y automóviles- y el decomiso de 37 armas de largo y corto alcance.

    En el plano preventivo, se han ejecutado las estrategias y acciones siguientes:
    • Se ha consolidado el proceso de Reestructuración y Distritalización de la VII DIRTEPOL como una de las reformas más importantes realizadas por la Policía Nacional del Perú, porque representa la desconcentración, la descentralización y la mejor asignación de los recursos materiales y humanos.
    • Se ha puesto en marcha el Plan de Patrullaje Integrado de Seguridad Ciudadana en algunos distritos de Lima Metropolitana con la finalidad de fortalecer las acciones conjuntas entre gobiernos locales y comisarías PNP destinados a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
    • Se ha implementado el “Plan de Operaciones de Patrullaje a Pie” en el territorio nacional incorporándose a 29,631 policías que prestaron servicios en sus horas de franco en puntos críticos.
    • Se han implementado 104 comisarías virtuales a nivel de Lima Metropolitana y 17 en el Callao, para mejorar los servicios y la operatividad de la Policía Nacional del Perú al servicio de la ciudadanía.
    • Se han incorporado 1 600 mujeres policías lo que representa el 80% del potencial humano de esta División de Policía de Tránsito, para mejorar el control del mismo en Lima y Callao.
    • Se han creado e implementado 28 Divisiones de Investigación Criminal en Lima con el objetivo de combatir, investigar y denunciar la delincuencia común y el crimen organizado.
    • Se han capacitado a 1 535 efectivos PNP que trabajan en la Oficinas de Participación Ciudadana y Comisarios como promotores policiales.
    • Se han capacitado a 17 030 juntas vecinales mediante eventos educativos, participando 52 000 personas aproximadamente, así como se dio orientación para la formulación de los planes en materia de Seguridad Ciudadana a nivel nacional.
    • Se ha instalado la División Policial Especializada de Protección de Obras Civiles (DIPROC) en la ciudad de Pisco con la finalidad de resguardar las obras de construcción civil y evitar que se cometan actos delictivos, así como extorsiones en torno a ellas.
    • Se ha asignado recursos por un monto de S/. 10’161,000 para el mejoramiento de la infraestructura de 281 Comisarías en el ámbito nacional.

    Asimismo, el Ministerio del Interior conjuntamente con otras entidades, viene haciendo esfuerzos para detectar en los países denominados países financieros, cuentas de los funcionarios y gobernantes de décadas pasadas.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 75, 9, 53
    MINITER.

    El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú - PNP y de la Dirección General de Seguridad, Control de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC, ejecuta acciones destinadas al decomiso de armas que no se encuentran con licencias de uso, asimismo, a través de campañas de sensibilización promueven la regularización de licencias.

    En este aspecto, durante el periodo 2007-2010, la PNP ha incautado un total de 8,238 armas, de las cuales 3,571 corresponde a revólveres, 2,641 pistolas, 819 escopetas, 783 armas hechizas, 138 carabinas, 75 fusiles de guerra, 175 escopetines, 25 perdigoneras, 11 pistolas ametralladoras. En el mismo periodo, se ha incautado un total de 312,074 cartuchos de municiones de diferente calibre.

    El año 2010, el mayor número de incautaciones se registró en los departamentos de Lima (679), La Libertad (319), Callao (180), Piura (171), Lambayeque (156) e Ica (130); en el resto de departamentos la incidencia es menor a 100 hechos. En el mismo año, el mayor número de incautaciones de municiones de diferentes calibres, se registró en los departamentos de Tumbes (123,293), Ucayali (10,271), Tacna (7,441), Piura (7,294), Lima (5,213), Lambayeque (3,259) y La Libertad (1,474); en el resto de Departamentos la incidencia es menos de 100 hechos, no habiéndose registrado ningún hecho en Huancavelica.

    (Ver Anexos – Mandato 75. Gráficos 1)

    Se han emitido un total de 274,800 licencias de posesión y uso para arma de fuego de uso civil en las modalidades de inicial, renovación, transferencia y duplicado. Es necesario resaltar que la disminución durante el año 2011, se debe que el 18OCT2007 se promulgó la Ley Nº 29106 que modifica el Código Penal y la Ley 25054 - Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, por lo cual se incorpora la exigencia, para el trámite inicial, de transferencia y de renovación, de la presentación obligatoria de los certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales.

    Como parte de la política de destrucción sistemática de armas incautadas a delincuentes o abandonadas y respondiendo a las acciones internacionales orientadas a disminuir la violencia en la zona de Sud América, han sido recicladas 21,318 armas de fuego para convertirse en herramientas de trabajo, habiéndose entregado en forma oficial:
    • 52 arados al Programa Sembrando que dirigió la Primera Dama de la Nación.
    • 1114 zapapicos a Ministerio de Agricultura para comunidades de Puno
    • 340 rastrillos a la comunidad campesina de Soritor - San Martin
    • 350 palas al Programa Sembrando que dirigió la Primera Dama de la Nación.

    Asimismo, se muestra un cuadro de incautación de armamento, municiones, explosivos y accesorios en el referido periodo.

    (Ver Anexos – Mandato 75. Gráficos 2)
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 76, 9, 67
    MINITER.

    El Perú para hacer frente a los fondos ilícitos en el Sistema Financiero ha creado un sistema y dictado normas para detectar fondos de origen ilícito, con la decidida participación de la Banca Nacional, quienes ante depósitos considerables dan cuenta a al Policía Fiscal para llevar adelante las investigaciones necesarias y de esta manera se viene detectando a varios delincuentes y narcoterroristas que pretende hacer lavado de activos con financiamiento de fondos de ilícita procedencia.

    Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 0968-2008-IN de 06 de octubre de 2008, se aprobó el Plan General de Lucha contra la Corrupción en el Sector Interior 2007-2011.

    Se ha aprobado el Plan de Trabajo para la implementación del Programa Umbral Anticorrupción en el Sector, concluyéndose con el levantamiento de información relacionada a los requerimientos de equipos informáticos para las unidades beneficiarias, encontrándose en proceso la adquisición de los bienes a cargo de International Criminal Investigative Training (ICITAP).

    Se han articulado las actividades del Plan Sectorial de lucha contra la Corrupción, Plan Nacional Anticorrupción y Programa Umbral Anticorrupción.

    Se han realizado 20 eventos de capacitación con la participación de 1,796 personas aproximadamente entre personal policial y civil en el marco del Programa Umbral Anticorrupción.

    En el marco del Programa Umbral Anticorrupción a fin de implementar un software integrado de gestión de casos disciplinarios que mejore los procesos investigatorios se recepcionó 354 ordenadores de última generación.

    Se ha aprobado la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, Ley Nº 29356, que busca prevenir y sancionar de manera estricta, ágil y con plazos expeditivos las infracciones en las que incurran los efectivos policiales.

    Se han efectuado investigaciones extraordinarias, actuaciones previas y análisis de información relacionados a presuntas irregularidades y actos de corrupción presentados en diversos órganos policiales y no policiales del Ministerio del Interior formulando 138 informes al respecto.

    Se ha desarrollado el Programa “Respeto a la Autoridad”, realizándose un total de 77 operativos de prevención, en los que fueron intervenidos 434 conductores infractores al Reglamento General de Tránsito y denunciándose a 67 conductores por corrupción de funcionarios.

    Se ha lanzado la campaña “Manos Limpias en las Carreteras”, con la finalidad de evitar actos de corrupción que atenten contra el prestigio institucional y mostrar la transparencia que debe regir en toda intervención policial.

    Se han desarrollado 115 Acciones de Control, habiéndose determinado responsabilidad administrativa, civil y penal a 877 efectivos PNP, así como se han emitido recomendaciones de mejoras institucionales en el reforzamiento de la lucha contra la corrupción, permitiendo implementar las observaciones.

    (Ver Anexos – Mandato 76. Cuadro 1)

    Asimismo, se ha desarrollado el Primer Seminario sobre “Fortalecimiento de la Administración Disciplinaria”, con la finalidad de actualizar y capacitar al personal PNP, que cumple labores en el TRIDINAC-PNP y la IGPNP, a efectos de optimizar la administración disciplinaria en la PNP haciendo extensivo al personal PNP de la DIRREHUM como operadores de la Ley Nº 29356 “Ley del Régimen Disciplinario de la PNP”, habiendo participado 207 efectivos PNP (135 Oficiales, 60 Suboficiales y 12 Especialistas PNP).

    Se ha realizado 2 Conferencias sobre “Fortalecimiento de la Ley 29356”, habiendo participado 9,176 efectivos PNP de los cuales 1,388 oficiales y 7,382 suboficiales y especialista, y 406 alumnos de la PNP en el ámbito nacional.

    Se ha realizado 2 Encuestas o Sondeos de Opinión al personal PNP para lo cual se ha encuestado a 1,019 efectivos policiales d las Direcciones Generales y DIRTEPOLES cuya finalidad fue conocer el grado de conocimiento e internalización de la Ley del Régimen Disciplinario PNP e identificar los factores que influyen en el alto índice de infracciones a la referida Ley, entre otros aspectos.

    Se ha editado y distribuido el Libro de Bolsillo: de la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 77, 64, 72
    MINITER.

    Se ha ejecutado el Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP 2005-2009, que representa una inversión de S/. 80’064,653, con cargo al Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habiéndose adquirido equipamiento adecuado con los cuales se ha mejorado la capacidad operativa a la Policía Nacional del Perú para hacer frente a su labor diaria a favor a la disminución del pandillaje pernicioso.

    Se ha aprobado la relación de bienes de equipamiento por reposición que han sido adquiridos bajos los alcances de la Ley 28880 (llamada Ley del Shock de Inversiones) por la suma de S/. 111'782,096 y Ley No. 29035 (incremento por intereses legales y por redondeo) por un monto de S/. 58,173.35, que ha permitido recuperar en parte la capacidad operativa de la PNP, para hacer frente a la seguridad de las autoridades y de los visitantes que asistieron a las Cumbres de APEC Y AL-CUE.

    Se han adquirido equipos por reposición por un valor de S/. 2'420,630 para el reforzamiento de la DIVINSEC - DIRINCRI – PNP, con la finalidad de mantener las condiciones tácticas operativas en situación optima, apoyando en forma efectiva a la seguridad ciudadana, reduciendo el tiempo de respuesta de los operativos policiales y del servicio a la comunidad.

    Se ha implementado la firma digital en el Sistema de Emisión Instantánea de Certificados de Antecedentes Policiales (SEIC), logrando reducir el tiempo de entrega al público usuario de 24 horas a 5 minutos.

    Se interconectaron a la red policial: 168 Comisarías en Lima y 31 en Provincias, 165 unidades especializadas; además 55 unidades con líneas VPN (12 Comisarías) sumando un total de 419 dependencias interconectadas.
    • Fecha:  07/03/2012    Párrafos: 74, 64, 74
    MINSA.

    La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz ha sido elaborada en base a los Lineamientos para la Acción en Salud Mental -que tiene como objetivo brindar orientación para constituir las bases de planificación de las acciones de salud mental en el país- y siguiendo las pautas establecidas en el documento del Modelo de Atención Integral en Salud-MAIS.
    • Fecha:  06/03/2012    Párrafos: 70, 68, 61
    MINJUSDH.

    A. Consejo Nacional de Política Criminal.

    La diversidad de sistemas administrativos y su falta de coordinación interna ha demostrado un claro aliciente a la aparición de núcleos de impunidad. Ante estas asimetrías las organizaciones criminales, las cuales representan un reto común a todos los países del mundo, tienden a funcionar bajo un esquema empresarial e inteligente, aprovechando aquellos escenarios o espacios que los Estados les brindan gratuitamente para crecer y expandirse al estilo de las corporaciones. Esto no solo implica la elección del territorio de un Estado para efectuar sus actividades ilícitas, si no que se aprovechan de las oportunidades brindadas por el sistema administrativo y normativa del país, así como las evidentes ventajas que ofrece la falta de comunicación que tiene un Estado con sus vecinos dentro de su espacio regional.

    Mediante la Ley Nº 29807 del 14 de noviembre del año 2011, se creó el Consejo Nacional de Política Criminal encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, el mismo que está adscrito al Ministerio de Justicia, integrado por los siguientes miembros: el Ministro de Justicia, quien lo preside, el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Ministro del Interior, la Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, el Director General de la Policía Nacional, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuatro representantes de las facultades de Derecho acreditadas de las universidades del país.

    El Consejo Nacional de Política Criminal tiene los siguientes mandatos y atribuciones:
    • Estudiar el fenómeno criminal y elaborar el Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión.
    • Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del Programa Nacional de Política Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal.
    • Formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas y medidas de seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo.
    • Evaluar el grado de cumplimiento del Estado peruano de los compromisos establecidos por los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal, y, de ser el caso, coordinar las acciones que sean necesarias para su total adecuación, participando en los congresos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales, sobre prevención del crimen y justicia penal.

    B. Proyecto de creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate contra la Corrupción y Crimen Organizado.

    La diversidad de sistemas administrativos y sobre todo jurídico-penales en la región, ha demostrado favorecer la aparición de núcleos de ilegalidad. Ante estas asimetrías las organizaciones criminales, las cuales representan un reto común a todos los países del mundo, tienden a funcionar bajo un esquema empresarial e inteligente, aprovechando aquellos escenarios o espacios que los Estados les brindan gratuitamente para crecer y expandirse al estilo de las corporaciones.

    Esto no solo implica la elección del territorio de un Estado para efectuar sus actividades ilícitas, si no que se aprovechan de las oportunidades brindadas por el sistema administrativo y normativa del país, así como las evidentes ventajas que ofrece la falta de comunicación que tiene un Estado con sus vecinos dentro de su espacio regional.

    Se ha visto que existe hoy en día la necesidad de constituir cimientos de efectividad, en el combate contra la criminalidad organizada para lo cual es necesario establecer canales de coordinación y comunicación entre las entidades del Estado, así como el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir el delito, conforme a lo dispuesto por los principios establecidos por la Constitución Política del Perú y los acuerdos Internacionales de los cuales el Perú forma parte.

    En ese sentido, como una de las metas en los primeros meses del año 2012 es la creación y puesta en funcionamiento del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate Crimen Organizado, cuyo objeto será establecer canales de coordinación interinstitucional y el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir los delitos de corrupción y criminalidad organizada; facilitando la identificación de redes de corrupción a través del intercambio de información. El citado grupo de trabajo multisectorial dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS.

    C. Sistema de Defensa Jurídica.

    El Decreto Legislativo Nº 1068 de fecha 27 de junio del año 2008 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS del 5 de diciembre del año 2008, tuvieron por objeto la reformulación y restructuración del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con el fin de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado peruano en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, la misma que está a cargo de los Procuradores Públicos. El ente rector del Sistema es el MINJUS y está representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

    Asimismo, el Sistema de Defensa Jurídica del Estado es definido por la legislación como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

    La norma que regula el Sistema determina que uno de los operadores claves en el mismo, es el Consejo de Defensa Jurídica, el cual tiene como misión coordinar y supervisar la defensa de los intereses del Estado, el cual propone la creación de Procuradurías, absolviendo consultas y prestando asesoría sobre aquellos materias vinculadas con la defensa del Estado. Por lo cual tiene como objetivo el resguardar la defensa de los intereses del Estado, con especial interés en materia de lucha contra la criminalidad organizada.
    • Fecha:  05/03/2012    Párrafos: 76, 69, 68
    MEF.

    Acción 1.
    Prevención de lavado de activos.

    Descripción del tema

    La Oficialía de Cumplimiento del Banco de la Nación, de acuerdo con el marco legal vigente, supervisa que todas las áreas del Banco implementen los mecanismos del sistema de prevención y cumplan con aplicar la normatividad establecida en el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco, aprobado en Sesión de Directorio N° 1807 de fecha 20.05.2010. Cabe precisar, que este Manual de Prevención contiene en su capítulo VI el Código de Conducta, el mismo que regula el comportamiento de los funcionarios y trabajadores del Banco.

    Problemática

    La falta de un marco normativo que permita implementar y supervisar el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Banco de la Nación, en coordinación con los organismos nacionales e internacionales, para reforzar los procedimientos de control y capacitación a fin hacer posible identificar rápida y eficientemente señales de alerta de lavado de activos.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    El Banco de la Nación viene avanzado en la implementación de su sistema de prevención en el ámbito nacional y fortaleciendo la cultura de la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para sensibilizar al trabajador frente a estos graves delitos. Para ese efecto, el Banco viene incorporando las mejores prácticas en la materia, para minimizar el riesgo de que la entidad pueda ser utilizada para la comisión de estos delitos.
    • Fecha:  02/03/2012    Párrafos: 69, 71, 68
    MRE.

    El terrorismo consiste en un fenómeno criminal que perjudica el disfrute de los derechos humanos, lo que hace necesario el despliegue de un combate frontal y sin tregua. El Perú ha sufrido este flagelo durante dos décadas, tiempo en el que ha modificado su legislación antiterrorista y ha realizado juzgamientos en el fuero ordinario de todos los inculpados por terrorismo teniendo en cuenta los estándares internacionales sobre la materia.

    Últimamente, las fuerzas del orden han capturado al cabecilla libre más importante del grupo terrorista Sendero Luminoso en una operación militar caracterizada por un escrupuloso respeto de los derechos humanos, tal como corresponde a un país bajo un régimen democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho.
    • Recursos Relacionados
    • Anexos. Mandato 68 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 69 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 70 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 71 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 72 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 75 (MINITER)
    • Anexos. Mandato 76 (MEF)
    • Anexos. Mandato 76 (MINITER)
  • República Dominicana
    • Reportes
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    La República Dominicana apoya el concepto multidimensional de la seguridad el cual se enfoca en la protección de los seres humanos, y que quedó expresa en la Declaración sobre Seguridad en las Américas del 2003. Igualmente valora el enfoque que viene definiendo la OEA a raíz de esta Declaración, en el documento “Visión Estratégica de la OEA” que incorpora las prioridades de cada Estado, contribuyendo a la consolidación de la paz, el desarrollo integral y la justicia social y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.
    La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) período 2010-2030, establece “Un Estado socialmente democrático y de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”
    En el primer informe anual de avance de la END, publicado en el 2013, el Primer Eje ha sido el de mayor despliegue de iniciativas de políticas públicas en consonancia con sus líneas de acción: “Imperio de la ley y seguridad ciudadana” y “Seguridad y convivencia pacífica”. Los esfuerzos estuvieron dirigidos a la disminución de la inseguridad ciudadana en general y de combate al delito en particular, estableciéndose un nuevo concepto de seguridad ciudadana con un carácter amplio y abarcador: criminalidad, delincuencia, violencia, oferta y demanda de drogas.
    Diseño e implementación del Plan de Seguridad Democrática. Fue creado el 31 de agosto del 2005, y se enfoca en la multicausalidad de la violencia y de la delincuencia, cuyos objetivos son: favorecer la ruptura de la ausencia del Estado con las comunidades excluidas, para crear en lo inmediato oportunidades, participación, solidaridad, confianza y esperanza, y atacar integralmente y por separado las multicausales de la violencia en los ámbitos de la convivencia social y de la delincuencia y crear las condiciones de seguridad física para que la sociedad y sus organizaciones recuperen el espacio público y social.
    Del mismo modo, en fecha 20 de marzo 2013, fue lanzado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene dos pilares fundamentales: persecución del delito y su prevención. Este plan implica un aumento de agentes policiales, recursos económicos, preparación y capacitación de policías, trabajo mancomunado entre Ministerio Público y las agencias de persecución del delito, entre otras medidas. El citado Plan consolida la persecución del crimen organizado, así como las violaciones a derechos humanos, entre ellos los correspondientes a coartar la libertad de expresión tanto de periodistas como de cualquier persona, así como las amenazas contra defensores de derechos humanos. El mismo es monitoreado por un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y un Observatorio de Seguridad Ciudadana, encabezados por el Presidente de la República, y compuestos por todos los actores nacionales con incidencia en el área.
    Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para asesorar al Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad nacional y diseñar estrategias en la misma temática, realizar la coordinación interinstitucional, elaborar estrategias, planificar, coordinar y evaluar la inteligencia interinstitucional para la prevención del crimen y servir de soporte para la aplicación del Plan de Seguridad Democrática.
    Creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana creado mediante Decreto 358-12 del 16 de julio del 2012, para recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictual del país, con la finalidad de orientar y apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia.
    Fortalecimiento del Programa para el control y tenencia de armas de fuego en manos de la población civil. Se implementa una nueva Plataforma Tecnológica sobre el Sistema Nacional de Armas (SISNA) que se ejecuta a partir del 2013, con la Res. 390/2013, creado para modernizar el proceso y mantener actualizado el registro de armas de fuego a fin de fortalecer el control de las mismas en manos de la población civil.
    Así también, del Centro de Captura de huellas Balísticas-Biométricas, el cual es la unidad operativa, logística y administrativa del SISNA que se encarga de la captura de las huellas biométricas y balísticas que alimentaran la Base de Datos del SISNA.
    Diseño de una nueva licencia/ carnet para el porte y tenencia de arma de fuego, el cual contiene medidas de seguridad mejoradas, tales como un Código QR.
    Continuación del Programa de Reforma y Fortalecimiento de la Policía Nacional.
    Reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad, con 1,288 nuevos policías y 300 agentes de la AMET patrullando las calles, junto a 5 mil militares.
    Vehículos y otros equipos al servicio de este plan, entre ellos los 311 nuevos vehículos y 168 motocicletas, recientemente puestos en funcionamiento por la Policía Nacional, así como los 320 vehículos y 780 motocicletas adicionales, que darán apoyo al nuevo sistema integrado de emergencias, el 9-1-1.
    Unas nueve mil personas han sido entrenadas para formar parte de este Sistema, a fin de poder contar con el personal adecuado y especializado para cada una de las emergencias que puedan presentarse, entre ellos policías, bomberos, agentes de AMET, personal de salud y técnicos en el área de informática, así como personal de apoyo administrativo.
    Además se están instalando cientos de cámaras de video vigilancia, que unidas 4,100 equipos de radios digitales y a los cerca de 1,000 vehículos, entre moto- ambulancias, camionetas, camiones de bomberos y ambulancias, atenderán de manera rápida y eficaz a las emergencias a partir de mayo.
    El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 9-1-1 consiste en la integración, en un punto único de contacto y coordinación de las instituciones de la República Dominicana destinadas a acciones de auxilio y de respuesta ante emergencias, para responder a los diferentes tipos de emergencias las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estará funcionando en el Gran Santo Domingo, lo que incluye el Distrito Nacional, así como Santo Domingo Norte, Oeste y Este, incluyendo hasta Boca Chica. A partir de ahí irá extendiendo su radio de acción hasta alcanzar al conjunto del territorio dominicano y al 100% de la población.
    El sistema va a servir tanto para proteger a la población de forma rápida y eficiente, como para combatir y prevenir el crimen, mejorar la seguridad vial y coordinar la respuesta oportuna ante posibles desastres naturales.
    Implementación del programa Vivir Tranquilo, a través del cual fueron capacitados a cerca de 3 mil jóvenes y habilitado 79 Centros Tecnológicos y Comunales.
    Sistema de Alerta Temprana y la institucionalización del Sistema de Reacción Rápida Frente a Trazas Ilícitas; consolidación del Programa de Compensaciones e Incentivos y extensión del mismo a las personas que laboran en las áreas de lavado de activos y microtráfico.
    Intensificación del Programa de Sensibilización en escuelas públicas, colegios, organizaciones comunitarias y gremios de profesionales sobre el daño que conllevas el tráfico y uso de drogas para las personas, la sociedad y el país.
    El país cuenta con el Observatorio Dominicano de Drogas, organismo técnico científico creado el 13 de noviembre del 2008 mediante el decreto 749-08, que tiene como finalidad la investigación y documentación para la recopilación, integración, análisis y difusión de información actualizada sobre drogas y sus factores asociados en la RD.
    Los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana, ha logrado un descenso del 33% en la cifra de víctimas mortales en las áreas de mayor criminalidad del país y del 13% en el promedio nacional. La puesta en marcha del sistema 911 en mayo, el cual supondrá una revolución en la atención a las emergencias en el país: “rápido, eficiente, moderno, y para todos”.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    En cuanto a la producción de estadísticas de delincuencia en la República Dominicana, el director de la ONE informó la creación de un grupo coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, en el que participan diferentes instituciones relacionadas con el tema. Destacó la utilidad del Sistema Nacional Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SINID), como un aporte metodológico para el cálculo de indicadores sociales y económicos, herramienta que puede contribuir a determinar varias de las causas de la delincuencia.
    La República Dominicana se suma a los esfuerzos de coordinación regional que realizan las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para crear sistemas de estadísticas de delincuencia y justicia penal, haciendo especial énfasis en la capacitación de recursos humanos y en el establecimiento de metodologías de cálculo que permitan comparar estadísticas e indicadores, respetando las normativas de los diversos países.
    En ese sentido, la ONE cuenta con una valiosa herramienta en materia de consulta y análisis. Se trata de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), la cual incluye un módulo sobre Seguridad y Percepción Ciudadana, que se ha incluido en la mayoría de los años en que se ha realizado esa investigación, desde su primera versión en el año 2005.
    Además de la ENHOGAR, la ONE produce anualmente el informe sobre Muertes Accidentales y Violentas, cuyo fin es proveer información descriptiva con relación a los hechos violentos y accidentales que ocurren en el país, que puedan servir de insumo en la toma de decisiones y para elaborar e implementar los planes y programas de los organismos e instituciones de seguridad del Estado.
    Desde el año 2007, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su condición de órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la entonces Secretaría de Estado de Interior y Policía (SEIP), actual Ministerio de Interior y Policía (MIP), mediante el cual transfiere a esta última entidad estatal un actualizado material cartográfico, resultado del Proyecto de Actualización y Modernización de la Cartografía Nacional, que viene desarrollando la ONE desde agosto de 2004. La principal utilidad de esta transferencia de mapas e información cartográfica, es que el MIP aproveche este material para la localización de eventos delictivos que atentan contra la seguridad interior de la República Dominicana.
    Entre los productos resultantes de estos acuerdos se encuentra la explotación que ha hecho la Procuraduría Fiscal del Distrito, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, en el mapeo del delito y en otras acciones focalizadas para la resolución de conflictos en las comunidades.
    La República Dominicana continúa realizando esfuerzos para fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de seguridad, delincuencia y temas relacionados, reiterando su compromiso a las iniciativas interregionales así como al intercambio de información.
    Creación del Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciarias y Reducción de la Demanda de Drogas, cuyo objetivo es fomentar políticas y programas eficaces en los temas relacionados en el área de Centroamérica y el Caribe.
    Firma de memorándum de entendimiento entre la UNODC y el Gobierno dominicano, para la implementación del Programa de Comunicación Aeroportuaria (AIRCOP) y el Programa de Control de Contenedores, lo cual mejorará las operaciones que realiza el país en la lucha contra las drogas y el crimen organizado.
    Se implementó el marcaje de las municiones (dígitos que representan el país de destino final, la empresa importadora y el lote de la importación), lo que permite un rastreo desde la empresa fabricante hasta su usuario final, y para fortalecer este proceso se recibió como donación en el 2012, una máquina de marcaje de armas de fuego tipo dot-peen y sus accesorios, por la Secretaría General de la OEA, como parte del Proyecto “Promoviendo el Marcaje de Armas de Fuego en América Latina y el Caribe”, así como la asistencia técnica de capacitación. En el 2013 fue suscrita una enmienda para la obtención de otra máquina semejante a la anterior y sus accesorios, además de una laptop con sus programas y antivirus, entrega realizada en un acto público el 24 de abril de 2014.
    Durante el periodo 2012-2013 el MIP ejecuta operativos institucionales conjuntos, haciéndose acompañar del Ministerio Publico, para incautar y decomisar, según el procedimiento legal, las armas ilegales, y luego proceder a su destrucción, así como acciones para monitorear, especialmente, los puntos ciegos y vulnerables, en donde, por sus características, favorecen el comercio ilícito de armas, y también dirigiendo la atención a las personas que hacen un uso indebido de armas en lugares públicos, especialmente en centros de diversión y de expendio de bebidas alcohólicas, y a los establecimientos que no cumplen con las normas y vigilancia para un control efectivo dentro de sus negocios . También se realizan inspecciones, auditorias y operativos en taller
    Creación de una Comisión Ad Hoc de Armas en el Ministerio de Interior y Policía, en interés de dar respuesta adecuada y oportuna a los temas vinculados al control efectivo de armas de fuego en manos de la población civil y armerías.
    No menos importantes es la creación de los Cuerpos Especializados de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), Seguridad Portuaria (CESP) y Seguridad Fronteriza (CESFRONT]) orientados a velar por las fronteras de la República Dominicana, controlando y vigilando la entrada y salida de armas, drogas, indocumentados y otros.
    A raíz de la entrada en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la República Dominicana ha orientado todo su esfuerzo en integrarse en los programas del sistema, especialmente en el área de seguridad, iniciando el proceso para ser parte del Tratado Marco de Seguridad Centroamericana, y en los proyectos que se vienen desarrollando, especialmente prevención de la violencia contra las mujeres.
    La República Dominicana está inmersa en diferentes iniciativas para contrarrestar la delincuencia organizada, a través de las Naciones Unidas y la OEA, siendo beneficiada con asistencias técnicas y capacitaciones. De igual manera aprovecha los acuerdos bilaterales y triangulares, con países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, Honduras entre otros.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Asuntos de Género: Derechos de la Mujer
    1. La Constitución Dominicana del 2010, visualiza la igualdad y equidad de género como uno de los principios fundamentales que la rigen, tal y como expresan las siguientes disposiciones:
    a) Principio de igualdad entre hombres y mujeres y la condena de todas las formas de discriminación.
    b) Compromiso del Estado de promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.
    c) Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
    d) El acápite 5 del artículo 39, dispone la responsabilidad del Estado de promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, y,
    e) Reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico, de la unión de hecho, de la igualdad salarial por igual trabajo, la iniciativa legislativa popular y el lenguaje de género en todo el texto constitucional.
    2. En razón a los articulados citados, pueden considerarse tres categorías que benefician a las mujeres, constituyendo significativos avances para las dominicanas y que, sin lugar a dudas, representan las más sustanciales conquistas en términos de derechos y garantías constitucionales:
    Primero, aquellos aspectos que directamente aluden a sus derechos.
    Segundo, aquellos de carácter general y que por mandato del principio de igualdad implícitamente impactan también a las mujeres, y;
    Tercero, aquellos que representan mecanismos o instrumentos para demandar o tutelar derechos, y que otorgan a las mujeres otras oportunidades especiales para ejercer, demandar, o proteger sus derechos.

    3. Ejemplo de lo expuesto, y referente al ejercicio del derecho a la igualdad en la participación política de las mujeres y posicionamiento en medios de influencia y toma de decisiones dominicanos, actualmente contamos con 38 diputadas, representando 20.8% en la Cámara Baja y 3 senadoras, representando 9.4% en el Senado de la República. En las elecciones del 2010 fueron electas 12 mujeres alcaldesas, para 7.7% del total electo para ésta posición, dos puntos por encima de la media mundial actual, las regidoras o concejalas, por su parte, alcanzaron por primera vez la cuota mínima legal del 33% para el período 2010-2016.

    4. Resaltamos también, la elección de una mujer por segunda vez como Vicepresidenta de la República, en mayo 2012 para el período presidencial 2012-2016. La primera vez que una mujer ocupó dicha posición fue en el período presidencial 2000-2004.

    5. Para frenar la pandemia de violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer ha implementado con el apoyo de diversas instituciones que tienen a su cargo la persecución e investigación de los crímenes y delitos, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, una serie de mecanismos de protección y acceso a la justicia para aquellas que han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos, destacándose las creaciones de:
    - Procuraduría Adjunta de la Mujer creada en año 2007, y la que continúa operando con el mandato de dirigir y monitorear los procesos de investigación e instrucción criminal en materia de violencia contra las mujeres, y cualquier otro factor que afecte sus derechos y libre acceso a la justicia.
    - Oficinas de Equidad de Género en las Instituciones, entre ellas, en el Ministerio de Interior y Policía y Policía Nacional.
    - Dirección Nacional de Atención a Víctimas por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana.
    - Unidades Especializadas de Atención Integral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar, establecidas en cada Fiscalía Provincial del Territorio Nacional, las que para final del 2013 se elevarán a 32, conllevando esto un aumento del personal destinado a ejercer funciones en dichos departamentos.
    - Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM).
    - Puntos de Información y Orientación para Prevenir la Trata y Tráfico de Personas a través de las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer.
    - Líneas Gratuitas de Atención a Personas en Situaciones de Violencia (Línea VIDA y Línea de Auxilio), de 2012 brinda cobertura las 24 horas de los 365 días, y junto a 9 brigadas regionales realizan la labor de rescate a víctimas de violencia intrafamiliar y de maltrato, logrando reducir los feminicidios a 26% comparado a los primeros meses del 2012 y 2013.
    - Oficinas de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas.
    - Continuación del funcionamiento desde el 2003, de los Centros de Acogida o Refugios para las mujeres, niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. Proyectado al 2013 la instalación de 2 nuevas Casas de Acogida por la necesidad presentada a raíz del aumento de violencia y poder contar con mayor espacio de albergue. Desde el 2008 hasta 2012 han sido refugiadas 1,193 personas en las Casas de Acogidas. Solo al 2012, 147 mujeres que estaban en peligro inminente de muerte violenta fueron atendidas en los centros.
    - Acuerdo Interinstitucional en el mes de agosto 2013, entre los Comedores Económicos del Estado y la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, del Ministerio Público, para dotar de raciones de alimentos a las mujeres víctimas de violencia.
    - Relacionado al ejercicio de la investigación y persecución efectiva de los actos de violencia de género e intrafamiliar, vía las distintas opciones de atención a que tienen acceso las mujeres, es importante mencionar que en el año 2009 fueron interpuestas un total de 52,403 denuncias, mientras que en el 2010 se interpusieron 58,534, siendo judicializadas en los dos años citados un total de 9,706 expedientes. Al 2011, fueron recibidas 66,177 denuncias, siendo judicializadas 20,942, un notable incremento, fruto de la nueva visión en la lucha contra este grave delito.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    - Con intención de reforzar las prácticas de prevención de violencia contra las mujeres y de la implementación de campañas, planes, programas y estrategias que garanticen el acceso de las mismas a las informaciones necesarias sobre sus derechos y los mecanismos que poseen de protección mediante el debido acceso a la justicia y a los centros de salud, se iniciaron la ejecución de:

    - Adopción de la Campaña a nivel nacional sugerida por el Secretario General de la ONU "Únete para poner fin a la violencia contra la mujer", articulada desde el Ministerio de la Mujer desde el 15 septiembre 2011, contando con el apoyo de más de 700 instituciones del sector público y privado ; desarrollándose conjuntamente jornadas de capacitación, charlas, conferencias, promoción y distribución de los materiales de la campaña , y siendo ampliamente difundida mediante diferentes actividades y medios de comunicaciones nacionales , poseyendo un proceso educativo consistente en tres cartillas dirigidas a Maestras y Maestros, Jóvenes y Mujeres, formando parte además de la campaña de "Movilización Social por una Vida sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana".
    - Lanzamiento en el año 2012 por la Procuraduría General de la República, campaña "Promesa de Hombre", enfocada a sensibilizar y promover una cultura de paz y respeto hacia las mujeres para prevenir principalmente los feminicidios, también difundida en todo el país a través de medios de comunicación nacionales.
    - Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) 2007-2017: Fundamentado en tres aspectos estratégicos: a) Igualdad entre los géneros desde el enfoque de derechos humanos; b) Transversalización y focalización e intervenciones piloto de alto impacto; c) Mecanismos institucionales de coordinación y articulación para la implementación del plan. Otro aspecto estratégico es el establecimiento del Sistema de Indicadores para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PLANEG II.
    - Plan Estratégico Nacional de Transversalización de Género en el Sector Salud 2012-2017: Con éste, se da cumplimiento a la Sexta Prioridad del Plan Decenal de Salud 2006-2015, para orientar el conjunto de acciones que serán implementadas para la transversalización de la perspectiva de género en el Sistema de Salud.
    - Plan Estratégico “Prevención de Embarazos en Adolescentes 2011-2016: Con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, teniendo como misión la creación y fortalecimiento de mecanismos en el ámbito nacional y local de políticas dirigidas a reducir los embarazos en adolescentes, incluyendo asignación presupuestaria y rendición de cuentas para el desarrollo.

    - Plan Estratégico de Género del Ministerio de Trabajo (PEG-MT) 2009-2013: Su propósito es incorporar el enfoque de género en los objetivos y funciones del Ministerio de Trabajo desarrollando acciones que promuevan igualdad y equidad de género desde la estructura orgánica y funcional del Ministerio.

    - Acuerdo Interinstitucional entre la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) y el Plan Estratégico para la Preservación, Detección, Atención y Sanción a la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar 2011-2016, presidido por el Ministerio de la Mujer.

    - Publicaciones e Investigaciones de acceso a la población dominicana en general, sobre temas de género, niños, niñas y adolescente, la familia, entre otros.;

    - Proceso de Revisión y adecuación del material denominado “Manual de Derechos Laborales de las Mujeres”, iniciado a principios del 2013 por el Ministerio de Trabajo; y

    - Programa de capacitación y sensibilización interno de la Junta Central Electoral, sobre igualdad de género y violencia contra la mujer, como transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas.

    - La Procuraduría General de la República como parte del entrenamiento a sus Procuradores Fiscales y Coordinadores de Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, determinó el protocolo a seguir en prevención de feminicidios, instruyéndolos a la advertencia de la No conciliación de las parejas que constituyan un riesgo a la vida de la denunciante en los casos de que el supuesto agresor posea armas de fuego, ordenándose a la vez, la retención del arma. Se ha priorizado en dichas situaciones, primero poner a salvo a la mujer que haya sido víctima de violencia o sufra alguna amenaza, y luego acudir tras el agresor. La conciliación sólo sería aceptada después de evaluado el caso en profundidad y se concluya mediante las diferentes entrevistas y pruebas periciales, que la situación es un simple conflicto de pareja.

    - Producto del conjunto de acciones referidas, es que el Estado Dominicano se place en subrayar que para los meses de enero-junio 2013, hubo una reducción de un 42.31% comparado con igual período del año 2012, en las víctimas mortales de violencia intrafamiliar. Para el año 2013 las estadísticas estaban: enero 8, febrero 1, marzo 8, abril 6, mayo 5 y en junio 2. Mientras que en el 2012: enero 8 feminicidios, febrero 10, marzo 11, abril 9, mayo 6, y junio 8.

    - En 2012 se fortalecieron dos Oficinas Provinciales del Ministerio de la Mujer. Además, las dos casas de acogida o refugios existentes reestructuraron el esquema de servicios prestados y aumentaron de manera significativa la calidad de los servicios, incluyendo asistencia psicológica y legal y agilización de los procesos de sometimiento judiciales. Se reactivaron la Comisión de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) y las campañas de sensibilización a la población.

    - Para la aplicación de la política transversal de enfoque de género, en el ámbito del Sistema Judicial se emprendió durante 2012 un conjunto de acciones orientadas a abordar los problemas de justicia y género. Entre estas acciones se destacan:
    - Elaboración del “Manual de Inducción a la Perspectiva de Género del Poder Judicial”, irigido a brindar herramientas conceptuales que permitan al personal actual y de nuevo ingreso la compresión de los temas de género, a fin de cumplir con mandatos constitucionales y compromisos asumidos en instrumentos internacionales. Esta acción se enmarca en el mandato del Reglamento de Aplicación de la Política de Igualdad de Género que tiene por objetivo la transversalización de género en el quehacer judicial, a fin de garantizar a las mujeres la igualdad en el acceso a la justicia.
    - Creación de las cátedras virtuales mensuales de Justicia y Género, organizadas en coordinación con la Fundación Justicia y Género y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Este es un espacio de análisis y reflexión de los temas relativos a justicia y género.
    - Elaboración del Proyecto de Ley contra la Violencia a la Mujer, por parte del Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otras organizaciones no gubernamentales.
    - Implementación del Proyecto “Sistematización de la Gestión Judicial de Casos de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales”, iniciativa de la Procuraduría General de la República con apoyo de la Agencia de Cooperación de Andalucía, que desarrolla un programa piloto en el Distrito Judicial San Francisco de Macorís orientado a mejorar la prontitud en la protección en los casos de violencia contra la mujer.
    - Elaboración y puesta en marcha de una Estrategia Nacional sobre el vínculo entre VIH y la violencia contra la mujer, diseñada por UNFPA, ONUSIDA, UNICEF e instituciones nacionales que, entre otras acciones, capacita a jueces y juezas sobre dicho vínculo y su transversalización en los protocolos de actuación.
    - Por su lado, el Ministerio de Salud elaboró el documento Normas, guías y protocolos de atención integral a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, a ser aplicados en los principales centros de la red de salud pública, y conformó la red de puntos focales de género a nivel nacional. También estableció un Convenio con la Procuraduría General de la República para aplicar modelos de atención integral a la violencia intrafamiliar, contra la mujer y delitos sexuales.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Trata y Tráfico de Personas
    - La trata de personas –en todas sus formas: incluyendo la de mujeres, de menores de edad–, así como el tráfico de indocumentados, está constitucionalmente prohibida en República Dominicana.
    - En octubre de 2007 se estableció la Comisión Nacional contra el Tráfico y la Trata de Personas, con la responsabilidad de desarrollar una estrategia nacional para combatir la trata y mejorar la protección a las víctimas.
    - La Procuraduría General de la República, por medio de su Unidad Contra el Tráfico y Trata de Personas, coordina la investigación y persecución de todos los casos de trata de personas.
    - Las unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Migración y la Procuraduría General se enfocan en la trata de personas, así como también el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante. A nivel internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló una red mundial de oficiales consulares entrenados para reconocer y asistir a las víctimas dominicanas del tráfico.
    - La explotación sexual comercial de menores de edad aparece como variante particular del tráfico de personas. La Comisión Interinstitucional Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial, co-presidida por la Secretaría de Trabajo y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), con el apoyo de la OIT para la Eliminación del Trabajo Infantil, aúna esfuerzos con el Ministerio Público y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, para combatir la explotación sexual de adolescentes en destinos turísticos como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas.
    - Las autoridades han tomado una serie de medidas para contrarrestar y regular dicho flujo migratorio: promulgaron la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Ley 285-04 sobre Migración; el Decreto 575-07, de 2007, que estableció la Comisión Nacional Contra el Tráfico y la Trata de Personas, el cual actualmente valida el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (2009-2014). De 2004 a
    - Finales de 2008, más de 400 inspectores de migración y autoridades policiales, militares y civiles han sido suspendidos, cancelados y/o sometidos a la justicia por su participación en delitos de trata de personas y de tráfico de indocumentados.
    - De los más recientes progresos en el combate de Trata y Tráfico de Personas, citamos el informe correspondiente al año 2012, publicado en el curso del año 2013 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde mantiene al país en la categoría 2, pero sin embargo, destaca el gran esfuerzo que se está realizando para lidiar con dicho delito.
    - En los años 2009-2010 fueron judicializados 25 expedientes, mientras que al año 2011 fueron sometidos 63. Para el año 2012 se condenaron 3 personas por este ilícito penal; 2 nacionales haitianos con condenas de 15 años de prisión por haber tratado 12 menores en edad oscilantes entre 8 y 14 años, de su misma nacionalidad en la modalidad de Explotación Laboral; y la otra condena corresponde a 20 años de prisión impuesta a una mujer dominicana por explotar sexualmente a su hijo menor de 8 años; a diciembre de igual año, 18 personas más se encontraban cumpliendo medida de coerción por este delito. Asimismo, 61 personas fueron rescatadas y recibieron asistencia de órganos del Estado.
    - Creación de la Procuraduría General Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas, mediante Resolución No.003-2013, dictada por el Consejo Superior del Ministerio Público. En fecha 25 de febrero de 2013, mediante oficio No. 00788, la Procuraduría General de la República instruyó a todos los miembros del Ministerio Público a ejercer acciones inmediatas y contundentes contra el proxenetismo y la trata de personas, conforme a la ley.
    - Mediante un esfuerzo interinstitucional realizado entre la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Migración, la Policía Nacional, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la OIM, ICE, entre otras, durante los primeros meses del 2013, en coordinación de la nueva Procuraduría Especializada en la Materia de Trata, se han ejecutado numerosos operativos, siendo el más destacado el de fecha 15 de mayo del año referido, donde se rescataron 58 menores de edad de nacionalidad haitiana, siendo apresados igualmente 58 adultos, entre nacionales dominicanos y haitianos, como imputados de este delito.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Acceso de la mujer a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito.
    - El Programa de Apoyo al Desarrollo de Empresas Rurales (PADER), tiene como propósito fundamental canalizar créditos al área rural, específicamente a la micro, pequeña y mediana empresa, orientadas a contribuir al desarrollo integral de las zonas rurales mediante nuevas actividades productivas, con miras a crear oportunidades de empleo, generar ingresos que dinamicen la economía de esas zonas y por ende, elevar las condiciones de vida de las y los habitantes del campo para el combate de la pobreza en las áreas más deprimidas del país.
    - El Banco Agrícola ofrece servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.
    - Programas de Créditos del Banco Agrícola. La Cartera de Préstamo dirigidos solo a mujeres, tuvo como objetivo incentivar la labor productiva del sector agropecuario y de otras actividades del medio rural, contribuyendo a generar empleos, distribución del ingreso y el abastecimiento de la canasta familiar de la población dominicana.
    - La Oficina Nacional de Estadísticas trabajó en una nueva Metodología Oficial de Medición de Pobreza Monetaria para la República Dominicana, consensuada entre los principales actores nacionales e internacionales involucrados en esta temática. Esta nueva metodología aborda las diferentes maneras de conceptualizar la pobreza y la forma de medirla, dentro de las que se identifica el enfoque a partir del cual se desarrolla esta propuesta de medición de la pobreza monetaria. Igualmente, identifica las características de las principales fuentes de información a utilizarse para la medición de la pobreza monetaria a partir de esta propuesta metodológica.
    • Fecha:  30/05/2014    Párrafos: 9
    - República Dominicana es uno de los países que realiza mayores sacrificios por proteger y garantizar los derechos del migrante, en su doble condición de Estado emisor y receptor. En su Constitución y en sus leyes no hay qué contradiga esos derechos y por eso estudia en la actualidad la adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares.
    - De los principales logros que el país ha experimentado en los últimos 4 años en protección de los derechos de los migrantes, señalamos:
    - Creación de los procedimientos para las deportaciones, las no admisiones y retenciones administrativas, conforme al Decreto 631-11.
    - Reactivación del Consejo Nacional de Refugiados, el cual tenía más de 5 años inactivo. Fruto de esto, desde el 19 de febrero 2012 hasta la fecha, la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional para Refugiados ha realizado 7 reuniones en fechas 19 de febrero, 06 y 20 de marzo, 03 y 17 de abril, 1ro. y 15 de mayo del año 2013, en las que ha conocido 118 expedientes, haciendo las recomendaciones de lugar contenidas en las actas Nos. 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 y 6/13, y ha aprobado un total de 19 casos de refugio; y
    - Puesta en marcha del Programa de Retorno Voluntario Asistido, dirigido por la Dirección General de Migración, en colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este programa consiste en asistir a los inmigrantes vulnerables que desean regresar a su país de origen y reintegrarse a la sociedad, contando con un fondo que les ayuda a recentarse en el país de origen, llevándose consigo sus ajuares y muebles que tuviesen en República Dominicana.
    - Posteriormente a la aprobación del Reglamento de la Ley General de Migración, se está ejecutando el Programa de Trabajadores Temporeros, en donde se han recibido más de 20,000 solicitudes con la finalidad de regularizar el estatus migratorio de los mismos. En este sentido, se han procesado más de 1,000 solicitudes, y dentro de poco se pondrán en vigencia los Estatutos del Trabajador Fronterizo; actualmente opera el relativo a los estudiantes. Con esto más personas inmigrantes podrán normalizar su situación legal en el país.
    - Mientras, el Ministerio de Trabajo está realizando los esfuerzos a través de la Unidad de Migración Laboral, establecida por Resolución No. 14/2012, y funcionando bajo dependencia de la Dirección General de Empleo del Ministerio, con el propósito de proteger y erradicar cualquier violación a los derechos laborales de los inmigrantes, especialmente de los nacionales haitianos. La Unidad tiene designada una persona que sirve de enlace entre el sector empleador y los trabajadores; y ha realizado diferentes actividades durante el año 2012 , a fin de contribuir a la promoción de una modernización y mejora sostenida a largo plazo de las políticas y acciones en materia de Administración de las Migraciones Laborales en la República Dominicana.
    - La OIM, es la contratación de 1 Consultor y 2 Asistentes de Tecnologías asignados a la Dirección General de Trabajo con la función de actualizar la base de datos del Sistema de Relaciones Laborales (SIRLA) respecto a las estadísticas de la cantidad de trabajadores extranjeros que existen en las distintas empresas del país.
    - En enero de 2012 entró en vigencia el Reglamento No. 631-11 de la Ley 285-04 sobre Migración. Para la implementación de este reglamento se han realizado las coordinaciones necesarias entre la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Vice ministerio para Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX, con el objetivo de definir el procedimiento para el ingreso de un trabajador extranjero temporero y el cumplimiento con las garantías laborales que le concede la ley. En enero se procesó el primer contingente de 600 nacionales haitianos que trabajan en el sector bananero, a los cuales se les otorgaron visas de negocios múltiples con fines laborales (Visa NM1); se está en proceso para que el Ministerio de Trabajo tramite su registro ante la Seguridad Social.
    - Elevación del Departamento del Distrito Nacional contra la Trata de Personas a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETIMP), responsable de implementar políticas contra la trata de personas, y cuenta con jurisdicción a nivel nacional.
    - En el 2013, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) aprobó a finales de Noviembre un protocolo, que sería de uso común por todas las instituciones miembros, para la identificación efectiva de una víctima de trata de personas, la recepción de su caso y registro de información a nivel nacional o a su retorno al país, así como el referimiento a las demás instituciones competentes.
    - Los esfuerzos también está orientados a la aplicación de herramientas de monitoreo a través de los consulados dominicanos en el servicio exterior, instituciones de la Sociedad Civil y ONGs, que registran casos atendidos durante el año y denuncias directas recibidas en el Departamento de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se hace una recopilación anual de datos a través de las instituciones que componen la CITIM.
    - Campaña Nacional en contra del Trabajo Infantil, como parte de los esfuerzos llevados a cabo para establecer un sistema de protección que prevenga que menores de edad sean utilizados como trabajadores domésticos, el Ministerio de Trabajo lanzó una campaña nacional en contra del trabajo infantil en hogares de terceras partes dentro de las actividades que organizó durante el mes de junio 2013, como parte del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
  • Saint Kitts y Nevis
    N/A
  • San Vicente y las Granadinas
    N/A
  • Santa Lucía
    N/A
  • Suriname
    • Reportes
    • Fecha:  11/04/2012    Párrafos: 69, 70, 72, 75, 17
    Suriname remains committed to policies strengthening public security.
    - An Anti-Terror Unit (ATE) was established, directly reporting to the Chief of Police. Training to the ATE was provided by international experts. This unit assisted with maintaining public order and tranquility at the V Summit of the Americas in Trinidad and Tobago.
    - Operation “The New Route” is aimed at suppressing crime in the broadest sense of the word and is being performed in the city of Paramaribo and surroundings, in cooperation with the military.
    - Introduction of special techniques in criminal investigation.
    - Security cameras along public roads and around bridges in Paramaribo have been installed.
    - Improvement in coordinating activities by replacing the JAP Team with the Drug Trafficking (BID Team) at the international airport.
    - Training of members of the BID Team by international instructors on a regular basis.
    - Training of staff of the Police Corps of Suriname to become instructors in dog training in Suriname.
    - Establishment of a training center for Drug Dogs in Suriname.

    CHALLENGES IN NATIONAL SECURITY
    Similar to other countries, Suriname faces certain security related threats and challenges which also include aspects of transnational organized crime, namely:
    1. Drug trafficking
    2. Trafficking in persons
    3. Trafficking in small arms and light weapons
    4. Illegal gold mining
    5. Maritime robbery, illegal fishing and smuggling of goods
    In response to these threats, Suriname has established institutions such as the Anti Terrorism Unit, Anti Narcotics Team and the Counter Terrorism Unit.

    Anti-personnel landmines
    Suriname signed and ratified the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) in 1997. The treaty entered into force on November 1, 2002.

    During the internal conflict in 1986 a number of landmines were placed within the national territory. In order to effectively implement the recommendation of the Ottawa Convention, an inter-departmental commission was established in March 2003 and an agreement with the OAS was signed in November 2004 to undertake cooperative action in removing the anti personnel landmines.

    As a result, close to 1000 landmines have been removed. The initial demining operation consisted of an international effort supported by, among others, the governments of Guyana and Brazil. Suriname has now been declared mine free by the OAS.
  • Trinidad y Tobago
    • Reportes
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 69
    Since 2003, Trinidad and Tobago has assigned four officers to work at the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) Secretariat. Overall, in terms of financial and human resource support, the Government of Trinidad and Tobago has contributed more than U.S. $1,000,000.00 to CICTE from 2003 to present. Trinidad and Tobago held the Chair of CICTE from 2005 to 2006, hosting the Fifth Regular Session in Port of Spain in 2005. During its chairmanship Trinidad and Tobago established new policy directions that have brought Caribbean concerns for multidimensional security to the forefront of the hemispheric counter-terrorism agenda. Trinidad and Tobago’s commitment to fight terrorism is evident in its annual contribution to CICTE.

    On December 02 2006, Trinidad and Tobago became the 16th state within the OAS to ratify the Inter American Convention against Terrorism. The Convention spells out the standards required to determine whether a person is a suspected terrorist and requires all measures carried out under its banner be implemented with full respect for the rule of law, human rights and fundamental freedoms. The Government of Trinidad and Tobago has continued its efforts to implement various measures to enhance border security and ultimately strengthen the capacity of the country in the fight against terrorism.
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 70
    KIDNAPPING

    Since 2007, there has been a steady decline in reported cases because of Government’s intensified anti-kidnapping efforts made possible through the implementation of Trinidad and Tobago’s integrated national security and public safety policy agenda. These efforts included the building of the specialist investigative capabilities, augmentation of the human resource base and the modernization of physical infrastructure and operating environment within national security.
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 71
    CYBER CRIME
    In June 2009, the Draft National Cyber Security Strategy and the Strategic Plan for Information Security (SPIS) were reviewed and these two documents were incorporated to develop a comprehensive National Security Strategy. Government approval is currently being sought for the establishment of an Inter-Ministerial Committee comprising representatives from several Ministries and agencies managing critical infrastructure and information assets that can be affected by any disruption or breach of information security

    THE CITIZEN SECURITY PROGRAMME (CSP)
    The Citizen Security Programme (CSP) is an initiative of the Ministry of National Security whose objective is that of contributing to the reduction in crime and violence in 22 ‘high needs’ pilot communities in Trinidad and Tobago, through the financing of preventative interventions addressing the most proximal and modifiable risks. The general aim of the CSP is to contribute to the reduction of crime and violence in 22 high crime communities. It focuses on young people between the ages of 7 to 24 to ensure that the greatest impact is achieved
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 72
    The illicit trafficking in drugs is the most visible form of serious crime in Trinidad and Tobago. This country is in support of the hemispheric commitment to address this problem. In April 2007, Trinidad and Tobago re-affirmed its commitment to CICAD by approving an annual contribution of US $20,000 to assist the Executive Secretariat in delivering its work program. This country also works with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and adheres to international counter-narcotics agreements.

    The Government is also pursuing both supply and demand reduction initiatives in the form of:

    -Inter-agency collaboration
    -Capacity Building
    -Border Control Initiatives
    -Information and Intelligence Sharing
    -Public Awareness
    -Substance Abuse and Diagnostic Studies
    -Standardization of Operations of Treatment and Rehabilitation Centres
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 75
    Measures to combat illicit arms trafficking include:
    -Improved naval law enforcement with the posting of additional officers at the various ports
    -The acquisition of maritime assets for interception of sea vessels suspected of transporting illegal commodities (Off Shore Patrol Vessels) and interceptors
    -The installation of a radar system to inter alia, monitor air and sea crafts entering and exiting the territory of Trinidad and Tobago
    -The merging of the Organized Crime and Narcotics Bureau with the Firearms Interdiction Unit in 2004, to form the Organized Crime, Narcotics and Firearms Bureau
    -Amendment of the Firearms Act by the Firearms Amendment Acts of 2004 and 2006 to allow for stricter penalties for those breaching the law
    -Consideration of the reintroduction of a Police Marine Branch Public Education

    eTrace
    In May 2009, Trinidad and Tobago signed the E-Trace Agreement with the United States. eTrace is a web based communication system which utilizes the internet to send requests to the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) for searches of firearms connected with ongoing criminal investigations (“crime guns”), as well as firearms which are found or recovered by law enforcement officers.

    Analysis of the firearms trace data can assist in the identification of firearms trafficking patterns and geographic profiling for criminal hot spots and possible sources of illicit firearms. Local law enforcement agencies will be able to effectively use the eTrace firearms trace information platform as an investigative strategy for the reduction of firearms-related crime and violence.
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 76
    In respect to Trinidad and Tobago’s domestic legislative framework, the following Bills have been drafted as a step forward in satisfying the FATF recommendations:

    a) The Proceeds of Crime Amendment Bill 2009. This Bill amends the Proceeds of Crime Act (POCA) and some of the FATF recommendations are satisfied by this Bill. It is more robust than the existing POCA as the range of offences which it captures and the scope of entities which it now targets is wider. It also creates the offence of money laundering and provides for mutual assistance and the sharing of information between and among states.

    b)The Financial Obligations Regulations. These regulations are made by the Minister under section 56 of the Proceeds of Crime Amendment Bill. These Regulations codify the existing guidelines issued to financial institutions by the Central Bank and incorporate many of the FATF recommendations. Many of these recommendations speak to “know your customer rules”, due diligence and the reporting requirements for financial institutions in respect of large, complex and unusual transactions, as well as cash transactions above a particular limit.

    c)The Financial Intelligence Unit Bill 2009. This Bill creates a unit to which financial institutions submit SARs. The Unit is deemed to be the designated authority under POCA. Its function includes analyzing and disseminating information in respect of SARs to the relevant law enforcement authority. The Proceeds of Crime Amendment Bill 2009 and the Financial Intelligence Unit Bill 2009 were both laid in Parliament. In respect of Terrorist Financing, the office of the Chief Parliamentary Counsel and the Strategic Services Agency (SSA) are in the process of drafting an amendment to the Terrorism Act.
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 77
    Trinidad and Tobago has adopted a two-pronged approach to the gang problem:

    -The deterrence of socially displaced/vulnerable persons, through an array of social
    -Programmes such as skills-enhancement and assistance programs for the unemployed.
    -The augmentation of law enforcement capabilities chiefly through the creation of the Special Anti-Crime Unit of Trinidad and Tobago (SAUTT) with a view to reduce gang activities and gang violence nationwide.
    • Fecha:  27/04/2010    Párrafos: 69
  • Uruguay
    • Reportes
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 76
    Capitulo V: TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

    El presente capitulo brinda un estado de situación respecto al avance registrado en el país en cumplimiento de los artículos 76, 80, 81 de la Declaración de Compromiso de Puerto España. Constituye por tanto un insumo, de cara a las reuniones preparatorias de la próxima Cumbre de las Américas.
    I: Mandato para Evitar Acceso de Fondos Ilícitos al Sistema Financiero
    II: Mandato para Combatir la Corrupción y Prácticas Fraudulentas

    En cuanto a: “la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, Uruguay ratifico la Convención Interamericana (CICC) por ley 17.008 del 15 de setiembre de 1998 promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de setiembre y publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 1998.

    En cuanto a la “Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Uruguay ratificó la Convención por Ley 18.056 del 14 de noviembre de 2006, promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre y publicada en el Diario Oficial el 1º de diciembre de 2006.

    Uruguay participa activamente en los mecanismos de seguimiento de ambas convenciones, habiéndose ofrecido voluntariamente a ser evaluado en la primera ronda del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, llamado MESICIC, y actualmente se encuentra en proceso de ser evaluado en el mecanismo de seguimiento de la Convención ONU. A su vez, ha actuado en varias oportunidades como Estado evaluador correspondiendo destacar la evaluación de Chile del año 2010, realizada junto con Estados Unidos en el marco del MESICIC, y la evaluación a Belice de 2011 que se encuentra en proceso. A su vez en el mecanismo de seguimiento ONU, nuestro país participa en subgrupo con Nicaragua, evaluando el cumplimiento de la República Dominicana.

    En cuanto al compromiso con la “lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público, privado”. Podemos afirmar que nuestro País ha aprobado cambios en su legislación que le permiten luchar más eficazmente contra el fenómeno de la corrupción, siguiendo las estipulaciones de las Convenciones ya mencionadas. A continuación se detallan los cambios.

    • Aprobación de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998 por la cual se implementan varias de las medidas anticorrupción de la CICC y se crea esta Junta. A continuación se detallan las medidas.
    • Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) articulo 4, con función preventiva contra la corrupción. Para ello debe: propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración Pública, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados a su presentación. La atención a los compromisos internacionales asumidos por el Uruguay en las Convenciones y Convenios vinculados a la materia y el control de la publicidad que deben realizar los entes públicos sobre los actos de adjudicación de licitaciones y contrataciones directas en régimen de excepción. (Dec. 393/004).
    • Creación de un sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios públicos a quienes por su cargo o su función se les considere potencialmente expuestos al fenómeno de la corrupción, capítulo V artículos 10 a 19. Posteriormente reglamentada por el Decreto 354/999 y más recientemente por el Decreto 338/010.
    • Creación de un entorno ético en la función pública. Capítulo VI, artículos 20 a 23, donde se establecen los principios que deben regir la conducta funcional, como los principios de probidad, respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad. A su vez establece una serie de prohibiciones relacionadas con el abuso de poder como son las de valerse del cargo para influir sobre una persona para obtener un provecho indebido, tomar o utilizar bienes del Estado en beneficio propio, evitar la implicancia del funcionario en decisiones de la Administración cuando tiene algún interés personal, usar en beneficio propio información reservada o privilegiada. A su vez también impone la rotación periódica de funcionarios que se desempeñen en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios. Estas disposiciones fueron a su vez reglamentadas por el Decreto 30/003 de normas de conducta en la función pública.
    • Promoción de formación y capacitación de la población y en especial de los funcionarios públicos de los aspectos que regula la Ley 17.060, artículos 27 y 28. En este tema se destaca, la creación de un área de capacitación en la JUTEP que se encarga de dictar cursos y talleres a funcionarios públicos sobre esta temática. En especial a partir de 2009 mediante un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que aportó la financiación para el proyecto de creación de una “red de funcionarios públicos especializados en normativa anticorrupción” y la implementación de cursos para funcionarios públicos por parte de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), dependiente de la Oficia Nacional del Servicio Civil, (ONSC), entre los que se destacan los cursos de ingreso a la Función Pública y programa de Dirección Media. El modulo vinculado a la ética pública en estos cursos se dicta por el equipo de la JUTEP.
    • Actualización de la legislación penal en la materia mediante la modificación de los artículos del Código Penal referidos a los Delitos contra la Administración Pública, capítulo IV, artículos 8 y 9 de la Ley 17.060. Se aumentan las penas de privación de libertad, se actualizan las penas de multa llevándolas a valores más acordes con la gravedad del Delito y se crean figuras nuevas como el tráfico de influencias y la utilización indebida de información privilegiada.

    En cuanto a “compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción” corresponde informar que el Uruguay, con la aprobación de la Ley 17.060 en su capítulo VII, artículos 29 a 36, ha tomado las medidas que se detallan:

    • Creación de figuras delictivas como el cohecho transnacional, el soborno transnacional (artículo 29) y blanqueo de dinero (artículo 30). En esta materia a su vez se produjo un nuevo avance con la aprobación de la Ley 17.016 y las Leyes 17.835 y 18.494 sobre lavado de activos.
    • Regulación especial del sistema de extradición y cooperación jurídica internacional (artículos 31 a 36 de la Ley 17.060). En este aspecto se establece que la extradición se regulará en primer lugar por las disposiciones de las Convenciones Internacionales ratificadas por la República y en ausencia de dichas normas por las disposiciones del Código Penal. A su vez se establecen procedimientos de cooperación jurídica en la materia. Se crea la Sección de Cooperación Jurídica penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.
    • Es de destacar que con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se tiene otro instrumento ya que cuenta con disposiciones en la materia a ser aplicadas con los Estados que Uruguay no tenga otro instrumento jurídico aprobado.
    • También existe regulación sobre extradición y cooperación jurídica internacional en materia de lavado de activos regulado por la Ley 17.835 y 18.494.

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 69
    I: Mandato para Combatir al Terrorismo

    El Estado uruguayo posee un marco normativo, adecuado, a efectos de enfrentar el fenómeno del terrorismo. Así, por Ley 17343 del 25/5/2001, que modificó la Ley 17.016 (Estupefacientes) se ampliaron las acciones que es posible adoptar sobre los bienes o productos provenientes del narcotráfico. La interrelación narcotráfico- terrorismo por todos conocida, permite a través de acciones aplicables sobre los bienes, obtener información vinculada a las actividades de financiamiento terrorista.

    La Ley 17.835 del 14/9/2004 estableció como delitos de naturaleza terrorista: la organización, recolección de fondos y otras. A partir de ello se obliga a las entidades financieras a informar al Banco Central del Uruguay sobre la existencia de bienes vinculados a personas identificadas como pertenecientes a organizaciones terroristas incluidas en listas de la ONU, como también a personas declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. La Ley 18.494 del 3/6/2009, completa el marco normativo al tipificar el delito de financiación del terrorismo, la conspiración y los actos preparatorios.

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 70
    II: Mandato para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, los Tráficos Ilícitos, la Trata de Personas, el Lavado de Activos, las Pandillas Delictivas y Mejorar la Seguridad Transfronteriza

    En lo referido, a las medidas implementadas al mandato sobre terrorismo y combate contra la delincuencia transnacional, los tráficos ilícitos, la trata de personas, el lavado de activos, las pandillas delictivas y la seguridad fronteriza conviene señalar varios puntos al respecto.

    El Estado uruguayo ha fortalecido su seguridad ciudadana a partir de la reformulación de sus modelos de acción policial tradicional. En tal sentido, se ha promovido la constitución de MLCSC (Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana), las que impulsan una mejora de la prestación de los servicios policiales, a partir de la prevención de la ocurrencia del delito. Las Mesas han puesto fuerte énfasis en el desarrollo de programas multisectoriales con impacto focalizado, como mecanismo para entender las especiales situaciones de vulnerabilidad que se registran, en forma no homogénea, en los barrios. Las Mesas, son espacios de coordinación donde se abordan aspectos de la prevención situacional y se comparten ideas sobre las mejores prácticas. Uno de los temas de preferente atención en las Mesas ha sido la recuperación de espacios Públicos locales, desplazando a través de la participación social los factores que inciden en la ocurrencia de fenómenos delictivos en los mismos y recuperando estos espacios para la convivencia colectiva.

    Se ha creado una escuela de Seguridad Ciudadana, donde los equipos Policiales exponen sobre nociones básicas de Seguridad. Esta acción lleva como objetivo el desarrollo comunitario de promotores de Seguridad Pública.

    Se han creado Comisiones de Trabajo que desarrollan su actividad conjuntamente con la Defensoría del Vecino, abarcando la problemática de las fincas abandonadas y su ocupación por sectores vinculados a la marginalidad y al delito.

    Se han implementado Oficinas Barriales a fin de vincular los temas de seguridad ciudadana con el consumo abusivo de drogas y alcohol en coordinación con la Junta Nacional de Drogas.

    La Policía Comunitaria conjuntamente con la Intendencia Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social coordinan acciones respecto a las personas en situación de calle e indigentes.

    En el marco de la capacitación de policías comunitarios, se han dictado Cursos de Formación de Policías Comunitarios, seleccionándolos de acuerdo a su perfil a efectos de dotarlos de herramientas de actuación para el contacto permanente y directo con la población.

    Se vienen ejecutando proyectos vinculados a la incorporación de sistemas de alta tecnología en Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para facilitar la ejecución de Políticas de Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para facilitar la ejecución de Políticas de Seguridad, como lo es el empleo de una Red Wimax inalámbrica para las comunicaciones relacionadas a la transmisión de datos y el Sistema Automático de Identificación Criminal AFIS, que permite la identificación de la persona en terreno por impresión dactilar.

    Se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión policial (SGP), a través de una plataforma de gestión, sistematización e interoperabilidad de Servicios de Información Policial, que permite el registro de las denuncias y todos los eventos policiales y de hecho no delictivos con intervención de la Policía.

    En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Respuesta Policial en Violencia Domestica y de Género se han implementado acciones de sensibilización, formación y abordaje del fenómeno para mejorar la capacidad de impacto de la acción preventiva y represiva que se cumple en las distintas unidades ejecutivas dentro del territorio nacional. Este proyecto es organizado por el Departamento de Genero del Ministerio del Interior y comprende diversas acciones, entre las que se cuenta, la capacitación en esta materia, al personal de las Jefaturas de Policía de distintas reparticiones.

    El Departamento de Delitos Complejos a través de la Sección Delitos Informáticos efectúa investigaciones relacionadas a delitos vinculados al Tráfico de Personas y Pornografía Infantil. También el mismo Departamento cuenta con Personal capacitado en las investigaciones relacionadas a Secuestros extorsivos, habiendo recibido formación y capacitación en cooperación horizontal con otros países. El Departamento de Orden Público se ha especializado en el combate a la comercialización de drogas al menudeo, ya que de esta manera se ataca una de las formas más dañinas de comercializar estupefacientes por parte de pequeñas organizaciones de delincuentes. Por su parte, el Departamento de Delitos Económicos, realiza una tarea específica detectando la presencia y acciones de algunos delincuentes internacionales en nuestra Capital, como lo son los que se dedican a la clonación de tarjetas de crédito y de debito.

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 75
    VI: Mandato para Combatir la Amenaza de las Armas de Fuego
    Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).

    Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).
    Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
  • Venezuela
    N/A
  • Organización de los Estados Americanos (OEA)
    • Reportes
    • Fecha:  15/01/2018    Párrafos: 3
    Initiative:
    Program for the prevention of crimes related to irregular migration in Mesoamerica
    Brief description of initiative: The OAS Department of Public Security, in coordination with IOM and UNHCR, is implementing this Program to promote and support strategies for the prevention of crimes related to irregular migration, especially in those areas with high propensity for migration; create and strengthen human and institutional capacities to combat the smuggling of migrants; and to promote the formulation and implementation of policies for the protection of the human rights of migrants, particularly groups in vulnerable contexts like women, children and adolescents, indigenous people, persons with disabilities, and LGBT persons.
    The program is designed with an integral approach focused around 3 strategic lines of action:
    1) supporting current efforts in the area of prevention of crimes related to irregular migration and to prevent the migration of children and adolescents by focusing on interventions in schools and local communities;
    2) combating the networks of organized crime, seeking their dismantling so that fewer people are victims of these crimes; and
    3) articulating national stakeholders to effectively assist migrant populations in need of special attention and specific protection.
    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ¥ Elaborate country specific diagnostic reports of the current legal framework in all eight participating countries, as well as the characteristics and challenges presented by irregular migration in those countries.
    ¥ Engage government officials, leaders, journalists and other stakeholders in local communities in round table discussions, to identify recurrent local obstacles for the reduction of irregular migration.
    ¥ Design and implement awareness campaigns in the media, educational campaigns in high schools and incorporate community stakeholders in preventing irregular migration at the local level.
    ¥ Organize train-the-trainers courses for national authorities in border control, the detection of fraudulent documents, identification of trafficking networks, and special needs of victims of crimes related to migration.
    ¥ National workshops for migration and customs officers, carried out by trainers taught by the program, on border security, detection of fraudulent documents, and human rights of victims of irregular migration;
    ¥ Design, validate and implement a system for the exchange information and alerts about evolving sub-regional trends in crimes related to irregular migration;
    ¥ Promote the application of more effective data collection and data entry techniques, through national capacity building workshops;
    ¥ Organize national seminars for judges, prosecutors, police officers and other officials involved in the prosecution of crimes related to irregular migration, about the best practices and techniques for the identification and prosecution of human trafficking networks;
    ¥ Organize and convene meetings of interinstitutional national forums to formulate and execute special programs designed to address the protection needs of irregular migrants, particularly groups in vulnerable scenarios.
    Coordinate national and multinational interinstitutional dialogue tables to strengthen synergies and coordination between governments in protecting the rights of victims of irregular migration.
    Website: http://community.oas.org/programadeprevencionmigracionirregular
    Beneficiaries: Costa Rica, Dominican Republic, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Mexico, and Panama.
    Partnerships and Financing: The program is executed with funds from the European Union (EU). Our main implementing partners are the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
    Organization of American States
    Department of Public Security
    Cristian Taboada / [email protected] / 202-370-5076
    • Fecha:  15/01/2018    Párrafos: 7
    Initiative:
    “A New Path”: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica
    Brief description of initiative: The project is designed to improve the quality of, and access to, reintegration services (educational, vocational, and internship/employment opportunities), technical training (marketable technical skills, life/social skills), as well as individualized psychosocial/emotional services for juvenile detainees of the four juvenile facilities in Jamaica: South Camp, Metcalfe, Rio Cobre and Hill Top.
    The project is divided in two pillars:
    1) Track 1: is designed to impart capacity building and training workshops and curriculum for local partner NGOs, in order for them to be able to implement vocational, education, and rehabilitation programs in South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre. In addition, during this phase the GS/OAS and the Trust will provide the technical expertise for the construction, implementation and training of local service providers in a comprehensive new case management system that includes a follow-up post release component for youth South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre.
    Track 2: is a series of activities meant to provide immediate support to prior juvenile remandees and offenders upon their release, focusing on social reintegration and economic inclusion. GS/OAS will thus partner with local organizations, private sector, and government to ensure comprehensive follow-up for all youth released from South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre for at least six to twelve months. Each releasee will be assigned a case manager who will assist in arranging educational, vocational, or internship/job opportunities, as well as provide key psychosocial support and guidance while the releasee reintegrates into society.
    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ¥ Carry-out a Needs Assessment evaluation to determine the nature and magnitude of existing reintegration and training programs in the juvenile facilities
    ¥ Design and implement an electronic case management system for the Department of Correctional Services
    ¥ Train staff from the Department of Correctional Services, NGO representatives, and/or social workers in case management and case follow-up techniques for youth in juvenile detention facilities
    ¥ Elaborate a comprehensive reintegration curriculum for the reintegration of juveniles placed in the facilities
    ¥ Carry-out training of trainers for the staff of the Department of Correctional Service to enable the implementation of the reintegration curriculum
    ¥ Implement Reintegration, Education, and Vocational Training for detainees at the juvenile facilities
    ¥ Organize "pitch tank" simulation events where releasees can pitch product and service ideas to a panel of external judges and develop their business ideas and plans
    ¥ Support training, education, and internship opportunities for releasees
    ¥ Assign a case manager to each releasee in their local community shortly after his/her release
    Website: http://www.oas.org/dsp/english/links/Three_pager_A%20New_Path_revised.pdf
    Beneficiaries: Country: Jamaica
    Specific groups: (i) Juvenile remandees and charged offenders of Jamaica; (ii) staff of the Department of Correctional Services
    Partnerships and Financing: The program is executed with funds from the United States Agency for International Development (USAID). Our main implementing partner is the Trust for the Americas (TRUST).
    Organization of American States
    Department of Public Security
    Cristian Taboada / [email protected] / 202-370-5076
    • Fecha:  15/01/2018    Párrafos: 1
    Initiative:
    Gestión de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito
    Brief description of initiative:
    La Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito fue establecida a través de la Resolución 2866/2014 junto con un fondo de contribución voluntaria. La Red es un espacio de intercambio de información, articulación intersectorial, apoyo técnico para el diseño e implementación de políticas públicas y de marco para implementación de intervenciones preventivas bajo en Programa Interamericano de Prevención de la Violencia y el Delito.  
    La Red cuenta con un Comité de Asesoría Técnica ad hoc, que es conformado en caso de necesidades específicas. Dos Grupos de Trabajo están vinculados actualmente a la Red de Interamericana de Prevención: el (1) Grupo de Trabajo para formular un plan de acción para la prevención y reducción de la violencia letal; y el (2) Grupo de trabajo para articular mecanismos y herramientas de cooperación sobre los servicios de emergencia de la región. El primer Grupo está siendo impulsado por Colombia y el segundo por Ecuador.
    El sitio de la Red consiste en una herramienta colaborativa. El sitio cuenta con noticias, biblioteca digital, una galería multimedia con entrevistas y fotos exclusivas, herramientas de encuestas, foro virtual y un blog. Hay también una parte dedicada a la Plataforma para Prevención y Reducción de Homicidios. Una plataforma sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas está prevista para 2018.
    Dos universidades ya se aliaron a la Red: la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de George Washington (E.E.U.U). Un foro presencial ya fue realizado y una serie de otros están programados para 2018. Los foros pueden ser asistidos en vivo (directo) desde el sitio de la Red.
    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    1. Lanzamiento del sitio de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito: http://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/;
    2. Realización sobre 3 foros presenciales, siendo dos sobre prevención y reducción de homicidios y uno sobre prevención a la trata de personas;
    3. Dos Grupos de Trabajo instalados: 1) sobre mecanismos y herramientas de cooperación sobre los servicios de emergencia de la región; 2) para formular un plan de acción en la prevención de la violencia letal;
    Consolidación de alianza de colaboración con la Universidad de George Washington.
    Website: (if applicable)
    http://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/
    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    Entidades gubernamentales, no gubernametales,. sociedad civil, sectores académico y privado.
    Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
    Fondo de contribución voluntaria. Aportación voluntaria de USD 50 mil realizada por Guatemala
    Organizacion de los Estados Americanos
    artmento de Seguridad Pública
    Paulina Duarte – [email protected] – 202 370 9691
    Anna Uchoa – [email protected] – 202 370 4653
    • Fecha:  05/01/2018    Párrafos: 4
    The Hemispheric Plan of Action on Drugs 2016-2020, approved at the sixtieth CICAD regular session in Nassau, November 2016, is a guide for continuing the implementation of the Hemispheric Drug Strategy (2010) and the commitments undertaken by member states in the Declaration of Antigua, Guatemala, “For a Comprehensive Policy against the World Drug Problem in the Americas” (2013); in the Resolution of Guatemala, “Reflections and Guidelines to Formulate and Follow up on Comprehensive Policies to Address the World Drug Problem in the Americas” (2014); and in the outcome document of the Special Session of the United Nations General Assembly on the world drug problem (UNGASS), entitled, “Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem” (2016), in addition to relevant OAS resolutions. Additionally, the Plan of Action acknowledges the UN’s 2030 Agenda on Sustainable Development and notes that efforts to achieving its Sustainable Development Goals and to effectively address the world drug problem are complementary and mutually reinforcing. The current Plan of Action replaced the first Plan of Action, which covered 2010-1015.
    Through the Plan of Action, member states reiterate their commitment to continue furthering progress in the Hemisphere; addressing the world drug problem; placing individuals at the core of drug policies; taking into account gender, age and cultural issues; as well as, when appropriate, taking into account inputs from civil society. Furthermore, the Plan of Action addresses new challenges faced by countries, within the framework of the three United Nations international drug control conventions and other relevant international instruments, in full respect of the purposes and principles of the United Nations Charter, international law, and the Universal Declaration of Human Rights. The Plan sets five strategic areas and identifies objectives and priority actions to be developed by 2020 in each of the OAS member states. The Plan of Action also includes a cross-cutting perspective on human rights, gender, development, and social inclusion, taking into account relevant criteria of culture and age group. The Plan requires close and horizontal coordination between the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and the various relevant bodies within the OAS with expertise in related issues, particularly in the areas of corruption, money laundering, transnational organized crime, and public security, with a view to building a coordinated and consultative framework in areas of common interest, seeking to contribute positively to the efforts of member states to address the challenges and complexities of the world drug problem in our hemisphere.
    The Plan of Action is a reference guide for designing national drug policies, programs and projects, making it possible to align and generate synergies between the national agendas and the hemispheric agenda being developed through CICAD. The CICAD Executive Secretariat is now composed of two sections: the Drug Control Capacity Building and Technical Assistance Section, and the Evidence-Based Drug Policy Section: Information, Design, Implementation, Monitoring, Evaluation and Data Collection and Analysis. The former includes the Institutional Strengthening (IS), Supply Reduction (SR), and Demand Reduction (DR) units, through which the CICAD Executive Secretariat assists member states in strengthening their institutional, technical and human capabilities for the implementation of comprehensive drug control programs. The IS Unit’s programming includes assisting member states in formulating and bolstering their national drug policies and strategies; monitoring, tracking and assessing legislative and regulatory changes; and drug–related judicial sector reforms, including alternatives to incarceration, diversion programs, judicially supervised drug treatment programs, sentencing reform, and problem solving courts. The activities managed by the SR Unit include training counterdrug law enforcement; fostering improved customs and border control of drugs and other contraband; fostering improved control of chemicals, pharmaceutical drugs and synthetic drugs (including new psychoactive drugs, or NPS); controlling maritime narcotrafficking; and developing and analyzing counterdrug intelligence. The DR unit supports countries in strengthening human and institutional capacity in drug prevention, treatment and rehabilitation by taking a public health approach to these interventions. DR programming includes the development of hemispheric standards for drug abuse prevention and treatment, and providing training and member state-en¬dorsed certification to frontline health care workers, prevention profes¬sionals, and treatment service providers.
    The Evidence-Based Drug Policy Section: Information, Design, Implementation, Monitoring, Evaluation and Data Collection and Analysis includes the Inter-American Observatory on Drugs (OID) and the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) units. The OID gathers, analyzes, disseminates and promotes scientific research on drugs so as to provide evidence for the design and introduction of public policies. Additionally, the OID provides assistance to member states in establishing, developing and strengthening national drug observatories and information systems, and promotes technical training for professionals that work with data and statistics. The MEM’s seventh round instruments (including the questionnaire of indicators, manual for evaluators, and procedural manual), were approved at the sixty-second regular session of CICAD in December 2017, paving the way for the new round to commence in 2018. The MEM’s seventh round entails a more robust and comprehensive assessment of member states’ drug efforts, detailing key evolving progress and challenges faced throughout the past six rounds, and where those actions currently stand. The evaluation will cover the cross-cutting issues of human rights, gender, age, culture and social inclusion in accordance with the operational recommendations contained in the UNGASS 2016 Outcome Document and the objectives of the United Nations 2030 Agenda on Sustainable Development. The MEM, which was mandated by the 1998 Summit of the Americas in Santiago, Chile, will publish national evaluation reports in 2019, together with a hemispheric evaluation report which will provide a broader analysis of trends in the region in 2020.
    CICAD continues to promote dialogue among member states, and provide the forum at its biannual regular sessions for an open discussion of drug-related issues and targeted improvement of the hemispheric capacity to address the drug problem. Since UNGASS 2016, member states have debated and assessed the achievements and shortcomings of the UNGASS process at the CICAD regular sessions. This has set the basis for an interactive discussion on the implementation of the UNGASS 2016 Outcome Document and in the run-up to the 2019 revision of the 2009 UN Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem. OAS member states have been called upon to promote the regional implementation of the UNGASS recommendations through national events. In this regard, CICAD has been collaborating with countries in national dialogues, for example Mexico’s series of national dialogues, and Trinidad and Tobago’s UNGASS 2016 workshop for national level consideration of the UNGASS operational recommendations.
    Additionally, CICAD continues to identify areas for future continuation of the debate and dialogue established at UNGASS. In this regard, CICAD’s expert advisory groups provide the Commission with continued reporting and analysis on the following specific issues: demand reduction, maritime narcotrafficking, pharmaceutical products and chemical substances, comprehensive and sustainable alternative development, and money laundering control.
    • Fecha:  20/12/2017    Párrafos: -
    Initiative: Creating a Career Path in Digital Security

    Brief description of initiative:
    The overarching goal of the Project is to target economically disadvantaged youths and young adults (ages 18-25) and provide them technical training in information / digital security and job readiness. Youth at risk often find it challenging to complete traditional schooling. However, the advent of the Internet has opened up doors and opportunities for trained and talented individuals to have a fulfilling career in digital security.

    In the medium-term, it is expected that the Project will prepare youth from low-income families to pursue a career path in the digital sector, by providing them the nascent knowledge and skills needed. Additionally, the communities targeted through the workshops will learn to apply good online practices, therefore contributing to their successful inclusion in the digital economy and society.

    In the long-term, this Project is expected to increase the incomes of participating youths and young adults and advance their socio-economic posture. Targeted countries will also benefit from this new pool of skilled workers in information / digital security, which will contribute to improve their level of cybersecurity capabilities. It is also expected that the communities will be digitally engaged, strengthening their local economy. Finally, the education on information / digital security will also contribute to the active and secure participation of low-income communities in the digital society, reducing the digital divide.

    Activities:
    1. Youth from low-income communities trained in information/ digital security and Job readiness
    a. 1 week trainings in Colombia, Dominican Republic, Peru and Costa Rica, 40 students/country
    b. Brightest students (40) will be divided in two groups. The first group will have access to an Entrepreneurial Accelerator Program in Spain, a one week training to empower technical people with entrepreneurial and managerial skills to fund their own cybersecurity company which will be specifically designed for them with the help of the Spanish National Institute of Cybersecurity (INCIBE). They will also participate in the Cybersecurity Summer BootCamp that will take place in Spain in July, 2018. The Summer BootCamp is a two week-long training event co-organized by the OAS Cybersecurity Program and the Spanish Cybersecurity Institute (INCIBE). This event seeks to educate and train specialists on the technical aspects of incident management in cybersecurity, as well as the latest techniques for combating cybercrime. The targeted audience includes specialists from security bodies such as state security forces and law enforcement authorities, as well as policy makers and technicians from public CERTs. The second group of talented individuals will be placed in internship opportunities in the private and public sector of their countries.
    2. Increased awareness in cybersecurity for SMEs with a Massive Open Online Course (MOOC) - FREE
    a. Online Course – 3000 participants (in Spanish) – 7 weeks

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    The following countries: Colombia, Dominican Republic, Peru and Costa Rica.
    160 economically disadvantaged youths and young adults (ages 18-25) 40 per country

    Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
    Partners:
    • Trust of the Americas
    • Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)
    • Governments of host countries
    • Universities at host countries
    Financing:
    • Citi Foundation

    Cybersecurity Program at the Inter-American Committee against Terrorism, Secretariat for Multidimensional Security.

    Gonzalo Garcia-Belenguer, [email protected] 202 370 9885
    • Fecha:  14/12/2017    Párrafos: 4
    Initiative: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).

    Brief description of initiative: El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    -Del 25 al 26 de septiembre de 2017, se celebró la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Asunción, Raraguay, en la cual se tomaron las siguientes Conclusiones y Recomendaciones:
    1. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados”;
    2. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA”;
    3. Aprobar el Informe relativo al “Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero”;
    4. Aprobar el “Estudio sobre nuevas tipologías en el lavado de dinero, específicamente en el uso de moneda virtual”;
    5. Aceptar como Organismo Observador dentro de las reuniones del GELAVEX a la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib);
    6. Aprobar la propuesta de Plan Estratégico del GELAVEX para el trienio 2018-2020;
    7. Aprobar el Plan de Trabajo 2017-2018 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX; y
    8. Aprobar las postulaciones de las delegaciones de Bolivia y Colombia a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para el período 2018-2019.

    Website: (if applicable)
    http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PYO015

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    34 Estados Miembros de la OEA

    Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
    Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y Paraguay (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).

    Organization:
    15512

    Department: SMS/DDOT

    Contact name / email / phone number:
    NELSON MENA
    202-370-5431
    [email protected]
    • Fecha:  14/12/2017    Párrafos: 4
    Initiative: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.

    Brief description of initiative:
    El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ACTIVIDADES REGIONALES:
    -Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales: Del 22 al 24 de mayo de 2017, en Bridgetown, Barbados, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 28 Fiscales y Jueces de Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago, con el objeto de ser capacitados en persecución y juzgamiento de delitos de lavado de activos.

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago.

    Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
    Financia: Canadá (ACCBP).

    Department: SMS/DDOT
    Organization: 15512

    Contact name / email / phone number:
    NELSON MENA
    202-370-5431
    [email protected]
    • Fecha:  14/12/2017    Párrafos: 4
    Initiative: Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.

    Brief description of initiative:
    Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadores estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ACTIVIDADES REGIONALES:
    a) Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación aplicadas a casos de lavado de activos: Del 16 al 18 de mayo de 2017, en Kingston, Jamaica, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 32 Fiscales e Investigadores de Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, con el objeto de ser entrenados en la utilización de técnicas especiales de investigación.
    ACTIVIDADES NACIONALES:
    b) Taller Nacional sobre Procedimientos de Auditoria Forense y Contabilidad Creativa Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos: Del 19 al 21 de junio de 2017, en Lima, Perú, se llevó a cabo este taller nacional coorganizado por el DDOT/OEA y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 32 funcionarios de la Fiscalía de la Nación, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objeto de fortalecer sus habilidades en el desarrollo de investigaciones financieras por medio de una capacitación teórico-práctica en auditoría forense y otras técnicas de investigación contable.
    c) Proyecto de Asistencia a Peru: reunión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Del 21 al 24 de agosto de 2017, en Lima, Perú, especialistas del DDOT se reunieron con miembros de COTRALAFT para asistir a las autoridades relevantes del Peru en lo que se refiere a los preparativos para la evaluación Mutua en materia de LA/FT de GAFILAT.

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, y Perú.Granadinas y Trinidad y Tobago.

    Organization:
    15512
    Contact name / email / phone number:
    SMS/DDOT
    NELSON MENA
    202-370-5431
    [email protected]
    • Fecha:  14/12/2017    Párrafos: 4
    Initiative: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.

    Brief description of initiative:
    Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ACTIVIDADES NACIONALES:

    Del 17 al 21 de abril y del 16 al 20 de octubre, ambas fechas de 2017, en Montevideo, Uruguay, el DDOT continuó apoyando a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    Uruguay

    Organization:
    15512
    Contact name / email / phone number:
    SMS/DDOT
    NELSON MENA
    202-370-5431
    [email protected]
    • Fecha:  14/12/2017    Párrafos: 4
    Initiative: Programa de Decomiso y Recuperación de Activos

    Brief description of initiative:
    El Programa de Decomiso y Recuperación de Activos ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización, recuperación y administración de activos incautados y decomisados. El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

    Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
    ACTIVIDADES REGIONALES:
    a) Reunión Regional de Profesionales en Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib): Se inició la primera fase de esta iniciativa con el objetivo de establecer una Red de Recuperación de Activos en la Región de El Caribe basada en la experiencia de las otras seis redes que existen alrededor del mundo , a través de esta reunión de expertos realizada el 15 y 16 de noviembre del 2016, en Bridgetown, Barbados. Tal reunión estuvo compuesta por expertos del Caribe en recuperación de activos (autoridades fiscales y policiales) de 32 jurisdicciones de El Caribe, junto con expertos de diferentes ARIN del mundo. La reunión fue coorganizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) y el Sistema de Seguridad Regional para el Caribe (RSS), y contó con la participación de distintas Organizaciones Internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Finalmente, se acordó crear una Red de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) y se llevaron a cabo discusiones que dejaron sugerencias acerca de la membresía, estructura y funcionamiento que debían ser incluidas en una posterior “Declaración de Intenciones”.
    b) Reunión del Grupo Directivo para el establecimiento de una Red de Recuperación de Activos de El Caribe: Continuando con el proceso para el establecimiento de (ARIN-Carib), los días 7 y 8 de febrero de 2017 en Puerto España, Trinidad y Tobago, se reunió el Comité Directivo convocado en la reunión de expertos de Bridgetown, Barbados, con la finalidad de redactar un documento que señalara las condiciones de membresía y de funcionamiento de la red, lo que constituiría la propuesta de la Declaración de Intenciones.
    c) Primera Reunión de Puntos Nacionales de Contacto de ARIN-Carib: Del 28 al 29 junio del 2017, se celebrará en Miami, Estados Unidos, la ceremonia inaugural de ARIN-Carib, coorganizada por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS). Con la adopción de una Declaración de Intenciones quedó constituida ARIN-Carib, conformada por 32 jurisdicciones de la región de El Caribe, abierta para que cualquier país u organismo intergubernamental con similares funciones u objetivos puedan optar a ser parte de la Membresía.
    d) “Taller Regional sobre Investigación de Flujos Financieros y Economías Ilícitas”: del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en Roma, Italia, coorganizado por el DDOT/OEA y la Scuola di Polizia Tributaria y la Guardia di Finanza de Italia, con el financiamiento del gobierno de Italia; en el cual participaron 35 funcionarios de policías de investigación judicial y fiscales con competencia en la investigación y procesamiento de casos de delincuencia organizada de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

    Website: (if applicable) https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/home/2015-08-11-13-42-51/noticias-del-gafic/491-objetivo-obtencion-ilicita-de-riqueza-criminal-en-el-caribe-lanzamiento-de-la-red-interinstitucional-de-recuperacion-de-activos-arin-carib

    Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
    PAISES: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.

    Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
    Financian: EEUU (INL);
    Socios estratégicos: Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS); Canadá; Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica-GAFILAT; Grupo de Accion Financiera del Caribe -GAFIC; y UNODC.

    Department:
    DDOT
    Organization:
    15512
    Contact name / email / phone number:
    SMS/DDOT
    NELSON MENA
    202-370-5431
    [email protected]
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).

    El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

    -Del 26 al 27 de mayo de 2016, se celebró la XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2015, en Lima, Perú, y por la CICAD en noviembre del mismo año en su 58º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Trujillo, Perú.

    -Del 28 al 29 de septiembre de 2016, se celebró la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Punta Cana, República Dminicana, en la cual se aprobaron los siguientes documentos:
    a) Aprobar el informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos (DDOT/LAVEX/doc.5/16);
    b) diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA (DDOT/LAVEX/doc.12/16);
    c) estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (DDOT/LAVEX/doc.3/16);
    d) estudio complementario sobre Derechos de Víctimas y Terceros de Buena Fe (DDOT/LAVEX/10/16);
    e) informe sobre el proyecto Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT (DDOT/LAVEX/doc.23/16);
    f) estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación (DDOT/LAVEX/doc.4/16); y
    g) Plan de Trabajo 2016-2017 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.

    Website:
    http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos/ge_lavadoactivos_spa.asp

    Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA

    Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y República Dominicana (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.

    El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

    ACTIVIDADES REGIONALES:
    -Del 26 al 28 de abril de 2016, en San José, Costa Rica, se realizó el “Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos”, del 26 al 28 de abril de 2016, en el que participaron alrededor de 32 funcionarios judiciales de los 5 países de Centro América y República Dominicana.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CR0912

    Beneficiaries: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

    Socios y financiamiento: Financia: Canadá (ACCBP).
    Socio Estratégico: Fiscalía General de la República de Costa Rica, y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.

    Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

    ACTIVIDADES REGIONALES:
    - Del 29 el febrero al 2 de marzo de 2015, se ejecutó el “Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación para Fiscales e Investigadores Anti-Lavado de Activos de Centro América” en Ciudad de Panamá, Panamá, con el apoyo financiero de Canadá, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales e investigadores de los 5 países de C.A. y de República Dominicana.

    - Del 4 al 7 de abril de 2016, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se realizó el “Taller Inter-Regional Especializado en Finanzas Ilícitas, y Redes Criminales y Terroristas de los Archipiélagos”, al que asistieron 13 participantes de Kiribati, Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

    -Del 14 al 17 de junio de 2016, en la ciudad de Iquique, Chile conjuntamente con CICTE se realizó el “Taller Subregional en materia de lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio”, en el cual participaron alrededor de 34 funcionarios, entre fiscales e investigadores especializados de Chile, Perú y Bolivia.

    - En Bridgetown, Barbados, del 15 al 16 de noviembre de 2016, se celebró la "Reunión de Especialistas en Recuperación de Activos del Caribe", iniciativa que se originó en el seno del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con la finalidad de crear una Red de Recuperación de Activos (ARIN-CARIB) de origen criminal. En esta reunión participaron 27 jurisdicciones del Caribe.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PA0919
    http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CL091C

    Beneficiarios: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Niaragua, Panamá, Chile, Perú y Bolivia.
    (ARIN-CARIB): Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.

    Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
    Socios estratégicos: CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), ARIN-AP (Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific), ARIN-EA (Asset Recovery Inter-Agency Network Eastern Africa), ARIN-SA (Asset Recovery Inter-Agency Network Southern Africa), ARIN-WA (Asset Recovery Inter-Agency Network Western Africa) and RRAG (Red de Recuperación de Activos de GAFILAT – for Latin America).
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.

    Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

    ACTIVIDADES NACIONALES:

    -En Montevideo, Uruguay, el DDOT participó y apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual se desarrolló durante las fechas del 16 al 20 de noviembre de 2015. Una segunda misión de seguimiento de esta asistencia técnica del FMI acompañó el DDOT entre el 7 y 11 de marzo de 2016.

    Beneficiario: Uruguay

    Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por el Fondo Monetario Internacional, y coordinada junto con el DDOT.
    • Fecha:  13/02/2017    Párrafos: -
    Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)

    El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.

    El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

    PROYECTO BIDAL:

    a) En relación a la implementación del Proyecto BIDAL en Paraguay, los días 16, 17 y 18 de noviembre de se llevó a cabo el “Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados” con el objetivo de fomentar la creación y la especialización de un organismo encargado de la administración eficiente de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial en el país; del 6 al 8 de julio del 2016, se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre las Repúblicas de Honduras y Paraguay, cuyo propósito principal consistió en que la Delegación del Honorable Congreso de Paraguay conociera a profundidad los resultados y el impacto de la aplicación de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito en Honduras. Adicionalmente, el encuentro tuvo como objetivo dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en el Proyecto BIDAL, a través de la presentación y entrega oficial de la propuesta de mejoramiento del sistema de administración de bienes incautados y decomisados a las autoridades de Paraguay en el marco a la visita a la República de Honduras, y dar por concluido dicho proyecto.

    Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
    http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp

    Beneficiarios: PAISES:
    Paraguay
    ENTIDADES:
    Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.

    Socios y financiamiento:
    BIDAL-PARAGUAY
    Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
    Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime
    The Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime was designed as a permanent mechanism of dialogue and consultation to facilitate the exchange of experiences, information, best practices, and data among key stakeholders, during the process of designing, implementing, monitoring and evaluating public policies on violence and crime prevention.

    Activities:
    To facilitate and foster the permanent dialogue among stakeholders, the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime contemplates two different and complimentary forums: virtual and in-person. There are part of the Prevention Network activities:

    - Develop a virtual platform to foster active community participation into the Network (virtual forums, chats, specialized digital library on violence and crime prevention, best practices catalogue on crime and violence prevention)
    - Develop mechanisms to compile systematic information and data to support the implementation of public policies, programs and activities related to crime and violence prevention in the Hemisphere;
    - Strengthen information flow on crime and violence prevention practices among stakeholders by information exchange through the virtual platform and a prevention of violence and crime stakeholders directory)
    - Gather prevention specialists and other stakeholders into prevention of violence and crime geared events to facilitate networking and knowledge exchange (meetings, conferences, seminars, etc)

    Beneficiaries:
    - Member States
    - Civil Society, Private Sector, Academia
    - Organization of American States

    Partnership and financing: To be financed through the specific voluntary contribution Fund created to support activities to prevent violence and crime, including the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: The Training and Certification Program for Drug and Violence Prevention, Treatment, and Rehabilitation (PROCCER)

    PROCCER is a model that provides for inter-agency, inter-institutional, and interdisciplinary organization at the national and regional levels, such that it can offer training and certification in the therapeutic intervention fields of prevention, treatment, and rehabilitation for drug dependence and drug-associated violence as well as in aspects of program organization and operation.
    The components of the PROCCER Model may be adapted and tailored to meet the needs of the specific member state or region in accordance with needs and capacity. The objective of PROCCER model implementation is to develop and strengthen the national and regional institutional and service provider capacities in intervention strategies. The increased capacity is intended to enhance the quality and efficacy of drug use and violence prevention programs, as well as programs for treating and rehabilitating drug dependency or violent criminal behaviors.

    Actividades:
    PROCCER is presently working in coordination with 23 national drug commissions of member states, 14 universities, and over 3,804 NGOS and members of civil society; and trained more than 2,300 prevention and treatment service providers from governmental and non-governmental agencies.

    - PROCCER: Training of treatment service providers in Mexico, Central America- 6, Paraguay, Dominican Republic, the Latin American Federation of Therapeutic Communities (FLACT)-19, including Brazil through the Brazilian Federation of Therapeutic Communities (FEBRACT)
    - PROCCER: Training of prevention practitioners and treatment service providers in the Caribbean- 13
    - PROCCER: National-level certification of treatment service providers in Mexico, El Salvador, and Costa Rica
    - PROCCER: Regional-level certification of prevention specialists and treatment service providers in the Caribbean
    - Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level
    -Training in the Universal Prevention Curriculum and Universal Treatment Curriculum on a hemispheric level

    Webiste: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_demanda/proccer/proccer_eng.asp

    Beneficiaries: 23 Member States: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Brazil, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, the Bahamas, Trinidad and Tobago
    Of the 23 Member States: the national drug commissions and ministries of health, GO, NGO, and civil society that offer prevention and treatment services, and citizens of member states who suffer from the disease of addiction and violence associated with drugs

    Partnership and financing: US Department of State: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)

    Government of Canada: Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP)
    In-kind contributions from OAS Member States implementing PROCCER
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: The Training and Certification Program for Drug and Violence Prevention, Treatment, and Rehabilitation (PROCCER)- Specialized Adolescent Treatment Training
    PROCCER is a model that provides for inter-agency, inter-institutional, and interdisciplinary organization at the national and regional levels, such that it can offer training and certification in the therapeutic intervention fields of prevention, treatment, and rehabilitation for drug dependence and drug-associated violence as well as in aspects of program organization and operation.
    The components of the PROCCER Model may be adapted and tailored to meet the needs of the specific member state or region in accordance with needs and capacity. The objective of PROCCER model implementation is to develop and strengthen the national and regional institutional and service provider capacities in intervention strategies. The increased capacity is intended to enhance the quality and efficacy of drug use and violence prevention programs, as well as programs for treating and rehabilitating drug dependency or violent criminal behaviors.

    PROCCER Adolescents specifically seeks to provide treatment service providers working with high-risk adolescents with the necessary competencies, skills, and attitudes to provide the specialized treatment required by such a vulnerable population.

    PROCCER- Adolescents has been implemented in the Caribbean region-- piloted in Jamaica and training is presently being offered in Trinidad and Tobago. This training curriculum has also been offered on a global level in Bangkok, Thailand to 24 participants of 19 countries who are members of the International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals.

    - Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level

    PROCCER- Adolescents has been implemented in the Caribbean region-- piloted in Jamaica and training is presently being offered in Trinidad and Tobago. This training curriculum has also been offered on a global level in Bangkok, Thailand to 24 participants of 19 countries who are members of the International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals.

    - Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level

    - Development and implementation of the PROCCER-Adolescents Regional Certification Mechanism

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_demanda/proccer/proccer_eng.asp

    Beneficiaries: 13 Caribbean OAS Member States: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize,Dominica,Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, the Bahamas, Trinidad and Tobago
    Of the 13 Member States: the national drug commissions and ministries of health, GO, NGO, and civil society that offer treatment services for high-risk adolescents; and adolescents of member states who suffer from the disease of addiction and violence associated with drugs

    Partnership and financing: US Department of State: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL), Caribbean Basin Security Initiative (CBSI)

    Government of Canada: Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP)

    In-kind contributions from OAS Member States implementing PROCCER
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Reducción de la Demanda con Enfoque de Salud Pública
    A través de la colaboración interinstitucional, se fomenta la integración multisectorial de agencias e instituciones en los países, para desarrollar políticas públicas e intervenciones con las que se pueda responder ante el reto que representan los diferentes aspectos del consumo de drogas, particularmente el impacto en la salud pública.

    Activities: • En el marco de la colaboración interinstitucional con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), se han llevado diferentes foros y talleres para favorecer la implementación de políticas públicas de Reducción de la Demanda de Drogas, con enfoque de Salud Pública.

    • En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y los Estados Miembros Centroamericanos, se han definido las funciones y competencias de los perfiles profesionales que componen el personal de salud que atiende a personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas.

    • Actualmente están en desarrollo las currículas de capacitación para los siguientes perfiles profesionales: medicina, psiquiatría, enfermería, psicología y consejería

    Beneficiaries: • Organización Panamericana de la Salud (OPS)
    • Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
    • Estados miembro: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,

    PArtnership and financing: US INL; Contribuciones financieras y en especie por los estados miembros implementando el modelo PROCCER
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: “A New Path”: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica

    “A New Path: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica” is a project implemented by the General Secretariat of the Organization of American States (GS/OAS), through its Department of Public Security (DPS), with the support of the United States Agency for International Development. The project is designed to improve the quality of, and access to, reintegration services (educational, vocational, and internship/employment opportunities), technical training (marketable technical skills, life/social skills), as well as individualized psychosocial/emotional services for juvenile remandees of both South Camp and Metcalfe correctional facilities in Jamaica. With the transfer of young men from regular/high security prisons to the Metcalfe remand center in 2011, and the transfer of young female remandees to the South Camp remand center and correctional facility for girls, in 2013, in Jamaica, there was an unprecedented opportunity to work with this vulnerable population, as well as with the staff working in these facilities, in order to avoid/reduce recidivism. Through this project, the General Secretariat of the Organization of American States (GS/OAS) seeks to contribute to reduce recidivism and, ultimately, crime and violence in Jamaica.

    To achieve the goals of the project, GS/OAS will:
    (1) prepare young women at the South Camp remand center and correctional facility with marketable technical skills, life skills, and individualized psychosocial attention to enable their successful reintegration into society;
    (2) assist releasees from South Camp and Metcalfe in accessing educational, vocational, and internship/employment opportunities after their release. This last component of the project entails the creation of an enhanced case management system –to be implemented in both centers- that will provide DPS/SMS/TRUST and the local staff of the two facilities, access to specific nuanced information on the individual level to ensure a more structured and successful integration of former juvenile remandees and offenders into society. This part of the project will engage –aside from the aforementioned staff serving in the correctional facilities- parole officers, social workers, and local civil society organizations serving young people in providing individual follow-up for each juvenile remandee and offender from South Camp and Metcalfe for six to twelve months following his/her release.

    Although the program has a nationwide impact, it will place emphasis both in Kingston, where South Camp and Metcalfe are located, as well as on regions to which the majority of juvenile remandees and charged offenders return after being released. The project was officially launched in November 2014 and is estimated to run until January 2017.

    Activities: • Carry-out a Needs Assesment evaluation to determine the nature and magnitude of existing reintegration and training programs for the girls housed at South Camp and the boys housed at Metcalfe and the interests and capacities of the youth housed at South Camp and Metcalfe; identify local implementing partners; and define monitoring and evaluation indicators
    • Design and implement a case management and case follow-up system at South Camp and Metcalfe
    • Design a standardized training curricula on Case Management techniques for trainers (NGO’s representatives, social worker and/or personnel), based on the implementation of the new case management system/software
    • Train South Camp and Metcalfe staff, NGO representatives, and/or social workers in case management, Individual/Personal Development Plans, and case follow-up techniques, for youth in juvenile detention facilities
    • Implement Reintegration, Education, and Vocational Training for Girls at South Camp
    • Implement a creative arts and communication skills curricula in South Camp (music, healing circles, creative writing and journalism, among others)
    • Organize "pitch tank" simulation events where releasees can pitch product and service ideas to a panel of external judges and develop their business ideas and plans
    • Support training, education, and internship opportunities for releasees
    • Create the public-private sector steering committee
    • Assign a case manager to each releasee in their local community shortly before his/her release

    Beneficiaries: Direct beneficiaries:
    - Two groups of juvenile remandees and charged offenders: (i) Young women in the South Camp female juvenile center and correctional facility; and (ii) Young men in the Metcalfe juvenile remand center for boys.
    - Target Remand centers and correctional facilities’ staff
    - Local Civil Society Organizations
    - Social Workers
    Indirect beneficiaries:
    - Government agencies (Department of Corrections Services, Child Development Agency)
    - University of West Indies- Social Work Department
    - Private Sector

    Partnerships and Financing: Implementing partner: Trust for the Americas (TRUST)
    Donor agency: United States Agency for International Development (USAID)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciative: Counterdrug Capacity Building Program
    To contribute to enhancing the capacity of OAS member states to effectively control narcotrafficking, to consider adopting common or compatible approaches to counter-drug activities and to improved coordination in counterdrug activities.
    The objectives are:
    - Increase awareness regarding new threats and challenges related to narcotrafficking and drug production or new investigative techniques or approaches that they might apply in whole or in part;
    - Increase capacity to respond to these threats or to apply counterdrug strategies, approaches, skills, tools/resources or programs;
    - Promote a common or compatible approach to counterdrug activities;
    - Promote cooperation and coordination in counterdrug activities and the exchange of information between agencies both nationally and internationally.

    Capacity Building Initiatives:

    1. Counterdrug Intelligence
    Officers will have increased their knowledge and competence in apply specialized techniques related to counterdrug intelligence development and analysis, through the following activities:
    - Regional Counterdrug Intelligence School of the Americas (ERCAIAD) established by CICAD
    - Strategic and operational counterdrug intelligence techniques
    - Specialized counterdrug intelligence techniques

    2- Counterdrug Law Enforcement
    Drug control officers including plain clothes and undercover have increased their knowledge and skills to safely and effectively monitor, detect, investigate and control the production, trafficking and use of illicit drugs and related contraband

    3. Control of Chemicals Used in the Production of Illicit Drugs
    Officers (police, customs, regulatory, administrative control, chemists, judges, prosecutors and others) from relevant agencies concerned with the control of chemicals will have increased their knowledge and skills in the administrative processes and specialized operational techniques to safely and effectively monitor, investigate, detect and control chemicals that can be used to produce illicit drugs. They will also understand what new chemical substances, precursors and processes are being used to produce drugs and new investigative approaches and techniques.

    4- Control of Synthetic Drugs (including Pharmaceuticals)
    Officers concerned with the control of synthetic drugs will have an increased level of awareness of this problem and the knowledge and skills in the administrative and specialized operational techniques to safely and effectively monitor, investigate, detect and otherwise control these drugs. Officers will be able to recognize the signs of clandestine laboratories, the type and how to safely investigate them. They will understand the effects of these drugs and how to recognize the signs of people under the influence of these substances

    5- Control of Narcotrafficking across International Borders
    Police, customs and other officers working at land borders, airports and marine ports will have increased their knowledge and skills to monitor, investigate, target, detect and interdict the movement of illicit drugs and related contraband. Increased awareness, knowledge and capacity will lead to more effective controls over these border points regarding drugs, chemicals and related contraband.

    6- Role of the Private Sector in Drug Control
    Private sector companies have increased their awareness of their role in controlling illicit drugs and related contraband in the distribution chain going through ports and the techniques they have to apply to prevent this from happening. More private companies will become more directly involved in securing the supply chain and the ports through which their goods pass.

    Activities:
    In the last six months the following activities were carried out by CICAD's Supply Reduction Section:
    - Regional 3-week course in strategic and operational intelligence (2 courses)
    - National 2-week seminar on specialized areas of counterdrug intelligence
    - National 1-week seminar on specialized counterdrug intelligence investigative techniques (2 seminars)
    - National 1-week seminar on street level drug dealing for regional counterdrug commanders
    - Meeting of the Group of Experts on Chemical Substances and Pharmaceutical Products
    - Meeting of Group of Experts on Maritime Narcotrafficking
    - National 1-week seminar to increase private sector involvement in port security through the Authorized Economic Operator (AEO) Programme
    - National 1-week seminar on advanced program to gather counterdrug intelligence, special Internet investigative techniques and in the use of Excel software to compile, manipulate and analyze counterdrug intelligence gathered during drug investigations
    - National 1-week seminar on the investigation of Internet sales of drugs (2 seminars)
    - National 1-week seminar on the illicit production and use of drugs
    - National 1-week seminar on chemical diversion control
    - National 1-week seminar on container control and security in collaboration with SMS/CICTE

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_oferta/default_eng.asp

    Beneficiaries: Direct Beneficiaries:
    - Officers and officials in member states responsible for controlling drugs, chemicals and related substances and for counterdrug activities.
    Indirect Beneficiaries:
    -Agencies in the countries that are responsible for policy, operational or regulatory aspects related to the control of drugs, chemicals and related substances and/or for counterdrug activities
    - All member states

    Partnerships and Financing: Narcotics Affairs Section in-country (U.S. Dept of State); Royal Canadian Mounted Police (RCMP); National Police of Colombia (DIRAN); National Police of Peru (DIRANDRO); Ameripol/CLASIP; UNODC Office in-country and Vienna; Business Alliance for Secure Commerce (BASC); Government of France (CIFAD); CARMA; French Customs in Martinique); SMS/CICTE.
    Financing: Government of United States (INL/Dept of State); Government of Canada (DFATD); in-kind contribution from countries hosting activities.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) - Sixth Evaluation Round
    The Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) is a diagnostic tool, designed by all member states of the Organization of American States (OAS), to periodically carry out comprehensive, multilateral evaluations on the implementation level of the Plan of Action of the Hemispheric Drug Strategy of member states of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD). The MEM is considered “the only valid hemispheric tool for evaluating drug control policies in the countries that make up the inter-American system.” (Declaration of Antigua Guatemala, 43rd Regular Session of the OAS General Assembly, 2013).

    Activities: In December 2014, the 34 MEM Sixth Round national evaluation reports on drug control were publicly released via the CICAD/MEM website. The reports evaluate the level of implementation of 27 standard recommendations based on the 2010 Hemispheric Drug Strategy and its Plan of Action for 2011-2015, focusing on five areas of drug control: institutional strengthening, demand reduction, supply reduction, control measures and international cooperation.

    In May 2015, the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) concluded its Sixth Evaluation Round with the publication of the Hemispheric Report for the Sixth Round. The contents of the Report highlights the findings from the 34 national evaluation reports in the aforementioned five thematic areas of drug control.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/reports/6/ronda_6_eval_eng.asp

    Beneficiaries: 34 OAS member states.

    Partnerships and Financing: Canadian Funding.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020
    The Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020 was established in November 2014 to include the participation of the 34 member states and a Chair to steer the Group. The Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) Section of the CICAD Executive Secretariat is supporting the work of this Working Group given the direct role the MEM plays in evaluating the actions taken by member states in implementing the Plan of Action.

    Activities: The Working Group is following through and in line with the mandate in the Guatemala Resolution of September 19, 2014, "requesting CICAD to draft the Plan of Action 2016 – 2020, focusing on scientific evidence, experiences and impact indicators provided by the member states regarding the causes of the world drug problem and the new challenges emerging in the region, and taking into account the contributions made by the Multilateral Evaluation Mechanism and the progress achieved by the specialized organizations as well as by other relevant sectors.”

    During April 27 - 28, 2015, in Washington, D.C., the Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020 held its first meeting to initiate in-person dialogue among delegations. The structure of the Plan was discussed and agreements were reached to continue the work. The MEM Section supported the Group's work through the creation of an online platform, providing the pertinent reference documents, translations and compiling country comments/input for the view of the delegates. In doing so, the MEM Section also worked with civil society organizations and specialized regional organizations to collect their comments and inputs to the Plan of Action 2011 - 2015 and uploading it to the online platform. Also, there were ongoing organizational and coordination conference calls and meetings held between the CICAD Executive Secretariat and the Chair in preparation of the first meeting of the Working Group and thereafter.

    Beneficiaries: 34 member states

    Partnerships and Financing: OAS Regular Fund
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Tribunales de Tratamiento como Alternativa al Encarcelamiento para Infractores Dependientes de Drogas
    Establecer y/o mejorar los tribunales de tratamiento como alternativa al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. Contribuir a la reducción del: delito, consumo, y población penitenciaria en las Américas a través del establecimiento o expansión del modelo de TTD en los Estados Miembros de la OEA.


    Actividades: -Reuniones para empezar la tercera fase del Modelo de TTD y para expandir el modelo en Adolescentes en Costa Rica, Panama y Republica Dominicana).
    -Taller sobre Integracion Social de Infractores dependientes de Drofas dentro del contexto de TTD.
    -Sensibilizaciones de la política pública generada y marco legal evaluado en los Estados Miembros que ya tienen un piloto de TTD.
    -Intercambio y visitas de estudio llevadas a cabo entre Estados Miembros participantes del programa.
    -Desarrollo curricular (incluyendo el desarrollo de herramientas básicas para la aplicación de modelos de monitoreo y evaluación para equipos de los TTD), capacitación ofrecida para dichos equipos.
    -Borrador de una publicación de una Guía de Principios y Practicas de los TTD desde una Perspectiva Judicial y una Perspectiva de Tratamiento.
    -Borrador de una Publicación de una Guía de Buenas Practicas de Monitoreo y Evaluación de los TTD.
    -Presentacion del Modelo Mexicano de Tribunales de Tratamiento de Addiciones (Analisis del Tamizaje de las Entidades Federativas, Propuesta de Protocolo de Intervencion Sanitaria y Presentacion de un modelo piloto con base en la experiencia de los Estados de Chiahuahua, Durango, Estado de Mexico, Morelos y Nuevo Leon).
    -Reuniones para la expansión del modelo de TTD a otros Estados más en México (Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Baja California), Colombia y Bahamas.
    -Implementación de TTD de Adolescentes en 3 Estados de Mexico (Morelos, Chihuahua y Nuevo León).
    -Puesta en marcha de proyectos piloto, consolidados o inaugurados (según país en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Panama, República Dominicana, y Trinidad y Tobago).

    Website: http://cicad.oas.org/main/template.asp?file=/fortalecimiento_institucional/dtca/main_spa.asp

    Beneficiarios: Instituciones e individuos: Directos: Sistemas de justicia (jueces, fiscales, abogados defensores, funcionarios de control de ejecución, personas de contacto); comisiones nacionales de drogas; agencias del cumplimiento de la ley; profesionales del ámbito de la salud (proveedores de tratamiento, trabajadores sociales); y de los ministerios de Interior y/o Seguridad Pública. Indirectos: infractores dependientes de drogas.
    Países beneficiarios: Abierto a todos los Estados miembros (actualmente trabajando con Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Bahamas, Panamá, Trinidad y Tobago, Barbados, Argentina, Chile, Belice, Colombia y Perú).

    Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
    Center for Court Innovation (CCI)
    American University (AU)
    SEGOB (Secretaria de Gobierno)
    Comisiones Nacionales de Drogas (CONADIC, SENDA)
    NADCP (National Association of Drug Court Professionals)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciative: Contribute to strengthening the quality and effectiveness of National Drug Policies in the Latin American and Caribbean Region.
    Increasing the capacity of national officials to develop, implement, monitor and evaluate National Drug Policies, Strategies and Action Plans, including the development of local strategies.

    Activities: Follow up on National Drug Strategies and Plans of Action
    Promote Horizontal Cooperation
    Provide Technical Assistance when requested by Member states

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/default_eng.asp

    Beneficiaries: National Drug Commissions of all OAS member states

    Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Legislación sobre Drogas en las Américas (LEDA)
    Se ha notado que algunos marcos legales nacionales sobre drogas y sus regulaciones subsecuentes son obsoletos o están desactualizados en cuanto a su aplicación y objetivo de reducir la producción, trafico y consumo de drogas. Como parte de su mandato de desarrollo institucional, la CICAD ha examinado la evolución de normas legales relativas a las drogas por medio de un enfoque multidisciplinaria e integrada, con el fin de fortalecer y contribuir a la armonización de las normas legales relativas a las drogas, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la Estrategia sobre Drogas de la CICAD y su Plan de Acción.

    De acuerdo con el Plan de Acción de la Estrategia sobre Drogas (2010), la Secretaria Ejecutiva tiene el mandato de publicar y mantener las normas legales de los Estados miembros relativas a las drogas. El Programa LEDA ha cumplido con este mandato y actualmente mantiene el único compendio sobre legislación conocido públicamente en materia de drogas en el hemisferio, el cual incluye una colección de las normas legales y regulaciones mas actualizadas y relevantes de los 34 miembros.

    Actividades:
    -Creación y operación de la Red Legal para todos los estados miembros (LEDANET).
    -Nueva base de datos legal interna diseñada, levantada y en uso.
    -Análisis diagnóstico realizado en 5 paises piloto.

    Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/legislations/compendiumlegislation_spa.asp

    Beneficiaries: Todos los Estados Miembros de la OEA y la sociedad civil

    Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: La reinserción de infractores dependientes de drogas, reduciendo la brecha
    Identificar y analizar la gama de alternativas de política pública que nos permiten apoyar la integración social de los infractores dependientes de drogas, comenzando en cinco Estados Miembros.

    -Diagnóstico en Panamá sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento para delitos de menor gravedad relacionados con las drogas en Panamá,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.

    -Diagnóstico en Colombia sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento en Colombia para los infractores relacionados con las drogas,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.

    -Publicación del Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con las Drogas y lanzamiento de base de datos con algunas alternativas prometedoras, las cuales fueron la base del informe presentado durante el 57 Periodo de Sesiones Ordinarias de la CICAD en Washington, DC. Objetivo: Elaborar un informe técnico sobre las alternativas existentes al encarcelamiento para los delitos relacionados con las drogas de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, tomando en cuenta los marcos normativos de cada país y los contenidos de la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción 2011-2015.

    -Compendio de alternativas al encarcelamiento e intervenciones de integración social para infractores dependientes de drogas disponibles a nivel hemisférico y global.

    -Detalle y discusión de las opciones de intervención con los estados miembros participantes.

    -Diseño de intervenciones apropiadas (proyectos piloto).

    Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/closinggap/default_spa.asp

    Beneficiarios: Perú, Panamá, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana

    Socios y financiamiento: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.
    Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.

    Actividades: -a) En San Salvador, El Salvador, del 8 al 10 de septiembre de 2015, la SE/CICAD llevó a cabo una misión de asistencia técnica a la UIF salvadoreña para la elaboración del diseño del Proceso de Certificación de Oficiales de Cumplimento, mismo que fue entregado formalmente a la UIF durante el mes de noviembre de 2014;

    b) En Lima, Perú, se realizó un “Taller Regional sobre Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs”, del 9 al 13 de febrero de 2015, en cual participaron alrededor de 32 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera procedentes de los países miembros de GAFILAT Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/fius_spa.asp

    Beneficiarios: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.

    Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por FinCEN de EEUU y el Proyecto GAFILAT/UE, y coordinada junto con la SE/CICAD.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.
    El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.

    Actividades: ACTIVIDADES REGIONALES:
    -Del 2 al 4 de diciembre de 2014, en Puerto España, Trinidad y Tobago se realizó el Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos. participaron alrededor de 39 funcionarios judiciales de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2014

    Beneficiarios: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

    Socios y financiamiento:
    Financia: EEUU (INL).
    Socio Estratégico: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    iniciativa: • Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.
    Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.

    Actividades:
    ACTIVIDADES NACIONALES
    PERU:
    -Febrero de 2015: Taller sobre Análisis Estratégico aplicados a casos de Lavado de Activos y Financiamiento de terrorismo, realizado en la ciudad de Lima.
    -Abril de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizado en las ciudades de Cusco y Lima.
    -Junio de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizados en las ciudades de Piura y Trujillo.
    ACTIVIDADES REGIONALES:
    -10 al 14 de noviembre de 2014, se ejecutó el Taller Regional “Investigación Simulada” en Asunción, Paraguay sobre un caso de Lavado de Activos y Crimen Organizado, en conjunto con UNODC-Brasil, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales, investigadores y analistas de las UIF, de Brasil, Uruguay y Paraguay.
    -Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 10 al 12 de agosto de 2015, en Miami, Estados Unidos, se realizó el “Taller Regional sobre Flujos Ilícitos y redes criminales y terroristas”.
    -Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 17 al 21 agosto de 2015, en Panamá, se realizó el “Taller Regional AML/CFT: minimizar los riesgos de las zonas libres de comercio”.
    -14-17 de abril de 2015, Taller Regional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación en Asunción, Paraguay, contando con la participación de 39 funcionarios de aplicación de la ley, entre fiscales, investigadores y analistas de UIF, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2015

    Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
    Socios estratégicos: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Gobiernos del Perú, Red de Crímenes Financieros de Estados Unidos de América (FinCEN); Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB).
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)
    El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.

    El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.

    Actividades:
    PROYECTO BIDAL-BRASIL:
    a) En el último trimestre de 2014, se después de la presentación del Proyecto ante las autoridades de Brasil, durante el mes de Agosto, se procedió a la elaboración y actualización del documento de diagnóstico situacional, el cual tiene la finalidad de servir como guía para conocer en forma precisa y detallada el sistema de incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dinero decomisado. A través del diagnóstico situacional se abordaron los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso; b) Del 13 al 15 de mayo de 2015 se presentó el resultado del Diagnóstico Situacional a las autoridades brasileñas y, simultáneamente, se ejecutó en la ciudad de Brasilia el Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”, c) Del 24 y 25 de junio de 2015 se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), en el cual participaron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero); d) La Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre y contó con la participación de veintidós funcionarios de tales instituciones; y e) durante los días 20-22 de octubre se desarrolla el Taller Regional sobre Sistemas de Decomiso en Brasilia, Brasil, con la participación de Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

    PROYECTO BIDAL-PARAGUAY
    a) Después de la suscripción del memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y las autoridades del Paraguay para la ejecución del proyecto BIDAL, los días 25 y 26 de marzo de 2015, con la participación de los representantes de las instituciones clave que harían parte del Proyecto BIDAL en el Paraguay, se presentaron en detalle cada uno de sus componentes, plan de trabajo a desarrollar y los resultados del Proyecto durante su ejecución en otros países beneficiarios; b) Los días 29 y 30 de abril de 2015, la SE/CICAD brindó a la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay asistencia técnica sobre el “Proyecto de Ley de Extinción del Dominio”; c) A partir del 1 de julio de 2015 se efectuó el levantamiento de información sobre el sistema actual de Decomiso del Paraguay para la elaboración del Diagnóstico Situacional, que fue presentado ante las autoridades nacionales los días 17 y 18 de septiembre, fechas en las que, además, se conformó el Grupo de Trabajo Inter-Institucional (GTI) de Paraguay; y d) Los días 12 y 13 de octubre de 2015, se realizaron las sesiones de la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) dentro del marco del Proyecto BIDAL, con la finalidad de elaborar una propuesta de mejoramiento del Sistema de Decomiso del Paraguay, en base al Diagnóstico Situacional realizado previamente y presentado ante las autoridades nacionales en el mes de septiembre pasado.

    Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
    http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp

    Beneficiarios: PAISES:
    Brasil y Paraguay en en el año 2015.
    ENTIDADES:
    Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.

    Socios y financiamiento: BIDAL-BRASIL:
    Financian: Brasil a través de UNODC; EEUU (INL) y Francia.
    Socos estratégicos: UNODC-Brasil; Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justiça Ministério da Justiça (coordina el Proyecto a nivel nacional).
    BIDAL-PARAGUAY
    Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
    Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).
    El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

    Actividades: -Del 19 al 20 de mayo de 2015, se celebró la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2014, en Montevideo, Uruguay, y por la CICAD en diciembre del mismo año en su 56º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Guatemala, sesión en la cual se aprobaron además importantes productos como: a) el Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembros de la OEA, realizado en el marco del Proyecto BIDAL; b) la propuesta de Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos; c) el Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes; d) el Informe Comparativo entre Planes de Trabajo, Productos Desarrollados y Contactos de Socios Estratégicos en materia ALD/CFT; y e) la Guía para la Administración de Empresas Incautadas.

    -Del 1 al 2 de octubre de 2015, se celebró la XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Lima, Perú, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: a) documento Análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita; b) documento de Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados; c) Propuesta de la SE/CICAD de conformación de un grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT); d) Guía de Investigación Patrimonial; e) Propuesta de programa sobre fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos; f) recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos; y g) Plan de Trabajo 2015-2016 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.

    Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PE0968

    Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA

    Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; SE/CICAD; EEUU (INL); Perú.
    Socio Estratégico: Super Intendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) de Perú (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Public Security Information and Knowledge Network
    The program aims at strengthening the institutional and technical capacity of Member States to produce and manage reliable data on public security.
    In collaboration with other international institutions, the Public Security Knowledge and Information Network strives for the standardization of indicators across countries to conduct valid comparative analysis and assess security issues from a regional perspective. It also seeks to raise awareness of the importance of conducting victimization surveys to complement administrative records, and support Member States in both designing a common regional questionnaire and applying victimization surveys in their own countries.
    The Public Security Knowledge and Information Network supports the design, implementation and evaluation of public security policies based on rigorous scientific evidence.
    The Network also promotes the development and sharing of national and regional public security studies in collaboration with prestigious Universities, research centers and thinks tanks; stimulates human resources development in data collection, management and analysis; and facilitates the exchange of initiatives, lessons learned and best practices regarding data management, information sharing and knowledge creation on public security.
    The Public Security Information and Knowledge Network is built upon three axis: the political axis, the management axis and the technical axis. Programmatic activities are included within the technical axis according to three areas: systems and processes, data and information gathering tools, and knowledge resources.

    Activities: Technical axis - Systems and processes
    1) Develop and implement a tool to assess current systems and processes for data gathering, processing and dissemination.
    2) Develop working plans as requested by Member States to strengthen institutional, technical and technological capacities.
    3) Draft guidelines for setting up integrated systems of security statistics and national observatories.
    4) Create a network of Observatories linked to the Hemispheric Security Observatory.

    Technical axis - Data and tools
    1) Work with Member States on the quality and standardization of a set of core indicators according to the International Crime Classification for statistical purposes and the United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems. A specific set of indicators regarding gender-based violence will also be included (paragraph 3).
    2) Work with Member States on the standardization of information gathering tools.

    Technical axis - Knowledge resources
    1) Develop directories with contact information of institutional and individual stakeholders related to public security.
    2) Develop databases with programs and project on relevant public security issues, including violence prevention, homicide reduction, among others.
    3) Create a digital library which would include the publications of the Public Security Department.
    4) Create a calendar with events related to public security.
    5) Develop a training module and a database with existing trainings and courses.

    Beneficiaries: 34 active Member States, Observatories (regional, national and local), universities, think tanks, NGOs, international and regional organizations, journalists.

    Partnerships and Financing: Within the management axis, there will be a management board composed of regional and international organizations. In addition, within the technical axis, particularly as part of the knowledge resources, the Network will create communities of practice linking together governmental and non-governmental specialists and practitioners.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  06/05/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1, 9
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 4
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 3
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 3
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 5, 9
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1, 5
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 1, 5
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  30/05/2013    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  30/05/2013    Párrafos: 6
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  30/05/2013    Párrafos: 7
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  08/11/2012    Párrafos: 4
    Iniciativa:
    Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional

    Descripción:
    El Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional se basa en dos pilares básicos, uno técnico político y un pilar de funcionamiento, los mismos que harán uso de las actuales disposiciones internacionales, regionales y subregionales.

    Actividades:
    • Crear una Comisión Interamericana de la Delincuencia Organizada Transnacional (CIDOT) dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un órgano técnico y político que promueva los esfuerzos contra la delincuencia organizada transnacional.
    • Utilizar la red Hemisférica de la OEA para la el intercambio de información para la Asistencia Mutua en materia penal y extradición, y fortalecer los vínculos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas y actividades.
    • Crear un Centro de Coordinación contra la delincuencia organizada transnacional independiente con estructura propia que fomente y facilite el intercambio amplio y sistemático de información estratégica, táctica y operativa en las áreas de inteligencia, investigación y enjuiciamiento y que desarrolle productos estratégicos que faciliten el proceso de toma de decisiones, tales como evaluaciones de amenazas criminales y mapas geo-referenciados.
    • Fecha:  08/11/2012    Párrafos: 8
    Iniciativa:
    Políticas de Drogas en el Hemisferio

    Descripción:
    “Los mandatarios del hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin.” indico el Presidente de Colombia, Juan Manual Santos en su declaración, tras la clausura de la Sexta Cumbre de las Américas.

    Actividades:
    • Informe analítico: Un análisis exhaustivo sobre las políticas sobre drogas que se aplican en las Américas que destaca las fortalezas, los éxitos, las debilidades y los desafíos actuales y futuros.
    • Informe de escenarios: En base a las conclusiones del informe analítico, el informe de escenarios generará un dialogo estratégico y riguroso que establecerá un catalogo completo de opciones alrededor del problema de las drogas en la región y sus implicaciones económicas, sociales, de salud, políticas financieras, comerciales, se seguridad, ambientales, internacionales y gubernamentales.
    • Publicación de los informes: Abril de 2013.

    Alianzas:
    Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), Organización Panamericana de la Salud, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Banco de Desarrollo de América Latina
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 72
    La agencia de la OEA para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) aprobó su Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, culminando de ese modo una revisión integral de los lineamientos de los programas nacionales, la cooperación regional y el consenso de política sobre asuntos relacionados con las drogas. La Comisión empezó a redactar un plan de acción que explica los lineamientos de la Estrategia con recomendaciones más específicas en cuanto a las políticas y programas prioritarios a nivel nacional y regional, cuya implementación debería ser medible y alcanzable durante un período determinado de tiempo. La Comisión también encomendó tareas para la SSM en apoyo a los Estados Miembros. Este esfuerzo representa la revaluación más importante en materia de fiscalización de drogas en los últimos 15 años.
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 74
    En el 2010 – 2011, la OEA y el Fondo para las Américas continuaron con la implementación del Proyecto “Armando Paz: Construcción de una cultura de paz con los jóvenes en Centro América a través de los medios, el arte y el diálogo social” en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Las actividades del proyecto incluyeron cinco talleres de fortalecimiento institucional que beneficiaron a 120 organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones gubernamentales que trabajan con juventud; cuatro foros nacionales que promovieron el diálogo entre jóvenes, representantes del sector privado y gobierno; y, el lanzamiento de la competencia de sub-donaciones “Reto Pacífico.” El objetivo de la competencia fue animar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá a presentar propuestas para abordar con una perspectiva innovadora y creativa los problemas que son identificados como factores causales de la violencia y la inseguridad en sus comunidades. La convocatoria concluyo el 15 de abril con la presentación de 97 propuestas de proyectos, 72% de las cuales fueron presentadas por jóvenes entre 18 y 26 años.
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 69
    En 2010, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) de la OEA llevó a cabo 114 eventos de asistencia técnica, en los que 3.505 participantes recibieron capacitación en las áreas de: Controles fronterizos, Protección de infraestructura crítica, Asistencia legislativa y lucha el terrorismo. La SSM también ha expandido sus alianzas con organizaciones internacionales y multilaterales.
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 75
    La OEA sigue promoviendo el marcaje y rastreo de armas de fuego y la gestión de arsenales en las Américas, como una forma de apoyar el desarrollo de capacidad en los Estados Miembros. La OEA también está al frente de garantizar que nuestros ciudadanos estén protegidos y se sientan seguros a través de mecanismos y programas que promueven la transparencia en la adquisición de armas convencionales, la aplicación de medidas de fomento de la confianza y la seguridad, y la educación para la paz y el desarme, dirigidas a reducir los gastos militares para incrementar el desarrollo.
    • Recursos Relacionados
    • OAS Website
  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
    • Reportes
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    En las últimas dos décadas, el BID ha apoyado los esfuerzos de los países en el ámbito de la seguridad ciudadana y la justicia. Actualmente, la cartera de préstamos del BID incluye más de 19 proyectos en implementación en 15 países, los cuales suman una inversión total de aproximadamente $ 750 millones de dólares.

    Además de sus instrumentos de crédito tradicionales, el BID a través del Fondo de Seguridad Ciudadana (CSF, por sus siglas en inglés), ofrece a los países de la región un mecanismo único de concesión de subvenciones dedicado específicamente a (i) la generación y difusión de datos sobre la delincuencia y la violencia; (ii) el fortalecimiento de la capacidad de las entidades institucionales para gestionar y evaluar políticas públicas de seguridad ciudadana; y, (iii) promover el diálogo y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Las contribuciones totales del CSF, entre el 2012 y 2015, suman $ 26.9 millones de dólares, los cuales han financiado un total de 61 proyectos.

    Entre otros logros, el CSF ha mejorado la calidad y disponibilidad de las estadísticas sobre la delincuencia y la violencia contra las mujeres, fomentado la innovación en la gestión de establecimientos penitenciarios, generado nuevo conocimiento sobre la seguridad cibernética, y avanzado en temas de cooperación regional y diálogo relacionado con temas de seguridad ciudadana y lecciones aprendidas.
    • Recursos Relacionados
    • Iniciativas - Seguridad 2014
  • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
    • Reportes
    • Fecha:  28/04/2014    Párrafos: 2, 3, 6
    Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG)
    En el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Ecuador, 2007), los países de América Latina y el Caribe solicitaron “la creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género”. El Observatorio de igualdad de género de América latina y el Caribe (OIG), creado en 2009, ha sido reconocido por los gobiernos en ocasión de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Brasilia, 2010) y en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 2013), como una herramienta de gran utilidad para la definición de políticas públicas de igualdad de género, que permite contar con datos comparables actualizados y que es útil para el desarrollo de procesos formativos. Actuando como un puente entre usuarios y productores de estadísticas de género, el OIG brinda asesoría técnica para apoyar la capacidad institucional y estadística de los países de la región, y presenta indicadores estratégicos compatibles con los indicadores ODM y de seguimiento de la CEDAW, que permiten analizar la evolución de las principales áreas de desigualdad entre hombre y mujeres. El OIG se articula en torno a tres pilares necesarios para mejorar la vida de las mujeres: la autonomía física (que abarca el respeto a los derechos reproductivos y la violencia de género), la autonomía económica (referida a la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres y considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía) y la autonomía en la toma de decisiones (entendida como la presencia en los distintos niveles de los poderes del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena).

    Actividades:
    Desde el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, dentro del ámbito de la autonomía física de las mujeres se han generado espacios de interlocución interinstitucional, para el mejoramiento de registros administrativos de denuncias, procedimientos y sentencias en el área de violencia doméstica, sexual, femicidio, entre otras. Para avanzar en esta área se ha dado seguimiento al Seminario sobre Registros Administrativos de homicidios de mujeres, realizado con Fiscales generales el año 2011, generándose a partir de esto asistencia técnica con representantes del sector justicia de los países (Argentina, Nicaragua), para contar con registros únicos y avanzar en la producción de cifras oficiales de violencia. Se ha construido un indicador de "muerte de mujeres por pareja íntima o ex pareja íntima" que ha logrado contar con información de 16 países, avanzando de esta manera en insumos para investigar estos fenómenos y que los países posean información para tomar decisiones de políticas.
    En la actualidad el observatorio está explorando el desarrollo de nuevos indicadores, publica la serie “Nota para la igualdad” que abordan análisis sobre las autonomías en base a datos del observatorio.
    Por último, cabe destacar que el Informe del OIG 2013-2014 abordará el tema de la violencia contra las mujeres y será publicado en el mes de octubre.

    Beneficiarios:
    Mecanismos para el Adelanto de la mujer de la región, organismos del sector justicia en relación a las mujeres que viven situaciones de violencia de género.

    Socios y financiamiento:
    Organismos socios del OIG (UNFPA, ONU Mujeres, OPS, SEGIB y AECID) y trabajo conjunto con los gobiernos de la región.

    http://www.cepal.org/oig/
    • Fecha:  06/06/2013    Párrafos: 2, 3, 6
    Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG)
    En el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Ecuador, 2007), los países de América Latina y el Caribe solicitaron “la creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género”. El Observatorio de igualdad de género de América latina y el Caribe (OIG), creado en 2009, ha sido reconocido por los gobiernos en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer realizada en Brasilia el 2010, como una herramienta de gran utilidad para la definición de políticas públicas de igualdad de género, que permite contar con datos comparables actualizados y que es útil para el desarrollo de procesos formativos. Actuando como un puente entre usuarios y productores de estadísticas de género, el OIG brinda asesoría técnica para apoyar la capacidad institucional y estadística en la región, y establece un grupo mínimo de indicadores estratégicos compatibles con los indicadores ODM y de seguimiento de la CEDAW, que permiten analizar la evolución de las principales áreas de desigualdad entre hombres y mujeres. El OIG se articula en torno a tres pilares necesarios para mejorar la vida de las mujeres, los que están estrechamente vinculados: la autonomía física (que abarca el respeto a los derechos reproductivos y la violencia de género), la autonomía económica (referida a la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres y considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía) y en la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres (entendida como la presencia en los distintos niveles de los poderes del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena).

    Actividades:
    Desde el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, dentro del ámbito de la autonomía física de las mujeres se han generado espacios de interlocución interinstitucional, para el mejoramiento de registros administrativos de denuncias, procedimientos y sentencias en el área de violencia doméstica, sexual, femicidio, entre otras. Para avanzar en esta área se ha dado seguimiento al Seminario sobre Registros Administrativos de homicidios de mujeres, realizado con Fiscales generales el año 2011, generándose a partir de esto asistencia técnica con representantes del sector justicia de los países (Argentina, Nicaragua), para contar con registros únicos y avanzar en la producción de cifras oficiales de violencia. Se ha construido un indicador de "muerte de mujeres por pareja íntima o ex pareja íntima" que ha logrado contar con información de 16 países, avanzando de esta manera en insumos para investigar estos fenómenos y que los países posean información para tomar decisiones de políticas.

    Beneficiarios:
    Mecanismos de Adelanto de la mujer de la región, organismos del sector justicia en relación a las mujeres que viven situaciones de violencia de género.

    Socios y Financiación:
    Organismos socios del OIG (UNFPA, ONU Mujeres, OPS, SEGIB y AECID) y trabajo conjunto con los gobiernos de la región.

    Website:
    http://www.cepal.org/oig/
  • Organización Panamericana de la Salud (OPS)
    • Reportes
    • Fecha:  08/10/2015    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  28/04/2014    Párrafos: 1
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  28/04/2014    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
  • Banco Mundial
    • Reportes
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 4
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 2
    Solutions to Violence Network (RESOL-V)
    On initiative of the World Bank, a regional network, RESOL-V, was created which brings together authorities and experts from different sectors (governments, academia, private sector, international organizations and civil society) to jointly design and implement solutions to citizen security challenges. The initiative promotes the ongoing exchange of ideas for addressing citizen insecurity across the region and aims to strengthen the capacity of Central American institutions to conduct evidence-based policymaking.

    Activities:
    RESOL-V facilitates the generation, translation, assessment, and use of evidence for crime prevention policy and programming, and builds the capacity of institutions to carry out more effective programming. By connecting and strengthening centers of expertise in Central America and linking them to decision-makers and practitioners, it promotes the use of evidence-based approaches to citizen security in the region. The primary audience for RESOL-V includes mayors and their technical teams, officials of line ministries, the private sector, and academics and professionals involved in violence prevention and citizen security.

    Beneficiaries: Populations of Central American States

    Partners and financing: State- and Peace-Building Multi Donor Trust Fund, Governments of SICA
    • Fecha:  29/04/2014    Párrafos: 2
    Información disponible en inglés
  • Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
    N/A
  • Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
    • Reportes
    • Fecha:  28/04/2014    Párrafos: 4
    Promoción de nuevas políticas públicas para el control y la prevención de la inseguridad ciudadana
    CAF promueve el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de nuevas políticas públicas de seguridad ciudadana, a través de un manejo adecuado de la información, uso de tecnologías, programas de prevención y el diseño de nuevos mecanismos de policía comunitaria.

    Actividades: Se desarrollan operaciones de crédito y de cooperación técnica en materia de uso las tecnologías de seguridad, infraestructura para la seguridad ciudadana, apoyo al fortalecimiento institucional de los sistemas de control, nuevo abordaje en el diseño e implantación de políticas públicas, diseño de políticas de prevención y trabajo con jóvenes vulnerables a la violencia en varias dimensiones.

    Beneficiarios: Países accionistas de CAF
    • Fecha:  05/02/2013    Párrafos: 4
    Inciativa: Promoción de nuevas políticas públicas para el control y la prevención de la inseguridad ciudadana
    Mediante varios proyectos de cooperación técnica y operaciones de crédito, CAF promueve el diseño, implantación, evaluación y monitoreo de nuevas políticas públicas de seguridad ciudadana, a través de un manejo adecuado de la información, la opción por programas de prevención y el diseño de nuevos mecanismos de policía comunitaria y barrial.
    Igualmente, se aborda la relación con los medios de comunicación, inseguridad y violencia, de manera de buscar mecanismos constructivos de cooperación y complementación.

    Actividades:
    Creación de observatorios de seguridad ciudadana.
    • Creación de nuevos cuerpos de policía comunitaria.
    • Diseño de políticas de prevención.
    • Creación de espacios de debate sobre la relación medios de comunicación / violencia.

    Beneficiarios:
    Argentina, Perú, Brasil, iniciativas regionales.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 71
    La CAF ha creado un Programa de Seguridad Ciudadana orientado a fortalecer al Estado y sus instituciones en sus capacidades de gestión integral de la seguridad ciudadana, mediante un mejor conocimiento del problema y el apoyo y asistencia técnica a los países accionistas.
    • Recursos Relacionados
    • CAF's Website
  • Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
    • Reportes
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    El BCIE ha venido apoyando a los países del SICA en sus esfuerzos por mejorar la seguridad de la región y ha venido acompañando la implementación de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA). En el marco del apoyo del BCIE a la ESCA aprobó el Programa Integral de Seguridad de Belice que consiste en la rehabilitación de obras civiles existentes, construcción de nuevas obras y dotación de equipamiento de las instituciones responsables de la seguridad nacional de Belice: Defensa Nacional (BDF), Departamento de Policía (BPD), Guardia Costera (BCG) y el Servicio Nacional de Ciencias Forenses (NFSS). Asimismo, el BCIE financia en El Salvador el Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES), el cual contempla la rehabilitación y readecuación de obras civiles existentes, construcción de nuevas obras y dotación de equipamiento policial básico y especializado para la Policía Nacional Civil (PNC), con el objeto fortalecer sus operaciones, aumentar la cobertura de servicios de seguridad ciudadana y reducir los índices de delincuencia y violencia a través del mejoramiento de su capacidad operativa y de respuesta.
    • Fecha:  03/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa Integral de Seguridad de Belice
    El Programa Integral de Seguridad de Belice consiste en el desarrollo de acciones encaminadas a la rehabilitación de obras civiles existentes, construcción de nuevas obras y dotación de equipamiento de las instituciones responsables de la seguridad nacional de Belice: Defensa Nacional (BDF), Departamento de Policía (BPD), Guardia Costera (BCG) y el Servicio Nacional de Ciencias Forenses (NFSS), todo lo anterior con el objeto de asegurar un servicio eficiente bajo un enfoque de mejora de desempeño de acuerdo a sus funciones. El ámbito de acción de las instituciones beneficiarias del Programa es a nivel nacional, incluyendo el espacio marítimo de Belice. En el caso de la Guardia Costera, las intervenciones se llevarán a cabo en la Ciudad de Belice mientras que en el caso del Servicio Nacional de Ciencias Forenses se llevarán a cabo en Ladyville, en ambos casos en el Distrito de Belice. Las intervenciones ligadas al Departamento de Policía abarcan un área más amplia incluyendo las poblaciones de Belmopán y Santa Elena en el Distrito Cayo; San Narciso, La Libertad y San Pedro en el Distrito de Corozal; y Ciudad de Belice, Ladyville y La Democracia (Distrito de Belice). Por último, las intervenciones ligadas a la Defensa Nacional se llevarán a cabo en Ladyville, Punta Gorda (Distrito de Toledo) y en el Distrito de Orange Walk.
    La inversion total del programa es de US$30,000 miles, financiados 100% por el BCIE.

    Actividades: Pre-inversión: Representa el 3.7% del monto total del Programa y consiste en las inversiones a realizar para el desarrollo de los estudios de ingeniería y diseño final de las obras de infraestructura. Los estudios de ingeniería comprenderán según el tipo de obra los siguientes: Estudio Topográfico de Terrenos, Estudio Geológico y de Amenaza Sísmica, Estudio de Riesgos y Amenazas, Estudio Hidrogeológico, Diagnóstico Ambiental, Programa de Gestión Ambiental, Estudio de Suelos, Levantamiento de Deterioros y Diagnóstico de las Obras Existentes a Rehabilitar o Reparar. Con respecto a los trabajos de diseño, se desarrollarán dependiendo del tipo de obra los siguientes productos: Diseño Arquitectónico, Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Climatización, Especificaciones Técnicas, Planos Constructivos y Presupuesto Final de las Obras. Asimismo, contempla el diseño final del equipamiento del Departamento de Policía, en específico del sistema de vigilancia policial completo que incluye el sistema 911 de la ciudad de Belice.

    Inversión en Infraestructura y Equipamiento: Este componente comprende la ejecución de las obras de infraestructura, la adquisición e instalación de equipos y mobiliarios según las prioridades identificadas por las instituciones adscritas al Ministerio de Seguridad Nacional, lo cual permitirá ejercer de manera más eficiente sus funciones. La inversión en infraestructura se estima en US$11,731.5 miles y la inversión en equipamiento en US$13,462.9 miles. El monto global de éste componente asciende a US$25,194.3 miles y representa el 84.0% del monto total del Programa.
    Supervisión e Inspectoría: El monto global del componente de Supervisión e Inspectoría asciende a US$1,055.8 miles y representa el 9.0% del monto asignado al rubro de Infraestructura. La finalidad de este componente es asegurar la optimización en el uso de los recursos del BCIE en cuanto al cumplimiento de los alcances y objetivos del Programa, llevando a cabo un control técnico, financiero, y de avance físico a fin de que las obras se realicen en el tiempo estipulado en el contrato, y con la calidad requerida en los planos y especificaciones técnicas de la ingeniería de detalle. Para este fin, se ha considerado un esquema de supervisión de obra que incluye equipos conformados por Consultores Individuales y Empresas de Supervisión de acuerdo a la complejidad de cada proyecto .
    Unidad Ejecutora: Corresponde a la contratación de los consultores externos que conformarán la Unidad Ejecutora que se establecerá específicamente para el Programa. Dicha unidad será la responsable directa de la administración, monitoreo y seguimiento del mismo. Asimismo, la Unidad Ejecutora tendrá una función de coordinación y enlace entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las cuatro instituciones adscritas al mismo que serán beneficiarias del Programa.

    Beneficiarios: Gobierno de Belice, a través del Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico.
    El Programa tendrá un impacto positivo directo sobre la totalidad de la población de Belice y en el caso particular de las inversiones relacionadas al Departamento de Policía y de la Defensa Nacional un impacto específico sobre poblaciones localizadas en diferente distritos del país que totalizan un estimado de 128,587 habitantes.

    Socios y financiamiento: Central American Bank for Economic Integration
    • Fecha:  03/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES)
    El Programa consiste en el desarrollo de acciones encaminadas a la rehabilitación y readecuación de obras civiles existentes, construcción de nuevas obras y dotación de equipamiento policial básico y especializado para la PNC, con el objeto fortalecer sus operaciones, aumentar la cobertura de servicios de seguridad ciudadana y, reducir los índices de delincuencia y violencia a través del mejoramiento de su capacidad operativa y de respuesta. El área de influencia son 25 municipios, con mayor incidencia en el de San Salvador.
    La inversión total es de US$100,000 miles, a ser financiado 100% por el BCIE

    Actividades:
    Inversión: Este componente comprende la ejecución de las obras de infraestructura con su equipamiento básico necesario para el adecuado funcionamiento de las mismas, equipos de transporte policial, equipamiento de talleres, equipo de telecomunicación, modernización tecnológica, capacitaciones y la adquisición de equipo y software técnico especializado para la investigación del delito, según las prioridades identificadas por las dependencias beneficiarias de la PNC; lo cual permitirá ejercer de manera más eficiente sus funciones. La inversión en infraestructura se estima en US$28,484.7 miles, y la inversión en equipamiento en US$59,193.1 miles. El monto global de este componente asciende a US$87,677.8 miles, y representa el 87.7% del monto total del Programa.
    Supervisión: El monto global del componente Supervisión asciende a US$3,278.0 miles, y representa el 3.3% del monto total del programa. La finalidad de este componente es asegurar la optimización en el uso de los recursos del BCIE en cuanto al cumplimiento de los alcances y objetivos del programa, llevando a cabo un control técnico, financiero y de avance físico a fin de que las obras se realicen en el tiempo estipulado en los contratos, y con la calidad requerida en las especificaciones técnicas y planos de la ingeniería de detalle. Para este fin, se ha considerado la contratación de empresas que realizarán la labor de supervisión técnica sobre la ejecución de los proyectos.
    Administración - Unidad Ejecutora: Corresponde a la contratación de los consultores externos que conformarán la Unidad Ejecutora que se establecerá específicamente para el PESCES. Dicha unidad será la responsable directa de la administración, monitoreo y seguimiento del mismo. Asimismo, la Unidad Ejecutora tendrá dependencia directa de la Dirección General de la PNC y se coordinará estrechamente con la Subdirección Administrativa. El monto global de este componente asciende a US$1,500.0 miles, y representa el 1.5% de la inversión total del programa.

    Beneficiarios: Republica de El Salvador a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) por medio de la
    Policía Nacional Civil (PNC). L apoblacion beneficiaria es toda la poblacion de la república por cuanto la seguridad afecta la productividad, competitividad y el pleno desarrollo humano de sus habitantes. Adicionalmente se preve la generación 2,665 de empleos temporales (53% para mujeres).

    Socios y financiamiento: Central American Bank for Economic Integration
    • Fecha:  25/07/2013    Párrafos: 8
    PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE EL SALVADOR
    El Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en la República de El Salvador, comprende cinco proyectos de infraestructura y equipamiento que tienen por objetivo aumentar la capacidad instalada del sistema penitenciario del país en 13,380 nuevos espacios para privados de libertad, logrando así disminuir el índice de hacinamiento, actualmente de 218% de los centros penales que permita mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones penitenciarias.

    El Programa será desarrollado en dos fases, en función de la etapa de maduración en que se encuentran actualmente los proyectos:
    • La fase I comprende los proyectos que están listos para ejecutar: 1. Obras Complementarias para finalizar el Centro Penal Izalco III y 2. Adquisición de Sistema de Brazaletes Electrónicos.
    • La fase II comprende tres proyectos que se encuentran en etapa de preinversión: 3. Ampliación de Centro Penal de Izalco, 4. Complejo Penitenciario El Divisadero y 5. Readecuación de Granjas Penitenciarias.

    Actividades:
    Construcción de Obras: Este componente financiará la ejecución física de los proyectos del programa de acuerdo a la descripción de la operación: (1) Finalización del Centro Penal de Izalco Fase III, (2) Ampliación del Centro Penal de Izalco (Izalco Fase II), (3) Complejo Penitenciario El Divisadero y (4) Tres Granjas Penitenciarias: Izalco, Santa Ana y Zacatecoluca. Con excepción de la finalización del centro penal de Izalco Fase III, todos los proyectos, deberán ser diseñados en el marco del programa.

    Supervisión de Obras: Es la actividad profesional que ejerce una empresa consultora, contratada para llevar el control técnico a fin de que las obras mencionadas en el componente de construcción, se ejecuten en el tiempo estipulado en el contrato y con la calidad requerida en los planos y especificaciones técnicas.

    Equipo y Mobiliario: Este componente incluye el equipamiento de los centros penales para que estos sean funcionales (mobiliario, sistemas de vigilancia, escáners, lectores, entre otros) y la adquisición del software. Incluye el componente de “Adquisición del Sistema de Brazaletes Electrónicos”.

    Pre-inversión: Este componente será financiado en su totalidad por el MJSP, en esta fase, los proyectos serán estudiados, analizados y diseñados con el objetivo de obtener la información necesaria para su construcción. Esta fase implicará la realización del análisis técnico y económico de las alternativas de inversión y el diseño de la alternativa seleccionada hasta llegar a informes finales de diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas particulares y generales y finalmente las bases sobre las cuales se harán los procesos licitatorios para la ejecución física de las obras.

    Unidad Ejecutora: La Unidad estará conformada específicamente para este Programa y tendrá como objetivo fundamental la administración, ejecución y seguimiento eficiente de los proyectos enmarcados en el mismo. Este componente contempla la contratación de los consultores específicamente contratados para el Programa y conformar así el personal requerido para la operación la Unidad, así como la dotación del mobiliario, equipo y demás condiciones necesarias. Dicho personal no forma parte de la planilla de empleados del organismo ejecutor (MJSP) y estará conformada por consultores contratados específicamente para atender este Programa durante el período de ejecución del mismo, razón por la cual ello no constituye y/o representa gasto corriente o administrativo del Gobierno de la República de El Salvador.

    Beneficiarios:
    Los beneficiarios directos de la ejecución de este programa serán los 25,730 privados de libertad que habitan los 22 centros penales del país y 2 granjas penitenciarias, ya que de ellos 13,380, serán reubicados a las nuevas instalaciones. Se considera además como beneficiarios indirectos de este Programa a los familiares de los internos del sistema penitenciario y a la población de El Salvador en general.

    Socios:
    Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Gobierno de El Salvador
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    SEGURIDAD CIUDADANA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSACIONAL
    El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su calidad de institución del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y principal fuente de financiamiento multilateral de los países de la región, ha expresado su total y decidido respaldo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. En tal sentido, como parte de la ESCA, el BCIE administra el Componente de Lavado de Activos del Plan de Apoyo BCIE – SICA – Italia. Asimismo, en el año 2012 aprobó un financiamiento para el Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador con un aporte de US$71 millones para dar cobertura a más de 13,000 nuevos espacios y con ello disminuir el índice de hacinamiento que actualmente supera el 200%.
    Asimismo, en agosto del año 2012 el BCIE, mediante la Secretaría General del SICA, presentó ante los países del SICA una oferta de financiamiento de diversos componentes (especialmente los de infraestructura) de 7 proyectos que conforman la ESCA en base un análisis que se realizó de los perfiles de proyectos ya desarrollados.
    • Fecha:  05/11/2012    Párrafos: 2
    Iniciativa:
    Fortalecer e impulsar la cooperación subregional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones.

    Descripción:
    La Estrategia Institucional del BCIE 2010-2014 comprende lo siguiente: Competitividad con Integración y Desarrollo Social se propone elevar el impacto del BCIE en el desarrollo, apoyar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y contribuir a la reactivación económica de Centroamérica después de la crisis internacional. En este sentido, se plantea orientar el quehacer institucional del período mediante los siguientes Ejes Estratégicos: Desarrollo Social, Competitividad e Integración Regional. Dichos ejes estarán vinculados entre sí por el Eje Transversal de Sostenibilidad Ambiental. De los Ejes Estratégicos se derivan Áreas de Focalización que están con-formadas por aquellos sectores o grupos meta en que, por razones estratégicas, se espera que al asignarle recursos se estará impactando en los Objetivos Estratégicos considerados en los ejes. De esta forma, el BCIE focalizará y priorizará sus esfuerzos en el quinquenio 2010-2014.

    En cuanto al tema de Seguridad, el 29 de junio del 2007, en la IX Reunión de los Jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo de Diálogo Político y de Concertación de Tuxtla, los Mandatarios reiteraron el compromiso de fortalecer la compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado, para lo cual han emprendido esfuerzos concretos a través de la creación de canales seguros para el intercambio de información y estrategias que contribuyan a cerrar el paso a la delincuencia y el terrorismo internacional.

    El 02 de diciembre del 2007, en la XXXl Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros del SICA adoptaron la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que tiene por objetivo establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la región centroamericana la seguridad de las personas y sus bienes que permita alcanzar los objetivos de desarrollo humano. La Estrategia de Seguridad de Centroamerica es el instrumento básico que, desde una perspectiva integral aspira a orientar las acciones coordinadas que en materia de seguridad adopten los países de la región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

    Actividades:
    En el marco de la Estrategia de Seguridad, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, presentó al BCIE 22 posibles proyectos de los cuales priorizaron 8 proyectos base para iniciar el proceso de negociación con la cooperación internacional. El BCIE previo a un análisis preliminar sobre la viabilidad y factibilidad, estaría financiando en forma directa a cada país en congruencia con los ejes de la Estrategia de Seguridad y del BCIE.

    Por otro lado BCIE en el 2010 autorizó el otorgamiento de una cooperación financiera bajo la modalidad no reembolsable con cargo al Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC). Los recursos de esta cooperación serían utilizados exclusivamente para financiar la ejecución del “Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamericana”. Dicho plan está conformado por los siguientes componentes: § Componente I: Combate al Crimen Organizado y Lucha Contra la Corrupción y § Componente II: Prevención al Lavado de Activos.

    El BCIE tiene una importante trayectoria en apoyo al fortalecimiento de la seguridad global, en particular sobre el tema de seguridad financiera y el lavado de activos en la Región. Como Organismo Multilateral aglutinante de las instituciones financieras centroamericanas de la región, el BCIE ha tenido un papel determinante en materia de prevención y control del lavado de activos, no sólo promoviendo procesos de concientización y autorregulación, sino también estableciendo programas de capacitación conjuntamente con otras organizaciones financieras latinoamericanas y realizando esfuerzos para que las instituciones públicas y privadas involucradas en la cadena de prevención implementen mejores prácticas en la materia, además de coadyuvar y generar los mecanismos para evitar que las mismas sean utilizadas para ocultar y legitimar los recursos provenientes de actividades ilícitas.

    En el contexto del "Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica”, el BCIE administra e implementa el Componente II destinado a la prevención y control de lavado de activos, con el propósito de contribuir a la estabilidad de los sistemas financieros de la región mediante el fortalecimiento de los procedimientos y mecanismos de prevención de lavado de activos, de acuerdo con las necesidades de cada país dentro del marco de su legislación vigente y tomando en consideración los estándares internacionales y la experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y las mafias.

    Beneficiarios:
    Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice.
    Sectores Públicos y Privados.

    Alianzas:
    Se determinarán una vez que la Comisión de Seguridad negocie con los cooperantes que forman parte del Grupo de Países Amigos y Organismos Internacionales, que estén interesados en financiar los proyectos previamente identificados por la SG-SICA.
  • Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
    N/A
  • Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
    • Reportes
    • Fecha:  22/03/2018    Párrafos: -
    One of the main evidence gaps on migration issues in Central America relates to the limited knowledge available on the magnitude and characteristics of human trafficking undertaken by juvenile criminal gangs, mostly in prejudice of girls and children. IOM supported different initiatives implemented
    in Mexico to prevent and combat human trafficking, involving various sectors of the Government at the Federal and State levels, including the judicial sector, the Secretariat of Human Rights and Intersecretarial Commissions, the Secretariat for Foreign Relations and the Prosecutor’s Office. IOM also strengthened government agencies’ capacities in Nicaragua to prevent and combat violence against women, and in particular human trafficking. IOM also conducted work in South America to improve the regions ability to combat human trafficking. In Argentina, IOM worked closely with the National Committee against Human Trafficking to strengthen its capacity. Also, IOM provided technical assistance in designing and implementing migration management procedures to Ecuador’s Ministry of Interior and other institutions to improve border management and prevent human trafficking and migrant smuggling.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 70
    La OIM se ha asociado con la sociedad civil, los gobiernos y organizaciones internacionales, incluida la OEA, para combatir la trata de personas mediante la implementación de docenas de proyectos en las Américas. Estos esfuerzos se centran en la creación y fortalecimiento de la capacidad de los países para abordar más adecuadamente los distintos desafíos que plantea la trata de personas, con un enfoque cada vez más centrado en la víctima. La asistencia a los gobiernos ha incluido la formulación y fortalecimiento de legislación integral, y el establecimiento de la infraestructura necesaria, tales como instrumentos de financiamiento para el regreso de emergencia y asistencia para la reintegración de las víctimas de la trata.

    Los proyectos de la OIM en materia de lucha contra la trata de personas incluyen la realización de investigaciones, campañas de concienciación, y capacitación para jueces, policías y fiscales sobre técnicas de investigación e identificación de las víctimas. La OIM ha apoyado recientemente la creación y fortalecimiento de coaliciones nacionales contra la trata, redes de asistencia para las víctimas de la trata y de proveedores de servicios. El establecimiento de medidas integrales ha ayudado a llevar a cabo campañas informativas nacionales y regionales, respaldar líneas de ayuda y fortalecer la identificación de las víctimas para prevenir la trata de personas.
    • Recursos Relacionados
    • IOM's Website
  • Organización Internacional del Trabajo (OIT)
    N/A
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
    N/A