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Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Americas

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    • • Mandatos para la Acción - Panamá, Panamá - abril 2015
      • 1:
      Gobernabilidad Democrática Reconociendo que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, y que la inequidad y la pobreza constituyen un obstáculo al desarrollo, nos proponemos emprender las siguientes acciones: 1. Fortalecer la democracia y el Estado de derecho, la separación e independencia entre los poderes del Estado, el respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales en consonancia con todos los instrumentos interamericanos pertinentes, la transparencia, la integridad y la eficiencia de la gestión pública así como la creación de condiciones que posibiliten el involucramiento de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públicas.
      • 2:
      Gobernabilidad Democrática Apoyar el fortalecimiento institucional y la modernización de órganos electorales independientes con miras a fortalecer sus capacidades para garantizar la integridad de los procesos electorales y la realización de elecciones libres, justas y periódicas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país, incluida, cuando proceda, la regulación del financiamiento de la actividad política. Solicitamos a la OEA y a otras organizaciones del Hemisferio el asesoramiento y asistencia para tales fines, cuando corresponda.
      • 3:
      Gobernabilidad Democrática Promover la universalidad del registro civil y los derechos relacionados con la identidad, desarrollando y fortaleciendo programas que logren la reducción de los niveles de subregistro, de tal forma que un mayor número de personas puedan participar de los beneficios de ser reconocidos por el Estado. Solicitamos el apoyo de la OEA y del BID en este esfuerzo.
      • 4:
      Gobernabilidad Democrática Promover el gobierno abierto y el acceso a la información como herramientas claves para lograr mayor transparencia, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social, y apoyar las iniciativas en curso en ese ámbito.
      • 5:
      Gobernabilidad Democrática Fortalecer los mecanismos regionales e internacionales de lucha contra la corrupción, reconociendo el valor e importancia de los mecanismos nacionales y el ejercicio multilateral sobre la base de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad. Solicitar a la OEA que continúe apoyando a los países en el seguimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
      • Declaración de Compromiso - Puerto España, Trinidad y Tobago - abril 2009
      • 1:
      Nosotras y Nosotros, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, guiados por un espíritu renovado de cooperación, integración y solidaridad, nos hemos reunido en Puerto España en la Quinta Cumbre de las Américas, con el firme compromiso de proteger y promover las libertades políticas y civiles, y de mejorar el bienestar social, económico y cultural de todos nuestros pueblos, adelantando soluciones conjuntas a los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestro Hemisferio. Reconociendo la soberanía e independencia de cada uno de nuestros países, reiteramos nuestra voluntad de redoblar los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos, con el fin de crear las condiciones para lograr justicia, prosperidad, seguridad y paz para los pueblos de las Américas, con base en la protección, promoción, y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
      • 2:
      Reafirmamos los principios y valores de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana, el Consenso de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo y la Declaración del Milenio; y estamos decididos a intensificar nuestra lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social, la discriminación y la desigualdad, así como promover la inclusión y la cohesión social para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y alcanzar el desarrollo y la justicia social.
      • 3:
      Reafirmamos la importancia de promover la cooperación entre nuestros Estados de manera solidaria en las diferentes esferas de las relaciones interamericanas, conforme a los principios y propósitos esenciales de la Carta de la OEA, reconociendo nuestra diversidad social, política y económica.
      • 5:
      Afirmamos que las soluciones para los desafíos que enfrentan nuestros pueblos tienen una íntima interdependencia con nuestros esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la inclusión social; construir instituciones democráticas más sólidas; fortalecer la gobernabilidad en nuestras democracias; preservar el estado de derecho y asegurar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos; proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales; prevenir y combatir la violencia, el crimen, el terrorismo y la corrupción; combatir el problema mundial de las drogas y los delitos conexos; y lograr mayor participación cívica de todos los ciudadanos de la comunidad interamericana.
      • 78:
      Nuestras aspiraciones y metas para las Américas dependen de democracias sólidas, la buena gestión pública, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Creemos que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social a fin de elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, y mantendremos los principios de la Carta Democrática Interamericana y la aplicaremos plenamente. Reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en particular la legitimidad de los procesos electorales, y el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
      • 79:
      Reconocemos el papel de la buena gestión pública a nivel local, como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible. Reafirmamos la importancia de mejorar la descentralización, el gobierno local y la participación ciudadana y reiteramos nuestro compromiso de apoyar el trabajo de la Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD), y su continua participación en iniciativas que promueven los principios y prácticas de buena gestión pública a nivel local.
      • 80:
      Reforzaremos nuestra lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público y privado. Reafirmamos nuestro compromiso con la Convención Interamericana contra la Corrupción, y declaramos nuestro apoyo a la ratificación y aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Reiteramos nuestro compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción.
      • 81:
      Alarmados por las prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas privadas nacionales y transnacionales, que afectan negativamente las economías de nuestros países y podrían representar una amenaza a su estabilidad política y democrática, seguiremos fortaleciendo los mecanismos legales para compartir información, y desarrollaremos y aplicaremos políticas que fomenten una cultura de integridad y transparencia dentro de las oficinas e instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, procuraremos que se logren avances importantes en el acceso de nuestros ciudadanos a la información pública, particularmente sobre los ingresos, gastos y presupuestos gubernamentales.
      • 96:
      Saludamos la conmemoración del bicentenario de los procesos de independencia de los países latinoamericanos, así como los trabajos conjuntos de estos países para su celebración, reconociendo que su independencia ha tenido un papel central en la conformación del mundo contemporáneo y continuará siendo relevante en la formación del mundo futuro.
      • 97:
      Nosotras y Nosotros, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, por la presente aprobamos el contenido de esta “Declaración de Compromiso de Puerto España”, en este día, el 19 de abril de 2009.
      • Declaración - Mar del Plata , Argentina - noviembre 2005
      • 36:
      Consideramos fundamental fortalecer el diálogo social inclusivo, transparente y amplio, con todos los sectores interesados de la sociedad, a nivel local, nacional, regional y hemisférico. El diálogo social es un instrumento importante y básico para promover y consolidar la democracia y para construir sociedades con inclusión y justicia social.
      • 57:
      Reiteramos nuestro compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y reafirmamos nuestra resolución de fortalecer su plena y efectiva implementación.
      • 58:
      Estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región*. Reconocemos que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas.
      • 59:
      En ese sentido, respaldamos los compromisos asumidos en la Declaración de Florida adoptada en el trigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Junio de 2005. Asimismo, tomamos nota de la importancia de lo acordado por los Estados participantes de la Comunidad de las Democracias en su Tercera Reunión Ministerial realizada en Santiago en abril de 2005.
      • 60:
      Reafirmamos que el carácter participativo de la democracia en nuestros países, en los diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio.
      • 62:
      Una mayor participación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos por la sociedad en su conjunto.
      • Plan de Acción - Mar del Plata, Argentina - noviembre 2005
      • 66:
      Cooperar solidariamente con el pueblo haitiano en sus esfuerzos para revitalizar las instituciones democráticas, combatir la pobreza y estimular el desarrollo socio-económico con equidad, incluida la creación de trabajo decente, a través, entre otros, de un mayor apoyo de las instituciones financieras internacionales y las agencias de cooperación, e implementar programas de desarme, de desmovilización y de reinserción (DDR), con el apoyo de la MINUSTAH y la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití.
      • 67:
      Reconociendo la interrelación entre la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y el lema de la Cumbre de Mar del Plata, solicitar a los órganos políticos y a la Secretaría General de la OEA que continúen avanzando en la efectiva implementación de la Declaración de Florida “Haciendo realidad los beneficios de la Democracia”.
      • Declaración - Nuevo León, México - enero 2004
      • 47:
      Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
      • 48:
      Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia y para desarrollar y promover una cultura y una educación para la democracia.
      • 49:
      Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial de los partidos políticos.
      • 50:
      El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.
      • 51:
      La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura democrática y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de la diversidad social y cultural.
      • 60:
      Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos.
      • Declaración - Quebec, Canadá - abril 2001
      • 1:
      Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.* Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar la justicia social y desarrollar el potencial humano.
      • 5:
      Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales, existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de Cumbres.
      • 6:
      Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa.*
      • Plan de Acción - Quebec , Canadá - abril 2001
      • 1:
      Conscientes de la interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes; y observando que la transparencia y la responsabilidad pública de los sistemas electorales, y la independencia de los organismos responsables de conducir y verificar elecciones libres, justas y regulares, son elementos esenciales para asegurar el apoyo y la participación en sus instituciones democráticas nacionales.
      • 11:
      Asegurarán que los medios de comunicación estén libres de intervenciones arbitrarias del Estado y, específicamente, trabajarán en la eliminación de los obstáculos jurídicos o normativos para el acceso de los partidos políticos registrados a los medios de comunicación, facilitando, en lo posible, acceso equitativo a los sistemas de radio y televisión durante las campañas electorales.
      • 14:
      Reconociendo que la corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales.
      • 15:
      Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación efectiva de la Convención, a través, entre otros, del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de buena gestión pública y lucha contra la corrupción, así como los programas que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y por sus propios organismos competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia.
      • 16:
      Apoyarán, en el menor plazo posible y tomando en consideración la recomendación de la OEA, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento.
      • 17:
      Apoyarán el fortalecimiento de la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre los funcionarios gubernamentales encargados de ética y representantes de la sociedad civil.
      • 18:
      Fortalecerán, en cooperación con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas.
      • 19:
      Continuarán promoviendo políticas, procesos y mecanismos que permitan la protección del interés público, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial de los funcionarios públicos, a fin de evitar posibles conflictos de interés e incompatibilidades, así como otras medidas que incrementen la transparencia.
      • 2:
      Intercambiarán prácticas y tecnologías óptimas para incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, incluyendo la educación de los votantes, la modernización y simplificación del registro electoral y los procedimientos de la votación y escrutinio, tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del proceso electoral, y promoviendo la plena participación e integración de todas las personas aptas para ejercer el derecho al sufragio, sin discriminación alguna.
      • 20:
      Reconociendo que la participación ciudadana y la representación política adecuada son las bases de la democracia, y que los gobiernos locales son los que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía.
      • 21:
      Promoverán mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos locales o municipales.
      • 3:
      Continuarán fortaleciendo los mecanismos electorales, utilizando tecnologías de información y comunicación, cuando sea posible, a fin de garantizar efectivamente la imparcialidad, prontitud e independencia de las instituciones, tribunales y demás entidades responsables de organizar, supervisar y verificar las elecciones a nivel nacional y local, y fortalecerán y facilitarán, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales e internacionales, la cooperación hemisférica y el intercambio de experiencias en materia de legislación y tecnología en esas áreas y el envío de observadores electorales cuando sea solicitado.
      • 4:
      Convocarán, con el auspicio de la OEA y la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a reuniones de expertos para profundizar el examen de temas, tales como el registro de partidos políticos, acceso de los partidos políticos a financiamiento y a los medios de comunicación, el financiamiento de campañas electorales, la fiscalización y difusión de resultados electorales y relaciones de los partidos políticos con otros sectores de la sociedad.
      • 5:
      Reconociendo que la buena gestión de los asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación ciudadana, controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes, y teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de información y comunicación para el logro de dichos objetivos.
      • Plan de Acción - Santiago, Chile - abril 1998
      • 21:
      El fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos es una prioridad hemisférica esencial. En este Plan de Acción, respaldamos nuevas iniciativas destinadas a profundizar nuestro compromiso a estos importantes principios. Específicamente, intensificaremos nuestros esfuerzos para promover reformas democráticas a nivel regional y local, proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, mejorar las capacidades de nuestros sistemas de justicia y Ministerios del Trabajo para responder a las necesidades de nuestros pueblos, y alentar una sociedad civil firme y activa. Asimismo, resolvemos defender la democracia contra las graves amenazas de corrupción, terrorismo y drogas ilícitas, y promover la paz y la seguridad entre nuestras naciones. En conjunto, estas medidas consolidan nuestros logros democráticos, reafirman nuestro compromiso a las instituciones democráticas y nos comprometen a construir un Hemisferio de valores compartidos.
      • 28:
      Apoyar los procesos de promoción y consolidación de los valores, prácticas e instituciones democráticas, en los Estados que así lo soliciten, a través del fortalecimiento de los órganos competentes de la Organización, incluyendo la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD).
      • 31:
      Incorporarán en los proyectos educativos, dentro del ordenamiento jurídico de cada país, objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Se deberá fortalecer para ello, la participación de docentes, familias, estudiantes y comunicadores sociales, en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos orientados a formar ciudadanos inspirados en valores democráticos.
      • 46:
      Darán un decidido respaldo al "Programa Interamericano para Combatir la Corrupción" e implementarán las acciones que allí se establecen, particularmente la adopción de una estrategia para lograr la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en 1996, la elaboración de códigos de conducta para los funcionarios públicos, en conformidad con los respectivos marcos legales, el estudio del problema del lavado de los bienes o productos provenientes de la corrupción y la promoción de campañas de difusión sobre los valores éticos que sustentan el sistema democrático.
      • 47:
      Auspiciarán la realización de un Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio, a más tardar en agosto de 1998 en Chile, a fin de considerar entre otros temas, los alcances de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la implementación del programa antes señalado. Igualmente, respaldarán la realización de talleres auspiciados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para difundir la normativa contemplada en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
      • 48:
      Propiciarán en el marco de la OEA, y de conformidad con el mandato contenido en el Programa Interamericano para Combatir la Corrupción, un adecuado seguimiento de los avances de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
      • 49:
      Promoverán en las legislaciones internas la obligación de los titulares de altos cargos públicos y de otros niveles, cuando la ley así lo establezca, de declarar o revelar los activos y pasivos personales ante los órganos competentes.
      • 50:
      Fomentarán la aprobación de medidas efectivas y concretas para luchar contra todas las formas de corrupción, soborno y prácticas ilícitas conexas en las transacciones comerciales, entre otras.
      • 51:
      Propondrán el intercambio de experiencias que sirvan de apoyo para que cada país, de acuerdo a su propia realidad y a su sistema legal, adopte o desarrolle normas internas orientadas a regular las contribuciones a las campañas electorales, y mecanismos internos independientes de control.
      • 52:
      Considerarán las propuestas emanadas de la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales, celebrada en Caracas, en el marco de la OEA, en febrero de 1998.
      • 53:
      Adoptarán o considerarán, según sea el caso, medidas para impedir contribuciones financieras a campañas electorales derivadas del crimen organizado y del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, promoverán la adopción de medidas tendientes a asegurar la transparencia en el origen de todas las contribuciones.
      • Declaración - Santiago , Chile - abril 1998
      • 12:
      La fuerza y sentido de la democracia representativa residen en la participación activa de los individuos en todos los niveles de la vida ciudadana. La cultura democrática debe llegar a toda nuestra población. Profundizaremos la educación para la democracia y promoveremos las acciones necesarias para que las instituciones de gobierno se conviertan en estructuras más participativas. Nos comprometemos a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, cuando proceda, y a promover una participación más activa de la sociedad civil.
      • 23:
      Reiteramos nuestra voluntad de seguir profundizando el diálogo y la cooperación inter-hemisférica en el marco de amistad y solidaridad que anima a nuestras naciones.
      • Declaración de Principios - Miami, Estados Unidos - diciembre 1994
      • 3:
      La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente.
      • 4:
      Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organización en favor de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de la región.
      • 5:
      Reconocemos que nuestros pueblos buscan con ahínco mayor capacidad de respuesta y eficiencia por parte de nuestros gobiernos. La democracia se fortalece mediante la modernización del Estado, que incluye aquellas reformas que agilizan su funcionamiento, reducen y simplifican las normas y los procedimientos gubernamentales, y aumentan la transparencia y la responsabilidad de las instituciones democráticas. Considerando que es esencial que todos los sectores de la sociedad tengan acceso expedito y eficaz a la justicia, afirmamos que la independencia del poder judicial constituye un elemento crucial para la existencia de un sistema jurídico eficiente y de una democracia duradera. Nuestro objetivo final es mejorar la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente de las mujeres y los grupos más vulnerables, incluidos las poblaciones indígenas, los discapacitados, los niños ancianos y las minorías.
      • 9:
      Reconociendo la importante contribución de los individuos y asociaciones en el ejercicio efectivo del gobierno democrático y en la ampliación de la cooperación entre los pueblos del Hemisferio, facilitaremos su plena participación en las actividades políticas, económicas y sociales, de conformidad con la legislación de cada país.
      • Plan de Acción - Miami , Estados Unidos - diciembre 1994
      • 1.1:
      El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental para las Américas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y de las instituciones democráticas; entre sus propósitos esenciales se encuentran la promoción y la consolidación de la democracia representativa, con el debido respeto al principio de la no intervención. La OEA ha adoptado procedimientos multilaterales para atender los problemas que se presentan cuando se interrumpe el orden democrático constitucional. A fin de impedir esas crisis, la OEA debe orientar mayores esfuerzos hacia la promoción de las prácticas y los valores democráticos, y hacia el fortalecimiento social y económico de los regímenes democráticos ya establecidos.
      • 1.2:
      Consideraran en forma expedita, cuando aun no lo hayan hecho, la ratificación de los Protocolos de Cartagena de Indias, de Washington y de Managua a la Carta de la OEA. Fortalecerán el dialogo entre los grupos sociales y promoverán la participación de las comunidades de base en la solución de los problemas a nivel local. Respaldaran las gestiones de la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia a través de los siguientes medios:
      • 1.3:
      Alentando los intercambios de tecnologías en materia electoral, y asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del estado interesado.
      • 1.4:
      Fortaleciendo la Unidad para la Promoción de la Democracia, a fin de que, a solicitud del estado interesado, pueda prestar asistencia en cuestiones tales como procedimientos legislativos y judiciales, reformas al gobierno (incluidas la administración de justicia, la modernización técnica de los órganos legislativos del país, la simplificación de los reglamentos gubernamentales y el fomento de la participación de las organizaciones comunitarias en la democracia local) y otros cambios institucionales.
      • 1.5:
      Estimulando las oportunidades para el intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas de los estados miembros, en particular entre sus órganos legislativos y judiciales.
      • 1.6:
      Promoviendo el entendimiento, el dialogo y la reconciliación política, a petición del Estado afectado y teniendo en cuenta que la reconciliación nacional se logra a través de los esfuerzos internos.
      • 1.7:
      Solicitando a la OEA que promueva y haga el seguimiento de estos compromisos.
      • 3.1:
      Una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, que incluya a los individuos, el sector privado, el sector laboral, los partidos políticos, los académicos y otros actores y organizaciones no gubernamentales, infunden profundidad y permanencia a la democracia. De igual manera, una democracia vigorosa requiere una amplia participación de todos los sectores en los asuntos públicos. Tales actividades deberán ejecutarse con una completa transparencia y responsabilidad, y con este fin se deberá establecer un marco jurídico y reglamentario apropiado que contemple la posibilidad de obtener apoyo técnico y financiero, inclusive de fuentes privadas.
      • 5.1:
      El problema de la corrupción es hoy día un asunto de primordial interés no solamente en este Hemisferio, sino también en todas las regiones del mundo. La corrupción en los sectores publico y privado debilita la democracia y socava la legitimidad de los gobiernos e instituciones. La modernización del Estado, que incluya la desregulación, la privatización y la simplificación de los procedimientos gubernamentales, reduce las oportunidades de corrupción. En una democracia, todos los aspectos de la administración pública deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio público.
      • 5.2:
      Promoverán el debate publico sobre los problemas mas importantes que enfrente el gobierno y establecerán prioridades para efectuar las reformas necesarias que permitan lograr transparencia y rendición efectiva de cuentas de las funciones del gobierno.
      • 5.3:
      Garantizaran la debida supervisión de las funciones gubernamentales fortaleciendo los mecanismos internos, entre ellos la capacidad de investigación y cumplimiento de las leyes con respecto a los actos de corrupción, y facilitando el acceso del público a la información necesaria para un escrutinio externo significativo.
      • 5.4:
      Establecerán normas sobre conflicto de intereses para los empleados públicos, así como medidas eficaces contra el enriquecimiento ilícito, entre ellas la imposición de sanciones rigurosas a aquellos que utilicen sus cargos públicos en beneficio de intereses particulares.
      • 5.5:
      Harán un llamado a los gobiernos del mundo para que adopten y hagan cumplir las medidas contra el soborno en todas las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio; con este fin, invitaran a la OEA a que establezca vínculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales.
      • 5.6:
      Elaboraran mecanismos de cooperación en los sectores bancario y judicial para que sea posible una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales de los casos de corrupción.
      • 5.7:
      Darán prioridad al fortalecimiento de los reglamentos y las compras gubernamentales, la recaudación de impuestos, la administración de justicia y los procesos electoral y legislativo, utilizando el apoyo del BID y de otras instituciones financieras internacionales cuando así proceda.
      • 5.8:
      Desarrollaran en la OEA, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores publico y privado que incluya la extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional.
      • 8.1:
      La ampliación y consolidación de la democracia en las Américas ofrece la oportunidad de aprovechar las tradiciones pacificas y las relaciones de cooperación que han prevalecido entre los países del Hemisferio Occidental. Nuestro objetivo consiste en fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integración social y económica de nuestros pueblos.
      • 8.2:
      Apoyaran las acciones que estimulen un dialogo regional para promover el fortalecimiento de la confianza mutua, preparando el camino para una conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza en 1995, para la que Chile se ha ofrecido como anfitrión.

  • Antigua y Barbuda
    N/A
  • Argentina
    • Reportes
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El fortalecimiento institucional y la modernización de los órganos electorales es un tema relevante para el gobierno argentino. El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso sendos proyectos de ley sobre Reforma Electoral y Debate Presidencial Obligatorio. El primero cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el segundo ya fue aprobado.

    La Reforma Electoral fortalece el rol de la Cámara Nacional Electoral y amplía sus competencias y recursos. Incorpora un sistema de votación con boleta única electrónica, aumenta el control sobre el financiamiento político y extiende la prohibición de realizar actos de gobierno que puedan interpretarse como orientados a promover la captación del sufragio con 30 días antelación a las elecciones.

    El Debate Presidencial Obligatorio busca asegurar que todos los candidatos a la presidencia tengan el derecho y el deber de participar de un debate público en condiciones de plena equidad.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En Argentina el proceso de inscripción e identificación de las personas es simultáneo. Cuando una persona nace debe ser inscripta en el Registro Civil e identificada con un número de matrícula individual, único e intransferible, que es el Documento Nacional de Identidad.

    El sistema se basa en dos subsistemas interdependientes: el registral y el identificatorio. El primero es descentralizado y su ejecución corresponde a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas emiten los instrumentos relativos al estado civil de las personas, como registro de nacimientos, matrimonios, incapacidades y defunciones. El segundo es privativo del gobierno federal y hace referencia a la identificación de dichas personas a través de la producción del Documento Nacional de Identidad y las técnicas de identificación dactiloscópicas. El sistema identificatorio es la base para la confección del Padrón Electoral.

    El desafío de disminuir el subregistro de nacimientos y la indocumentación ha recibido especial atención. A partir de 2009, el Registro Nacional de las Personas encaró un proceso de trasformación orientado a la digitalización de sus principales sistemas de información vinculados a la identificación de las personas.

    Para los ciudadanos extranjeros, la Dirección Nacional de Migraciones juntamente con el Registro Nacional de las Personas implementaron el Sistema de Ventanilla Única de Radicación + DNI que permitió unificar el trámite y recibir los DNI en sus domicilios.

    El derecho a la identidad es la potestad más importante con que cuenta un ciudadano. En 2009 se creó un régimen administrativo que permite a los niños de hasta doce años no inscriptos por sus padres regularizar su situación evitando la compleja vía judicial. Simultáneamente a la inscripción, el oficial público debe otorgar el Documento Nacional de Identidad. El trámite es gratuito y no se cobra ningún tipo de punitorio.

    En materia de reconocimiento de la identidad en la diversidad, específicamente la población LGBTI (lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales), la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley 26.743 de Identidad de Género (2012) ubican a la Argentina a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas en diversidad sexual. Los desafíos que las mismas planteaban se vieron reflejados en la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015).

    El Decreto 1006/2012 permitió regularizar las inscripciones de los niños nacidos antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) de dos madres casadas. Se menciona, asimismo, la adopción de medidas sobre la emisión del Documento Nacional de Identidad para el reconocimiento real y efectivo de los derechos de los hijos e hijas de parejas de personas de un mismo sexo tendientes a incluir los nombres, apellidos y números de DNI de sus madres o padres en el documento de los niños.
    La Ley 26.743 (2012) promueve la dignidad de trato, libertad y autonomía de las personas trans en condiciones de igualdad y no discriminación y toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En materia de gobierno abierto y acceso a la información se busca generar una comunicación activa y permanente entre el Gobierno, los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

    Se han diseñado los siguientes instrumentos:

    -Un sistema de expediente electrónico de acceso a la información pública.
    -Un nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional.
    -Una nueva versión online del registro de audiencias.
    -Mesas de diálogo con distintos actores de la sociedad civil en torno a la elaboración de un proyecto de ley.
    -Ocho mesas de trabajo con diferentes ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la participación en la Alianza para el Gobierno Abierto.
    -La Plataforma de Consulta Pública como un canal de debate y diálogo entre el gobierno y la comunidad.
    -El Plan Nacional de Apertura de Datos para hacer transparente la gestión del Estado y la publicación de información.
    -La Ley 27.275 (2016) de Acceso a la Información Pública, que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en el plazo de 15 días.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina participa activamente del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y presentó recientemente su Informe de Avance, correspondiente al período marzo de 2015 a marzo de 2016.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 80
    La Argentina cuenta con una Oficina Anticorrupción (OA) la cual fue creada por la Ley N ° 25233 en 1999, con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción, y en forma concurrente con la Fiscalía de investigaciones administrativas, la cual vela por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la corrupción.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 81
    La Argentina cuenta con legislación específica y un ordenamiento institucional que asegura el acceso a la información pública, dentro del marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

    A través del decreto 1172/03 (Boletín Oficial 04/12/2003) “Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones” se reguló el derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del respeto de los estándares internacionales en la materia. Esta política constituye una importante herramienta de participación ciudadana.
  • Bahamas
    • Reportes
    • Fecha:  15/05/2012    Párrafos: 79
    Información disponible en Inglés
    • Fecha:  15/05/2012    Párrafos: 79, 80
    Información disponible en Inglés
  • Barbados
    • Reportes
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 2
    The Social Policy Committee of the Cabinet

    The Social Policy Committee of the Cabinet has been established to coordinate the work
    of the social sector and fast track decision-maldng. It is therefore charged to consider
    social policy issues within the purviews, inter alia, of health, education, housing,
    employment and welfare. The membership of the Committee comprises the Ministers
    under whose portfolios these issues fall. Policy Papers informing on growing trends in
    the social sector, emerging challenges and new initiatives are submitted to this
    Committee where they are discussed in detailed. Recommendations concerning the
    formulation and implementation of policies and strategies to deal with these matters are
    also examined and any adjustments made as necessary.

    The Inter-Ministry Task Force to Monitor and Strengthen the Social Safety
    Net

    This Inter-Ministry Task Force provides a framework for the management of social risks.
    It is seen as an integral part of social protection and allows for a fully coordinated
    sectoral approach to the provision of social services. Its establishment is aimed at
    strengthening the social protection network and minimising duplication and
    fragmentation in the social service delivery system. Its specific task is to identify the ongoing
    risks posed to the vulnerable so that strategies can be put in place to prevent or
    minimize dislocation, displacement and exclusion and improve coping mechanisms.
    Membership of the Inter-Ministry Task Force is drawn from among the technical staff of
    the relevant Ministries and Departments and is chaired by the Minister of Social Care.
    Members of the Social Policy Committee of the Cabinet are also in attendance as
    necessary.

    To date, members of the Inter-Ministry Task Force have been sharing information
    concerning the roles and responsibilities of their agencies; assisting with the formulation
    of policy and programmes to deal with issues identified; participating in various
    activities etc. An important achievement has been the creation of a data base of the
    services offered by agencies serving on the Task Force.

    Mainstreaming Participatory Governance

    Participatory governance is being pursued by government through what is being referred
    as the Constituency Empowerment Programme. This Programme can be described as a
    local governance system, bounded by the geography of the enumeration districts, which
    strengthens the capacity of citizens to bring about positive change at the individual and
    community levels, thus contributing to sustainable development at the national level. It
    has three (3) dimensions. Politically it is seen as a platform for promoting development
    and an avenue through which Barbadians can participate in the decision-maldng process
    and hence contribute to national development. Socially, it is a strategy to increase the
    effectiveness of development programmes, since the programmes are undertaken in
    response to the needs of the constituency which have been identified and prioritised by
    its residents. Economically, it allows for a more efficient delivery of services to the
    residents and the constituency as the level of bureaucracy will decrease. It also permits
    the creation of local livelihoods as residents with the required skills will be on the
    frontline of employment opportunities within their respective constituencies.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 2
    Mainstreaming Participatory Governance

    Participatory governance is being pursued by government through what is being referred
    as the Constituency Empowerment Programme. This Programme can be described as a
    local governance system, bounded by the geography of the enumeration districts, which
    strengthens the capacity of citizens to bring about positive change at the individual and
    community levels, thus contributing to sustainable development at the national level. It
    has three (3) dimensions. Politically it is seen as a platform for promoting development
    and an avenue through which Barbadians can participate in the decision-maldng process
    and hence contribute to national development. Socially, it is a strategy to increase the
    effectiveness of development programmes, since the programmes are undertaken in
    response to the needs of the constituency which have been identified and prioritised by
    its residents. Economically, it allows for a more efficient delivery of services to the
    residents and the constituency as the level of bureaucracy will decrease. It also permits
    the creation of local livelihoods as residents with the required skills will be on the
    frontline of employment opportunities within their respective constituencies.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 5
    The objective of the Constituency Empowerment Programme is the broadening of the
    participatory character of governance in Barbados with the view to ensuring the
    equitable development of Barbadian society. It favours a ''bottom-up'' approach to
    development and provides the platform on which the social upliftrnent and the
    empowerment of all citizens will be pursued. AIl such it is seen as an important aspect of
    the Government's overall poverty reduction strategy.

    The Constituency Empowerment Programme has been operationalised by the
    establishment of thirty (30) Constituency Councils, one in each Constituency. The
    membership of each Constituency Council comprises fifteen (15) persons drawn from the
    respective constituencies. They represent faith-based organisations and other civil
    society organisations as well as individuals who have been nominated by their respective
    constituencies. Major political parties are also represented on the Council. These
    Councils are expected to partner with their constituents and together find solutions to
    local problems. Each Council receives an allocation of $100,000 per annum to finance
    their respective programmes.

    The Councils are supported administratively by the Department of Constituency
    Empowerment. The Officers of this Department are available to give guidance, conduct
    training and give financial oversight. The Department also provides the link between the
    Councils and the Ministry as well as other agencies with which the Councils need to
    interact. The Department also monitors the functioning of the Protocols which have
    been established with these Agencies and fast-tracks any referrals. A volunteer
    programme is also being developed as part of the Programme to further extend the reach
    of the Councils.

    Programmes undertal,en by the Councils to date include the conducting of educational
    programmes for children and young people; training in the area of entrepreneurial
    development; clean-up and beautification campaigns; recreational activities; the clearing
    of wells to mitigate flooding especially during the rainy season; and response to
    emergency matters. Support to community-based organisations, including sporting
    organisations has also been forthcoming.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 78
    STRENGTHENING DEMOCRATIC GOVERNANCE
    Electoral Processes and Procedures
    Barbados remains committed to maintaining electoral processes of the highest integrity and transparency as guaranteed under Section 41 of the Constitution of Barbados. There is a continuous registration process and the Register of Electors is published on January 31 every year so that citizens can confirm that their names are on the Register. General Elections are constitutionally due every five years and are
    held within the period due. The last such elections were held in 2008.
    Elections in Barbados are managed by the Electoral and Boundaries Commission, established by an Act of Parliament and comprising a Chairman, Deputy Chairman and three other Commissioners. The Conduct of elections is governed by the Representation of the People Act Cap. 12 of the Laws of Barbados and the Representation of the People (Registration of Electors) Regulations, 1990, which
    provide the election process from the issue to the return of the Writ.
    Several of Barbados election officials have served in Election Observer Missions both regionally and internationally, however, as a result of Barbados's reputation for free, fair and transparent elections, to date, there has been no request from International Organizations for Election Observers to be present at Barbados elections.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 1
    STRENGTHENING DEMOCRATIC GOVERNANCE
    Electoral Processes and Procedures
    Barbados remains committed to maintaining electoral processes of the highest integrity and transparency as guaranteed under Section 41 of the Constitution of Barbados. There is a continuous registration process and the Register of Electors is published on January 31 every year so that citizens can confirm that their names are on the Register. General Elections are constitutionally due every five years and are
    held within the period due. The last such elections were held in 2008.
    Elections in Barbados are managed by the Electoral and Boundaries Commission, established by an Act of Parliament and comprising a Chairman, Deputy Chairman and three other Commissioners. The Conduct of elections is governed by the Representation of the People Act Cap. 12 of the Laws of Barbados and the Representation of the People (Registration of Electors) Regulations, 1990, which
    provide the election process from the issue to the return of the Writ.
  • Belize
    N/A
  • Bolivia
    N/A
  • Brasil
    • Reportes
    • Fecha:  07/06/2016    Párrafos: -
    Información disponible en portugués
    • Fecha:  30/11/2010    Párrafos: 80
    Combate a la corrupción:
    Entre las iniciativas nacionales emprendidas por el Gobierno Federal, se destaca el perfeccionamiento del Portal de la Transparencia y la presentación ante el parlamento de los siguientes proyectos de ley: el PL 6.616/2009, que agrava la calificación de los delitos relacionados con la corrupción cuando sean cometidos por altas autoridades, y el PL 6.826/2010, que establece la responsabilización de las personas jurídicas por actos de corrupción practicados contra la administración pública nacional o extranjera.
    Brasil ocupa la presidencia de la Comisión de Peritos del MESICIC y de la Conferencia de las Partes del Mecanismo, lo que refleja la importancia que el país atribuye a la materia. La evaluación de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción se encuentra en la tercera ronda.
    En 1997, Brasil adhirió a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) –luego promulgada en 2000- la cual establece la obligación de sus signatarios de adoptar las medidas necesarias para establecer como delito el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un funcionario público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer con el fin de obtener o mantener un negocio o cualquier otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.
    • Fecha:  29/11/2010    Párrafos: 81
    Combate a la corrupción:
    Entre las iniciativas nacionales emprendidas por el Gobierno Federal, se destaca el perfeccionamiento del Portal de la Transparencia y la presentación ante el parlamento de los siguientes proyectos de ley: el PL 6.616/2009, que agrava la calificación de los delitos relacionados con la corrupción cuando sean cometidos por altas autoridades, y el PL 6.826/2010, que establece la responsabilización de las personas jurídicas por actos de corrupción practicados contra la administración pública nacional o extranjera.
    Brasil ocupa la presidencia de la Comisión de Peritos del MESICIC y de la Conferencia de las Partes del Mecanismo, lo que refleja la importancia que el país atribuye a la materia. La evaluación de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción se encuentra en la tercera ronda.
    En 1997, Brasil adhirió a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) –luego promulgada en 2000- la cual establece la obligación de sus signatarios de adoptar las medidas necesarias para establecer como delito el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un funcionario público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer con el fin de obtener o mantener un negocio o cualquier otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.
  • Canadá
    • Reportes
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 3
    Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios bilaterales clave para cumplir con los objetivos comunes, buscar intereses comunes y promover los valores compartidos en las Américas. Canadá reconoce que el hemisferio es una región diversa y dinámica y se esfuerza por comprometerse de forma constructiva con todos los países en el hemisferio, en el espíritu de cooperación establecido en la Carta de la OEA, al mismo tiempo que conservamos nuestra creencia fundamental en el valor de la gobernabilidad democrática, la cual incluye la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho. En un esfuerzo por fortalecer las relaciones bilaterales, Canadá ha incrementado su compromiso con la región, por medio de numerosas visitas de alto nivel realizadas por la gobernadora general, el primer ministro y los ministros del gabinete. En noviembre de 2008, el Primer Ministro hizo hincapié en el continuo compromiso de Canadá con las Américas a través del nombramiento de un Ministro de Estado de Asuntos Exteriores con responsabilidad especial para las Américas, Peter Kent. El ministro Kent ha visitado de manera regular la región, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y multinacionales de Canadá con el hemisferio y reforzar el compromiso canadiense con temas clave para el hemisferio. Canadá también ha aumentando su presencia diplomática en la región a través de visitas de alto nivel por la Gobernadora General, el Primer Ministro y ministros del Gabinete, así como incrementando el despliegue de funcionarios canadienses en la región.
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 5
    Canadá se ha comprometido a promover sus objetivos (fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la seguridad y la prosperidad en la región), los cuales están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. El objetivo de Canadá con respecto a la gobernabilidad democrática es fortalecer las instituciones, las prácticas y los principios democráticos que brindan libertad, derechos humanos y el Estado de derecho. El enfoque canadiense involucra la promoción de elecciones libres y justas, el apoyo a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, así como trabajando con las organizaciones multilaterales en la región. Los esfuerzos de Canadá para mejorar la seguridad y la estabilidad regionales tienen como objetivo combatir las amenazas planteadas por las drogas ilegales, el crimen organizado, las pandemias y los desastres naturales.

    Canadá ha realizado una nueva inversión significativa para combatir la actividad criminal transnacional en las Américas al establecer el Programa Canadiense de Capacitación contra el Crimen (ACCBP – por su sigla en inglés) en diciembre de 2009. El objetivo del ACCBP es mejorar la capacidad de los Estados, entidades gubernamentales y organizaciones internacionales para prevenir y responder a las amenazas formuladas por la actividad criminal transnacional. La programación del ACCBP consta de $15 millones por año para financiar actividades tales como la capacitación, redacción y promoción de leyes y actividades de sensibilización y promoción de intereses.

    Canadá realiza además actividades para combatir el crimen en la región a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA. Las contribuciones anuales de Canadá brindan apoyo a los esfuerzos en la región para abordar los problemas del control de drogas, la corrupción y la trata de personas, proporcionan capacitación y ayuda técnica dirigida a mejorar la cooperación jurídica internacional y apoyan los programas de mentoría y la reforma de la justicia penal, entre otros esfuerzos.
    Los esfuerzos de Canadá para aumentar la prosperidad en la región incluyen crear economías dinámicas y crecientes y promover la inversión responsable y mercados abiertos que creen nuevas oportunidades y empleos. Canadá está interesado en sólidos tratados de libre comercio bilaterales y regionales, convenios de doble tributación, acuerdos de protección de inversión extranjera, instituciones financieras y bancarias más fuertes y una agenda de ayuda para el desarrollo integral.
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 78
    Para Canadá, la consolidación de la democracia en las Américas es una prioridad. Canadá está trabajando con otros países miembros de la OEA y con el secretario general para garantizar la aplicación plena y el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana. En 2009, como en años anteriores, Canadá presentó una resolución sobre este tema ante la Asamblea General de la OEA.
    En respuesta al golpe de estado en Honduras, el Ministro canadiense de Estado de Relaciones Exteriores para las Américas participó en misiones de alto nivel en Tegucigalpa para apoyar los esfuerzos de mediación. El Ministro Kent se mantuvo en contacto periódico con los principales interlocutores, motivándolos a llegar a una resolución que restituyera la confianza de los hondureños en las instituciones democráticas y promoviera la reintegración del país a la comunidad hemisférica.
    En 2008, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) comprometió importantes recursos, por un período de tres años, con el objetivo de reforzar la capacidad institucional de la OEA. En 2009, la ACDI también contribuyó a la Iniciativa de Asistencia Electoral Hemisférica de la OEA, que apoya a los estados miembros en el desarrollo de prácticas e instituciones electorales más fuertes y más transparentes. La ACDI también proporciona apoyo al Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), para facilitar el diálogo y el intercambio parlamentarios. Por medio de este apoyo para el FIPA, Canadá contribuye a los esfuerzos dirigidos a fortalecer la eficacia del poder legislativo y su capacidad para promocionar la gobernabilidad democrática e implementar políticas para maximizar las ganancias del comercio, crear empleo y reducir la pobreza. Canadá colaboró en la organización del V Taller de Comercio Bilateral del FIPA, el cual se llevó a cabo en el Congreso Argentino, el 16 de marzo de 2010.
    A nivel bilateral, Canadá ayuda a formar instituciones públicas más transparentes y responsables. En 2009, la ACDI contribuyó al apoyo presupuestario para los planes estratégicos de cuatro instituciones públicas que juegan un papel clave en el ejercicio de la gobernabilidad democrática en Bolivia. La ACDI también ayudó a la Oficina de Identificación Nacional de Haití a modernizar su capacidad para mantener un registro civil y un sistema de identificación nacionales unificados.
    Además, Canadá apoya a la sociedad civil en sus esfuerzos para fortalecer la implementación de la Carta Democrática Interamericana. Por ejemplo, Canadá financió al Centro Carter para trabajar con los gobiernos de la región para fomentar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, el gobierno de Quebec proporcionó apoyo financiero a las actividades de coordinación de la OEA en Haití, en particular, aquéllas relacionadas con la buena gobernabilidad y el desarrollo democrático.
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 79
    Canadá se ha comprometido a promocionar la participación efectiva de las instituciones gubernamentales locales y de los grupos de las comunidades locales en el proceso democrático, tanto en Canadá, como en el exterior.
    Dentro de su territorio, el gobierno de Canadá trabaja con las provincias, los territorios, las municipalidades y otros aliados, para cumplir con las expectativas de los canadienses y de sus familias. Por medio del Plan de Acción Económica, el gobierno canadiense proporciona una suma considerable de estímulos para ayudar a los trabajadores y a las comunidades canadienses a salir adelante durante la recesión mundial.
    En las Américas, Canadá ha invertido en iniciativas para aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas a nivel local y que confieren poder a los gobiernos locales. En Haití, la ACDI ha apoyado a las instituciones gubernamentales haitianas para elaborar una política nacional de desarrollo local e implementar una estructura de coordinación en la cual los participantes locales estén representados. Además, Canadá proporcionó apoyo al Foro del Caribe para el Gobierno Local, en el desarrollo de un Marco Regional de Políticas y Cooperación sobre la Gobernabilidad Local, el cual ayuda a promover y fomentar la buena gobernabilidad local en toda la región.
    El gobierno de Canadá, por medio de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), ha apoyado el trabajo de la Federación Canadiense de Municipios (FCM), una organización que representa los gobiernos municipales de Canadá. El vasto trabajo de la FCM en América Latina y el Caribe continúa enfocándose en la mejora de la gobernabilidad local, en las prácticas democráticas, y en el desarrollo de la capacidad de los socios extranjeros para proporcionar servicios esenciales, promocionar el crecimiento económico y estimular la participación de sus ciudadanos. La FCM ha implementado un programa de asociaciones municipales con actividades de programación en Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Las actividades del programa incluyen ayudar a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones a compartir las mejores prácticas en el ámbito de la gobernabilidad descentralizada y democrática en la región.
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 80
    Canadá forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y de la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC) y participa en el Comité de Expertos de los Mecanismos de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). En la actualidad, Canadá ocupa la vicepresidencia del MESICIC, el cual está emprendiendo su tercera ronda de evaluación sobre la manera en que los estados ponen en práctica la IACAC.
    En noviembre de 2009, durante la Conferencia de los Estados Parte de la UNCAC, Canadá participó activamente en la negociación del mandato para una implementación eficaz, transparente e incluyente del mecanismo de evaluación de la UNCAC. Canadá también participa en los grupos de trabajo de la UNCAC encargados de la recuperación de activos y la ayuda técnica.
    En 2009-2010, Canadá proporcionó ayuda técnica por medio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), con el objetivo de fomentar la puesta en práctica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, en general, apoyando los objetivos contra la corrupción.
    En diciembre de 2009, Canadá realizó una inversión nueva e importante al establecer el Programa de Desarrollo de Capacidades Anticriminales (ACCBP) con el fin de combatir las actividades criminales transnacionales en las Américas. Una de las seis prioridades del ACCBP es apoyar las medidas de anticorrupción y transparencia y ayudar a la puesta en práctica eficaz de los marcos legislativos, como los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC).
    • Fecha:  18/06/2010    Párrafos: 81
    Canadá trabaja con otros países del hemisferio en la mejora de los mecanismos jurídicos para compartir el intercambio de información, principalmente por medio de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA). En la última reunión de la REMJA, celebrada en Brasil, en febrero de 2010, el Ministro de Justicia y el Procurador General de Canadá trabajaron con sus homólogos de la región, para fortalecer el acceso a la justicia y la cooperación judicial internacional.
    El gobierno de Canadá tiene un compromiso con la transparencia y la confiabilidad. La Ley de acceso a la información de Canadá le otorga a los ciudadanos canadienses el derecho a obtener acceso a la información de los archivos del gobierno federal. La Ley sobre la Protección de la Información Personal le proporciona a los ciudadanos el derecho a obtener acceso a la información personal que posee el gobierno, a la vez que protege dicha información contra el uso y la difusión no autorizados.
    • Recursos Relacionados
    • Access to Information Act
    • Agence canadienne de développement international | Canadian International Development Agency
    • Canada and the Americas: Priorities & Progress
    • Department of Justice Canada | Ministère de la Justice Canada
    • Fédération canadienne des municipalités
    • Federation of Canadian Municipalities
    • Foreign Affairs and International Trade Canada | Affaires étrangères et Commerce international Canada
    • Foreign Affairs and International Trade Canada | Affaires étrangères et Commerce international Canada
    • Le Canada dans les Amériques: Priorités et progrès
    • Loi sur l'accès à l'information
    • Office of the Auditor General of Canada | Bureau du vérificateur général du Canada
  • Chile
    • Reportes
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 78
    El Programa de Gobierno del Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, tiene un capítulo completo titulado, “Más y Mejor Democracia”.
    El citado capítulo parte indicando que el compromiso del Gobierno es con una Democracia moderna, vital y participativa por lo que se desea fortalecer la Democracia en Chile. Con este objetivo la administración del Presidente Piñera promoverá políticas en torno a cinco ejes:
    1. Fortalecer y ampliar los derechos de las personas. El centro de la vida social es el ser humano. La persona con su libertad, creatividad y emprendimiento es la principal fuente de progreso. El Estado debe perfeccionar sus instituciones para proteger y estar al servicio de los ciudadanos.
    2. Perfeccionamiento de la institucionalidad electoral para que ésta se adecue a un sistema de voto voluntario y automático. Se busca hacer más participativa nuestra democracia, para que los chilenos tengan un rol activo en la toma de decisiones públicas, tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales, y con especial énfasis los gobiernos comunales.
    3. Avanzar en la transparencia pública y el control de los gobernantes. Con este fin se modernizará la Contraloría General de la República, se potenciará el Tribunal de Cuentas, mejorando los procesos de toma de razón. Además, se robustecerá el Tribunal de Transparencia y se perfeccionarán las normas sobre incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de parlamentarios y otras autoridades.
    4. Fortalecer y modernizar nuestros partidos políticos aumentando así su prestigio para una mejor democracia. Se buscará establecer un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para elegir a los candidatos a Presidente de la República, Senador, Diputado y Alcalde.
    5. El quinto eje busca perfeccionar el Parlamento en orden a lograr una mayor participación ciudadana y un proceso más transparente, oportuno y eficaz en la elaboración de las leyes.
    Aplicación del Programa de Gobierno
    El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, al comentar el pasado 30 de marzo, el Informe Regional, “Nuestra Democracia”, elaborado por el PNUD y la OEA, señaló que las reformas que impulsa el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, buscan aumentar la participación ciudadana y recuperar la confianza en la política.
    Al referirse a la desigualdad como uno de los problemas más importantes que sufren los países de América Latina, sostuvo que la principal meta del Gobierno es alcanzar una sociedad de oportunidades basada en el mérito, donde las personas puedan escalar por sus esfuerzos y no por sus contactos u orígenes. Explicó que para lograr lo anterior, el Gobierno desplegará en 2011, una intensa agenda, centrada en impulsar siete Reformas Estructurales: Salud, Educación, Pobreza, Seguridad, Modernización del Estado, Democracia, Energía y Medio Ambiente...
    Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Chl_Sp.pdf
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 80, 81
    Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado
    Respecto de los compromisos de aumentar la transparencia y permitir el acceso de la ciudadanía a la información pública, contemplados en los párrafos 80 y 81, es pertinente informar que a fines de abril de 2009 entró en vigencia la Ley N°20.285, de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, que había sido publicada en el Diario Oficial en Agosto de 2008. Si bien la dictación de la Ley ya era un gran logro, el inicio de su vigencia ha implicado la concreción del principio de la transparencia en la práctica cotidiana de la función pública chilena, mediante la puesta en marcha de las dos dimensiones que el sistema contemplado en la referida Ley que establece la denominada “transparencia activa” es decir, información que los órganos públicos deben tener permanentemente a disposición de los ciudadanos (principalmente a través del sitio web del respectivo órgano público en internet, en el ícono denominado “Gobierno Transparente”, en el cual se incluye, entre otros rubros, información sobre ingresos, gastos y presupuestos de la respectiva institución) y, por otra parte, el procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder a determinada información específica que no esté incluida en la “transparencia activa”.
    En lo tocante a las convenciones internacionales sobre anticorrupción, tema a que se alude en el párrafo 80, se puede informar lo siguiente:
    1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
    Desde Agosto de 2010, y como parte de la aplicación efectiva de esta Convención en Chile, se está desarrollando la evaluación del cumplimiento, por parte de nuestro país, de las disposiciones de los capítulos 3 y 4 de la UNCAC.
    2. Convención Interamericana contra la Corrupción
    Entre los hitos que demuestran el compromiso de Chile con este instrumento internacional, a partir de la Declaración de Puerto España, cabe mencionar:
    a. En relación con lo establecido en los párrafos N°1, N°2 y N°4 del artículo III de la Convención, cabe destacar que, si bien nuestra Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado ya contemplaba la obligación, para quienes sirven determinados cargos públicos, de formular declaraciones respecto de su patrimonio y de sus intereses. Esta obligación, al ser publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2010 la Ley N°20.414, ha sido elevada al rango constitucional, ya que dicha Ley reformó en tal sentido la Constitución Política, agregando un inciso nuevo al artículo 8° de la Carta Fundamental, del siguiente tenor: “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública...
    Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Chl_Sp.pdf
  • Colombia
    • Reportes
    • Fecha:  03/06/2010    Párrafos: 80
    Lucha contra la corrupción

    Colombia ha mantenido como una prioridad la transparencia en la administración pública nacional; prueba de ello ha sido la implementación de tres grandes e importantes programas y estrategias encaminadas a impedir y elimina la corrupción: Pacto por la Transparencia; Auditorías visibles; Currículo de la legalidad en instituciones educativas.

    Con el fin de apoyar la fase de implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el país viene participando de manera voluntaria con otros 29 países en el programa piloto para el diseño de un mecanismo de seguimiento de esta Convención.

    Es de destacar que el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción ha promovido el seguimiento visible a 233 proyectos, con los cuales ha llegado a 30 departamentos y 87 municipios, y de la mano de la ciudadanía ha protegido $1.7 billones y ha beneficiado a 8.338.386 personas aproximadamente.

    Adicionalmente, el Programa está promoviendo políticas de visibilidad que a través de la adopción de decretos, ordenanzas y/o acuerdos buscan la publicación en Internet de las declaraciones de bienes y rentas de servidores públicos de elección popular (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados) y del registro de intereses privados de estos servidores. Adicionalmente, se hizo una alianza estratégica con el programa Gobierno en Línea para que a través de la página web se habilite la opción a los concejales para que publiquen esta información.

    Participación de la Sociedad Civil en la lucha contra la corrupción

    En materia de Información Pública y Rendición de Cuentas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), continuaron desarrollando la Cooperación Técnica no Reembolsable a través del apoyo en la definición de una política nacional e rendición de cuentas que fortalezca sinergias entre el Estado y la Sociedad Civil en Colombia, cuyo objetivo general es responder a la solicitud de apoyo técnico y metodológico para la definición de un Documento Conpes dePolítica Nacional de Rendición de Cuentas de los Gobiernos Nacional y Local a la Ciudadanía.


    De otro lado, el DNP gestionó recursos de crédito externo con la banca multilateral para el Fortalecimiento de la Información Pública y el Monitoreo y Evaluación para Resultados (Crédito BIRF 7620 CO), cuyo objetivo general es fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación para que provea información de calidad, que pueda ser utilizada por el Comité Intersectorial de Evaluación y las Entidades, para el diseño de políticas y programas; por la Presidencia de la República, para la rendición de cuentas; y por el DNP, para la definición del presupuesto de inversión.
    • Recursos Relacionados
    • Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública
    • Dirección de Desarrollo Social del DNP
    • Gestión y Seguimiento a las metas del Gobierno
    • INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES Y PLANES DE ACCIÓN DE QUEBEC, NUEVO LEÓN, MAR DEL PLATA, Y LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PUERTO ESPAÑA (Pág 16)
    • Informe sobre la implementación de las normas de la Primera Ronda de la Convención Interamericana contra la Corrupción
    • Informe sobre la implementación de las normas de la Segunda Ronda de la Convención Interamericana contra la Corrupción
    • Informe sobre la implementación de las normas de la Tercera Ronda de la Convención Interamericana contra la Corrupción
    • Planes Integrales de Seguridad formulados en Departamentos, Municipios y Ciudades Capitales
    • Portal del Estado Colombiano
    • Portal Único de Contratación
    • Propuesta de una política de Estado para el control de la corrupción
    • Red para la Superación de la Pobreza Extrema JUNTOS
  • Costa Rica
    • Reportes
    • Fecha:  03/04/2012    Párrafos: 78
    Carta Democrática Interamericana
    Del 11 al 13 de mayo 2011, se organizó en Costa Rica el Diálogo Subregional de los Miembros del Sistema de Integración Centroamericana y México: Democracia para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo. En la actividad participaron representantes de la sociedad civil, gobiernos, academia y empresa privada de Centroamérica, México y República Dominicana, quienes analizaron los avances y retos de la democracia y de la Carta Democrática Interamericana. La actividad fue organizada por la Fundación para la Paz y la Democracia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su propósito fue conmemorar el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y los 30 años del inicio de la transición democrática en Centroamérica. La actividad contó con 6 mesas de diálogo, en el marco de las cuales alrededor de 80 invitados analizaron temas como diálogo social e inclusión, representación y partidos políticos, seguridad y crimen organizado, Estado de Derecho, integración subregional y la Carta Democrática Interamericana.
  • Dominica
    N/A
  • Ecuador
    • Reportes
    • Fecha:  12/11/2010    Párrafos: 5
    - Atención a la ciudadanía en las oficinas del ministerio por medio de la OAC, la misma que atiende y asesora cualquier tipo de inquietud legal que tenga la ciudadanía así como también presta asesoramiento psico social.

    - 2008: 927 casos.

    - 2009: 2919 casos.

    - 2010 (a junio): 1615 casos.

    - Programación académica y cultural en connmemoración de la Semana de Derechos Humanos a través de la cual se promueve el debate y discusión sobre los Derechos Humanos que tiene lugar desde el 2008.

    - Establecimiento de compromisos de carácter interinstitucional para garantizar los derechos de la sociedad frente a la justicia.

    - Difusión de Derechos Humanos a través de medio de comunicación:radio, prensa y TV, desde 2008.

    - Diseño de un módulo de capacitación dirigido a jueces/as y fiscales en la importancia de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.
    • Fecha:  02/11/2010    Párrafos: 2
    - Participación activa dentro del Plan de erradicación de la Violencia de Género desde el 2008.

    - Participación activa en materia de género y traspaso de comisarías de la mujer al sistema judicial.

    - Participación en procesos de iniciativa de reforma, creación normativa con un enfoque de Derechos Humanos.

    - Ley de Igualdad de Género.

    - Diplomado en Género, Justicia y Derechos Humanos.
    • Fecha:  27/10/2010    Párrafos: 1
    - Estructuración de un sistema de indicadores sobre Justicia y Derechos Humanos, SIDERECHOS

    - Apoyo en la construcción, definición de políticas públicas con enfoque en DDHH, al respecto se está trabajando con:

    Consejo de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación, Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Inclusión Económica y Social SENAMI.

    - Participación en procesos de iniciativa de reforma, creación normativa con un enfoque de Derechos Humanos.

    - Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.

    - Código Orgánico de Garantías Penales.

    - Ley de Justicia Indígena.

    - Ejecución de obligaciones internacionales provenientes de los siguientes sistemas:

    - Sistema Interamericano, casos en Litigio 41; Medidas Cautelares 16; Soluciones Amistosas 29.

    Sistema de Naciones Unidas: 7 casos
    • Fecha:  27/10/2010    Párrafos: 5
    - Atención a la ciudadanía en las oficinas del ministerio por medio de la OAC, la misma que atiende y asesora cualquier tipo de inquietud legal que tenga la ciudadanía así como también presta asesoramiento psico social.

    - 2008: 927 casos.

    - 2009: 2919 casos.

    - 2010 (a junio): 1615 casos.

    - Programación académica y cultural en connmemoración de la Semana de Derechos Humanos a través de la cual se promueve el debate y discusión sobre los Derechos Humanos que tiene lugar desde el 2008.

    - Establecimiento de compromisos de carácter interinstitucional para garantizar los derechos de la sociedad frente a la justicia.

    - Difusión de Derechos Humanos a través de medio de comunicación:radio, prensa y TV, desde 2008.

    - Diseño de un módulo de capacitación dirigido a jueces/as y fiscales en la importancia de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.
    • Fecha:  27/10/2010    Párrafos: 78
    En este contexto el Ecuador se encuentra en un momento histórico de consolidación de su democracia después de épocas pasadas marcadas por su inestabilidad, este proceso se debe a varios aspectos, entre ellos la creciente participación del pueblo ecuatoriano en distintos mecanismos de democracia directa, en estos procesos se destaca el referéndum del año 2008 por el cual se aprobó una nueva Constitución. La Carta Magna en mención además consagra una amplia gama de derechos políticos o de participación (Arts. 61-65 CRE) y una estructura institucional nueva para garantizar su cumplimiento (Art. 217-224).

    Adicionalmente en lo referente a procesos de descentralización, el Ecuador en días pasados ha expedido el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, autonomías y descentralización, norma que prevé todo un nueva marco respecto a la organización del Estado y que desarrolla el marco normativo establecido en la Constitución de la República que expresamente prescribe la descentralización en todos los niveles de gobierno (Art. 227 CRE).

    Sobre la base de lo anterior, consideramos adecuado reiterar el compromiso de apoyar el trabajo de la Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización. Gobierno Local y Participación Ciudadana.
    • Fecha:  25/10/2010    Párrafos: 5
    - Atención a la ciudadanía en las oficinas del ministerio por medio de la OAC, la misma que atiende y asesora cualquier tipo de inquietud legal que tenga la ciudadanía así como también presta asesoramiento psico social.

    - 2008: 927 casos.

    - 2009: 2919 casos.

    - 2010 (a junio): 1615 casos.

    - Programación académica y cultural en connmemoración de la Semana de Derechos Humanos a través de la cual se promueve el debate y discusión sobre los Derechos Humanos que tiene lugar desde el 2008.

    - Establecimiento de compromisos de carácter interinstitucional para garantizar los derechos de la sociedad frente a la justicia.

    - Difusión de Derechos Humanos a través de medio de comunicación:radio, prensa y TV, desde 2008.

    - Diseño de un módulo de capacitación dirigido a jueces/as y fiscales en la importancia de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.
    • Recursos Relacionados
    • Dirección de Prevención del Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
    • Dirección de Proyectos
  • El Salvador
    • Reportes
    • Fecha:  26/11/2012    Párrafos: 1
    Considerando que este mandato destaca el compromiso de proteger y promover libertades políticas y civiles, y sobre la necesidad de plantear soluciones conjuntas, con la finalidad de crear condiciones para el logro de la justicia, la seguridad y paz en la región, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el mes de febrero de 2012, remitió al señor Presidente de la República; a la Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, ambas comisiones de la Asamblea Legislativa; a los señores Ministro y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública y al señor Director General de la Policía Nacional Civil, el resultado de una investigación denominada: “Valoraciones sobre las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil”.

    El documento que se remitió contenía la investigación efectuada mediante entrevistas realizadas durante el año 2011 a personal con el cargo de agentes de la Policía Nacional Civil, y valoraciones sobre las condiciones laborales de los mismos, emitidas estas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo anterior, con la finalidad que sea revisado por las autoridades antes referidas, exclusivamente del ramo de justicia y seguridad pública, y que se hagan las valoraciones pertinentes, a la espera que el mismo pueda servir de insumo en la política nacional de seguridad, ya que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos considera que al solventarse las principales preocupaciones de los agentes esto tendría incidencia favorable en la seguridad pública.
    • Fecha:  26/11/2012    Párrafos: 78
    Consientes que los procesos electorales son la base para la democracia y que la participación popular en los mismos fortalece estos procesos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, implementó para las pasadas elecciones de diputados, alcaldes y concejos municipales en El Salvador, un proyecto de observatorio electoral, con las siguientes características:

    ? Se invitó a participar como observadores voluntarios a miembros de la sociedad civil.
    ? Se inscribieron observadores voluntarios.
    ? Los observadores voluntarios fueron capacitados, juramentados y participaron en las elecciones del 11 de marzo de 2012.
    ? La función principal de este proyecto de observatorio es contribuir a fortalecer la institucionalidad a través de la garantía del derecho al sufragio, registrar irregularidades del proceso e informar el Procurador el mismo día de las elecciones.

    Este proyecto finalizó con un informe final que brindará el Procurador oportunamente, el cual contendrá observaciones y recomendaciones.



    El Tribunal Supremo Electoral , durante el año 2012, preparó técnica y logísticamente el desarrollo del décimo primer evento electoral después de los Acuerdos de Paz, el cual, tras haberse iniciado un proceso inconcluso de reforma del sistema electoral, definiría los diputados de la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales para el período 2012-2015, en el que de un padrón electoral de 4,564,969 electores que emitirían sus votos en 10,708 Juntas Receptoras. De estos electores, estaban aptos para votar 4,030,122, ya que 534,847 ciudadanos tenían su documento de identidad vencido, lo que contribuyó significativamente en la transparencia de los resultados ante las dudas presentadas por diferentes partidos políticos en procesos electorales anteriores sobre los electores inscritos irregularmente en el Registro Electoral.

    Este proceso permitió administrar un evento con reformas provenientes de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral desde el cual se acordó en 2010 llevar a cabo un “Plan para la ejecución del voto residencial en El Salvador”, cuya primera de dos etapas brindó la posibilidad a los ciudadanos que viven en el 70% del territorio nacional, comprendido en 185 municipios y en el que reside el 48% de la población, votar más cerca de su lugar de residencia, facilitando con ello la participación de la población en general, pero sobre todo a los sectores vulnerables, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Gracias al apoyo del Gobierno Central, la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y la Asamblea Legislativa, se avanzó de manera significativa en el cumplimiento de una deuda histórica, el voto residencial, que será una realidad en todo el territorio salvadoreño para el evento electoral de 2014 con la cooperación de la Unión Europea, la cual contribuirá con un millón de euros para dicho proyecto.

    Sin duda, una de las coordinaciones imprescindibles para el feliz término del Plan de Voto Residencial fue la llevada a cabo con el Ministerio de Educación, ya que de los 1,148 centros de votación, 1,103 fueron centros educativos.

    Este proceso eleccionario se llevó a cabo además, bajo reformas de varios componentes del sistema electoral, a saber: formas o tipos de listas, nuevos actores políticos en contienda y formas diversas de la expresión del voto. Estas reformas surgidas de las Sentencias pronunciadas por la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pusieron a prueba la capacidad operativa del Tribunal Supremo Electoral, al modificar 16 días antes de la Convocatoria de elecciones, el procedimiento de solicitud de inscripción de las candidaturas no partidarias, logrando esta Institución que en menos de 48 horas se implementara el sistema necesario para tales efectos. De la misma manera, fue solo a partir del 14 de diciembre de 2011, 87 días antes de la celebración de las elecciones, que existió la regulación legal necesaria para explicar a los organismos electorales temporales y a la población cómo ejercer su derecho al sufragio activo en un sistema de listas desbloqueadas, con participación de candidaturas no partidarias, en el que además del distintivo partidario en el caso de preferir un partido político, podían establecerse preminencias para sus candidatos.

    Teniendo en cuenta la desconcentración de los Centros de Votación en gran parte del país, el sistema de transmisión de resultados operó desde 1,673 centros de transmisión, proceso que en virtud de las reformas expuestas se realizó en concordancia con las tres etapas del escrutinio que para cada Junta Receptora de Votos definió el Organismo Colegiado. El sistema de divulgación de datos de la transmisión preliminar de resultados se aperturó desde las 6:00 p.m. del 11 de marzo, momento desde el cual la población salvadoreña pudo conocer, minuto a minuto, la información que se procesó por cada JRV abonando en la transparencia del proceso electoral.

    Entretanto, participaron nueve partidos políticos para Concejos Municipales, y ocho inscribieron candidaturas para Diputados de la Asamblea Legislativa, de estos, siete lo efectuaron en todas las circunscripciones. Fueron inscritos por primera vez, al contar con una nueva regulación, cuatro candidatos no partidarios para diputados en tres circunscripciones y tres coaliciones de candidaturas para Diputados a la Asamblea Legislativa, lo que no ocurría desde la década de los ochenta.

    Dentro de los retos para el próximo evento electoral se encuentra implementar, el voto de los salvadoreños residentes en el exterior.
    • Fecha:  21/11/2012    Párrafos: 78
    El Tribunal Supremo Electoral , durante el año 2012, preparó técnica y logísticamente el desarrollo del décimo primer evento electoral después de los Acuerdos de Paz, el cual, tras haberse iniciado un proceso inconcluso de reforma del sistema electoral, definiría los diputados de la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales para el período 2012-2015, en el que de un padrón electoral de 4,564,969 electores que emitirían sus votos en 10,708 Juntas Receptoras. De estos electores, estaban aptos para votar 4,030,122, ya que 534,847 ciudadanos tenían su documento de identidad vencido, lo que contribuyó significativamente en la transparencia de los resultados ante las dudas presentadas por diferentes partidos políticos en procesos electorales anteriores sobre los electores inscritos irregularmente en el Registro Electoral.

    Este proceso permitió administrar un evento con reformas provenientes de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral desde el cual se acordó en 2010 llevar a cabo un “Plan para la ejecución del voto residencial en El Salvador”, cuya primera de dos etapas brindó la posibilidad a los ciudadanos que viven en el 70% del territorio nacional, comprendido en 185 municipios y en el que reside el 48% de la población, votar más cerca de su lugar de residencia, facilitando con ello la participación de la población en general, pero sobre todo a los sectores vulnerables, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Gracias al apoyo del Gobierno Central, la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y la Asamblea Legislativa, se avanzó de manera significativa en el cumplimiento de una deuda histórica, el voto residencial, que será una realidad en todo el territorio salvadoreño para el evento electoral de 2014 con la cooperación de la Unión Europea, la cual contribuirá con un millón de euros para dicho proyecto.

    Sin duda, una de las coordinaciones imprescindibles para el feliz término del Plan de Voto Residencial fue la llevada a cabo con el Ministerio de Educación, ya que de los 1,148 centros de votación, 1,103 fueron centros educativos.

    Este proceso eleccionario se llevó a cabo además, bajo reformas de varios componentes del sistema electoral, a saber: formas o tipos de listas, nuevos actores políticos en contienda y formas diversas de la expresión del voto. Estas reformas surgidas de las Sentencias pronunciadas por la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pusieron a prueba la capacidad operativa del Tribunal Supremo Electoral, al modificar 16 días antes de la Convocatoria de elecciones, el procedimiento de solicitud de inscripción de las candidaturas no partidarias, logrando esta Institución que en menos de 48 horas se implementara el sistema necesario para tales efectos. De la misma manera, fue solo a partir del 14 de diciembre de 2011, 87 días antes de la celebración de las elecciones, que existió la regulación legal necesaria para explicar a los organismos electorales temporales y a la población cómo ejercer su derecho al sufragio activo en un sistema de listas desbloqueadas, con participación de candidaturas no partidarias, en el que además del distintivo partidario en el caso de preferir un partido político, podían establecerse preminencias para sus candidatos.

    Teniendo en cuenta la desconcentración de los Centros de Votación en gran parte del país, el sistema de transmisión de resultados operó desde 1,673 centros de transmisión, proceso que en virtud de las reformas expuestas se realizó en concordancia con las tres etapas del escrutinio que para cada Junta Receptora de Votos definió el Organismo Colegiado. El sistema de divulgación de datos de la transmisión preliminar de resultados se aperturó desde las 6:00 p.m. del 11 de marzo, momento desde el cual la población salvadoreña pudo conocer, minuto a minuto, la información que se procesó por cada JRV abonando en la transparencia del proceso electoral.

    Entretanto, participaron nueve partidos políticos para Concejos Municipales, y ocho inscribieron candidaturas para Diputados de la Asamblea Legislativa, de estos, siete lo efectuaron en todas las circunscripciones. Fueron inscritos por primera vez, al contar con una nueva regulación, cuatro candidatos no partidarios para diputados en tres circunscripciones y tres coaliciones de candidaturas para Diputados a la Asamblea Legislativa, lo que no ocurría desde la década de los ochenta.

    Dentro de los retos para el próximo evento electoral se encuentra implementar, el voto de los salvadoreños residentes en el exterior.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 1, 2
    Creación de la Secretaria de Inclusión Social como parte de la Secretaria Técnica de la Presidencia, cuya labor es orientar la inclusión de todos y todas en cooperación de cada una de las instituciones del Estado para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
    Creación del Comité de Gestión para Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de niños y niñas (SAN).
    Proyecto Ciudad Mujer, para el beneficio de aquellas mujeres que han estado excluidas del ejercicio libre y autónomo de sus derechos en todos los ámbitos.
    Creación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión Social, orientada a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, analizar las políticas públicas y el debido cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56 a través del cual la Presidencia de la República estableció, en mayo del 2010, que no se permitirá ningún tipo de discriminación en la Administración Pública por orientación sexual e identidad de género.
    Apoyo en la “Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas”, de 2008, la cual condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización, y el prejuicio con base en la orientación sexual y la identidad de género.
    Cumplimiento de la ley de Equiparación de Oportunidades, a fin de que se cumpla en la administración pública, la contratación de una persona con discapacidad por cada 25 empleados.
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    Consejo Nacional para la atención de las Personas con Discapacidad, CONAIPD, el cual fue reactivado mediante el Decreto Ejecutivo 80, del 17 de junio de 2010. Conforme con su nuevo Decreto de creación, el CONAIPD es el ente rector del proceso de formulación y diseño de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, el aseguramiento,
    seguimiento y evaluación de la misma, así como, de la normativa relacionada con las personas con discapacidad.
    Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, presentó la “Declaración Conjunta Relativa a los Compromisos del País para la Erradicación del Trabajo Infantil” intensificar los esfuerzos a todo nivel para que la erradicación del trabajo infantil sea parte integral de todas las estrategias contra la pobreza.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 3
    Creación del Vice ministerio de Cooperación para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, creado el 25 de junio de 2009 con el propósito de mejorar la gestión de los recursos de la cooperación internacional, alinearlos con el desarrollo del país y para contribuir a la transparencia y eficacia en su uso. Vice ministerio logró concretar 300.58 millones de dólares en cooperación no reembolsable, la cual está distribuida en más de 600 proyectos específicos, ejecutados por diferentes instituciones del Estado.
    Creación del Sistema de Información sobre la Cooperación para el Desarrollo en El Salvador (SICDES), como una herramienta digital que permite acceder a la información referente a los proyectos de desarrollo ejecutados en el país y financiados por la cooperación internacional. La contribuirá a hacer transparentes los flujos de ayuda que recibe el país, obtener información clara y georreferenciada, identificar los aportes de la cooperación internacional hacia el Plan Quinquenal de Desarrollo, evitar la duplicidad y/o dispersión de los esfuerzos y conocer el estado de los proyectos. Esta herramienta de información pública, articulada por el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo es parte de un proyecto de apoyo financiero del Gobierno de Corea, denominado “Desarrollo e Implementación del Sistema Integrado de Información”
    Adhesión de El Salvador a la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, marca un cambio en la manera de gestionar la cooperación.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 5
    La Secretaría para Asuntos Estratégicos desarrollará a lo largo del quinquenio, de manera articulada y sistémica un conjunto de 6 apuestas estratégicas, que son las que permitirán fortalecer la gobernabilidad democrática y poner en marcha el proceso de transformación del Estado, para avanzar hacia un desarrollo incluyente y equitativo.
    Apuestas
    -
    Gobierno basado en el diálogo, la negociación, la concertación y la articulación interinstitucional del Estado.
    -
    Participación de la ciudadanía como factor clave de la gobernabilidad democrática, la reforma del Estado y la gestión pública.
    -
    Reforma del Sistema Político y Electoral
    -
    Modernización de la Administración Pública
    -
    Sistema Nacional de Transparencia y cero tolerancia a la corrupción
    -
    Desarrollo Territorial y la Descentralización del Estado Page | 6
    Por medio de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado se proponen políticas de modernización y cualificación del sector público, así como la de favorecer, desarrollar, coordinar y dar seguimiento a procesos de diálogo, concertación, negociación y estructuración de acuerdos, a fin de propiciar la gobernabilidad democrática.
    Creación del Área de Reforma Política y de Participación Ciudadana cuyo objetivo es promover y facilitar distintas iniciativas para la modernización y democratización de las normas, procedimientos e instituciones electorales, a fin de fortalecer la transparencia y eficiencia de la democracia representativa y participativa.
    Desarrollar una amplia cooperación y coordinación con los diversos actores e instituciones involucradas en el proceso político electoral, por medio de un acercamiento permanente con los partidos políticos, instituciones electorales, organizaciones de la sociedad civil e instancias legislativas correspondientes.
    Se pretende fortalecer la democracia participativa por medio de mecanismos de participación ciudadana que contrarreste la tendencia a la deslegitimación del sistema político al complementarse con instituciones democrático representativas eficientes, fundamentadas en un sistema de partidos estable y arraigado en el tejido social.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 78
    En el ámbito de la reforma política y electoral, en agosto de 2009 una misión de la ONU visitó el país para realizar una evaluación de necesidades, relacionada con la posible implementación del voto residencial. Dicha misión estuvo integrada por expertos electorales que examinaron las condiciones, recursos existentes y opciones que posibilitarían concretar la reforma a nivel nacional.
    Se inició un proceso muy intenso y participativo que concluyó en septiembre de 2010 con la aprobación del Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de un “Plan para la ejecución del voto residencial en El Salvador”, el cual se implementará en dos etapas durante los procesos electorales de 2012 y 2014.
    El Gobierno Central ha contribuido con fondos para la realización de la primera etapa del plan en mención, el cual cubre 9 departamentos, que equivalen a 185 municipios, incluyendo las cabeceras departamentales de San Salvador y La Libertad, el Paisnal en el departamento de San Salvador, Turín en el departamento de Ahuachapán y Nuevo Cuscatlán en el departamento de La Libertad, los cuales formaron parte del Plan Piloto del 2006. Asimismo la Unión Europea, aportará un Millón de Euros para la segunda etapa, proceso que en coordinación con el PNUD busca la consolidación de una mesa de donantes para completar el proyecto.
    La Asamblea Legislativa desde la agenda de los distintos Partidos Políticos, ha promovido un conjunto de reformas electorales, varias de ellas están incorporadas al Código Electoral, entre ellas se encuentran:
    -
    Decreto 556 prohíbe la pinta,
    Page | 7
    -
    Decreto 629 crea de la figura de delegados de Juntas Electorales Municipales,
    -
    Decreto 646 regula que las personas con discapacidad (sorda, ciega y muda) puedan participar como candidatos en los procesos de elección de Concejos Municipales,
    -
    Decreto 646 que delimita la integración de las JRV’s con personas que residen en la circunscripción electoral;
    -
    Reformas que están en discusión:
    -
    Conformación de Concejos Municipales Plurales,
    -
    Ley de Partidos Políticos,
    -
    Reformas a la ley Orgánica del Registro de Personas Naturales,
    -
    Redistribución de escaños en base al último Censo Nacional de población,
    -
    Adecuación del número de Concejales Municipales que deberán ser electos de conformidad al último Censo Nacional de Población, y
    -
    Ley para que los salvadoreños que viven en el exterior puedan votar en elecciones presidenciales.
    Sentencia 61-2009 de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia.
    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó varios artículos del Código Electoral que fueron considerados inconstitucionales por violar la libertad en el ejercicio del voto tanto activo como pasivo avalando la participación de los candidatos independientes o no partidarios y declarando inconstitucionales las listas cerradas y bloqueadas. Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Slv_Sp.pdf
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 80
    El Decreto Presidencial No. 1, del 1 de junio del 2009, establece a la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, en el seno de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, a fin de fomentar la probidad, la transparencia y la auditoria ciudadana, a través del acceso ciudadano a información pública y la responsabilidad jurídica.
    Entre las áreas de trabajo se encuentran:
    -
    Contraloría Ciudadana: Reconocimiento a las acciones de control, vigilancia, evaluación y denuncia que pueden realizar los/as ciudadanos/as a las instituciones que administran bienes y recursos públicos.
    -
    Combate a la corrupción para reducir la pobreza y alcanzar los objetivos del milenio: reducir los espacios que propician la corrupción.
    -
    Sensibilización de opinión pública y establecimiento de precedentes: Promoción del conocimiento de lo moral y ético que genera mayor capacidad de visualización, control y propuesta para prevenir o luchar contra la corrupción.
    -
    Información y rendición de cuentas: Hacer público lo público y aceptar el escrutinio ciudadano para el impulso de una sociedad democrática y con gobernabilidad. Informes rendición de cuentas por cada cartera de Estado en el primer periodo de gobierno.
    Creación del Observatorio Ciudadano como una iniciativa impulsada por el Ministerio de Obras Públicas en el que cuatro instituciones del gobierno (el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Centro Nacional de Registros (CNR), y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la Cámara Salvadoreña de de la Industria de la Construcción (Casalco), y ONG´s de Transparencia Internacional a fin de que las y los ciudadanos puedan acceder a las licitaciones, contrataciones y ejecuciones de las obras que se desarrollan.
    El Observatorio Ciudadano de Transparencia (OCT-ISD) presentó el informe de monitoreo de transparencia al primer año de gestión del Presidente Mauricio Funes con el que se pretende contribuir al fortalecimiento de las instituciones del Estado a través de la vigilancia ciudadana dentro de cinco componentes fundamentales: el establecimiento de reglas; participación ciudadana; rendición de cuentas; acceso a la información y la promoción de valores éticos y democráticos.
    Creación de la Subsecretaría de Transparencia para mejorar los mecanismos internos de contraloría y probidad asimismo facilitar los mecanismos para proveer información a la ciudadanía. La Ley de transparencia y acceso a la información pública que tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso que tiene toda persona a la información pública, enmarcada en la carta de Derechos Humanos y contribuir al fortalecimiento de la Democracia y del Estado.
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 81
    Divulgación y Capacitación
    Se ha promovido el comportamiento ético de todo servidor público, mediante la realización de capacitaciones permanentes a los miembros de Comisiones de Ética Gubernamental en la que se da a conocer la Ley de Ética Gubernamental y demás instrumentos legales relativos a la ética pública, así como la sensibilización por medio de la realización de un trabajo continuo en cuanto a la difusión y capacitación sobre la Ley de Ética Gubernamental, su Reglamento y diversos aspectos de la ética, encaminados al cambio de actitud del servidor público hacia en un desempeño ético en la función pública,.
    Convenios de Cooperación suscritos
    -
    El Tribunal ha suscrito varios convenios de cooperación interinstitucional, con la Universidad de Oriente, la Universidad Dr. José Matías Delgado, la Universidad Tecnológica de El Salvador, con el objeto de promover la Ley de Ética Gubernamental entre los estudiantes universitarios y difundir las prácticas éticas entre los servidores públicos e implementar actividades de tipo académico.
    -
    Convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), habiéndose iniciado con esta última un programa de asesoramiento a usuarios del Tribunal y de pasantías.
    -
    Convenio de cooperación internacional con la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y una Acta Acuerdo con la Oficina de Anticorrupción de la República de Argentina, con el propósito de intercambiar además de asistencia técnica, la ejecución de acciones conjuntas que permitan desarrollar una cultura organizacional, en la que impere el desempeño ético en la función pública y el respeto por el patrimonio del Estado.
    Anteproyecto de Reformas a la Ley de Ética Gubernamental.
    El Tribunal presentó, en octubre de 2009, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea legislativa, el anteproyecto de Reformas a la Ley de Ética Gubernamental. Las propuestas de reformas a la Ley pretenden brindar a la ciudadanía mayor confianza en la institucionalidad del Estado, dotando al Tribunal de Ética Gubernamental de un marco legal que le permita una actuación más efectiva, tales como que cuente con recursos y capacidades para investigar y procesar (oficiosidad del procedimiento), así como ampliar la competencia subjetiva, delimitar con mayor precisión los deberes y prohibiciones éticas y modificar el régimen de sanciones. El anteproyecto se encuentra publicado en http://www.teg.gob.sv
    Participación ciudadana. El anteproyecto de Reformas a la Ley de Ética Gubernamental fue dado a conocer a diversos sectores sociales en el marco de la semana dedicada a la ética pública realizada por el Tribunal de Ética Gubernamental en noviembre de 2009, así como en sesiones realizadas con los miembros de las Comisiones de Ética Gubernamental y Agentes de Enlace.
    Para ver el reporte completo, visite http://www.summit-americas.org/nat_rep/2011/Slv_Sp.pdf !
    • Fecha:  20/06/2011    Párrafos: 79
    Creación de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización dentro de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, una cuyos objetivos van enmarcados a:
    -
    Coordinar la implementación de los lineamientos y estrategias para la descentralización y desarrollo local, asesorar y fomentar iniciativas locales de descentralización, desarrollo local y asociatividad municipal;
    -
    Colaborar con la gestión, negociación, coordinación y administración de la cooperación internacional necesaria para estos procesos junto con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y Descentralización de El Salvador (CONADES), con el objetivo de proponer lineamientos de política y estrategia de descentralización y desarrollo territorial.
    Ejes estratégicos de acción:
    -
    Impulso a los procesos de descentralización, ordenamiento territorial, desarrollo y financiamiento de los territorios.
    -
    Fortalecimiento de las capacidades de los municipios y las microrregiones para impulsar su desarrollo y la reorganización de la institucionalidad nacional,
    -
    Coordinación de acciones estratégicas hacia el territorio y con el territorio. “Territorios seguros, territorios verdes, limpios y saludables y territorios productivos”.
    Se impulso el programa Comunidades Solidarias Urbanas (CSU), y la firma del convenio marco de cooperación entre la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y la Secretaría para Asuntos Estratégicos. En el cual se designa a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización como la responsable de integrar una acción estratégica coordinada dedicada a la prevención de la violencia en los municipios, que se sume a las acciones en contra de la inseguridad, en una línea distinta a la vía policial que tiene su propia dinámica, procesos y procedimientos. La Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a las Municipalidades busca articular y apoyar todos los esfuerzos coordinados entre gobierno central, gobiernos municipales, ONG´s, empresa privada y otros, a través de un proceso orientado a la participación ciudadana.
    • Fecha:  17/02/2011    Párrafos: 1
    El Plan Quinquenal de Desarrollo es una de las principales herramientas para desarrollar un proceso de cambio estructural ordenado y seguro destinado a contribuir a la configuración de una sociedad más justa y solidaria y a sentar las bases para la construcción de un modelo de crecimiento y desarrollo inclusivo y sostenible. Contiene la visión, las apuestas, las prioridades, los objetivos y las metas del Gobierno de la República de El Salvador para el período 2010-2014, se destaca por rescatar y reivindicar la planificación estratégica como un instrumento central para la búsqueda del desarrollo y como una herramienta de enorme utilidad para construir políticas públicas. Las bases del Plan Quinquenal para promover la Democracia son
    1) Intervención en el Sistema de Protección Social Universal y las política sociales estratégicas,
    2) El Sistema Financiero de Fomento para el Desarrollo,
    3) Políticas públicas macroeconómicas y sectoriales, la estrategia de desarrollo productivo,
    4) Políticas de seguridad, de convivencia democrática y de proyección internacional, y
    5) Inversión pública en programas y proyectos estratégicos.
    • Fecha:  17/02/2011    Párrafos: 2
    Creación de la Secretaria de Inclusión Social como parte de la Secretaria Técnica de la Presidencia, cuya labor es orientar la inclusión de todos y todas en cooperación de cada una de las instituciones del Estado para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Creación del Comité de Gestión para Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de niños y niñas (SAN) Proyecto Ciudad Mujer, para el beneficio de aquellas mujeres que han estado excluidas del ejercicio libre y autónomo de sus derechos en todos los ámbitos. Creación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión Social, orientada a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, analizar las políticas públicas y el debido cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56 a través del cual la Presidencia de la República estableció, en mayo del 2010, que no se permitirá ningún tipo de discriminación en la Administración Pública por orientación sexual e identidad de género. Cumplimiento de la ley de Equiparación de Oportunidades, a fin de que se cumpla en la administración pública, la contratación de una persona con discapacidad por cada 25 empleados. Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, presentó la “Declaración Conjunta Relativa a los Compromisos del País para la Erradicación del Trabajo Infantil “intensificar los esfuerzos a todo nivel para que la erradicación del trabajo infantil sea parte integral de todas las estrategias contra la pobreza.
    • Recursos Relacionados
    • Plan Quinquenal de Desarrollo
    • Presidencia de la República de El Salvador
    • Tribunal Supremo Electoral
  • Estados Unidos
    • Reportes
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  07/07/2016    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 78
    Electoral Cooperation and Observation
    - The Unites States is committed to supporting the work of the OAS Department of Electoral Cooperation and Observation (DECO) and remains one of the top contributors to these missions. The U.S. government supports OAS efforts to strengthen these missions in order to address current day challenges to elections and ensuring transparent, open and fair electoral processes.
    - OAS electoral observation missions represent one of the most important areas of the organization and are vital in strengthening democracy and democratic institutions in the Americas.
    • Fecha:  02/06/2014    Párrafos: 80
    Open Government Partnership
    - In September 2011, the United States was one of eight governments – including Brazil and Mexico – to launch the Open Government Partnership (OGP). At the inaugural OGP meeting on September 20, 2011, President Obama reiterated his belief “that the strongest foundation for human progress lies in open economies, open societies, and in open governments.”
    - The United States has worked both domestically and internationally to ensure global support for Open Government principles to promote transparency, fight corruption, energize civic engagement, and leverage new technologies in order to strengthen the foundations of freedom.
    - The United States is in the process of implementing the second U.S. Open Government National Action Plan, which was published in December 2013. Under this Action Plan, the United States is working to increase public integrity, manage resources more effectively, and improve public services.

    Inter-American Convention Against Corruption (IACAC)
    - The Unites States continually undertakes enhancements to its legal system and institutions to increase its ability to prevent, detect, and prosecute corruption.
    The United States is subject to peer reviews on its compliance with anticorruption standards not only in the IACAC follow-up mechanism for implementation (MESICIC) and the UN Convention Against Corruption (UNCAC) review mechanism, but also in the Council of Europe Group of States Against Corruption (GRECO) and the OECD Working Group on Bribery.
    - The United States is a leading provider of technical assistance to help developing countries strengthen their measures to combat corruption, providing approximately $1 billion in funding for programs on anticorruption and good governance globally each fiscal year. The United States provides funding to MESICIC to support IACAC implementation and to the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) and other partners for UNCAC implementation.
    - In the current round of IACAC MESICIC reviews, the Unites States has served as an expert peer reviewer of Bolivia and Grenada. The United States will be reviewed in 2014-2015. The U.S. government actively supports the debates in the MESICIC plenary and it has championed approaches to enhance transparency and the involvement of civil society in various stages of the process.
    • Fecha:  15/06/2010    Párrafos: 80
    Inter-American Convention Against Corruption (IACAC)

    • In support of the IACAC and the Follow-up Mechanism (MESICIC), the United States provided a $1 million grant to the OAS’s
    Department of Legal Cooperation efforts to fight corruption. The grant will assist ten countries in development of their Plan of
    Action projects, which will focus on the implementation of the recommendations formulated by the MESICIC.

    Source: REPORT OF THE UNITED STATES GOVERNMENT ON IMPLEMENTATION OF MANDATES FROM THE FIFTH SUMMIT OF THE AMERICAS (United States 2010)
  • Grenada
    N/A
  • Guatemala
    • Reportes
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 80
    Seguimiento a la iniciativa 4160-Disposiciones para la erradicación de la defraudación y contrabando aduanero. Reformas a los decretos 17-73 Código Penal, 58-90 Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empelados Públicos, 57-200 Ley de Propiedad Industrial, 90-97 Código de Salud, 51-92 Código Procesal Penal. 4094-Ley de Fideicomisos Públicos.
    • Fecha:  20/07/2011    Párrafos: 81
    Seguimiento a la iniciativa 4073-Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 y Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto 16-200: busca normar la revocación de la autorización de funcionamiento para las entidades fuera de plaza que hayan sido condenadas por el delito de lavado de dinero y otros activos. Establecer el requisito de calificación de riesgo para bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza publicitando la información de calificación de riesgo para conocimiento público en aras de transparentar la información.
    Seguimiento a la iniciativa 4178-Ley Contra el Secreto Bancario y por la Transparencia de Sociedades.
  • Guyana
    N/A
  • Haití
    • Recursos Relacionados
    • ECLAC - Haiti: Short and Long-Term Development Issues - Chapter IV (Inglés)
    • ECLAC - Haiti: Short and Long-Term Development Issues - Chapter IV (Inglés)
    • ECLAC - Haiti: Short and Long-Term Development Issues - Chapter VI (Inglés)
    • ECLAC - Haiti: Short and Long-Term Development Issues - Chapter VI (Inglés)
    • ECLAC - Haiti: Short and Long-Term Development Issues -Chapter IV (Inglés)
    • IDB - Project: Fiscal Sustainability
    • IDB - Project: Fiscal Sustainability
    • World Bank - Institutionalizing Key Public Governance Reforms
  • Honduras
    • Reportes
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 1, 2, 3, 5
    Honduras ha avanzado en una agenda política de cambios fundamentales,
    logrando con la amplia participación de todos los sectores sociales incorporar a la
    legislación nacional la ley que contiene la Visión de País (2010-2038) y el Plan de
    Nación (2010-2022), la que de manera planicada proyecta a Honduras como país
    democrático y socialmente estable.
    La Ley de Visión de País y Plan de Nación en vigencia desde el 27 de enero del 2009,
    se resume en la imagen objetivo de la Honduras que los hondureños aspiran en el
    plazo de 28 años, y se estructura en cuatro objetivos:
    • Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión
    social.
    • Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.
    • Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
    manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.
    • Un Estado moderno, responsable, eficiente y competitivo.
    El Plan de Nación es una guía con acciones especícas para alcanzar la Visión de País,
    y un instrumento que contiene Lineamientos Estratégicos con sus Indicadores y
    también Lineamientos Presupuestarios.
    Asimismo, el Gobierno, el sector privado y los trabajadores concertaron el Gran
    Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad, el que se formalizó
    el 7 de febrero de 2012, y contiene el compromiso de estimular y fortalecer la
    participación de todos los sectores para poder hacer frente a los efectos de la crisis
    mundial. En este acuerdo se asumen compromisos sobre los tópicos siguientes:
    • Reducción del gasto público.
    • Evolución de la inversión del sector público.
    • Evolución de la inversión del sector privado.
    • Ampliación de mercados y promoción de exportaciones.
    • Empleo.
    • Salarios privados.
    • Productividad y competitividad con responsabilidad social.
    • Apoyo a la población vulnerable
    Sin duda, este acuerdo es el resultado del esfuerzo de la gestión del Gobierno de la
    Unidad Nacional, para cuya consecución han participado activamente los actores
    nacionales, decididos a enfrentar el desafío y alcanzar compromisos equilibrados
    que llenen las expectativas de todas las partes que conforman la nacionalidad
    hondureña.
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 78
    Fomentar la credibilidad y la conanza de los ciudadanos en las
    instituciones democráticas.
    El Gobierno de Honduras ha realizado esfuerzos signicativos en todos los niveles
    para que los ciudadanos recuperen la conanza en las instituciones, de manera
    directa el Presidente de la República Porrio Lobo Sosa, ha conducido y mantenido
    un diálogo permanente con los diferentes sectores sociales.
    Como resultado de esta forma de hacer gobierno, se promulgó la Ley de Visión de
    País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 que se constituye en el punto de
    partida del proceso de planicación del desarrollo económico, social y político de
    Honduras, que involucró a las organizaciones políticas, económicas y sociales,
    gremiales, universidades, iglesias, empresa privada, autoridades locales y
    organizaciones no gubernamentales.
    • Fecha:  01/04/2012    Párrafos: 79
    Mejorar la descentralización, el gobierno local y la participación
    ciudadana para promover las prácticas de buena gestión.
    En cuanto a mejorar la descentralización, el gobierno local y la participación
    ciudadana para promover las prácticas de buena gestión, la Secretaria del Interior y
    Población a través de las Direcciones Generales de: Fortalecimiento Local,
    Participación Ciudadana y Gobernabilidad, Desarrollo Local y la Unidad Técnica de
    Descentralización, han remitido a este Despacho sendos informes que contienen en
    forma sucinta pero clara todo lo referente al tema señalado.
  • Jamaica
    • Reportes
    • Fecha:  21/03/2012    Párrafos: 78, 79, 80, 81
    Governance
    Effective governance in a major thrust of the Government of Jamaica as clearly articulated in Vision 2030. Therefore, efforts must be taken to improve governance at the local government and community level. This includes:
    A. Providing technical and financial support (through a budgetary allocation) to community groups such as community development committees, development area committees and parish development committees.

    B. Improving the government’s effectiveness through the Public Sector Modernisation Programme and the Public Sector Master Rationalisation Plan which is being implemented by the Public Sector Transformation Unit in the Cabinet Office.

    C. Pursing Local Government Reform with focus on the areas of governance, structure and functions of the local authorities, service delivery, financial management, financing framework, organizational restructuring and institutional capacity strengthening, legal framework, enforcement of municipal laws/regulations, modernization of local authorities and local government systems, and international collaboration.

    D. Implementing the “Enhancing Civil Society Participation in Local Governance for Community Safety Programme” which seeks to improve capacity at the Parish level to address community safety issues, build the capacity of local authorities and civil society organizations at the parish level to collaborate in the planning and implementation of safety policy preventive initiatives, and assist with the formulation of tools and instruments for parish level co-ordination and preventative action.

    E. Developing a training programme on the development process for community groups and incoming Councillors with assistance from the Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC).

    F. Establishing a Stakeholder Committee on Local Governance to provide advice and direction on a number of issues which will support governance at the local level.
  • México
    • Reportes
    • Fecha:  31/12/2012    Párrafos: 3
    • El 6 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), misma que entró en vigor el 16 de ese mes. En seguimiento a ello, el 27 de septiembre el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se emite el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el que figura la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a partir del 28 de septiembre.

    • Durante 2011, México participó activamente en diversos foros sobre cooperación internacional para el desarrollo, como las reuniones de preparación del Tercer Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (DCF) del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU y el 4° Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda.

    • Para evitar la fragmentación de acciones, se ha impulsado la consolidación de programas integrales de cooperación técnica y científica, desalentando la ejecución de acciones aisladas.

    • Con la finalidad de realizar una programación más precisa y previsible de la cooperación, se desarrolló una metodología para identificar las capacidades nacionales y la posibilidad de las instituciones mexicanas de responder a las solicitudes de cooperación internacional.

    • La SRE lanzó una estrategia de fortalecimiento de capacidades en materia de cooperación internacional, que estuvo compuesta por seminarios y cursos de capacitación para gobiernos estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y para funcionarios públicos involucrados en la ejecución de proyectos de cooperación internacional.

    • México ha trabajado con la Cumbre Iberoamericana en el fortalecimiento de la gestión de la cooperación Sur-Sur (CSS), tres líneas de acción sobresalen: capacitación para funcionarios, identificación de buenas prácticas de CSS y su sistematización de sistemas de información para contribuir a la contabilización adecuada y visibilidad de la CSS en Iberoamérica.

    • En 2012, AMEXCID coordinó la ejecución de 667 proyectos de cooperación técnica y científica en los rubros de Cooperación Sur-Sur, cooperación para el desarrollo nacional y ayuda humanitaria, a fin de contribuir al desarrollo humano sustentable y, por ende, a aumentar la seguridad humana en los ámbitos nacional e internacional. Asimismo, se realizaron 345 cursos internacionales de capacitación y se otorgaron 16 permisos para investigaciones científicas extranjeras en México.

    • México, como miembro del Consejo Directivo del Task Team on South-South Cooperation (TTSSC) de la OCDE, ha contribuido en la identificación de experiencias de CSS y triangular para derivar mejores prácticas, recomendaciones de política y generar metodologías de sistematización y análisis de casos.

    • México ha impulsado de modo progresivo esfuerzos y fortalezas con países desarrollados, de renta media, organismos internacionales y regionales para colaborar en distintas iniciativas a favor de países de América Latina y el Caribe.

    PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

    DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
    http://www.sre.gob.mx/index.php/oficinas-centrales/direccion-general-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica
    • Fecha:  30/11/2011    Párrafos: 79, 80
    • Se coordinó la participación de nuestro país en la VI Reunión Ministerial de la Comunidad de las Democracias, la cual se llevó a cabo los días 30 de junio y 1º de julio de 2011 en Vilna, Lituania. Como resultado se adoptó la “Declaración de Vilna”.

    • El 20 de julio de 2011 se presentó el portal electrónico “Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos”, proyecto desarrollado conjuntamente con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

    • El 15 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México se celebró el “Día internacional de la democracia”. En esa ocasión México reafirmó su compromiso en la construcción y fortalecimiento de la democracia, la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos insustituibles para el pleno respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

    • En septiembre de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue sede de la sesión del “Grupo de trabajo sobre la democracia de ciudadanía desde la visión de las mujeres”, organizado de manera conjunta con la Comisión Interamericana de Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Secretaría General Iberoamericana y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    • En materia de transparencia y acceso a la información, México convocó a la Asociación para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), lanzada durante el mes de septiembre de 2011 en Nueva York, a iniciativa de Estados Unidos y Brasil. En esa ocasión se presentó el Plan de Acción de México.

    • Igualmente, México participó en la 20ª reunión anual del Consejo de IDEA y en la Mesa Redonda de IDEA, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, España los días 29 y 30 de noviembre de 2011.

    PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

    DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
    http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article_sp&id_article=2001

    RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
    http://www.recomendacionesdh.mx/

    DECLARACIÓN SOBRE GOBIERNO ABIERTO
    http://www.opengovpartnership.org/declaraci%C3%B3n-sobre-gobierno-abierto

    INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (INTERNATIONAL IDEA)
    http://aceproject.org/about-es/organisations/partners/IDEA
    • Fecha:  31/10/2011    Párrafos: 80
    • México recibió la visita de un equipo evaluador, integrado por expertos de España y Eslovenia, y del Secretariado de la OCDE, con la finalidad de revisar los avances del Estado Mexicano en la aplicación de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, suscrita por México en 1997, 17 al 19 de mayo de 2011.

    • El 14 de octubre de 2011, el gobierno de México depositó el instrumento de ratificación del “Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como Organización Internacional (IACA)”. Conforme al artículo XVIII párrafo 4 del Acuerdo para el Establecimiento de la IACA como Organismo Internacional, entró en vigor para México a partir del 13 de diciembre de 2011.

    • México participó en la “Cuarta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, celebrada en Marrakech, Marruecos, 24 al 28 de octubre de 2011.

    PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

    ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (IACA)
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/anticorrupcion/112_22538.html

    CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
    http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/cooperacion-internacional/convenciones-internacionales/onu.html
    • Fecha:  19/05/2011    Párrafos: 1
    I. Democracia

    1. México ha experimentado en los últimos años un proceso de transformación política de gran envergadura. El hecho de conceder a todas las personas el derecho de votar en condiciones de igualdad política no basta para que un sistema político determinado sea considerado como democrático.

    2. La política exterior mexicana considera que la plena transformación democrática debe basarse en la ampliación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

    3. La OEA considera la conmemoración del 10º aniversario de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en 2011, como una oportunidad para destacar su relevancia como el principal instrumento regional para la gobernabilidad democrática y para promover y difundir un conocimiento más amplio entre los ciudadanos de las Américas sobre su contenido y alcance.
    • Fecha:  02/12/2010    Párrafos: 2
    • Se entregó el Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación a ocho instituciones públicas y tres privadas. Esta distinción se otorga a instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales que lleven a cabo programas y medidas con el fin de prevenir y eliminar la discriminación e sus prácticas y en sus procedimientos.

    Fuente: INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (México 2010)
    • Fecha:  02/12/2010    Párrafos: 78
    Democracia
    • Para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en la materia, se estableció la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual adquiere competencia nacional y asume las obligaciones y compromisos institucionales ya establecidos por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

    Fuente: INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (México 2010)
    • Fecha:  02/12/2010    Párrafos: 80
    Cultura de la Legalidad
    • Para fomentar el apego a la legalidad en el servicio público, se registraron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) dos capacidades técnicas específicas para efectos de certificación de los servidores públicos en el Servicio Profesional de Carera de la Administración Pública Federal (APF): el de “Cultura de la Legalidad” y el de “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” en marzo y abril de 2009, respectivamente.
    • Con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se elaboraron cápsulas de valores y cultura de la legalidad, dirigidas al público en general, con especial atención a niños y jóvenes. De febrero a junio de 2009 se produjeron 18 cápsulas transmitidas a través de la Red EDUSAT y canal 412 de Cablevisión, con un total de 21 impactos en 33,622 grandes usuarios de la Red EDUSAT.
    • En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en diciembre de 2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la rendición de cuentas como fundamentos de la gestión en el combate a la corrupción”. Asimismo, se publicaron las Memorias del Segundo Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la Consolidación de la Transparencia como Política Pública”.
    • Como parte de los esfuerzos de la SFP para garantizar el uso correcto de los recursos públicos federales en procesos electorales federales y locales, se continuó con la difusión de la guía intitulada “Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la responsabilidad pública”. Esta guía busca fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos de la APF, destacando sus obligaciones y responsabilidades para contribuir a la equidad, transparencia y legalidad de las elecciones.
    • Se creó el Curso Taller de Especialización y Vigilancia de Género para Servidores Públicos, el cual está orientado a desarrollar las...continue
    • Fecha:  02/12/2010    Párrafos: 81
    • En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en diciembre de 2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la rendición de cuentas como fundamentos de la gestión en el
    combate a la corrupción”. Asimismo, se publicaron las Memorias del Segundo Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la Consolidación de la Transparencia como Política Pública”.
    • Como parte de los esfuerzos de la SFP para garantizar el uso correcto de los recursos públicos federales en procesos electorales federales y locales, se continuó con la difusión de la guía intitulada “Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la responsabilidad pública”. Esta guía busca fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos de la APF, destacando sus obligaciones y responsabilidades para contribuir a la equidad, transparencia y legalidad de las elecciones.
    • Se creó el Curso Taller de Especialización y Vigilancia de Género para Servidores Públicos, el cual está orientado a desarrollar las habilidades, conocimientos y competencias que capacitan para asesorar, evaluar y supervisar los procesos de implementación de la perspectiva de género en la APF. El objetivo es incorporar la perspectiva de género al interior de las unidades administrativas, correspondientes a los sectores de salud, educación y productivo, principalmente.
    • La SFP continuó promoviendo la realización de trabajos de investigación en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por parte de instituciones académicas y centros de investigación, así como su publicación a través de una serie denominada “Cuadernos sobre Rendición de Cuentas”.
    • En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en diciembre de 2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la rendición de cuentas como fundamentos...continue
    • Recursos Relacionados
    • ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (IACA)
    • CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
    • DECLARACIÓN SOBRE GOBIERNO ABIERTO
    • DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
    • DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
    • INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (México 2010)
    • INFORME NACIONAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN SEGUIMIENTO DE LOS MANDATOS ADOPTADOS DURANTE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (México 2010)
    • INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (INTERNATIONAL IDEA)
    • RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
  • Nicaragua
    N/A
  • Panamá
    • Reportes
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    El Estado Panameño ha aprobado legislación nacional con el fin de fortalecer la democracia y el Estado de derecho, la separación e independencia entre los poderes del Estado, el respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales entre otros.

    Para fortalecer la democracia, el Tribunal Electoral de Panamá, estableció una metodología para la promoción y divulgación de las normas contenidas en el Código de Ética institucional en observancia de la Ley 6 de Transparencia y propiciar de manera no solo coercitiva sino de modo preventivo mecanismos educativos y formadores, incluyendo las disposiciones del Reglamento interno y otras disposiciones o leyes.

    Se han reforzado estas buenas prácticas de trabajo, mejorando los niveles de transparencia de la administración institucional y en la justicia penal electoral, previniendo las incidencias en la conducta administrativa de lo colaboradores, además de crear conciencia de las tendencias a nivel mundial y regional de las prácticas transparentes.

    Se ha fortalecido el recurso humano para incrementar su conocimiento y eficiencia de manera que conlleven al logro de la calidad y satisfacción esperada en el servicio prestado.

    Mediante Decreto 9 de 9 de mayo de 2012 se adoptó el texto único del Código de Ética en el Tribunal Electoral, en observancia de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas de transparencia en la gestión pública de Habeas Data y se dictan otras disposiciones.

    Se desarrolla un Proyecto de Ley que desarrolla el artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá, sobre declaración jurada de estado patrimonial, y establece además la obligación de declarar modificaciones sustanciales al estado patrimonial entre la declaración inicial y la final, lo que se conoce como actualización de la declaración jurada, así como incorpora sanciones para los servidores públicos que no lo cumplen.

    Presentación del Proyecto de Ley que regula el Conflicto de Intereses en el servicio público el cual tiene por objeto el regular el conflicto de intereses en la función pública, es dar a la ciudadanía garantías de que quien desarrolla funciones públicas en razón de su selección, elección mediante el voto popular, nombramiento o designación.
    Presentación del Proyecto de Ley que adopta medidas de protección para las personas que denuncien delitos contra la administración y la fe pública para garantizar la protección de los servidores públicos y de las personas que sean contratantes del Estado, que denuncien, querellen, testifiquen o participen de alguna forma de los procesos judiciales en contra de servidores públicos por la presunta comisión de delitos contra la administración y la fe pública.
    Presentación del Proyecto de Ley que adiciona, modifica y deroga disposiciones del Código Penal de la República de Panamá que adiciona, modifica y deroga las disposiciones del código penal contempladas en el Capítulo III- Delitos Financieros, artículos 243-253; Capítulo IV- Delitos de Blanqueo de Capitales, artículos 254-261 ; Título X Delitos contra la Administración Pública, Capítulo I- Diferentes formas de Peculado 338-344; Capítulo IX- Fraude en los Actos de Contratación Pública, artículos 364-365.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    Implementación del Plan General de Elecciones (PLAGEL) que tiene como fin organizar el torneo electoral por etapas a dos años de las elecciones para apoyar el fortalecimiento institucional y la modernización de órganos electorales independientes.
    Institucionalización del proceso de reforma electoral, a través de la creación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) con una colaboración armónica entre los partidos políticos y aquellas entidades de la sociedad civil que han demostrado interés por la materia electoral y la democracia.

    Implementación de las NORMAS ISO (Sistemas de Calidad) con la colaboración de la OEA para el fortalecimiento del proceso electoral, sistemas registrales e identificación ciudadana, a través de la implementación de sistemas de calidad y certificación bajo las normas ISO 9001:2000.
    Financiamiento público a los partidos y candidatos de libre postulación, que estuvo muchísimos años en la Constitución Política como una posibilidad que no se implementaba.
    Se ofrece financiamiento previo a las elecciones, y uno post-electoral que cubre todo el período constitucional que separa una elección de la otra. Se garantiza la vigencia permanente de los PP poniendo fin a los electoreros; se nutre la democracia interna y se les compromete en la ejecución de actividades de capacitación. La ejecución de ese financiamiento, se publica tanto en el Boletín del TE como en su página Web.

    Para el éxito de las elecciones, se establecen comisiones de trabajo que comprenden el Plan General de Elecciones (PLAGEL), a fin de organizar y desarrollar las tareas que demanda un proceso electoral. Para tal efecto, el Departamento de Capacitación de Funcionarios Electorales se convierte en Comisión de Capacitación de Funcionarios Electorales.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    Promover la universalidad del registro civil y los derechos relacionados con la identidad, desarrollando y fortaleciendo programas que logren la reducción de los niveles de subregistro, de tal forma que un mayor número de personas puedan participar de los beneficios de ser reconocidos por el Estado.

    El Estado panameño garantiza a nivel constitucional y legal la nacionalidad panameña, la cual se constituye a través de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, y representa la única prueba de existencia del ser humano, y es la que nos otorga el derecho a obtener un documento de identidad.

    El sistema panameño de identidad se constituyó formalmente en 1914, cuando se creó el Registro Civil, estableciéndose que al momento de la inscripción del nacimiento se genera un número de acta, el cual es único y se constituye, además, en el número de cédula de identidad, el cual nunca va cambiar y permite al titular identificarse para todos los propósitos legales, tanto privados como públicos, incluyendo el ejercicio activo y pasivo del sufragio.

    En 1956, se creó el Tribunal Electoral, y se incorporó al mismo como responsabilidades, la administración del Registro Civil y la expedición de la cédula de identidad. De acuerdo a la constitución política el Tribunal Electoral fue creado con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, para lo cual se le dotó constitucionalmente de las facultades necesarias para llevar a cabo ese mandato, a saber:
    a. Interpretar, reglamentar y aplicar privativamente la Ley Electoral y conocer de las controversias que origine su interpretación
    b. Dirigir, vigilar y fiscalizar la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado Civil de las Personas, así como registrar las anotaciones procedentes en las respectivas inscripciones.
    a. Expedir el documento de identidad, el cual en Panamá se conoce como Cédula de Identidad Personal, o más comúnmente como “cédula”.
    b. Organizar procesos electorales.
    c. Organizar, dirigir y fiscalizar el Registro de Electores y levantar el Registro Electoral.
    d. Sancionar los Delitos y Faltas Electorales.
    e. Tramitar expedientes de Naturalización
    f. Ejercer iniciativa Legislativa en materia de su competencia.
    El ejercicio de estas facultades ha permitido que el Tribunal Electoral, maneje los procesos a su cargo de forma integral, con mayor control y optimizando recursos. Por ejemplo, controla los insumos más importantes de la calidad del proceso electoral y del ejercicio al sufragio: esto es el registro civil de las personas, la emisión del documento de identidad y la emisión del padrón electoral, los cuales se nutren de la base de datos del Registro Civil, la cual se mantiene actualizada de forma permanente.

    Para aclarar aún más, tenemos que el sistema de votación inicia con la conformación del Registro Electoral el cual es automático, pues cada vez que un ciudadano llega a la mayoría de edad y obtiene su cédula de identidad es incluido de inmediato en el Registro Electoral.

    El Tribunal Electoral, desde su constitución y aún más en los últimos años ha estado promoviendo el registro universal de nacimiento para garantizar a todos los panameños el ejercicio pleno de su identidad, incluyendo su participación en los procesos electoral.

    Situación Actual sobre la promoción del registro universal de nacimiento:

    Panamá al igual que el resto de los países de la región, se unieron al compromiso de lograr tener al año 2015, 0% de su registro. En tal sentido, nuestro país de acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Registro Civil, mantiene un sub registro de nacimientos que oscila en un 1.9% aproximadamente, entendiendo que se encuentran en sub registro de nacimiento, los niños que son registrados después de cumplir un año de vida.

    Si bien el porcentaje parece pequeño cuando se mide a nivel nacional, cuando se revisan las cifras disgregadas por región tenemos que en las Comarcas indígenas y en las zonas apartadas del país esas cifras aumentan.

    Es importante indicar que en Panamá, el 90% de los nacimientos ocurren en centros hospitalarios y todos son registrados durante los primeros seis meses de vida del niño, en virtud de una norma especial en la Ley de Registro Civil que obliga a la institución a inscribir de oficio a los niños que habiendo nacido en un hospital no fueran declarados en ese período por sus padres, esto quiere decir que las dificultades de inscripción oportuna de nacimiento se encuentran en el 10% de los niños que nacen en casa fuera de centros hospitalarios, en regiones apartadas y de difícil acceso, así como en las poblaciones en áreas fronterizas.
    Estrategias para lograr el Registro Universal de Nacimientos:

    • Para el año 2008 se suscribe un Convenio entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Estadísticas para la implementación en el año 2009 de los partes clínicos de nacimientos y defunción con valor legal y estadístico con el sector salud y el INEC; por otro lado, se iniciaron los primeros pasos para estimar el subregistro, su comportamiento y las variables que inciden en el mismo.

    • Con apoyo de UNICEF en el año 2011 y 2012 se desarrolló un proyecto de atención en la Comarca de Ngäbe-Buglé para la disminución del subregistro y en la Comarca de EmberaWounaán, la Comarca de GunaYala, y las provincias de Darién, Coclé y Colón.

    • En la actualidad este proyecto se ha convertido en un programa permanente de atención a la población residente en áreas de difícil acceso, como beneficiarios directos de los mismos está los 3,885 niños inscritos y 79,447 niños cedulados que se atendieron en este programa del año 2012 al 2015.

    • Desde el año 2015, el Registro Civil inicio la presentación del protocolo en las instituciones que tienen relación con la inscripción de nacimientos y ha realizado reuniones para validar las rutas de trabajo en cada eje de atención que lo integran, tales como: Salud, Educación, Programas Sociales, niños en Riesgo Social, en materia de seguridad a nivel nacional.

    • Atención especial para población residente en Zonas Fronterizas con Costa Rica y Colombia mediante la firma de Convenios de Cooperación entre los dos países para registrar a los nacionales

    • Medidas especiales para población indígena.
    • Exoneración de los servicios de Registro Civil y Cedulación para las personas residentes de todas las comarcas indígenas en la República de Panamá de conformidad con el Decreto del Tribunal Electoral N°6 del 3 de abril del 2003.
    • Medidas especiales para mejorar la atención.
    • Se logró en el año 2010 la certificación de todos los procesos del Registro Civil y Cedulación en normas ISO:9001:2008. A la fecha hemos logrado dos recertificaciones adicionales.
    • Política de descentralización de los servicios de atención a la ciudadanía.
    • Del año 2012 al 2015 se han creado 27 oficinas distritales que brindan servicios de cedulación e inscripción en línea, de las cuales 24 están ubicadas en comarcas indígenas y en zona de difícil acceso.
    • Fortalecimiento del Recurso Humano. Se ha creado una unidad para la capacitación permanente de funcionarios propios y de otras instituciones en materia de identidad.
    • Medidas especiales para promover la identificación juvenil.
    En Panamá desde el año 1999, se expide la cédula juvenil, la cual tiene además el mismo valor que el certificado de nacimiento, pues cuenta en su reverso los nombres completos de los padres y se espera incorporarle además el número de cédula de estos. En los últimos años se ha determinado que el documento será expedido de forma gratuita para los menores de edad y se han realizado programas especiales para cedular a todos los niños de 0 a 17 años. Recientemente se aprobó la Ley 68 de 2 de noviembre de 2015 que regula la expedición del documento de identidad y que establece que todos los menores de edad, incluyendo a los hijos de extranjeros residentes permanentes deben obtener el documento, pero además que es obligatorio que lo porten los mayores de 12 años.

    Entre las estrategias adoptadas para promover la cedulación juvenil el Tribunal Electoral firmó el 18 de junio de 2013 un Convenio con la Caja del Seguro Social para que se emitan de forma gratuita, desde la dependencia administrativas de esta institución las cédulas juveniles, que es el documento oficial de identidad para las personas menores de 18 años. Este documento será utilizado en lugar del antiguo carné de seguro social. A la fecha desde el Seguro Social se han tramitado 123,182 cédulas juveniles.

    Se está desarrollando además un programa de Cedulación Juvenil (2015-2017) en las escuelas con el Ministerio de Educación (MEDUCA) en todas las escuelas públicas y privadas del país para cedular a toda la población juvenil.

    Medidas para garantizar la identidad del niño e impedir tráfico de niños y simulación de adopciones.

    1. Sistema de Verificación Biométrica en las Salas de Maternidad
    2. Servicios por internet:
    Actualmente el Tribunal Electoral a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, está implementando los certificados por internet, para uso oficial en el Órgano Judicial (Jurisdicciones de Familia y de Niñez y Adolescencia) quien lleva procesos que vinculan a la niñez y adolescencia, y el SENNIAF que en su nivel operativo tiene competencia para velar por la protección integral de los derechos humanos a la Niñez, Adolescencia y la Familia, y atienden procesos que atienden a los menores de edad. Estas entidades pueden expedir certificado de hechos vitales como nacimiento y defunción.

    3. Implementación de un formulario de atención de casos de personas sin registro de nacimiento, que será utilizado principalmente en las zonas de difícil acceso donde las poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema generalmente no tienen acceso a los servicios sociales.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    La Constitución Política de la República de Panamá en el artículo 19, consagra que no habrá fuero ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

    Para el caso de los discapacitados, los artículos 299 y 300 del Código Electoral, prevé que el Presidente de la mesa de votación debe disponer que tengan prioridad y voten sin hacer fila las mujeres en estado grávido, los enfermos o las personas con discapacidad, los mayores de sesenta años, siempre que tengan

    En el artículo 236 de nuestro ordenamiento electoral, se establece que los partidos políticos garantizarán la postulación de mujeres, con la aplicación efectiva de lo dispuesto en ésta materia.

    En el caso de que la participación femenina, de manera comprobada por la secretaria femenina del partido, sea inferior al porcentaje establecido en las normas electorales para postulaciones es que el partido o los partidos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos derecho a votar en esa mesa.

    Mediante Ley 54 de 2012, se estableció en el artículo 239 del Código Electoral que
    en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias, las postulaciones se harán garantizando efectivamente, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas sean para mujeres. Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos firmar las listas de postulaciones.

    El Tribunal Electoral introduce a los primeros votantes en el patrón electoral.
    Panamá procura garantizar el derecho al sufragio a los panameños que residen en el exterior, en ese sentido el Artículo 6 del Código Electoral, permite que los ciudadanos panameños residentes en el extranjero y que soliciten su inscripción o se mantengan en el Registro Electoral del lugar de su última residencia ejerzan su voto sin estar en el país en su respectiva mesa, en todos los tipos de elecciones.
    En el caso de permanecer en el extranjero, podrán ejercer el derecho al sufragio, solo para el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, para ello deberán inscribirse en el Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE).
    Existen tres (3) formas en que los panameños residentes en el exterior puedan ejercer el derecho al sufragio:
    1- Vía internet (el elector debió haber tramitado y obtenido la contraseña de acceso)
    2- Por correo desde el exterior (certificado, courier, por entrega personal ante la subcomisión de votos en el extranjero antes del día de la elección).
    3- Personalmente el día de la elección en Panamá.
    Además, la legislación electoral panameña prevé que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al sufragio, toda vez que en la última reforma al Código Penal en el año 2008, se eliminó como pena accesoria la suspensión de los derechos civiles y políticos, garantizando así a los ciudadanos con esta condición poder ejercer el voto a partir de la elecciones generales del 2009, no obstante no todos los que están detenidos en los centros penitenciario han sido condenados mediante Sentencia en Firme y Ejecutoriada, sino que por la calidad del delito se encuentran recluidos mediante detención preventiva.

    Panamá se encuentra en la fase final de la elaboración de un Plan de Acción para establecer las bases y demostrar el potencial y los beneficios de utilizar los Datos Abiertos de Gobierno (DAG) en el avance de la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible nuestro país.
    El DAG es liderado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en la colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y de la formalización de un ecosistema conformado por organizaciones y empresas que promuevan el uso y reúso de los DAG.
    • Fecha:  13/02/2018    Párrafos: -
    Dentro de la política de Gobierno Abierto, Panamá forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y se encuentra actualmente monitoreando junto a los demás actores el cumplimiento de los compromisos del Segundo Plan de Acción Nacional 2015-2017.

    Panamá empezó en el mes de enero 2017a discutir con miembros de la sociedad civil los temas que pueden ser utilizados para el tercer plan de Acción Nacional 2017-2019.

    Panamá promueve el programa de Datos Abiertos de Gobierno (DAG), y un Plan de Acción para que más gobiernos se vuelvan más transparentes, mejoren su rendición de cuentas y permitan mayor participación de los ciudadanos.
    El DAG es liderado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), con la colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y de la formalización de un ecosistema conformado por organizaciones y empresas que promuevan el uso y reúso de los DAG
    Fortalecer los mecanismos regionales e internacionales de lucha contra la corrupción, reconociendo el valor e importancia de los mecanismos nacionales y el ejercicio multilateral sobre la base de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad. Solicitar a la OEA que continúe apoyando a los países en el seguimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

    En el marco del Segundo Ciclo de evaluación de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la República de Panamá junto a la República Islámica de Mauritania evaluarán a la República de Mauricio, como también nuestro país será objeto de examen por parte del Estado de los Emiratos Árabes y Jamaica.

    La República de Panamá contestó la lista de verificación para la autoevaluación de la implementación de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en colaboración de 7 expertos y 7 enlaces de distintas instituciones públicas, para su posterior remisión a la Secretaría de la UNCAC.

    La República de Panamá desarrolla un proyecto de Ley Anticorrupción que contempla el tema del conflicto de intereses, declaración patrimonial de bienes, protección al denunciante, fortalecimiento de las instituciones anticorrupción, prevención de la corrupción en las contrataciones públicas, y medidas administrativas.

    Panamá presenta su evaluación en el marco de la Quinta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación (MESICIC) de la Convención Interamericana contra la Corrupción para lo cual recibió en octubre de 2016 la visita
    de los países evaluadores y la Secretaría Técnica del MESICIC de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    El Tribunal Electoral de Panamá, estableció una metodología para la promoción y divulgación de las normas contenidas en el Código de Ética institucional en observancia de la Ley 6 de Transparencia y propiciar de manera no solo coercitiva sino de modo preventivo mecanismos educativos y formadores, incluyendo las disposiciones del Reglamento interno y otras disposiciones o leyes.
    Orientar las conductas de los colaboradores hacia las buenas prácticas institucionales, a través de mecanismos educativos y formadores, la promoción, divulgación y seguimiento de los valores contenidos en el código de ética y reglamento interno e investigar las conductas irregulares que afecten la imagen institucional.
    Se han reforzado estas buenas prácticas de trabajo, mejorando los niveles de transparencia de la administración institucional y en la justica penal electoral, previniendo las incidencias en la conducta administrativa de lo colaboradores, además de crear conciencia de las tendencias a nivel mundial y regional de las prácticas transparentes.
    Se ha fortalecido el recurso humano para incrementar su conocimiento y eficiencia de manera que conlleven al logro de la calidad y satisfacción esperada en el servicio prestado.
    Se ha logrado dirigir, coordinar y ejecutar las tareas administrativas, con alto grado de calidad, manteniendo la transparencia y eficiencia, así como mantener una comunicación efectiva con diversos actores de la sociedad, tales como el Consejo Nacional de Partidos Políticos, organismos electorales internacionales, instituciones públicas y privadas.
    Que el acceso a la administración pública, es una facultad los órganos del estado, entidades autónomas, semiautónomas y empresas públicas, las cuales en sus propios reglamentos establecen los asensos y despidos. A su vez, mediante Decreto 9 de 9 de mayo de 2012 se adoptó el texto único del Código de Ética en el Tribunal Electoral, en observancia de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas de transparencia en la gestión pública de Habeas Data y se dictan otras disposiciones. En sentido la Sala de Acuerdos, decidió incorporar mediante el Acuerdo de 20 de abril de 2015 al Código de Ética de la institución los principios normativos sobre el nepotismo que consagra el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Central y la Ley 9 de 1994 de la Carrera Administrativa.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    En el caso panameño, se implementó el Plan General de Elecciones cuyas siglas son PLAGEL, que no es más que una herramienta para la organización de las elecciones generales en Panamá.
    PLAGEL es el conjunto de proyectos interrelacionados a ejecutarse durante cada una de las etapas en que se divide la organización de un evento Electoral. Su operatividad inicia dos años antes de la fecha de los comicios. Esta se da en función de diversos niveles cuyo eje central es La planificación, Supervisión, Control y Evaluación de las elecciones.
    Estos niveles son:
    1. Nivel Normativo ( Sala de acuerdos)
    2. Dirección y Coordinación.
    La Dirección del Proyecto establece un sistema de coordinación e información gerencial que permite darle seguimiento a los avances o retrasos de las diferentes actividades de las Comisiones Electorales, y de cada Región del país, para tomar decisiones que permiten solucionar las situaciones que no cumplan ÓPTIMAMENTE con las metas trazadas. La ejecución del PLAGEL dijimos, se inicia dos años antes de la fecha de los comicios. Y las reuniones se darán a lo largo de ese período. Consiste en la integración de más o menos 26 comisiones, con la designación de un responsable y un co – responsable de cada una de ellas, a las que se integran los Directores de cada una de las 14 REGIONES (4 en cada región) en que tenemos dividido el país. Más o menos 120 personas ejecutan el PLAGEL.
    MS PROJECT. Todas las tareas electorales que debe realizar cada una de esas comisiones o regiones (según experiencias anteriores acumuladas), y el momento exacto y la forma como debe ser ejecutada cada tarea, están contenidas en una matriz informática que conocemos como el MS PROJECT. Cada responsable y co responsable de cada Comisión y Región, debe alimentar el PROJECT indicando el nivel de ejecución exacta de cada una de las tareas de su responsabilidad. De manera que los controladores del proceso, y todos los responsables de cada Comisión y Región, puedan supervisar el cumplimiento de una comisión o Región en específico, y de todas ellas en general. Un bajo nivel de ejecución genera de inmediato la alarma para que la supervisión acuda a detectar las razones y a reforzar la ejecución.
    El PLAGEL se reúne periódicamente además, para compartir en vivo, su ejecución. Al principio más o menos cada 3 meses, pero al final cada mes o con la frecuencia que determinen los acontecimientos. Y por supuesto, al concluir el proceso electoral, tantas veces como se estime conveniente para enriquecer el PROJECT con las experiencias vividas, dificultades encontradas y soluciones aplicadas. A efectos de dejarlo listo para su ejecución en el próximo compromiso electoral

    Muchos de estos organismos y delegaciones internacionales y nacionales, elaboran muy serios y profesionales informes de observación, los que son estudiados y evaluados muy responsablemente por el TE para determinar qué aspectos merecen ser discutidos y acogidos.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    COMISIÓN NACIONAL DE REFORMAS ELECTORALES.

    Panamá es el único país de nuestro Continente que ha logrado institucionalizar el proceso de reforma electoral, a través de una colaboración armónica entre los partidos políticos y aquellas entidades de la sociedad civil que han demostrado interés por la materia electoral y la democracia.
    Nos referimos a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que es el ente que, después de cada proceso electoral, se ocupa del análisis de las quejas e imperfecciones detectadas durante las últimas elecciones generales y analiza las propuestas novedosas que surgen del Derecho Electoral comparado, para proponer reformas legales correctivas que permitan ir perfeccionando nuestro sistema electoral, a través de la iniciativa del Tribunal Electoral. Esta Comisión tiene la responsabilidad de proponer las reglas legales del juego para cada elección general.

    CNPP (Consejo Nacional de Partidos Políticos): creado en 1997 como órgano de consulta del Tribunal Electoral, que ha institucionalizado la interacción entre el Tribunal Electoral y los partidos políticos, con reuniones mensuales dedicadas a la revisión y análisis de la legislación electoral panameña y procesos electorales asi como de otros aspectos de interés de los partidos.
    NORMAS ISO (Sistemas de Calidad): El Tribunal Electoral de Panamá con la colaboración de la OEA inició a partir de 2008 un proceso de fortalecimiento del proceso electoral, sistemas registrales e identificación ciudadana, a través de la implementación de sistemas de calidad y certificación bajo las normas ISO 9001:2000.
    El alcance de la implementación del SGC y la certificación a nivel del órgano electoral, fue definido dentro de un total de cuatro direcciones: Registro Civil, Dirección de Cedulación, Organización Electoral, e Informática. El proceso que culminó en mayo de 2010, mes en el cual el órgano electoral recibió su certificación, ubicándolo como el primer órgano electoral del mundo en tomar la iniciativa de implementar un SGC al interior de su organización y ser certificado.
    Nuestra iniciativa generó la necesidad de crear la Norma Internacional de Calidad Electoral identificada ahora como ISO/TS 17582:2014 y ahora el TE se avoca a realizar los ajustes necesarios para que los procesos institucionales se ajusten a niveles y estándares definidos por normas internacionales que mejoran sustancialmente su productividad, eficiencia y eficacia específicamente, de un proceso electoral.
    Con todas estas metodologías, hemos ido logrando el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y mejorando notablemente todos los servicios que brindamos a la ciudadanía, que la Constitución y la Ley nos imponen como misión.

    Aunado a lo anterior, se ha hecho efectivo el financiamiento público a los partidos y candidatos de libre postulación, que estuvo muchísimos años en la Constitución Política como una posibilidad que no se implementaba.
    Ahora hay un financiamiento previo a las elecciones, y uno post-electoral que cubre todo el período constitucional que separa una elección de la otra. Se garantiza la vigencia permanente de los PP poniendo fin a los electoreros; se nutre la democracia interna y se les compromete en la ejecución de actividades de capacitación. La ejecución de ese financiamiento, se publica tanto en el Boletín del TE como en su página Web.
    Además, los candidatos están obligados a registrar sus contribuciones privadas y a reportarlas al TE, permitiendo producir estadísticas sobre el costo aproximado de las campañas.
    Por último y no menos importante y en aras fortalecer sus capacidades para garantizar la integridad de los procesos electorales y la realización de elecciones libres, justas y periódicas, esta lo que se denomina la Comisión de Capacitación, que forma parte del Plan General de Elecciones ( PLAGEL), ha venido desarrollando acciones de capacitación desde 1991 a la fecha, por lo que año tras año y gracias a las evaluaciones realizadas durante y después de cada evento electoral, han permitido incorporar nuevas estrategias de capacitación que conlleven al éxito y transparencia en los resultados de dichos comicios.

    Así las cosas y en cumplimiento con lo que establece la Constitución, cada 5 años la nación panameña se ve inmersa en una gran fiesta electoral con motivo de la renovación de sus autoridades, por lo que existe el compromiso de planificar y llevar a cabo el adiestramiento de todo el personal involucrado en el proceso, a fin de que sus acciones conlleven a resultados transparentes y veraces en pro del fortalecimiento de la democracia.

    Dicho compromiso se enfoca en las acciones de preselección, capacitación y selección de los instructores electorales, quienes van a ser los responsables de capacitar, sobre las disposiciones normativas y legales, a los miembros de las corporaciones electorales y personal de apoyo que laborarán para estas elecciones. De igual forma se detalla el plan de capacitación electoral de todo el personal que fungirán como funcionarios de dichas corporaciones electorales.

    Como es de conocimiento, el Tribunal Electoral de Panamá, responsable oficial de liderar cada evento electoral que la Constitución y el Órgano Legislativo dictamine, lleva sobre sus hombros la loable tarea de formar y capacitar al personal que labora en los procesos electorales.

    Para el éxito de estas elecciones, se establecen comisiones de trabajo que comprenden el Plan General de Elecciones (PLAGEL), a fin de organizar y desarrollar las tareas que demanda un proceso electoral. Para tal efecto, el Departamento de Capacitación de Funcionarios Electorales se convierte en Comisión de Capacitación de Funcionarios Electorales.

    Por lo antes señalado, las responsabilidades de impartir la capacitación electoral, enrumban a la unidad ejecutora, La Comisión de Capacitación de Funcionarios Electorales.

    Este Plan de capacitación se confecciona considerando las experiencias de los comicios anteriores y las evaluaciones realizadas por los actores del proceso como: la Responsable y Co-responsable de la Comisión de Capacitación, el equipo técnico, los coordinadores de capacitación y los instructores electorales, se ha planificado desarrollar diferentes reuniones con los coordinadores regionales de capacitación con el fin de mejorar los documentos que se utilizarán, así como también unificar criterios con relación a las acciones de capacitación.

    Así las cosas, este Plan Nacional de Capacitación se confecciona con la finalidad de:
    v Preseleccionar, capacitar y seleccionar a los instructores electorales;
    v Capacitar a los integrantes de las Corporaciones Electorales y personal de apoyo;
    v Asignar los cargos a los miembros de las Corporaciones Electorales y personal de apoyo;
    v Impresión y distribución de credenciales de los funcionarios electorales;

    El Plan Nacional de Capacitación se ha estructurado con los siguientes contenidos:
    • Objetivo general y específico del programa de capacitación.
    • Actividades previas.
    • Proceso para la preselección, capacitación y selección de los instructores;
    • Estrategias para la capacitación electoral;
    • Programaciones analíticas de las capacitaciones a realizar.
    • Programa de capacitación a los promotores electorales y a la ciudadanía en general.
    • Normas y procedimientos para la asignación de los cargos de los miembros en las Mesas de Votación.
    • Conformación de Mesa de Votación.
    • Impresión y distribución de credenciales de los miembros de las Corporaciones Electorales y personal de apoyo.
    • Supervisión de las acciones de capacitación.
    • Evaluación y diagnóstico de la capacitación.
    • Evaluación de Actas y TER.
    • Cronograma de actividades que se estarán desarrollando a través del proceso.
    • Proyección de personal a capacitar y seleccionar en las Elecciones de 2014.

    EL objetivo general del Plan de Capacitación es contar con un documento que permita a los integrantes de la Comisión de Capacitación aplicar normas y procedimientos, en las acciones de capacitación y selección del recurso humano para el ejecución de las tareas que se van a desarrollar en las Corporaciones Electorales en cada, de forma tal, que garanticen resultados rápidos, veraces y transparentes.
    Como objetivo específico se busca:
    1. Presentar propuesta de diseño de los Instructivos de Mesa de Votación y de Juntas de Escrutinio a la Comisión de Elaboración de Documentos Electorales.
    2. Preseleccionar al personal técnico, profesional y de apoyo que requiere la Comisión de Capacitación, para el desarrollo de las acciones de capacitación y optimizar la calidad con resultados excelentes.
    3. Capacitar a los instructores electorales que se constituirán en agentes multiplicadores en los aspectos normativos y legales de las Elecciones.

    4. Capacitar a los miembros de las Corporaciones Electorales, para lograr el desempeño óptimo de sus funciones.
    5. Elaborar los diseños instruccionales de cada capacitación con enfoque andragógico y estrategias metodológicas constructivistas.
    6. Conformar las mesas de votación, de acuerdo con los requisitos y perfiles establecidos.
    7. Supervisar las acciones de capacitación del recurso humano que laborará en las corporaciones electorales.
    8. Realimentar el programa de capacitación en forma sistemática y global, a través de la evaluación y diagnóstico del mismo.
    9. Captar, en la Base de Datos, los resultados de la capacitación y la evaluación del desempeño de los funcionarios electorales que laborarán en las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2012
    10. Establecer procedimientos administrativos y de control que permitan dar seguimientos a la ejecución del Plan Nacional de Capacitación. (formatos, estrategias, entre otros).
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    El Estado panameño garantiza a nivel constitucional y legal la nacionalidad panameña, la cual se constituye a través de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, y representa la única prueba de existencia del ser humano, y es la que nos otorga el derecho a obtener un documento de identidad.

    El sistema panameño de identidad se constituyó formalmente en 1914, cuando se creó el Registro Civil, estableciéndose que al momento de la inscripción del nacimiento se genera un número de acta, el cual es único y se constituye además, en el número de cédula de identidad, el cual nunca va cambiar y permite al titular identificarse para todos los propósitos legales, tanto privados como públicos, incluyendo el ejercicio activo y pasivo del sufragio.

    En 1956, se creó el Tribunal Electoral, y se incorporó al mismo como responsabilidades, la administración del Registro Civil y la expedición de la cédula de identidad. De acuerdo a la constitución política el Tribunal Electoral fue creado con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, para lo cual se le dotó constitucionalmente de las facultades necesarias para llevar a cabo ese mandato, a saber:
    a. Interpretar, reglamentar y aplicar privativamente la Ley Electoral y conocer de las controversias que origine su interpretación
    b. Dirigir, vigilar y fiscalizar la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado Civil de las Personas, así como registrar las anotaciones procedentes en las respectivas inscripciones.
    a. Expedir el documento de identidad, el cual en Panamá se conoce como Cédula de Identidad Personal, o más comúnmente como “cédula”.
    b. Organizar procesos electorales.
    c. Organizar, dirigir y fiscalizar el Registro de Electores y levantar el Registro Electoral.
    d. Sancionar los Delitos y Faltas Electorales.
    e. Tramitar expedientes de Naturalización
    f. Ejercer iniciativa Legislativa en materia de su competencia.
    El ejercicio de estas facultades ha permitido que el Tribunal Electoral, maneje los procesos a su cargo de forma integral, con mayor control y optimizando recursos. Por ejemplo, controla los insumos más importantes de la calidad del proceso electoral y del ejercicio al sufragio: esto es el registro civil de las personas, la emisión del documento de identidad y la emisión del padrón electoral , los cuales se nutren de la base de datos del Registro Civil, la cual se mantiene actualizada de forma permanente.
    Para aclarar aún más, tenemos que el sistema de votación inicia con la conformación del Registro Electoral el cual es automático, pues cada vez que un ciudadano llega a la mayoría de edad y obtiene su cédula de identidad es incluido de inmediato en el Registro Electoral.

    El Tribunal Electoral, desde su constitución y aún más en los últimos años ha estado promoviendo el registro universal de nacimiento para garantizar a todos los panameños el ejercicio pleno de su identidad, incluyendo su participación en los procesos electoral.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    • Constitución Política de Panamá.
    La Constitución Política de Panamá establece el marco de protección legal sobre la identidad de los panameños, de los cuales surgen los deberes y derechos de los mismos, así como los deberes del Estado panameño de brindarles protección:

    • Nacionalidad. Los artículos 8 y 9 establecen que la nacionalidad panameña se adquiere por el nacimiento, por la naturalización o por disposición constitucional. Y que son panameños por nacimiento:

    1. Los nacidos en el territorio nacional.
    2. Los hijos de padre o madre panameños por nacimiento nacidos fuera del territorio de la República, si aquellos establecen su domicilio en el territorio nacional.
    3. Los hijos de padre o madre panameños por naturalización
    4. nacidos fuera del territorio nacional, si aquellos establecen
    5. su domicilio en la República de Panamá y manifiestan su
    6. voluntad de acogerse a la nacionalidad panameña

    • Protección del Estado. El artículo 54 señala que el Estado debe proteger el matrimonio, la maternidad y la familia. Y que la Ley determinará lo relativo al estado civil. Igualmente que está obligado a proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos.

    • Institución a cargo del Registro de Nacimientos. Los artículos 142 y 143 establecen entre las atribuciones privativas del Tribunal Electoral, dirigirá, vigilará, fiscalizará y efectuará las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas, y hará las anotaciones procedentes en las respectivas inscripciones. Igualmente que es la institución a cargo de la expedición de la cédula de identidad.

    • Normas relacionadas a la identidad:

    • Normas de Registro Civil: Ley 31 de 2006, modificada y adicionada por la ley 17 de 2007, que regulan el registro de hechos vitales y los actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas, y reorganiza la Dirección Nacional de Registro Civil, y el Decreto N°3 de 11 de febrero de 2008, que reglamente dicha ley. .
    La Dirección Nacional del Registro Civil, una de las tres Direcciones Sustantivas del Tribunal Electoral, y es la encargada de realizar la inscripción y certificación de los hechos vitales y actos jurídicos de las personas, lo cual incluye la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, naturalizaciones y otros actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas.
    La Ley 31 del 25 de julio de 2006 establece a que las actuaciones del Registro Civil estarán encaminadas a garantizar y salvaguardar la nacionalidad panameña, así como los derechos humanos relativos al estado civil, reconocidos en las convenciones internacionales y otros instrumentos de igual naturaleza, los cuales la República de Panamá ha ratificado por Ley.

    Por su parte el Artículo 30 de la precita ley establece que se inscriben en los libros del Registro Civil:

    1. Todos los nacimientos que se producen en el territorio jurisdiccional de la República de Panamá.
    2. Los nacimientos de los hijos de padre y/o madres panameños ocurridos en el extranjero, siempre que reúnan los requisitos señalados por la constitución y la Ley.
    3. Los nacimientos de las personas declaradas en la consumición de expósitos o abandonados, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente.
    4. Los nacimientos de los extranjeros a quienes la autoridad competente les haya concedido la permanencia definitiva en el país.

    Entre las principales garantías que establece la ley de Registro Civil, para promover el Registro Oportuno de nacimiento se pueden mencionar las siguientes:

    • El Parte Clínico de nacimiento, es expedido gratuitamente por los establecimientos médicos u hospitalarios públicos o privados, y por otras instituciones acreditadas, es el documento idóneo para comprobar el nacimiento y el documento base de la inscripción de nacimiento.
    • Las instituciones de salud y el personal médico que atendió el parto está obligado a expedir el parte clínico de nacimiento, a más tardar dos (2) días después de ocurrido el hecho, y en este documento debe hacer constar la fecha del nacimiento, el sexo y las generales de la madre.
    • Los directores médicos de la institución o entidad que atendió el parto, deben expedir las certificaciones al transcurrir los dos (2) días.
    • Los nacimientos que ocurren sin asistencia médica es un hecho que se comprueba de conformidad con el procedimiento que la ley establece y se genera la inscripción del nacimiento.
    • Al transcurrir seis meses del nacimiento ocurrido con asistencia médica, y no se ha efectuado la declaración para la inscripción correspondiente, el Registro Civil ordenará de oficio, la inscripción con base a los datos registrados en el parte clínico correspondiente.
    • Se garantiza la filiación paterna y materna, en el caso de la paterna al momento del reconocimiento voluntario que efectúa personalmente el padre ante el oficial del Registro Civil.
    • Las declaraciones en las cuales concurre la madre soltera como progenitora, se autoriza que ella puede inscribir a su hijo en el acta de nacimiento con sus apellidos paternos y maternos en su orden, a fin de mantener la uniformidad familiar en materia de filiación.
    • El recién nacido que no tuviere padres conocidos y hubiere sido declarado expósito o abandonado mediante sentencia dictada por tribunal competente, el declarante podrá asignarle los apellidos que desee.
    • Las personas de etnias indígenas de la República de Panamá pueden inscribir a sus hijos en el Registro Civil con los nombres propios de sus respectivos idiomas.
    • Los indígenas nacidos en la República de Panamá cuyo nacimiento no aparezca inscrito en el Registro Civil, se inscribe con base en la declaración jurada del interesado cuando es mayor de edad, o la del padre, madre o pariente de nacido, cuando es menor, hecha ante el Oficial del Registro Civil y corroborada por dos testigos.
    • Inscripciones fuera de jurisdicción en los casos de hijos e hijas de padres o madres que residan en una determinada provincia o comarca, distinta, pueden solicitar siempre que le hecho vital haya ocurrido en un hospital, o centro de salud, o con asistencia médica, pueden realizar la inscripción de acuerdo al lugar donde residen los padres del menor.
    • En cuanto a las excepciones en beneficio de las poblaciones indígenas existe dentro del Texto único de la Ley 31 del 25 de julio de 2006 y el Decreto N°3 del 11 de febrero de 2008, que reglamenta esta ley, un mecanismo especial de inscripción para las poblaciones indígenas por ejemplo el artículo 24 señala: que en el caso de las inscripciones de población indígena el oficial del Registro Civil procurará que sus nombres se consignen en sus lenguas respectivamente, con la exclusión de los apellidos como consecuencia de la filiación paterna o materna.

    • Normas de Cedulación: Ley 68 de 2 de noviembre de 2015, que regula la expedición de los documentos de identidad personal y reorganiza la Dirección Nacional de Cedulación. Establece la cedulación para todos desde el nacimiento y la obligatoriedad de portar la cédula desde los 12 años.

    • Código de Familia: Ley 3 de 17 de marzo de 1994 y Ley 39 de 30 de abril de 2003. Contiene las normas relacionadas al ejercicio de la maternidad, paternidad y filiación, que se refiere a la relación existente entre padres e hijos y de los cuales de desprenden los derechos y deberes de los padres con sus hijos y viceversa. Sobre este punto, señala el artículo 239 que la filiación se prueba con el certificado del acta de nacimiento o de adopción inscrita en el Registro Civil. El código de familia también contienen las normas relacionada al reconocimiento paterno.

    En su artículo 490 señala expresamente que es derecho y obligación de los padres, de la sociedad y del Estado, proteger el nacimiento y la vida del hijo o hija. Las autoridades y las instituciones correspondientes le proporcionarán los cuidados y orientación que sean necesarios. En este punto es muy importante ver el orden de prelación para declarar los nacimientos. La primera obligación de proteger el nacimiento recae en los padres, de allí que sean ellos los que están obligados a declarar ante el Estado, la ocurrencia del nacimiento en primera instancia.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    II. Situación Actual sobre la promoción del registro universal de nacimiento:

    Panamá al igual que el resto de los países de la región, se unieron al compromiso de lograr tener al año 2015, 0% de subregistro. En tal sentido, nuestro país de acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Registro Civil, mantiene un subregistro de nacimientos que oscila en un 1.9% aproximadamente, entendiendo que se encuentran en subregistro de nacimiento, los niños que son registrados después de cumplir un año de vida.

    Si bien el porcentaje parece pequeño cuando se mide a nivel nacional, cuando se revisan las cifras disgregadas por región tenemos que en las Comarcas indígenas y en las zonas apartadas del país esa cifra aumentan.

    Es importante indicar que en Panamá, el 90% de los nacimientos ocurren en centros hospitalarios y todos son registrados durante los primeros seis meses de vida del niño, en virtud de una norma especial en la Ley de Registro Civil que obliga a la institución a inscribir de oficio a los niños que habiendo nacido en un hospital no fueran declarados en ese período por sus padres, esto quiere decir que las dificultades de inscripción oportuna de nacimiento se encuentran en el 10% de los niños que nacen en casa fuera de centros hospitalarios, en regiones apartadas y de difícil acceso, así como en las poblaciones en áreas fronterizas.

    III. Estrategias para lograr el Registro Universal de Nacimientos:

    • Para el año 2008 se suscribe un convenio entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Estadísticas para la implementación en el año 2009 de los partes clínicos de nacimientos y defunción con valor legal y estadístico con el sector salud y el INEC; por otro lado se iniciaron los primeros pasos para estimar el subregistro, su comportamiento y las variables que inciden en el mismo.
    • Con apoyo de UNICEF en el año 2011 y 2012 se desarrolló un proyecto de atención en la Comarca de Ngäbe-Buglé para la disminución del subregistro. Posteriormente se amplió la cobertura del proyecto con fondos propios y de otros organismos internacionales como OEA, BID y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a la Comarca de EmberaWounaán, la Comarca de GunaYala, y las provincias de Darién, Coclé y Colón. En la actualidad este proyecto se ha convertido en un programa permanente de atención a la población residente en áreas de difícil acceso, como beneficiarios directos de los mismos está los 3,885 niños inscritos y 79,447 niños cedulados que se atendieron en este programa del año 2012 al 2015. Además se realizaron otros trámites tales como reconocimientos voluntarios, rectificaciones de nacimiento, cambio de nombres, entre otros. El proyecto de subregistro ha realizado 44 giras de atención en áreas comarcales y de difícil acceso y en las cuales más de 30,000 personas han sido atenidas en temas varios de Registro Civil, además de los trámites de Cedulación.

    • En el año 2014, el Tribunal Electoral recibió los resultados de la Consultoría #PAN-13-022 “Desarrollar herramientas de fortalecimiento institucional para el registro oportuno de nacimientos, que integre un análisis sobre los cuellos de botella, un estudio sobre los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y un protocolo interinstitucional”, llevada a cabo por UNICEF.

    Del resultado del “Análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el registro de nacimiento en Panamá” y del “Análisis de los Cuellos de Botella sobre el Registro Oportuno de Nacimientos en Panamá”, que se realizaron dentro de esa consultoría quedó evidenciada la necesidad de implementar, un plan nacional para garantizar la inscripción oportuna de los nacimientos, que cada año quedan sin registrarse.
    Ese plan ha sido traducido en un Protocolo Interinstitucional para la inscripción oportuna de nacimiento e identificación, cuyas estrategias y actividades propuestas son producto de la revisión documental, de entrevistas personales y de las respuestas a los cuestionarios que se prepararon para cada sector consultado y que fueron contestadas por funcionarios de diversas jerarquías de las instituciones identificadas, a saber: Tribunal Electoral (Registro Civil y Cedulación), Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Juzgados de Familia y de Niñez y Adolescencia, Servicio Nacional de Migración, Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

    Desde el año 2015, el Registro Civil inicio la presentación del protocolo en las instituciones que tienen relación con la inscripción de nacimientos y ha realizado reuniones para validar las rutas de trabajo en cada eje de atención que lo integran, tales como: Salud, Educación, Programas Sociales, niños en Riesgo Social, en materia de seguridad a nivel nacional.

    • Estrategias para acercarse al ciudadano:
    1. Oficinas Propias: El Tribunal Electoral cuenta con una política de descentralización de sus servicios y se ha dado a la tarea de construir nuevas sedes distritales para atender a la población que reside en la áreas más apartadas. El servicio de inscripción de nacimiento se presta en Edificio Sede del Tribunal Electoral, en 14 Oficinas Regionales, 95 oficinas distritales y 24 hospitales. En adición, se entregan partes clínicos a 92 centros o puestos de salud en los que ocurren nacimientos de forma ocasional los cuales son recogidos y grabados por el Registro Civil semanalmente.

    2. Registradores Auxiliares: Son personas que atienden desde sus comunidades la inscripción de nacimientos y defunciones ocurridos en casa. En estos momentos se cuentan con un aproximado de 247 Registradores distribuidos en los lugares más apartados.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    • Atención especial para población residente en Zonas Fronterizas:
    Convenios celebrados por el Tribunal Electoral con el Tribunal Supremo de Costa Rica y la Registraduría del Estado Civil de Colombia, firmados a finales del 2014 que tienen como objetivo registrar mediante brigadas conjuntas a los nacionales de los tres países que residen en áreas fronterizas. En el caso de Panamá, se busca solucionar la situación de registro de los hijos de los indígenas panameños que se trasladan a Costa Rica por la safra de café y que nacen en dicho país, así como en los hijos de migrantes nacidos dentro del territorio nacional, que no son inscritos por sus padres muchas veces por temor ya que no cuentan con documentos de sus países de origen y se encuentran ilegales dentro del territorio panameño.
    Los logros a la fecha en la implementación de los citados convenios son los siguientes:
    • Costa Rica:
    1. Se nombraron los enlaces en cada institución y se comparte información de forma expedita.
    2. Los documentos de nacimientos necesarios para lograr las inscripciones se realizan, entregan y autentican de forma gratuita.
    3. Se realizaron dos reuniones de coordinación, una en Panamá y otra en Costa Rica, y se han realizado 4 giras de atención de siete días durante el 2015 y 2016, en la región de San Vito, Sixaola, Talamanca y Limón de Costa Rica, giras que permitieron, darnos a conocer la realidad que enfrentan para inscribir sus hijos nacidos en Costa Rica, los panameños que viajan temporalmente al país para trabajar en la zafra de Café.
    4. Como resultados de estas giras se realizaron 3,029 trámites de Registro Civil, entre inscripciones de nacimientos, rectificaciones, matrimonios y otros, y 1582 trámites de cédula de niños y adultos, y se absolvieron consultas a 4,530 consultas diversas.

    • Colombia:
    1. Se nombraron los enlaces de coordinación y se comparte información de forma más expedita y directa en ambos países.
    2. Se han realizado tres giras de atención ,dentro del territorio panameño (Darién) conjuntamente con la Registraduría de Colombia y autoridades locales de migración, frontera, seguridad y ONPAR, a la fecha hemos documentado a 4,370 personas.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    Medidas especiales para población indígena.
    • Exoneración de los servicios de Registro Civil y Cedulación para las personas residentes de todas las comarcas indígenas en la República de Panamá de conformidad con el Decreto del Tribunal Electoral N°6 del 3 de abril del 2003. Adicionalmente, se logró en el año 2015 la exoneración de autenticaciones de nacimientos y matrimonios que expidan el Registro Civil de Costa Rica en los casos de población indígena panameña residente en frontera entre ambos países.
    • Para la realización de jornadas de atención de población indígena, la invitación, divulgación y requisitos para los trámites se realizan por medios de cuñas radiales en los idiomas originarios de las poblaciones que atienden.
    • Coordinación con las autoridades comarcales y locales en cada actividad.
    • En las atenciones que se realizan se cuenta con traductores (funcionario del Tribunal Electoral) y que además, son miembros y residentes de la misma comunidad.
    • Para cada una de las tres regiones de la Comarca NgäbeBuglé, Ñokribö, Nidrini y Ködri se han nombrado coordinadores comarcales que atienden de forma directa y permanente todos los trámites de registro civil y cedulación en esas áreas.
    • Difusión de la actividad de cuando se va a asistir se realiza en lengua indígena a través de mensajes radiales indicando los requisitos que deben presentar.
    • Se atienden todas las comarcas y se hace la diferenciación a través de le Ley por Regiones y según su lengua originaria.


    • Medidas especiales para mejorar la atención.
    • Se logró en el año 2010 la certificación de todos los procesos del Registro Civil y Cedulación en normas ISO:9001:2008. A la fecha hemos logrado dos recertificaciones adicionales.
    • Política de descentralización de los servicios de atención a la ciudadanía. Del año 2012 al 2015 se han creado 27 oficinas distritales que brindan servicios de cedulación e inscripción en línea, de las cuales 24 están ubicadas en comarcas indígenas y en zona de difícil acceso.
    • Fortalecimiento del Recurso Humano. Se ha creado una unidad para la capacitación permanente de funcionarios propios y de otras instituciones en materia de identidad.
    • Medidas especiales para promover la identificación juvenil.
    En Panamá desde el año 1999, se expide la cédula juvenil, la cual tiene además el mismo valor que el certificado de nacimiento, pues cuenta en su reverso los nombres completos de los padres y se espera incorporarle además el número de cédula de estos. En los últimos años se ha determinado que el documento será expedido de forma gratuita para los menores de edad y se han realizado programas especiales para cedular a todos los niños de 0 a 17 años. Recientemente se aprobó la Ley 68 de 2 de noviembre de 2015 que regula la expedición del documento de identidad y que establece que todos los menores de edad, incluyendo a los hijos de extranjeros residentes permanentes deben obtener el documento, pero además que es obligatorio que lo porten los mayores de 12 años.
    Entre las estrategias adoptadas para promover la cedulación juvenil el Tribunal Electoral firmó el 18 de junio de 2013 un Convenio con la Caja del Seguro Social para que se emitan de forma gratuita, desde la dependencia administrativas de esta institución las cédulas juveniles, que es el documento oficial de identidad para las personas menores de 18 años. Este documento será utilizado en lugar del antiguo carné de seguro social. A la fecha desde el Seguro Social se han tramitado 123,182 cédulas juveniles.
    Se está desarrollando además un programa de Cedulación Juvenil (2015-2017) en las escuelas con el Ministerio de Educación (MEDUCA) en todas las escuelas públicas y privadas del país para cedular a toda la población juvenil.

    Gracias a estos programas y al servicio permanente que brinda el Tribunal Electoral en oficinas y en giras de atención, a la fecha se ha logrado cedular a 764,661 niños, niñas y adolescente, que constituyen el 60% de la población infantil inscrita en el Registro Civil.
    Cada uno de los proyectos y programas, se trabajan a través de una coordinación interinstitucional, estableciendo sinergias de trabajo que permitan atender de la mejor manera las necesidades de la ciudadanía, y que garanticemos el servicio a la población aún en situaciones de desastres naturales.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    • Medidas para garantizar la identidad del niño e impedir tráfico de niños y simulación de adopciones.

    1. Sistema de Verificación Biométrica en las Salas de Maternidad:
    Está funcionando en el Hospital Santo Tomás en la provincia de Panamá, institución hospitalaria con gran demanda de pacientes y la maternidad más grande de la ciudad capital. Se trata de la instalación de un sistema que permite verificar en línea y mediante el uso de la huella digital a las madres que acuden a dar a luz, para garantizar la identidad de las mismas en el parte clínico y con ello la identidad plena del niño o niña recién nacido. Actualmente se está implementando con hospitales del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social en zonas urbanas y hospitales ubicados en provincias apartadas y de gran demanda de la población.
    2. Servicios por internet:
    Actualmente el Tribunal Electoral a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, está implementando los certificados por internet, para uso oficial en el Órgano Judicial (Jurisdicciones de Familia y de Niñez y Adolescencia) quien lleva procesos que vinculan a la niñez y adolescencia, y el SENNIAF que en su nivel operativo tiene competencia para velar por la protección integral de los derechos humanos a la Niñez, Adolescencia y la Familia, y atienden procesos que atienden a los menores de edad. Estas entidades pueden expedir certificado de hechos vitales como nacimiento y defunción.

    3. Estamos implementando en un corto plazo un formulario de atención de casos de personas sin registro de nacimiento, que será utilizado principalmente en las zonas de difícil acceso donde las poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema generalmente no tienen acceso a los servicios sociales. En el caso de la ciudad de Panamá se utilizaría a través de la página web, donde estará de forma virtual para el reporte de casos.
    4. Estamos por firmar un convenio dentro del marco de cooperación con el Ministerio de Salud, con la finalidad de ejecutar acciones en las cuales desarrollaremos planes que nos permitirá brindar servicios que faciliten, la atención de la población en el tema de identidad y acceso a la salud, lo cual va a mejorar el desarrollo de los procesos de amas entidades y garantizar la protección integral de los derechos humanos del infante, los cuales a continuación detallamos:

    ? Sistema de Verificación de Identidad (SVI) y Webservice.
    ? Sistema de Verificación Biométrica (SVB).
    ? Dispositivo Inteligente ( Bolígrafo con cámara) para el llenado de partes clínicos
    ? La solicitud de cédula y toma de fotografía ( Captura de Triada) en hospitales del ministerio de Salud.
    • Fecha:  13/03/2017    Párrafos: -
    La Constitución Política de la República de Panamá en el artículo 19, consagra que no habrá fuero ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
    Para el caso de los discapacitados, los artículos 299 y 300 del Código Electoral, prevé que el Presidente de la mesa de votación debe disponer que tengan prioridad y voten sin hacer fila las mujeres en estado grávido, los enfermos o las personas con discapacidad, los mayores de sesenta años, siempre que tengan En el artículo 236 de nuestro ordenamiento electoral, se establece que los partidos políticos garantizarán la postulación de mujeres, con la aplicación efectiva de lo dispuesto en ésta materia.
    En el caso de que la participación femenina, de manera comprobada por la secretaria femenina del partido, sea inferior al porcentaje establecido en las normas electorales para postulaciones es que el partido o los partidos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos derecho a votar en esa mesa.
    Mediante Ley 54 de 2012, se estableció en el artículo 239 del Código Electoral que en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias, las postulaciones se harán garantizando efectivamente, como mínimo, el cincuenta por cieno (50%) de las candidaturas sean para mujeres. Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos firmar las listas de postulaciones.
    El sistema panameño de cedulación, que está a cargo del Tribunal Electoral ha sido configurado para que al momento de expedirse la cédula por primera vez a un ciudadano, se le incorpore automáticamente al registro electoral en el centro de votación y corregimiento que le corresponde según la dirección residencial que ha declarado bajo juramento (Primeros Votantes).
    Aunado a lo anterior en Panamá se procura contar con requisitos de igualdad de acceso y participación en los asuntos público y políticos. Así las cosas la participación ciudadana en el Sistema Electoral se verifica por medio del ejercicio del sufragio, advirtiendo que en Panamá el voto es directo, a diferencia de otros países.
    Por otra La afiliación a partidos políticos es uno derechos políticos que consagra nuestra Carta Magna en su articulado 132, en cual se dispone que los derechos políticos y la capacidad de ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reserven a los ciudadanos panameños.
    Aquellos nacionales que desean activarse políticamente ya sea como líderes o bien como simples miembros de un colectivo, escogen la opción de inscribirse en partidos políticos ejerciendo el derecho ciudadano que les asiste. Primero se inscriben, aspiran a cargos dentro del partido y finalmente, se postulan para cargos de elección popular.
    Además, Panamá procura garantizar el derecho al sufragio a los panameños que residen en el exterior, en ese sentido el Artículo 6 del Código Electoral, permite que los ciudadanos panameños residentes en el extranjero y que soliciten su inscripción o se mantengan en el Registro Electoral del lugar de su última residencia ejerzan su voto sin estar en el país en su respectiva mesa, en todos los tipos de elecciones.
    En el caso de permanecer en el extranjero, podrán ejercer el derecho al sufragio, solo para el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, para ello deberán inscribirse en el Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE).
    Existen tres (3) formas en que los panameños residentes en el exterior puedan ejercer el derecho al sufragio:
    1- Vía internet (el elector debió haber tramitado y obtenido la contraseña de acceso)
    2- Por correo desde el exterior (certificado, courier, por entrega personal ante la subcomisión de votos en el extranjero antes del día de la elecciones).
    3- Personalmente el día de la elecciones en Panamá.

    Además, la legislación electoral panameña prevé que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al sufragio, toda vez que en la última reforma al Código Penal en el año 2008, se eliminó como pena accesoria la suspensión de los derechos civiles y políticos, garantizando así a los ciudadanos con esta condición poder ejercer el voto a partir de la elecciones generales del 2009, no obstante no todos los que están detenidos en los centros penitenciario han sido condenados mediante Sentencia en Firme y Ejecutoriada, sino que por la calidad del delito se encuentran recluidos mediante detención preventiva. Tal como se ha observado en otras legislaciones, toda persona que se encuentra detenida o privada de libertad, no pueden ejercer el derecho al sufragio toda vez que sus derechos ciudadanos fueron inhabilitados, en Panamá, y tal como lo hemos mencionado, todo ciudadano por delito común, puede ejercer este derecho, no obstante aquellos que hayan sido condenados por delitos contemplados en la Jurisdicción Penal Electoral y en la pena aplicada se indique como pena accesoria la suspensión de los derechos ciudadanos, NO podrán votar en el proceso electoral. Cabe destacar que los privados de libertad por delito común, sólo podrán votar para Presidente y Vicepresidente de la República.
    A su vez, los ciudadanos que padecen de limitaciones o dolencias que le impiden valerse por sí mismo para poder ejercer el derecho al sufragio, por alguna discapacidad física, se obliga a hospitales y centros de atención al adulto mayor, que los mismos deben enviar a la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral ocho meses antes de las elecciones el listado del número de camas que tiene centro, así como el total del personal que laborar regularmente en el turno diurno del día de las elecciones.
    Los panameños también tienen derecho a impugnar diversos actos relacionados con los partidos políticos, por ejemplo; pueden impugnar las solicitudes hechas por otros ciudadanos para la formación de nuevos partidos políticos, si consideran que violan el ordenamiento electoral o la Carta Magna. Aunado a ello podrían impugnar la inscripción de miembros de un partido siempre y cuando se cumplan los parámetros legales establecidos en el artículo 81 del Código Electoral.

    - Participación como candidato a cargo de elección popular a través de la libre postulación
    Existiendo la libre postulación, al margen de los partidos políticos, los ciudadanos tienen derecho a postularse para cargos de elección. Estas postulaciones requieren que los interesados cuentes con el respaldo de firmas de otros ciudadanos. Dependiendo del cargo de elección popular a que se aspire, la Ley regula el porcentaje de firmas necesarios a obtener.
    - Participación en apoyo a candidatos independientes a cargos de elección popular
    Tal y como de desprende del apartado anterior, los ciudadanos también tienen el derecho de apoyar candidatos a través de su firma como adherentes a en los respectivos libros de inscripción a cargo del Tribunal Electoral.
    - Participación en las corporaciones electorales
    Cuando se aproximan los comicios o la celebración de algún referéndum, se inscriben como miembros de corporaciones electorales de las votaciones o escrutinios. El Tribunal Electoral es encargado de reclutar, capacitar y nombrar a los ciudadanos que deben integrar cada una de las corporaciones.
    - Participación como delegados electorales
    Utilizando el ejemplo de la hermana República de Costa Rica, se promovió en Panamá el cuerpo de Delegados Electorales integrados por voluntarios, reclutados de la sociedad civil, sin vinculaciones con partidos ni candidatos que puedan poner en duda su credibilidad e imparcialidad, sirven de amigables componedores y mediadores frente a posibles conflictos que se puedan suscitar en el desarrollo de las contiendas electorales.
    - Participación en iniciativas populares y consultas populares
    Desde la Constitución de 1972, se contempla que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referéndum en los asuntos atribuidos a los Consejos Municipales (Artículo 239 Constitución Nacional). Otro mecanismo de participación del pueblo mediante el voto en la celebración de Plebiscitos. Ésta materia se encuentra regulada en los artículos 358 a 360 del Código Electoral.
    - Participación de la ciudadanía en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE)
    Entre los miembros de la Comisión figuran: la Fiscalía Electoral, la Defensoría del Pueblo y cada uno de los partidos en formación, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la Asociación de Parlamentarias y ex parlamentarias de Panamá, el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), el Foro de las Juventudes y el Foro de las Etnias Indígenas.
    • Fecha:  13/04/2012    Párrafos: 78
    Con la creación del Ministerio de Seguridad Pública que tiene dentro de sus funciones mantener y defender la soberanía nacional, velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país, así como proteger la vida, honra y bienes de nacionales y extranjeros bajo la jurisdicción del Estado, se eleva la calidad de vida y respeta los derechos humanos de vivir en un país con seguridad.
  • Paraguay
    N/A
  • Perú
    • Reportes
    • Fecha:  29/03/2017    Párrafos: 4
    Como avances en Gobierno Abierto a través de los planes de acción desarrollados por el Perú, en materia de transparencia se cuenta con la modificación del Reglamento de la Ley de Transparencia a través del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, se viene implementando la nueva versión del Portal de Transparencia Estándar que contiene un mecanismo de autoevaluación e incorpora un Sistema nacional de acceso a la información pública, a nivel de mejora de los servicios públicos se aprobó el Modelo y la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales, se han incrementado los servicios en línea a través de un catálogo de servicios en línea; asimismo se han desarrollado mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana en programas sociales y programas dirigidos a la niñez.
    • Fecha:  24/03/2017    Párrafos: 5
    CAN ANTICORRUPCION: La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desde el año 2013 impulsó la conformación de una delegación peruana en las reuniones del Comité de Expertos del MESICIC, logrando una presencia permanente en cada una de las reuniones, siendo que incluso la Coordinadora General de la CAN Anticorrupción – Rosmary Cornejo Valdivia ha sido elegida Vicepresidenta del MESICIC en la sesión de marzo 2017.
    Por otro lado, la CAN Anticorrupción es el punto focal ante el MESICIC –en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores– habiendo participado activamente en la elaboración de los Informes de evaluación de los años 2013 y 2016 en donde se reconocieron los avances del Perú en la implementación de las recomendaciones.
    Asimismo, la CAN Anticorrupción atendió adecuadamente las visitas in situ de los países evaluadores, el requerimiento de información que realiza periódicamente el MESICIC e incluso ha remitido los formatos únicos de reportes de avances en la implementación de recomendaciones de los años 2015 y 2016,, lo que evidencia el compromiso del Perú en cumplir con esta obligación internacional.

    Cabe destacar, que los informes del MESICIC son uno de los instrumentos que estan siendo utilizados por la CAN Anticorrupción para la elaboración de la "Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción", así como para el próximo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
    • Fecha:  06/03/2012    Párrafos: 5, 50, 5
    MINJUSDH.

    El Acceso a la Justicia.

    El Acceso a la Justicia es considerada la meta prioritaria del Perú, del MINJUS, y es la Dirección Nacional de Justicia - DNJ gerente de metas y avance de indicadores de acceso a la justicia para el Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados (SIGOP- Perú), que supervisa la Presidencia del Consejo de Ministros.

    Se ha logrado promover y facilitar el acceso a la justicia, fortalecido la Conciliación Extrajudicial y promocionado los medios alternativos de solución de conflictos; (i)reforzando las coordinaciones con los organismos vinculados a la administración de justicia, (ii) incrementándose la suscripción de convenios con municipalidades, universidades y diversas entidades públicas y privadas, (iii) incrementándose los centros de conciliación gratuitos, descentralizando los servicios al interior del país, debido a la exigibilidad de la Conciliación Extrajudicial a nivel nacional.

    Se incrementa el acceso a la justicia, al crear el Programa de Arbitraje Popular y el Centro de Arbitraje Popular “Arbitra Perú” (Decreto Supremo Nº 016-2008-JUS del 28.11.2008), declarando de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de controversias de todos los ciudadanos; extendiendo masivamente el uso del arbitraje a todos los sectores de la sociedad y descargar el sistema judicial en aquellos derechos que sean de libre disposición de los ciudadanos. El Centro de Arbitraje Popular del MINJUS, ha alcanzado desde 2009 al 2011: (i) 10,923 personas capacitadas en materia de arbitraje (profesionales, estudiantes y público en general), (ii) 63 eventos de capacitación organizados en Lima y provincias, (iii) 55 procesos de arbitraje tramitados, (iv) 1,851 personas atendidas y asesoradas directamente, sobre temas de arbitraje.

    Se crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales - ANPDP a cargo de la DNJ, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733, del 03.07.2011, cuyo objeto es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en la Constitución Política del Perú (Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar), tratando de enfrentar la problemática del comercio informal de los datos personales, sin que exista una autoridad de control que actúe de forma inmediata, corrigiendo o sancionando al infractor. Constituyó una Comisión Multisectorial encargada de elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley, capacitación del Jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en eventos internacionales sobre la materia.
    • Fecha:  06/03/2012    Párrafos: 80, 67, 3
    MINJUSDH.

    A. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2009 – 2013.

    El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Justicia se ha constituido como el instrumento orientador de la gestión sectorial durante el espacio de tiempo comprendido del 2009 al 2013, y contiene los propósitos estratégicos que servirán de marco para establecer los objetivos y actividades de las diversas dependencias del Ministerio de Justicia, de esta forma se inscriben las bases para instituir una efectiva gestión estratégica para un periodo de 5 años.

    El Sector Justicia, ha considerado en su Plan Estratégico que la transparencia, la justicia, la eficiencia, el comportamiento ético, la calidad y la vocación de servicio son considerados los valores vitales del sector, los cuales se complementan con los propósitos estratégicos, como regular el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, propósito que tiene como finalidad definir el quehacer del sector en dicho ámbito, con el objetivo de beneficiar a la sociedad peruana dentro de un marco constitucional democrático en la lucha contra la corrupción.

    Considerando que la visión rectora del Sector Justicia es el de defender los intereses estatales y la preservación del Estado de Derecho, afianzar la defensa de estos está estrechamente vinculado con la lucha contra la corrupción. Por lo cual, la defensa de los derechos e intereses del estado involucraría el compromiso estratégica del sector de dirigir la defensa jurídica de los mismos, y de desarrollar y consolidar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Por lo cual, para cumplir con dichos objetivos el Plan Estratégico Sectorial Multianual ha determinado la realización de acciones de regulación, coordinación y supervisión para una optima defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de las Procuradurías Publicas Especializadas en Delitos de Corrupción, a fin de desplegar acciones concretas de lucha frontal contra la corrupción a nivel nacional.

    B. Plan Estratégico Institucional 2009-2013.

    El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Justicia es un instrumento de gestión que diseña una política estratégica institucional, y que busca trascender el corto plazo, dando una visión de largo plazo, la misma que se articula y complementa con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2009 – 2013.

    EI Ministerio de Justicia es el órgano rector del Sector Justicia, y dentro del ámbito de su competencia, en armonía con los principios democráticos que establece la Constitución Política del Perú, brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo, promueve los derechos humanos, facilita la defensa y acceso a la justicia, promueve medios alternativos de solución de conflictos; coordina, evalúa y supervisa la defensa jurídica del Estado y la relación del Poder Ejecutivo con los organismos a cargo de la administración de justicia, asimismo coordina la relación del Poder Ejecutivo con las confesiones religiosas, la sistematización y difusión del ordenamiento jurídico, la supervisión, control, regulación y evaluación del funcionamiento de fundaciones, la supervisión, regulación, nombramiento y evaluación del notariado y la formulación, dirección, supervisión, control y evaluación de políticas penitenciarias, registrales y archivísticas.

    En ese sentido uno de los propósitos del Sector Justicia es regular y propiciar el desarrollo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, por lo cual es una misión de dicho sector el proteger los intereses del Estado a través de la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con énfasis en la lucha contra la corrupción.

    El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

    Por lo tanto es prioritario la implementación y dirección del Sistema de Defensa Jurídica del Estado para lo cual el Sector Justicia se plantea como objetivo:
    • Establecer las Políticas del Sistema y uniformizar criterios de defensa jurídica de los intereses del Estado.
    • Dirigir, supervisar y coordinar el funcionamiento del Sistema.
    • Sistematizar la información relacionada a los procesos y/o procedimientos que involucran al Estado.
    • Brindar capacitación a los operadores del Sistema.
    • Fortalecer la imagen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y de los Procuradores Públicos ante el Poder Judicial, Ministerio Publico, medios de comunicación y la ciudadanía en general.

    Uno de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el Consejo de Defensa Jurídica, el cual tiene como misión coordinar y supervisar la defensa de los intereses del Estado cuya competencia abarca todo el territorio de la República; asimismo, dicho operador propone la creación de nuevas Procuradurías; absuelve las consultas y presta asesoramiento respecto de las cuestiones legales sobre los asuntos relacionados con la defensa del Estado, se pronuncia sobre los problemas de competencia que se presenten entre Procuradurías, sanciona las disposiciones de carácter reglamentario para todas las Procuradurías Públicas y centraliza la información estadística de estas.

    Por lo cual el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene como perspectiva el fortalecer la defensa de los intereses del Estado, con especial énfasis en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción en la Administración Pública, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo; por lo tanto se encarga de consolidar la normatividad que regula la defensa del Estado incorporando una estructura orgánica acorde con las necesidades nacionales y con los compromisos internacionales actuales, realizando tareas de planeamiento y supervisión de la labor que se realiza en defensa de los intereses del Estado.

    C. Proyecto de creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate contra la Corrupción y Crimen Organizado.

    Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos determinaron a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evitando distorsiones de la economía, vicios de la gestión pública y el deterioro de la moral social, estableciendo en dicho acuerdo que la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos de naturaleza ilícitos.

    Por lo tanto la necesidad de integrar fundamentos de efectividad, de contraste con los fines perseguidos y los objetivos a ser alcanzados en el combate contra la corrupción es un deber y una obligación constitucional del Estado, para lo cual es necesario establecer canales de coordinación interinstitucional entre sus entidades, así como el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir el delito, conforme a lo dispuesto por los principios establecidos por la Constitución Política del Perú y los acuerdos Internacionales de los cuales el Perú forma parte.

    En ese sentido, como una de las primeras metas en los primeros meses del año 2012 es la creación y puesta en funcionamiento del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el combate contra la Corrupción, cuyo objeto será establecer canales de coordinación interinstitucional y el diseño e implementación conjunta de planes de acción dirigidos a combatir los delitos de corrupción y criminalidad organizada; facilitando la identificación de redes de corrupción a través del intercambio de información. El citado grupo de trabajo multisectorial dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

    D. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

    Mediante la Ley Nº 29809 de fecha 7 de diciembre del año 2011, se entro en vigencia el nuevo diseño del Ministerio de Justicia del Perú, cambiando su denominación por el de “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, el mismo que se ha constituido como el sector justicia y derechos humanos, el cual comprende a todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de derechos humanos, defensa jurídica del Estado y acceso a la justicia.

    En ese sentido el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está delimitado a las siguientes materias:
    • Derechos humanos.
    • Defensa jurídica del Estado.
    • Acceso a la justicia.
    • Política penitenciaria.
    • Regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones.
    • Defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
    • Relación del Estado con entidades confesionales.

    Conforme a lo establecido por la mencionada Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este tiene como finalidad promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad, en armonía con los principios democráticos que establece la Constitución Política del Perú. Asimismo, se encarga de formular las políticas de defensa jurídica de los intereses del Estado y, en particular, contra los actos que afecten la probidad en el ejercicio de la función pública, ejerciendo la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el cual es un pilar básico en la lucha contra la corrupción.

    De esta manera, con la constitución de este nuevo marco normativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como función rectora velar por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, postulando la vigencia de los principios de igualdad, legalidad, transparencia, ética pública, seguridad jurídica y paz social, como principios fundamentales en la lucha contra la corrupción.
    • Fecha:  06/03/2012    Párrafos: 80, 14, 18
    MINJUSDH.

    E. Rediseño de las Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción.

    Dentro de la propuesta de modificatoria a la Ley de Sistema de Defensa Jurídica del Estado sería presentada al Congreso de la República para su aprobación, se plantea una reingeniería de la organización y las competencias de las Procuradurías Públicas, lo que permitirá avanzar hacia la unificación del modelo de defensa.

    El Consejo de Defensa Jurídica del Estado para afrontar los procesos de manera tal que permita cautelar efectivamente los intereses del Estado en temas de corrupción, inicio la reestructuración de la Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción de acuerdo con los estándares internacionales considerándose como una unidad multidisciplinaria y no solo encargada a la labor procesal, organizándose la misma en grupos:
    1. El Observatorio de lucha contra la corrupción, el cual construirá, alimentará y mantendrá un sistema de información, control de documentación y archivo de casos de corrupción a nivel nacional; el mismo que también desarrollará una investigación especializada de casos de altos funcionarios que implican grandes reparaciones civiles; asimismo, ejecutará también una labor vigilancia de los procesos y el diseño de estrategias de investigación.
    2. La Unidad de Análisis Financiero, efectuará estimaciones de daño patrimonial, monto de reparación civil, así como expectativas y posibilidades reales de cobro de las mismas. Asimismo, como parte de sus funciones, detectará y hará seguimiento de bienes y dinero de funcionarios y/o personas particulares investigadas. La información financiera de casos de corrupción detectados será analizada y sistematizada por esta unidad, con la finalidad que la misma formará parte del diseño e implementación del Sistema Integrado de Información. La ausencia de este sistema, archivo documentario y diagnóstico, así como en el cobro de reparaciones civiles, no permiten contar con datos exactos de la carga procesal de la Procuraduría Anticorrupción y de los montos recuperados por conceptos de reparaciones civiles.
    • Fecha:  05/03/2012    Párrafos: 80, 62, 66
    PRODUCE.

    A. Breve descripción del tema

    El Ministerio de la Producción lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia.

    B. Avances, Planes y programas desarrollados para el cumplimiento del mandato

    En este sentido, Produce, mediante Resolución Ministerial N° 295-2009-PRODUCE, se aprueba la Directiva General N°006-2009-PRODUCE, respecto a las “Disposiciones para la aplicación del Código de Ética de la Función Pública y su respectiva difusión en el Ministerio de la Producción” y su modificación mediante la Resolución Ministerial N° 471-2009-PRODUCE.

    Asimismo, se fomenta la realización de diversas actividades con la participación del personal del Ministerio de la Producción, incentivando la práctica de valores. Mensualmente a través del Portal Estándar de Transparencia en las entidades de la Administración Pública, el Ministerio de la Producción se encarga mediante sus entes responsables de mantener actualizada su información, dando cumplimiento a la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
    • Fecha:  05/03/2012    Párrafos: 78, 62, 51
    MEF.

    Acción 1.
    Desconcentración de actividades del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Descripción del tema

    El Ministerio de Economía tiene competencia exclusiva sobre los Sistemas Administrativos de Endeudamiento Público, Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad e Inversión Pública, asimismo ha desarrollado aplicativos informáticos y softwares de soporte en relación con estos sistemas , como el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, el Banco de Proyectos, entre otros. En este contexto se crearon los Centros Pilotos de Servicios de Atención al Usuario del MEF –CONECTAMEF, con el propósito que los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y público usuario accedan en forma más rápida a los servicios y productos de exclusiva competencia del Ministerio.

    Problemática

    Con la implementación de estos Centros se busca garantizar la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas en los departamentos del interior del país (regiones) y de esta manera orientar, capacitar y facilitar a las autoridades, funcionarios, servidores y ciudadanos, respecto del manejo de las herramientas que permitan lograr una gestión eficiente y transparente para el bienestar de la población.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento
    Actualmente se han implementado y se mantienen operando 9 centros CONECTAMEF. Para el año 2012, está prevista la implementación de 18 Centros adicionales.

    Acción 2.
    Ordenamiento del sistema remunerativo en el sector público.

    Descripción del tema

    El Poder Ejecutivo considera imprescindible establecer un ordenamiento del sistema remunerativo del Sector Público, a fin de que el Estado cuente con un recurso humano capaz de gestionar la modernización y reforma del Estado, consolidar el proceso de descentralización y atender la agenda pendiente en materia de competitividad y calidad del gasto público. Por ello, era necesario desarrollar un aplicativo informático que centralice toda la información sobre remuneraciones del sector público, que permita realizar el análisis de políticas, salariales, y escalas remunerativas, como uno de los puntos de partida para gestionar la modernización del Estado.

    Problemática

    El Ministerio de Economía y Finanzas no contaba con una base de datos centralizada de información de las remuneraciones del sector público que muestre el detalle de todos los conceptos remunerativos, las altas y bajas del personal, regímenes laborales afectos, entre otros conceptos, que permita realizar un análisis del sistema remunerativo del sector público.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    Se viene efectuando el desarrollo del Aplicativo Informático de Gestión de los Recursos Humanos del Estado vinculado a la selección, contratación, capacitación, así como de información relevante de cada uno de los trabajadores que prestan o han prestado servicios en el Estado. Hasta el momento se ha incorporado a la base de datos información del gobierno nacional y gobiernos regionales, quedando pendiente la incorporación de los gobiernos locales, organismos autónomos y empresas públicas con tratamiento empresarial.

    Acción 3.
    Regulación de la distribución de incentivos laborales en el sector público.

    Descripción del tema

    El Presupuesto por Resultados (PpR) comprende la aplicación en el ciclo presupuestal del sector público de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.

    Problemática

    La implementación progresiva del Presupuesto por Resultados en el Perú se explica básicamente por la presencia de las siguientes dificultades:
    • Desconexión entre las demandas ciudadanas y la oferta de bienes y servicios provistos por el Estado.
    • Asignación histórica a entidades, sin evidencia sobre eficacia de sus intervenciones.
    • Ausencia de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas y resultados.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    Se están sentando las bases para la implementación del presupuesto por resultados; el avance en la identificación de programas presupuestales comprende al 41,9% del presupuesto no financiero ni previsional del año fiscal 2012, un avance sustancial comparado con el 14,9% logrado en el año 2011. La identificación de programas ha pasado de 24 programas en el año fiscal 2011 a 59 programas en el año fiscal 2012.
    • Fecha:  05/03/2012    Párrafos: 80, 51, 20
    MEF.

    Acción 1.
    Resolución de controversias en el sistema de contrataciones del Estado.

    Descripción del tema

    El Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene como finalidad resolver, en última instancia administrativa, las controversias que surjan entre las entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección, así como imponer las sanciones de inhabilitación temporal o definitiva de los proveedores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independientes por infracción de las disposiciones de la Ley, su reglamento y demás normas complementarias. Por ello, como parte de su accionar se emite “Resoluciones y Acuerdos de aplicación de sanción a proveedores” que se refieren a los pronunciamientos finales que resuelven o concluyen el expediente de aplicación de sanción.

    Problemática

    Los proveedores, postores o contratistas siguen incurriendo en faltas y delitos que defraudan al Estado.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    El Tribunal de Contrataciones del Estado ha colaborado de manera adecuada al fortalecimiento de la lucha anticorrupción cada vez que resuelve, en última instancia, una controversia entre Entidades y Postores durante el proceso de selección.

    En el período 2006-2011, el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE a fin de cumplir con la función de imponer sanción de inhabilitación temporal o definitiva para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, ha concluido con más de 8 456 expedientes de aplicación de sanción, conforme a lo dispuesto por la normativa de la materia.

    Acción 2.
    Avance en el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública.

    Descripción del tema

    El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo público perteneciente al Poder Ejecutivo, obligado a brindar información de todos sus actos, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    En esa línea, se implementó un formulario virtual en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo principal es el de brindar facilidades a los usuarios para el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, habiéndose logrado a la fecha un avance significativo en el mismo.

    Las solicitudes de acceso a la información pública presentadas a través del formulario virtual (Portal de Transparencia) se incrementaron en el segundo semestre del año 2011 en un 13.6% a comparación del primer semestre del mismo año.

    Problemática

    La corrupción ha sido siempre uno de los mayores problemas que ha enfrentado el Perú, afectando considerablemente a las entidades del Estado; por ello el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de hacer transparente sus actos, facilitar el acceso a la información pública y brindar una respuesta a los usuarios dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, emitió la Directiva N° 005-2008-EF/43.71 denominada “Normas y Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 589-2008-EF/43 del 17.10.2008.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    Desde la dación de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado significativos avances en el cumplimiento de la misma, a través de la publicidad de sus actos y la implementación del módulo virtual en el Portal de Transparencia para la formulación de las solicitudes de acceso a la información pública.

    Acción 3.
    Ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública en las empresas del Estado.

    Descripción

    El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE, está normado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, la cual promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información, y en función de ello se han generado algunos mecanismos que facilitan el acceso a la información al ciudadano.

    Problemática

    Es necesario que las empresas del Estado hagan transparente su manejo económico y financiero, a fin de que la ciudadanía pueda conocer los detalles de su gestión y de su situación.

    Avances, Planes y Programas Desarrollados para su Cumplimiento

    FONAFE implementó en su portal la Unidad de Respuesta Electrónica (URE) para absolución de consultas, tanto de transparencia como diversas, al servicio del ciudadano.

    En Mesa de Partes de FONAFE se colocó adicionalmente una PC disponible a todo ciudadano que desee realizar consultas a FONAFE vía Web. Se cuenta con un formato que puede ser presentado vía trámite documentario.

    Estas acciones han permitido que 95% de las solicitudes de acceso a la información efectuadas al FONAFE fueran respondidas dentro del plazo de Ley.

    Información Complementaria

    Se ha colocado el Libro de Reclamaciones en un lugar visible de la sala de recepción al ciudadano; del mismo modo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 032-2011/DE-FONAFE se ha nombrado al responsable del Libro de Reclamaciones en cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 042-2011-PCM.

    Acción 4
    Mejoramiento del proceso de rendición de cuentas en las entidades públicas.

    Descripción del tema

    La Rendición de Cuentas es la presentación de los resultados de la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades representativas de las entidades del Sector Público, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en los plazos legales y de acuerdo con las normas vigentes, para la elaboración de la Cuenta General de la República, las Cuentas Nacionales, las Cuentas Fiscales y el Planeamiento.

    Problemática

    La problemática que se enfrentó fue la falta de transparencia de la gestión de algunas entidades del Estado debido a la falta de rendición de cuentas, lo cual impidió el cumplimiento de plena transparencia en la gestión.

    Avances, planes y programas desarrollados para su cumplimiento

    El proceso de rendición de cuentas de las entidades del sector público, se ha fortalecido con la implantación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y el Sistema de Integración Contable de la Nación (SICON), lo cual permite conocer con precisión el número y valor de los bienes, así como las obligaciones de las entidades públicas necesarias para la toma de decisiones a nivel de Estado y el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre el manejo de las finanzas públicas por los gobernantes.

    Del universo de 2,366 entidades del sector público obligadas a rendir cuentas para la incorporación a la Cuenta General de la República del 2010, el 96% de ellas, es decir, 2,273 cumplieron con dicha obligación; estimándose 98% para el 2011 y 99% de entidades proyectado para el año 2012.
    • Fecha:  02/03/2012    Párrafos: 2, 5, 36, 60, 47
    MRE.

    La Constitución Política de Perú de 1993 establece en su primer artículo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, la Constitución realiza un importante desarrollo de los derechos civiles y políticos, así como de los económicos sociales y culturales, reconociendo a los tratados sobre derechos humanos un rango constitucional.

    En este sentido, el Perú se encuentra comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos y es consciente que la pobreza y la exclusión son factores que atentan directamente contra el disfrute de los mismos.

    Conscientes de ello, el Gobierno del Perú ha creado recientemente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la finalidad de reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales.

    Asimismo, se ha creado dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que establecerá estándares mínimos de derechos humanos en temas sensibles como la educación, la salud, el empleo y buscará implementar mecanismos de supervisión de estos estándares. Implica también establecer las condiciones para asegurar el acceso a la justicia de toda persona con la finalidad de que puedan hacer valer sus derechos.
    • Recursos Relacionados
    • Anexos. Mandato 78 (MEF)
    • Anexos. Mandato 80 (MEF)
    • test
    • test
  • República Dominicana
    N/A
  • Saint Kitts y Nevis
    N/A
  • San Vicente y las Granadinas
    N/A
  • Santa Lucía
    N/A
  • Suriname
    • Reportes
    • Fecha:  11/04/2012    Párrafos: 79
    Strengthening democratic governance
    The Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP), which commenced in 2003 and is financed by the Inter-American Development Bank (IDB), is still going on.

    CHALLENGES IN DEMOCRATIC GOVERNANCE
    Even though local consultants were hired, the program is not expected to be finalized in 2014. The DLGP is being implemented in all districts.
  • Trinidad y Tobago
    • Reportes
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 78
    For information on Strengthening Democratic Governance, please refer to pages 81-82 of Trinidad and Tobago's National Report
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 79
    For information on Strengthening Democratic Governance, please refer to pages 81-82 of Trinidad and Tobago's National Report
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 80
    For information on Strengthening Democratic Governance, please refer to pages 81-82 of Trinidad and Tobago's National Report
    • Fecha:  21/01/2011    Párrafos: 81
    For information on Strengthening Democratic Governance, please refer to pages 81-82 of Trinidad and Tobago's National Report
    • Recursos Relacionados
    • TRINIDAD AND TOBAGO- NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE MANDATES OUTLINED IN THE DECLARATION OF COMMITMENT OF PORT OF SPAIN
    • TRINIDAD AND TOBAGO- NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE MANDATES OUTLINED IN THE DECLARATION OF COMMITMENT OF PORT OF SPAIN
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  • Uruguay
    • Reportes
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 80
    Capitulo V: TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

    El presente capitulo brinda un estado de situación respecto al avance registrado en el país en cumplimiento de los artículos 76, 80, 81 de la Declaración de Compromiso de Puerto España. Constituye por tanto un insumo, de cara a las reuniones preparatorias de la próxima Cumbre de las Américas.
    I: Mandato para Evitar Acceso de Fondos Ilícitos al Sistema Financiero
    II: Mandato para Combatir la Corrupción y Prácticas Fraudulentas

    En cuanto a: “la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, Uruguay ratifico la Convención Interamericana (CICC) por ley 17.008 del 15 de setiembre de 1998 promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de setiembre y publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 1998.

    En cuanto a la “Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Uruguay ratificó la Convención por Ley 18.056 del 14 de noviembre de 2006, promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre y publicada en el Diario Oficial el 1º de diciembre de 2006.

    Uruguay participa activamente en los mecanismos de seguimiento de ambas convenciones, habiéndose ofrecido voluntariamente a ser evaluado en la primera ronda del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, llamado MESICIC, y actualmente se encuentra en proceso de ser evaluado en el mecanismo de seguimiento de la Convención ONU. A su vez, ha actuado en varias oportunidades como Estado evaluador correspondiendo destacar la evaluación de Chile del año 2010, realizada junto con Estados Unidos en el marco del MESICIC, y la evaluación a Belice de 2011 que se encuentra en proceso. A su vez en el mecanismo de seguimiento ONU, nuestro país participa en subgrupo con Nicaragua, evaluando el cumplimiento de la República Dominicana.

    En cuanto al compromiso con la “lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público, privado”. Podemos afirmar que nuestro País ha aprobado cambios en su legislación que le permiten luchar más eficazmente contra el fenómeno de la corrupción, siguiendo las estipulaciones de las Convenciones ya mencionadas. A continuación se detallan los cambios.

    • Aprobación de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998 por la cual se implementan varias de las medidas anticorrupción de la CICC y se crea esta Junta. A continuación se detallan las medidas.
    • Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) articulo 4, con función preventiva contra la corrupción. Para ello debe: propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración Pública, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados a su presentación. La atención a los compromisos internacionales asumidos por el Uruguay en las Convenciones y Convenios vinculados a la materia y el control de la publicidad que deben realizar los entes públicos sobre los actos de adjudicación de licitaciones y contrataciones directas en régimen de excepción. (Dec. 393/004).
    • Creación de un sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios públicos a quienes por su cargo o su función se les considere potencialmente expuestos al fenómeno de la corrupción, capítulo V artículos 10 a 19. Posteriormente reglamentada por el Decreto 354/999 y más recientemente por el Decreto 338/010.
    • Creación de un entorno ético en la función pública. Capítulo VI, artículos 20 a 23, donde se establecen los principios que deben regir la conducta funcional, como los principios de probidad, respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad. A su vez establece una serie de prohibiciones relacionadas con el abuso de poder como son las de valerse del cargo para influir sobre una persona para obtener un provecho indebido, tomar o utilizar bienes del Estado en beneficio propio, evitar la implicancia del funcionario en decisiones de la Administración cuando tiene algún interés personal, usar en beneficio propio información reservada o privilegiada. A su vez también impone la rotación periódica de funcionarios que se desempeñen en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios. Estas disposiciones fueron a su vez reglamentadas por el Decreto 30/003 de normas de conducta en la función pública.
    • Promoción de formación y capacitación de la población y en especial de los funcionarios públicos de los aspectos que regula la Ley 17.060, artículos 27 y 28. En este tema se destaca, la creación de un área de capacitación en la JUTEP que se encarga de dictar cursos y talleres a funcionarios públicos sobre esta temática. En especial a partir de 2009 mediante un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que aportó la financiación para el proyecto de creación de una “red de funcionarios públicos especializados en normativa anticorrupción” y la implementación de cursos para funcionarios públicos por parte de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), dependiente de la Oficia Nacional del Servicio Civil, (ONSC), entre los que se destacan los cursos de ingreso a la Función Pública y programa de Dirección Media. El modulo vinculado a la ética pública en estos cursos se dicta por el equipo de la JUTEP.
    • Actualización de la legislación penal en la materia mediante la modificación de los artículos del Código Penal referidos a los Delitos contra la Administración Pública, capítulo IV, artículos 8 y 9 de la Ley 17.060. Se aumentan las penas de privación de libertad, se actualizan las penas de multa llevándolas a valores más acordes con la gravedad del Delito y se crean figuras nuevas como el tráfico de influencias y la utilización indebida de información privilegiada.

    En cuanto a “compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción” corresponde informar que el Uruguay, con la aprobación de la Ley 17.060 en su capítulo VII, artículos 29 a 36, ha tomado las medidas que se detallan:

    • Creación de figuras delictivas como el cohecho transnacional, el soborno transnacional (artículo 29) y blanqueo de dinero (artículo 30). En esta materia a su vez se produjo un nuevo avance con la aprobación de la Ley 17.016 y las Leyes 17.835 y 18.494 sobre lavado de activos.
    • Regulación especial del sistema de extradición y cooperación jurídica internacional (artículos 31 a 36 de la Ley 17.060). En este aspecto se establece que la extradición se regulará en primer lugar por las disposiciones de las Convenciones Internacionales ratificadas por la República y en ausencia de dichas normas por las disposiciones del Código Penal. A su vez se establecen procedimientos de cooperación jurídica en la materia. Se crea la Sección de Cooperación Jurídica penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.
    • Es de destacar que con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se tiene otro instrumento ya que cuenta con disposiciones en la materia a ser aplicadas con los Estados que Uruguay no tenga otro instrumento jurídico aprobado.
    • También existe regulación sobre extradición y cooperación jurídica internacional en materia de lavado de activos regulado por la Ley 17.835 y 18.494.

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
    • Fecha:  26/12/2011    Párrafos: 81
    III: Mandato sobre Fomento de la Transparencia / Acceso a la Información Pública

    En relación al mandato establecido anteriormente, cabe destacar que se aprobó la Ley 18.381 de “Derecho a la Información Pública” publicada en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 2008, que tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

    A su vez se creó una agencia estatal dependiente de la Presidencia de la República vinculada al desarrollo de las tecnologías de la información y el acceso a la información pública. Se trata de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) que a su vez cuenta con la Unidad de Acceso a la Información Pública, que tiene como cometidos, entre otros, controlar la implementación de la Ley de Acceso a la Información, orientar y asesorar a los particulares respeto al derecho de acceso a la información pública y denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la Ley de Acceso a la Información Pública.

    En cuanto a las iniciativas emprendidas en torno a cada uno de los mandatos que sean de competencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública debemos señalar que la JUTEP ha presentado al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley en materia de “Fortalecimiento de la Transparencia” modificativo de la Ley 17.060, hoy transformado en proyecto ya que fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo y se encuentra a estudio del mismo. En este proyecto se propone:

    • Ajustar la definición de corrupción extendiendo su alcance en cuanto al concepto de “provecho” que se contempla como móvil tipificante del acto de corrupción, planteándose que el mismo podría ser no solo “económico” sino “de cualquier otra naturaleza se haya consumado o no dicho proyecto”.
    • Se desarrollan los aspectos orgánicos- institucionales referidos a la integración, designación, destitución, duración en el cargo e incompatibilidades de los miembros de la JUTEP, y competencias de la misma, integrando en un solo texto varias disposiciones dispersas en distintas normas.
    • En cuanto a la declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos, se otorga mayor rigurosidad a la presentación de declaraciones juradas y más transparencia en sus contenidos, modificándose el texto de los artículos 12, 13, 15, 16, 17 y 19 de la Ley Nº 17.060.
    • En cuanto a las normas de conducta en la función pública, en los artículos 4 al 10 del anteproyecto se legisla al respeto dándole rango legal a normas que hoy están previstas como decreto en las que se destacan la prohibición de ejercer la función con relación a las actividades privadas vinculadas y la prohibición de la intervención por razones de parentesco.
    • En cuanto a la protección de denunciantes, la creación de ámbitos reservados para la presentación de denuncias en los distintos organismos públicos, procurando la protección del denunciante, mediante la reserva de identidad así como la debida protección administrativa y estabilidad laboral, sin perjuicio de la responsabilidad para el caso de denuncias falsas o infundadas.
    • En materia penal se propone crear la figura del “Enriquecimiento ilícito” hasta ahora vigente como agravante, en el artículo 163 ter. Numeral 2 del Código Penal. Es una figura cuya creación recomienda la Convención Interamericana mencionada y que ya existe en otros países de la región como la Argentina y Chile. En Uruguay es un asunto polémico ya que prestigiosos académicos la consideran violatoria del principio de inocencia. La JUTEP pretende lograr una discusión amplia a nivel de la sociedad de este proyectado delito a los efectos de llegar a una redacción que asegure un justo balance entre el respeto a los principios procesales y la protección del interés general en cuanto a no tolerar conductas que permitan el enriquecimiento a través de prácticas corruptas de nuestros servidores públicos.

    Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
  • Venezuela
    N/A
  • Organización de los Estados Americanos (OEA)
    • Reportes
    • Fecha:  09/01/2018    Párrafos: 5
    Iniciativa: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA)

    La MACCIH-OEA combate la corrupción y la impunidad brindando apoyo en la reforma del Sistema de Justicia Penal hondureño y en desmantelar redes de corrupción, a través de un enfoque de “Colaboración activa”- lo que significa que la Misión trabaja directamente con instituciones hondureñas para implementar una agenda anti-corrupción. Bajo este enfoque, la MACCIH-OEA busca fortalecer el estado de derecho y la legitimidad de las instituciones del Gobierno de Honduras.

    Actividades: La misión tiene un mandato de cuatro años (2016-2020) e implementa sus actividades mediante cuatro divisiones programáticas que se complementan mutuamente:

    1. La División de Prevención y Combate a la Corrupción es responsable de: a) colaborar y brindar asesoría técnica a investigadores, fiscales y jueces de Honduras en relación a la investigación y enjuiciamiento de grandes casos de corrupción; b) redactar propuestas de normas legislativas o reformas anti-corrupción, tanto en el sector público como privado; c) preparar un Plan de Acción Nacional para implementar las recomendaciones realizadas a Honduras por parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

    2. La División de Reformas de la Justicia Penal realiza recomendaciones para mejorar la calidad y la efectividad del Sistema de Justicia Penal hondureño. Asimismo, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, trabaja en la puesta en marcha de un Observatorio que permita dar seguimiento, monitorear y evaluar el Sistema de Justicia Penal hondureño.

    3. La División de Reforma Político-Electoral brinda asesoramiento en la elaboración de normativas y regulaciones relativas a la implementación de mecanismos para controlar el flujo de dinero ilegal en partidos políticos, candidatos y campañas, debido a que puede facilitar la inserción de corrupción a nivel estatal.

    4. La División de Seguridad Pública apoya la implementación de las recomendaciones propuestas por la Secretaría General de la OEA en sus reportes de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Honduras (SNSC), en particular acompañando la restructuración y depuración de la Policía Nacional y el sistema penitenciario, así como también en el establecimiento de mecanismos regulatorios para la protección de oficiales de justicia.

    Página web: http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp

    Beneficiarios: Ciudadanos hondureños, incluyendo diversos actores políticos, sociales y económicos. Instituciones del Sistema de Justicia Penal hondureño, específicamente aquellas involucradas en el combate y la prevención de la corrupción y la impunidad.

    Financiamiento: Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
    • Fecha:  09/01/2018    Párrafos: 3
    test
    • Fecha:  23/03/2017    Párrafos: 5
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  15/03/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  15/02/2017    Párrafos: 2
    Information available in Spanish
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Iniciative: Electoral Technical Cooperation
    Electoral Technical Cooperation Projects contribute to the modernization and improvement of the quality of services provided by electoral bodies. These include projects related to electoral technology, electoral registry, residential vote, electoral mapping, legal reform, electoral organization, institutional strengthening, quality management and certification against ISO Standards, and citizen participation.

    Activities: Due to the diversity of the projects we implement, each contain different activities. For instance, an audit is different from a quality assessment against ISO standards.

    Website: http://www.oas.org/en/spa/deco/cooperacion.asp

    Beneficiaries: Electoral Management Bodies

    Partnerships and Financing: OAS Member States and Permanent Observer Missions.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Electoral Observation Missions (EOMs)
    International election observation can be defined as a process whereby an organized group of individuals from outside the host country systematically carries out a series of complex actions and activities to observe an electoral process in a direct, complete, and precise manner.

    Specific objectives of EOMs include: 1) To observe the performance of the principal actors in the electoral process in order to verify compliance with election laws and regulations in place in the host country; to analyze the development of the electoral process in the context of standards adopted by the OAS Member States; and to take note of what is observed and inform the Secretary General and the Permanent Council; 2) To work with governmental and electoral authorities, and with citizens in general, to ensure the impartiality, transparency, and reliability of the electoral process; 3) To make recommendations in order to help improve the electoral system; among others.

    Activities:
    - Receipt of Invitation from OAS Member State.
    - Acceptance and preparation for the Mission: (fundraising, recruitment of observers, political-electoral analysis).
    - Appointment of Chief of Mission
    - Preliminary Mission
    - Deploy International Electoral Observers to monitor the Pre-Electoral Period, Election Day and Post-Election phase.
    - Preliminary Statement (after election day).
    - Observation of post-election phase until declaration of results.
    - Report to Permanent Council
    - Post EOM Visit to host country to follow up with recommendations.
    - Final Report distributed to OAS Member States

    Website: http://www.oas.org/en/spa//deco/default.asp

    Beneficiaries:
    OAS Member States
    Electoral Management Bodies
    Political Actors
    Citizens and civil society

    Partnerships and Financing: OAS Member States and Permanent Observer Missions.
    *The host country cannot provide funding for an EOM deployed in its territory.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Open Government and Access to Information
    In helping realize the mandate of promoting open government and access to information as key tools for achieving greater transparency, better public administration, citizen participation and social inclusion, the Department for Effective Public Management (DEPM) carried out three initiatives.

    1. As a means of disseminating the importance of the right of access to information, the DEPM organized a Short Film Contest, inviting university students to submit 2-minute films that highlighted the relevance of access to information in everyday life.
    2. Considering that this right can only be fully exercised if states have a rational information management system, the DEPF also participated in the elaboration of a Model for Information Management.
    3. Finally, during 2015 the Department carried out the first edition of The OAS Fellowship on Open Government in the Americas, a program that aims at creating a network of young leaders that develop joint collaborative project to address the challenges of Open Government in the hemisphere.

    Activities: 1.1 Launching of the Short Film Contest, aimed at Universities of the Access to Public Information Network (RTA, Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública) member states (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru and Uruguay). October 2014.
    1.2 Printing of posters and brochures as dissemination material in Spanish and Portuguese. October 2014. Material was sent to all participating members to be distributed in universities, public institutions and events.
    1.3 Dissemination phase and submission period. November 2014 to February 2015.
    1.4 Pre-selection of submitted short films and convening of the jury members. March 2015.
    1.5 Selection of the three winners. March and April 2015.
    1.6 Award ceremony during the International Conference of Information Commissioners, which took place in April 21-23, 2015 in Chile. In addition, winners participated in a workshop co-organized alongside the School of Communications from the “Universidad del Desarrollo” in Santiago de Chile, where they discussed the importance of cinema and arts in promoting the Right of Access to Information. April 2015.
    1.7 Results-dissemination phase. Along with RTA partners in AGESIC, the DEPM has prepared a document with basic guidelines that provide RTA member countries orientations on how to proceed for promoting and facilitating the dissemination of the short films in official websites, official social networks, institutional newsletters, public (and if possible, private) broadcasting stations, and to the universities that were invited to participate in the contest. June 2015 - present.

    2.1 Presentation by the DEPM and EUROsociAL of two proposals to conduct a study on Information and Archives Management during the VI Annual Meeting of the Transparency and Access to Information Network (RTA for its acronym in Spanish). Members of the RTA decided that a joint collaboration between OAS, EUROsociAL and RTA would render the best result for the study. April 2014.
    2.2 Agreement between OAS and EUROsociAL to carry out the study. May 2014.
    2.3 Open call to select the institution responsible for carrying out the study and hiring of a consultant for the OAS to work on the Model for Information Management that complies with the OAS Model Law of Transparency and Access to Information. May 2014.
    2.4 Elaboration of a draft document based on best international practices. Presentation of a diagnosis of the situation in the region and of the draft document in a workshop in Colombia. June 2014.
    2.5 Visits and elaboration of in-depth diagnoses in all RTA member countries on the situation of their information and archives management systems. June to October 2014.
    2.6 Presentation of the final document of the Model at the VI Annual Meeting of the Transparency and Access to Information Network. Feedback received from member states. November 2014.
    2.7 Revision of the document and publication of the final version of the Model for Information Management (see link in Website section). December 2014 to February 2015.
    2.8 Presentation by DEPM and EUROsociAL of the final document at the V International Seminar on Transparency (Chile) and at the II Meeting of High Level Authorities of the Inter-American Mechanism for Effective Public Management (Mexico). April and May 2015.

    3.1 Launching of the first edition of The OAS Fellowship on Open Government in the Americas. December 2014.
    3.2 Application period, open to young leaders aged 25 to 40 from all OAS member states. December 2014 to January 31st 2015.
    3.3 Pre-selection of 50 applications, out of the 657 received, to be reviewed by an independent Selection Committee. February 2015.
    3.4 Meeting of the Selection Committee and selection of the 24 participants. Participants represent 16 countries from all across the Americas. February 2015.
    3.5 Participants take a two-week online course, provided by the Virtual Campus within the DEPM, on Open Government Strategies. March 2015.
    3.6 Celebration of First Seminar with the participation of the 24 fellows in Osprey Point, Maryland, and Washington, DC. During one week, fellows participate in capacity-building seminars and workshops, attend networking events in Washington, DC, and form groups that will work in joint projects during the next six months.
    3.7 Project Phase (home-based). The six groups formed during the first seminar work on the development of projects regarding Open Government in the region. They participate on monthly online coaching sessions provided by the GovLab at New York University. April-September 2015.
    3.8 Celebration of the Second Seminar, which takes place in Mexico City from the 24th to the 31st of October.
    3.9 External evaluation of the first edition (pilot phase) of the project. November 2015.

    Website: Short Film Contest: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/ and bit.ly/1Ktp08t
    Fellowship: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/OpenGovFellowship/
    Modelo de Gestión de Información: http://mgd.redrta.org/modelo-de-gestion-de-documentos-y-administracion-de-archivos-para-la-red-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/mgd/2015-01-23/093820.html

    Beneficiaries: RTA member states (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Peru and Uruguay), and specially the universities that participated of the contest and the agencies that oversee issues of transparency and access to information.
    OAS member states, especially those countries represented by the fellows (Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay)
    OAS member states that are willing to establish an Information Management System.

    Partnerships and Financing: The Ministry of Foreign Affairs, Trade and Development, Government of Canada; the Government of Mexico; EUROsociAL; CEDDET; RTA (Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública); Avina Foundation; The Carter Center; CEPAL; Hivos.
    • Fecha:  10/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Strengthening of Public Institutions
    In helping realize the mandate of strengthening democracy, transparency, integrity and efficiency in public administrations, and the creation of conditions that enable the involvement of citizens in the entire public policy cycle, the Department for Effective Public Management (DEPM) carried out three initiatives.

    1. Supporting the Secretary of Governability and Modernization of the State in El Salvador in implementing organizational development and management tools in public institutions.
    2. Strengthening Paraguay’s Secretary of Public Function.
    3. The Department for Effective Public Management has worked closely with several institutions during the last five years in order to offer them tools to strengthen their capacities through strategic planning, process management and organizational development. This experience has been systematized in a document, Methodology for the Strengthening of Public Institutions, which contains basic guidelines for institutions that are seeking to implement these managerial tools to enhance their efficiency and transparency with the aim of providing better services to the citizens.

    Activities: 1.1 Beginning of the project “Supporting the Secretary of Governability and Modernization of the State in El Salvador in implementing organizational development and management tools in public institutions”. October 2012.
    1.2 Appointment of staff that would participate in the different workshops and activities and then act as multipliers. Among the selected beneficiary institutions were: the National Academy of Public Security; the National Civil Police; the Migration General Office, the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Natural Resources, Ministry of Governance, Ministry of Tourism, Ministry of Culture, Ministry of Economy, Ministry of Work and Social Security, and several agencies and institutes. November 2012.
    1.3 Organization of several workshops focused on capacity building regarding the following management tools: strategic planning; process management, process mapping and modelling, process automation, and organizational development. January 2013 to February 2014.
    1.4 Support in the implementation of these tools in the different institutions, as well as support in the creation of an Inter-institutional Network that allows staff from the different ministries to exchange ideas and practices regarding the implementation of Strategic Planning and Process Management. March and April 2014.
    1.5 Evaluation of the program by participants. May 2014.

    2.1 Beginning if the project “Strengthening Paraguay’s Secretariat for Public Function”. The National Secretariat for Anti-Corruption and the Secretariat for Information and Communication were invited to beneficiaries of this technical assistance. May 2014.
    2.2 Workshops on Process Management, with attendance of 21 public servants. The evaluation of the workshop by the participants was very positive. May 2014.
    2.3 Workshops on Process Modelling, with attendance of 21 public servants. June 2014.
    2.4 Workshops on Organizational Development and Process Automation with participation of staff from the three institutions. July 2014.
    2.5 Workshops with the Ministry of Women to enhance the capacity of public institutions to incorporate a gender perspective in the whole cycle of Process Management. September 2014.
    2.6 Oversight of the implementation of the Process Management tools in five institutions: Secretariat for the Public Function, Cabinet of the Public Function, Secretariat for Anti-Corruption, Secretariat for Information and Communication, Ministry of Women. Also, support in the creation of an Inter-institutional Network (similar to the experience in El Salvador) that allows staff from the different ministries to exchange ideas and practices regarding the implementation of Strategic Planning and Process Management October 2014 to May 2015.

    3.1 Consultations with the expert that carried out workshops and seminars in Paraguay and El Salvador. August 2014.
    3.2 Consultations with members of the institutions that had participated in these programs. August 2014.
    3.3 Elaboration of the four chapters of the Methodology, and revision of content and design. September 2014 to June 2015.
    3.4 Request for feedback from the Department of Planning and Evaluation. July 2015.
    3.5 Editing of the final document. August 2015 - present.

    Beneficiaries: Paraguay (Secretariat for the Public Function, Cabinet of the Public Function, Secretariat for Anti-Corruption, Secretariat for Information and Communication, Ministry of Women)
    El Salvador (National Academy of Public Security, National Civil Police, Migration General Office, Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Natural Resources, Ministry of Governance, Ministry of Tourism, Ministry of Culture, Ministry of Economy, Ministry of Work and Social Security)
    All OAS Member States and their institutions can benefit from the compilation of these management tools in the Methodology for the Strengthening of Public Institutions.

    Partnerships and Financing: The Ministry of Foreign Affairs, Trade and Development, Government of Canada.
    Government of El Salvador.
    USAID, through Casals & Associates.
    • Fecha:  14/10/2015    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  14/10/2015    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  05/10/2015    Párrafos: -
    Initiative:
    Follow-Up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption

    The Mechanism for Follow-Up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC) is an inter-governmental body established within the framework of the OAS. It supports the States Parties in the implementation of the provisions of the Convention through a process of reciprocal evaluation, based on conditions of equality among the states. In this mechanism, recommendations are formulated with respect to those areas in which there are legal gaps or in which further progress is necessary.

    On March 30, 2015, MESICIC started its 5th Round of Review. In this Round, the Mechanism will review the implementation of the provisions in Article III, paragraphs 3 and 12 of the Inter-American Convention against Corruption, which refer to the needed instruction to government personnel to ensure proper understanding of their responsibilities and the ethical rules governing their activities, and the study of preventive measures that take into account the relationship between equitable compensation and probity in public service.

    Moreover, the Committee will analyze the follow-up on the recommendations formulated to the States Parties in the Second Round, on topics such as public procurement, hiring of public servants, whistleblower protection and the criminalization of acts of corruption under the Convention.

    Activities:
    - On-site visits to the Republic of Peru (September 8-10, 2015), to the Republic of Paraguay (Sept. 30 - October 2, 2015), to the Eastern Republic of Uruguay (October 6-8, 2015) and to the Plurinational State of Bolivia (October 14-16, 2015) in the framework of the Fifth Round of Review of MESICIC.

    - Preparation of Draft Country Reports (Peru, Paraguay, Uruguay and Bolivia) on the Implementation of the Recommendations Formulated and the Provisions Reviewed in the Second Round, and on the Convention Provisions Selected for the Fifth Round.

    - Preparatory meetings for the Fourth Meeting of the Conference of States Parties to the MESICIC, which will take place December 14-15, 2015 at OAS Headquarters.

    - Publication of the Hemispheric Report on the Fourth Round of Review of the Committee of Experts of the MESICIC (Available at: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic_hem_rep_final_4_round.pdf).

    - The MESICIC has also provided technical expertise and support to recently established Mission to Support the Fight Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH).

    Website: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_intro_en.htm

    Beneficiaries:
    31 MESICIC Member States (Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay and Venezuela).

    Partnerships and Financing:
    Governments of the United States, Brazil, Mexico, Guatemala, Panama, and Chile.
    • Fecha:  31/07/2012    Párrafos: 81
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  26/07/2012    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 80
    El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), un organismo intergubernamental establecido en el marco de la OEA, ha adoptado informes con recomendaciones para Canadá, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Guatemala, con el fin de fortalecer sus normas para facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios.
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 3
    Después de la interrupción del orden democrático que sucedió en Honduras en Junio de 2009, la OEA apoyó a las negociaciones que llevaron a la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San José al crear una Comisión de Alto Nivel para evaluar la situación en Honduras, al presentar un reporte a la Asamblea en julio, y al proporcional asistencia técnica a la Comisión de Verdad y Reconciliación desde mayo del 2010. En Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la OEA concentró sus esfuerzos más recientes en proyectos para apoyar a las víctimas, con un énfasis particular en las comunidades indígenas y Afro-Colombianas. El mandato de la Misión fue renovado por tres años más (2011-2014) e incluye nuevas áreas y responsabilidades, en particular el monitoreo del proceso de restitución de tierras.
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 78
    De conformidad con los compromisos sobre el tema asumidos en la Quinta Cumbre, y en respuesta de mandatos de la Asamblea General, la OEA coordinó la elaboración de una Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, con la participación de los órganos, agencias y entidades de la OEA, de los Estados Miembros y de organizaciones de la sociedad civil. As su vez, con miras de proporcionar el marco jurídico necesario para garantizar el acceso a la información en la región, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES 2607 sobre la Ley Modelo, en junio de 2010, a la cual adjuntó su texto final. Desde esta aprobación, la OEA organizó una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el tema y un seminario internacional sobre la Ley Modelo en México. A raíz de estos esfuerzos, varios estados han considerado el texto de la Ley Modelo y su Guía de Implementación en la adopción o adecuación de sus marcos normativos, incluyendo Argentina, Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana.
    • Recursos Relacionados
    • OAS Website
    • Portal Anticorrupción de las Américas
  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
    • Reportes
    • Fecha:  14/04/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  14/04/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  14/04/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  14/04/2017    Párrafos: -
    Información disponible en inglés
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    En el 2015, el BID aprobó varias operaciones de préstamos por un total de $ 253 millones de dólares para apoyar a sus países miembros prestatarios en sus esfuerzos de lucha en contra de la corrupción, mediante el fortalecimiento de sus marcos de integridad y la promoción de la transparencia. Además, en 2015 los Fondos de Transparencia del BID otorgaron recursos para subvenciones sumando un total de $ 3 millones de dólares para financiar proyectos para mejorar el acceso a la información y la transparencia en 8 países. El BID también proveyó asistencia técnica a 12 países para llevar a cabo evaluaciones de riesgos nacionales, y mejorar el cumplimiento de las recomendaciones contra el lavado de dinero.

    Durante 2015 y principios de 2016, el BID ha apartado recursos para subvenciones por un total de $ 4.9 millones de dólares del Fondo Canadiense para la Identidad Legal Universal en América Latina y el Caribe para financiar 8 proyectos para reducir el sub-registro y promover la identidad legal en 6 países. Además para ampliar el conocimiento y la sensibilización sobre el tema, el BID ha patrocinado eventos y concursos internacionales destinados a mejorar la gestión de la identidad y el reconocimiento a los enfoques creativos que satisfacen los desafíos de la falta de documentos de identidad y el registro de nacimientos en la región. Por otra parte, el BID publicó documentos relacionados con el registro de nacimiento universal y la gestión internacional de identidad y puso en marcha el curso en línea titulado “Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales”, en colaboración con la OEA.

    En 2015, el BID apoyó la implementación de iniciativas para fomentar un gobierno abierto en 6 países y promovió el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre los países mediante la financiación del Segundo Diálogo Regional de Política sobre Gobierno Abierto en Paraguay. En 2016, el Banco financiará el Tercer Diálogo Regional de Política sobre Gobierno Abierto en Colombia para discutir cómo los laboratorios de innovación, datos abiertos y big data pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.
  • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
    • Reportes
    • Fecha:  12/12/2017    Párrafos: -
    En materia de Gobernabilidad Democrática los documentos recientes incluyen:

    “Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en América Latina y el Caribe”, donde se analizan los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información para gestionar estos datos y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de portales, así como también, a través de iniciativas para dar valor público y generar nuevas aplicaciones que den nuevos significados y resuelvan problemáticas comunes.

    “La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la integración regional”, donde se ofrece un panorama de la integración en los países de la región a través del uso de los servicios que ofrece el gobierno electrónico y de las aplicaciones desarrolladas con los datos abiertos gubernamentales haciendo especial atención al desarrollo sustentable y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
    • Fecha:  11/04/2017    Párrafos: -
    En materia de Gobernabilidad Democrática la CEPAL ha publicado los siguientes documentos:

    “Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en América Latina y el Caribe”, donde se analizan los esfuerzos que están haciendo los países de América Latina y el Caribe, para aprovechar las oportunidades que las tecnologías de información ofrecen para gestionar estos datos y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de portales, así como también, a través de iniciativas para dar valor público y generar nuevas aplicaciones que den nuevos significados y resuelvan problemáticas comunes.

    “La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la integración regional”, donde se ofrece un panorama de la integración en los países de la región a través del uso de los servicios que ofrece el gobierno electrónico y de las aplicaciones desarrolladas con los datos abiertos gubernamentales haciendo especial atención al desarrollo sustentable y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    En materia de Gobierno abierto, la CEPAL impulsa la colaboración activa entre entidades y órganos del gobierno en todos los niveles, y entre éstos y los ciudadanos. El apoyo a los países de la región a formular políticas de gobierno abierto y elaborar sus propios planes de acción se sustenta en los tres pilares fundamentales: i) la transparencia y rendición de cuentas; ii) la colaboración al interior del gobierno tanto con los funcionarios públicos y la innovación tecnológica con los ciudadanos para la co-creación de valor público y social; y la iii) participación en vías de involucrar activamente a los ciudadanos en el diseño, formulación y ejecución de políticas públicas. Por ejemplo, en materia de capacitación, desde abril de 2015 se han capacitado a más de 500 profesionales de 19 países de América Latina y el Caribe. Los participantes provienen fundamentalmente de organismos gubernamentales, en los planos nacional, regional, estatal y local y por quienes realizan actividades relacionadas, profesionales de diversas instituciones de la sociedad civil (como agrupaciones y partidos políticos, y organizaciones empresariales, laborales y profesionales, así como por universidades y otras instituciones académicas y de investigación).

    Asimismo se han celebrado varios talleres y seminarios, entre los que merecen destacarse: “Datos abiertos en el contexto del Desarrollo Sostenible”, Montevideo, Uruguay; mayo 2015. Co-organizado con UNDESA; III Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe, Santiago, Chile; septiembre de 2015. Co-organizado con la Secretaría General de Gobierno de Chile (SEGPRES); “Datos abiertos en el contexto del Desarrollo Sostenible”, Ciudad de Panamá, Panamá; octubre 2015. Co-organizado con UNDESA.; la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto “Apertura para todos. Hacia un desarrollo sostenible”, Ciudad de México; octubre de 2015. Co-organizado con la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y otros organismos multilaterales. En materia de Convenios y Asesorías la actividad ha sido diversa, destacándose: con la Presidencia de México a través de la Dirección de Estrategia Digital Nacional; con la Secretaría General de la Presidencia de Chile; con la Red Latinoamericana de Transparencia y Acceso a la Información (RTA); con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la realización de Cursos semi-presenciales y la co-organización del Programa OEA para la Promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas; entre otros.
    • Fecha:  14/10/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Curso Internacional: “Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas”
    El objetivo principal del curso es el de promover el fortalecimiento de la gestión pública para la formulación e implementación de estrategias de Gobierno Abierto, una mayor transparencia y colaboración en el ejercicio del gobierno, y una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
    Es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), a través de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), todas entidades que ya desarrollan diferentes iniciativas de cooperación y estrategias colaborativas con las administraciones públicas de las Américas para el Gobierno Abierto. Este Curso también cuenta con el apoyo y la colaboración de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

    Actividades:
    Los tópicos que componen el programa del curso cubren las siguientes temáticas de aprendizaje:
    Módulo I: Marco conceptual del Gobierno Abierto –Modalidad Virtual-
    a) Bases conceptuales
    b) Esbozo y breve síntesis sobre los orígenes del debate: Desde la transparencia y el acceso a la información pública hacia la participación y colaboración cívica;
    c) El tránsito hacia un modelo de gobernanza abierta y colaborativa
    Objetivos de aprendizaje:
    ? Comprender las bases conceptuales y prácticas que sustentan el diseño, implementación y desarrollo de políticas de gobierno abierto en los distintos países del mundo
    ? Conocer, entender y aplicar los principios fundamentales que sustentan el gobierno abierto en la actualidad: a) Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; b) participación ciudadana; y c) Colaboración (cívica y más allá)
    ? Comprender que las políticas de gobierno abierto suponen el desarrollo de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura dentro del sector público en su relación con la ciudadanía.
    ? Entender e incorporar el enfoque que alude a mirar el gobierno e instituciones públicas como una plataforma o ecosistema que facilita y promueve espacio para la participación y colaboración para, con y a través de los propios ciudadanos.
    Módulo II: Panorama global del Gobierno Abierto y perspectiva regional –Modalidad Virtual-
    Objetivos de aprendizaje:
    ? Estado del Arte sobre Gobierno Abierto en la región en el marco de La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)
    ? El avance global hacia políticas de transparencia, participación y rendición de cuentas. El avance de la Alianza para el Gobierno Abierto en el contexto de Latinoamérica y el Caribe.
    ? Revisar Planes de Acción en perspectiva comparada: Desde la formulación a los resultados a la fecha. Lecciones, experiencias y aprendizajesConocer, entender y profundizar sobre la creación y puesta en marcha de la Alianza para el Gobierno Abierto, sus principios, fundamentos, objetivos y alcances.
    ? Revisión de los avances en clave comparada sobre la formulación e implementación de planes de acción de Gobierno Abierto en la región en el marco de la AGA
    ? Revisión de los resultados del proceso, cumplimiento de compromisos y casos relevantes de aplicación a partir del Mecanismo de Reporte Independiente de AGA para la región (a la fecha los países con reporte son Brasil, México, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay)
    ? Conocer experiencias y casos de aplicación práctica de los principios de gobierno abierto en iniciativas concretas (ya sea de los propios gobiernos o de otras organizaciones de la sociedad).
    ? Promover en los participantes el interés permanente por conectarse y compartir buenas prácticas en estas materias, y facilitar el trabajo en red.
    Módulo II: Panorama global del Gobierno Abierto y perspectiva regional –Modalidad Virtual-
    Objetivos de aprendizaje:
    ? Estado del Arte sobre Gobierno Abierto en la región en el marco de La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)
    ? El avance global hacia políticas de transparencia, participación y rendición de cuentas. El avance de la Alianza para el Gobierno Abierto en el contexto de Latinoamérica y el Caribe.
    ? Revisar Planes de Acción en perspectiva comparada: Desde la formulación a los resultados a la fecha. Lecciones, experiencias y aprendizajesConocer, entender y profundizar sobre la creación y puesta en marcha de la Alianza para el Gobierno Abierto, sus principios, fundamentos, objetivos y alcances.
    ? Revisión de los avances en clave comparada sobre la formulación e implementación de planes de acción de Gobierno Abierto en la región en el marco de la AGA
    ? Revisión de los resultados del proceso, cumplimiento de compromisos y casos relevantes de aplicación a partir del Mecanismo de Reporte Independiente de AGA para la región (a la fecha los países con reporte son Brasil, México, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay)
    ? Conocer experiencias y casos de aplicación práctica de los principios de gobierno abierto en iniciativas concretas (ya sea de los propios gobiernos o de otras organizaciones de la sociedad).
    ? Promover en los participantes el interés permanente por conectarse y compartir buenas prácticas en estas materias, y facilitar el trabajo en red.
    Módulo III: Elementos fundamentales para una política de GA
    La apertura como fundamento de una nueva arquitectura cívica y un emergente modelo para gestionar los asuntos públicos (Open Data y Open Process)
    Objetivos de aprendizaje:
    ? Entender el rol, implicancias y alcances del uso intensivo de las tecnologías, plataformas digitales y redes sociales en la promoción de los principios del gobierno abierto e impulso de innovación institucional, pública y cívica
    ? Comprender los ejes que sustentan las estrategias de gobierno abierto: a) Apertura de datos (Open Data) y reutilización de la información pública; y b) Apertura de procesos y políticas públicas (Open Process).
    Se podrá conocer y profundizar sobre cómo se cristalizan los principios de la transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración a través de herramientas concretas y el uso intensivo de la tecnología, que se vinculan a dos tipos de estrategia:
    a) La apertura y disponibilidad de datos e información pública (qué datos abrir y cómo abrirlos, catálogos, repositorios, integración, plataformas, etc.) y su potencial reutilización (para fines sociales, económicos y/o cívicos); y
    b) La apertura de procesos para incorporar a la ciudadanía en materia de participación y colaboración para la resolución de problemas públicos, la formulación e implementación de políticas, planes y programas, entre otros.
    Módulo IV: Aplicaciones del Gobierno Abierto/Casos y lecciones aprendidas
    Objetivos de aprendizaje:
    ? Ofrecer información al participante acerca de las aplicaciones del Gobierno Abierto casos y lecciones aprendidas.
    ? Identificar los resultados esperados (indicadores y fuentes de medición) de componentes del gobierno abierto como la transparencia, la participación y la colaboración, vistos como estrategias que los gobiernos adoptan para lograr ciertos objetivos y la oportunidad para agregar valor público.
    ? El uso de los indicadores de desempeño en un contexto de desarrollo institucional de la evaluación del desempeño para facilitar los procesos de mejoramiento de la gestión y la rendición de cuentas del sector público.

    Website: http://www.cepal.org/ilpes/capacitacion/0/54530/2015_cursoPlanificacion_participativa.pdf

    Beneficiarios: Participantes. Policy makers.

    Socios y financiamiento: BID, OEA, CLAD, AGA.
  • Organización Panamericana de la Salud (OPS)
    N/A
  • Banco Mundial
    N/A
  • Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
    N/A
  • Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
    • Reportes
    • Fecha:  17/04/2017    Párrafos: 1
    CAF ha impulsado el programa de Liderazgo para la Transformación con el que se busca identificar, seleccionar y capacitar a líderes en visión de país y valores democráticos para que puedan ejercer su liderazgo con responsabilidad y conocimiento, con miras a construir un mejor futuro para la región. A la fecha se ha consolidado una red de 35,000 jóvenes líderes provenientes de distintas esferas que se han visto beneficiados por este programa en 7 países.
    • Fecha:  17/04/2017    Párrafos: 1
    Junto a 13 universidades en nueve países de la región, 22.000 funcionarios públicos, equipos técnicos y líderes de la sociedad civil han sido formados por el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión pública de CAF. El Programa se propone brindar conocimiento que permita mejorar la calidad en la formulación e implementación de las políticas públicas; analizar y trabajar la complejidad de la realidad; y fomentar en los participantes la atención a las demandas de la ciudadanía con propuestas de cambio construidas de manera participativa.
    • Fecha:  17/04/2017    Párrafos: 1
    CAF también ha desarrollado un Programa Virtual de Formación para la Alta Gerencia Pública Latinoamericana que, junto a prestigiosas universidades y la OEA, ha formado desde su creación a 700 altos funcionarios públicos de la región.
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    Programa de Liderazgo para la Transformación

    Este Programa de CAF busca identificar, seleccionar y capacitar a líderes en visión de país y valores democráticos para que puedan ejercer su liderazgo con responsabilidad y conocimiento, con miras a construir un mejor futuro para la región. Se busca que el líder egresado del Programa adquiera la capacidad de promover acciones individuales y colectivas para la implementación de iniciativas que permitan el ejercicio de una ciudadanía plena y la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Para ello, CAF desarrolla un curso de capacitación ejecutiva de alrededor de 6 meses de duración, a través de siete universidades de sus países accionistas, que contribuye a fortalecer la formación de unos 2,000 líderes cada año.


    Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública

    CAF ha puesto en marcha un Programa de formación para funcionarios públicos, equipos técnicos y líderes de la sociedad civil en temas vinculados con el buen gobierno y la gestión local, que busca generar una visión integral y ética de las políticas públicas para emprender procesos de transformación y cambio social. El Programa se propone brindar conocimiento que permita mejorar la calidad en la formulación e implementación de las políticas públicas; analizar y trabajar la complejidad de la realidad; y fomentar en los participantes la atención a las demandas de la ciudadanía con propuestas de cambio construidas de manera participativa. Se desarrolla anualmente un curso de capacitación ejecutiva de alrededor de 6 meses de duración, que beneficia a unos 1,500 gestores locales en nueve países de la región, a través de trece universidades.
    • Fecha:  04/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública
    Su objetivo general es formar funcionarios públicos, equipos técnicos y líderes de la sociedad civil cuya función se vincule con temas de gobierno y gestión local, con una visión integral y ética de las políticas públicas para emprender procesos de transformación y cambio social democráticos. Específicamente, el Programa se propone los siguientes como objetivos: brindar conocimiento que permita mejorar la calidad en la formulación e implementación de las políticas públicas; analizar y trabajar la complejidad de la realidad; y fomentar en los participantes la atención a las demandas de la ciudadanía con propuestas de cambio construidas de manera participativa.

    Actividades: Desarrollar anualmente un curso de capacitación ejecutiva de alrededor de 6 meses de duración, que se lleva a cabo en nueve países de la región a través de trece universidades.

    Website: www.caf.com

    Beneficiarios: Hasta la fecha se ha capacitado a 20.000 participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

    Socios y financiamiento: Con el apoyo académico de la Escuela de Posgrado de Gerencia Política de la George Washington University (GWU), el programa es implementado por las siguientes universidades: Universidad de San Andrés (Argentina), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Universidad del Valle (Bolivia), Fundación Getulio Vargas (Brasil), Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Colombia), Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador), Universidad de Panamá (Panamá), Universidad de Columbia (Paraguay), Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
    • Fecha:  04/11/2015    Párrafos: -
    Iniciativa: Programa de liderazgo para la transformación
    Este Programa busca identificar, seleccionar y capacitar a líderes en visión de país y valores democráticos para que puedan ejercer su liderazgo con responsabilidad, conocimiento y capacidad de cumplir con el compromiso de construir un mejor futuro. Se espera que el líder egresado del Programa adquiera la capacidad de promover acciones individuales y conjuntas con miembros de organizaciones sociales, la comunidad y la sociedad civil organizada para la implementación de iniciativas que permitan el ejercicio de una ciudadanía plena y la mejora de la calidad de vida a través de la resolución de sus problemas cotidianos.

    Actividades: Desarrollar un curso de capacitación ejecutiva de alrededor de 6 meses de duración en seis países de la región, a través de siete universidades.

    Website: www.caf.com

    Beneficiarios: Hasta la fecha se ha capacitado a cerca de 30.000 líderes en Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

    Socios y financiamiento: Fundación IDEA (Bolivia), Universidad de Cuenca (Ecuador), Universidad Católica Santa María La Antigua (Panamá), Universidad San Martín de Porres (Perú), Fundación Centro Gumilla (Venezuela).
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 79
    La CAF contribuyó al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática mediante acciones que refuerzan instituciones sólidas y eficientes, así como sociedades ampliamente participativas, en el marco de sus Programas de Gobernabilidad y Gerencia Política, Liderazgo para la Transformación y Mejora de la Gestión Local.
    • Fecha:  21/06/2011    Párrafos: 81
    La CAF ha creado un Programa de Seguridad Ciudadana orientado a fortalecer al Estado y sus instituciones en sus capacidades de gestión integral de la seguridad ciudadana, mediante un mejor conocimiento del problema y el apoyo y asistencia técnica a los países accionistas.
    • Recursos Relacionados
    • CAF's Website
  • Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
    • Reportes
    • Fecha:  08/06/2016    Párrafos: -
    El BCIE obtuvo la acreditación del 6 Pillar Assessment por parte de la Unión Europea mediante una evaluación de los siguientes 6 pilares:
    ? Sistema de control interno
    ? Sistema contable
    ? Auditoría externa independiente
    ? Administración de fondos no rembolsables
    ? Procesos de adquisiciones
    ? Instrumentos financieros
    La acreditación otorgada por la Unión Europea es un respaldo a la transparencia y efectividad en el manejo de recursos externos y permitirá al BCIE administrar fondos de dicho organismo.
    • Fecha:  03/11/2015    Párrafos: -
    Acreditación del BCIE del 6 Pillar Assessment de la Unión Europea
    Revisión por parte de la UE del cumplimiento del BCIE de estandares internacionales requeridos por la UE con el propósito de asegurar que los fondos de cooperación financiera provenientes de la Unión Europea sean administrados por el BCIE con transparencia y efectividad.

    Actividades:
    La evaluación de la UE se concentra en una revisión de los siguientes 6 pilares:

    1. Sistema de control interno
    2. Sistema contable
    3. Auditoría externa independiente
    4. Administración de fondos no rembolsables
    5. Procesos de adquisiciones
    6. Instrumentos financieros

    Website: www.bcie.org

    Beneficiarios: BCIE

    Socios y financiamiento: Unión Europea
  • Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
    N/A
  • Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
    N/A
  • Organización Internacional del Trabajo (OIT)
    N/A
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
    • Reportes
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Iniciative: Support to electoral processes throughout the electoral cycle
    Support is provided to UNDP country offices in the all the phases of electoral support to the national electoral authorities: participation in the Needs Assessment Missions (NAM), support in the design of the strategy and the production of the project document as well as on the setting up of the project (through identification of experts and working methodology).

    Activities: In 2015, technical support has been provided to the EMB in Haiti, Guyana and Guatemala. Support to the UNDP country office in matters related to electoral support has been provided to Haiti, Trinidad & Tobago, Guyana, Grenada, Guatemala, Honduras. Discussions on the framework of the support provided have taken place with the offices of Paraguay, Peru and Colombia.

    Beneficiaries: UNDP country offices. Electoral Management Bodies (EMBs)
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Conflict Prevention and Democratic Dialogue
    This initiative contributes to Crisis Prevention by reinforcing Latin American and Caribbean countries´ capacities to prevent and manage conflicts as well as the risks of social and political tensions. The overall strategy of the project aims at strengthening democratic institutions by making them more responsive to citizen’s needs and demands through the provision of tailored technical assistance and innovative social methodologies and capacities to prevent conflict, manage crisis and build consensus in Latin America and the Caribbean.
    UNDP’s and other institutions’ experience in the region and globally have shown how democratic dialogue participate in the strengthening of democratic institutions and their capacities to respond by providing and facilitating spaces for citizen participation where stakeholders can share their vision and understanding of complex problems. By developing a comprehensive understanding of a problem, dialogue processes help foster deliberation, strengthens social links and capacities, and allows sustainable and creative options to emerge in a participatory and inclusive manner.
    As stated by the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, natural resource extraction and other major development projects in or near indigenous territories are one of the most significant sources of abuse of the rights of indigenous people worldwide, and an initial step to change that is to establish a dialogue and common understanding between indigenous peoples and governments. This type of assistance will be a priority intervention area for the project.
    One of the main guiding principles of this approach is inclusiveness, which refers to bringing together in a dialogue all those who may be part of the problem since they are the ones who will be able to find the solution. Inclusiveness is important in contexts where there has been exclusion, particularly of women, because the dialogue process gives voice to actors who are not normally considered in decision-making processes. Furthermore, inclusiveness opens the door to equitable and effective participation for all actors. When designing the contents and implementing capacity building and reflexive and/or generative dialogue processes, gender analysis is a priority in order to incorporate the differentiated interests, aspirations and needs of women and men, fostering commitment to transformational change.

    Activities: The project is organized along 3 work areas:
    1. Strengthening existing infrastructure for peace.
    The UNDP has worked on different mechanisms that encourage conditions for the creation of peace infrastructures through:
    • A demand-driven support to key institutions promoting dialogue processes in the region with a strong emphasis on support to national strategies. UNDP works on and supports other institutions on dialogue process design, facilitation, implementation, monitoring and evaluation of dialogic processes.
    • Technical assistance for strategic conflict prevention and resolution interventions. Through this, the UNDP has participated in more than 80 prospective missions, assessment of conditions , conflict analysis, and technical support or evaluation of the existing institutions for prevention and conflict management in countries in Latin America and the Caribbean.
    • Development of Conflict Analysis Tools, such as conflict and development analysis, the analysis of prospective policies and scenarios, or feasibility missions for dialogue processes.
    • Early Warning Systems and platforms to monitor demands that could generate conflicts.
    • Design and implementation of protocols of intervention for conflict management.
    2.Capacity development among key stakeholders. An articulated capacity development strategy aimed at providing social and political leaders, facilitators and UNDP/UN personnel with dialogic/facilitation skills and raise the capacity of leadership to promote and structure dialogic processes and approaches to face collective problems.
    3. Knowledge production and sharing. A continued systematization/documentation process aimed at consolidating and packaging materials/information from past experiences including lessons learned and main challenges and its circulation within a Community of Practice and Learning which acts as a pool of expertise able to guide the support given at the national level. This enormous heritage of the project that includes methodology, experts, compared experiences and extremely useful materials could be shared internally and with other BCPR regional bureaus and countries outside the LAC region.
    UNDP possesses a wide selection of conflict prevention and democratic dialogue materials: methodologies, case studies, systematization of concrete experiences, data bases and an updated website (www. democraticdialoguenetwork.org).

    Beneficiaries: Public institutions and private sector, national, regional and local governments, civil society organizations, academia, woman, youth and indigenous peoples, Ombudsman's offices, electoral bodies, political parties.

    Partnerships and Financing: National Governments, Multilateral and national cooperation institutions.
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Transparency and Accountability
    The United Nations Development Programme (UNDP) through their Regional Hub for Latin America and the Caribbean is supporting national and sub-national governments through UNDP County Offices, in promoting transparency and accountability inititives. Technical assistance, advocacy, S-S Cooperation, knowledge management, and capacity development is provided to mainstream integrity into national and local public policies.
    UNDP in LAC supports a number of regional initiatives focused on addressing more effective, responsible, accountable, transparent and inclusive institutions at all levels as a mean to strengthening democratic governance, improving service delivery and access to information, making more responsive policies and institutions to citizens demands and enhance civil society engagement and monitoring, specially women and youth.
    UNDP as a multilateral partner of Open Government Partnership (OGP) also support national counterparts (governments and civil society) to advance open government.


    Activities: - Capacity development on transparency and corruption risk management in water sector.
    - Virtual course on prevention and corruption risk management on public sector
    - Social Audit & Youth Workshops
    - Technical backstopping and advisory services to Anti-Corruption Authorities (ACAs) and other public institutions at national and sub-national levels.
    - Promotion of high level policy dialogues and multi-stackeholder spaces
    - Elaboration of knowledge products:
    http://issuu.com/cprundprsclac/stacks/6480e121e78a4d35abf901b5e2a39e7c
    - Support to design and implement instruments to measure and improve public management and strengthen transparency for institutional effectiveness and citizen engagement.
    - Support to facilitate dialogue process with civil society in OGP processes.
    - Technical assistance to promote transparency and integrity in Parliaments (Open Parliament, OGP).

    Website: www.anti-corruption.org/
    www.latinamerica.undp.org/

    Beneficiaries:
    Public institutions at all levels
    Civil servants
    Civil society organizations
    Youth

    Partnerships and Financing: The UNDP Global Anti-Corruption Initiative GAIN, joint its global activities and partnerships with more than 15 internal (UNDP units and UN agencies) and external partners such as Australia, Norad, OECD, World Bank, U.S. State Department, GIZ, U4 Resource Centre, Basel Institute on Governance, Transparency International (TI), Integrity Action, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), and Huairou Commission.
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Support to citizen participation and inclusion for Local Governance and Territorial Development
    UNDP supports governments in promoting local governance and territorial development in a process that links the local, national and international dimensions, implementing and enhancing planning activities; facilitation dialogue among territories; and creating mechanisms to boost local economic activities, improved service delivery and equity in access to public services. This approach aims at generating more resilient state-society relationships at the local level, expressed through more robust formal and informal institutions that are based on the principles of participation. Based on UNDP’s Local Governance and Local Development approach, the support provided in LAC is focus on facilitating participatory processes for the formulation and implementation of territorial development initiatives with a plurality of actors (public, private, social and academic sector) of a territory that jointly work together to define priorities, plan and implement SHD strategies at local level, based on local potentials. It is also about the integration of various sectors within a comprehensive response at territorial level.

    Activities: In 2015, technical support and assistance has been provided to foster local governance and territorial development initiatives through participatory and inclusive processes to Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Honduras, including peace-building initiatives at the territorial level in Colombia. Support has been provided to various countries in the organization and carrying out local economic development regional and global activities and participation of national and local LED practitioners in Regional and Global Events Regional Territorial Economic Development in Quito, and 3rd World LED Forum, Habitat III). An on-line platform to promote SSC and Triangular cooperation to support to Local Development exchanges has been developed to tap into the knowledge, experiences and innovations embedded in local institutions and actors.

    Website: . www.undp.org
    • http://www.ledforumtorino2015.org/
    • http://issuu.com/artpublications/docs/art_del_-_esp

    Beneficiaries: National Goverments, Local and Regional Governments, Local and Regional Governements Associations, CSOs, universities, private sector.

    Partnerships and Financing: National Governments, Regional Networks of local and regional governments, UNHabitat, ILO, BID/FOMIN
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: UNDP-SIGOB
    UNDP’s regional project “Strengthening Management Capabilities for Democratic Governance“ better known for its acronym SIGOB (systems for governance in Spanish) is a well-established UNDP initiative. Its mission is to foster more effective, accountable and inclusive public institutions through innovation in management methods and information technology tools, in all State organizations to enhance institutional capacity to respond to citizen expectations for voice, effective development, the rule of law and accountability. UNDP-SIGOB team of management, governance and IT experts work with high-ranking government officials to change the way people work in public organizations. UNDP-SIGOB has focused on finding practical and innovative solutions to tackle specific challenges in public management: How to operationalize a government program into an actionable work plan. How to align day-to-day activities across the government to deliver on commitments with citizens. How to improve the management of the office and scheduling of time for top level public executives. How to improve management of official correspondence, documents and archives. How to improve coordination across government institutions how to better support cabinet meetings for making more effective. How to improve relevance and timeliness in communicating with citizens. How to improve internal process to provide better services for citizens.
    Through collaboration with hundreds of political leaders and high-level public managers, UNDP-SIGOB has synthesized a portfolio of thirteen (13) development products (approach, procedures, information and software) to address strategic alignment of organizations to commitments with citizens, results-oriented management, coordination, proactive communications and accountability, time management, process management and knowledge management, among others.
    Over the years, the UNDP-SIGOB teams has carried out more than 180 projects with 95 institutions in18 different countries in Latin America and the Caribbean.

    Activities: In 2015, SIGOB has implemented 16 projects in 8 countries in Latin America. SIGOB is available to OAS member States through UNDP Country Offices in the region.

    Website: www.sigob.org

    Beneficiaries: Governments and public institutions of OAS member States, ultimately beneficiaries are citizens as UNDP-SIGOB intervention strengthen capacities to respond to citizen expectations for voice, effective development, the rule of law and accountability.

    Partnerships and Financing: UNDP and LAC public institutions.
    • Fecha:  05/11/2015    Párrafos: -
    Initiative: Support to electoral processes throughout the electoral cycle
    Support is provided by UNDP to National Electoral Institutions (EMB) in coordination with UNDP country offices in all phases of the electoral cycle. Technical assistance is adjusted to specific demands identified in Needs Assessment Missions (NAM). Support is provided to strength electoral institutions and develop capacities to expand citizen participation and representation, particularly of women, youth, indigenous peoples and afrodescendants. Also on civic education and communication strategies for transparency of electoral processes.

    Activities: In 2015, technical support has been provided to the EMBs for elections in Haiti, Guyana and Guatemala. Technical assistance has also been provided to counterparts in Grenada, Trinidad & Tobago and Honduras. A project on capacity development for EMBs in the Caribbean is on going with CARICOM.

    Beneficiaries:
    Electoral Management Bodies (EMBs)
    Civil Society
    Citizens (focus on women, youth, indigenous peoples and afrodescendants)

    Partnerships and Financing: Multilateral (EU) and bilateral cooperation (USAID, European Countries)
    • Fecha:  23/06/2011    Párrafos: 5
    El PNUD ha elaborado con la OEA el Segundo Informe Regional sobre Democracia en América Latina que destaca tres desafíos fundamentales para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación y verdaderamente incluir la diversidad cultural y étnica; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas; e incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado. Los avances en el diseño y ejecución de políticas públicas estratégicas en los campos de la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública son esenciales para la sostenibilidad de la gobernabilidad democrática. El diagnóstico y marco conceptual del informe ha servido de base para el apoyo estratégico brindado a los países de la región. El PNUD ha promovido análisis para fortalecer la gobernabilidad democrática, ha asistido a las partes interesadas en el desarrollo de espacios de diálogo multisectoriales, y ha contribuido a la gestión de los sistemas de transparencia y responsabilidad de los gobiernos nacionales y locales. El PNUD también contribuye al desarrollo de capacidades para la participación inclusiva de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, y fomenta la participación de las poblaciones vulnerables en las comunidades locales promoviendo el diálogo y el desarrollo de liderazgo.
    Actualmente, el PNUD está preparando un Informe Regional sobre el Estado en América Latina y el Caribe, a fin de sistematizar buenas prácticas en el área de ciudadanía política y social, que será distribuido a todos los gobiernos de la región.
    • Recursos Relacionados
    • UNDP's Website