Medidas Cautelares
Resolução No. 40/25
MC 469-25 - Luis Roberto Somaza Castellano, Venezuela
El 5 de mayo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Luis Roberto Somaza Castellano, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Se alegó que el beneficiario es líder de la oposición política en Venezuela. El 12 de febrero de 2025, fue detenido por autoridades del Estado, en el marco de un operativo. Desde de su detención, no se tendrían información oficial sobre sus condiciones de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ni estado de salud actual. El beneficiario tampoco tendría contacto con sus familiares ni acceso a la atención medica necesaria a pesar de sus padecimientos. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información alguna respecto a las medidas adoptadas para mitigar la situación de riesgo del beneficiario. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Luis Roberto Somaza Castellano;
- implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular las siguientes:
- realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar acceso a atención médica y tratamientos necesarios;
- garantizar el contacto regular con sus familiares y abogados de confianza, facilitando el acceso al expediente penal que se tramita en contra del beneficiario;
- informar a la representación sobre las razones por las que el beneficiario continúa privado de libertad y las decisiones judiciales en torno a su situación jurídica;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 39/25
MC 492-25 - Jonathan Guillermo Torres Duque, Venezuela
El 5 de mayo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Jonathan Guillermo Torres Duque, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Se alegó que el beneficiario, de nacionalidad venezolana, fue detenido el 27 de octubre de 2024 por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la alcabala de Peracal, de San Antonio, estado Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela luego de vivir 10 años en Estados Unidos. Desde ese momento, se desconoce su destino o paradero o los motivos de su detención. La Comisión valoró que el Estado no proporcionó información y habiendo transcurrido aproximadamente seis meses de la detención, y tras las acciones internas judiciales y de búsqueda realizadas, se desconoce la situación jurídica y el paradero del propuesto beneficiario a pesar de los esfuerzos desplegados por sus allegados. Además, la CIDH tomó en consideración que se ignorarían si ha sido valorado o recibido atención médica para establecer su condición de salud. De conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la persona beneficiaria. En particular,
- informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y, en caso afirmativo, indicar el motivo y las circunstancias de su detención; o bien, las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- precise si ha sido presentado ante un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos, o aclarar la razón por la que no lo ha hecho, si no ha comparecido ante un tribunal;
- indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;
- permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir; y
- realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolução No. 38/25
MC 320-25 - Aurora Carolina Silva Uzcátegui y sus dos hijas, Venezuela
El 4 de mayo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Aurora Carolina Silva Uzcátegui y sus dos hijas, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, la beneficiaria estaría siendo objeto de amenazas, hostigamiento y vigilancia por agentes del Estado, como consecuencia de las denuncias públicas realizadas en defensa de los derechos de su esposo, Freddy Francisco Superlano Salinas, privado de su libertad. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela que:
- adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Aurora Carolina Silva Uzcátegui, A.I.S.S. y A.S.S.;
- asegure las medidas correspondientes para garantizar que Aurora Carolina Silva Uzcátegui pueda seguir desempeñando sus actividades de defensa de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos y la integridad personal de las beneficiarias de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;
- concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representación; y,
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 37/25( AMPLIAÇÃO, MONITORAMENTO E SUSPENSÃO PARCIAL )
MC 137-23 - Integrantes identificados del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, Honduras
El 1 de mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió emitir la Resolución de Seguimiento, Ampliación y Levantamiento Parcial 37/2025, respecto de las medidas cautelares 137-23 a favor de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos en Honduras.
En la resolución, la CIDH decidió mantener las medidas cautelares, levantarla respecto de Juan López tras su asesinato en septiembre de 2024, y ampliarlas a favor de 13 personas defensoras y/o integrantes del Comité y familiares de Juan López, debido a la situación de grave y urgente riesgo a raíz de sus actividades de defensa del medio ambiente en el contexto de proyectos mineros en la región del Bajo Aguán, así como de la búsqueda por justicia luego del homicidio de Juan López.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión decidió:
- Mantener las medidas cautelares otorgadas a favor de Juana Ramona Zúniga Martínez, Gabriela Ofelia Sorto Cruz, David Lemus, J.M., D.M., Olayo Méndez, Juana Esquivel, A.C., D.S., Esly Emperatriz Banegas A´vila, Rita Isabel Romero, Aida Rodríguez, Mario López, Gregorio Vásquez, Ernesto López, Dinora Castro, A.A., José Abelino Cedillo, Reynaldo Domínguez, Eugenio Esquivel, J.S.H., O.H, José Daniel Márquez, Marco Tulio Ramos, Kelvin Romero, Porfirio Sorto, Edy Alexander Tábora Gonzales, Kenia Oliva y Carlos Jiménez;
- Ampliar las medidas cautelares otorgadas a favor de Telma Pena, Claudia López, Julia López, Melvin Darvin Espino López, Enma Iveth Gutiérrez Velásquez, Roxana Yamileth Romero Ruiz, Gloria Dubon, Antonio Alvarado, Miguel Ángel Vásquez, José Nuncio Veliz Alfaro, Limbor Otoniel Velásquez Sarmiento, Jose Juan Cedillo Martínez y Angel Augusto Centerero;
- Levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Juan Antonio López;
- Fortalecer la implementación de las medidas de protección de las personas beneficiarias y valorar, lo más pronto posible, su situación de riesgo con el objetivo de adoptar las medidas idóneas y efectivas para la protección de su vida e integridad personal;
- Reforzar la presencia de la institucionalidad estatal en la zona en el marco de las políticas ambientales y de desarme como parte de las medidas a implementarse para mitigar el riesgo de las personas beneficiarias; y
- Investigar con la debida diligencia los presuntos hechos de riesgo y así evitar su impunidad y la repetición de los hechos, en particular el asesinato del defensor Juan Antonio López.
Resolução No. 35/25( AMPLIAÇÃO )
MC 1426-24 - Sairam Gabriela Rivas Moreno, Venezuela
El 24 de abril de 2025, la CIDH amplió medidas cautelares a favor de Sairam Gabriela Rivas Moreno, en Venezuela. Mediante la Resolución 105/2024 de 31 de diciembre de 2024, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de su pareja Jesús Alexander Armas Monasterios. En esta oportunidad, se informó que la beneficiaria era objeto de hostigamientos y amenazas, como consecuencia de su labor como defensora de derechos humanos y de la búsqueda del beneficiario. El Estado no brindó respuesta a la CIDH.
La Comisión solicitó a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Sairam Gabriela Rivas Moreno;
- asegure las medidas correspondientes para garantizar que pueda seguir desempeñando sus actividades de defensa de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos y la integridad personal de la beneficiaria de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;
- informe sobre las investigaciones penales existentes en su contra; exhibir las órdenes judiciales de detención que existan, si es que existen; y permitir que cuente con las garantías de seguridad en el desarrollo de las eventuales investigaciones;
- concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representación; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la presente ampliación de las medidas cautelares y evitar así su repetición.
Resolução No. 33/25
MC 252-25 - Douglas Gamaliel Pérez Centeno, Nicaragua
El 6 de abril de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Se alegó que el beneficiario fue extraditado desde Costa Rica el 16 de febrero de 2025 y desde entonces se encontraría detenido por las autoridades estatales nicaragüenses. A partir de ello, sus familiares no tendrían información precisa sobre su lugar de reclusión, condiciones de detención y estado actual, ello pese a las gestiones y acciones realizadas ante las autoridades estatales. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información oficial sobre la situación actual del propuesto beneficiario incluyendo su ubicación y condiciones de reclusión actuales, ni las medidas adoptadas para atender su situación de riesgo del beneficiario. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua:
- adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En particular, esclareciendo donde se encuentra detenido en Nicaragua o su situación jurídica, tras su extradición al país;
- especificar si, a partir de su extradición desde Costa Rica, ha sido presentado ante la autoridad judicial correspondiente, y de no serlo, indicar los motivos de su detención sin revisión judicial. Asimismo, informar sobre sus condiciones de privación de la libertad, incluyendo el estado procesal de la causa penal en su contra, y si tiene acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 32/25
MC 334-25 - Yevhenii Petrovich Trush, Venezuela
El 5 de abril de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Yevhenii Petrovich Trush, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Se alegó que beneficiario es un estudiante de ciudadanía ucraniana, identificado como neurodivergente. El 20 de octubre de 2024, agentes estatales detuvieron al beneficiario sin explicación alguna. La Comisión valoró que el Estado no proporcionó información y que se desconoce el paradero del beneficiario. Además, que las autoridades no han esclarecido la situación jurídica del beneficiario, ni se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre el beneficiario y el país del que es nacional y sus familiares. Asimismo, la CIDH valoró trascendente que el beneficiario es una persona neurodivergente, lo que exige ajustes razonables para garantizar su acceso y ejercicios de derechos en condiciones de igualdad. De conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la persona beneficiaria. En particular,
- informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y, en caso afirmativo, indicar el motivo y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos o indicar la razón por la que no lo ha hecho, si no ha comparecido ante un tribunal;
- indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;
- permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir;
- informe si se le ha proporcionado al beneficiario acceso a un traductor o intérprete a efectos de tomar conocimiento preciso de su situación y ejercer sus derechos;
- realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- informe si se han adoptado ajustes razonables y apoyos específicos para el ejercicio de sus derechos, incluyendo ajustes que pueda requerir por la neurodivergencia que la parte solicitante indica que el beneficiario padece; y
- posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolução No. 31/25
MC 304-25 - Fernando Loaiza Chacón, Venezuela
El 31 de marzo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Fernando Loaiza Chacon. Se informó que el 14 de marzo de 2025 el beneficiario, activista político del partido Acción Democrática y actual alcalde del municipio Catatumbo, en el estado de Zulia, fue detenido por el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). Desde esa fecha, se desconoce su paradero y su situación actual de salud. La Comisión al momento de valorar la decisión tomó en consideración el desconocimiento del paradero del beneficiario, que los familiares no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas de protección a nivel interno o que reciba la atención médica que podría requerir para las diversas patologías que padece. Tras analizar la información disponible, la CIDH de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Fernando Loaiza Chacón. En particular, informe de manera oficial si se encuentran bajo custodia del Estado y las circunstancias de sus detenciones; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular las siguientes:
- facilite el contacto con sus familiares, representantes y abogados de confianza;
- informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención; y
- realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención y tratamiento médico necesarios;
- implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como alcalde y dirigente político de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia;
- concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y,
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolução No. 28/25
MC 671-23 - Mario Alberto Hernández Leyva, Cuba
El 27 de marzo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Mario Alberto Hernández Leyva, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Según la solicitud, el beneficiario es el vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide. Desde el 2023, él viene siendo objeto de repetidas detenciones, durante las cuales se han reportado episodios de incomunicación, golpizas, inclusión en celdas de castigo y restricción de derechos y beneficios, como visitas y contacto con el exterior. Dicha situación, sumada a la falta de atención médica adecuada, y a las afectaciones a su salud mental que ya estarían enfrentando, reflejan que él estaría en una situación de desprotección frente a los eventos de riesgo que viene enfrentando.
Dada la falta de respuesta del Estado, la Comisión no tiene elementos para valorar las acciones que se habrían iniciado a su favor.
Por consiguiente, en los términos del artículo 25 del Reglamento, se solicitó a Cuba que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la persona beneficiaria;
- implemente las medidas necesarias para que sus condiciones de detención se adecúen a los estándares internacionales aplicables. En particular, asegurándose que se realicen los diagnósticos médicos correspondientes y la definición de su tratamiento médico;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y,
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 27/25
MC 247-25 - Lucas Jonas Hunter, Venezuela
El 22 de marzo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Lucas Jonas Hunter. Se informó que Lucas Jonas Hunter es ciudadano francés y estadounidense, trabaja como analista de inversiones y no habla español. El 7 de enero de 2025, se perdió mientras conducía su motocicleta cerca de Paraguanchón, departamento de la Guajira, en el norte de Colombia, y fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en el control fronterizo. Desde esa fecha, se desconoce su paradero. La Comisión tomó en consideración el desconocimiento del paradero del beneficiario, que no es posible asegurar las condiciones en que se encuentra, que no se ha garantizado una comunicación entre el beneficiario y los países de los que es nacional, impidiendo que las autoridades consulares, representantes legales y abogados que se encuentran en Venezuela puedan brindarle apoyo y asistencia.
Tras analizar la información disponible, la CIDH de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. En particular,
- informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos;
- indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;
- permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir;
- informe si se le ha proporcionado al beneficiario acceso a un traductor o intérprete a efectos de tomar conocimiento preciso de su situación y ejercer sus derechos; y
- posibilite que tenga comunicación con los países de los que es nacional; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolução No. 26/25
MC 222-25 - José Alejandro Hurtado Díaz, Nicaragua
El 14 de marzo de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Hurtado Díaz, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Se alegó que el beneficiario se encuentra con paradero desconocido. El 27 de enero de 2025 fue detenido por agentes policiales en su domicilio. Desde de su arresto, no se conocería su paradero ni ha tenido contacto con sus familiares y personas allegadas. Las autoridades estatales tampoco habrían brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información alguna respecto a las medidas adoptadas para mitigar la situación de riesgo del beneficiario o sobre las acciones tendientes a determinar su paradero. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua:
- adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
- indicar si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado, y de ser así, especificar si ha sido acusado con algún delito y/o si ha sido presentado ante la autoridad judicial correspondiente;
- aclarar las circunstancias y condiciones de su detención, incluyendo el lugar de su detención, y si tiene acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 21/25
MC 143-25 - Carlos Marcelino Chancellor Ferrer, Venezuela
El 28 de febrero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Carlos Marcelino Chancellor Ferrer, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, el beneficiario, de 65 años, es político de oposición y exalcalde del municipio Sifontes, en el estado Bolívar. Se encuentra detenido desde el 6 de agosto de 2024, tras el contexto postelectoral en Venezuela. A la fecha permanece sin acceso a atención médica para sus enfermedades. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Carlos Marcelino Chancellor Ferrer;
- implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular las siguientes:
- realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar acceso a atención médica necesaria;
- facilitar el contacto con su abogado de confianza, dándole acceso al expediente penal que se tramita en contra del beneficiario; y
- informar a la representación sobre las razones por las que el beneficiario continúa privado de libertad y las decisiones judiciales en torno a su situación jurídica;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 16/25
MC 117-25 - Julio Antonio Quintana Carvajal, Nicaragua
El 18 de febrero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Julio Antonio Quintana Carvajal, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Se alegó que el beneficiario se encuentra con paradero desconocido. El 26 de noviembre de 2024, durante un operativo, fue detenido por agentes policiales en su vivienda. Desde de su detención, no se conocería su paradero ni ha tenido contacto con sus familiares y personas allegadas. Las autoridades estatales tampoco habrían brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información alguna respecto a las medidas adoptadas para mitigar la situación de riesgo del beneficiario o sobre las acciones tendientes a determinar su paradero. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Nicaragua:
- adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
- precise si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado, y de ser así, especificar la autoridad judicial involucrada, así como las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, y permitir el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 15/25
MC 45-25 - Daniel García Morillo, Venezuela
El 18 de febrero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Daniel García Morillo. Se informó que el 9 de enero de 2025 el beneficiario fue privado de la libertad por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo, estado Zulia. Desde ese momento se desconoce su paradero. Además, informaron que el beneficiario padece de Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), trastorno hemorrágico que requeriría atención medica constante y adecuada.
La Comisión al momento de valorar la decisión tomó en consideración el desconocimiento del paradero del beneficiario, que no es posible asegurar las condiciones en que se encuentra o considerar que tiene garantías mínimas necesarias para proteger sus derechos fundamentales y que los familiares no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas de protección a nivel interno o garantizar que se lleven a cabo las acciones requeridas para lograr dar con la ubicación del beneficiario.
Tras analizar la información disponible, la CIDH de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Venezuela que
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Daniel García Morillo. En particular, entre otras, revele si Daniel García Morillo se encuentra bajo custodia del Estado, y de ser así, los cargos se le imputan y la autoridad judicial involucrada, así como las circunstancias de su detención;
- impulse las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellas:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados de confianza y representantes;
- se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención; y
- se realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a esta resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 13/25( AMPLIAÇÃO E MONITORAMENTO )
MC 1581-18 - Jorge David Glas Espinel, Ecuador
El 10 de febrero de 2025, la CIDH adoptó la Resolución de Seguimiento y Ampliación 13/2025 en relación con la situación de Jorge Glas en Ecuador. Tras realizar una visita de seguimiento a la situación del beneficiario en noviembre de 2024 en Ecuador, la CIDH consideró que continúa la situación de riesgo de Jorge Glas, tras su detención en abril de 2024. Advirtió que su salud mental atraviesa por un estado de especial gravedad, pese a las atenciones médicas brindadas por el Estado en el 2024, y que tanto sus condiciones de detención como los eventos de violencia que se han presentado en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente, sumado a las condiciones de detención, estarían impactando en el deterioro de la salud mental del beneficiario, y podrían impactar en su integridad física. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, en los términos del artículo 25 de su Reglamento, la Comisión concluyó que la situación del señor Jorge David Glas Espinel en Ecuador continúa vigente y decidió:
- Continuar con el seguimiento de la situación de Jorge David Glas Espinel.
- A la luz de las valoraciones realizadas en la presente resolución, ampliar el alcance de las medidas cautelares vigentes para incluir el derecho a la salud del beneficiario. En consecuencia, se solicita al Estado de Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Jorge David Glas Espinel. En particular, valorando e implementando aquellas más apropiadas a sus circunstancias personales, y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos y el cumplimento de la ampliación de la medida cautelar. Lo anterior, debe incluir, por lo menos, que el Estado:
- Se mantenga en forma continua el funcionamiento de una Mesa Técnica independiente que tendrá como funciones: 1. ser una instancia de dialogo que permita arribar a consensos médicos científicos en caso de discrepancias; y 2. Dirimir las discrepancias médicas en caso resulten entre los médicos de confianza del beneficiario de la medida cautelar y los médicos a cargo del tratamiento del señor Jorge David Glas Espinel.
- A la luz del soporte documentario médico disponible, que se haga una evaluación médica completa en forma inmediata en un centro hospitalario y se establezca un protocolo, que sin poner en riesgo la vida o integridad personal del beneficiario, establezca los mecanismos adecuados de ingreso y egreso a un centro hospitalario cada vez que sea necesario efectuar un tratamiento hospitalario que no sea posible brindar en el centro de detención o para atender una emergencia de salud física o mental del señor Jorge David Glas Espinel.
- Tras la valoración médica y el tratamiento recomendado, el Estado debe actuar con absoluta diligencia y tomar en cuenta las valoraciones científicas de la Mesa Técnica y asegurar que las condiciones de detención, ya sea que estas ocurran en un centro de detención o bien en un centro hospitalario si el beneficiario se encuentre recibiendo tratamiento hospitalario, deben ser compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
- Se traslade inmediatamente al señor Jorge David Glas Espinel de centro de detención distinto al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Nº 3;
- Que el nuevo centro de detención tenga como mínimo las siguientes características y condiciones de detención:
- Una celda adaptada sin objetos que puedan usarse para autolesionarse.
- Espacios iluminados, ventilados, limpios y no sobrepoblados, con acceso a servicios básicos.
- Personal capacitado con formación especializada en salud mental, detección de riesgo suicida y primeros auxilios psicológicos.
- Evitar condiciones de aislamiento extremo, permitiendo interacciones sociales seguras.
- Acceso a redes de apoyo, visitas familiares, contacto con abogados y asistencia religiosa si la desea. Todo en espacios de privacidad.
- Permitir el acceso a mecanismos de supervisión independientes, y organizaciones externas institucionales debidamente acreditadas y especializadas para supervisar las condiciones de detención.
- Llevar bitácoras de las acciones tomadas para la protección del beneficiario, que sean accesibles y transparentes.
- Asegurar protocolos de intervención claros para responder a emergencias en situaciones de riesgo a la vida e integridad y de atención a personas con intención y/o intentos suicidas.
- Garantizar el flujo de entrega de información médica del beneficiario de manera oportuna y periódica y las visitas y participación de los médicos de confianza del beneficiario.
- Garantizar tratamientos específicos para el señor Jorge David Glas Espinel incluyendo terapias y medicación. En caso de discrepancia de opinión por parte de los médicos de confianza del beneficiario, dichas discrepancias deberán ser conocidas y resueltas por la Mesa Técnica Independiente.
- Acceso a la atención de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que deben estar disponibles para poder dar cumplimiento al tratamiento médico trazado.
- Monitoreo constante de la salud y condiciones de detención del beneficiario mediante supervisión ininterrumpida por personal capacitado, el cual debe quedar documentado en un mecanismo de registro transparente.
- Concierte las medidas a adoptarse con la persona beneficiaria y sus representantes, en atención a las valoraciones y alcances delimitados en la presente resolución. En particular, reforzar los espacios de concertación existentes a nivel interno considerando las valoraciones y alcances delimitados en la presente resolución; y,
- Informe sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción y continuidad de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición. Particularmente, remitir a la CIDH información periódica sobre el estado de la investigación por las denuncias de malos tratos y torturas realizadas en el marco del presente asunto.
Resolução No. 12/25
MC 1350-24 - Edwin Edgardo Lainez Ordoñez, Honduras
El 2 de febrero de 2025 la CIDH otorgó medidas cautelares a Edwin Edgardo Lainez Ordoñez, con paradero desconocido en la ciudad de Tegucigalpa desde el 13 de noviembre de 2024. Como antecedente, en agosto de 2023, el beneficiario fue abordado por un grupo de individuos identificados como miembros de una organización delictiva quienes lo amenazaron y le exigieron el pago de un millón de lempiras. La parte solicitante advirtió que el secuestro podría estar vinculado a los mismos individuos que anteriormente lo extorsionaron. El Estado Hondureño informó que, la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) recibió la denuncia del padre de Lainez por supuesta desaparición y privación de libertad. Además, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comunicó haber realizado diferentes diligencias investigativas, como recorridos de búsqueda para recolectar información e identificar cámaras de seguridad, entre otros.
La Comisión valoró que el Estado haya adoptado acciones investigativas, y que manifieste su compromiso en continuar desarrollando las medidas para dar con su ubicación. Sin embargo, advirtió que a pesar del tiempo transcurrido y las denuncias presentadas no se cuenta con información oficial respecto del lugar y condiciones en que se encontraría Edwin Edgardo Lainez Ordoñez. Asimismo, que la última comunicación del Estado no apunta avances o resultados en las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes. Tras analizar la información disponible, la CIDH de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Honduras que
- adopte las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Edwin Edgardo Lainez Ordoñez, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición; y
- asegure mantener debidamente informada a la familia del señor Lainez Ordoñez sobre las medidas adoptadas y los avances en la investigación.
Resolução No. 10/25
MC 27-25 - Jesús Gabriel Useche Moncada, Venezuela
El 30 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Jesús Gabriel Useche Moncada, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, el beneficiario de 19 años y con discapacidad intelectual, fue detenido el 9 de enero de 2025, en el marco de las manifestaciones en Venezuela. A la fecha permanece aislado e incomunicado, sin información sobre las condiciones de su detención ni estado actual de salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Jesús Gabriel Useche Moncada;
- impulse las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, en particular teniendo en cuenta su condición de discapacidad, entre ellas:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados de confianza y representantes;
- se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención;
- se realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a esta resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 9/25
MC 393-24 - Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y familia, Cuba
El 30 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y familia, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Según la solicitud, el beneficiario es padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, persona con discapacidad privada de la libertad y beneficiario de medidas cautelares. Desde la detención de su hijo, el beneficiario viene realizando protestas y denuncias de violaciones de derechos humanos practicadas en contra de presos políticos en Cuba. Debido a esto, desde el 2022, el beneficiario viene siendo objeto de vigilancias constantes por parte de agentes estatales, así como de repetidas detenciones, durante las cuales se han reportado episodios de incomunicación con sus familiares, condiciones inadecuadas de confinamiento, como la falta de acceso a agua y alimentos, y amenazas reiteradas por parte de agentes estatales. La frecuencia e incidencia de los eventos se intensificaron a partir de 2024, incluyendo restricciones a la libertad de movimiento y a la libertad de expresión. Por consiguiente, en los términos del artículo 25 del Reglamento, se solicitó a Cuba que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias;
- implemente las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia;
- concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y,
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 8/25
MC 25-25, 26-25 - Víctor Manuel Borjas Albornoz y Manuel Alejandro Muñoz Camacho, Venezuela
El 26 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Víctor Manuel Borjas Albornoz y Manuel Alejandro Muñoz Camacho, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Se alegó que los beneficiarios son activistas políticos y de derechos humanos en Venezuela. El 9 de enero de 2025, fueron detenidos por autoridades de seguridad del Estado, en el marco de las manifestaciones realizadas a nivel nacional. Desde de sus detenciones, no se conocerían sus paraderos ni han tenido contacto con sus familiares y/o representantes legales. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información alguna respecto a las medidas adoptadas para mitigar la situación de riesgo de los beneficiarios o sobre las acciones tendientes a determinar su ubicación. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Víctor Manuel Borjas Albornoz y Manuel Alejandro Muñoz Camacho. En particular, informe de manera oficial si se encuentran bajo custodia del Estado y las circunstancias de sus detenciones; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar sus respectivos paraderos o destinos;
- establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes; y
- se informe de manera oficial sobre su situación jurídica en el marco del proceso penal en el que estarían involucrados, tal como las razones por las que no han sido puestos en libertad hasta la fecha, y si han sido presentados ante un tribunal para revisión de su detención;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 7/25
MC 205-24 - Carlos Julio Rojas, Venezuela
El 20 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del periodista y activista social Carlos Julio Rojas, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. El 15 de abril de 2024, él fue detenido por fuerzas de seguridad venezolanas. Desde su privación de libertad, no le han permitido acceder a un abogado de confianza y no ha tenido contacto con sus familiares desde el 28 de julio de 2024. Se reportó que el beneficiario padecería de enfermedades y no se dispone de información oficial sobre sus condiciones de detención o de salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Carlos Julio Rojas, de conformidad con los estándares internacionales aplicables;
- implemente las medidas necesarias para asegurar que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, en particular:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes;
- se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado;
- se realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 6/25
MC 1271-24 - Gustavo de los Reyes Ruiz, su esposa e hijo, Venezuela
El 20 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Gustavo de los Reyes Ruiz, su esposa e hijo, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, las personas propuestas beneficiarias están siendo objeto de hostigamiento y acoso por parte de agentes de seguridad del Estado de Venezuela, debido a su actividad y filiación política en el partido de oposición "Vente Venezuela" en el país. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas propuestas beneficiarias;
- asegure las medidas correspondientes para garantizar que puedan seguir desempeñando sus actividades de participación política sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos y la integridad personal de las personas beneficiarias de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;
- informe sobre las investigaciones penales existentes en su contra; exhibir las órdenes judiciales de detención que existan, si es que existen; y permitir que cuenten con las garantías de seguridad en el desarrollo de las eventuales investigaciones;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la presente medida cautelar y evitar así su repetición.
Resolução No. 4/25
MC 1436-24 - Angélica Patricia Chavarría Altamirano, Nicaragua
El 10 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Se alegó que la beneficiaria se encontraría con paradero desconocido a partir de su detención el 19 de mayo de 2024. Se alegó que fue detenida en su domicilio junto con su pareja por agentes policiales, bajo arresto domiciliario, y sin posibilidades de comunicación. Tras el fallecimiento de la segunda en septiembre de 2024, los familiares no han podido dar con su paradero o destino en Nicaragua. Las autoridades estatales no habrían brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual. La Comisión también valoró que el Estado no proporcionó información alguna respecto a las medidas adoptadas para mitigar la situación de riesgo de la beneficiaria o sobre las acciones tendientes a determinar su paradero. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua:
- adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de la beneficiaria, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal;
- precise si la beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, permitiendo el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 3/25
MC 16-25 - Carlos José Correa Barros, Venezuela
El 10 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Carlos José Correa Barros, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, él es defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la organización Espacio Público, quien habría sido detenido el 7 de enero de 2025, por autoridades de seguridad del Estado de Venezuela. Actualmente, su paradero es desconocido. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH. Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos José Correa Barros. En particular, informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia;
- establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes;
- se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención; y
- se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 2/25
MC 1438-24 - Alberto Trentini, Venezuela
El 7 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Alberto Trentini tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, el propuesto beneficiario es de nacionalidad italiana, y trabajador humanitario de la ONG "Humanity and Inclusion", en Venezuela. Él fue detenido el 15 de noviembre de 2024 por autoridades venezolanas en el puesto de control de Guasdualito, Venezuela. Desde esa fecha se desconoce su paradero. El Estado no proporcionó información a la CIDH. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. En particular, informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes, así como permitir que tenga comunicación con el país del que es nacional;
- se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha y si un tribunal ha revisado su detención; y
- se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
- concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolução No. 1/25
MC 1432-24 - Nahuel Agustín Gallo, Venezuela
El 1 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Según la solicitud, el propuesto beneficiario es Cabo Primero de la Gendarmería Nacional en Argentina, y fue detenido el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela. Desde esa fecha, se desconoce su paradero, las condiciones de su detención y estado de salud. El Estado no proporcionó información a la CIDH. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. En particular,
- informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
- precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos;
- indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;
- permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir; y
- posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.