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En su Informe Anual de 1998, la Comisión resaltó la importancia y la dimensión ética del trabajo que llevan a cabo las personas dedicadas a la promoción, seguimiento y defensa legal de los derechos humanos y las organizaciones a las que muchas de ellas están afiliadas. En dicho informe, la Comisión recomendó a los Estados miembros de la OEA que tomaran las medidas necesarias para proteger la integridad física de los defensores y las defensoreas de los derechos humanos y que propiciaran las condiciones para que desarrollaran su labor (Informe Anual 1998, Capítulo 7, Recomendación 4). A partir de la presentación de estas recomendaciones ante los Estados miembros, la Asamblea General de la OEA adoptó la resolución 1671, denominada Defensores de Derechos Humanos en las Américas: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. A través de esta resolución, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente, en coordinación con la Comisión Interamericana, que continuara estudiando el tema de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos en la región (AG/RES.1671, 7 de junio de 1999) y en 2001, la Asamblea General solicitó a la Comisión que considerara la elaboración de un estudio sobre la materia (AG/RES.1818, 5 de junio de 2001).
En diciembre de 2001, teniendo en cuenta la solicitud de la Asamblea General, así como el interés de la sociedad civil en contar con un punto focal en la Comisión Interamericana que le diera seguimiento específico al tema de los defensores y las defensoras, la Secretaría Ejecutiva decidió establecer una Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que se encargara de coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en esta materia y en especial, de darle seguimiento a la situación de las defensoras y los defensores en toda la región.
Durante el 141º período de sesiones celebrado en marzo de 2011, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en consideración de las denuncias recibidas y en busca de dar mayor visibilidad a la importancia del rol de las defensoras y los defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho. De esta manera, la Unidad fue convertida en una Relatoría.
La Relatoría, a través de distintas tareas le da seguimiento a la situación de todas las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos en la región, incluyendo la situación de los y las operadores de justicia.