CIDH

Medidas Cautelares

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. En consecuencia, el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción; como se puede observar, muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH extienden protección a más de una persona y en ciertos casos, a grupos de personas como comunidades o pueblos indígenas. Asimismo, el Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. El 1º de agosto entró en vigor el Reglamento modificado de la CIDH y establece que ¨las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas¨. 

Audiencias sobre Medidas Cautelares »

MC 458/14 – Miembros del periódico Kaieteur News, Guyana

El 18 de noviembre, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para miembros del periódico Kaieteur News, en Guyana. La solicitud de medidas cautelares alega que los propuestos beneficiarios recibieron amenazas contra sus vidas e integridad personal como consecuencia de su trabajo como periodistas, violando su derecho a la libertad de expresión. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que los miembros del periódico Kaieteur News se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían en riesgo inminente de daño irreparable. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Guyana que adopte medidas necesarias para preservar las vidas y la integridad personal de los tres miembros identificados del periódico Kaieteur News; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí (disponible en inglés).

MC 433/14 - Claudia Escobar y otros, Guatemala

El 10 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para Claudia Escobar y otros, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que Claudia Escobar está enfrentando una situación de riesgo, en vista de haber efectuado una serie de denuncias sobre irregularidades en el proceso de elección y nombramientos de Magistrados ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones en Guatemala. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Claudia Escobar y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en un estado de riesgo. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Guatemala que adopte medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Claudia Escobar y de su núcleo familiar, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. La resolución sobre esta medida cautelar se mantiene bajo confidencialidad, ya que los solicitantes pidieron reserva de identidad de algunos de los beneficiarios.

MC 196/14 – Julio Ernesto Alvarado, Honduras

El 5 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para Julio Ernesto Alvarado, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-1414-14, en la que se alegan violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión) y 25 (protección judicial), a la luz de las obligaciones generales consagradas em los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que los derechos de Julio Ernesto Alvarado se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y que se abstenga de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-1414-14. Lea la resolución aquí.

MC 37/14 – Samuel Moreland, Estados Unidos

El 24 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para Samuel Moreland, quien fue sentenciado a la pena de muerte en el estado de Ohio, en Estados Unidos de América. La solicitud de medidas cautelares está relacionada con una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-610-14. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que si Samuel Moreland es ejecutado antes de que la Comisión tenga la oportunidad de examinar este asunto, cualquier eventual decisión se tornaría irrelevante en relación con la eficacia de potenciales remedios, resultando en un daño irreparable. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano. Lea la resolución aquí (disponible en inglés).

MC 336/14 – Gener Jhonathan Echeverry Ceballos y familia, Colombia

El 21 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Gener Jhonathan Echeverry Ceballos, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario es objeto de amenazas y actos de violencia por parte de “grupos armados al margen de la ley”, debido a sus actividades como defensor de derechos humanos y periodista. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Gener Jhonathan Echeverry Ceballos y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal estarían amenazados y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Gener Jhonathan Echeverry Ceballos y su núcleo familiar; adopte las medidas necesarias para garantizar que Gener Jhonathan Echeverry Ceballos pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos y periodista, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su posible repetición. Lea la resolución aquí.

MC 423/14 – Clara Gómez González y otros, México

El 10 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Clara Gómez González y otros, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que Clara Gómez González está enfrentando una situación de riesgo, como consecuencia de haber sido testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas, la cual habría ocurrido el 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Clara Gómez González y su núcleo familiar se encuentran en situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en un estado de riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Clara Gómez González y de su núcleo familiar; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 60/14 – Prudencio Ramos Ramos y otros, México

El 6 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Prudencio Ramos Ramos y otros, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que los propuestos beneficiarios han sido objeto de amenazas y agresiones, debido a sus actividades como defensores de la comunidad indígena Choreáchi, en el marco de una presunta disputa territorial en la zona. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en una situación de riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de Prudencio Ramos Ramos, Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares; adopte las medidas necesarias para que Prudencio Ramos Ramos pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos en el ejercicio de sus funciones; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 409/14 – Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, México

El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas mencionadas estarían presuntamente desaparecidas o no localizadas, en el marco de supuestos hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que 43 estudiantes identificados, quienes presuntamente estarían no localizados o desaparecidos, y los estudiantes heridos, actualmente ingresados en un hospital, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, a Comisión solicita al Estado de México que: adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Lea la resolución aquí.

MC 152/14 – Familias afrocolombianas que residen en el denominado espacio humanitario del barrio “La Playita”, Colombia

El 15 de septiembre de 2014, la CIDH solicitó adopción de medidas cautelares a favor de 302 familias afrocolombianas que residen en el denominado espacio humanitario del barrio “La Playita”, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios estarían siendo objeto de supuestas amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido a su decisión de constituir un “Espacio Humanitario”. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie que las 302 familias afrocolombianas que residen en la Calle San Francisco, barrio “La Playita”, se encontrarían en situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal estarían amenazados y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión requiere al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros de las 302 familias afrocolombianas que residen en la Calle San Francisco, barrio “La Playita”, que formarían parte del denominado espacio humanitario; concierte a las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir a su posible repetición. Lea la resolución aquí.

MC 307/14 – Asunto Julio César Molina, Cuba

El 10 de septiembre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Julio César Molina, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario, quien tiene una discapacidad mental e intelectual, se encuentra privado de libertad, y estaría enfrentando un grave estado de salud sin acceso a tratamiento médico. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que Julio César Cano Molina se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida, integridad personal y salud se encontrarían en un estado de riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Julio César Molina Cano, en particular, proporcionar la atención médica especializada, tomando en consideración sus circunstancias particulares, de acuerdo a las condiciones patológicas; asegure que las condiciones de detención de Julio Cesar Molina Cano se adecuen a estándares internacionales, tomando en consideración su actual estado de salud y su discapacidad mental e intelectual; y concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes. Lea la resolución aquí.

Resolución de Levantamiento
MC 423/10 – Asunto “X”, Argentina

El 5 de septiembre de 2014, la CIDH levantó la Medida Cautelar 423/10, otorgada el 24 de octubre de 2011, a favor de “X”, en Argentina, un niño que en aquel momento tenía 5 años de edad, cuya identidad se ha mantenido en reserva por tratarse de un menor de edad. En la solicitud de medida cautelar se había alegado que el niño padece de encefalopatía crónica no evolutiva y otras enfermedades, y que la asistencia médica proporcionada por el Estado habría sido deficiente, poniendo en riesgo su vida y el desarrollo de sus músculos y huesos. La Comisión había solicitado al Estado adoptar medidas urgentes a fin de garantizar efectivamente las condiciones médicas necesarias y suficientes para que el beneficiario pudiera desarrollar una vida con calidad y dignidad, en la que no se vería afectado de forma irreparable su derecho a la vida, y concertar las medidas a adoptarse con su familia. Las medidas cautelares a favor del niño “X” han perdido su objeto a raíz de su fallecimiento. Lea la resolución de levantamiento aquí.

MC 140/14 – Yomaira Mendoza y otros, Colombia

El 13 de agosto de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Yomaira Mendoza y otros, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que los miembros de la “Asociación de Familiares de Consejos Comunitarios” fueron víctimas de desplazamiento forzado y que en la actualidad están en una situación de riesgo grave y urgente relacionada con el conflicto generado por el reclamo de sus tierras frente a “ocupantes de mala fe”. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que Yomaira Mendoza, Enrique Cabezas, Raúl Palacios y Enrique Petro se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal estarían amenazados y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Yomaira Mendoza, Enrique Cabezas, Raúl Palacios y Enrique Petro y para garantizar que puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos por el ejercicio de sus funciones; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar y así prevenir su posible repetición. Lea la resolución aquí.

MC 641/02 – Miembros de SINTRAINAL, Colombia

El 18 de julio de 2014, la CIDH amplió la Medida Cautelar 641/02, otorgada originalmente el 28 de enero de 2002, a favor de algunos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria en Alimentos (SINTRAINAL), en Colombia. La información aportada por los solicitantes indica que Jean Carlos Quintero Canencia, Camilo Andrés Valero Forero y Nora Ayde Velásquez Guzmán, miembros de SINTRAINAL, estarían siendo objeto de amenazas por el desempeño de sus labores como sindicalistas. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie que Jean Carlos Quintero Canencia, Camilo Andrés Valero Forero y Nora Ayde Velásquez Guzmán se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Jean Carlos Quintero Canencia, Camilo Andrés Valero Forero y Nora Ayde Velásquez Guzmán, adopte las medidas necesarias para garantizar que puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos por el ejercicio de sus funciones, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición y refuerce las medidas de protección a favor de José Onofre Esquivel Luna y Luis Javier Corre Suárez otorgadas el 28 de enero de 2002. Lea la resolución aquí.

MC 252/14 – Miembros de la Revista Contralínea, México

El 18 de julio de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros de la Revista Contralínea, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que los miembros de la Revista Contralínea, integrada por Flor Irais Maldonado Goche, Rosa Elva López Mendoza, Mauricio Gabriel Romero Patiño, Marcos Chávez Maguey, Erika Soemi Ramírez Pardo, Nancy Paola Flórez Nández, Zósimo Camacho Ibarra, José Nicolás Reyes Hernández y Agustín Miguel Badillo Cruz, habrían sido objeto de amenazas y agresiones, debido a su condición de periodistasy al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que los miembros de la Revista Contralínea se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían bajo riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de México que: adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los miembros identificados en la Revista Contralínea; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Lea la resolución aquí.

MC 141/14 – Manuel Escalona Sánchez, Wilfredo Matos Gutiérrez y Ortelio Abrahante Bacallao, Bahamas

El 30 de junio de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Manuel Escalona Sánchez, Wilfredo Matos Gutiérrez y Ortelio Abrahante, en Bahamas. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas mencionadas se encontrarían en una situación riesgo, debido a su inminente deportación a Cuba. Los solicitantes alegaron que habrían sido objeto persecución en dicho país debido a su abierta oposición al régimen cubano, entre otras alegaciones. La Comisión solicitó información al Estado el 22 de abril de 2014, sin recibir respuesta. Por consiguiente, tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie Manuel Escalona Sánchez, Wilfredo Matos Gutiérrez y Ortelio Abrahante Bacallo se encuentran en una situación de gravedad, urgencia y necesidad de evitar un daño irreparable, debido a que sus vidas e integridad personal estarían presuntamente en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Gobierno de las Bahamas que se abstenga de deportar a Manuel Escalona Sánchez, Wilfredo Matos Gutiérrez y Ortelio Abrahante Bacallao, proporcione a los beneficiarios un remedio legal, respetando el principio de no devolución, para determinar si tendrán el derecho de asilo, y proporcione información sobre sus resultados, a fin de que la CIDH pueda supervisar la necesidad de mantener o levantar la medida cautelar. Lea la resolución aquí.

MC 218/14 – Y.C.G.M y su núcleo familiar, Colombia

El 20 de junio de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de “Y.C.G.M.” y su núcleo familiar en Colombia. La identidad de la beneficiaria se mantiene en reserva a pedido de los solicitantes. La solicitud de medidas cautelares alega “Y.C.G.M.” habría sido objeto de amenazas y agresiones, debido a su calidad de defensora de los derechos de las mujeres. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie que la señora Y.C.G.M. y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían bajo riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Y.C.G.M. y su núcleo familiar, adopte las medidas necesarias para garantizar que Y.C.G.M. pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos por el ejercicio de sus funciones, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 161/14 – Pierre Espérance y miembros de Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Haití

El 9 de junio de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Pierre Espérance y miembros de Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), en Haití. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios habrían sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento como una retaliación por el trabajo que desempeñan en defensa de los derechos humanos en Haití. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie que el señor Pierre Espérance y los miembros de la organización RNDDH se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Haití que: adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los Pierre Espérance y de un miembro identificado de la organización RNDDH, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución en español o en francés.

MC 204/14 – John Winfield, Estados Unidos

El 6 de junio de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del Artículo 25 de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a John Winfield, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de una petición sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue registrada bajo el número P-815-14. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de Estados Unidos abstenerse de ejecutar a John Winfield hasta tanto la CIDH se pronuncie sobre los méritos de la petición individual presentada a su favor. Lea la resolución aquí.

MC 42/14 – Fundación Nydia Erika Bautista y otros, Colombia

El 28 de mayo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos y “X”, en Colombia. La identidad de este último beneficiario se mantiene en reserva a pedido de los solicitantes. La solicitud de medidas cautelares alega que los miembros de la Fundación Nydia Erika Bautista y el señor “X” habrían sido objeto de amenazas y seguimientos, debido al trabajo de la organización y a la información que el señor “X” habría proporcionado para la captura de un alto miembro del ejército. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra prima facie que los miembros de la Fundación Nydia Erika Bautista, el señor “X” y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían bajo riesgo inminente. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los dos miembros identificados de la Fundación Nydia Erika Bautista, el señor “X” y su núcleo familiar, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 177/14 - Russell Bucklew y Charles Warner, Estados Unidos

El 20 de mayo de 2014, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 25 de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Russell Bucklew y Charles Warner, quienes fueron condenados a la pena de muerte en los Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de una petición sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue registrada bajo el número P-684/14. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de los Estados Unidos abstenerse de ejecutar a Russell Bucklew y Charles Warner hasta tanto la CIDH se haya pronunciado sobre el fondo de la petición individual presentada en nombre de los beneficiarios. Lea la resolución aquí

MC 83/14 – Keron López y Garvin Sookram, Trinidad y Tobago

El 19 de mayo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del Artículo 25 de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Keron Lopez y Garvin Sookram, quienes fueron condenados a la pena de muerte en Trinidad y Tobago. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de dos peticiones sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las cuales fueron registradas bajo los números P-331-14 y P-360-14. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de Trinidad y Tobago abstenerse de ejecutar a Keron Lopez y Garvin Sookram hasta tanto la CIDH se pronuncie sobre los méritos de las peticiones individuales presentadas a su favor. Lea la resolución aquí.

MC 264/13 - Damas de Blanco, Cuba
AMPLIACIÓN

El 12 de mayo de 2014, la CIDH amplió la Medida Cautelar 264/13, otorgada originalmente el 28 de octubre de 2013 a favor de las integrantes de la organización “Damas de Blanco”, en Cuba. La información aportada por los solicitantes indica que cinco integrantes de la organización habrían sido agredidas a golpes por un grupo de agentes del Estado el 3 de abril de 2014, a la salida de misa, y que al día siguiente varias integrantes de Damas de Blanco habrían sufrido diversos actos de violencia, incluyendo allanamiento de sus domicilios. Asimismo, se informó que el 5 de abril de 2014 tres de las Damas de Blanco habrían sido detenidas al salir de la iglesia, y el domicilio de una de ellas habría sido invadido por agentes del Estado. Mediante la decisión de ampliar esta medida cautelar, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Mileidis Cabrera Leiva, Yelenni Aguilera Santo, Miladis Escalona Lissabet, Bertha Guerrero Segura, Yaniuska Mayo Céspedes y María Teresa Garcua Roja, integrantes de la organización Damas de Blanco; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiaras y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la ampliación de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 50/14 - Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Honduras

El 8 de mayo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros identificados de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que desde 2010 se vienen registrando asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras. El 6 de marzo de 2014, la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha de adopción de la resolución de otorgamiento de esta medida cautelar, el Estado no había respondido a la solicitud de información. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros identificados de las organizaciones MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA; que se concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 255/13 - Robert Gene Garza, Estados Unidos

El 5 de mayo de 2014, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 25 de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Robert Gene Garza, quien fue condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de una petición sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue registrada bajo el número P-1278/13. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de los Estados Unidos abstenerse de ejecutar a Robert Gene Garza hasta tanto la CIDH se haya pronunciado sobre el fondo de la petición individual presentada en nombre del beneficiario. Lea la resolución aquí (disponible en inglés).

MC 452/11 - Líderes y lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca, Perú

El 5 de mayo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, los integrantes de la familia Chaupe, al rondero Luis Mayta, y al comunicador social César Estrada, en Cajamarca, Perú. La solicitud de medidas cautelares alega que las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-Bambamarca se oponen al proyecto “Conga” serían objeto de amenazas, actos de hostigamiento y violencia en su contra. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Perú que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y los beneficiarios identificados, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 110/14 - Asunto de Ramiro Hernández Llanas, Estados Unidos de América

El 26 de marzo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Ramiro Hernández Llanas, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que estarían siendo violados los derechos a la vida, a la justicia y al debido proceso de Ramiro Hernández Llanas, quien habría sido condenado a la pena capital y pudiera ser ejecutado el 9 de abril de 2014, en el estado de Texas, Estados Unidos. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que si Ramiro Hernández Llanas es ejecutado antes de que la Comisión tenga la oportunidad de examinar este asunto, cualquier decisión eventual podría tornarse irrelevante en relación con la efectividad de los potenciales remedios, resultando en un daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a los Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física de Ramiro Hernández hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre su petición, de manera de no obstaculizar el trámite de su caso ante el Sistema Interamericano. Lea la resolución aquí (disponible en inglés).

MC 30/14 - Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y otros, Ecuador

El 24 de marzo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, Cléver Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, en Ecuador. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-107-14, en la que se alegan presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales); 9 (principio de legalidad); 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25 (protección judicial), a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, los solicitantes requirieron medidas cautelares “con el fin de que el Estado suspenda la ejecución de la sentencia de Casación emitida en su contra el día 14 de enero de 2014, por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrían en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión”. Durante el procedimiento, el Estado presentó informes en fechas 8 y 28 de febrero de 2014. Por su parte, los solicitantes presentaron informes adicionales en fechas 9 y 27 de febrero de 2014; y, 17 y 19 de marzo de 2014. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos de los señores Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, Cléver Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa Figueroa se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia y de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 (1) de su Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero de 2014, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-107-14. Lea la resolución aquí.

MC 374/13 - Gustavo Francisco Petro Urrego, Colombia

El 18 de marzo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-1742-13, en la que se alegan presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal (artículo 5), a las garantías judiciales (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En particular, los solicitantes requieren que “con el objeto de impedir un daño irreparable a las personas o al objeto de la petición se suspenda la actuación que viene llevando a cabo la Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Petro”. Durante el procedimiento, el Estado presentó informes en fechas 10, 21 y 29 de enero de 2014; 7 y 24 de febrero de 2014. Por su parte, los solicitantes presentaron informes en fechas 9, 11, 18 y 19 de diciembre de 2013; 3, 13, 16 y 20 de enero de 2014; 6, 24 y 26 de febrero de 2014; y 3, 4, 5, 6 y 18 de marzo de 2014. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá D.C. y actualmente en funciones, se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, puesto que la consolidación de los efectos de la resolución que lo destituye de su cargo e inhabilita para el ejercicio de sus derechos políticos podría tornar inefectiva la eventual decisión sobre la petición P-1742-13. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 (1) de su Reglamento, la Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13. Lea la resolución aquí.

MC 57/14 - Pete Carl Rogovich, Estados Unidos

El 4 de marzo de 2014, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en el virtud del artículo 25 (1) de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Pete Carl Rogovich, quien fue condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de una petición sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue registrada bajo el número P-1663/13. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de los Estados Unidos abstenerse de ejecutar a Pete Carl Rogovich hasta tanto la CIDH se haya pronunciado sobre el fondo de la petición individual presentada en nombre del beneficiario. Lea la resolución aquí (disponible en inglés).

MC 453/13 - Daniel Ramos Alfaro, México

El 20 de febrero de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Daniel Ramos Alfaro de 21 años, cuya vida e integridad personal se encontrarían en grave riesgo en vista que desde el 2 de octubre de 2013 no se conoce su paradero o destino. La solicitud de medidas cautelares alega que Daniel Alfaro habría sido retenido por supuestos miembros de las fuerzas militares mexicanas mientras se dirigía hacia la comunidad de San Martín, luego de dictar clases en la escuela de la comunidad Betania. Dada la naturaleza de la situación denunciada, la Comisión solicitó información al Estado por medio de las competencias del artículo XIV de la “Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas”. El Estado de México respondió por medio de un informe el 22 de enero de 2014, y la CIDH recibió asimismo información adicional el 1 de febrero de 2014 por parte del solicitante. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que el joven Daniel Ramos se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida y a la integridad personal estarían en grave riesgo, en vista que a la fecha, y transcurridos 141 días desde su desaparición, no se conocería su paradero o destino. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de México que: adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Daniel Ramos Alfaro, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Lea la resolución aquí.

MC 408/13 - Integrantes del Movimiento “Reconocido”, República Dominicana

El 30 de enero de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los integrantes del Movimiento “Reconocido” de República Dominicana. La solicitud de medidas cautelares alega que los integrantes del Movimiento “Reconocido” serían objeto de amenazas contra su vida e integridad personal, como resultado de la crítica y protesta ejercida por dichos defensores contra la Sentencia 168/13 dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la cual desnacionaliza a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentados, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que los integrantes del Movimiento “Reconocido” se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en grave riesgo en virtud de las amenazas de muerte que habrían recibido. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a República Dominicana que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los integrantes del Movimiento “Reconocido”, para garantizar que los integrantes del Movimiento “Reconocido” puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones, y que se concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. También solicitó al Estado informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 457/13 - Integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH)

El 22 de enero de 2014 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor los integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH). La solicitud indica que, debido a las actividades de acompañamiento, defensa, protesta y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en Honduras, sus integrantes estarían siendo objeto de asesinatos, amenazas, actos de hostigamiento y de violencia en su contra, como una retaliación por sus actividades. Específicamente la solicitud alega que los miembros de la asociación realizan actividades de concientización y protección y administran un refugio denominado “Casa Renacer” para la atención de personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Los actos de agresión y ataque contra sus integrantes habrían tenido lugar en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, el cual habría dejado un saldo de aproximadamente 115 personas asesinadas en los últimos años, los cuales habrían quedado impunes. La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH), que concierte las medidas a adoptarse con las y los beneficiarios, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares. Lea la resolución aquí.

MC 8/13 - Personas Privadas de Libertad en el Presidio Central de Porto Alegre, Brasil

El 30 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Presidio Central de Porto Alegre (PCPA), Brasil. La solicitud de medidas cautelares alega que estas personas estarían en una situación de riesgo debido a las precarias condiciones de detención, hacinamiento extremo, falta de control del Estado en varias áreas del recinto, entre otras situaciones, que podrían afectar su derecho a la vida e integridad personal. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentados por los solicitantes y el Estado, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que las personas privadas de libertad en el PCPA se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Brasil que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los internos del Presidio Central de Porto Alegre; que provea condiciones de higiene en el recinto y proporcione tratamientos médicos adecuados para los internos, de acuerdo a las patologías que éstos presenten; que implemente medidas tendientes a recuperar el control de seguridad en todas las áreas del PCPA, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos y resguardando la vida e integridad personal de todos los internos. Lea la resolución aquí.

MC 195/13 - Líderes y Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida, Honduras

El 24 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Adonis Romero y demás personas identificadas en los documentos aportados, quienes serían líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. La solicitud de medidas cautelares alega que los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo, debido a su labor de oposición a diversos proyectos mineros que se estarían desarrollando en la zona. El 28 de agosto de 2013 la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha del otorgamiento de esta medida, el Estado no había contestado a la solicitud de información. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que Adonis Romero y otros presuntos lideres y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los 18 líderes y defensores de derechos humanos identificados, pertenecientes a la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 416/13 - 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus Familias, Honduras

El 19 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familias, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los miembros del MADJ estarían recibiendo una serie de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia, debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que los miembros del MADJ y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 367/13 - Personas Privadas de Libertad en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, Brasil

El 16 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, en Brasil. La solicitud de medidas cautelares alega que estas personas estarían en una situación de riesgo debido a actos de violencia. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes y por el Estado, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Brasil que adopte las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas y daños a la integridad personal de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas; que reduzca de forma inmediata los niveles de superpoblación, y que investigue los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar para evitar su repetición. Lea la resolución en: español  o en portugués.

MC 304/13 - Patrice Florvilus y los miembros de la organización “Défense des Opprimés”, Haití

El 27 de noviembre de 2013, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Patrice Florvilus y los miembros de la organización “Défense des Opprimés. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que estas personas se encontrarían en una situación de riesgo, debido a una serie de amenazas, actos de hostigamiento y persecución presuntamente en retaliación por el trabajo que desempeña en defensa de los derechos humanos en Haití. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información al Estado, sin obtener respuesta. Adicionalmente, los solicitantes aportaron nueva información sobre presuntas nuevas situaciones de riesgo que la organización estaría enfrentando. Por consiguiente, la Comisión consideró que la información presentada por los solicitantes permite suponer que Patrice Florvilus y los miembros de la organización “Défense des Opprimés” se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Haití que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Patrice Florvilus y los miembros de la organización “Défense des Opprimés”, que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución en español o en francés.

MC 410/13 - José Luis Zubmaguera Miranda y su familia, Cuba

El 21 de noviembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de José Luis Zubmaguera Miranda y su familia, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares alega que José Luis Zubmaguera Miranda habría recibido 7 impactos de bala por parte de agentes de la policía, en el marco de su aprehensión por la investigación del robo de una bicicleta. Los solicitantes afirmaron que sus familiares, quienes habrían sido testigos de los presuntos hechos, estarían recibiendo una serie de intimidaciones por parte de agentes de la policía por las denuncias interpuestas al respecto. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que José Luis Zubmaguera Miranda y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de José Luis Zubmaguera Miranda y su familia, que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí

MC 409/13 - Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos respecto de El Salvador

El 21 de noviembre de 2013 la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. La solicitud de medidas cautelares indicaba que el 14 de noviembre de 2013, tres sujetos armados habrían ingresado, por la fuerza, a las instalaciones de la organización, habrían sometido al personal de seguridad, motorista y al Presidente de la organización. Posteriormente, habrían procedido a incendiar los archivos de la institución y a destruir su equipo de trabajo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que los miembros de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. La resolución sobre esta medida cautelar se mantiene bajo confidencialidad, ya que los solicitantes pidieron reserva de identidad para algunos de los integrantes de la organización.

MC 338/13 – Lorenzo Santos Torres y familia, México

El 8 de noviembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Lorenzo Santos Torres y su familia, en México. La solicitud de medidas cautelares recibida por la Comisión el 7 de octubre de 2013, alega que la vida e integridad personal de Lorenzo Santos Torres y su familia estarían en riesgo, en el marco de un conflicto social y agrario en Santiago Amoltepec. El 24 de octubre, la CIDH solicitó información al Estado, el cual presentó su informe el 29 de octubre. Los solicitantes aportaron información adicional el 29 y el 31 de octubre. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por ambas partes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que Lorenzo Santos torres y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CDIH, la Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para perservar la vida y la integridad personal de Lorenzo Santos Torres y su familia, que adopte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí. Lea la resolución aquí

MC 245/13 – Iván Hernández Carrillo, Cuba

El 28 de octubre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Iván Hernández Carrillo, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares recibida por la Comisión el 1 de agosto de 2013, alega que Iván Hernández Carrillo, quien sería periodista y fungiría como Secretario General de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, se encontraría en una situación de riesgo y habría sido objeto de presuntas agresiones físicas, amenazas, arrestos y actos intimidatorios perpetrados por agentes del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, como consecuencia de su trabajo como defensor de derechos humanos. Los solicitantes aportaron información adicional el 27 de agosto y el 18 de septiembre de 2013. El 3 de agosto de 2013 la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha de la adopción de la resolución sobre medidas cautelares por parte de la Comisión, el Estado no había contestado la solicitud de información. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que Iván Hernández Carrillo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Iván Hernández Carrillo, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí.

MC 264/13 – Damas de Blanco, Cuba

El 28 de octubre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de las integrantes de la organización “Damas de Blanco”, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares recibida por la Comisión el 13 de agosto de 2013, alega que las integrantes de “Damas de Blanco” estarían siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra, como una retaliación por las manifestaciones pacíficas que realizan a fin de exponer la situación de disidentes políticos en Cuba. Los solicitantes aportaron información adicional el 17 y el 26 de septiembre. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que las integrantes de las Damas de blanco se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización Damas de blanco, que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí. Lea la resolución aquí.

MC 186/13 – Carlos Eduardo Mora y familia, Colombia

El 3 de octubre de 2013 la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Carlos Eduardo Mora, quien se desempeña como cabo del Ejército Nacional de Colombia, en la especialidad de inteligencia y actualmente en servicio activo. La solicitud de medidas cautelares alega que Carlos Eduardo Mora y su familia estarían enfrentando una situación de riesgo, en vista del involucramiento del cabo como testigo en procesos judiciales relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales, supuestamente perpetradas por miembros del Ejército colombiano. El Estado colombiano aportó información sobre el caso el 19 de septiembre de 2013. La Comisión concluyó que Carlos Eduardo Mora y su núcleo familiar se encuentran en situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal estarían amenazados y en grave riesgo. De acuerdo con el Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión requirió al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Carlos Eduardo Mora y su núcleo familiar y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios, tomando en consideración el rol de testigo de Carlos Eduardo Mora, la naturaleza de los procesos en los que interviene y su calidad como miembro activo del Ejército. Asimismo, la Comisión solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su posible repetición.Lea la resolución aquí.

MC 301/13 - Buenaventura Hoyos Hernández, Colombia

El 4 de octubre de 2013, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 25 (1) de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Buenaventura Hoyos Hernández, de 18 años de edad, quien se encontraría en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal estarían en grave riesgo, en vista de que a la fecha no se conocería sobre su paradero o destino. La Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Buenaventura Hoyos Hernández, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal. Asimismo, la Comisión solicita al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Lea la resolución aquí

MC 157/13 - Miembros de Union des Citoyens Conséquents pour le Respect des Droits de l'Homme, Haití.

El 23 de septiembre de 2013, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 25 (1) de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a la vida y la integridad personal de miembros de la Union des Citoyens Conséquents pour le Respect des Droits de l'Homme (“Unión de los Ciudadanos Consecuentes por los Derechos Humanos”, UCCRDH), quienes alegan estar en una situación de riesgo debido a una serie de amenazas, actos de hostigamientos y violencia presuntamente en retaliación al trabajo que desempeñan en defensa de los derechos humanos en Haití. A través de su resolución, la Comisión pidió al gobierno de Haití que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Jean Guernal Degand, Jimmy Simplis, Marieclaude Marcelin, Réginald Henry y Saintilma Verdieu. Además, la Comisión solicitó al gobierno de Haití que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. Lea la resolución aquí: en español o en francés.

MC 255/13 - Robert Gene Garza, Estados Unidos

El 16 de agosto de 2013, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en el virtud del artículo 25 (1) de su Reglamento, a fin de evitar daños irreparables a Robert Gene Garza, quien fue condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares fue acompañada de una petición sobre la presunta violación de los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre la cual fue registrada bajo el número P-1278/13. A través de su resolución, la Comisión pidió al Gobierno de los Estados Unidos abstenerse de ejecutar al señor Robert Gene Garza hasta tanto la CIDH se haya pronunciado sobre el fondo de la petición individual presentada en nombre del beneficiario. Lea la resolución aquí.

MC 137/13 - Niñas privadas de libertad en centros de detención para adultos, Jamaica

El 31 de julio de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de niñas privadas de libertad en centros de detención para adultos, en Jamaica. La solicitud de medidas cautelares alega que las niñas son detenidas con los adultos y en condiciones que presumiblemente las sitúan en riesgo de daño irreparable. Los solicitantes también alegan que las autoridades pertinentes supuestamente no adoptaron medidas para evitar que las niñas se hagan daño a sí mismas o sufran abusos por parte de los adultos o de sus compañeras. La CIDH solicitó información al Estado en mayo y junio de 2013, y posteriormente recibió información que indica que esta situación alegadamente continúa. La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de las niñas privadas de libertad en centros de detención para adultos. Específicamente, la Comisión Interamericana requirió al Estado de Jamaica adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios, proveyendo el cuidado médico físico y mental requerido por las beneficiarias e investigando las alegaciones de abusos sexuales y físicos; proveer a la CIDH la lista de todas las niñas detenidas en centros de adultos, incluyendo sus nombres, edades, estatus judicial actual y estado de salud; y adoptar las medidas necesarias para transferir a todas las niñas del Horizon Adult Remand Centre, el Fort August Adult Correctional Centre y todos los otros centros de detención de adultos, a instalaciones apropiadas, tomando en cuenta su situación legal y sus necesidades médicas o psicológicas, y evitando que cualquier niño sea privado de su libertad en centros de detención para adultos.

MC 7/13 - Vilasson Séraphin y otros, Haití

El 24 de julio de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Vilasson Seraphin, Jeanne Joseph, Johanne Jean-Claude, Jean-Rony Figaro, Roselande Jourdain y Lucmane Louis-Jean, en Haití. La solicitud de medidas cautelares alega que el 29 de diciembre de 2012, André Seraphin, miembro de varias organizaciones de la sociedad civil, habría sido secuestrado de su casa en la ciudad de Cap-Haïtien, supuestamente por un grupo de personas que trabajarían bajo las órdenes de un senador. Al día siguiente habría sido encontrado su cuerpo sin vida y con señales de tortura. La solicitud alega que André habría sido asesinado por supuestamente haber denunciado actos arbitrarios cometidos por este presunto grupo y el apoyo del supuesto Senador a dichos actos. Adicionalmente, se alega que el padre y la madre de la víctima, así como la organización solicitante, estarían siendo perseguidos y amenazados por este supuesto grupo y por el presunto Senador, por intentar buscar justicia. La CIDH solicitó al Estado de Haití adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Vilasson Séraphin, Jeanne Joseph, Johanne Jean-Claude, Jean-Rony Figaro, Roselande Jourdain y Lucmane Louis-Jean, y concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. Asimismo, la Comisión solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar, en lo judicial, los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares, y que informe a la Comisión sobre la implementación de estas medidas cautelares.

MC 259/02 - Detenidos en la Base Militar de Estados Unidos en Guantánamo
AMPLIACIÓN

El 23 de julio de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió, por iniciativa propia, el alcance de las medidas cautelares a favor de las personas detenidas por Estados Unidos en la Base Naval en Guantánamo Bay, a fin de exigir el cierre del centro de detención. La ampliación se basó en el incumplimiento, por parte de Estados Unidos de las medidas cautelares ya vigentes a favor de los detenidos desde 2002, la persistencia de situaciones de detención prolongada e indefinida, y denuncias de abuso y maltrato generalizado, incluyendo la realización de requisas innecesarias y humillantes, la alimentación forzada de detenidos que optaron por participar en una huelga de hambre, y el aumento de la segregación y el aislamiento de los detenidos. Adicionalmente, la Comisión recibió información que indica que la respuesta de las autoridades a la huelga de hambre de protesta ha incluido la alimentación forzada, requisas innecesarias y humillantes, y un mayor aislamiento de los detenidos. La Comisión llama la atención del Gobierno a las normas internacionales que exigen el respeto a la autonomía personal y la dignidad. Teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos asumida por los Estados Unidos como Estado Miembro de la OEA, y ante el riesgo permanente de sufrir daños irreparables de los derechos de los detenidos, el cual se agrava con el paso del tiempo, la Comisión Interamericana ha decidido ampliar el alcance de estas medidas cautelares y exigir al Gobierno de los Estados Unidos proceder con el cierre inmediato del centro de detención en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo; transferir a los detenidos a sus países de origen o a un tercer país en observancia de las garantías de derechos humanos, principalmente la obligación de non-refoulement; acelerar la liberación de los detenidos a quienes ya se le ha aprobado la transferencia; y alojar a los detenidos sometidos a juicio en condiciones adecuadas de detención, otorgándoles las garantías de debido proceso aplicables.

MC 125/13 - Iris Yassmín Barrios Aguilar y otros, Guatemala

El 28 de junio de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo del departamento de Guatemala, en Guatemala. Las solicitudes de medidas cautelares alegan que Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz se encontrarían ante una situación de riesgo, como consecuencia del desempeño de sus actividades judiciales en diversos procesos relacionados con el crimen organizado, procesos contra militares presuntamente responsables de graves violaciones a los derechso humanos, como la masacre de "Plan de Sánchez" y de "Las Dos Erres", entre otros asuntos. En particular, los solicitantes hacen referencia al rol que los beneficiarios han tenido en el proceso contra el ex Presidente José Efraín Ríos Montt, el cual estaría generando una presunta polarización dentro de Guatemala. En este presunto contexto, los solicitantes afirman que se habrían difundido diversos panfletos anónimos orientados a deslegitimar su trabajo, señalando que su intervención en dicho proceso reprsentaría una "amenaza para la paz y estabilidad del país", lo cual podría tener graves consecuencias en sus derechos a la vida e integridad. Adicionalmente, enl as últimas semanas, la CIDH ha recibido nueva información que sugiere una serie de presuntas falencias en los esquemas de protección proporcionados a favor de estas personas. A este respecto, los solicitantes han destacado que, debido a la presunta exacerbación de su situación de riesgo, es necesaria la adopción de medidas especiales de protección a favor de los integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, tomando en consideración la propuesta de implementación remitida por los representantes, respecto de la entidad que podría coordinar las medidas de protección.

MC 279/12 - Luisa Fransua, Rafael Touissaint y otros, Republica Dominicana

El 10 de junio de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Luisa Fransua, Rafael Toussaint, otras 48 personas y sus 32 hijos, en República Dominicana. Según la información aportada por los solicitantes de las medidas cautelares, a las personas beneficiarias de esta medida se les estarían negando los registros de nacimiento, cédula de identidad y de elector, o reteniendo e inhabilitando los documentos. Indican que esta situación estaría obstaculizando su acceso a servicios básicos, presuntamente afectando el goce de sus derechos, en especial sus derechos a la salud y a la educación. Los solicitantes sostienen que las personas identificadas en la solicitud de medida cautelar podrían ser deportados a Haití en cualquier momento. La CIDH solicitó al Estado de República Dominicana que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de Luisa Fransua, Rafael Toussaint y otras 48 personas y sus 32 hijos, a fin de evitar su expulsión o deportación del territorio de República Dominicana; que adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias y sus hijos e hijas tengan acceso a documentos de identificación que les garantice el acceso a servicios básicos tales como educación y salud, hasta tanto la Comisión resuelva las peticiones bajo su conocimiento. La CIDH solicitó asimismo al Estado de República Dominicana que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. Esta medida cautelar fue otorgada además porque los beneficiarios son también las presuntas víctimas en peticiones presentadas a la Comisión, que han sido registradas con los números 1960-12 y 389-13. En este sentido, la decisión de otorgar esta medida busca evitar que eventuales decisiones de la CIDH sobre los méritos de las mismas se tornen abstractas.

MC 155/13 - Caleb Orozco, Belize

El 29 de mayo de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Caleb Orozco, en Belize. La solicitud de medidas cautelares indica que Caleb Orozco estaría en una situación de riesgo como consecuencia de su trabajo como defensor de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas bisexuales, trans e intersex, en Belize. Específicamente, la solicitud alega que Caleb Orozco ha sido objeto de hostigamiento y ataques en su residencia y en las calles y ha recibido amenazas de muerte por medios sociales. Se indica también que a pesar de haber presentado denuncias ante la policía, las autoridades no le estarían proporcionando medidas de protección de su vida e integridad. La CIDH solicitó al Estado de Belize que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Caleb Orozco, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 424/12 - Josvany Melchor Rodríguez, Cuba

El 29 de abril de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Josvany Melchor Rodríguez, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que Josvany Melchor Rodríguez tendría una discapacidad mental y estaría actualmente privado de libertad en la Cárcel 1580, en San Miguel de Padrón, La Habana. La solicitud alega que Josvany Melchor Rodríguez se encontraría en una situación de riesgo para su vida, integridad personal y salud. De acuerdo a la información presentada, Josvany Melchor Rodríguez padecería de problemas en los riñones, gastritis crónica, parásitos, y estaría vomitando sangre, entre otros problemas de salud, los cuales estarían exacerbados por supuestas condiciones deficientes de detención y por la falta de adopción de medidas especiales en vista de su discapacidad. Los solicitantes afirman que la madre del beneficiario habría acudido a las autoridades competentes, con el objetivo de que se le proporcione a su hijo la atención médica pertinente, sin que se hayan adoptado medidas al respecto. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para que Josvany Melchor Rodríguez reciba atención médica especializada, tomando en consideración sus circunstancias particulares y sus necesidades, de acuerdo a las condiciones de sus patologías y su discapacidad mental; y que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes.

MC 114/13 - B, El Salvador

El 29 de abril de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de “B”, en El Salvador. La identidad de la beneficiaria se mantiene en reserva a pedido de los solicitantes. La solicitud de medidas cautelares señala que el Ministerio de Salud y el Comité del Hospital donde se encuentra internada “B” determinaron que “B” padece de una serie de patologías, que su embarazo conlleva un alto riesgo de muerte para la madre, y que el feto es anencefálico. Asimismo, señala que dichas autoridades de salud determinaron que el efecto del transcurso del tiempo sin la implementación del tratamiento médico recomendado podría afectar los derechos a la vida, la integridad y la salud de la madre. Los solicitantes manifestaron que, a pesar de haber solicitado a las autoridades estatales, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, que se le proporcionara el tratamiento recomendado por los médicos especialistas, no existe una respuesta final hasta la fecha. Después de haber solicitado información al Estado, quien ratificó que aún no existe una respuesta definitiva de las autoridades estatales, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida, integridad personal y salud de “B”. Específicamente, la Comisión Interamericana solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para implementar el tratamiento recomendado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escalón”, con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad personal y salud de “B”, y que concierte cualquier medida a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes.
Considerando que el Estado de el Salvador alegadamente no adoptó las medidas necesarias para salvaguardar la integridad personal de “B”, el 27 de mayo de 2013 la CIDH solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte IDH ordenó medidas provisionales el 29 de mayo de 2013, y las levantó el 19 de agosto de 2013.

MC 273/11 - Fray Tomás González Castillo, Ruben Figueroa, el personal del Hogar-Refugio para personas migrantes ‘La 72’ y otros, México

El 19 de abril de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Fray Tomás González Castillo, Ruben Figueroa, el personal del Hogar-Refugio para personas migrantes ‘La 72’y las personas migrantes que se encuentren en el mismo, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas mencionadas se encuentran en una situación de riesgo, relacionada con la situación de inseguridad de los migrantes en la zona y supuestas acciones de retaliación por sus actividades como defensores de derechos humanos, entre otros elementos. La Comisión ha tomado nota sobre la implementación de una serie de medidas de protección a favor de los miembros del Hogar-Refugio ‘La 72’, por parte de las autoridades estatales. No obstante, la Comisión ha continuado recibiendo constante información sobre supuestas amenazas y hostigamientos contra las personas mencionadas. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Fray Tomás González Castillo, Ruben Figueroa, del personal del Hogar-Refugio para personas migrantes ‘La 72’ y de las personas migrantes que se encuentran en el mismo. La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre medidas de protección adoptadas para que desempeñen su labor como defensores de derechos humanos sin interferencias. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares, que informe a la Comisión sobre la implementación de estas medidas.

MC 391/12 - Toribio Jaime Muñoz Gonzalez y otros, México

El 16 de abril de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Toribio Jaime Muñoz González, Guadalupe Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Óscar Muñoz Veleta, Hugo Muñoz Veleta, Nemesio Solís González, Luis Romo Muñoz, y Óscar Guadalupe Cruz Bustos, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que estas personas están presuntamente desaparecidas. Según la información recibida, el Estado habría adoptado algunas medidas para dar con su ubicación, pero éstas no habrían arrojado avances que permitan esclarecer lo sucedido. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte, de forma inmediata, las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Toribio Jaime Muñoz González, Guadalupe Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Óscar Muñoz Veleta, Hugo Muñoz Veleta, Nemesio Solís González, Luis Romo Muñoz, y Óscar Guadalupe Cruz Bustos, y para proteger su vida e integridad personal. La Comisión también solicitó al Estado que presente periódicamente a la CIDH información sobre la implementación de las medidas y sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares.

MC 84/13 - Bernardo Aban Tercero, Estados Unidos

El 4 de abril de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Bernardo Aban Tercero, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-1752-09. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 52/13 - 567 Familias Residentes en Grace Village, Haití

El 26 de marzo de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los residentes del campo de desplazados Grace Village, en Carrefour, Haití. La solicitud de medidas cautelares indica que está en riesgo la vida e integridad de las personas desplazadas que residen actualmente en el campamento Grace Village, el cual fue construido para alojar en forma provisoria a personas desplazadas por el sismo de 2010. Los solicitantes alegan que viven allí aproximadamente 567 familias, en condiciones inhumanas e insalubres, con un acceso muy limitado a alimentos, agua potable y servicios de salud. Asimismo, indican que existiría un contexto de expulsiones forzadas extrajudiciales, realizadas sin seguir procedimientos legales, alegadamente con uso de violencia, y presuntamente sin proveer alternativas de vivienda o relocalización. Adicionalmente, la solicitud señala que las mujeres y los niños estarían en una situación de particular vulnerabilidad, especialmente a causa de la intimidación y acoso sexual por parte de los gestores del campamento, y que las personas serían objeto de represalias cuando impulsan acciones a fin de defender los derechos de los residentes del campamento. La CIDH solicitó al Estado de Haití que adopte las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza y la violencia en cualquier expulsión y, en particular, garantizar que las acciones de las autoridades públicas y de particulares no representen un riesgo para la vida y la integridad personal de los residentes de los campamentos. La Comisión solicitó asimismo al Estado implementar medidas de seguridad efectivas en el campamento, incluyendo que haya una patrulla adecuada alrededor y en el interior del campamento y que se instalen comisarías de policía próximas al campamento; en este sentido, se solicitó al Estado que estas medidas de seguridad se implementen con especial atencón a las mujeres y los niños. La Comisión solicitó además al Estado asegurar que los residentes tengan acceso a agua potable. Las medidas deben ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes, y la Comisión solicitó que se asegure que el comité de residentes del campamento y de los grupos de mujeres de base tengan plena participación en la planificacion y ejecución de todas las medidas que se implementen a favor de los residentes, incluyendo aquéllas destinadas a evitar la violencia sexual y otras formas de violencia en el campamento. Finalmente, la Comisión solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 34/13 - X, Cuba

El 14 de febrero de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que X, de 15 años de edad, habría sido atacada por haber defendido a una miembro de las "Damas de Blanco" que es familiar de la niña. Los solicitantes alegan que la niña habría sido atacada con una navaja, el 4 de noviembre de 2012, por un familiar de un Capitán de la Policía. Asimismo, se indica que en enero de 2013, psicólogos del departamento de Medicina Legal habrían sometido a la niña a un interrogatorio, sin la presencia de su madre, presuntamente con el propósito de que cambiara su declaración sobre los hechos denunciados. Adicionalmente, la solicitud señala que autoridades estatales la habrían amenazado con internarla en un hospital psiquiátrico. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de X, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representates, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 370/12 – 334 Pacientes del Hospital Federico Mora, Guatemala


El 20 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 334 pacientes del Hospital Federico Mora, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que todas las personas internadas en el Hospital Federico Mora se encontrarían en una situación de riesgo. De acuerdo a la solicitud, los 334 pacientes allí internados, que incluiría niños y niñas, comparten el mismo espacio con personas con discapacidad mental que han sido procesados y sentenciados por diversos crímenes. La solicitud agrega que agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Sistema Penitenciario estarían a cargo de la custodia del lugar, y utilizarían amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los pacientes. La información presentada a la CIDH indica que existirían abusos físicos y sexuales contra mujeres y niños, que se habría negado asistencia médica adecuada a los pacientes y que se estaría proporcionando tratamiento psiquiátrico no apto para sus patologías. Asimismo, se informó que algunos pacientes estarían encerrados en cuartos de aislamiento, y que existiría la práctica de amarrar a pacientes a sillas, entre otras alegaciones. La CIDH solicitó al Gobierno de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas internadas en el Hospital Federico Mora; en particular, proporcionar el tratamiento médico adecuado a los internos, de acuerdo a las patologías propias de cada persona; asegurar la separación de los niños de los adultos, procurando medidas especiales, a la luz del principio del interés superior del niño; separar a los internos procesados y sentenciados, quienes están bajo orden judicial de privación de libertad, de los demás pacientes del hospital, y que la tutela de éstos sea proporcionada por personal del hospital no armado; restringir el uso de cuartos de aislamiento a las situaciones y bajo las condiciones establecidas en los estándares internacionales sobre personas con discapacidad mental; implementar medidas de prevención inmediatas orientadas a que todos los pacientes, en particular mujeres y niños, no sean objeto de actos de violencia física, psicológica y sexual por parte de otros pacientes, agentes de seguridad o funcionarios del hospital. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. En este sentido, la CIDH informó al Gobierno que considera necesario que, de común acuerdo, las partes presenten un cronograma para la implementación de las presentes medidas cautelares, después de haber realizado la primera reunión de concertación de las medidas cautelares. Finalmente, la CIDH solicitó al Gobierno que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.

MC 350/12 – Yoani María Sánchez Cordero, Cuba


El 9 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yoani María Sánchez Cordero y su familia, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que Yoani María Sánchez Cordero se encontraría en una situación de riesgo, debido a la publicación de varios artículos en un blog en Internet sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. En particular, los solicitantes alegan presuntas amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio en su contra. Asimismo, la solicitud señala que Yoani María Sánchez Cordero y su esposo habrían sido detenidos el 4 de octubre de 2012 y que como resultado de agresiones que habría sufrido por parte de agentes policiales, Yoani María Sánche Codero tuvo fractura de un diente y contusiones. Yoani María Sánchez Cordero habría sido detenida nuevamente el 8 de noviembre de 2012. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Yoani María Sánchez Cordero y su familia, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representates, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares

MC 354/12 – Sonia Garro, Cuba


El 8 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Sonia Garro, en Cuba. Según la solicitud de medidas cautelares, la vida e integridad de Sonia Garro, miembro de las Damas de Blanco de la Fundación Afrocubana Independiente, estarían en riesgo inminente. Según la solicitud, Sonia Garro padecería de varias enfermedades y se encontraría privada de libertad en el Penitenciario de Mujeres de Occidente, donde sería objeto de amenazas. La solicitud agrega que a raíz de un incidente en la cárcel, se le habría suspendido la entrega de alimentos por parte de sus familiares, que sería su única fuente de alimentación debido a su condición médica. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Sonia Garro, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 388/12 – Edgar Ismael Solorio Solís y otros, México


El 6 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los tres hijos de Ismael Urrutia y Manuela Marta Solís, quienes fueran líderes de la organización “El Barzon”, así como los miembros de dicha organización, en México. Según la solicitud de medidas cautelares, la organización “El Barzón” se dedica a la defensa de un medio ambiente sano en el estado de Chihuahua, México. Alega asimismo que desde julio de 2012, todos los miembros de la organización serían objeto de continuas amenazas de muerte. La solicitud indica que el 13 de octubre de 2012, miembros de una empresa minera habrían golpeado a Ismael Urrutia, tras lo cual habría solicitado protección a las autoridades competentes, la cual no se habría implementado. Agregan que el 22 de octubre de 2012, Ismael urrutia y Manuela Marta Solís habrían sido asesinados, tras lo cual sus tres hijos solicitaron protección, sin haber obtenido respuesta. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Edgar Ismael Solorio Solís, Erick Solorio Solís, Uriel Alejandro Solorio Solís, Joaquín Solorio Urrutia, Felipe Solorio Urrutia, César Solorio Urrutia, Heraclio Rodríguez, Martín Solís Bustamante, Luis Miguel Rueda Solorio, Ángel Rueda Solís y Siria Solís. La CIDH solicitó asimismo al Estado de México que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 484/11 – José Daniel Ferrer García, Cuba


El 5 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Daniel Ferrer García, en Cuba. Según la solicitud de medidas cautelares, José Daniel Ferrer García habría sido privado de su libertad, sometido a incomunicación y recibido amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones, en febrero, abril, mayo y julio de 2012. En particular, la solicitud indica que agentes de la policía le habrían amenazado con “meter presa a su mujer” y “dejar a sus tres niños, sin sus padres, en la calle”. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 363/12 – Mario Joseph, Haití


El 19 de octubre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Mario Joseph, en Haití. Según la solicitud de medida cautelar, la vida y la integridad personal de Mario Joseph, director de la organización no gubernamental Bureau des Avocats Internationaux (BAI), estarían en riesgo. La solicitud alega que Mario Joseph habría sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento en los últimos meses, presuntamente por su actividad en defensa de los derechos humanos. Se indica que recibió varias amenazas de muerte por día tras participar en febrero de 2012 en una conferencia de prensa sobre el proceso penal en curso contra el ex presidente François Duvalier, y que a partir de septiembre de 2012, agentes de seguridad habrían interrogado a miembros del BAI, revisado las instalaciones de la organización, y perseguido a Mario Joseph. La CIDH solicitó al Estado de Haití adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Mario Joseph, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar judicialmente los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 225/12 – Alfamir Castillo, Colombia


El 17 de octubre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alfamir Castillo, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que Alfamir Castillo fue objeto de reiteradas amenazas de muerte y persecusiones. Según la solicitud, el 28 de agosto de 2012, una persona a bordo de una motocicleta dio dos disparos al aire al pasar al lado de ella, y el 10 de octubre de 2012, un desconocido le apuntó un arma de fuego al pecho y la amenazó de muerte. La solicitud indica que estas acciones estarían ligadas a su participación en la investigación penal sobre la muerte de su hijo. La CIDH solicitó al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Alfamir Castillo, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 342/12 – César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras


El 3 de octubre de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los dos defensores de derechos humanos, miembros del “Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia”, habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos en los últimos meses. Asimismo, se informó que el 18 de agosto de 2012, desconocidos habrían ingresado en la casa de César Adán Alvarenga, donde habrían destruido varias de sus pertenencias, aunque no habrían robado nada de valor. Los solicitantes indicaron que se realizó la denuncia ante las autoriddes competentes, pero que hasta ahora no se han implementado medidas de protección. La CIDH soliicitó al Gobierno de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 207/11 – Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, Guatemala


El 24 de agosto de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares, Telma Yolanda Oqueli Veliz, quien es defensora de derechos humanos y miembro del grupo comunitario Frente Norte del Área Metropolitana Pueblos en Resistencia, habría recibido amenazas en el marco de la oposición de esta organización a un proyecto de minería. Se indica que el 13 de junio de 2012, Telma Yolanda Oqueli Veliz recibió disparos en la espalda, tras lo cual estuvo varios días hospitalizada. Se agrega asimismo que su hermano también habría recibido amenazas. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 152/11 – Miembros de la Casa del Migrante “Frontera Digna”, Municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila, México


El 17 de agosto de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la Casa del Migrante “Frontera Digna”, en el Municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila, México. La CIDH inicialmente solicitó información al Estado y tomó nota sobre la implementación de medidas de protección a favor de los miembros de la organización por parte de las autoridades competentes. No obstante, la CIDH ha continuado recibiendo información que indica que las amenazas y los hostigamientos en su contra habrían continuado. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la Casa del Migrante “Frontera Digna”; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 269/10 – Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, Colombia


El 22 de junio de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, en Colombia. Según la solicitud de medidas cautelares, Manuel Junior Cortéz Gómez es el único sobreviviente de una alegada masacre de un equipo de jugadores de fútbol, la cual habría sido ejecutada en octubre de 2009 en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, por un grupo autodenominado Fuerza de Liberación Bolivariana. La solicitud alega que tras la alegada masacre, Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres habrían colaborado con la justicia, tras lo cual habrían comenzado los hostigamientos y amenazas en su contra. Adicionalmente, se indica que el 6 de junio de 2012, Manuel Junior Cortéz Gómez habría sido atacado y apuñalado, e internado en un hospital con heridas graves. La CIDH solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 163/12 – Damaris Moya Portieles e hija, Cuba


El 12 de junio de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Damaris Moya Portiele y su hija, de 5 años de edad, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que Damaris Moya Portiele es defensora de derechos humanos, y que habría sido privada de su libertad en reiteradas ocasiones como resultado de su participación en manifestaciones en su país. La solicitud agrega que el 2 de mayo de 2012, durante una vigilia organizada por la libertad en Cuba, agentes de la policía de Seguridad le habrían privado nuevamente de su libertad, la habrían golpeado y habrían amenazado con violar sexualmente a su hija. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Damaris Moya Portiele y su hija, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representates, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 131/12 – Hernán Henry Díaz, Colombia


El 11 de junio de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hernán Henry Díaz, en Colombia. La CIDH recibió información el 25 y el 27 de abril de 2012 sobre la presunta desaparición forzada de Hernán Henry Díaz, líder campesino integrante de la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas del Departamento del Putumayo, miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, y dirigente del movimiento social y político Marcha Patriótica. Según la información recibida, la última vez que se tuvieron noticias de Hernán Henry Díaz fue el 18 de abril de 2012, cuando por mensaje de texto comunicó que estaba en camino hacia Bogotá para participar del lanzamiento de la "Marcha Patriótica". Mediante la medida cautelar, la CIDH solicitó al Estado de Colombia que adopte, de forma inmediata, las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Hernán Henry Díaz y para proteger su vida e integridad personal; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 21/11 – Blanca Velázquez Díaz y otros, México


El 29 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia medina y demás miembros del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), en México. La solicitud de medidas cautelares indica que los miembros de CAT han sido víctimas de hostigamientos, seguimientos y amenazas, debido a su involucramiento en acciones para fomentar la protección de derechos laborales en México. Posteriormente, informaron que el 15 de mayo de 2012 fue secuestrado el defensor José Enrique Morales Montaño, quien habría resultado gravemente lesionado, tras lo cual las amenazas telefónicas se habrían incrementado. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia Medina y demás miembros del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT); que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 60/12 – Integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca, México


El 29 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca, en México. La solicitud de medidas cautelares indica que 76 personas integrantes de la comunidad Triqui asentados actualmente en Valle del Río se encontrarían en una situación de riesgo. Informaron que habían sido desplazados de la localidad de San Juan Copala por parte de actores armados en la zona, y que serían actualmente objeto de amenazas, actos de violencia y hostigamiento con el objetivo de desalojarlos del lugar donde se encuentran actualmente asentados. En ese contexto, el 8 de mayo de 2012, una camioneta habría irrumpido violentamente en la comunidad, disparando contra las viviendas, hechos en los cuales habrían resultado muertas tres personas. La CIDH solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Estado de Oaxaca; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 399/09 – 15 trabajadores de Radio Progreso, Honduras


El 25 de mayo de 2012, la CIDH decidió ampliar la Medida Cautelar 399/09, a favor de Jerson David Rivera Amaya, periodista de Radio Progreso, en Honduras. De acuerdo a la información recibida, Jerson David Rivera Amaya habría recibido amenazas desde octubre de 2011. Se indicó asimismo que las autoridades se habrían negado a recibir su denuncia. La CIDH incluyó a Jerson David Rivera entre los beneficiarios de la medida cautelar y solicitó al Estado de Honduras informar a la CIDH sobre la concertación de su implementación con los beneficiarios. La MC 399/09, que protege a varios trabajadores de Radio Progreso en Honduras, fue desglosada de la MC 196/09 el 1 de abril de 2011.

MC 77/12 – Alberto Patishtán Gómez, México


El 24 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alberto Patishtán Gómez, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que la salud de Alberto Patishtán Gómez, quien se encuentra privado de su libertad, se encuentra en grave peligro por el empeoramiento de un alegado glaucoma. De acuerdo a la solicitud, sin acceso al tratamiento médico adecuado, que depende de la atención que pueda recibir bajo la custodia del Estado, Alberto Patishtán Gómez podría perder la visión de manera permanente. La CIDH soliicitó al Gobierno de México que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud del beneficiario y brindarle el tratamiento adecuado, y que acuerde las medidas a adoptarse con el beneficiario y el peticionario, garantizando el acceso al expediente médico del beneficiario a él y a quien él lo permita.

MC 153/12 – Niurka Luque Álvarez, Cuba


El 16 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Niurka Luque Álvarez, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Niurka Luque Álvarez padece ataques de epilepsia, y que no le habría sido proporcionada atención médica, ni medicamentos, ni permiso para que sus familiares le proveyeran los medicamentos necesarios para atender su situación. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Niurka Luque Álvarez; que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud de la beneficiaria y autorizar el tratamiento adecuado para sus padecimientos, incluyendo la provisión de los medicamentos necesarios para tratar su condición epiléptica; y que adopte estas medidas en consulta con la beneficiaria y sus representantes.

MC 323/11 – Miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y sus Seccionales, Colombia


El 9 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edgar Montilla, Martín Sandoval, Athemay Sterling y Diego Alejandro Martínez Castillo, así como de los integrantes de los Seccionales Bogotá, Huila, Nariño y Arauca del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), en Colombia. La solicitud de medida cautelar alega que los integrantes del CPDH en Bogotá y en 14 seccionales en el país han sido objetos de amenazas, señalamientos y hostigamientos desde 2009. Alegan que, a pesar de haber solicitado medidas de protección, a algunos no les habrían sido concedidas y en otros casos serían insuficientes e inefectivas. La CIDH solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Edgar Montilla, Martín Sandoval, Athemay Sterling y Diego Alejandro Martínez Castillo, así como de los integrantes de los Seccionales Bogotá, Hila, Nariño y Arauca del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 485/11 – X, México


El 8 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la niña X, en México. La CIDH mantiene su identidad en reserva debido a que se trata de un menor de edad. La solicitud de medida cautelar alega que el 17 de julio de 2011, aproximadamente a la una de la madrugada, un grupo de quince policías y paramilitares portando armas de fuego entraron a la casa de la familia de X, en el Estado de Chiapas. La solicitud agrega que el padre de familia no se encontraba, y que la madre intentó despertar a sus cuatro hijos e hijas, pero X no se despertó a tiempo y ella huyó con los otros tres. El paradero actual de la niña X es indeterminado. La CIDH solicitó al Estado de México adoptar, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de la niña X y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares.

MC 13/12 – Miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, Guatemala


El 2 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares, los integrantes del bufete habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos en relación con sus labores, en particular, el impulso de los casos relacionados con el período del conflicto armado interno. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 104/12 – Servicio Penitenciario Bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Argentina


El 13 de abril de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según la solicitud de medidas cautelares, existirían patrones de violencia a lo interno de estas unidades, los cuales estarían vinculados con la presunta presencia de armas blancas y drogas, la alegada inactividad de agentes penitenciarios con respecto a la protección de los reclusos, la supuesta práctica de recluir en una misma celda o espacio a reclusos con enemistad manifiesta, y el hacinamiento, entre otros factores que habrían resultado en la muerte de al menos cuatro reclusos. La CIDH solicitó al Estado de Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad en las unidades 46, 47 y 48 del Sistema Penitenciario Bonaerense.

MC 101/12 – Julius O. Robinson, Estados Unidos


El 9 de abril de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Julius O. Robinson, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-561-12. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 102/12 – José Humberto Torres y familia, Colombia


El 5 de abril de 2012, la CIDH informó al Estado de Colombia su decisión de separar a José Humberto Torres de la Medida Cautelar 83/99, cuyos beneficiarios son los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con el fin de darle seguimiento particularizado a su situación y la de su núcleo familiar. Esta decisión se basa en información recibida por la Comisión en la que se indica qu e presuntos paramilitares recluidos en las cárceles y miembros de la banda criminal “Los Rastrojos” han ofrecido 200 millones de pesos a quien de muerte a José Humberto Torres. La CIDH solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de José Humberto Torres y su familia; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 69/12 – Leonel Asdrúbal Bendfelt y otros, Guatemala


El 5 de abril de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt y Otros, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que Asfrúbal Dubón Bendfelt es objeto de seguimientos desde hace aproximadamente un año, como resultado de su labor de defensor de derechos humanos y de los casos adelantados por la asociación que dirige. Se alega asimismo que las amenazas se habrían intensificado en en los últimos meses, y que habría recibido amenazas directas y telefónicas. La CIDH soliicitó al Gobierno de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt, su núcleo familiar y los integrantes de la asociación “El Refugio de la Niñez”; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 208/10 – Estela Ángeles Mondragón, México


El 1 de marzo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Estela Ángeles Mondragón, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Estela Ángeles Mondragón se encontraría en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos y actos de violencia, presuntamente derivados de su involucramiento en diversos procesos judiciales seguidos a favor de la Comunidad Indígena Rarámuri de Baqueachí. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Estela Ángeles Mondragón; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.

MC 406/11 – Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, Ecuador


El 21 de febrero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, en Ecuador. Esta decisión obedece a la información recibida desde noviembre de 2011 sobre una querella por injurias calumniosas promovida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacio, los tres directores del periódico - Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga - y el diario El Universo. Conforme a la información aportada, el 15 de febrero de 2012 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia que condena a los beneficiarios a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares. Los hechos denunciados a la Comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión de los señores Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Ecuador que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la CIDH convocó a una audiencia el 28 de marzo de 2012, a fin de recibir información de las partes sobre la adopción y vigencia de estas medidas cautelares. Luego de la audiencia, la Comisión decidirá si procede continuar con estas medidas cautelares, modificarlas o levantarlas.

El 9 de marzo de 2012, la CIDH levantó estas medidas cautelares y archivó el expediente, después de recibir una comunicación, de fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual los solicitantes requerían dicho levantamiento, en vista que habían cesado las causas de urgencia inmediata que las motivaron. En vista del levantamiento de las medidas cautelares, la CIDH decidió además cancelar la audiencia programada para el 28 de marzo de 2012.

MC 357/11 – Héctor Rolando Medina, Estados Unidos


El 7 de febrero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Héctor Rolando Medina, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P 1907/11. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 7/12 – Edgar Tamayo Arias, Estados Unidos


El 18 de enero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edgar Tamayo Arias, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P 15/12. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 351/11 – Ananías Laparra Martínez, México


El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ananías Laparra Martínez, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la vida y la salud de Ananías Laparra Martínez, quien se encuentra privado de libertad en un centro de detención en Tapachulas, Chiapas, estaría en grave peligro, debido a que padece una situación crítica de salud y no se le han realizado los exámenes médicos necesarios para diagnosticarlo y recomendar un tratamiento. Alegan asimismo que sus representantes no han tenido acceso al expediente médico. La CIDH solicitó al Gobierno de México que adopte las medidas necesarias para proteger la integridad personal de Ananías Laparra Martínez; que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar el estado de salud del beneficiario y autorizar el tratamiento adecuado; y que adopte las medidas en consulta con el beneficiario y los representantes, garantizándole a él y a quienes él autorice acceso a su expediente médico.

MC 349/11 – Rocío San Miguel, Venezuela


El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, en Venezuela. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Rocío San Miguel habría venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Alega además que las autoridades no habrían realizado investigaciones sobre la procedencia de tales amenazas y actos de hostigamiento, y que no habrían adoptado medidas destinadas a garantizar su vida, integridad y seguridad. La CIDH solicitó al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío San Miguel y de su hija menor de edad; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.

MC 196/09 – Honduras


Durante el 143° período de sesiones la CIDH decidió que se proceda paulatinamente a separar de la MC 196.09, aquellos asuntos sobre los que se tiene información actualizada y que sugieran la continuidad del riesgo para los beneficiarios. En tales situaciones, se procederá a asignarles un nuevo números de medida cautelar correspondiente al 2009. En este proceso ya se han separado las siguientes situaciones: MC 398.09 HO (Esdras Amado López); MC 399.09 (Trabajadores de Diario Progreso); 400.09 HO (Berta Oliva y miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)); 401.09 HO (Rasel Antonio Tome Flores y su familia).

MC 471/11 - Jurijus Kadamovas y otros, Estados Unidos


El 27 de diciembre de 2011 la Comisión solicitó la adopción inmediata de medidas cautelares en virtud del artículo 25 (1) de su Reglamento con el fin de evitar un daño irreparable de Jurijus Kadamovas, German Sinnistera, Arboleda Ortiz, Robert L. Bolden, Iouri Mikhel, y Alejandro Umaña, quienes fueron condenados a pena de muerte. El peticionario alega, entre otras cosas, discriminación en razón de nacionalidad, condiciones de reclusión inhumanas y falta de atención médica. Con respecto a esto último, el peticionario alega que Jurijus Kadamovas no ha recibido ayuda psiquiátrica o psicológica, a pesar de sus peticiones, y que Robert L. Bolden no está recibiendo el tratamiento necesario para atender su problema de diabetes tipo 1. La Comisión pidió a los Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad física de Kadamovas Jurijus y otros a fin de no obstaculizar el trámite del caso actualmente pendiente ante el sistema interamericano, bajo la petición número P 1285-1211.

MC 470/11 - Iván Teleguz, Estados Unidos


El 22 de diciembre de 2011 la CIDH otorgo medidas cautelares a favor del señor Iván Teleguz quien fue sentenciado a pena de muerte por la Corte del Circuito de Rockingham en el estado de Virginia. La solicitud de medidas cautelares se encuentran acompañadas por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-1528-11. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 18/09 – Paul Pierre, Estados Unidos


El 22 de diciembre la CIDH otorgo medidas cautelares a favor del señor Paul Pierre, de origen haitiano, quien pudiera ser deportado a Haití en cualquier momento. Según los solicitantes, de ser deportado a Haití. Conforme a lo alegado, el Sr. Pierre sufre de “esophageal displasia”, por lo cual depende de un tubo para alimentarse con sustancias líquidas. En vista de lo anterior, la CIDH solicito a los Estados Unidos abstenerse de deportar a Haití al señor Paul Pierre, hasta tanto la CIDH se pronuncie sobre la petición P’1431.08 actualmente en trámite ante la Comisión.

MC 465/11 - Virgilio Maldonado Rodríguez, Estados Unidos


El 21 de diciembre de 2011 la CIDH otorgo medidas cautelares a favor de Virgilio Maldonado Rodríguez, de nacionalidad Mexicana condenado a pena de muerte en el estado de Texas en los Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentran acompañadas por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-1762-11. En particular, la petición alega que los tribunales estadounidenses no tomaron en cuenta la discapacidad mental del señor Maldonado, por lo cual la imposición de la pena capital constituiría un trato cruel en los términos de la Declaración Americana. La situación del señor Maldonado fue tratado por la Corte Internacional de Justicia en el año 2004 en el caso Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos), en el cual la Corte ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los veredictos de culpabilidad y las sentencias de los ciudadanos mexicanos identificados en la decisión. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 463/11 – Nelson Iván Serrano Sáenz, Estados Unidos


El 15 de diciembre de 2011 la CIDH otorgo medidas cautelares a favor del Sr. Nelson Iván Serrano Sáenz de nacionalidad ecuatoriana condenado a pena de muerte en el estado de la Florida en los Estados unidos La solicitud de medidas cautelares se encuentran acompañadas por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P- 1643-11. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.

MC 393/10 - Luis Álvarez Renta, República Dominicana


El 15 de diciembre de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de CIDH Luis Álvarez Renta. La decisión de la Comisión se basa en una solicitud en la cual se alega que la integridad personal y la salud de la persona arriba mencionada se encuentran en grave peligro. Se Aduce que el Sr. Renta se encuentra actualmente privado de libertad en la Cárcel Modelo de Najayo, San Cristóbal, en una situación critica de salud, sin que se le haya permitido la intervención quirúrgicamente en la zona lumbar sugerida por médicos especialistas. Según un reporte médico de la Clínica Abreu de fecha 16 de noviembre de 2011 se indica que el Sr. Renta tiene un "síndrome de claudicación intermitente (DEJERINE) a causa de una estenosis del canal raquídeo Lumbar [y que] esta condición requiere de una laminectomía lumbar para descomprimir dicho canal. Este procedimiento quirúrgico debe realizarse a la mayor brevedad posible para evitar daños neurológicos severos." En vista de lo anterior, la CIDH solicito al Gobierno de la República Dominicana que: 1. Adopte las medidas necesarias para proteger la integridad personal del Sr. Álvarez Renta; 2. Instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud del beneficiario y autorizar el tratamiento adecuado para los padecimientos del beneficiario y que 3. Adopte estas presentes medidas en consulta con los beneficiarios y sus representantes.

MC 370/11 - Sara Marta Fonseca Quevedo, Cuba


El 6 de diciembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Sara Marta Fonseca Quevedo en Cuba. En la solicitud se alega que Sara Marta Fonseca Quevedo, Secretaria Ejecutiva del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y delegada del Movimiento Feminista por los Derechos Civiles Rosa Parks en la Habana, ha sido hostigada cuando ha acudido a recibir atención médica en centros estatales de atención a la salud, presuntamente a causa de su posición política y condición de defensora de derechos humanos. Asimismo, señala que durante 2011, Sara Marta Fonseca Quevedo fue detenida cuatro veces, frecuentemente de manera violenta. Los solicitantes indican Sara Marta Fonseca Quevedo estuvo detenida del 24 de septiembre al 24 de octubre de 2011 y debido a la presunta violencia utilizada durante la detención, se habría agravado una lesión preexistente en su espalda, por lo que no se podía levantar por si misma. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno de Cuba que: adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Sara Marta Fonseca Quevedo y para garantizar que no sea hostigada por el personal de los hospitales públicos; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 262/11 - Diez personas presuntamente desaparecidas, México


El 2 de diciembre de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 10 Integrantes de la Sociedad Cooperativa Eco-turística - Zapotengo Pacheco. Los solicitantes de las medidas cautelares alegan que el 13 de julio de 2010 los señores Nemonio Vizarretea Vinalay, Fidel Espino Ruiz, Gregorio Hernández Rodríguez, Andrés Vizarretea Salinas, Luis Vizarretera Salinas, Juan Carlos Vizarretea Salinas, Benito Salinas Robles, Juan Antonio Feria Hernández, Isauro Rojas Rojas y Adelardo Espino Carmona habrían abordado un autobús rumbo a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con el objetivo de comprar vehículos. El 14 de julio de 2010 las personas mencionadas se habrían comunicado con sus familiares indicando que habrían llegado a Tamaulipas. Se indica que desde ese día, sus familiares no conocen su paradero. Los solicitantes manifiestan que el 18 de marzo de 2011 la Procuraduría General de la República les habría informado que las personas presuntamente desaparecidas habrían sido privadas de libertad y se encontrarían detenidos en Morelos, sin indicar el lugar exacto. El 15 de julio de 2011 funcionarios de la ciudad de Morelos habrían informado que habría existido un error en la captura de datos y que las personas mencionadas en ningún momento estuvieron detenidas, ni arraigadas. Los solicitantes destacan que, hasta la fecha, no tienen ningún tipo de información concreta sobre la situación y paradero de las personas señaladas. En vista de lo anterior, la Comisión solicito al Gobierno de México que: 1. adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Nemonio Vizarretea Vinalay, Fidel Espino Ruiz, Gregorio Hernández Rodríguez, Andrés Vizarretea Salinas, Luis Vizarretea Salinas, Juan Carlos Vizarretea Salinas, Benito Salinas Robles, Juan Antonio Feria Hernández, Isauro Rojas Rojas y Adelardo Espino Carmona; é 2. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares.

MC 425/11 – X, Argentina


El 18 de noviembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, en Argentina; cuya identidad se mantiene en reserva a solicitud del beneficiario. En la solicitud de medida cautelar se alegó que X habría sido víctima de ataques contra su vida e integridad por parte de agentes del Complejo Penitenciario Federal No 2 de Marcos Paz, donde se encontraba detenido. Agrega que como resultado de uno de esos ataques, habría debido ser internado en un hospital de Buenos Aires. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de X, concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y su representante, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 255/11 – Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, Colombia


El 14 de noviembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que los miembros del pueblo indígena Nasa en estos cuatro resguardos contiguos se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado en el norte del departamento del Cauca, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia. Agrega que a pesar del reconocimiento de la situación de riesgo del pueblo Nasa por parte de las autoridades, no se han adoptado las medidas necesarias y suficientes para protegerles. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 422/11 – Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes, Gustavo Girón, Guatemala


El 14 de noviembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes, Gustavo Girón, en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que los periodistas Lucía Carolina Escobar Mejía y Gustavo Girón, quienes trabajan en el diario “El Periódico” y otros medios, habían recibido amenazas como consecuencia de la publicación de artículos sobre presuntos hechos de violencia cometidos supuestamente por un grupo autodenominado “Comisión de Seguridad de Panajachel”. La solicitud añade que este grupo operaría con aquiescencia de las autoridades locales. Asimismo, alega que Cledy Lorena Caal Cumes sería objeto de amenazas debido al impulso procesal que estaría proporcionando a las investigaciones sobre la desaparición de su pareja, en la cual alega que estarían involucrados miembros del mencionado grupo. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes y Gustavo Girón, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 17/10 – Habitantes de la Comunidad de Omoa, Honduras


El 8 de noviembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de la Comunidad de Omoa, en Honduras. La solicitud de medida cautelar alega que la vida y la integridad de los aproximadamente 8.000 habitantes de Omoa estaría en riesgo debido al almacén de gas licuado de petróleo operado por la empresa Gas del Caribe en el caso urbano de Omoa. La solicitud alega que la ubicación del almacén sobre una falla geográfica en un lugar vulnerable a catástrofes naturales conlleva el riesgo de producir una explosión en cadena de las esferas de gas. Según un estudio realizado por el Ministerio Público de Honduras, dicha situación podría producir la muerte de entre 103 y 1.400 personas, un riesgo que se calificó como “inaceptable”. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley y las normas ambientales existentes en Honduras por parte de la empresa Gas del Caribe, y adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo para la vida y la integridad de los habitantes de la Comunidad de Omoa a un nivel aceptable.

MC 423/10 – X, Argentina


El 24 de octubre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, en Argentina. Su identidad se mantiene en reserva debido a que se trata de un menor de edad. En la solicitud de medida cautelar se alegó que el niño padece de encefalopatía crónica no evolutiva y otras enfermedades, y que la asistencia médica proporcionada por el Estado sería deficiente, poniendo en riesgo su vida y el desarrollo de sus músculos y huesos. La Comisión solicitó al Estado adoptar medidas urgentes a fin de garantizar efectivamente las condiciones médicas necesarias y suficientes para que el beneficiario pueda desarrollar una vida con calidad y dignidad, en la que no se vea afectada de forma irreparable su derecho a la vida, y concertar las medidas a adoptarse con su familia.

MC 305/11 – Wilmer Nahúm Fonseca y familia, Honduras


El 13 de octubre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Wilmer Nahúm Fonseca y su familia, en Honduras. La solicitud de medida cautelar alega que seis miembros de la familia de Wilmer Nahúm Fonseca fueron víctimas de desaparición forzada durante 2009 y 2010, presuntamente por parte de agentes de la Policía Nacional. Adicionalmente, señala que su padre, Apolonio Fonseca Mejía, habría sido asesinado el 27 de junio de 2011, y que su hermano, Usai Fonseca Rodríguez, habría sido víctima de una tentativa de homicidio el 3 de octubre de 2011. La solicitud indica que los hechos han sido denunciados ante las autoridades, sin que hayan respondido en forma oportuna. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Wilmer Nahúm Fonseca, Usai Fonseca Rodríguez, Lidia América Fonseca Rodríguez, Nolvia Suyapa Fonseca Rodríguez, Sarvia Thamar Fonseca Rodríguez, Milvia Sarai Fonseca Rodríguez, y los hijos de todos ellos. Asimismo, la Comisión solicitó al Estado concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 330/11 – José Reynaldo Cruz Palma, Honduras


El 3 de octubre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Reynaldo Cruz Palma, e Honduras. La solicitud de medida cautelar alega que José Reynaldo Cruz Palma, quien se habría desempeñado como Presidente del Patronato de la Colonia Planeta, en San Pedro Sula, desapareció el 30 de agosto de 2011, cuando se dirigía en autobús a la ciudad Planeta. En vista de la supuesta falta de acciones del Estado en la búsqueda de la persona presuntamente desaparecida, la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de José Reynaldo Cruz Palma y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 153/11 – X y Z, Jamaica


El 21 de septiembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X y Z, en Jamaica. Su identidad se mantiene en reserva a solicitud de los beneficiarios y/o sus representantes. La solicitud de medida cautelar indica que ambos han sido víctimas de agresiones, ataques, amenazas y hostigamiento, debido a su orientación sexual. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Jamaica que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar su vida y su integridad física, acordar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares.

MC 322/11 – Miriam Miranda, Honduras


El 16 de septiembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Miriam Miranda, en Honduras. La solicitud de medida cautelar alega que Miriam Miranda ha sido objeto de amenazas y hostigamientos en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garifunas en Honduras. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Miriam Miranda, concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 276/11 – X, Honduras


El 15 de septiembre de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, en Honduras. Su identidad se mantiene en reserva debido a que se trata de un menor de edad. La solicitud de medida cautelar alega que el 19 de junio de 2011, X y un amigo habrían sido detenidos por tres agentes de la policía de Comayagüela. Agrega que el amigo habría sido liberado ese día, pero que cuando los familiares de X fueron a buscarlo a la estación, los agentes habrían proporcionado información inconsistente sobre su paradero. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para determinar el paradero de X y para proteger su vida e integridad, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar. Posteriormente, las partes informaron a la CIDH que fue encontrado un cuerpo, presuntamente de X. La CIDH solicitó al Estado informar sobre las diligencias practicadas a fin de identificar el cuerpo.

MC 240/11 - Ocho miembros del “Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos Aguan (MARCA) (Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio Francisco Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres Espinales, Eduardo Antonio Fuentes Rossel y Santos Eliseo Pavón Ávila), Honduras


El 8 de septiembre de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio Francisco Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres Espinales, Eduardo Antonio Fuentes Rossel y Santos Eliseo Pavón Ávila, miembros del “Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos Aguan (MARCA) en Honduras. La solicitud alega que el día 20 de agosto de 2011 el señor Secundino Ruiz Vallecillos habría sido asesinado y Eliseo Pavón habría sido herido. Según el solicitante, ambas personas se dirigían con destino a la sede de la Cooperativa la Palma, cuando habrían sido emboscados por sicarios, quienes les habrían disparado. Adicionalmente se indica que los presuntos hechos habrían sido cometidos en el contexto de persecución a los miembros de MARCA. En consecuencia, la Comisión solicito al Gobierno de Honduras que: 1. adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio Francisco Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres Espinales, Eduardo Antonio Fuentes Rossel y Santos Eliseo Pavón Ávila; 2. concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e 3. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 301/11 – Manuel Valle, Estados Unidos


El 19 de agosto de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel Valle, Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentran acompañadas por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P 1058-11. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano. Actualización: La pena de muerte contra Manuel Valle fue ejecutada en una prisión del Estado de Florida el 28 de septiembre de 2011.

MC 291/11 – José Antonio Cantoral Benavides y otros, Bolivia


El 8 de agosto de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Antonio Cantoral Benavides, de nacionalidad peruana, quien tendría condición de refugiado en Bolivia. La Comisión recibió asimismo una petición que hace referencia a José Antonio Cantoral Benavides y otros. En la solicitud de medida cautelar se alegó que Cantoral Benavides habría sido privado de libertad el 1 de agosto de 2011 y que durante su detención, habría sido fuertemente golpeado. Asimismo, se indica que el 3 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Refugiados de Perú habría emitido una resolución mediante la cual se determina su expulsión inmediata del país, presuntamente sin haber escuchado a Cantoral Benavides y sin cumplir con los requisitos legales correspondientes. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para abstenerse de expulsar a José Antonio Cantoral Benavides de Bolivia hasta tanto la CIDH se pronuncie sobre la petición de referencia, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad, concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes e informar periódicamente a la CIDH sobre las acciones adoptadas. De acuerdo a información recibida posteriormente, el señor José Antonio Cantoral Benavides permanece en Bolivia, en detención domiciliaría.

MC 199/11 – Personas privadas de libertad en la Prisión Profesor Aníbal Bruno, Brasil


El 4 de agosto de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en la Prisión Profesor Aníbal Bruno, ciudad de Recife, Estado de Pernambuco, en Brasil. En la solicitud de medida cautelar se alegó que 97 personas privadas de libertad habrían fallecido en la Prisión Profesor Aníbal Bruno desde enero de 2008, de las cuales 55 habrían sido muertes violentas. La solicitud también alega que varios presos habrían sido torturados, presuntamente por las autoridades o con su consentimiento. Asimismo, indica que en julio de 2011 hubo dos motines en los cuales resultaron muertas dos personas y heridas otras 16. La Comisión solicitó al Estado adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad en la Prisión Profesor Aníbal Bruno, adoptar las medidas necesarias para aumentar el personal de seguridad en la prisión y garantizar que sean los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado los encargados de las funciones de seguridad interna, eliminando el sistema de los llamados “chaveiros” e impidiendo que las personas privadas de libertad tengan funciones disciplinarias, de control o de seguridad. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado asegurar atención médica adecuada a los benefciiarios e informar las acciones adoptadas a fin de disminuir la situación de superpoblación en esta prisión, entre otras.

El 2 de octubre de 2012, la CIDH amplió estas medidas cautelares, a fin de proteger a los funcionarios y a los visitantes del centro penitenciario.

MC 160/11 – Kevin Cooper, Estados Unidos


El 3 de agosto de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Kevin Cooper, quien se encuentra privado de libertad en Estados Unidos en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1986. La solicitud de medida cautelar fue presentada en el contexto de una comunicación sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana.

MC 368/10 – María Tirsa Paz y Otros, Colombia


El 29 de julio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Tirsa Paz y otras, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó la existencia de una situación de riesgo de 27 mujeres afrocolombianas y sus familias que fueron desplazadas de los municipios El Charco, Barbacoas y La Tola, en el departamento de Nariño. De acuerdo a información adicional enviada por los solicitantes, la situación de riesgo persistiría en las comunidades a las que las mujeres y sus familias se encontrarían residiendo. En particular, señalaron que en junio de 2011, en el barrio donde se albergan cuatro de las beneficiarias, habrían sido asesinados cuatro jóvenes y otros seis habrían resultado heridos, en un presunto enfrentamiento entre grupos ilegales. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las 27 mujeres afrocolombianas desplazadas y sus familias, concertar las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, por medio de un diálogo que tome en cuenta las particularidades de la situación de las beneficiarias, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 344/08 – Familia de Javier Torres Cruz, México


El 29 de julio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la familia de Javier Torres Cruz, en México. Los solicitantes de la medida cautelar alegan que Javier Torres Cruz fue asesinado el 18 de abril de 2011 cerca de su comunidad, “La Morena”, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, presuntamente como resultado de sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente en la sierra de Petatlán. Se indica que su familia continúa en una situación de riesgo tras el asesinato y que habrían detectado vehículos desconocidos haciendo vigilancia a la residencia familiar. Puntualizaron que su hermano, Felipe Torres, quien lo acompañaba el día en que fue asesinado y quien resultó gravemente herido, habría recibido una amenaza de muerte. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los familiares del señor Javier Torres que residen en la comunidad, “La Morena”, en el municipio de Petatlán, Estado de Guerrero; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 257/11 – Mark Anthony Stroman, Estados Unidos


El 18 de julio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Mark Anthony Stroman, quien se encuentra privado de libertad en Estados Unidos en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 2002. La solicitud de medida cautelar fue presentada en el contexto de una comunicación sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana. La CIDH tomó conocimiento de que el 20 de julio, Mark Anthony Stroman fue ejecutado en Texas.

MC 218/11 – Yris Tamara Pérez Aguilera, Cuba


El 6 de julio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yris Tamara Pérez Aguilera, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Yris Tamara Pérez Aguilera, quien sería líder del Movimiento Feminista Rosa Parks y disidente política, ha sido víctima de presuntas agresiones físicas, hostigamientos y amenazas por parte de agentes del Estado. Específicamente, se indica que como consecuencia de una nueva agresión sufrida el 25 de mayo de 2011, padecería actualmente de un trauma cervical, pérdida de la memoria y dolores de cabeza, sin que se le esté proporcionando el tratamiento médico que requiere. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Yris Tamara Pérez Aguilera; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 171/11 – Edwin A. Márquez González, Estados Unidos


El 5 de julio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edwin A. Márquez González, en Estados Unidos. En la solicitud de medida cautelar se alega que Edwin Márquez González, ciudadano de El Salvador con una orden final de deportación, sufre de una enfermedad renal en fase final y recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana. Se indica que si fuera deportado, la vida de Edwin Márquez González estará en riesgo, dado que en El Salvador la disponibilidad del tratamiento de hemodiálisis es limitada. La Comisión Interamericana solicitó a los Estados Unidos adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que Edwin Márquez González no sea deportado hasta haber recibido la seguridad de que recibirá en El Salvador el tratamiento médico necesario para proteger su derecho a la vida y a la integridad personal.

MC 448/10 – Víctor Ayala Tapia, México


El 28 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Víctor Ayala Tapia, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que Víctor Ayala Tapia estaba desaparecido desde el 14 de septiembre de 2010, cuando personas fuertemente armadas habrían irrumpido en su residencia, amenazado a todos los presentes con armas y procediendo a secuestrar al señor Ayala Tapia. En vista de la supuesta falta de acciones en la búsqueda de la persona presuntamente desaparecida, la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Víctor Ayala Tapia y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 359/10 – Integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad, Colombia


El 28 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que en los últimos meses se habrían recrudecido las amenazas, los hostigamientos y los seguimientos en su contra, razón por la cual se habrían tenido que desplazar de Santiago de Cali. La solicitud añade que las autoridades habrían tomado conocimiento de la situación de riesgo, pero no habrían proporcionado medidas de seguridad. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Alexander Montaña, Sofía López, Walter Mondragón Delgado y Homero Montaña, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 150/11 – Sandra Viviana Cuéllar e Hildebrando Vélez, Colombia


El 22 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Sandra Viviana Cuéllar, en Colombia. La solicitud de medida cautelar alega que Sandra Viviana Cuéllar se encuentra desaparecida, y que la presunta desaparición habría sido realizada como consecuencia de su labor en defensa del medio ambiente en el Valle del Cauca. En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida, la CIDH otorgó medidas cautelares con el fin de garantizar la vida e integridad personal de la beneficiaria. La Comisión solicitó al Estado que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Sandra Viviana Cuellar y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar. El 13 de junio de 2011, la CIDH amplió esta medida cautelar y solicitó la adopción de medidas cautelares para Hildebrando Vélez. Según la información recibida, Hildebrando Vélez habría recibido amenazas, debido a su involucramiento en la búsqueda de Sandra Viviana Cuéllar. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Hildebrando Vélez, concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y su representante, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de esta medida cautelar.

MC 219/11 – Familiares de los internos en las cárceles Rodeo I y Rodeo II, Venezuela


El 21 de junio de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los familiares de los internos de las cárceles Rodeo I y Rodeo II y demás personas que se encuentran aglomeradas y en protesta en las inmediaciones de dichos centros, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares señala que familiares de los internos habrían recurrido a las inmediaciones de Rodeo I y II a fin de solicitar información sobre la situación de los reclusos, tras un operativo realizado por las autoridades para recuperar el control de dichas cárceles. La información aportada por los solicitantes señala que los cuerpos de seguridad les habrían lanzado bombas lacrimógenas y chorros de agua, en un contexto de tensión. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Venezuela que garantice la vida e integridad personal de los familiares de los internos de las cárceles Rodeo I y II y demás personas que se encuentran en las inmediaciones de dichos centros, hasta tanto se normalice la situación.

MC 185/10 – X, Ecuador


El 20 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, en Ecuador con el fin de proteger su vida e integridad personal. Esta medida cautelar se mantiene en reserva a solicitud del beneficiario y sus representantes.

MC 121/11 - 14 Comunidades Indígenas Q'echi del Municipio de Panzos, Guatemala


El 20 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 14 comunidades indígenas Q'echi del Municipio de Panzos, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que 14 comunidades indígenas Q'echi habrían sido desalojadas forzosamente en el Municipio de Panzós, Departamento de Alta Verapaz, entre el 15 y el 23 de marzo de 2011. Se alega que la orden judicial de desalojo no fue comunicada a las comunidades afectadas y que no se ejecutó en cumplimiento con los requisitos de ley. La información recibida señala que, transcurridos más de dos meses desde el desalojo, entre 700 y 800 familias de la comunidad se encuentran viviendo en condiciones precarias, sin acceso a alimentos y agua, y sin que agencias estatales les hubieren proporcionado albergue ni soluciones nutricionales. Asimismo, señalan que han ocurrido hechos de violencia contra las comunidades el 13 y 21 de mayo y el 4 de junio, en los cuales habrían resultado muertas dos personas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades indígenas Q'echi; adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, a los miembros de las 14 comunidades que se encuentran desplazadas; y concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes.

MC 150/11 – Sandra Viviana Cuéllar, Colombia


El 13 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hildebrando Vélez. Según la información recibida, Hildebrando Vélez habría recibido amenazas debido a su involucramiento en la búsqueda de Sandra Viviana Cuéllar. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Hildebrando Vélez, concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y su representante, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de esta medida cautelar. El 22 de junio de 2011, la CIDH amplio esta medida cautelar a favor de Sandra Viviana Cuéllar, en Colombia. La solicitud de medida cautelar alega que Sandra Viviana Cuéllar se encuentra desaparecida, y que la presunta desaparición habría sido realizada como consecuencia de su labor en defensa del medio ambiente en el Valle del Cauca. En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida, la CIDH otorgó medidas cautelares con el fin de garantizar la vida e integridad personal de la beneficiaria. La Comisión solicitó al Estado que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Sandra Viviana Cuellar y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 281/10 – Oscar Siri Zuñiga y familia, Honduras


El 10 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Oscar Siri Zuñiga y su núcleo familiar, en Honduras. La solicitud de medida cautelar alega que desde febrero de 2011, personas armadas han vigilado la residencia de Siri Zuñiga, y que el 19 de mayo hubo un tiroteo en su propiedad cuando tres personas armadas intentaron ingresar a la residencia. Agrega que el esquema de seguridad ofrecido por el Estado habría sido reducido a una persona. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Oscar Siri Zuñiga y su núcleo familiar, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 187/11 - Idana Yanes Contreras y su núcleo familiar, Cuba


El 8 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Idania Yanes Contreras y su núcleo familiar, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Idania Yanes Contreras habría sido objeto de actos de intimidación y agresiones físicas por parte de las fuerzas públicas, presuntamente a causa de su participación en manifestaciones de protesta durante los últimos años. Indica asimismo que el 8 de abril de 2011 habría sido golpeada por oficiales de la Seguridad del Estado, lo cual la habría dejado en un estado delicado de salud. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Idania Yanes Contreras y su núcleo familiar; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 355/10 - 21 familias de la comunidad Nonam del pueblo indígena Wounaan, Colombia


El 3 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 21 familias de la comunidad Nonan, del pueblo indígena Wounaan, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que las familias han sido objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos armados ilegales. Se indica que debieron desplazarse de su territorio y que como consecuencia han tenido graves problemas en el acceso a alimentación, vivienda y medicinas. Agrega asimismo que las familias no habrían recibido atención médica y humanitaria de forma consistente y efectiva durante los nueve meses transcurridos desde su desplazamiento, a pesar de que se dictó un fallo de tutela a su favor. Esta situación habría tenido como consecuencia la muerte de tuberculosis de una niña de 11 meses de edad, el 12 de mayo de 2011. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar medidas necesarias, consensuadas con los beneficiarios, para garantizar la vida y la integridad física de las 21 familias de la comunidad Nonan del pueblo indígena Wounaan, para brindar asistencia humanitaria y atención médica a los beneficiarios en situación de desplazamiento, y para garantizar su retorno al Resguardo Indígena de Santa Rosa de Guayacán en condiciones de dignidad y seguridad.

MC 5/11 – Haitianos en proceso de deportación, Estados Unidos - AMPLIACIÓN


El 31 de mayo de 2011, la CIDH amplió la Medida Cautelar 5/11 a favor de 33 personas que enfrentan la posibilidad de ser deportadas de Estados Unidos a Haití. La identidad de los beneficiarios será mantenida bajo confidencialidad a solicitud de la parte peticionaria. La solicitud de medida cautelar alega que la vida y la salud de estas personas estaría en grave riesgo si son deportadas a ese país, debido a su condición médica y a la ausencia de familiares en Haití que pudieran asistirlos en obtener tratamiento médico, alimentos y agua potable. La Comisión Interamericana solicitó a los Estados Unidos que los procesos de deportación de las 33 personas beneficiarias incluidas en esta ampliación queden suspendidos hasta que: (1) Haití pueda garantizar que las condiciones de detención y el acceso a tratamiento médico para personas en custodia cumplan con los mínimos estándares aplicables, y (2) los procedimientos mediante los cuales se deciden y revisan las deportaciones de los beneficiarios tomen en cuenta adecuadamente su derecho a la vida familiar y sus lazos familiares en Estados Unidos. Asimismo, la CIDH solicitó a Estados Unidos informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas en acuerdo con los beneficiarios y los peticionarios a fin de implementar estas medidas.

(MC 5/11 fue otorgada el 1 de febrero de 2011, y desde entonces la CIDH ha aprobado varias ampliaciones. Lea el resumen completo abajo.)

MC 111/10 – Rosa Díaz Gómez y otros integrantes del ejido Jotolá, México


El 19 de mayo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rosa Díaz Gómez y otros integrantes del ejido Jotolá, en México. La solicitud de medida cautelar indica que Rosa Díaz Gómez y otros integrantes del ejido Jotolá han sido objeto de agresiones y amenazas por parte de particulares desde el 24 de marzo de 2010. Se alega que las medidas adoptadas por el Gobierno no habrían sido eficaces y que la situación de riesgo habría aumentado con la liberación bajo fianza de los presuntos agresores en abril de 2011. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rosa Díaz Gómez, Carmela Sánchez Cruz, César Augusto Sánchez Gómez, Anita Méndez Aguilar, Marcos Moreno Méndez, Francisco Moreno Méndez, Enriqueta Gómez Santis, Maikon Pakal Sánchez Gómez, Sami Santiago Sánchez Gómez, Ricardo Sánchez Luna, Mario Sánchez López, Marcelina Arco Pérez, Débora Sánchez Arco, Marcela Sánchez Arco, Mario Sánchez Arco, Isaías Sánchez Arco, Hilaria Pérez Jiménez, Mario Josué Sánchez Pérez y Saraí Sánchez Pérez, y que acuerde las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

MC 55/10 – Patricia Galarza Gándara y otros, México


El 19 de mayo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Patricia Galarza Gándara, Oscar Enríquez, Javier Ávila y Francisca Galván, en México. La solicitud de medida cautelar alega que estas personas son representantes legales de las familias de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Angel Alvarado Herrera, todos desaparecidos desde diciembre de 2009. Varios familiares y un representante de las personas desaparecidas son beneficiarias de medidas provisionales dictadas por la Corte IDH. La solicitud indica que los beneficiarios son objeto de actos intimidatorios. La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Patricia Galarza Gándara, Oscar Enríquez, Javier Ávila y Francisca Galván, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 270/10 – Casa del Migrante Nazareth y el Centro de Derechos Humanos, Nuevo Laredo, México


El 16 de mayo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de Casa del Migrante Nazareth y del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que los miembros de la Casa del Migrante Nazareth y el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, han sido objeto de seguimientos y amenazas . La Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los miembros de Casa del Migrante Nazareth y del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

MC 143/11 – Leo Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid, Honduras


El 26 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leo Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid, en Honduras. La solicitud de medida cautelar indica que Leo Valladares Lanza y su esposa, Daysi Pineda Madrid, han sido objeto de seguimientos y hostigamientos por personas desconocidas después de unos comentarios realizados por Valladares Lanza en un programa de televisión en febrero de 2011. Agrega que el 28 de marzo de 2011, desconocidos ingresaron a las oficinas de la Asociación por una Ciudadanía Participativa, de la cual Valladares Lanza es director ejecutivo, y revisaron los documentos de la organización. La solicitud alega que aunque se presentó denuncia y solicitud de protección, el Estado no habría adoptado medidas para garantizar su seguridad. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad física de Leo Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid y a fin de garantizar que Leo Valladares Lanza pueda continuar ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad, así como también que acuerde las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

MC 404/10 – Comunidad Indígena Qom Navogoh “La Primavera”, Argentina


El 21 de abril de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, “La Primavera”, en la Provincia de Formosa, Argentina. La solicitud de medidas cautelares alega que miembros de las fuerzas de seguridad habrían perpetrado una serie de hechos de violencia contra los miembros de la comunidad, a raíz de lo cual el líder Félix Díaz y su familia debieron desplazarse a otra zona. Los solicitantes informaron que los agresores continuarían custodiando el área, creando un clima de tensión entre los pobladores. Añadieron asimismo que no se habrían implementado medidas de seguridad para permitir el regreso de Félix Díaz y su familia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, “La Primavera”, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, la fuerza pública u otros agentes estatales, así como también implementar las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su familia a la comunidad en condiciones de seguridad.

MC 115/11 – Comunicadores de La Voz de Zacate Grande, Honduras


El 18 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares indica que desde la apertura de la emisora La Voz de Zacate Grande en abril de 2010, sus comunicadores habrían sido objeto de hostigamientos y agresiones por parte de personas privadas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Se alega que el 13 de marzo de 2011, Franklin Meléndez fue atacado con un arma de fuego por presuntos opositores de la línea informativa de la emisora, después de lo cual otros comunicadores de la radio habrían sido objeto de amenazas. La solicitud indica que las autoridades no habrían investigado los hechos con debida diligencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

MC 269/08 – Miembros de la Comunidad Lof Paichil Antriao del Pueblo Indígena Mapuche, Argentina


El 6 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los Miembros de la Comunidad Lof Paichil Antriao del Pueblo Indígena Mapuche. La solicitud de medida cautelar alega que existe una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daños irreparables derivados de actos de hostigamiento; que existe un riesgo de destrucción de un lugar sagrado conocido como Rewe; que se obstaculiza el acceso de los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao a Rewe, y que familias de la comunidad fueron desplazadas del territorio que reclaman como tierra ancestral. Adicionalmente se alega que si bien este Rewe actualmente está protegido por una medida judicial interna, los miembros de la Comunidad no han podido acceder al mismo para el desarrollo de las prácticas rituales exigidas por su cultura. También se indica que las familias que se encuentran desplazadas en las zonas aledañas al territorio en disputa se encontrarían con una situación precaria de salud y alimentación. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al Rewe ubicado en el predio objeto del litigio no sea levantada hasta que la CIDH decida sobre los méritos de la petición 962-08, actualmente en estudio. En este aspecto, la Comisión también solicitó al Estado que adopte medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preserve este lugar sagrado. Adicionalmente, la CIDH solicitó que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao que requieran acceder al Rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la Policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presenten episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la Policía o de tales otros grupos de seguridad. Finalmente, se solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para atender a la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar.

MC 105/11 – Comunidades de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, Panamá


El 5 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los Pueblos Indígenas Kuna de Mandungandi y Emberá de Bayano, en Panamá. Esta medida cautelar está ligada al Caso 12.354, que está en etapa de fondo en el trámite ante la CIDH (el Informe de Admisibilidad No. 58/09 fue aprobado el 21 de abril de 2009). En la solicitud de medida cautelar se indica que en febrero y marzo de 2011 habrían tenido lugar invasiones masivas en los territorios de la comarca Kuna de Madungandi y Embera de Bayano. Alega que los colonos, a través de acciones violentas, se habrían apoderado y destruido bosques vírgenes que serían utilizados por las comunidades indígenas para asegurar su alimentación. Los solicitantes destacaron que dicha situación ha sido recurrente y que el Estado no estaría adoptando medidas diligentes para detener dichas invasiones. Con el fin de que el objeto de la petición del caso no se torne abstracto, la Comisión solicitó al Estado de Panamá la adopción de las medidas necesarias para proteger el territorio ancestral de las comunidades de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano de invasiones de terceras personas y de la destrucción de sus bosques y cultivos, hasta que la CIDH adopte una decisión definitiva sobre el caso 12.354.

MC 87/11 – Blanca Estela Puac Menchú y familia, Guatemala


El 4 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca Estela Puac Menchú y su familia, en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Blanca Estela Puac Menchú y su hija habrían sido victimas de un atentado el 12 de febrero de 2011, en el cual habría muerto el agente William Estuardo Orozco Pineda y habría resultado herido el agente Heberto Revolorio, quienes cumplían la función de protegerla. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, que concierte las medidas con los beneficiarios y su representante, y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.

MC 72/11 – Leonel Casco Gutiérrez, Honduras


El 4 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leonel Casco Gutiérrez, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Leonel Casco Gutiérrez, quien se desempeñaría como Director del área legal del Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, estaría en una situación de riesgo debido a su involucramiento en una serie de denuncias públicas sobre un presunto plan para asesinar a determinadas personas en Honduras. Adicionalmente, el solicitante señala que él y su esposa, estarían recibiendo amenazas por medio de mensajes telefónicos. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física del beneficiario, y que se concierten con él las medidas a adoptarse.

MC 382/10 – Comunidades Indigenas de la Cuenca del Río Xingu, Pará, Brasil


El 1 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingu, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica Belo Monte. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que se observen las siguientes condiciones mínimas: (1) realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las presentes medidas cautelares; (2) garantizar que, en forma previa a la realización de dichos procesos de consulta, para asegurar que la consulta sea informada, las comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en un formato accesible, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas respectivos; (3) adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingú, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas beneficiarias de las medidas cautelares como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, tanto de aquellas enfermedades derivadas del influjo poblacional masivo a la zona, como de la exacerbación de los vectores de transmisión acuática de enfermedades como la malaria.

El 29 de julio de 2011, durante el 142o Periodo de Sesiones, la CIDH evaluó la MC 382/10 en base a información enviada por el Estado y los peticionarios, y modificó el objeto de la medida, solicitando al Estado que: 1) Adopte medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu, y de la integridad cultural de dichas comunidades, que incluyan acciones efectivas de implementación y ejecución de las medidas jurídico-formales ya existentes, así como el diseño e implementación de medidas de mitigación específicas para los efectos que tendrá la construcción de la represa Belo Monte sobre el territorio y la vida de estas comunidades en aislamiento; 2) Adopte medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingu afectadas por el proyecto Belo Monte, que incluyan (a) la finalización e implementación aceleradas del Programa Integrado de Salud Indígena para la región de la UHE Belo Monte, y (b) el diseño e implementación efectivos de los planes y programas específicamente requeridos por la FUNAI en el Parecer Técnico 21/09, recién enunciados; y 3) Garantice la pronta finalización de los procesos de regularización de las tierras ancestrales de pueblos indígenas en la cuenca del Xingu que están pendientes, y adopte medidas efectivas para la protección de dichos territorios ancestrales ante la intrusión y ocupación por no indígenas, y frente a la explotación o deterioro de sus recursos naturales. Adicionalmente, la CIDH decidió que el debate entre las partes en los referente a la consulta previa y el consentimiento informado frente al proyecto Belo Monte se ha transformado en una discusión sobre asuntos de fondo que trasciende el ámbito del procedimiento de medidas cautelares.

MC 80/11 – Maurice Tomlinson, Jamaica


El 21 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Maurice Tomlinson, en Jamaica. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Maurice Tomlinson se encuentra en una situación de riesgo debido a su trabajo como defensor de los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e interesexuales (LGBTI) en Jamaica. Se indica que ha estado recibiendo amenzas de muerte a través de correo electrónico, y que las autoridades del Estado no han adoptado medidas de protección. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Jamaica que adopte, en concierto con el beneficiario, las medidas necesarias para garantizar su vida y su integridad física, y que se informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.

MC 61/11 - Miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia


El 16 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia. La solicitud de medida cautelar e información proveniente de diversas fuentes indican que el pueblo Awá ha sido blanco de numerosos atentados, asesinatos y amenazas en el contexto del conflicto armado colombiano. Agrega que recientemente se registraron enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados irregulares en territorio del resguardo Chinguirito Mira y de la comunidad de La Hondita, lo cual habría dejado a miembros del pueblo Awá en medio del fuego cruzado. La solicitud indica, además, que en 2011 habrían tenido lugar tres accidentes con minas antipersonal sembradas por los actores del conflicto armado en su territorio ancestral. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar medidas consensuadas con los beneficiarios con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, que incluyan acciones de desminado del territorio ancestral y de educación en el riesgo de las minas antipersonal para los miembros del pueblo.

MC 62/11 – Félix Rocha Díaz, Estados Unidos


El 10 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Félix Rocha Díaz. Las medidas cautelares se encuentran acompañadas por una petición sobre la presunta violación de los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, la cual está siendo tramitada bajo el número P 259-11. La solicitud de medida cautelar alega que habrían existido fallas en su representación legal en el juicio, y que los 13 años que lleva en el corredor de la muerte constituye castigo cruel e inusual. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano

MC 57/11 – Pedro Vicente Elvir y Dagoberto Posadas, Honduras


El 9 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Pedro Vicente Elvir y Dagoberto Posadas, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Pedro Vicente Elvir y Dagoberto Posadas, Presidente y Director de la Unidad de Comunicación del "Sindicato de Trabajadores del Patrono Nacional de la Infancia" (SITRAPANI), se encontrarían en un situación de riesgo debido a la labor que realizan en el sindicato, e informaron sobre hechos de violencia de los que habrían sido víctimas, en los cuales sus agresores habrían utilizado armas de fuego para atemorizarlos. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios y que se concierten las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

MC 50/11 – Jimena Castillo y Otras, Honduras

El 7 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Jimena Castillo Canales, Lorena Ruiz, Berta Haydee Canales Alvarado, Gabriela Castillo Morales y Ana Belia Morales Rivera, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 13 de febrero de 2011 Jimena Castillo Canales y Lorena Ruiz iban en un vehiculo, cuando dos sujetos enmascarados les habrían disparado 15 veces, resultando herida Jimena Castillo en el brazo y dejando ocho impactos de bala en el vehiculo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras que adopte de las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las beneficiarias y que se concierten las medidas a adoptarse con las beneficiarías y sus representantes.

MC 321/10 – Pueblo Indígena Rapa Nui, Chile


El 7 de febrero de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Pueblo Indígena Rapa Nui en la Isla de Pascua, en Chile. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad del pueblo Rapa Nui se encuentran en riesgo en virtud de presuntos actos de violencia e intimidación llevados a cabo por la fuerza pública, en el contexto de manifestaciones y procesos de desalojo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Chile que haga cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo Rapa Nui, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada; que garantice que la actuación de agentes del Estado en el marco de las protestas y desalojos no ponga en riesgo la vida o la integridad personal de los miembros del pueblo Rapa Nui; que informe a la CIDH en un plazo de diez días sobre la adopción de estas medidas cautelares; y que actualice dicha información en forma periódica.

El 31 de octubre de 2011, la CIDH levantó estas medidas cautelares y archivó el expediente.

MC 5/11 – Gary Resil, Harry Mocombe, Roland Joseph, Evel Camelien y Pierre Louis, Estados Unidos


El 1 de febrero de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Gary Resil, Harry Mocombe, Roland Joseph, Evel Camelien y Pierre Louis, en Estados Unidos. La solicitud de medida cautelar alega que la vida y la salud de estas personas estaría en grave riesgo si son deportadas a Haití, debido a que probablemente permanecerían detenidas al llegar a ese país, sin acceso a alimentación, agua potable y tratamiento médico adecuado. Asimismo, se señala que estas personas tienen sus familiares inmediatos en Estados Unidos y que la mayoría de sus familiares en Haití murieron durante el terremoto de enero de 2010. La Comisión Interamericana solicitó a los Estados Unidos que los procesos de deportación de los cinco beneficiarios queden suspendidos hasta que: (1) Haití pueda garantizar que las condiciones de detención y el acceso a tratamiento médico para personas en custodia cumplan con los mínimos estándares aplicables, y (2) los procedimientos mediante los cuales se deciden y revisan las deportaciones de los cinco beneficiarios tomen en cuenta adecuadamente su derecho a la vida familiar y sus lazos familiares en Estados Unidos.

El 31 de mayo de 2011, la CIDH amplió la Medida Cautelar 5/11 a favor de 33 personas que enfrentan la posibilidad de ser deportadas de Estados Unidos a Haití. La identidad de los beneficiarios será mantenida bajo confidencialidad a solicitud de la parte peticionaria. La solicitud de medida cautelar alega que la vida y la salud de estas personas estaría en grave riesgo si son deportadas a ese país, debido a su condición médica y a la ausencia de familiares en Haití que pudieran asistirlos en obtener tratamiento médico, alimentos y agua potable. La Comisión Interamericana solicitó a los Estados Unidos que los procesos de deportación de las 33 personas beneficiarias incluidas en esta ampliación queden suspendidos hasta que: (1) Haití pueda garantizar que las condiciones de detención y el acceso a tratamiento médico para personas en custodia cumplan con los mínimos estándares aplicables, y (2) los procedimientos mediante los cuales se deciden y revisan las deportaciones de los beneficiarios tomen en cuenta adecuadamente su derecho a la vida familiar y sus lazos familiares en Estados Unidos. Asimismo, la CIDH solicitó a Estados Unidos informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas en acuerdo con los beneficiarios y los peticionarios a fin de implementar estas medidas.

El 27 de junio de 2011, la CIDH amplió la medida cautelar para proteger a dos personas adicionales quienes solicitaron reserva de su identidad.

El 29 de septiembre de 2011, la CIDH amplió la medida cautelar para proteger a Louis Raphael.

El 5 de junio de 2012, la CIDH amplió la medida cautelar para proteger a ocho personas adicionales quienes solicitaron reserva de su identidad.

MC 13/11– Néstor Rodríguez Lobaina y familia,Cuba


El 24 de enero de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Néstor Rodríguez Lobaina y su familia, en Cuba. La solicitud de medida cautelar alega que el 9 de diciembre de 2010, Néstor Rodríguez Lobaina caminaba acompañado de su hija, Diana Rodríguez Castillo, de 10 años de edad, cuando fue interceptado por agentes de la policía política. Según la solicitud, le habrían aplicado gas pimienta y lo habrían subido a un carro de patrulla, dejando a la niña sola a 15 cuadras de su casa. Agrega la solicitud que tras permanecer 72 horas detenido en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado en la Ciudad de Guantánamo, el 12 de diciembre habría sido trasladado a la Prisión Provincial de Guantánamo, y que la familia no ha recibido información sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento que podría o no estar recibiendo por las presuntas quemaduras sufridas por la aplicación del gas pimienta a corta distancia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas que sean necesarias para preservar y garantizar la vida e integridad personal de Néstor Rodríguez Lobaina y su familia, y así como para permitir el acceso, tratamiento y monitoreo de su salud por parte de un médico de su confianza o de una organización internacional.

MC 199/09 - 300 Pobladores de Puerto Nuevo, Perú


El 27 de diciembre de 2010 la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de 300 Pobladores de Puerto Nuevo Callao en Perú. Conforme a la información proporcionada las actividades de almacenamiento y transporte de plomo habrían causado serias afectaciones a la salud de los 300  pobladores del Asentamiento Humano Puerto Nuevo, quienes presentarían niveles altos de plomo en la sangre. Se alega que los afectados por la contaminación no disponen de atención médica adecuada para los fines de diagnóstico, tratamiento y prevención de sus condiciones. Adicionalmente, se indicó que las acciones emprendidas por el Estado con el fin de proteger a los pobladores de Puerto Nuevo de los efectos de la contaminación no habrían sido efectivas en disminuir el riesgo al que estarían expuestos. En tal sentido, la Comisión requirió al Estado peruano adoptar las medidas necesarias para suspender las actividades de almacenamiento y transporte de plomo en el Puerto de Callao hasta que no se adopten medidas que eliminen la contaminación ambiental, o que se reubique la población o se cambie el lugar de almacenamiento del plomo; adoptar las medidas pertinentes para practicar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios y proveer el tratamiento médico especializado y adecuado para aquéllas personas cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable para su integridad personal o su vida; y continuar adoptando las medidas necesarias para mitigar el daño ambiental, entre otras.

MC 340/10 Mujeres y niñas residentes en 22 campos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití


El 22 de diciembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a  favor de todas las mujeres y niñas desplazadas en 22 campamentos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití, producto del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. En la solicitud se alegaba un patrón de violencia sexual y una serie de actos de violencia en contra de las mujeres y niñas que residen en los mencionados campamentos. La Comisión Interamericana solicito al Estado asegurar la disponibilidad de adecuados servicios médicos y psicológicos para las víctimas de violencia sexual en lugares que sean accesibles a las solicitantes; proveer seguridad adecuada en los campamentos de desplazados internos, incluyendo iluminación pública, patrullaje adecuado en los alrededores e interior de los campamentos y aumento de mujeres policías en los patrullajes y en las estaciones de policía cercanas; asegurar que los agentes públicos encargados de responder a incidentes de violencia sexual reciban una formación que les permitan dar respuestas adecuadas a las denuncias de delitos de violencia sexual así como proveer la seguridad necesaria en los campos; promover la creación de unidades especiales en la policía judicial y en la fiscalía para la investigación de casos de violación y otras formas de violencia sexual; asegurar que los grupos de base de mujeres tengan plena participación y liderazgo en la planeación y ejecución de políticas y prácticas encaminadas a combatir y prevenir la violación y otras formas de violencia sexual en los campamentos.

MC 410/10 Héctor Francisco Lucas Méndez, Guatemala


El 13 de diciembre de 2010 la Comisión solicitó medidas cautelares a favor de Héctor Francisco Lucas Méndez. Conforme a la información aportada el beneficiario se encontraría en una situación de riesgo presuntamente tras el impulso procesal que estaría dando a las investigaciones y procesos judiciales en el presunto asesinato de su hermano, Junio Maynor Lucas Méndez, supuestamente ocurrido el 17 de agosto de 2010. Particularmente, los solicitantes destacaron que el señor Héctor Francisco Lucas Méndez habría sido víctima de un atentado el 28 de septiembre de 2010, un día después de que habría rendido su declaración en el mencionado proceso. En vista de lo anterior, la CIDH solicitó al Estado, entre otras, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Héctor Francisco Lucas Méndez; e investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

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MC 383/10 - John Jairo Palacios, Colombia


El 23 de noviembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de John Jairo Palacios, en Colombia. La solicitud de medida cautelar alega que John Jairo Palacios habría sido víctima de desaparición forzada el 30 de julio de 2010, la cual habría sido realizada por grupos paramilitares. La CIDH solicitó información al Estado en base a las competencias del Artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pero no recibió información que dilucidara su paradero. En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida, la CIDH otorgó medidas cautelares con el fin de garantizar la vida e integridad personal de John Jairo Palacios. La Comisión solicitó al Estado que informe sobre el paradero de John Jairo Palacios, su estado de salud y la situación de seguridad en la cual se encuentra, que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de John Jairo Palacios, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 367-10 – Desalojos forzados de cinco campamentos de desplazados, Haití


El 15 de noviembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los residentes de cinco campamentos de desplazados internos en Haití. La solicitud de medida cautelar alega que se registraron desalojos forzados en cinco campamentos creados por familias que instalaron tiendas en campos abiertos, de propiedad pública o privada, tras la destrucción de sus hogares por el terremoto. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Haití adoptar una moratoria sobre las expulsiones de los campamentos de desplazados internos hasta que asuma el nuevo gobierno; asegurar el traslado de las personas que hayan sido expulsadas ilegalmente de los campos a lugares con condiciones mínimas de salubridad y seguridad; garantizar a los desplazados internos acceso a un recurso efectivo ante un tribunal y ante otras autoridades competentes; implementar medidas efectivas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad física de los habitantes de los campamentos, garantizando especialmente la protección de las mujeres y los niños; entrenar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos de las personas desplazadas, en especial su derecho a no ser expulsados de los campamentos por la fuerza; y asegurar el acceso de las agencias de cooperación internacional a los campamentos de desplazados internos

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MC 192-10 – LM, Paraguay


El 10 de noviembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de LM, en Paraguay. La solicitud de medida cautelar alega que debido a una serie de procesos judiciales para determinar a quién corresponde la guardia y custodia del niño LM, sus presuntos familiares biológicos no habrían podido tener acceso a él. De acuerdo a las últimas comunicaciones presentadas por los solicitantes, se entiende que, hasta la fecha, la situación persiste sin que exista una resolución que determine la situación del niño, lo cual podría generar una serie de efectos en sus derechos. Sobre la base del principio del interés superior del niño, la CIDH otorgó medidas cautelares con el fin de asegurar que el factor del tiempo no se convierta en un elemento determinante para las instancias internas, en menoscabo de los derechos de LM. En este marco, la Comisión solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para asegurar que, en un período de tres meses, se hayan resuelto los procesos relacionados sobre la guarda y cuidado niño LM, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de dar cumplimiento a esta medida cautelar.

MC 92-10 – Juan Manuel Martínez y familia, México


El 4 de noviembre de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Manuel Martínez Moreno y su familia, en México. En la solicitud de medida cautelar se alega que Juan Manuel Martínez y su familia fueron objeto de amenazas, seguimientos y actos de hostigamiento desde principios de 2010, cuando Juan Manuel Martínez fue liberado de la prisión. De acuerdo a la información aportada por los solicitantes, Juan Manuel Martínez fue detenido en 2008 por hechos vinculados a la muerte del reportero videográfico estadounidense Bradley Roland Will, de Indymedia, quien murió como resultado de disparos de bala el 27 de octubre de 2006 en Oaxaca. La solicitud señala que la esposa de Juan Manuel Martínez recibió un llamado intimidatorio el 18 de enero de 2010 en el cual se le instruyó a dejar de denunciar las presuntas injusticias cometidas en contra de su esposo, y que de no hacerlo estaba en juego la vida de sus tres hijos. A partir de allí, la familia habría sido objeto de otras amenazas, seguimientos con automóviles sin placas y con vidrios polarizados, vigilancia de su residencia por personas que toman fotografías y notas, entre otros. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Juan Manuel Martínez y su familia; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 395-09 – Comunidad Indígena Maho, Suriname


El 27 de octubre de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de la Comunidad Indígena Maho, en Suriname. La solicitud de medida cautelar alega que desde 1990, la organización Stichtung Mohsiro y otros grupos de terceros han invadido las 65 hectáreas de tierras que habían sido reservadas para la Comunidad Maho en 1971. Se alega asimismo que en ocasiones, los invasores destruyen los cultivos de la comunidad y amenazan la integridad física de los habitantes. Se indica que como resultado de estas acciones, la desaparición de la comunidad podría ser inminente. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Suriname que adopte las medidas necesarias para asegurar que la Comunidad Maho pueda sobrevivir en las 65 hectáreas que le han sido reservadas y que evite cualquier incursión de personas ajenas a la comunidad, hasta que la Comisión decida sobre los méritos de la petición.

MC 197-10 - 135 Habitantes de San Juan Copala, México


El 7 de octubre de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 135 habitantes de San Juan Copala, México. La solicitud de medida cautelar alega que 135 miembros del pueblo indígena Triqui de San Juan Copala en Oaxaca se encontrarían desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado. La información recibida indica que en los once meses previos, 25 personas resultaron muertas y 17 heridas como resultado de los hechos de violencia en San Juan Copala. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los 135 habitantes de San Juan Copala, México; que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 278/10 Organización de Voluntarios para la Promoción de los Derechos Humanos (OVPDH), Haití


El 4 de octubre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de once miembros de la “Organización de Voluntarios para la Promoción de los Derechos Humanos” (OVPDH) en Haití. En la solicitud de medidas cautelares se alegaba que, desde el año 2007, los miembros de la organización habrían sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de personas no identificadas, debido a su involucramiento en la defensa de derechos humanos en Haití. Particularmente, señalaron que el 10 de julio de 2010 uno de sus miembros habría sido secuestrado, sin que las autoridades les hubieran proporcionado algún tipo de protección. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Haití que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de sus once miembros, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 157-09 – Yesid Ramírez Bastidas, Colombia


El 13 de septiembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yesid Ramírez Bastidas, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que Yesid Ramírez Bastidas había sido objeto de interceptaciones telefónicas ilegales y actividades de inteligencia por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, la solicitud y la información adicional aportada por los solicitantes indicaban que no se le ha garantizado a Yesid Ramírez Bastidas ni a su familia un esquema de seguridad para cuando termine su mandato como magistrado el 30 de septiembre de 2010. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Yesid Ramírez Bastidas, que concertara las medidas a adoptarse con el beneficiario, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 243-10 – Sigifredo Espinosa Pérez y su familia, Colombia


El 13 de septiembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Sigifredo Espinosa Pérez y su familia, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que Sigifredo Espinosa Pérez ha sido objeto de seguimientos, presuntamente a raíz de su participación en investigaciones sobre supuestos vínculos entre funcionarios públicos y grupos armados al margen de la ley. La información recibida indicaba además que Espinosa Pérez habría sido objeto de interceptaciones telefónicas ilegales y actividades de inteligencia por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Sigifredo Espinosa Pérez y su familia, que concertara las medidas a adoptarse con el beneficiario, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 254-10 – Leiderman Ortiz Berrio, Colombia


El 20 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leiderman Ortiz Berrio, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que el periodista Leiderman Ortiz Berrio ha sido víctima de una serie de atentados en los últimos meses, presuntamente por la realización de reportajes periodísticos sobre bandas ilegales. Agregaba que el último atentado habría tenido lugar el 20 de mayo de 2010, con la explosión de una granada en su casa en el municipio de Caucacia, departamento de Antioquia, en Colombia. La información recibida indicaba que hasta la fecha las autoridades no habrían proporcionado un esquema de protección a Ortiz Berrio. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Leiderman Ortiz Berrio, que concertara las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de evitar la ocurrencia de nuevos hechos de violencia o intimidación contra el beneficiario.

MC 185-07 – Norma Cruz Córdova y Alan Maldonado Ordóñez, Guatemala


El 18 de agosto de 2010, la CIDH amplió las medidas cautelares MC 185-07 para incorporar como beneficiaras a Norma Cruz Córdova y Alan Maldonado Ordóñez, integrantes de la Fundación Sobrevivientes, de Guatemala. Se alegó que en junio de 2010, Norma Cruz Córdova recibió amenazas contra su vida relacionadas con un caso judicial adelantado por la Fundación. La decisión de la CIDH modifica la medida cautelar otorgada originalmente el 26 de octubre de 2007. La Comisión solicitó al Estado de Guatemala que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 252-10 - Álvaro Javier Martínez Torres y otros, Colombia


El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alvaro Martínez Torres y otros, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que la familia Martínez se habría encontrado en una situación de inminente riesgo presuntamente debido a sus actividades de defensa de los derechos de su familia y de otras personas desplazadas en la finca "La Alemania", predio San Onofre, departamento de Sucre, así como también, por sus acciones dirigidas a esclarecer los hechos que resultaron en la muerte de Rogelio Martínez, supuestamente asesinado el 18 de mayo de 2010 por grupos armados al margen de la ley. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Julia Isabel Torres, Mabelis Martínez Torres, Luis Miguel Martínez Torres, Álvaro Javier Martínez Torres, Kelly Johana Martínez, Luis Fernando Martínez, Isabel Sofía Martínez y Luz Nellis Martínez, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 259-10 - Marco Vinicio Hernández González y otros


El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Marco Vinicio Hernández González y el núcleo familiar del señor Juan Fidel Pacheco Coc, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alegó que el señor Juan Fidel Pacheco Coc, Secretario General de la Unión Sindical General de Empleados de la Dirección General de Migración de Guatemala (USIGEMIGRA), fue asesinado el 31 de julio de 2010 después de recibir amenazas. El mismo día, el señor Marco Vinicio Hernández González, Secretario General Adjunto de USIGEMIGRA, habría recibido amenazas en que le avisaron que "era el siguiente en la lista". Se alegó que en mayo de 2010, el señor Pacheco Coc solicitó a las autoridades competentes medidas de protección para los integrantes del sindicato, pero que no habría recibido respuesta. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Marco Vinicio Hernández González y el núcelo familiar de Juan Fidel Pacheco Coc; que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 97-10 - 179 Familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, Colombia


El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 102-10 – Habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca de Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca, México


El 4 de agosto de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de la Comunidad Indígena Mixteca de Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca, México. La solicitud de medida cautelar alegó que habían tenido lugar una serie de hechos de violencia en contra de los habitantes de las comunidad, en el contexto de una disputa violenta entre dos comunidades por definir su territorio y acceso al mismo. De acuerdo a la información recibida, la situación se habría agudizado en los meses de marzo y mayo de 2010, con la presunta desaparición de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández y la supuesta invasión de aproximadamente 1500 personas procedentes de otra comunidad, ocurrida en el mes de julio de 2010, lo cual estaría colocando en una situación de riesgo a todos los habitantes de la comunidad Mixteca de Lázaro Cárdenas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Mixteca de Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca; que adoptara las medidas necesarias para remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambas comunidades, para evitar futuros enfrenamientos; que se estableciera un mecanismo de supervisión continua y de comunicación permanente con los beneficiarios, con el objetivo de que las medidas fueran implementadas de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes; y que presentara información actualizada respecto de las diligencias realizadas para dar con el paradero de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández.

MC 221/10 - Edwin Róbelo Espinal, Honduras


El 22 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edwin Róbelo Espinal, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que Edwin Róbelo Espinal ha sido objeto de amenazas y hostigamiento, presuntamente por parte de agentes de la policía desde octubre de 2009, y se alegó que estaría relacionado con su participación en manifestaciones. La solicitud agregaba que el 30 de junio de 2010, Edwin Róbelo Espinal habría sido detenido y abusado físicamente por parte de agentes de la policía. Asimismo, señalaba que no habría recibido respuesta a la solicitud de protección presentada a las autoridades correspondientes. La Comisión Interamericana solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del beneficiario, que se acordaran las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que se informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas.

MC 214/10 – Reina Luisa Tamayo Danger, Cuba


El 20 de julio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Reina Luisa Tamayo Danger, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que Reina Luisa Tamayo Danger estaría sufriendo constantes amenazas y hostigamientos, en vista de su involucramiento en diversas protestas públicas desde la muerte de su hijo Orlando Zapata Tamayo en febrero de 2010. Asimismo, la solicitud indicó que habría sido víctima de actos de violencia, en los cuales habría sido golpeada y uno de sus brazos habría resultado fracturado. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Reina Luisa Tamayo Danger, que concertara las medidas a adoptarse con la beneficiaria, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 187-10 – Personas Privadas de Libertad en la Comisaría Tercera de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, Argentina


El 2 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en la Comisaría Tercera de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta medida cautelar fue otorgada de oficio por la CIDH tras una visita realizada a dicha Comisaría el 8 de junio de 2010. Durante la visita, la CIDH constató que 20 personas estaban detenidas en situación de hacinamiento extremo en el área de calabozos, que consta de tres celdas sin ventanas ni puntos de ventilación, un corredor y un baño. En cada celda duermen tres personas y en el piso del corredor duermen 11 personas. Los detenidos están encerrados las 24 horas del día, sin acceso a luz natural y sin realizar ningún tipo de actividad productiva o recreativa. A pesar de que las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias, al momento de la visita de la CIDH, todas las personas privadas de libertad en la Comisaría 3ra de Ensenada habían estado allí por períodos de entre 3 y 18 meses, de acuerdo al registro oficial de población detenida. Asimismo, la CIDH verificó la existencia de dos personas enfermas sin el tratamiento médico adecuado, y fue informada de que los detenidos no recibirían atención médica salvo que lo disponga un juez, caso en el que deben ser trasladados a un centro asistencial. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina que las personas privadas de libertad en la Comisaría 3ra de Ensenada sean ubicadas de inmediato en un lugar que cumpla con los requisitos para una detención en condiciones dignas.

MC 194-10 - Carolina Pineda, José Luis Buquedano y Delvid Ixcel Sánchez Ávila, Honduras


El 2 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Carolina Pineda, José Luis Buquedano y Delvid Ixcel Sánchez Ávila, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que los beneficiarios habrían sido objeto de actos de hostigamiento y agresión que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. La solicitud alegó que el 10 de junio de 2010, hombres armados y encapuchados habrían intentado secuestrar a Carolina Pineda, Secretaria de la Junta Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). Añade que el 12 de junio de 2010, José Luis Buquedano, Secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH), Secretario General de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras y dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), habría sido perseguido por personas en un vehículo, desde el cual lanzaron disparos. Finalmente, la solicitud alega que Delvid Ixcel Sánchez, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y colaborador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), habría sido perseguido el 10 de junio de 2010 por un hombre armado. Delvid Ixcel Sánchez identificó a este agresor como uno de los integrantes de un grupo de cuatro personas armadas que lo agredió el 25 de febrero de 2010. La Comisión Interamericana solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, que se acordaran las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informara sobre las investigaciones que se adopten en relación a los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas a fin de remover los factores de riesgo.

MC 104/09 – 29 familias desplazadas del municipio de Argelia, Colombia


El 1 de julio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 29 familias desplazadas del municipio de Argelia, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que 29 familias de este municipio se habrían desplazado hacia Popayán, tras haber sido víctimas de presuntas amenazas, actos de violencia, seguimientos y desapariciones. La solicitud alegó asimismo que los autores de estos actos serían grupos armados al margen de la ley que habrían actuado con aquiescencia de autoridades de la zona. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 96 personas de estas familias, identificadas en la solicitud de medidas cautelares, así como de una familia adicional que está actualmente desplazada en Bogotá. La CIDH solicitó asimismo al Estado que adoptara las medidas necesarias para garantizar el retorno definitivo de estas familias al municipio de Argelia en condiciones de dignidad y seguridad; que se estableciera un mecanismo de supervisión continuo y de comunicación permanente con las familias desplazadas de Argelia hacia Popayán, con el objetivo de que las medidas sean implementadas de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes; que se informara sobre las diligencias realizadas para dar con el paradero de Over Herney  Muñoz y Jesús Olivier Alvarado Muñoz; y que informara a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 179/10 Egberto Ángel Escobedo Morales, Cuba


El 28 de junio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Egberto Ángel Escobedo Morales, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Escobedo Morales se encuentra privado de su libertad, que padece de problemas de salud y que las autoridades penitenciarias no le estarían proporcionando la atención médica que su estado de salud requiere. La Comisión Interamericana solicitó al Gobierno de Cuba que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud del beneficiario y brindarle el tratamiento adecuado, que adopte estas medidas en consulta con el beneficiario y su familia y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas para implementar las medidas cautelares.

MC 180/10 – Juan Ramón Flores, Honduras


El 21 de junio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Ramón Flores, en Honduras. En la solicitud de medida cautelar se alega que el beneficiario, que pertenece al Movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado, habría sido objeto de secuestro y amenazas con armas de fuego. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Juan Ramón Flores, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 189/10– Ronnie Lee Gardner, Estados Unidos

El 17 de junio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ronnie Lee Gardner, quien se encuentra privado de libertad en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1985. La solicitud de medidas cautelares fue presentada en el contexto de una comunicación sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. En la comunicación se alega que el período extenso de tiempo en que Ronnie Lee Gardner estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual, así como aspectos relacionados con la presunta falta de debido proceso judicial. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana.

MC 184/10– David Powell, Estados Unidos

El 14 de junio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de David Powell, quien se encuentra privado de libertad en espera de la ejecución de la pena de muerte desde 1978. Las medidas cautelares fueron presentadas en el contexto de una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana. Esta petición, que está en trámite ante la Comisión, alega presuntas irregularidades en el proceso y que el período extenso de tiempo en que David Powell estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte constituiría castigo cruel e inusual. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana.

MC 131-09 – Blanca Mesina Nevárez, Silvia Vázquez Camacho y sus familias

El 4 de junio de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca Mesina Nevárez, Silvia Vázquez Camacho y sus familias, en México. En la solicitud de medida cautelar y en información adicional aportada a la CIDH se alega que las señoras Mesina Nevárez y Vázquez Camacho han sido objeto de actos de intimidación y hostigamientos que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. Se alega asimismo que esta situación se debería a sus denuncias sobre supuestos abusos de autoridad cometidos por agentes de las fuerzas públicas de Baja California. La información adicional aportada a solicitud de la CIDH indica que se habrían registrado demoras en la implementación de un esquema de seguridad para las señoras Mesina Nevárez y Vázquez Camacho y sus familias. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Blanca Mesina Nevárez, Silvia Vázquez Camacho y sus familias; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 221-09 – María Stella Jara Gutiérrez y su hijo, Colombia

El 2 de junio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Stella Jara Gutiérrez y su hijo, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar y en información adicional enviada posteriormente se alega que la Juez Jara Gutiérrez, a cargo del caso del Palacio de Justicia, ha recibido amenazas por presuntos grupos armados al margen de la ley. Se agrega que las amenazas se habrían intensificado en los últimos meses, a medida que se acerca la fecha para emitir la sentencia final del caso. Se indica asimismo que ha habido demora en la implementación de un esquema de seguridad destinado a salvaguardar la vida e integridad de la Juez Jara Gutiérrez y de su hijo menor. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de María Stella Jara Gutiérrez y su hijo; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 196-09, Ampliación – Periodistas de Radio Progreso, Honduras

El 2 de junio de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza Chávez, Rita Suyapa Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn, Iolany Mariela Pérez Parada, Rommel Alexander Gómez, Lesly Castro, José Domingo Miranda, Héctor Hernández, Victor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordónez, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que estos periodistas, quienes trabajan en Radio Progreso, han sido objeto de seguimientos con vehículos y que personas desconocidas han estado vigilando la entrada de la radio. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los periodistas beneficiarios de esta medida, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas y que se informe a la CIDH sobre la implementación de las medidas cautelares otorgadas.

MC 260-07 – Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala


El 20 de mayo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena maya:Tres Cruces, Escupijá, Pueblo Viejo, La Estancia, Poj, Sipacapa, Pie de la Cuesta, Cancil, Chual, Quecá, Quequesiguán, San Isidro, Canoj, Ágel, San José Ixcaniché, San José Nueva Esperanza, San Antonio de los Altos, y Siete Platos, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que en noviembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minas habría otorgado una licencia de explotación minera de oro y plata por 25 años a la empresa Montana, dentro de una extensión de 20 kilómetros cuadrados en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. El área de impacto ambiental e hidrológico de la concesión abarcaría el territorio de, al menos, 18 comunidades del pueblo maya en ambos municipios. Los solicitantes alegan que la concesión minera, así como el inicio de la explotación, se habría realizado sin consultar en forma previa, plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. La empresa Montana habría comenzado la construcción de la Mina Marlin I en 2003, y la extracción de oro y plata en 2005. Los peticionarios sostienen que la explotación minera ha generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, puesto que el Río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia. Según la solicitud, varios pozos de agua y manantiales se habrían secado, y los metales presentes en el agua como consecuencia de la actividad minera han tenido efectos nocivos sobre la salud de miembros de la comunidad. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. La CIDH solicitó asimismo al Estado adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo humano; atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente; adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas mencionadas; y planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios y/o sus representantes.

El 7 de diciembre de 2011, tras examinar la información adicional aportada por el Estado y por los peticionarios, la CIDH notificó su decisión de modificar estas medidas cautelares, y solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para asegurar que los miembros de las 18 comunidades Mayas beneficiarias tengan acceso a agua potable apta para consumo humano, uso doméstico y segura para el riego. En especial, la CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para que las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias no sean contaminadas por acciones de actividades mineras.

MC 141-10 – X y sus dos hijos, Colombia


El 11 de mayo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la señora X, cuya identidad la CIDH mantiene en reserva, así como de sus dos hijos menores de edad, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que la señora X habría sido blanco de amenazas y hostigamientos desde que denunció haber sido violada por agentes del Estado en julio de 2009. La solicitud indica que tras nuevas amenazas recibidas en mayo de 2010, la señora X se habría desplazado a otra ciudad. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de X y sus dos hijos; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 196-09, Ampliación – Inmer Genaro Chévez y Lucy Mendoza, Honduras


El 3 de mayo de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Inmer Genaro Chévez y de Lucy Mendoza, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el periodista Inmer Genaro Chévez, quien trabaja en Radio Progreso, ha estado recibiendo amenazas de muerte, incluyendo un mensaje de texto a su celular que decía “Resistencia estamos eliminando a los chebes luego van los curas”, después de que el 11 de abril de 2010 fueran asesinados el periodista Luiz Chévez y su primo Alberto Chévez. Por otra parte, la solicitud alega que la abogada y defensora de derechos humanos Lucy Mendoza, quien ha estado apoyando a los periodistas de Radio Progreso en procesos penales, también recibió amenazas de muerte. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Inmer Genaro Chévez y Lucy Mendoza, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas.

MC 114-10– Personas privadas de libertad en el Departamento de la Policía Judicial (DPJ) de Vila Velha, Brasil


El 28 de abril de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Departamento de la Policía Judicial (DPJ) de la ciudad de Vila Velha, Estado de Espíritu Santo, en Brasil. En la solicitud de medida cautelar se alega que la vida, la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad en el DPJ de Vila Velha está en situación de riesgo. Agrega que un promedio de 160 personas, incluyendo procesadas y condenadas, estarían privadas de libertad en una celda con capacidad para 36 personas, en condiciones inhumanas y degradantes. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Brasil que adopte las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas privadas de libertad en el Departamento de Policía Judicial (DPJ) de la ciudad de Vila Velha, Estado do Espíritu Santo; proveer atención médica adecuada a los beneficiarios y evitar la transmisión de enfermedades contagiosas. Asimismo, la Comisión solicitó que se adopten las medidas en consulta con los representantes de los benficiarios, que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de disminuir la situación de superpoblación en el centro, y que se informe sobre la falta de división entre los presos procesados y los presos condenados.

MC 250-09 – José Alejandro Solalinde Guerra y Miembros del Albergue del Migrante Hermanos en el Camino, México


El 23 de abril de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego, quienes trabajan o se encuentran en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino de Ixtepec, estado de Oaxaca, en México. En la solicitud de medida cautelar y en información aportada durante una reunión de trabajo realizada el 20 de marzo de 2010, durante el 138º Período de Sesiones de la CIDH, se alega que los beneficiarios habrían sido objeto de actos de intimidación, y que en febrero de 2010, el padre Solalinde Guerra habría sido detenido y encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del Estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes. Los solicitantes indican que las medidas de protección implementadas por las autoridades habrían resultado ineficaces, e informan que los actos de hostigamiento continúan. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego; que la planificación y la implementación de las medidas de protección se realice en acuerdo con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 312-09 – Presbítero Pedro Pantoja Arreola y su equipo de colaboradores en el Albergue Belén Posada del Migrante, México


El 23 de abril de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Presbítero Pedro Pantoja Arreola y su equipo de colaboradores en el Albergue Belén Posada del Migrante de Saltillo, estado de Coahuila, en México. En la solicitud de medida cautelar y en información aportada durante una reunión de trabajo realizada el 20 de marzo de 2010, durante el 138º Período de Sesiones de la CIDH, se alega que los beneficiarios habrían sido objeto de actos de intimidación y hostigamiento, un intento infructuoso por ingresar a las instalaciones del albergue y vigilancia del mismo por parte de personas que, desde el interior de vehículos, toman fotografías a quienes entran y salen del albergue. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del Presbítero Pedro Pantoja Arreola y su equipo de colaboradores en el Albergue Belén Posada del Migrante de Saltillo, estado de Coahuila, en México. La CIDH solicitó asimismo que la planificación y la implementación de las medidas de protección se realice en acuerdo con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 196-09, Ampliación – Rebeca Ethel Becerra Lanza e hijas, Honduras


El 13 de abril de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Rebeca Ethel Becerra Lanza e hijas, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Becerra habría sido objeto de vigilancia frente a su vivienda, seguimientos, intento de ingreso a su vivienda y llamados telefónicos amedrentadores. La solicitud indica que los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, pero que las autoridades no habrían actuado. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Rebeca Ethel Becerra Lanza y de sus hijas, que se acuerden las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas.

MC 36-10 - Rodrigo Callejas Bedoya y familia, Colombia


El 12 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rodrigo Callejas Bedoya y su familia, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que Rodrigo Callejas Bedoya ha sido objeto de amenazas y hostigamientos, presuntamente a causa de su labor como periodista independiente, por lo que su vida e integridad personal, así como la de su familia, se encuentran en riesgo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física del periodista Rodrigo Callejas Bedoya y su familia; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 304-08 - Diomedes Meneses Carvajalino, Colombia


El 9 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Diomedes Meneses Carvajalino, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que la vida y la salud del señor Meneses Carvajalino se encuentran en grave peligro debido a que en la prisión donde se encuentra no se le habría provisto atención médica adecuada para atender un problema de salud que padece desde principios de 2009. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para brindar la atención médica adecuada que permita la protección de la vida, integridad personal y salud del señor Meneses Carvajalino; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y/o su representante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 99-10 - Tránsito Jurado, María Eugenia González e integrantes de la Corporación Sisma Mujer, Colombia


El 8 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Tránsito Jurado, María Eugenia González, sus hijos menores, y las integrantes de la Corporación Sisma Mujer, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que Sisma Mujer y dos mujeres que participan en un programa que coordina dicha organización han sido objeto de amenazas, hostigamientos, y un acto de violencia, presuntamente a causa de su labor en defensa de los derechos de mujeres en situación de desplazamiento. La solicitud indica que la señora González comenzó a recibir llamadas intimidantes y a ser objeto de actos de hostigamiento desde septiembre de 2009; que el 4 de diciembre de 2009 un desconocido la abordó en la calle y le dijo que se fuera de Cali con su familia, y que ocho días después fue asesinado su hijo, Jonathan Gómez. Agrega la solicitud que que la señora Jurado también ha recibido amenazas de muerte, y que el 27 de enero de 2010, Sisma Mujer recibió un correo electrónico firmado por el “Bloque Metropolitano de las Águilas Negras” en el cual la organización habría sido declarada “objetivo militar”. Según indica la solicitud, Sisma Mujer habría denunciado los hechos expuestos y sostenido reuniones con las autoridades competentes, pero se alega que hasta la fecha, no se han implementado las medidas necesarias de protección. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las señoras María Eugenia González, sus hijos menores, Tránsito Jurado y las integrantes de la Corporación Sisma Mujer; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 222-09 - Agustín Humberto Estrada Negrete, Leticia Estrada Negrete y Guadalupe Negrete Silva, México


El 7 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Agustín Humberto Estrada Negrete, Leticia Estrada Negrete y Guadalupe Negrete Silva, en México. En la solicitud de medida cautelar se alega que el señor Estrada Negrete, integrante de la organización no gubernamental Agenda Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales, habría sido objeto de amenazas de muerte, actos de violencia física y hostigamiento desde febrero de 2009. Se añade que estos hechos habrían sido denunciados a las autoridades correspondientes, pero que no se habrían adoptado las medidas necesarias de protección. Según se indica, en enero y febrero de 2010, el señor Estrada Negrete, su madre y su hermana recibieron nuevas amenazas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Agustín Humberto Estrada Negrete, Leticia Estrada Negrete y Guadalupe Negrete Silva; que planifique e implemente las medidas de protección con la participación de los beneficiarios y/o sus representantes; y que informe sobre las medidas adoptadas a fin de responder frente a los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 95-10 – X y Familia, Honduras


El 24 de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de X, cuya identidad la CIDH mantiene en reserva debido a que se trata de un menor de edad, así como de su familia, en Honduras. En la solicitud de medida cautelar se alega que X, miembro activo de varios grupos estudiantiles y del Frente Nacional de Resistencia Popular, ha sido objeto de un secuestro y de amenazas de muerte. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de X y su familia; que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.  

MC 79-10 - Nineth Montenegro y familia, Guatemala


El 25 de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Nineth Montenegro y su familia, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que a principios de marzo de 2010, la Diputada Nineth Montenegro Cottom habría tomado conocimiento de un plan para atentar contra su vida. La solicitud indica que el 4 de marzo de 2010, la señora Montenegro Cottom se habría reunido con personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes le habrían ofrecido medidas de seguridad prestadas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Añade que el 10 de marzo la señora Montenegro  Cottom se habría reunido con personal del Ministerio de Gobernación para discutir el plan de seguridad ofrecido y habría expresado su falta de confianza en los servicios que pudiere ofrecer la SAAS y la Policía Nacional Civil. Asimismo, se indica que la señora Montenegro Cottom contaría con un vehículo blindado, pero considera que necesita un esquema de seguridad más amplio. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la Diputada Nineth Montenegro Cottom y su familia, incluyendo a Alejandra García Montenegro, Emilia García, Mario Alcidez Polanco Pérez, y Carlos Humberto Peraza Ramírez, así como a X, cuya identidad la CIDH mantiene en reserva debido a que se trata de un menor de edad. La Comisión solicitó asimismo al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 1-10 - 14 mujeres en situación de desplazamiento, Colombia


El 25 de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 14 mujeres en situación de desplazamiento en Colombia, cuya identidad la CIDH mantendrá en reserva porque algunas de ellas han sufrido violencia sexual. En la solicitud de medida cautelar se alega que las 14 mujeres se desempeñan como líderes de la comunidad desplazada en Bogotá, y que como resultado de esas actividades han sido víctimas de violencia sexual, agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y una incursión violenta de domicilio. La solicitud indica que el 22 de diciembre de 2009, las beneficiarias se habrían reunido con el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y que se habría acordado tomar medidas de seguridad, pero que hasta la fecha el acuerdo no se habría implementado. Se añade que en el tiempo transcurrido desde la mencionada reunión una de las beneficiarias sufrió un acto de violencia sexual y tuvieron lugar dos actos de agresión y una amenaza de muerte. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las 14 mujeres, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

El 6 de mayo de 2010, la CIDH amplió las MC 1-10 a favor de Ana María Perea Incel. De acuerdo a la información enviada por los solicitantes, la señora Perea Incel es integrante de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz y participante en mesas de diálogo con el Gobierno de Colombia respecto al tema de los derechos de la población desplazada. Se alega que en dos ocasiones desde diciembre de 2009, la señora Perea Incel ha sido abordada en coches por personas desconocidas, quienes le habrían amenazado con actos violentos si no deja su trabajo con la Asociación.

MC 71-10 - Claudia Samayoa, Erenia Vanegas, y miembros de UDEFEGUA, Guatemala


El 25 de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Claudia Samayoa Pineda, Erenia Yamileth Vanegas Zapata y sus familias, así como los otros miembros de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que los beneficiarios han sido blanco de hostigamientos en los últimos meses a causa de su labor y sus denuncias contra supuestos abusos de autoridad cometidos por funcionarios estatales. En la solicitud de alega que a pesar de que los hechos habrían sido denunciados a las autoridades competentes, no se habrían implementado medidas de protección efectivas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las señoras Samayoa y Vanegas, sus familias, y los otros integrantes de UDEFEGUA; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 91-10 - Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo y sus núcleos familiares, Honduras


El 19 de marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo y sus respectivos núcleos familiares, en Honduras. En la solicitud de medida cautelar se alega que Pedro Brizuela y Mateo Enrique García Castillo, quienes son integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular, han sido blancos de actos de violencia y hostigamiento. El 24 de febrero de 2010, Claudia Brizuela, hija de Pedro Brizuela, fue asesinada a balazos por personas desconocidas cuando abrió la puerta de su casa. La solicitud de medida cautelar indica que antes y después del asesinato de su hija, el señor Brizuela ha estado recibiendo amenazas a su teléfono celular. Asimismo, se indica que el 26 de febrero de 2010, el señor Mateo Enrique García Castillo fue objeto de una tentativa de secuestro por parte de cuatro hombres que habían infiltrado el día anterior una marcha convocada por Frente Nacional de Resistencia Popular. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo, y los núcleos familiares de los mismos; que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 14-10 – X y XX, México


El 3 de marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de dos personas en México, cuya identidad la CIDH mantendrá en reserva debido a que la solicitud incluye alegaciones de abuso sexual. En la solicitud de medida cautelar se alega que las beneficiarias son objeto de amenazas y hostigamiento desde la liberación de X, quien habría sido secuestrada el 6 de julio de 2009 en la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero. Durante los 10 días de su secuestro, habría sido drogada, violada, torturada y mantenida encadenada. La solicitud de medida cautelar alega que agentes de la policía ministerial estarían involucrados en el secuestro, y lo vinculan a que XX había denunciado anteriormente presuntas acciones irregulares de funcionarios estatales. Al momento de su liberación, los secuestradores la habrían amenazado con matarla si denunciaba los hechos. Se indica que X y su madre XX presentaron denuncia ante el Ministerio Público y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde también solicitaron medidas de protección personal, pero no habrían recibido respuesta. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de X y XX, que acuerde las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para las beneficiarias.

MC 52-10 – Margarita Guadalupe Martínez Martínez y su núcleo familiar, México


El 3 de marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su esposo Adolfo Guzmán Ordaz y sus dos hijos, en San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas, México. En la solicitud de medida cautelar se alega que los beneficiarios son objeto de amenazas y hostigamientos. Se indica que el 8 de noviembre de 2009, unas 18 a 20 personas, presuntamente de la Policía Ministerial, se presentaron en el domicilio de los beneficiarios sin orden de cateo, amenazaron con arma de fuego a la señora Martínez Martínez y revisaron toda la casa, incluido el dormitorio donde dormían los niños. La solicitud agrega que estos hechos fueron denunciados a las autoridades, a las cuales se solicitó protección, la cual no habría sido otorgada. Asimismo, se indica que el 25 de febrero de 2010 la señora Martínez Martínez fue secuestrada, torturada y amenazada de muerte por desconocidos que la conminaron a desistir de continuar con su denuncia por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas, denuncia realizada por los hechos del 8 de noviembre de 2009. La solicitud alega que los secuestradores le habrían dicho que la agresión era “un regalito del presidente municipal de Comitán”. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su esposo Adolfo Guzmán Ordaz, y sus hijos Ada Saraí Martínez Martínez, Eduardo Abel de León Martínez; que acuerde las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 43-10 – “Amelia”, Nicaragua


El 26 de febrero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de una persona que la CIDH identificará como Amelia, en Nicaragua. En la solicitud de medida cautelar se alega que Amelia, madre de una niña de 10 años, no estaría recibiendo la atención médica necesaria para tratar el cáncer que padece, en razón de su embarazo. La solicitud añade que los médicos habían recomendado de manera urgente iniciar un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, pero que el hospital informó a la madre y los representantes de Amelia que el tratamiento no sería realizado dada la alta posibilidad de que éste provocara un aborto. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que necesite para tratar su cáncer metastático; que adopte estas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes; y que reserve la identidad de la beneficiaria y de su familia. Dentro del plazo de cinco días otorgado para responder, el Estado de Nicaragua informó a la CIDH que se ha iniciado el tratamiento requerido.

MC 38-10 - Manuel de Jesús Varela Murillo y otros, Honduras


El 25 de febrero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez y sus familias, en Honduras. En la solicitud de medida cautelar se alega que los beneficiarios, que pertenecen al Movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado, habrían sido objeto de secuestro, actos de tortura y amenazas de muerte. Se indica que el 2 de febrero de 2010 fueron atacados por unas 20 personas vestidas de civil, fuertemente armadas y con pasamontañas cubriéndoles la cara. Se alega que fueron trasladados a una casa donde les vendaron los ojos, fueron golpeados en la cabeza y amenazados con machetes mientras les preguntaban dónde estaba el arsenal y dónde estaban los dólares, y les decían que abandonaran la resistencia. Indicaron que les robaron dinero, una computadora, documentos personales y un teléfono celular. Se señala que tras más de tres horas de interrogatorio y amenazas de matar a sus familias, fueron abandonados en la colonia Víctor Ardon. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez y sus familias, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 12-09 - Comunidad del Alto Guayabal-Coredocito del Pueblo Emberá, Colombia


El 25 de febrero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito, del Pueblo Emberá, declarada "So Bia Drua" - área humanitaria, del Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, Municipio de Carmen del Darién, Departamento de Chocó, Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que esta comunidad habría sido objeto de actos de violencia que pusieron en riesgo sus vidas e integridad personal. Se alega, entre otros hechos, que el 30 de enero de 2010, dos helicópteros y un avión de las fuerzas armadas habrían realizado un ametrallamiento y bombardeo a 300 metros del asentamiento principal de la comunidad, dando con la casa de una familia donde se encontraban tres adultos y dos niños, que resultaron heridos. Se indica, por ejemplo, que el señor José Nerito Rubiano Bariquí fue herido en el tórax con arma de fuego, a raíz del cual sufrió ruptura de columna vertebral y quedó parapléjico. Según los solicitantes de la medida, la presencia militar en la zona estaría relacionada con la reanudación de la explotación minera. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.

MC 196/09, Ampliación – Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández, Honduras


El 12 de febrero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor Anselmo Romero Ulloa, miembro de la Coordinadora Nacional de Resistencia, fue atacado el 3 de noviembre de 2009 por un hombre con un arma Uzi. Se alega que el atacante disparó una ráfaga de tiros cerca de la cara del señor Romero, lo cual lo habría dejado sordo de un oído, y que otra ráfaga pasó muy cerca de María Brígida Ulloa Hernández, compañera de hogar del señor Romero Ulloa. Se agrega que se interpuso denuncia ante la Dirección Nacional de investigación Criminal en Comayagua pero que hasta la fecha la Fiscalía no habría procedido con el caso. Asimismo, se indica que el 29 de enero de 2010, la misma persona que condujo la agresión en 2009 estuvo merodeando en los alrededores de la vivienda del señor Romero Ulloa, y que en varias oportunidades el domicilio ha estado vigilado por personas no identificadas. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas. La CIDH solicitó contar con información en un plazo de 20 días y actualizar la información periódicamente.

MC 18-10 - Indyra Mendoza Aguilar y otras, Honduras


El 29 de enero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Indyra Mendoza Aguilar, Nohelia Flores Álvarez, Fátima Maritza Ulloa Becerra y Ana Lourdes Ordoñez, en Honduras. Indyra Mendoza Aguilar es la directora de Cattrachas, una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI). En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 17 de diciembre de 2008, en Tegucigalpa, Nohelia Flores Álvarez, quien pertenece a Cattrachas, fue obligado a subir al automóvil de un miembro de la policía preventiva, quien a punta de pistola le exigió servicios sexuales. Se indica que Nohelia Flores Álvarez se negó, y que el policía lo amenazó de muerte. Se añade que al día siguiente, el policía llegó acompañado por otros dos hombres en una camioneta y que entre los tres lo apuñalaron 17 veces en la garganta, la espalda, el estómago y los brazos; tras desmayarse, lo abandonaron en unos matorrales. En el hospital, Indyra Mendoza tomó fotos que sirvieran de prueba en un juicio y lo acompañó en el proceso a fin de interponer la denuncia, que es investigada por Fátima Maritza Ulloa Becerra y Ana Lourdes Ordoñez, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en Tegucigalpa. En la solicitud de medidas cautelares se alega que los cuatro beneficiarios son objeto de amenazas y hostigamientos que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. La Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Indyra Mendoza Aguilar, Nohelia Flores Álvarez, Fátima Maritza Ulloa Becerra y Ana Lourdes Ordoñez; que se acuerden las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para las beneficiarias.

MC 385-09 – 31 Inmigrantes Indocumentados Residentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos


El 29 de enero de 2010, la CIDH la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 31 inmigrantes indocumentados residentes en Atlanta, Georgia, quienes reciben tratamiento de diálisis en el Grady Memorial Hospital. La fecha de finalización de estos tratamientos fue fijada para el 3 de febrero de 2010. En la solicitud de medida cautelar se alega que la vida y la salud de las 31 personas están en grave riesgo debido al hecho de que sufren de enfermedad renal terminal y que no cuentan con los recursos económicos para obtener los tratamientos de diálisis que su condición requiere. Se alega que la decisión del Grady Memorial Hospital de poner fin al tratamiento de diálisis tuvo un efecto desproporcionado sobre los beneficiarios porque, a diferencia de los ciudadanos estadounidenses afectados, ellos no pueden recibir asistencia a través de programas como Medicare o Medicaid. Asimismo, los peticionarios dicen que los beneficiarios no fueron informados sobre alternativas para recibir el tratamiento que necesitan, y que fueron alentados a salir del Estado de Georgia y retornar a sus países de origen. La Comisión Interamericana solicitó a los Estados Unidos que instruya a las autoridades competentas a adoptar en forma urgente las medidas necesarias para asegurar que los beneficiarios tengan acceso al tratamiento médico que puedan necesitar para su condición, e informar a la CIDH sobre el cumplimiento con estas medidas dentro de un plazo de 10 días, y subsiguientemente en forma periódica.

MC 13/11 – Néstor Rodríguez Lobaina y familia, Cuba


El 24 de enero de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Néstor Rodríguez Lobaina y su familia, en Cuba. La solicitud de medida cautelar alega que el 9 de diciembre de 2010, Néstor Rodríguez Lobaina caminaba acompañado de su hija, Diana Rodríguez Castillo, de 10 años de edad, cuando fue interceptado por agentes de la policía política. Según la solicitud, le habrían aplicado gas pimienta y lo habrían subido a un carro de patrulla, dejando a la niña sola a 15 cuadras de su casa. Agrega la solicitud que tras permanecer 72 horas detenido en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado en la Ciudad de Guantánamo, el 12 de diciembre habría sido trasladado a la Prisión Provincial de Guantánamo, y que la familia no ha recibido información sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento que podría o no estar recibiendo por las presuntas quemaduras sufridas por la aplicación del gas pimienta a corta distancia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas que sean necesarias para preservar y garantizar la vida e integridad personal de Néstor Rodríguez Lobaina y su familia, y así como para permitir el acceso, tratamiento y monitoreo de su salud por parte de un médico de su confianza o de una organización internacional.

MC 196/09, Ampliación - Gilberto Vides y su núcleo familiar, Honduras


El 22 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Gilberto Vides y su núcleo familiar. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 7 de enero de 2010, el profesor Gilberto Vides, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue abordado por dos hombres armados cuando regresaba de una marcha de la Resistencia. Se indica que dispararon contra los vidrios delantero y trasero de su automóvil y se dieron a la fuga. Asimismo, se alega que su domicilio fue vigilado los días 8 y 9 de enero de 2010. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Gilberto Vides, su esposa y su hija, que se acuerden las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas.

MC 196/09 - Ampliación, núcleo familiar de Rasel Antonio Tome, Honduras


El 19 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de los familiares de Rasel Antonio Tome, en Honduras. Rasel Antonio Tome es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH a través de la ampliación otorgada el 23 de septiembre de 2009, cuando se encontraba en la Embajada de Brasil junto al Presidente Manuel Zelaya. La solicitud de medidas cautelares indica que Rasel Antonio Tome ha recibido amenazas de muerte y han aparecido en las calles de Tegucigalpa afiches con su fotografía y las de otros dirigentes del Frente de Resistencia con leyendas como "Pueblo Hondureño: estos son tus enemigos, conócelos". Asimismo, se informa que este sería el mismo contenido de un anuncio que se pasa por el canal 8 de televisión. La solicitud indica que la seguridad de su núcelo familiar, constituido por su esposa y tres hijos menores de edad, estaría en riesgo. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los integrantes del núcleo familiar de Rasel Antonio Tome, que se acuerden las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas. La CIDH solicitó contar con información en un plazo de 20 días y actualizar la información periódicamente.

MC-364-09 - Carlos Amilcar Orellana Donis, Guatemala

El 19 de enero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Carlos Amílcar Orellana Donis, en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en la madrugada del 29 de agosto de 2009 el señor Carlos Amilcar Orellana Donis habría sido trasladado sorpresivamente a una cárcel de cumplimiento de condena de máxima seguridad, pese a que todavía no habría sido juzgado. Se añade que él fue el único trasladado, aunque son ocho los imputados en la causa que se le sigue, y que en la cárcel de máxima seguridad estarían quienes presuntamente habrían dado muerte en 2007 a los cuatro policías sindicados en el mismo hecho del cual está acusado el señor Orellana Donis. La solicitud alega asimismo que recientemente tribunales de Guatemala habrían emitido resoluciones judiciales que ordenan el retorno del señor Orellana a un centro de detención preventiva y que las autoridades guatemaltecas competentes no las habrían cumplido. La CIDH solicitó información al Estado de Guatemala en diciembre de 2009 pero no recibió respuesta. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física del beneficiario y para separarlo de las personas privadas de libertad que ya tienen condena.

>MC 113-07 – Ampliación - Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), Colombia


El 14 de enero de 2010 la CIDH amplió la medida cautelar MC 113-07, a favor de Guillermo Osorio, Jairo Ivan Maya Rodríguez, Yeisme Romero Fuenmayor, Juan David Muñoz, y Rafael Emiro Bedoya, todos miembros de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que los beneficiarios han recibido amenazas por presuntos grupos paramilitares a raíz de su liderazgo comunitario y participación en procesos penales adelantados contra miembros de organizaciones al margen de la ley. Los peticionarios informan que el 20 de diciembre de 2009, John Alexander Pulgarín, integrante de CORPADES y testigo en un juicio adelantado contra el paramilitar Jhon William López, fue asesinado a pesar de que el Estado le habría proporcionado un esquema de protección. La CIDH otorgó originalmente esta medida cautelar el 14 de marzo de 2008, a favor de Fernando Quijano, Carlos Mario Arenas, Teresa Muñoz Lopera, Alberto Manzo Monsalve, Dillier Fernando Vásquez Rúa, Santiago Quijano y Marín Alonso Velásquez, miembros de CORPADES.  En la solicitud de medidas cautelares se alega que los integrantes de esta organización serían blanco de amenazas y atentados presuntamente cometidos por grupos al margen de la ley. La Comisión solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

MC 380-09 – María Lourdes Afiuni, Venezuela


El 11 de enero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Lourdes Afiuni, Venezuela. En la solicitud de medida cautelar se alega que el domingo 3 de enero de 2010, un grupo de personas privadas de la libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), se habría colocado cintas distintivas en las piernas y en la cabeza, en señal de “guerra” o “motín”, y habría planificado “quemar viva a la jueza”, en referencia a la señora Afiuni, así como a otras tres detenidas por ser consideradas cercanas a ella. Se alega que este grupo de personas intentó derramar gasolina en el sector en el cual se encuentra presa la señora Afiuni, y prenderle fuego. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la beneficiaria; que adopte las medidas necesarias para que la beneficiaria sea  trasladada a un lugar seguro, y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.

MC 209-09 – Franklin José Brito Rodríguez, Venezuela


El 11 de enero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Franklin José Brito Rodríguez, Venezuela. En la solicitud de medida cautelar se alega que en la madrugada del 13 de diciembre de 2009 efectivos de la Policía Metropolitana de Caracas habrían trasladado a Franklin José Brito, quien se encontraba realizando una huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas, al Hospital Militar. El señor Brito aduce estar privado ilegalmente de su libertad personal al encontrarse recluido en dicho centro contra su voluntad. Se alega que fue trasladado al Hospital Militar atendiendo una acción de amparo interpuesta por el Ministerio Público con el argumento de salvaguardar su vida. Sin embargo, la solicitud sostiene que el amparo es arbitrario dado que no se cumple ninguno de los supuestos establecidos en la ley para una acción de amparo. La Comisión fue informada asimismo que para el 6 de enero de 2010, el señor Brito continuaba en el Hospital Militar sin tener acceso a un médico de su confianza, y que se le habría negado el ingreso a la Cruz Roja. Finalmente, la Comisión fue informada que el 9 de enero de 2010, funcionarios del Estado le habrían aplicado un sedante por la fuerza y lo habrían trasladado nuevamente, indicándole a su hija que lo llevarían a terapia intensiva. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias a fin de permitir el acceso, tratamiento y monitoreo de la situación de la salud del Señor Brito, y a fin de que reciba visitas regularmente. La CIDH también solicitó al Estado que informe dentro del plazo de 10 días sobre la adopción de las medidas cautelares y actualizar dicha información en forma periódica.

MC 196/09, Ampliación – Marbin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar, Honduras


El 8 de enero de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Marbin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar. El señor Duarte forma parte de un Grupo que realiza trabajos de difusión relacionados con el Frente de Resistencia y situaciones de represión tras el golpe de Estado de junio de 2009. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 18 de octubre de 2009 el Grupo organizó una presentación de un video en la Colonia Divanna de Comayagüela, donde personas desconocidas tomaron fotografías al grupo y a los coordinadores del Frente de Resistencia. Se informa que al día siguiente apareció muerto Marco Antonio Martínez Lezama, coordinador de la Resistencia en esa colonia. La solicitud agrega que el 28 de octubre de 2009 el mismo video fue presentado en la Colonia La Fraternidad de Tegucigalpa y nuevamente desconocidos les tomaron fotografías. Se informó que el 22 de diciembre de 2009, Edwin Renán Fajardo Argueta, miembro del Grupo, fue encontrado muerto en su residencia, y que en esa fecha desconocidos siguieron al señor Duarte. Se añade que el 29 de diciembre fue secuestrado el periodista Cesar Silva, otro miembro del Grupo. La solicitud agrega que que el 31 de diciembre de 2009, dos hombres con corte de pelo estilo militar se acercaron a la residencia del señor Duarte, en las afueras de la cual jugaban sus dos hijos, le pidieron agua al niño de 9 años de edad y le preguntaron el nombre del padre al niño de 5 años. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Marbin Emilio Hernández Duarte  y su familia, que se acuerden las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas. La CIDH solicitó contar con información en un plazo de 20 días y actualizar la información periódicamente.

Sobre las Medidas Cautelares

El mecanismo de medidas cautelares tiene más de tres décadas de historia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha servido como una herramienta eficaz para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de los 35 Estados que se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana. La facultad de la CIDH de solicitar la adopción de acciones urgentes o dictar medidas cautelares refleja una práctica común en el derecho internacional de derechos humanos. En el contexto particular de la región, ha operado como instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente. De esta manera, la Comisión ha venido cumpliendo con el mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en los términos del articulo 106 de la Carta de la Organización, y de asistir a los Estados a cumplir con su ineludible deber de protección –el cual es su obligación en toda instancia. Las medidas cautelares se destacan por su efectividad y por su reconocimiento por los beneficiarios, los Estados miembros de la OEA, los usuarios del Sistema Interamericano, y la comunidad de derechos humanos en su conjunto.

La historia y el marco jurídico de las medidas cautelares

El mecanismo de medidas cautelares es frecuentemente invocado en el derecho internacional, existiendo como facultad de los principales tribunales y órganos establecidos por tratados a fin de no tornar abstracta sus decisiones y la protección que ejercen. Desde su creación, la Comisión ha solicitado medidas de protección a los Estados para que adopten en forma urgente medidas para evitar que la vida o la integridad personal de estos beneficiarios se viesen comprometidas. Como parte del desarrollo histórico de esta figura, en el Reglamento de la CIDH del año 1980 se formalizó un procedimiento alrededor de este mecanismo. El artículo 26 de este Reglamento establecía que la adopción de medidas cautelares procedía “[e]n casos urgentes, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”. La consagración en el Reglamento de la CIDH y su desarrollo procedimental progresivo a través de la práctica, responden al patrón histórico de construcción de mecanismos de protección propio del Sistema Interamericano. Esta provisión emana de la función de la CIDH de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados partes, establecida en el artículo 18 del Estatuto de la Comisión y el artículo 41 de la Convención Americana y descansa en la obligación general que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos (artículo 1 de la Convención Americana), de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos humanos (artículo 2), y de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y la Carta de la OEA. En muchos casos, los propios Estados han indicado que las medidas cautelares han sido mecanismos de tutela muy importante para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos en situaciones de altísima gravedad y urgencia.

La Asamblea General de la OEA, en reconocimiento del valor esencial de las labores que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha alentado a los Estados miembros a dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, al adoptar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en el seno de la Asamblea General en el año 1994, los Estados miembros reconocieron la eficacia del mecanismo de medidas cautelares para analizar alegatos de esta naturaleza.

El mecanismo de medidas cautelares ha permanecido en el Reglamento de la Comisión por mas de 30 años. La última reforma reglamentaria entró en vigor el 31 de diciembre de 2009. El Articulo 25 describe el procedimiento que rige las medidas cautelares y delinea la relación que puede existir entre una medida cautelar y el objeto de una petición o caso (artículo 25.1); la adopción de medidas cautelares independientemente de la existencia de una petición o caso (articulo 25.2); la naturaleza individual o colectiva de las medidas cautelares (articulo 25.3); la posibilidad de que la CIDH solicite información al Estado a menos que la urgencia de la situación justifique el otorgamiento inmediato de una medida cautelar (artículo 25.5); y los procedimientos relacionados con el levantamiento o cierre de trámite de medidas cautelares (artículo 25.7 y 25.8), entre otros puntos. En el proceso de reforma, la CIDH consideró extensamente los comentarios y críticas formulados por un gran número de Estados miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, académicos y particulares de todo el continente, en respuesta a las consultas abiertas sobre el texto del proyecto preliminar de reforma”.

Las medidas cautelares: Su práctica como garantía de respetar los derechos fundamentales y prevenir daños irreparables

En los últimos 30 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación. Entre estos grupos se encuentran, entre otros, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBI y personas privadas de libertad. Adicionalmente, han protegido a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles e inhumanos y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros. Asimismo, la CIDH ha dictado medidas cautelares a fin de proteger el derecho a la salud y la familia; y situaciones relacionadas al medio ambiente que puedan derivar en daños a la vida o la salud de las personas, o a la forma de vida de pueblos indígenas en su territorio ancestral, entre otras situaciones.

Las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano. Tienen una función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos. La práctica se caracteriza por desarrollar la función tutelar con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de la persona del beneficiario como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos. Estas consideraciones han llevado al dictamen de medidas cautelares en una amplia gama de situaciones en las que no existen casos pendientes ante el sistema.

Con respecto al aspecto cautelar, las medidas pueden estar destinadas a impedir la ejecución de medidas judiciales, administrativas o de otra índole, cuando se alega que su ejecución podría tornar ineficaz una eventual decisión de la CIDH sobre una petición individual. Algunas de las situaciones tratadas por la CIDH que tienen el fin de preservar el objeto de una petición o un caso, han incluido, entre otras, solicitudes de suspensión de órdenes de deportación o extradición cuando se acredita el riesgo de que la persona sufra torturas o tratos crueles e inhumanos en el país receptor; situaciones en las que la CIDH ha instado al Estado suspender la aplicación de la pena de muerte; situaciones dirigidas a proteger las tierras de pueblos indígenas de incursiones que podrían romper la estrecha relación entre el pueblo y sus tierras tradicionales y recursos naturales, o poniendo en riesgo la sobrevivencia de la cultura. Al dictar medidas cautelares en estas situaciones, la CIDH solicita al Estado suspender la actividad que podría producir una vulneración a los derechos del beneficiario hasta que los órganos del Sistema Interamericano se pronuncien sobre el fondo del caso relacionado.

La CIDH ha otorgado también medidas cautelares a fin de proteger una gama más amplia de derechos, tal y como los derechos a la salud y a la familia cuando están presentes los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Asimismo, se han dictado medidas para evitar daños a la vida o la salud derivadas de la contaminación ambiental.

Al analizar una solicitud de medidas cautelares, la Comisión estudia la concurrencia de tres condiciones: i) la “gravedad”; ii) la “urgencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”.

La Comisión desea resaltar que el análisis de la solicitud de medidas cautelares se realiza tomando en cuenta las particularidades de cada situación en concreto, el cual no puede sujetarse a criterios estrictos y generalizados sino que atiende a la naturaleza del riesgo y el daño que se pretende evitar. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación la CIDH señalará algunos de los elementos que ha tenido en cuenta al valorar las solicitudes de medidas cautelares, sin que éstos constituyan requisitos necesarios para su otorgamiento o tengan un carácter exhaustivo.

Respecto al carácter “urgente” de la situación objeto de solicitud de medidas, la amenaza o riesgo involucrado debe ser inminente, lo cual requiere que la respuesta para remediarlo sea inmediata, en forma tal que en el análisis de este aspecto corresponde valorar la oportunidad y la temporalidad de la intervención cautelar o tutelar solicitada. Para valorar este aspecto, la CIDH ha considerado elementos como: a) la existencia ciclos de amenazas y agresiones que demuestran la necesidad de actuar en forma inmediata; y b) la continuidad y proximidad temporal de las amenazas, entre otros.

A los efectos de evaluar los requisitos de gravedad y urgencia, la CIDH ha tenido en cuenta además, información relacionada con la descripción de los presuntos hechos que fundamentan la solicitud (amenazas telefónicas/escritas/atentados/hechos de violencia/señalamientos/ultimátum); la identificación del origen de las amenazas (particulares, particulares con vínculos con el Estado, agentes del Estado, otros); las denuncias formuladas ante las autoridades; las medidas de protección de las cuales ya sean beneficiarios e información sobre su efectividad; la descripción del contexto necesario para valorar la gravedad de las amenazas; la cronología y proximidad en el tiempo de las amenazas proferidas; la identificación de personas afectadas y, de ser relevante, su afiliación y el grado de riesgo.

Asimismo, la CIDH ha tomado en consideración elementos propios del país al cual se refiere la solicitud, como: a) la existencia de un conflicto armado, b) la vigencia de un estado de emergencia, c) los grados de eficacia e impunidad en el funcionamiento del sistema judicial, d) los indicios de discriminación contra grupos vulnerables, y e) los controles ejercidos por el Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, entre otros.

En cuanto al requisito de “irreparabilidad del daño”, es necesario que en los hechos que fundamentan la solicitud se advierta una probabilidad razonable de que se materialice y el daño no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables.

Es importante destacar que la denuncia previa de la situación de riesgo ante una autoridad no constituye un requisito adicional para el otorgamiento de una medida cautelar, pero tal como se establece en el artículo 25.4 es un elemento que tomará en cuenta la Comisión al evaluar la solicitud. A ese respecto, cuando se ha denunciado a nivel interno, la CIDH puede valorar la eficacia o ineficacia de la respuesta brindada por el Estado. Asimismo, cuando el solicitante no haya realizado denuncia es importante para la Comisión conocer las razones por las cuales se abstuvo de hacerlo.

Antes de adoptar la decisión final de otorgar o rechazar una solicitud de medidas cautelares, la CIDH puede requerir información al solicitante de las medidas, al Estado concernido, o a ambos. Gran parte del trabajo realizado por la Comisión se refiere al seguimiento de solicitudes de informaciones realizadas al Estado y a los peticionarios. La falta de respuesta tanto del Estado como de los peticionarios a las solicitudes de información, constituye un elemento de valoración para la CIDH al momento de determinar si se otorga o no la medida solicitada.

Cabe señalar que si la medida no es otorgada, esto no obsta para que el peticionario presente una nueva solicitud de protección si considera que existe información adicional o si se producen nuevas circunstancias de hecho.

Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales deben dar la protección efectiva para evitar la situación de riesgo presentada. Asimismo, son las partes las que deben diseñar el tipo de medidas materiales más adecuadas, y/o de otro carácter, para atender las situaciones planteadas y prevenir la consecución de situaciones de riesgo adicionales.

La CIDH utiliza varias herramientas a su disposición para facilitar el seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares: intercambio de comunicaciones; convocatorias a reuniones de trabajo o audiencias en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH, reuniones de seguimiento dentro del marco de visita in loco o de trabajo de la CIDH o de la Relatores de País; comunicados de prensa, informes temáticos, o informes sobre el país particular.

La Comisión reconoce la respuesta positiva de los Estados a las medidas cautelares. Esto se ha visto reflejado cuando los Estados asignan medidas de protección concretas a favor de los beneficiarios (e.g. escoltas, el blindaje de oficinas, medios directos de comunicación con las autoridades, protección de los territorios ancestrales, entre otros), tomando en cuenta su opinión y la de su representante; cuando participan activamente presentando información a las solicitudes de la CIDH o en las reuniones de trabajo y audiencias de seguimiento sobre medidas cautelares; al crear dentro de sus países mesas de trabajo interinstitucionales a fin de implementar las medidas de protección requeridas por los órganos del Sistema Interamericana al incorporar en su jurisprudencia y legislación el cumplimiento de las medidas cautelares.