CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH condena acciones policiales violentas en Brasil e insta a adoptar medidas orientadas a combatir la discriminación social y racial
2 de agosto de 2020
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa profunda preocupación sobre los números históricos de acciones
policiales violentas registradas durante el primer semestre del año en
Brasil y su vinculación con la discriminación racial, agravada en el
contexto de la Covid-19. En ese sentido, la CIDH hace un llamado al Estado a
adoptar una política de seguridad con enfoque ciudadano, así como a combatir
y erradicar la discriminación estructural histórica que resulta en patrones
desproporcionados de violencia institucional en contra de las personas
afrodescendientes y aquellas expuestas a la pobreza y la pobreza extrema.
Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, de enero a abril de
2020, hubo un incremento de 31% en la letalidad policial en el estado de São
Paulo en comparación con el mismo período de 2019, reportándose 381 muertes
a manos de los agentes de seguridad en dicho periodo de 2020. Por su
parte, solo en el estado de Río de Janeiro, de acuerdo con datos del
Instituto de Seguridad Pública (ISP), en el periodo de enero hasta abril de
2020 se observó un aumento de aproximadamente 9% en el índice de letalidad
policial, con 612 sucesos. Además, en ambos estados, se observó un
incremento crítico durante el mes de abril, cuando se implementaron las
medidas de confinamiento más estrictas. Mientras que, en el estado de São
Paulo, la letalidad policial creció un 53% comparado a abril del año
anterior, en Río de Janeiro, hubo un aumento de aproximadamente 43% en las
muertes provocadas por la policía en el mismo período de 2019. La
gravedad del aumento de las acciones policiales violentas en las favelas de
Río de Janeiro, territorios con predominio social de personas
afrodescendientes y situación de pobreza, llevó a la Corte Suprema a emitir
una decisión preliminar que prohíbe las operaciones policiales en las estas
comunidades mientras continúa la pandemia de la COVID-19. La CIDH también
señala que el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro señaló que,
en el último mes de junio, cuando entró en vigor dicha decisión, las
llamadas "muertes por intervención de agentes estatales" ha caído un 78%,
así como una hubo una queda en el registro general de crímenes violentos y
robos en el estado.
Los datos del Foro de Seguridad Pública de Brasil dan cuenta de que casi 8
de cada 10 víctimas fatales de la policía brasileña son de ascendencia
africana. La población afrodescendiente, aunque representa el 55% de la
población brasileña, los negros representan el 75.4% de los asesinados por
la policía. En ese contexto, en lo que va del año, la Comisión tuvo
información de distintos hechos de violencia cometidos por las fuerzas
policiales del Estado en el marco de la ejecución de la política de
seguridad. Como ejemplo de ello, resalta el caso de una mujer
afrodescendiente de 51 años, que fue seriamente agredida el 12 de julio de
2020 por un agente policial, acto registrado por un video en el que se puede
ver que el agente de la policía le pisa su cuello con la intención de
inmovilizarla y, enseguida, la arrastra por el suelo en el barrio
Parelheiros, en la ciudad de São Paulo. Esa misma práctica pudo ser notada
en un nuevo video grabado el 14 de julio, que muestra cuatro agentes
policiales abordando de manera violenta y asfixiando a Jefferson André da
Silva, un motociclista afrodescendiente de 23 años, en el marco de una
protesta por mejores condiciones de trabajo, desarrollada por repartidores
en la zona oeste de la misma ciudad.
A su vez, en Río de Janeiro, el 18 de mayo, la actuación de la Policía
Federal en conjunto con la Coordinación de Recursos Especiales de la Policía
Civil Rio de Janeiro (CORE) habría resultado en la muerte de João Pedro
Mattos Pinto, un niño afrodescendiente de 14 años, que fue baleado en el
interior de su casa en la región de Salgueiro, Río de Janeiro. La
información da cuenta de que, tras su muerte, los presuntos autores de los
disparos se habrían llevado el cuerpo del niño en un helicóptero, habiendo
estado desaparecido por alrededor de 24 horas cuando fue identificado en el
Instituto Médico Legal (IML). En el mismo sentido, la CIDH fue informada de
que, al menos, 13 personas habrían sido asesinadas el 15 de mayo, en el
Conjunto de favelas conocido como Complexo do Alemão, en Rio de Janeiro,
tras la acción conjunta entre las policías civil y militar del estado. De
acuerdo con información pública, durante la operación, un policía militar
resultó herido por metralla, sin gravedad.
En reiteradas ocasiones la CIDH ha expresado su preocupación respecto del
uso excesivo de la fuerza policial, particularmente en lo relativo a
los
altos niveles de letalidad policial y a
su
impacto desproporcional sobre personas afrodescendientes. Asimismo, en
el marco de su visita in loco al país, en noviembre de 2018, la Comisión
identificó que, en un contexto de discriminación estructural, las fuerzas
policiales también realizan operaciones enfocadas en comunidades pobres y
con alta concentración de personas afrodescendientes, sin la observancia de
los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos y sin
la existencia de mandatos judiciales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece obligaciones en
cuanto al derecho a la vida, a la integridad de todas las personas, así como
su deber de promover la igualdad y la no discriminación en todas las esferas
de actuación. De esa manera, insta el Estado a adoptar medidas de protección
eficaces frente a intervenciones de agentes estatales, y a adoptar medidas
orientadas a combatir el uso del perfilamiento racial de personas
afrodescendientes y de otras prácticas discriminatorias explícitas o
implícitas por motivos de origen étnico-racial o situación socioeconómica,
que resulten directa o indirectamente en amenazas al derecho a la vida.
En cuanto al perfil de las víctimas, la Comisión Interamericana reafirma que
estos no son hechos aislados de violencia, sino que hacen parte de un
proceso histórico y estructural de discriminación basado en el origen étnico-racial
y social, que se manifiesta de manera sistemática. La Comisión observa que
estos graves delitos se enmarcan en un contexto de impunidad histórica y de
insuficiente rendición de cuentas por parte del sistema de justicia penal y
de las instituciones policiales, respectivamente.
La Comisión señala que el racismo policial es parte de un contexto de
impunidad histórica y de rendición de cuentas insuficiente por las prácticas
de abuso por parte de la policía, y también parte del sistema de justicia
penal como por las propias instituciones policiales. La Comisión considera
necesario fortalecer las capacidades estatales del sistema de justicia penal
y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con respecto a la
prohibición del uso de criterios raciales y el uso excesivo de la fuerza, de
conformidad con los principios de igualdad y no discriminación.
La CIDH también destaca la importancia para el país de fortalecer la
independencia y autonomía de los operadores del sistema de justicia y de los
organismos de control involucrados en la investigación de las actividades de
la policía civil y militar. Finalmente, la CIDH hace un fuerte llamado a
Brasil a ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 187/20