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Comunicado de Prensa

CIDH expresa preocupación por casos de letalidad policial en contextos urbanos en Brasil

25 de abril de 2019

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante casos de letalidad policial en contextos urbanos en Brasil así como por el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad pública. La Comisión llama el Estado a adoptar medidas efectivas para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial dichos actos de violencia y, en particular, garantizar la participación e independencia de los órganos de control.

Por medio de su monitoreo, la CIDH recibió denuncias respecto de asesinatos relacionados o promovidos con o por participación de agentes policiales y militares, con particular impacto sobre comunidades pobres, periféricas y con alta concentración de personas afrodescendientes.

Según datos del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Rio de Janeiro, por ejemplo, solo en el primer bimestre del 2019, 305 muertes en consecuencia de intervenciones por agentes del Estado ocurrieron en el estado. Según datos del mismo órgano, hubo un incremento de aproximadamente 18% en estos crímenes comparado al mismo periodo del año anterior. Con respecto a estas alarmantes cifras, la CIDH destaca la necesidad de adopción de un abordaje integral de seguridad ciudadana que abarque el diseño, implementación y evaluación permanente de políticas públicas, integrales, sustentables, estrategias de reducción de la letalidad policial y el enfoque en la vigencia de los derechos humanos de todas las personas.

La Comisión tuvo noticias respecto una masacre, el último 1º de febrero, en las favelas de Coroa, Fallet-Fogueteiro y dos Prazeres, en la región central de la ciudad de Rio de Janeiro. Según informaciones recibidas por la CIDH, tras una operación policial con participación de los Batallones de Choque y de Operaciones Especiales, quince jóvenes habitantes de la región habrían sido asesinados, lo que representaría la operación policial con el más grande número de muertes en los últimos doce años en Rio de Janeiro.

Asimismo, la CIDH fue informada sobre el asesinato de al menos nueve personas el 20 de enero de 2019, en Marambaia, en la ciudad de Itaboraí, región metropolitana del estado de Rio de Janeiro. La masacre también habría ocurrido tras el asesinato del policía militar, Rodrigo Marques Paiva.

En el mismo sentido, la Comisión toma nota de las decisiones tanto del Ministerio Público del Estado de Rio de Janeiro como del Ministerio Público Militar de archivar la acusación en contra agentes de las Fuerzas Especiales del Ejército que habrían participado del asesinato de ocho personas en una operación en el Complexo do Salgueiro en la ciudad de São Gonçalo, estado de Rio de Janeiro, en noviembre de 2017 y urge al Estado a que avance con sus obligaciones de identificar a los responsables por los hechos y asegure que los mismos no queden en la impunidad.

La Comisión observa con preocupación el patrón de uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, altas tasas de letalidad e involucramiento de agentes de seguridad pública con bandas del crimen organizado y milicias. La CIDH reitera su preocupación ante una creciente militarización de las políticas de seguridad ciudadana, sobre la cual hizo un llamado al cierre de la visita in loco a Brasil en noviembre de 2018.

En el mismo sentido, la CIDH destaca la importancia de seguir fortaleciendo la independencia y autonomía de los operadores del sistema de justicia y órganos de control involucrados en las investigaciones de actividades policiales civiles y militares. Asimismo, preocupa a la CIDH la atribución de la investigación y juzgamiento de dichos crímenes a autoridades ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad, en particular tras la promulgación de la ley 13.491/2017 que modificó el Código Penal Militar para que los homicidios dolosos de civiles cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales militares.

La CIDH insta el Estado a adoptar medidas de protección eficaces frente a intervenciones de agentes estatales que resulten directa o indirectamente en amenazas al derecho a la vida. En particular, la CIDH hace un llamado al Estado para que diseñe y ponga en funcionamiento planes y programas de prevención social, comunitaria y situacional, dirigidos a enfrentar los factores que favorecen la reproducción de las conductas violentas en la sociedad.

Finalmente, la CIDH hace un llamado al Estado para que adopte medidas efectivas para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial dichos actos de violencia. En particular el Estado debe garantizar la participación e independencia de los órganos de control involucrados en la representación de víctimas, investigación de los hechos y presentación de denuncias, considerándose incluso la posibilidad de federalización de las investigaciones de dichos casos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 103/19