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Comunicado de Prensa

CIDH expresa profunda preocupación por el aumento de la violencia contra personas afrodescendientes en Brasil

26 de septiembre de 2018

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra personas afrodescendientes en Brasil el año de 2017. La CIDH urge al  Estado brasileño a poner en marcha políticas, leyes y prácticas para prevenir y eliminar la discriminación, sea ella directa o indirecta, de personas afrodescendientes, tomando en cuenta elementos que profundizan la situación de vulnerabilidad de estas personas, tales como el género, orientación sexual y situación de pobreza.

De acuerdo con cifras generadas por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) en su Atlas da Violencia 2018, durante el año 2017 ocurrieron 62.517 homicidios en Brasil, en los cuales el 71,5% de las víctimas fueron personas afrodescendientes. Estas alarmantes cifras indican que los jóvenes afrodescendientes de sexo masculino tienen 2,5 veces mayores probabilidades de morir como consecuencia de la violencia que jóvenes no afrodescendientes. Asimismo, se ha registrado un incremento en el número de mujeres afrodescendientes víctimas de violencia letal. Mientras que en los últimos diez años se ha registrado una disminución de 8% en los homicidios de mujeres no afrodescendientes, en el mismo periodo el número de mujeres afrodescendientes asesinadas sufrió un incremento de 15,4%. Finalmente, el estudio indica que al menos 4.222 muertes se habrían registrado en el contexto de las intervenciones policiales en todo el país al largo del 2017.

La Comisión ha reportado sobre la existencia de políticas de violencia institucional focalizada respecto de la población afrodescendiente en distintos países del hemisferio. Esta violencia institucional perpetúa los patrones de discriminación existentes, ya sea por la ausencia o ineficacia de las investigaciones y sanciones a los perpetradores, o por la violencia emprendida por los agentes del Estado, en desconocimiento de los estándares de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza.

A lo largo de los años, la CIDH ha recibido de manera consistente y sistemática informes de organizaciones de la sociedad civil de Brasil los cuales denuncian políticas de lucha contra las drogas que generan un impacto desproporcionado sobre personas afrodescendientes, generando su sobrerrepresentación de estas personas en el sistema de justicia; un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales hacia a hombres jóvenes afrodescendientes, en particular, en zonas periféricas de las ciudades; así como el doble impacto que tiene la violencia estatal y el crimen organizado sobre adolescentes afrodescendientes, en particular aquellos que entran en contacto con la ley penal.

La Comisión toma nota de iniciativas del Estado brasileño en el marco de la política de seguridad pública que, entre otros aspectos, tiene enfoque en la disminución de la cantidad de homicidios dolosos, la reducción de la sobrepoblación carcelaria, y la celeridad en investigaciones y procesos judiciales en casos de violencia doméstica. Al mismo tiempo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la falta de efectividad de estas medidas para prevenir y revertir la histórica situación de exclusión sistemática a la cual han sido sometidas las personas afrodescendientes y sus comunidades.

En este sentido, la CIDH urge al Estado brasileño a implementar políticas públicas de seguridad ciudadana que aborden la problemática del racismo institucional, el cual se acentúa a través de prácticas ampliamente expandidas, tales como el uso de perfiles raciales, la persecución policial selectiva de personas afrodescendientes, así como su sobrerrepresentación en el sistema carcelario.

Al mismo tiempo, la CIDH destaca la necesidad de que el Estado Brasileño adopte políticas públicas que contemplen de forma prioritaria el funcionamiento de una estructura institucional eficiente que garantice a la población afrodescendiente el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, y que estén dirigidas a reducir los efectos de la pobreza y las disparidades sociales históricas, en particular hacia las mujeres afrodescendientes que  se encuentran en  una situación de vulnerabilidad y discriminación acentuada.

Finalmente, la CIDH recuerda que el Estado está obligado a emprender una revisión integral de sus normativas internas, con el fin de identificar y derogar aquellas disposiciones que entrañan discriminación directa o indirecta, y adoptar legislación que de manera expresa y comprehensiva sancione la discriminación racial.  Esta adecuación normativa, además de una obligación, constituye un instrumento importante de visibilización de la situación de las personas afrodescendientes y además, contribuye al proceso de concientización y modificación de patrones históricos de segregación y exclusión.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 209/18