Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 26/00
En el día la fecha se presentó en Washington el Informe Anual sobre Libertad de Expresión en las Américas ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicho informe forma parte del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue preparado por la Relatoría para la Libertad de Expresión. La Relatoría es una institución creada dentro del ámbito de la CIDH y cuenta con el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, que le dieron su apoyo durante la Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998. El Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, asumió sus funciones en noviembre de 1998.
De acuerdo al informe, en el presente existe mayor libertad de expresión que en años anteriores, cuando una mayoría de gobiernos dictatoriales o autoritarios constituían una clara limitación a la libertad de expresión. Sin embargo, el informe agrega que la libertad de expresión continúa siendo uno de los blancos principales de gobiernos autoritarios u otros grupos o individuos, que encuentran en en el ejercicio de ésta, el principal obstáculo para sus proyectos autoritarios. Por otro lado, atacando la libertad de expresión se busca evitar la transparencia que demanda la sociedad para poner límite a los casos de corrupción que perjudica la estabilidad democrática de los países. "Es precisamente con mayor libertad de expresión que lograremos profundizar y consolidar la democracia. A pesar de las dos décadas de proceso democrático, la democracia aún se encuentra limitada en algunos de los Estados del hemisferio", según se expresa en el Capítulo de Introducción del Informe. La violencia contra periodistas continúa siendo una práctica constante en varios países del hemisferio. "Asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurren con frecuencia y gran número de Estados continúan sin adoptar las medidas necesarias para lograr que estos crímenes no queden impunes."
Durante el año 1999, según la Relatoría, hubo seis casos de asesinatos de periodistas. Cinco ocurrieron en Colombia y uno en Argentina. Estos se suman a los cientos de casos de asesinatos a periodistas en las Américas en la ultima década y que en la gran mayoría de los casos los autores de los crímenes han permanecido impunes. Mas allá de la violencia contra periodistas, en el informe se hace hincapié en la necesidad de que se efectúen una serie de reformas en las leyes para adecuarlas a las normas internacionales de defensa de la libertad de expresión e información. "Es necesario profundizar en las reformas institucionales, específicamente en las legislaciones de los países del hemisferio, para garantizar que la libertad de expresión encuentre en los ordenamientos jurídicos nacionales una defensa adecuada".
En el informe se recomienda que se deroguen las leyes de desacato y se modifiquen las leyes de calumnias e injurias, que en muchos casos son utilizadas como mecanismos para limitar la libertad de expresión. La Relatoría recomienda especialmente que se descriminalice este tipo de ofensas. Además, en el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión se recomienda a los Estados que implementen legislación que garantice el derecho de acceso a la información. "Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos mas eficaces para combatir la corrupción," señala el Dr. Canton. Asimismo, el informe agrega que las leyes de acceso a la información contribuyen a garantizar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal. Sobre este particular, la Relatoría quiere destacar la buena disposición del Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que en una reciente visita del Relator Especial a Guatemala se comprometió a enviar legislación al Congreso que ponga en práctica el ejercicio de este derecho.
En el informe se menciona la preocupación de la Relatoría por la incorporación del artículo del derecho a la información veraz en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según el informe "esta doctrina produce precisamente el efecto opuesto al que supuestamente sus promotores argumentan como fundamento para su aplicación. Es decir, la búsqueda de la verdad en la información se ve seriamente limitada al impedirse el libre flujo de la misma como consecuencia del temor a las sanciones que se puedan imponer." De acuerdo al Relator Especial, "en general, hay que reconocer, que detrás del derecho a la información veraz se esconde la intención de crear mecanismos que permitan silenciar las críticas a las autoridades. En una democracia, las críticas a las autoridades son uno de los principales medios de control que tiene la sociedad sobre los abusos. La aplicación práctica de este principio trae consecuencias muy negativas para el sistema democrático."
En el informe también se hace mención a la necesidad de asegurar la protección y respeto del derecho a la libertad de expresión e información de la mujer. "La falta de acceso a una educación igualitaria constituye una violación directa al derecho de la mujer a buscar y recibir información." Las estadísticas revelan una importante desigualdad entre el hombre y la mujer con relación a los niveles de alfabetización. A la diferencia en la educación se suma la limitación a la libertad de expresión por la intimidación que producen los actos de violencia doméstica. En muchas ocasiones, la mujer opta por no denunciar los hechos a la justicia, se recluye y no participa de la vida en sociedad.
Con respecto a Internet, el informe recomienda a los Estados no ejercer ningún tipo de regulación que viole las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Dichos instrumentos permiten una interpretación amplia sobre la libertad de expresión." El informe hace mención al estado de la libertad de expresión en algunos países del hemisferio. En especial expresa su preocupación por el estado de la libertad de expresión en Cuba y Perú. En relación con Cuba, la Relatoría considera que no existe libertad de expresión. "Mientras no se produzcan cambios que conduzcan a una democratización del país y reconocimiento de los demás derechos fundamentales, es imposible el desarrollo del derecho a la libertad de expresión."
En Perú, el Relator Especial considera que no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Según el informe, " la limitación principal a la libertad de expresión se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos. A este plan sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del Poder Judicial, en cuanto no investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación."
Por último, el informe del Relator Especial hace también mención a los progresos en materia de libertad de expresión que se han logrado en países como Panamá y Argentina. En el caso de Panamá, el Dr. Canton hace referencia a la derogación de algunas "leyes mordaza", constituyendo un importante paso adelante del gobierno panameño en la desarticulización del andamiaje legal restrictivo de la libertad de expresión. En el caso de Argentina el informe destaca la existencia de un proyecto de ley que modificaría la legislación sobre calumnias e injurias. Este proyecto se encuentra en trámite legislativo en el Senado argentino y, de aprobarse, podría servir de ejemplo para el resto de los países del hemisferio y constituir uno de los avances más significativos en materia de libertad de expresión y progreso democrático.
Washington, D.C., 11 de mayo de 2000