A lo largo de los años, la CIDH ha monitoreado la situación de las personas en el contexto de la movilidad humana a través de la realización de visitas a países, estudios temáticos e informes de países, solicitudes de información, audiencias y reuniones de trabajo. Con el propósito de garantizar el reconocimiento de las personas en el contexto de la movilidad humana como sujetos de derecho y el goce efectivo de sus derechos, la CIDH también ha enfocado parte de sus acciones en garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder en igualdad de condiciones a la justicia internacional a través de los mecanismos de casos individuales y medidas cautelares previstos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH también ha impulsado el desarrollo jurisprudencial y de las opiniones consultivas que se han desarrollado con relación a estas personas.

En 1996, en respuesta a la grave situación que enfrentaban los desplazados internos y los trabajadores migrantes y sus familias en diversos países del continente, la CIDH decidió crear la Relatoría sobre Desplazados Internos y la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Si bien la creación de estas relatorías la CIDH sirvió para brindar una mayor atención a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, así como de los desplazados internos, la protección y promoción de los derechos humanos de otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad en el contexto de la movilidad humana también ha sido uno de sus principales focos de trabajo de la CIDH desde sus orígenes como consecuencia de las migración forzadas de cientos de miles de personas que se vieron tuvieron que huir o abandonar sus hogares como consecuencia de las dictaduras y conflictos armados que ocurrieron en la región a lo largo del siglo XX.

En 2012, la CIDH decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias [ahora Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes], con el propósito de dar respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, ya sea como migración internacional o interna o como migración forzada o voluntaria. El nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los Derechos de las Personas Migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.