Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 76/03
EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA ASESINATO DE DOS PERIODISTAS EN COLOMBIA
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Eduardo A. Bertoni, condena el asesinato de los periodistas colombianos Guillermo Bravo Vega y Jaime Rengifo Rebelo y le solicita al Gobierno colombiano que tome todas las medidas necesarias para garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad; al mismo tiempo insta al Gobierno a que refuerce al máximo los mecanismos para otorgar protección efectiva a todos aquellos periodistas que están siendo constantemente amenazados por cumplir con su valiosa función de informar a la sociedad.
Según la información recibida, la noche del 28 de abril de 2003, el periodista Guillermo Bravo Vega fue baleado por desconocidos en su casa, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El periodista murió en momentos en que era llevado al hospital. Bravo era reconocido por su especialidad en periodismo económico y político y había obtenido premios periodísticos. En la actualidad trabajaba de forma independiente en el canal local de televisión en el programa “Hechos y Cifras”, y era columnista del periódico “Tribuna del Sur”.
Por otra parte, el 29 de abril de 2003, fue asesinado el periodista Jaime Rengifo Rebelo en el municipio de Maicao, departamento de la Guajira. Rengifo Rebelo dirigía el periódico “El Guajiro” y el programa radial “Periodistas en Acción”, transmitido por la radioemisora independiente “Olímpica”. El comunicador fue asesinado en el hotel donde residía, en momentos en que se dirigía a la radio. De acuerdo a información recibida, un hombre que se había hospedado la noche anterior en el hotel, le disparó en varias ocasiones quitándole la vida, y luego huyó.
Ambos periodistas asesinados investigaban y denunciaban hechos relacionados con supuestos casos de corrupción. Además, los dos habían recibido amenazas. El Relator Especial enfatizó: “ Las características comunes de ambos hechos, como las amenazas previas recibidas, y el tratarse de periodistas de investigación, me lleva a insistir en alguna de las conclusiones de un reciente seminario llevado a cabo en Bogotá, sobre “Impunidad en casos de amenazas a la prensa”: que las amenazas no deben ser subestimadas en ningún caso, y que es imperativo que se denuncien ante la justicia cuando ocurren”.
El Estado, mediante la acción decisiva de castigar a quienes intimidan o asesinan a periodistas, contribuye a evitar el efecto amedrentador que estas acciones ocasionan, enviando un mensaje fuerte y directo a la sociedad: no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones al derecho a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la inexistencia de una investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. La impunidad de estos crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar atropellos, abusos e ilícitos de toda índole
El Relator Especial recuerda que el asesinato de periodistas es la forma más brutal de coartar la libertad de expresión. Tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato y la amenaza a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas ”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención.
Por ello, el Relator Especial insta al Estado colombiano a realizar inmediatamente una investigación efectiva de estos asesinatos. Y recuerda el compromiso manifestado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Tercera Cumbre de las Américas en cuanto a que: “... los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias...”
Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión
1 de mayo de 2003
Washington, D.C.