Libertad de Expresión
Estados Unidos
PRINCIPIO 5 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Censura previa, interferencia o presión directa o indirecta)
83. Entre el 29 de agosto y el 2 de setiembre, en el marco de las protestas durante la Convención Nacional Republicana, en la ciudad de Nueva York, varios periodistas fueron detenidos por la policía. Algunos comunicadores fueron retenidos durante varias horas, y se presentó confusión sobre las acreditaciones que serían reconocidas como válidas (algunos periodistas contaban con acreditaciones de la Policía de Nueva York y otros con las suministradas por los organizadores de la Convención Republicana). Entre los detenidos se encontraba Moisés Saman, fotógrafo de Newsday; Jeannette Warner y Tim Kulick, de Associated Press y el fotógrafo que la acompañaba; Daniel Jones, de WRDR radio, Jennifer Whitney, del servicio de noticias de Internet, Narco News Bulletin; Nick Gehring y Beth Rankin, periodistas no acreditados del Daily Kent Stater de la Universidad Estatal de Kent; el fotoperiodista freelance Geoffrey O´Connor; Kelley Benjamín, de un semanario de Tampa, Florida; Daniel Cashin de Democracy Now[1]. La Relatoría también fue informada sobre una gran cantidad de manifestantes que fueron detenidos durante esa semana. Preocupa a la Relatoría la interferencia que dichas detenciones podrían haber provocado en el libre flujo de información plural en el marco de un proceso electoral.
84. Hacia fines de 2004, la defensora iraní de Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro por impedirle publicar un libro en los Estados Unidos. La Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC) de ese Departamento había advertido a algunas casas editoras entre finales de 2003 e inicios de 2004 que podían enfrentarse a algún tipo de consecuencia legal por la edición de escritos de países sobre los que pesan sanciones comerciales (Cuba, Irán y Sudán), con excepción de la impresión[2]. En abril de 2004, el Departamento del Tesoro rectificó señalando que la corrección de estilo sí se permitía y la revisión de pares para las publicaciones académicas[3]. Finalmente, el 17 de diciembre, el Departamento del Tesoro modificó las normas para permitir a las casas editoras contratar con escritores de esos países, siempre y cuando no sean representantes de sus gobiernos[4].
PRINCIPIO 8 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Derecho a la reserva de las fuentes, apuntes, archivos personales y profesionales de los comunicadores sociales).
85. Durante el año 2004, la Relatoría recibió información sobre varios periodistas que fueron citados en los tribunales para que revelaran sus fuentes de información. En algunos casos fueron sentenciados, incluso con sanciones penales, por mantener la reserva de sus fuentes. Uno de estos casos, y que ameritó un pronunciamiento de la Relatoría en un comunicado de prensa el 8 de diciembre, fue el del periodista del canal de televisión WJAR-TV10, Jim Taricani. El 16 de marzo de 2004, Taricani fue multado con mil dólares diarios estadounidenses por el Juez de Distrito, Ernest C. Torres, del estado de Providence, Rhode Island, al declarársele en estado de desobediencia (civil contempt) por negarse a revelar el nombre de la fuente que le suministró un video en el cual se mostraba a un funcionario de la alcaldía de Providence recibiendo un soborno de un informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés)[5]. La cinta en cuestión estaba protegida por una orden que prohibía su difusión pues formaba parte de una investigación sobre corrupción. Como Taricani continuó rehusándose a revelar su fuente, el 4 de noviembre de 2004 el Juez Torres inició una acción penal por el delito de obstrucción de justicia (criminal contempt), por el que fue condenado el 18 de noviembre de 2004. Tras esta condena, Joseph Bevilacqua, un abogado local, admitió haber entregado la cinta del FBI. No obstante, el 9 de diciembre, Taricani recibió el veredicto en el que se le impuso una pena de seis meses de arresto domiciliario.
86. Otro caso fue el de los periodistas Tim Russert[6], conductor del programa Meet the Press (“Encuentro con la Prensa”) del canal NBC, Judith Miller, de The New York Times y Matthew Cooper de la revista Time, quienes el 21 de mayo de 2004 fueron citados por un Gran Jurado en el marco de una investigación para determinar la fuente que reveló la identidad de una agente encubierta de la CIA en el año 2003 a varios periodistas. El Juez Federal Thomas F. Hogan, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Washington sentenció a Cooper[7] y Miller por desacato, en los meses de agosto y octubre, respectivamente, luego de que los comunicadores se negaran a revelar sus fuentes y entregar documentación. Hogan ordenó su detención en prisión hasta que aceptaran testificar y hasta un máximo de 18 meses. La revista Time fue sentenciada a pagar una pena de mil dólares estadounidenses diarios por su negativa a entregar documentación que había sido solicitada por los fiscales que investigaban el caso. La sentencia fue apelada. El 8 de diciembre de 2004, la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., escuchó los alegatos orales. Al elaborarse este informe aún no se había dictado una resolución[8].
87. En agosto de 2004, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Thomas Penfield Jackson, sentenció por desacato a los periodistas Josef Hebert de la agencia de noticias Associated Press, James Risen y Jeff Perth de The New York Times, Robert Drogan de Los Angeles Times y Pierre Thomes de la cadena de noticias CNN. Los periodistas fueron condenados a pagar quinientos dólares de multa diaria por rehusarse a revelar sus fuentes de información en relación con una información sobre Wen Ho Lee[9], un científico nuclear quien en 1999 trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Alamos, en Nuevo México[10].
88. Otro caso similar fue el de la agencia de noticias Associated Press, la emisora National Public Radio y la cadena CBS, que en diciembre recibieron citaciones para ofrecer documentos y testimonios en el juicio planteado por Steven J. Hatfill contra el ex-Fiscal General John Aschroft y otros funcionarios públicos, por haber sido declarada como “persona de interés” en la investigación por los ataques con ántrax ocurridos en el año 2001. Hatfill invocó la Ley de Privacidad (Privacy Act). El Juez de Distrito Reggie B. Walton ordenó a un centenar de fiscales federales, agentes del FBI y empleados federales relacionados con la investigación que firmaran documentos en los que aceptaban relevar cualquier acuerdo de confidencialidad con reporteros[11].
89. Tal como señaló la Relatoría en su pronunciamiento sobre el caso de Taricani, “el fundamento principal [del] derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito de su trabajo, y a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer el derecho a la información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. Este derecho a la confidencialidad significa otorgar garantías legales a las fuentes para asegurar su anonimato y para evitar posibles represalias contra ellas por divulgar cierta información a la prensa. La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que la sociedad les confiere de informar sobre asuntos de interés público”[12].
90. El 7 de abril de 2004, Antoinette Konz del Hattiesburg American, y Denise Grones de Associated Press, tras cubrir un discurso del juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, en Hattiesburg, Mississipi, recibieron órdenes de personal del Departamento de Justicia (U.S. Marshals) de destruir su grabación del discurso[13]. Los comunicadores llevaron el caso a estrados judiciales. El 10 de setiembre de 2004, el Departamento de Justicia reconoció que había violado la ley federal, y que los reporteros y sus empleados recibirían mil dólares estadounidenses por los daños causados y las costas de los abogados. La ley de Protección de Privacidad (Privacy Protection Act), prohíbe que el gobierno registre o requise el equipo de trabajo de los periodistas, a menos de que el periodista haya cometido un crimen, o si con dicha actuación se puede prevenir una muerte o un daño grave[14].
[1] Reporters Committee for Freedom of the Press, “Convention ends with numerous and lengthy journalist detainments”, 3 de setiembre de 2004, en: http://www.rcfp.org/news/2004/0903rncarr.html.
[2] The New York Times, www.nytimes.com 28 de febrero de 2004, http://www.nytimes.com/2004/02/28/national/28PUBL.html?ex=1078977845&ei=1&en=6eebed16934e1508.
[3] Centro Estadounidense del PEN International en International Freedom of Information Exchange: http://www.ifex.org/es/content/view/full/62553.
[4] The New York Times, “Government Eases Rules on Writers in Sanctioned Nations”, 18 de diciembre de 2004, en: http://query.nytimes.com/mem/tnt.html?oref=login&tntget=2004/12/16/books/16rule.html&tntemail.
[5] International Freedom of Expression Exchange , www.ifex.org citando a Reporteros sin fronteras, 2 de abril de 2004.
[6] En el caso de Russert, en el mes de agosto aceptó a hablar con los fiscales quienes no le pidieron revelar alguna fuente de información.
[7] En agosto de 2004, Cooper sí había testificado sobre una fuente específica luego de que ésta le relevara de la promesa de confidencialidad, pero en octubre se le ordenó entregar sus notas.
[8] Comité para la Protección de Periodistas, “Contempt ruling dismissed: source waives confidentiality” en: http://www.cpj.org/news/2004/USA24aug04na.html, “Judge Holds Times reporter in contempt in CIA case”, 7 de octubre de 2004, http://www.cpj.org/news/2004/USA07oct04na.html
“Judge Orders Second Journalist to Jail”, 13 de octubre de 2004, en: http://www.cpj.org/news/2004/USA13oct04na.html, y Reporters Committee for Freedom of the Press, “Appeals court hears case over sources in CIA operative disclosure”, 8 de diciembre de 2004, en: http://www.rcfp.org/news/2004/1208inregr.html.
[9] Lee había sido sospechoso de espionaje pero nunca se le levantaron cargos.
[10] Comité para la Protección de Periodistas, “Contempt ruling sends disturbing message worlwide”, 18 de agosto de 2004, http://www.cpj.org/news/2004/USA18nov04na-2.html.
[11] Reporters Committe for Freedom of the Press, “Media subpoened in anthrax case”, 17 de diciembre de 2004, http://www.rcfp.org/news/2004/1217hatfil.html.
[12] Relatoría para la Libertad de Expresión, comunicado de prensa del 8 de diciembre de 2004.
[13] El Juez Scalia tiene la política de prohibir la grabación de sus discursos, pero en el acto no se había dado ninguna indicación al respecto. Scalia se disculpó.
[14] Reporters Committee to Freedom of the Press, “Government concedes wrongdoing in tape seizure”, 15 de setiembre de 2004, http://www.rcfp.org/news/2004/0915hattie.html.