Libertad de Expresión
Colombia
54. Desde su creación, la Relatoría había venido reportando un angustioso recuento anual de los asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en Colombia, particularmente, de aquellos en los que parecía existir una más clara relación entre el trabajo que desarrollaban como comunicadores y el crimen. Este año, la Relatoría recibió información de cuatro asesinatos de comunicadores y trabajadores de los medios sin que a la fecha de terminarse este informe se haya logrado confirmar detalles que permitan establecer una clara la relación entre el homicidio y su trabajo periodístico.
55. La Relatoría ha recibido, con preocupación, los reportes de distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la impunidad en los casos de asesinatos y amenazas a periodistas, así como reclamos por la lentitud de las investigaciones y las demoras en los procesos judiciales. La Relatoría hace un llamado a las autoridades colombianas para que se aumenten los esfuerzos para practicar investigaciones diligentes y eficaces que permitan identificar y sancionar a los responsables de estos hechos, y establecer con claridad los móviles en aquellos casos en los que aún no se tiene certeza sobre los mismos. El asesinato de comunicadores sociales genera un profundo efecto intimidatorio en una sociedad aún en los casos en los que se duda (y en estos casos por la duda misma) sobre la relación entre el crimen y su labor informativa. Este efecto se amplifica si la ciudadanía observa que estos homicidios quedan en la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(…) El Estado tiene la obligación de combatir tal situación [de impunidad] por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”[1].
56. Preocupa también a la Relatoría que, además de la ya compleja situación que el conflicto armado representa para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, cada vez son más frecuentes las amenazas y agresiones como consecuencia de denuncias sobre casos de corrupción de funcionarios públicos en ejercicio de su función que realizan los medios de comunicación y periodistas.
PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)
57. Preocupa a al Relatoría el alto número de casos reportados relacionados con este principio, que tienen causas diversas y se reportan en distintas regiones del país. Los periodistas y medios de comunicación siguen recibiendo amenazas y agresiones en el marco de conflicto armado, pero también como consecuencia de sus denuncias sobre crimen organizado y corrupción. Algunos periodistas se vieron forzados a abandonar sus lugares de residencia o incluso el país, como se dio en los casos de Cristian Herrero Nariño, Claudia Julieta Duque y Luis Alberto Castaño. En relación con este último caso, el programa que Castaño dirigía en radio era el único informativo en el municipio de Líbano, en Tolima, y fue suspendido con su salida[2].
58. Los días 7 y 8 de setiembre de 2004, la periodista independiente Claudia Julieta Duque, recibió amenazas telefónicas anónimas. Duque ya había sido objeto de seguimientos por parte de vehículos. Las amenazas y los seguimientos continuaron, al punto que, el 17 de noviembre, recibió una amenaza telefónica advirtiéndole que matarían a su hija. Desde 1999 Duque ha sufrido intimidaciones, pues desde ese año ella comenzó a investigar el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En el transcurso de sus investigaciones, la comunicadora ha hecho señalamientos contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, órgano del Ejecutivo)[3]. En virtud del nivel al que habían llegado las amenazas y las dificultades que había sufrido la investigación, Duque optó por salir de Colombia en el mes de noviembre[4].
59. La Relatoría recibió información de casos de secuestros, retenciones y amenazas en el marco del conflicto armado. Entre los periodistas que sufrieron secuestros y retenciones, aparentemente por parte de grupos armados, se encuentran el colaborador de Radio Nova, Julien Fouchet[5], retenido en Santa Marta[6]; Inés Peña[7], de Enlace 10, secuestrada y torturada en Barrancabermeja[8]; Luis Carlos Burbano Carvajal, de Caracol Noticias Televisión y su camarógrafo Mauricio Mesa Lancheros[9]. La Relatoría recibió reportes sobre amenazas contra Garibaldi López[10] y Diego Waldrón[11] de Calor Estéreo[12], Barrancabermeja; el diario El Nuevo Día[13], en Ibagué[14] y Luis Alberto Castaño, mencionado anteriormente[15].
60. La Relatoría también fue informada sobre varios casos en la localidad de Cúcuta, al norte de Santader, en la zona fronteriza con Venezuela. Uno de ellos fue el caso de Cristian Herrera Nariño[16], quien recibió varias amenazas que le llevaron a abandonar el país[17]. El periodista Jorge Elías Corredor Quintero[18], director del programa El Pregón del Norte, fue blanco de un atentado en el que murió su hijastra[19]. En junio los periodistas Olga Lucía Cotamo, directora de información regional de RCN en Cúcuta, Angela Echeverri, presentadora del mismo medio y Fernando Fonseca, todos de RCN en Cúcuta[20]recibieron una amenaza mediante un panfleto que aparentemente iba firmado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)[21].
61. La Relatoría fue informada de otros casos como el de las amenazas contra el periodista y defensor de derechos humanos Ademir Luna[22], y que afectaron al conductor de taxi, Fabián Correo[23], en la región de Magdalena Medio; también el del columnista Luis Eduardo Gómez[24], quien habría recibido amenazas de funcionarios del municipio de Arboletes[25], Silvio Sierra Sierra[26], amenazado en la ciudad de Popayán[27] y Geovanny Serrano[28]intimidado por desconocidos[29]. El 2 de octubre de 2004, la revista Semana denunció en un editorial que algunos de sus periodistas habían recibido amenazas, sin que fuera posible identificar si procedían de narcotraficantes o de militares. Asimismo, según la revista, varias conversaciones telefónicas habían sido interceptadas ilegalmente[30].
PROGRESOS
62. En noviembre se inició un proceso de adjudicación de frecuencias radioeléctricas para 400 radios comunitarias en distintos municipios de Colombia, que se unirían a 476 emisoras de ese tipo existentes en el país[31]. La Relatoría considera auspicioso este proceso a la luz del principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, según el cual las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
63. El 12 de octubre de 2004, la Corte Constitucional dictó una resolución en la que reconoció la actividad periodística como profesión, pero rechazó todos los artículos de un proyecto de ley que pretendía fijar exigencias previas, tales como la tarjeta oficial de periodista o la certificación obligatoria del Estado. Es periodista, según la Corte Constitucional, quien se dedica al manejo de la información, egresado o no de una universidad, y cuyo reconocimiento como tal no depende en ningún caso del Gobierno[32]. Esta sentencia es coincidente con el principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, según el cual “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión (…)”.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Paniagua Morales y otros v. Guatemala.
[2] El 9 de setiembre de 2004, Luis Alberto Castaño, director de información de la radio comunitaria Café 93.5 se vio obligado a abandonar el municipio de Líbano, en el Departamento de Tolima, debido a las amenazas recibidas y a la presunta existencia de un plan de los paramilitares para asesinarlo.
[3] Reporteros sin Fronteras, “Una periodista víctima de repetidas amenazas”, en http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=11364, 10 de setiembre de 2004 y Sociedad Interamericana de Prensa, Informes de Países, Reunión Anual, en: www.sipiapa.com, octubre de 2004.
[4] Fundación para la Libertad de Prensa, “Amenazas obligan al exilio de periodistas”, http://www.ifex.org/es/content/view/full/62914, 30 de noviembre de 2004.
[5] Reporteros Sin Fronteras, www.rsf.org, el 19 de febrero del 2004, Reporteros Sin Fronteras, www.rsf.org, cita información de la agencia de Noticia Francesa (AFP por sus siglas en inglés), Reporteros Sin Fronteras, www.rsf.org, 28 de febrero del 2004, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9296.
[6] El 15 de enero de 2004, desapareció Julien Fouchet, de 27 años, de origen francés, colaborador de Radio Nova y estudiante de derecho en Bogotá, Colombia, cuando se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta, situada en la costa del Caribe. La Embajada de Francia anunció oficialmente su desaparición el 18 de febrero de 2004. El 27 de febrero de 2004, una fuente diplomática francesa informó, finalmente, la liberación de Fouchet.
[7] Comité para la Protección a Periodistas, www.cpj.org 4 de febrero de 2004, Un diagnóstico de la libertad de prensa en Colombia presentado por la FLIP en febrero de 2004 denunció amenazas y agresiones a la libertad de prensa http://www.flip.org.co/informes/2004/Enero.PDF.
[8] El 28 de enero de 2004, paramilitares armados de la Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a la periodista Inés Peña de 22 años en Barrancabermeja, Santander al noreste de Colombia. Peña conduce el espacio de Cultura por la vida en el noticiario La Mohana producido en el canal privado Enlace 10. En su programa realizaba criticas a los paramilitares de la región además de denunciar violaciones a los derechos humanos. También realiza trabajo con jóvenes en el tema de derechos humanos y es líder de la Organización Femenina Popular. Peña y la organización que lideraba había sido amenazada con anterioridad. La Policía de Barrancabermeja inició una investigación sobre los hechos.
[9] El 10 de octubre de 2004, fueron retenidos durante varias horas Luis Carlos Burbano Carvajal, de Caracol Noticias Televisión y su camarógrafo Mauricio Mesa Lancheros, por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el municipio de La Divina Pastora, entre los departamentos de Nariño y Putumayo, al sur de Colombia. Los comunicadores realizaban una nota sobre la exposición de un pintor en Alto Putumayo. Burbano portaba su chaleco y carné de identificación como periodista, sin embargo, los miembros de las FARC lo acusaron de realizar labores ajenas al periodismo. Finalmente, los dejaron en libertad al día siguiente.
[10] El 9 de febrero de 2004 fue amenazado Garibaldi López, director de dos programas de radio en Calor Estéreo: Actualidad en Estéreo yControversia. Ese día una llamada telefónica ingresó a su residencia supuestamente de parte de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que le decían que “El primero fue José Emeterio Rivas -periodista asesinado en abril del 2003- el segundo será Garibaldi López y el tercero Diego Waldrón”. López cubre distintas temáticas, entre ellas violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares.
[11] El 14 de febrero de 2004, el periodista Diego Waldrón, de 37 años, director del semanario Siete Días y presentador del programa de radio Noticias Calientes transmitido por Calor Estéreo en Barrancabermeja, al norte de Colombia, fue amenazado de muerte en su casa, por un supuesto escolta de una persona cercana a la alcaldía municipal del lugar. La amenaza se habría dado en represalia por sus comentarios sobre designaciones en la policía municipal.El sujeto le advirtió que detuviera las críticas a los oficiales locales o que se atuviera a las consecuencias.
[12] Comité de Protección a Periodistas CPJ, 5 de marzo de 2004, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/colombia.html, Reporteros sin Fronteras, www.rsf.org, 25 de febrero del 2004, Comité para la Protección a Periodistas CPJ, www.cpj.org.
[13] El 17 de agosto de 2004, El Nuevo Día, diario de la ciudad de Ibagué, recibió una amenaza de muerte por correo electrónico que tenía el membrete de las Autodefensas Unidas de Colombia. El correo hacía referencia a una nota de una agencia de noticias publicada en el diario, que refería la supuesta compra por parte del grupo de paramilitares conocido como “Centauros” de otro grupo llamado “El Bloque de Tolima”. Los voceros del Bloque Centauro negaron ser los autores de la amenaza.
[14] Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), “Diagnóstico de la libertad de prensa, agosto de 2004”, en www.flip.org, 16 de setiembre de 2004.
[15] Reporteros sin Fronteras, “Black-out informativo en una ciudad del Departamento de Tolima”, en http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=11477, 29 de setiembre de 2004, y Sociedad Interamericana de Prensa, Informes de Países, Reunión Anual , en: www.sipiapa.com, octubre de 2004.
[16] Reporteros sin Fronteras, “Varios periodistas amenazados en Cúcuta (Norte de Santander), en: http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=10650, 16 de junio de 2004, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Diagnóstico de la libertad de prensa, septiembre 2004” en: www.flip.org 7 de octubre de 2004.
[17] Entre marzo y abril, Cristian Herrera Nariño, responsable de la sección judicial del diario La Opinión, de Cúcuta, recibió seis amenazas anónimas e insultos, luego de que en febrero publicara un artículo sobre el incremento del robo de autos en la ciudad. El 10 de junio, Herrera, y su fotógrafo, Carlos Patiño, fueron agredidos, por parte de un agente de la policía judicial (DIJIN), mientras tomaban fotografías a un presunto narcotraficante durante una operación policial. Esa misma noche, dos hombres pasaron por la casa de Herrera para advertirle que no publicara las fotografías. Además, el periodista también había sido advertido de un plan para asesinarle. Finalmente, en setiembre, Herrera optó por salir de Colombia.
[18] Comité de Protección a Periodistas CPJ, 27 de abril del 2004, http://www.cpj.org/news/2004/Colombia27apr04na_Sp.html, y Sociedad Interamericana de Prensa, Informe de Países, www.sipiapa.com.
[19] El 22 de abril del 2004, por la noche, dos hombres llegaron a la casa del periodista Jorge Elías Corredor Quintero, quién dirige el programa de radio El Pregón del Norte, para la radio La Voz del Norte en la ciudad de Cúcuta. Uno de los hombres sacó un arma y le disparó. Corredor trató de defenderse pero una bala impactó a su hijastra Livy Sierra Maldonado de 20 años, quien murió en el instante. El periodista se mantenía bajo la protección policial, y las fuerzas de seguridad ofrecieron 50 millones de pesos, unos 19,000 dólares estadounidenses, como recompensa por información que ayudara a capturar a los asesinos.
[20] International Freedom of Expression Exchange , www.ifex.org, 11 de junio de 2004, “Amenazados periodistas de RCN en Cúcuta”, Reporteros sin Fronteras, “Varios periodistas amenazados en Cúcuta (Norte de Santander”, en http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=10650, 10 de junio de 2004 y Sociedad Interamericana de Prensa, Informes de Países, Reunión Anual en: www.sipiapa.com, octubre de 2004.
[21] El 8 de junio de 2004 fueron amenazados por medio de un panfleto Olga Lucía Cotamo, directora de información regional, Angela Echeverri, presentadora, y Fernando Fonseca, periodista y gerente, todos de la emisora local de RCN en Cúcuta. Según información recibida por la Relatoría, la amenaza les declaraba objetivos militares por su supuesta simpatía política con el Presidente Álvaro Uribe y se les conminaba a abandonar el país. El panfleto fue dejado en horas de la noche en la estación de radio local. El hecho fue denunciado ante las autoridades respectivas. El panfleto aparentemente iba firmado por el Frente Carlos Germán Velasco del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
[22] Alertó la Corporación Región para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS en Barrancabermeja Colombia el 30 de marzo de 2004, http://www.caritaspanama.org/accionsolidaria/credho_sos_periodista.htm.
[23] El 29 de marzo de 2004, en la región de Magdalena Medio, por la noche, dos hombres abordaron un taxi propiedad de Eduardo Luna padre del periodista y defensor de los derechos humanos Ademir Luna, y conducido por Fabián Correo. A Correo lo confundieron con Ademir Luna, le desviaron a una calle sin salida, donde lo amenazaron de muerte. Correo insistía en identificarse por su nombre. Los agresores le transmitieron una amenaza de muerte para Luna y luego lo abandonaron. Correo interpuso una denuncia de lo ocurrido a la policía.
[24] Sociedad Interamericana de Prensa, Informes de Países, Reunión Anual en: www.sipiapa.com, octubre de 2004.
[25] El 21 de septiembre de 2004, Luis Eduardo Gómez, director y propietario de la Revista Urabá y columnista del diario local de Arboletes, en el departamento de Antioquia, denunció haber recibido amenazas por parte de funcionarios del municipio, tras informes del periodista sobre irregularidades en la administración local.
[26] Fundación para la Libertad de Prensa, “Diagnóstico de la libertad de prensa, octubre de 2004”, en www.flip.org.
[27] El 14 de octubre de 2004, en la ciudad de Popayán, al suroccidente de Colombia, Silvio Sierra Sierra, conductor del programa Quéjese en Radio Super y corresponsal del diario El País, en Cali, fue amenazado. La intimidación fue recibida por la Policía Nacional, por medio de una llamada anónima en la que se advertía de un presunto plan para atentar contra Sierra. En su programa se han realizado denuncias sobre delincuentes comunes y pandillas de Popayán.
[28] Diagnostico de la libertad de prensa en Colombia presentado por la FLIP en febrero de 2004 sobre amenazas y agresiones a la libertad de prensa http://www.flip.org.co/informes/2004/Enero.PDF.
[29] El 17 de enero del 2004, Geovanny Serrano, periodista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali, (Sintraemcali), quién ha laborado para Caracol, Colmundo Radio, Todelar y Telepacífico, en Valle del Cauca, al este de Bogota, recibió amenazas telefónicas, por parte de desconocidos. Las amenazas llegaron luego de la transmisión de un programa de televisión en el que denunció presuntas irregularidades en empresas municipales de Cali. A comienzos del 2003, Serrano también había denunciado amenazas en su contra.
[30] Reporteros sin Fronteras, “Los periodistas de Semana amenazados y vigilados telefónicamente”, 5 de octubre de 2004, en http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=11518.
[31] Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), en: http://www.ifex.org/es/content/view/full/62665, 19 de noviembre de 2004 en International Freedom of Information Exchange (IFEX), www.ifex.org.
[32] Sociedad Interamericana de Prensa. Informes de Países, Reunión Anual 2004, www.sipiapa.org, octubre 2004.