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Libertad de Expresión

México

Asesinato

 

169.     El 18 de enero de 2002, Félix Alonso Fernández García, director del semanario "Nueva Opción" fue muerto a balazos en la Ciudad Miguel Alemán, en el Estado de Tamaulipas (región nororiental de México).  Según información recopilada, poco tiempo atrás el periodista había informado, en "Nueva Opción", sobre supuestas relaciones entre el Alcalde Raúl Rodríguez Barrera y narcotraficantes.  En 2001 el periodista había informado a la Policía sobre esas relaciones.  Pocos días antes de su muerte, el periodista había acusado al ex alcalde de querer asesinarlo.[i]

 

Amenazas y agresiones

 

170.     El 10 de enero de 2002 el periodista Jesús Blancornelas denunció haber recibido amenazas de muerte vía electrónica, aunque se desconoce el origen de las mismas. Blancornelas, director del semanario Zeta, ha venido investigando y publicando notas sobre el narcotráfico en México, especialmente en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos y donde opera el cartel de drogas de los hermanos Arellano Félix.  El 27 de noviembre de 1997 Blancornelas sufrió un grave atentado en el que murió su guardaespaldas y uno de los atacantes, pistolero a sueldo del cartel de las drogas de los hermanos Arellano Félix.[ii]

 

171.     En febrero de 2002 el periodista Eduardo Ibarra Aguirre, director de la revista Forum denunció haber sido objeto de amenazas telefónicas y de que sus oficinas habían sido objeto de un nuevo intento de robo.  Según lo informado, desde 1993 la revista Forum ha venido siendo objeto de actos de hostigamiento luego de haber publicado artículos del general Francisco Gallardo Rodríguez.  Asimismo, el 4 de diciembre de 2001, las oficinas de dicha revista fueron asaltadas llevándose los archivos cibernéticos que contenían los articulo publicados por el general Gallardo.[iii]

 

172.     El 7 de marzo 2002 Fredy Martín Pérez López, corresponsal del diario El Universal y de la agencia italiana ANSA, fue agredido por agentes de policía, en San Cristóbal de las Casas, cuando cubría un enfrentamientos entre éstos y la población indígena.[iv]

 

173.     El 24 de junio de 2002 Irving Leftor Magaña, camarógrafo de Telemundo, canal de cable local, fue hospitalizado tras haber sido agredido por elementos de la policía municipal de Pachuca, capital del Estado de Hidalgo (norte del país).  Sufrió una fractura en la pierna izquierda.  Los hechos se suscitaron cuando el camarógrafo y otros 20 reporteros y periodistas de diferentes medios de comunicación daban cobertura a las acciones de la Secretaria de Seguridad contra de manifestantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) que minutos antes habían bloqueado el distribuidor vial Insurgentes.  El periodista presentó una demanda penal.[v] 

 

Atentados

 

174.     El 3 de abril de 2002 la sede del semanario Páginas en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) fue objeto de disparos.  Según las informaciones recogidas, algunos individuos dispararon, contra las oficinas del semanario Páginas, que se edita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), y amenazaron al personal del periódico.  Según los directivos del periódico, la agresión podría estar vinculada al tono crítico del periódico con las autoridades.[vi]

 

Acciones judiciales

 

175.     El 1 de abril de 2002 fue detenida Raquel Urbán Hernández, del semanario Reporteros Informando, que se edita en la ciudad de Ecatepec (Estado de México).  La periodista fue puesta en libertad el mismo día, después de haber pagado una fianza de 22 mil pesos (2,800 euros).  La detención se produjo como consecuencia de la denuncia presentada en enero de 2002 por Alejandro Gamiño Palacios, legislador del PAN (Partido de Acción Nacional, al poder), quien demanda a la periodista por "difamación".  El 26 de noviembre de 2001, Raquel Urbán Hernández había denunciado la presunta implicación del legislador en un caso de violación de un menor.[vii]

 

176.     El 11 de marzo de 2002 también fue detenida, en la ciudad de Xochitepec, María Esther Martínez, del diario La Unión de Morelos, que se edita el Estado de Morelos.  Según la Comisión independiente de derechos humanos de Morelos, organización civil de defensa de los derechos humanos, la periodista, acusada de "difamación", fue detenida después de haber criticado la Procuraduría del Estado y la Policía Ministerial.  Salió en libertad el mismo día.[viii]

 

177.     El 8 de mayo de 2002 Alejandro Junco de la Vega, presidente y director del diario REFORMA, de la Ciudad de México, compareció ante un fiscal público en la Ciudad de México para responder a cargos por el delito de difamación formulados contra él por un político local.  El periodista fue acusado por un artículo en que sostenía que Carlos Galán Domínguez, miembro de la Cámara de Diputados del Estado de México, había recibido pagos impropios de la Cámara. Galán denunció por difamación a Junco y a ambos periodistas.  Los tres periodistas, si son condenados, pueden sufrir penas de hasta tres años de prisión.[ix]

 

178.     En agosto de 2002 al periodista Hermén Macías López, director del periódico "Lo Nuestro", de la ciudad de Cadereyta Jiménez, Estado de Nuevo León, se le ha abierto expediente en el Ministerio Público por demanda interpuesta por Hilario Vega Zamapirra, dirigente sindical de Petróleos Mexicanos y diputado federal suplente por el Segundo Distrito de Nuevo León.  La acusación es por difamación y la exigencia de una indemnización por unos 195 mil dólares más el cierre del periódico "Lo Nuestro".  El 22 de agosto, "Lo Nuestro" publicó un reportaje que muestra que su línea paterna es distinta a lo que el dirigente sindical había sostenido para demostrar que su familia se había dedicado desde las generaciones anteriores al negocio del petróleo.  "Lo Nuestro" ha venido fiscalizando la actuación del dirigente sindical y ha constatado como su fortuna personal se ha incrementado por prácticas corruptas.[x]

 

179.     El 19 de agosto de 2002, la periodista Isabel Arvide fue arrestada por la Policía del Estado de Chihuahua, acusada del delito de difamación.  Fue mantenida en detención por más de 24 horas y liberada tras pagar una fianza de 100.000 pesos mexicanos (US$10.000).  El Juez Armando Rodrígues Gaytán, de la Corte Segunda en lo Penal del Distrito de Morales, acusó a Arvide del delito de difamación.  Según el Código Penal Arvide puede ser condenada a una pena de seis meses a dos años de prisión.  Los cargos siguen a un Artículo de Arvide del 2 de junio que apareció en el sitio en la Internet de la propia periodista, www.isabelarvide.com, y en el diario Milenio, que se publica en la Ciudad de México.  En el artículo, Arvide acusó a Osvaldo Rodrígues Borunda, director ejecutivo y director de la publicación del diario mexicano El Diario de Chihuahua, de estar implicado en narcotráfico y lavado de dinero.[xi]

 

180.     El 17 de octubre de 2002 la Procuraduría General del Estado de Chihuahua solicitó a la jueza cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, que ordene el arresto del director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, quienes fueron acusados del delito de difamación por el ex presidente municipal Manuel Quevedo Reyes.  En la misma fecha, la juez Catalina Ruiz Pacheco aceptó considerar la posibilidad de dictar una orden de aprehensión, solicitada por la Procuraduría contra todos.  Según una nota publicada el 18 de octubre por Norte de Ciudad Juárez.  En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.  Quevedo Reyes emprendió la querella contra el director del periódico Norte, Óscar Cantú y los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, luego de la publicación del trabajo titulado "Las facturas de Patricio" y otros reportajes de seguimiento, los cuales revelaron la presunta participación de Quevedo en la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez.  Ante el requerimiento de la Procuraduría, los periodistas acusados se reservaron el derecho de declarar, solicitando antes copias de la denuncias interpuesta  por Quevedo, las cuales no les fueron proporcionadas por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, siendo este mismo quien presentó la requerimiento para las órdenes de captura.[xii]

 

181.     Desde marzo hasta noviembre de 2002, la Procuraduría General la República (PGR) ha venido citando a periodistas del diario La Jornada que han investigado los casos de corrupción del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari y el millonario desvío de fondos de Pétroleos Mexicanos (PEMEX) a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  Entre alguno de los periodistas citados se encuentran Enrique Méndez, Gustavo Castillo, Rubén Villalpando Andrea Becerril, Ciro Pérez, Roberto Garduño y Pedro Juárez Mejía, todos de La Jornada.  Según la información recibida, la principal motivación que tienen las autoridades al interrogar a los periodistas esta relacionada con sus investigaciones y el conocimiento de sus fuentes de información.[xiii]

 

182.     El 16 de diciembre de 2002, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Francisco Guerrero Garro y Fabiola Escobar, director y reportera respectivamente del periódico "La Jornada de Morelos".  El citatorio tenía por intención inquirir sobre reportajes publicados en dicho medio de comunicación, como parte de las averiguaciones previas que la PGJE lleva a cabo en algunos casos penales.[xiv]

 

Censura

 

183.     En octubre de 2002, según información recibida, el gobierno estatal de Baja California canceló la publicidad oficial en el diario La Crónica y ha dificultado a los periodistas el acceso a la información pública.  Después de publicar reportajes sobre la presunta corrupción del gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, el diario La Crónica, miembro de Periódicos Healy, cadena periodística que opera en los estados del Noroeste de México, publicó varias denuncias por irregularidades que comprometen al gobernador--compras irregulares de vehículos, nepotismo en el gobierno e incrementos salariales para funcionarios efectuados en meses recientes.[xv]

 

Acciones positivas

 

184.     El 30 de abril de 2002, el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  La ley brinda la posibilidad de que los ciudadanos conozcan los documentos e información en poder del Estado.  La Relatoría emitió un comunicado de prensa expresando su beneplácito por esta iniciativa.  Sin perjuicio de ello, la Relatoría seguirá atentamente el proceso de implementación de dicha ley.

 

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