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Libertad de Expresión

República Dominicana

Acciones judiciales

 

281.     El 29 de enero de 2003, el Director de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Arsenio Borges, presentó una demanda por difamación e injuria contra el periodista Julio Martínez Pozo, por sus comentarios en el programa El Gobierno de la Mañana", que transmite la emisora Z-101. El director de la emisora, Willy Rodríguez, también fue incluido en su acusación[1].

 

282.     El 25 de julio de 2003 los locutores de Radio Montecristi, en la provincia de Montecristi, Emilio Lemoine y Carlos Martínez,  fueron arrestados por soldados del Ejército y trasladados a la sede del Departamento Nacional de Investigaciones, (DNI) en la ciudad de Santo Domingo, para ser interrogados sobre "asuntos de seguridad nacional".  El 28 de julio se  informó a los medios de comunicación que los jóvenes serían sometidos a la justicia, y que se les acusaba de violar los artículos 367 y 368 del Código Penal, que establecen sanciones a la difamación y a la injuria[2] por haber ofendido al Presidente Hipólito Mejía en un programa radiofónico. Los locutores realizaron un sondeo radiofónico preguntando a sus oyentes: "¿si las elecciones fueran hoy, por quién votarían, por Hipólito o por el Diablo?". Los locutores fueron puestos en libertad luego de tres días de arresto sin que se les formularan cargos.[3]

 

283.     El 8 de julio de 2003, el programa "Frente al Pueblo", transmitido por TV Cable San Juan y conducido por el periodista José Manuel Adames Sánchez,  fue cerrado por decisión de Faruk Garib Arbaje,  gobernador de la provincia San Juan de la Maguana, después de  que en el programa se criticaran los deseos de reelección del Presidente Mejía. El 14 de julio, el juez César Sánchez ordenó el reinicio del programa tras conocer un recurso de amparo presentado por la defensa del periodista para que se levantara la medida. El juez desestimó un pedido de Adames Sánchez en el que reclamaba a Garib Arbaje el pago de 500 mil pesos por cada día que el programa había permanecido fuera del aire. [4]

 

            284.     La Relatoría recibió información sobre la incautación, por parte del Ministerio Público, en mayo de 2003, de las instalaciones de la Editora Listín Diario, C. por A., sociedad comercial de la República Dominicana responsable de la edición de los periódicos Listín Diario -líder en circulación en República Dominicana-, Última Hora, El Expreso y El Financiero.  La incautación tuvo lugar en relación con el presunto fraude ocurrido en el Banco Intercontinental (BANINTER), propietario de la Editorial.  Fueron reportados incidentes de tensión laboral como consecuencia de la incautación.[5]

 

285.     La Editora elevó un recurso de amparo impugnando la incautación de sus instalaciones, el cual fue acogido favorablemente en Primera Instancia el 29 de julio de 2003, ordenándose al Procurador Fiscal que efectuara la inmediata reposición a la Editora de los bienes desapoderados.[6]

 

286.     La sentencia de amparo que ordenaba la devolución de la Editora Listín Diario a Ramón Báez Romano quedó en estado de suspensión provisional el 17 de septiembre, luego de que la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial considerara que el juez Samuel Arias Arzeno, que dictó la sentencia se excedió en los poderes que le faculta la ley[7].

 

287.     La Relatoría continuará observando el proceso judicial en relación con el Listín Diario y en atención a las denuncias recibidas según las cuales se estaría utilizando el accionar judicial para influir en la línea editorial del medio.

 

 

 

 

            Detenciones

 

288.     El 11 de junio de 2003, cuatro oficiales del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y un fiscal asistente, se presentaron en la casa del periodista Marino Zapete Corniel y le pidieron que los acompañara a la DNI. Allí lo interrogaron por más de cinco horas y lo acusaron de insultar al presidente Hipólito Mejía en una serie de artículos.  Zapete trabajaba para el periódico en línea Los Nuevos Tiempos Digital (con sede en Miami) y para el semanario local Primicias. Durante los dos meses anteriores al interrogatorio, Zapete, había escrito artículos para ambas publicaciones en los que criticaba a Mejía por su manejo del colapso financiero del  Banco Intercontinental (Baninter), y por la supuesta utilización de recursos del Estado en la construcción de una casa veraniega en el poblado de Jaracoba. El periodista fue dejado en libertad por la tarde, cuando se presentó al DNI el director de prensa de la Presidencia, Luis González Fabra, para informar de que Mejía le había instruido liberarlo. El Relator envió una carta al periodista solicitándole información. En su misiva, el Relator expresó que la detención de un periodista por comentarios emitidos sobre el accionar de la administración pública inhibe el debate abierto, necesario para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

 

289.     El 12 de junio de 2003, el Presidente Mejía le comunicó a la prensa local que iniciaría una demanda contra Zapete, aunque finalmente desistió de hacerlo. El 14 de junio, el Presidente mostró su residencia campestre en construcción y dijo que en su momento daría a conocer un informe sobre todas las inversiones que ha hecho en la misma, sin utilizar recursos del Estado[8]. 

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