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Libertad de Expresión

Paraguay

260.     En su informe ante la CIDH, presentado en la Audiencia sobre la Situación General de los derechos Humanos en Paraguay ante la CIDH, realizada en octubre de 2003, el Estado se comprometió a realizar todas las acciones necesarias, legislativas, administrativas y judiciales, para responder a las recomendaciones de la Comisión. La Relatoría considera auspicioso este pronunciamiento expreso. Sin perjuicio de ello, se señalan algunos hechos que afectaron el ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2003.

 

            Agresiones y amenazas

 

261.     El 7 de abril de 2003 en la madrugada, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon, más de 14 tiros contra el local de la redacción regional de ABC Color en Pedro Juan Caballero. El diario relacionó el hecho con publicaciones sobre tráfico de drogas en la zona de Bado, realizadas en días anteriores al hecho. El corresponsal del medio en la zona había sido amenazado con anterioridad por lo que las autoridades le habían asignado un escolta permanente. Asimismo, de acuerdo con la información recibida, en la zona ya había habido amenazas contra comunicadores sociales, por publicaciones relacionadas con el narcotráfico[1].

 

262.     El 2 de mayo de 2003 los periodistas Osvaldo Benítez, Fernando Romero, Agustín Acosta y Celso Figueredo, del diario Noticias; y Leoncio Ferreira, Mario Valdez, Claudio Prieto y Bernardo Agusti, del diario Última Hora, fueron tomados como rehenes y amenazados de muerte por ocupantes de un asentamiento ilegal denominado "Marquetalia", en San Lorenzo, 20 Km. al este de Asunción, mientras cubrían una incursión de los "sin tierras" y" sin casas" en otras propiedades aledañas[2].

 

263.     Nelson Esquivel Medina, periodista de la emisora La Voz de Ciudad del Este, comenzó a recibir amenazas tras denunciar el accionar de la mafia china a través del programa televisivo El Ojo. Esquivel recibió llamadas telefónicas en al menos diez ocasiones  en las que se le advertía que pagaría caro el haber denunciado a grupos de poder de Ciudad del Este[3].

 

264.     El 6 de junio de 2003 , el corresponsal de ABC Color en San Pedro, al norte de Asunción, Cristino Peralta, recibió amenazas de muerte por parte de efectivos policiales, mientras cubría una manifestación campesina en la zona[4].

 

265.     El corresponsal del periódico Última Hora en la limítrofe ciudad de Salto del Guairá, Rosendo Duarte, denunció el 22 de octubre amenazas de muerte en su contra. Según el comunicador, una persona habría escuchado cómo unos sujetos estaban planificando su muerte “para taparle la boca”.  El periodista aseguró que estas amenazas serían una represalia por sus reportajes sobre los problemas de corrupción en la frontera. Las primeras indagaciones, reportadas por medios locales, sostienen que las amenazas podrían provenir de familiares de un líder criminal de la zona quien falleció en septiembre en un enfrentamiento con la policía[5].

 

            Censura

 

266.     La jueza electoral del segundo turno Teresita Escobar Vázquez prohibió al movimiento Patria Querida continuar publicando una propaganda que consistía en poner lado a lado la lista de los candidatos a senadores de ese movimiento y la del Partido Colorado, bajo el título ''Tenemos dos opciones: ¡el cambio o el continuismo!''. El recurso fue interpuesto por el Partido Colorado[6].

 

267.     En abril, uno de los episodios del programa El Informante, del Canal 2, fue suspendido tras dársele lugar a un amparo presentado por funcionarios de la Superintendencia de Seguros quienes solicitaron, como medida de urgencia, detener la difusión del programa. Posteriormente, se levantó la prohibición. El programa suspendido incluía grabaciones de supuestos funcionarios de la citada institución que aparentemente cobraban 20 mil dólares, y supuestas conversaciones telefónicas entre Nicanor Duarte Frutos y otras autoridades que recaudaban dinero público para financiar la campaña electoral. Según el conductor del programa, Luis Bareiro, un día antes, Duarte Frutos habría llamado a los directivos del Canal para sacar del programa la parte que le afectaba. Por otra parte, funcionarios de la Superintendencia de Seguros presentaron un recurso de amparo en la que solicitaron, como medida de urgencia, la no difusión del programa, pero dicha medida no fue adoptada. El día de la transmisión, unos sujetos no identificados se acercaron a Bareiro a anunciarle que el programa no sería transmitido. A la noche se produjo un corte en la fibra óptica que permite la difusión de la producción[7].

 

            Acciones judiciales

 

268.     El 31 de octubre, el Tribunal de Apelación, Primera Sala, condenó al periodista Luis Verón a 10 meses de cárcel conmutables por la prestación de trabajos comuntarios, al calificar como difamación las denuncias hechas por el periodista en relación con el aparente daño causado por el arquitecto Luis Fernando Pereira Javaloyes al retablo de la iglesia de Piribebuy[8]. El 21 de marzo, Verón había sido encontrado culpable en primera instancia por el delito de difamación e injuria y condenado a pagar una multa de poco más de cincuenta millones de guaraníes (unos ocho mil dólares de Estados Unidos). El juicio lo motivó la publicación, en la revista dominical de ABC Color, el 19 de septiembre de 1999, titulada "Atentado patrimonial en Piribebuy. ¡Qué barbaridad!, consumatum est" en la que Verón cuestionó el trabajo realizado por el arquitecto Pereira al retablo de la iglesia Ñandejára Guasu de Piribebuy, que data de 1759[9].

 

269.     Aldo Zuccolillo, director de ABC Color, fue declarado culpable del delito de difamación por el juez Dionisio Nicolás Frutos, en un juicio promovido por el exministro Juan Ernesto Villamayor. El comunicador fue condenado a pagar al Estado una suma de quince mil trescientos veintidós dólares y otros doce mil doscientos noventa dólares al demandante.  El juicio se dio a raíz de publicaciones aparecidas los días 4 y 5 de marzo de 1999 en las que se  involucraba a Villamayor con un escándalo financiero del Banco Nacional de Trabajadores. Según información recibida por la Relatoría, Zuccolillo ha tenido que enfrentar casi una veintena de procesos judiciales desde 1998, promovidos en su mayoría por funcionarios públicos y dirigentes políticos, bajo los cargos de difamación o calumnias[10].

 

270.     En julio de 2003, el exsenador Francisco José de Vargas presentó una demanda contra el director del diario ABC Color a raíz de una publicación del 8 de abril relacionada con la destitución del fiscal Alejandro Nissen por el Jurado de Enjuiciamiento (del cual De Vargas fue integrante)[11]. 

 

271.     En abril de 2003 la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación ordenó el procesamiento del director de Diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo. Bo fue acusado en noviembre de 2002 por calumnia y difamación, por el empresario Julio Osvaldo Domínguez Dibb, precandidato a la presidencia de la República por la Coordinadora Colorada Campesina, por atribuirle declaraciones sobre supuestos vínculos entre el club deportivo Libertad con el narcotráfico[12].

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