Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R189/19
Relatoría Especial condena
incremento de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México e
insta al Estado a reforzar las estrategias de prevención, protección y lucha
contra la impunidad a nivel federal y estatal
05 de agosto 2019
Washington D.C.- La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) condena el incremento de la violencia contra
periodistas y medios de comunicación en México y recuerda que la crisis de
seguridad contra periodistas que se extiende durante años requiere que se
adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta. En la
última semana fueron reportados los asesinatos de los periodistas Rogelio
Barragán, director del medio de comunicación "Guerrero al instante" (Morelos),
Edgar Alberto Nava, director del portal de noticias "La verdad de
Zihuatanejo" (Guerrero) y Jorge Celestino Ruiz, del diario "Gráfico
de Xalapa" (Veracruz). Asimismo, las instalaciones del periódico "El
Monitor del Parral", en Chihuahua, fueron blanco de un atentado con bomba
Molotov.
La Relatoría Especial insta
al gobierno federal a adoptar pasos decisivos para reforzar el Mecanismo
Federal de Protección para personas defensoras y periodistas e incrementar de
modo urgente la coordinación con los Estados para tal fin, así como dotar de
recursos y dar prioridad a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo a las
recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre la Situación de la
Libertad de Expresión en México 2018, producto de la visita conjunta de las
Relatorías Especiales de la CIDH y para la Libertad de Expresión y Opinión de
Naciones Unidas (ONU).
Esta oficina ha
contabilizado 10 asesinatos contra periodistas que podrían estar vinculados con
su labor en lo que va del primer semestre del 2019, pérdidas que se dirigen a
silenciar a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de
conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad de algunos Estados de
México. También observa con preocupación el incremento de ataques contra
las empresas de medios de comunicación en el país, lo que evidencia que la
crisis de violencia contra periodistas en México persiste.
La Relatoria Especial insta
al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial
estos crímenes, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran
tener con la actividad periodística. Para ello, la Fiscalía Especializada debe
contar con recursos, adoptar reglas claras para atraer casos en Estados con
recurrencia de estos crímenes y lograr una mayor coordinación con las
autoridades locales.
Los casos más recientes
La Fiscalía del Estado
reportó el martes 30 de julio el asesinato del periodista Rogelio Barragán, que
pese a que desarrollaba sus funciones informativas en Estado de Guerrero,
su cuerpo habría sido encontrado en el estado vecino de Morelos. Las
autoridades señalaron que el periodista estaba maniatado, con señales de
tortura, en la cajuela de un vehículo abandonado en la Colonia Benito Juárez
del municipio de Zacatepec y adelantaron que ya abrieron una carpeta de
investigación al respecto.
De acuerdo a información de
público conocimiento, Barragán desarrollaba sus labores en el área de
periodismo judicial hace más de una década desde Chilpancingo (Guerrero) en el
portal "Guerrero al Instante", el cual dirigía
y desde donde habría realizado diferentes coberturas. Aunque hasta la fecha no
hay datos claros sobre si el comunicador habría sido amenazado con antelación,
algunas fuentes señalan que se encontraría escapando de su ciudad, razón por la
cual el cuerpo fue hallado fuera del Estado donde el periodista ejercía su
labor.
Según reportes de la
Fiscalía del Estado de Guerrero, el segundo periodista asesinado en menos
de una semana en México, Edgar Alberto Nava, era
director del portal de noticias "La verdad de Zihuatanejo". Nava fue ejecutado el viernes 2 de agosto
mientras desayunaba junto a un grupo de niños en la playa, como parte de un
programa organizado por el Ayuntamiento de Zihuatanejo, del cual era también
director de reglamentos y espectáculos en la región de Costa Grande.
También el pasado viernes 2
de agosto fue asesinado Jorge Celestino Ruiz, corresponsal del diario "Gráfico
de Xalapa", quien según reportes de las autoridades sufrió un ataque con
armas de fuego en el municipio de Actopan en el Estado de Veracruz. Según
información de público conocimiento, en octubre del 2018 la casa de Ruiz habría
sido atacada, por lo cual el comunicador presentó una denuncia para que el
hecho fuera investigado.
Asimismo, el pasado martes
30 de julio, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov la sede del
periódico "El Monitor de Parral" en Chihuahua, diario que
anunció que dejará de imprimirse y sus reporteros ya no cubrirán informaciones
del área política y judicial, en espera de encontrar mejores condiciones para
el trabajo periodístico. "No habremos de publicar, absolutamente ninguna
noticia de carácter policiaco – por importante que fuere-. Así mismo, tampoco
nos veremos involucrados en ningún aspecto que represente un sesgo político",
indicaron a través de su cuenta en redes sociales.
El atentado contra las
instalaciones de "El Monitor de Parral", considerado uno de los
periódicos más antiguos del Estado de Chihuahua, muestra la grave
situación de crisis de seguridad para ejercer la libertad de expresión en el
país y un incremento en los atentados y agresiones contra la prensa en
comparación al mismo período del 2018.
"Nos alarma la
cantidad de casos que parecen exacerbar la violencia contra la prensa en
México. Es urgente revisar e implementar cambios en las políticas de prevención
y protección, así como en los entes que deben investigar estos crímenes",
dijo Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH.
El Informe Especial sobre
la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, recomendó al gobierno
federal, implementar una política de prevención dada la gravedad de esta
crisis, además de las medidas de protección y justicia mencionadas. Entre otras
medidas se recomendó establecer un responsable de recopilar estadísticas
desglosadas de los ataques contra la prensa, adoptar un discurso público de
reconocimiento a la labor de periodistas y poner en marcha planes de contingencia
para Estados como Guerrero, Veracruz y Chihuahua, donde hay un particular
riesgo para el ejercicio del periodismo.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel
fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.