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Washington, D.C. - En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
hace un llamado a los Estados para que se comprometan a adoptar la
legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación
racial y formas conexas de intolerancia; así como a derogar o modificar toda
legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y
formas conexas de intolerancia.
Por medio de su monitoreo en 2018, la CIDH recibió información respecto
de actos de amenazas, daños a la propiedad, asalto, asesinato y delitos de
odio motivados por discriminación con base en el origen étnico-racial de
individuos y comunidades en el hemisferio. En particular, la CIDH ha
monitoreado los discursos que incitan a la violencia por razones
discriminatorias en redes sociales, sobre todo hacia personas
afrodescendientes. Preocupa a la CIDH las manifestaciones públicas de los
funcionarios públicos que han de difundido mensajes de odio contra las
personas en razón de su origen étnico-racial y / o nacional, exponiendo a
estos grupos a un mayor riesgo de sufrir violencia.
Igualmente, la CIDH ha recibido denuncias de situaciones conexas a la
intolerancia religiosa dirigida a los practicantes de religiones africanas y
de la diáspora africana en las Américas, en particular la destrucción de
sitios sagrados y de culto, amenazas a líderes y lideresas religiosos, así
como la promulgación de legislación que genera restricciones específicas a
sus rituales.
La Comisión destaca que los delitos motivados por prejuicios afectan la
seguridad de los individuos, sus comunidades y la sociedad en general. Las
respuestas efectivas a los delitos de odio son necesarias para evitar que
presenten un serio desafío de seguridad de grupos en situación de
vulnerabilidad. En este sentido, la Comisión hace un llamado a las
autoridades a que no sólo se abstengan de difundir mensajes de odio contra
las personas en razón de origen étnico-racial, sino también a contribuir de
manera firme y propositiva a la construcción de un clima de tolerancia y
respeto.
“Los Estados deben no solo adoptar legislación específica que prohíba
prácticas racistas y discriminatorias, sino que debe revisar y derogar de su
orden jurídico toda o cualquier ley que genere discriminación, sea de manera
directa o indirecta”, señaló la Comisionada Margarette May Macaulay,
Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial de la CIDH.
En particular, la CIDH insta a los Estados a revisar sus leyes y
políticas para asegurar su conformidad con los principios de la igualdad
efectiva y el deber de no discriminación. Ello implica el deseo de evaluar
su posible impacto discriminatorio y su potencialidad de generar
discriminación indirecta, en especial en las áreas de empleo, participación
en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud,
protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los
servicios públicos, entre otros. Asimismo, los Estados deben derogar o
modificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo,
discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
Finalmente, la Comisión hace un llamado a los Estados de la región para
que adopten las medidas necesarias para ratificar la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas
de Intolerancia, como muestra efectiva de un compromiso serio de combatir la
discriminación racial y toda forma de intolerancia en el hemisferio. La CIDH
saluda al Estado de Antigua y Barbuda por la ratificación de dicho
instrumento el 23 de mayo de 2018, el cual ya había sido adoptado por Costa
Rica y Uruguay, siendo estos los únicos 3 Estados que han ratificado la
referida Convención. En este sentido, la Comisión subraya que la
ratificación universal de los instrumentos interamericanos es un paso
indispensable para el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, y
la prevención y la erradicación de la discriminación racial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 074/19