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Comunicado de Prensa

CIDH insta a asegurar condiciones propicias para el goce de los derechos humanos en Nicaragua ante proceso de diálogo

28 de febrero de 2019

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado de Nicaragua a garantizar las condiciones propicias para el goce de los derechos humanos ante el inicio de un diálogo, y reitera su llamado a cesar la represión de la población. Asimismo, la CIDH llama a garantizar que dicho proceso cumpla con los principios de representatividad, paridad, libertad y credibilidad, así como con el deber de permitir la realización de manifestaciones públicas. En este sentido, debe cesar la represión y la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos a fin de desactivar el ambiente de intimidación, restablecer la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los derechos y libertades fundamentales, y avanzar en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 21 de febrero de 2019, el Presidente de Nicaragua anunció la convocatoria a una mesa de negociación y diálogo para “consolidar la paz” en el país. La CIDH nota que este proceso se enmarcaría en un contexto en el que persisten graves patrones de represión y violaciones a derechos humanos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas privadas de su libertad como represalia por su participación en las protestas sociales.

Al 15 de febrero, organizaciones de la sociedad civil reportaban 777 personas detenidas, de las cuales 407 estarían siendo procesadas y 138 habrían sido condenadas. Por su parte, al 22 de febrero, el Estado informó a la CIDH que el número de personas que permanecen presas y acusadas asciende a 372 (345 hombres y 27 mujeres). En relación con el número de 325 personas asesinadas durante las protestas registradas por la CIDH, el Estado informó que la Policía Nacional habría esclarecido 32 casos y 21 se encontrarían en proceso judicial. No obstante, las autoridades nicaragüenses únicamente reconocen que 198 personas fallecieron en el contexto de la crisis.

La CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), viene observando la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Especialmente llama la atención de la CIDH la intensificación en la agresión y malos tratos a las personas privadas de libertad por parte de funcionarios del sistema penitenciario nicaragüense. Así, el pasado 7 de febrero, la CIDH tomó conocimiento de la agresión y malos tratos contra ocho mujeres privadas de libertad en la cárcel “La Esperanza”. Como consecuencia, Irlanda Jerez, detenida desde julio pasado y beneficiaria de las medidas cautelares otorgadas mediante Resolución 84/18, estaría imposibilitada de levantarse de su cama. La señora Jerez sufre una valvuloplastía cardíaca de la que es convaleciente crónica, por lo que requiere cuidados, tratamiento y monitoreo permanente. Además, Jeisy Lagos y Brenda Muñoz, habrían sido retiradas de la celda y su ubicación en el penal sería desconocida.

La CIDH también ha recibido información sobre la persistencia de represalias contras las personas detenidas en la cárcel “La Modelo” por su participación en las protestas y, en particular, sobre la ocurrencia reiterada de agresiones por agentes antimotines. Según fuera denunciado, los agentes irrumpen a las celdas de manera imprevista para agredir a los reclusos con golpes, patadas y bastones policiales, en ocasiones con la presencia de perros amaestrados. Dichos operativos terminarían también en el traslado arbitrario de los presos con destino desconocido, presumiblemente a celdas de castigo y/o aislamiento. En este contexto, la madrugada del 19 de febrero, agentes antimotines habrían agredido por sorpresa a varios de los reclusos confinados en los módulos 16-1 y 16-2 de la Modelo, ocasionando serias lesiones. Al día siguiente, alrededor del mediodía, una segunda agresión habría ocurrido. En el marco de la misma, Levis Artola Rugama, beneficiario de medidas cautelares mediante Resolución 56/18, fue trasladado a las celdas de máxima seguridad como represalia a la negativa del estudiante a firmar un documento en que constan las imputaciones de las que es objeto.

La Comisión también expresa su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad que requieren atención o tratamientos médicos como es el caso de Max Francisco Cruz Gutiérrez, quien se encuentra preso en “La Modelo” y sufre de una grave infección en su pierna derecha por una herida con arma de fuego ocasionada al momento de su detención en octubre de 2018. Según información recibida, Max Cruz Gutiérrez no habría recibido ninguna atención médica y las autoridades habrían negado a aceptar que la familia proporcione medicamentos para tratar su infección, así como a trasladarlo a un centro hospitalario.

Igualmente, a partir de la información y los testimonios recabados a través del MESENI, la CIDH observa que persisten las detenciones ilegales y arbitrarias en todo el país. Entre otros casos, el 12 de febrero, se tomó conocimiento de 16 jóvenes detenidos en redadas policiales en Estelí. Los jóvenes detenidos habrían participado en las protestas iniciadas el 18 de abril en todo el país. Asimismo, se ha tenido conocimiento sobre nuevas detenciones que habrían tenido lugar en la actualidad.

“El contexto de privación de libertad en Nicaragua constituye una de las principales preocupaciones de la Comisión”, sostuvo el Comisionado Joel Hernández, Relator para los Derechos de Personas Privadas de Libertad. “A pesar de las obligaciones que tiene el Estado, y que derivan del deber que tiene respecto de las personas bajo su custodia, éstas siguen enfrentándose a una situación muy grave de riesgo que atenta contra su vida e integridad”, agregó.

La CIDH viene siguiendo con atención los últimos desarrollos en el país y el 27 de febrero tomó conocimiento de que 100 personas privadas de la libertad habrían recibido “el beneficio de convivencia familiar y otras medidas cautelares” acorde a Nota de prensa del Estado. En sentido, la CIDH llama el Estado nicaragüense a aclarar las condiciones jurídicas de dichas liberaciones, así como sobre el número de personas liberadas.

La CIDH advierte que las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil continúan siendo afectadas por actos de intimidación y hostigamiento. El 7 de febrero, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local) en Managua, fue allanada sin orden judicial. En dicho allanamiento, los agentes del Estado requisaron documentos, una caja fuerte y un vehículo. Además, la administradora y el contador de la organización habrían sido detenidos y trasladados al Ministerio de Gobernación donde fueron sometidos a interrogatorios y amenazas. Otras personas trabajadoras de la Red Local también fueron asediadas en sus propias casas por agentes de la policía nacional. Todo ello derivó en la suspensión de actividades de la Red Local, la cual trabaja en democratización y proyectos de desarrollo local y agrupa alrededor de 20 organizaciones de base correspondientes a 111 municipios del país.

Asimismo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha denunciado vigilancia policial constante a través del despliegue desproporcionado de agentes en las inmediaciones de sus oficinas, lo cual tendría por efecto intimidar a quienes habitualmente acuden a presentar denuncias por violaciones a derechos humanos. Además, según fuera informado en la audiencia pública sobre la “Situación general de derechos humanos en Nicaragua”, realizada en el marco del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, el hostigamiento policial contra ésta y otras organizaciones limita gravemente el trabajo de las defensoras y defensores, especialmente de quienes defienden legalmente a las personas judicializadas por su participación en las protestas.

La CIDH también ha recibido denuncias relacionadas con la participación de las estructuras partidarias a nivel local y comunitario (por ejemplo, a través de los denominados “Consejos del Poder Ciudadano”) para realizar una caracterización política de las organizaciones que operan en el país. Asimismo, recibió información sobre la presentación de un proyecto de reforma tributaria que facultaría a las autoridades para otorgar exenciones o gravámenes del impuesto a la renta a organizaciones de la sociedad civil sobre la base de una evaluación discrecional en torno a sus actividades. Estas medidas, en caso de que sea aprobadas, podrían facilitar el control político de las organizaciones civiles y contribuir a perpetuar el ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos en el país, caracterizado por las cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones, el allanamiento arbitrario de sus bienes y documentos, la criminalización de sus actividades de defensa y denuncia, y la expulsión de defensores.

Al respecto, la CIDH recuerda que las defensoras y defensores de derechos humanos, desde distintos sectores de la sociedad y en algunos casos, desde las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas. De allí que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades.

“El Estado de Nicaragua debe cesar la represión y la criminalización de quienes participaron en las protestas sociales, liberar a todas las personas detenidas en ese contexto, restituir la personalidad jurídica de todas las organizaciones que les ha sido cancelada, dar las garantías de juzgar imparcialmente los hechos ocurridos a partir de abril de 2018, así como restablecer los derechos la libertad de expresión y a la información”, señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de País.

La Comisión Interamericana llama al Estado de Nicaragua a desarrollar un diálogo efectivo y legítimo. Para tal fin, dicho proceso debe orientarse bajo los principios de representatividad, incluyendo a los familiares de las víctimas y distintos sectores sociales, paridad en el diálogo de los distintos sectores sociales y de género, libertad de los presos políticos, y credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos. Además debe permitirse en la práctica las manifestaciones públicas, cesando la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos a fin de desactivar el ambiente de intimidación y represión en todo el país. Igualmente, la CIDH recuerda que, en cualquier caso, el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

La CIDH se pone a disposición de Estado de Nicaragua para apoyar el proceso de diálogo y la puesta en marcha de los acuerdos que se alcancen en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 051/19