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Comunicado de Prensa

CIDH repudia asesinato de defensora de derechos humanos en Tamaulipas, México

24 de mayo de 2017

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María Isabel Rivero
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Buenos Aires - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en Tamaulipas, México. Tras la desaparición de su hija en el año 2012, se había dedicado a su búsqueda, impulsó el Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, y desarrollaba tareas de defensora de derechos humanos. De acuerdo a información de público conocimiento, Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue desaparecida por una banda criminal en el año 2012. Su madre, Miriam Rodríguez, emprendió la investigación de su paradero con sus propios medios. Dos años después, dio con los restos de su hija en una fosa clandestina en San Fernando.

Tras ubicar los restos de su hija, Miriam Rodríguez procedió a entregar a las autoridades la información para la captura de los responsables y continuó participando activamente en las movilizaciones de familiares de desaparecidos, colaborando con diversos colectivos de búsqueda, en especial en organizaciones integradas principalmente por familiares de víctimas de desaparición. Ella también impulsó la creación del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando en Tamaulipas, del cual ejercía como coordinadora. En virtud de estas actividades, en los últimos años se había convertido en un emblema de reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las madres y familiares de personas desaparecidas en México.

Según la información divulgada, el 10 de mayo, fecha en que en México se celebra el “Día de la Madre”, Miriam Rodríguez fue asesinada por un grupo armado que ingresó en su domicilio.

“Estamos absolutamente consternados”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México. “El hecho de que tantas instancias estatales hayan tenido conocimiento de la situación especial de riesgo que corría Miriam Rodríguez, y que aún así haya sido asesinada en su domicilio, nos causa profunda preocupación. Que este hecho haya ocurrido el Día de la Madre tiene además un carácter simbólico absolutamente perturbador. Urgimos al Estado mexicano a investigar con debida diligencia este asesinato y a asegurar que se haga justicia. Este asesinato no puede ni debe quedar en la impunidad”, agregó.

La CIDH condena este crimen y expresa su consternación por los hechos ocurridos en las semanas anteriores a este crimen. En abril, el mes anterior al asesinato, dos reos culpados del secuestro de su hija se fugaron del penal de Ciudad Victoria. Enterada de estos hechos, Miriam Rodríguez solicitó medidas de protección a varias instancias en Tamaulipas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas solicitó a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brindarle protección, la cual se otorgó a través de tres patrullajes al día en las inmediaciones de su domicilio. No obstante, la defensora de derechos humanos denunció que el agente de seguridad que debía protegerla no atendía a sus llamadas de emergencia. Adicionalmente, denunció que no estaba siendo atendida por funcionarios públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia a la que también pidió medidas de protección.

“México es también Estado parte de la Convención Belém Do Pará, que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y erradicar todos los actos de violencia contra las mujeres con la debida diligencia y de adoptar medidas jurídicas para evitar todo acto de hostigamiento, intimidación, amenazas, daños o actos que pongan en peligro la vida de las mujeres o cualquier acto que atente contra su integridad”, dijo la Relatora sobre los  Derechos de las Mujeres, Comisionada Margarette Macaulay. “El Estado mexicano tiene la obligación de investigar estos lamentables asesinatos de manera seria, pronta, eficiente y sin dilaciones”, agregó.

Este crimen se da en un contexto de violencia contra las mujeres en México, el cual la Comisión Interamericana registró en su informe sobre la Situación de los derechos humanos en México. Adicionalmente, tanto en México como en la región, las defensoras de derechos humanos son víctimas de asesinatos y otros hechos de violencia y hostigamiento, estando ellas en una especial situación de vulnerabilidad debido a su género y a su actividad como defensoras. Las defensoras de derechos humanos son mujeres empoderadas que desafían las concepciones que la sociedad atribuye a su sexo, por lo cual quedan expuestas de forma continua a múltiples violaciones de sus derechos humanos y a un mayor nivel de riesgo, tal como lo han expresado reiteradamente la Comisión y la Corte Interamericana. El Estado tiene un deber específico de ofrecer protección, ya que está en conocimiento de estos contextos de violencia contra las mujeres y contra las defensoras de derechos humanos.

La Comisión urge al Estado mexicano a que se adopten las medidas que sean necesarias para que el sistema de protección a defensoras y defensores de derechos humanos responda a los principios de eficacia y debida coordinación. La CIDH recuerda que para que las medidas de protección sean adecuadas, deben ser idóneas para proteger la situación de riesgo en que se encuentra la persona defensora y, para ser efectivas, deben producir los resultados esperados de manera que cese el riesgo para la persona que se protege. El Estado debe tener en cuenta una perspectiva de género para brindar efectivamente una protección integral a las defensoras de derechos humanos.

“Es deber del Estado de México garantizar que se adopten medidas de protección adecuadas a los factores de riesgo específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en el país”, indicó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Adicionalmente, la Comisión llama la atención sobre la preocupante situación de desapariciones en el estado de Tamaulipas, México, en especial sobre el grave aumento de casos de desapariciones de mujeres adolescentes. De hecho, la desaparición de mujeres adolescentes (de entre 15 y 17 años de edad) han incrementado desde el secuestro de Karen Alejandra Salinas Rodríguez en 2012, a pesar de que ya en ese entonces había un contexto grave de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas en México, y particularmente en Tamaulipas. Acorde a datos oficiales y reportes de la sociedad civil, Tamaulipas concentraría el mayor número de personas desaparecidas en el país. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 5.563 personas habrían desaparecido en los últimos diez años en Tamaulipas, de las cuales 1.914 casos corresponderían a desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Asociaciones defensoras de derechos humanos han destacado un alarmante incremento de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en los últimos años. La CIDH urge al Estado a atender esta grave situación con carácter urgente a fin de poner fin a la impunidad y evitar que esta situación continúe repitiéndose.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 067/17