CIDH

Comunicado de Prensa

Informe sobre el 161 Período de Sesiones de la CIDH

22 de marzo de 2017

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María Isabel Rivero
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 161º Período ordinario de Sesiones del 15 al 22 de marzo de 2017. Al tratarse del primer período de sesiones del año y en aplicación del Reglamento, la CIDH procedió el primer día del período de sesiones a elegir a su directiva, tal como se informó en el comunicado de prensa 34/17, en el que también se dio cuenta de la redistribución de algunas Relatorías Temáticas y de País. La CIDH está integrada por Francisco Eguiguren Praeli, Presidente; Margarette May Macaulay, Primera Vicepresidenta; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Segunda Vicepresidenta y los Comisionados José de Jesús Orozco, Paulo Vannuchi y James Cavallaro. El secretario ejecutivo es Paulo Abrão y la secretaria ejecutiva adjunta es Elizabeth Abi-Mershed.

Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 40 audiencias públicas, 32 reuniones de trabajo, así como reuniones con Estados, organizaciones de la sociedad civil de la región y expertos, entre otras actividades. Específicamente, la CIDH mantuvo una fructífera reunión con los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La Comisión recibió con preocupación información sobre la existencia de presuntas represalias, amenazas y declaraciones estigmatizantes en Honduras, Nicaragua y Venezuela en contra de personas y organizaciones por el hecho de haber participado en audiencias y otras actividades del período de sesiones de la CIDH. Esta situación se ha presentado en el pasado en estos mismos países y su repetición resulta alarmante. Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

El 20 de marzo, se celebró una consulta con expertos y expertas en materia de prisión preventiva, a fin de convalidar las conclusiones y recomendaciones del informe temático “Medidas para reducir la prisión preventiva en las Américas”, que actualmente elabora la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad. Esta consulta fue presidida por el Comisionado James Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, y contó con la participación del Ex Relator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Mendez, así como de representantes de la academia y sociedad civil, provenientes de Argentina, Bolivia,  Estados Unidos, Holanda, Italia, México y Perú. Esta actividad se desarrolló en el marco de preparación del informe temático en referencia, que tiene como objeto dar seguimiento a las recomendaciones relativas al uso limitado de la detención preventiva del Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, emitido por la CIDH el 30 de diciembre de 2013, así como proporcionar estándares más detallados respecto a medidas específicas dirigidas a reducir la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales en derechos humanos. Asimismo, el informe que actualmente prepara la Relatoría tiene un énfasis en la aplicación de medidas alternativas, y en la incorporación de un enfoque especial de protección respecto mujeres y otras personas y grupos en situación especial de riesgo.

Adicionalmente, se celebró un diálogo sobre “Derechos de las Personas Intersex en las  Américas”, el cual contó con la participación del Presidente y Relator para los derechos de las personas LGBTI, Francisco Eguiguren Praeli; la segunda vice-presidenta y relatora para los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena de Trotiño; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; personas y activistas intersex de Costa Rica, Estados Unidos, Chile y México; organizaciones de la sociedad civil de la región y, representación de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En el evento, las personas participantes hicieron hincapié en la necesidad de frenar las violaciones a los derechos humanos de las personas intersex y sus familiares,  y resaltaron las afectaciones negativas y permanentes que las cirugías forzadas y cosméticas de “normalización” a temprana edad y sin el consentimiento de la persona tienen en su vida y en sus relaciones familiares. Los Estados agradecieron la oportunidad a la Comisión para escuchar directamente de las personas intersex sus demandas y necesidades. Además, manifestaron el compromiso de compartir las buenas prácticas –donde las hay- y trabajar dentro de la OEA para visibilizar esta realidad. La CIDH destacó su compromiso para impulsar la visibilización de las necesidades particulares de las personas intersex, y el Relator para los derechos de las personas LGBTI, Francisco Eguiguren Praeli expresó que resulta preocupante la discriminación que enfrentan las personas intersex por causas relacionadas con la diversidad corporal y que se necesita de una mejor comprensión de estas diferentes variantes de los cuerpos por parte de los sistemas de salud en los Estados de la región.

Asimismo, se celebró una reunión con representantes del movimiento sindical en los Estados Unidos a fin de explorar acciones para el plan de trabajo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a fin de abordar asuntos relativos a los derechos humanos del movimiento laboral y sindical en Estados Unidos. Esta reunión, que tuvo lugar el 17 de marzo, fue coordinada por el Comisionado Paulo Vannuchi, en su calidad de encargado de la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Participaron representantes de Change to Win, the International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), The United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), the American Federation of Teachers (AFT), the Service Employees International Union y  the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations.

La CIDH lamenta la ausencia de representantes de los Estados de Cuba, Estados Unidos y Nicaragua en las audiencias sobre esos países. En este sentido, la Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región.

Los videos de las audiencias están disponibles en el canal de la CIDH en Youtube y las fotografías, con licencia libre de uso para las personas y organizaciones interesadas, están disponibles en alta resolución en la cuenta de la CIDH en Flickr.

Aprobación del Plan Estratégico

Durante el 161 Período de Sesiones, la CIDH aprobó su Plan Estratégico 2017-2021. Para su elaboración, la CIDH realizó procesos de consulta pública con organizaciones de sociedad civil, expertos y Estados miembros de la OEA. Este proceso participativo y democrático permitió ampliar el análisis del contexto regional, evaluar las propuestas del Plan y contribuir a generar una cultura más democrática y de transparencia en la institución. El plan se estructura en 5 objetivos estratégicos. El objetivo estratégico 1 busca contribuir al desarrollo de una justicia interamericana más efectiva y accesible con el fin de superar  las prácticas de impunidad en la región y lograr la reparación integral de las víctimas a través de medidas decisivas para el fortalecimiento del sistema de peticiones y casos, soluciones amistosas y medidas cautelares. El objetivo estratégico 2 busca tener incidencia en medidas preventivas y en los factores que dan lugar a las violaciones de derechos humanos a partir del uso articulado de mecanismos y funciones de la CIDH para una mejor capacidad de monitoreo y de coordinación de respuestas relevantes, oportunas y adecuadas. El objetivo estratégico 3 se orienta a promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales a partir de una contribución activa para el fortalecimiento de la institucionalidad y políticas públicas con enfoque en derechos humanos de los Estados acorde a normas y estándares interamericanos y de la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la defensa de los derechos humanos. El objetivo estratégico 4 busca impulsar la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de iniciativas coordinadas con la CorteIDH, y con otros organismos y mecanismos internacionales, regionales y sub-regionales de derechos humanos. El objetivo estratégico 5 es garantizar los recursos humanos, infraestructura, tecnología y presupuesto necesarios para el pleno cumplimiento del mandato y funciones de la CIDH a partir de una gestión institucional por resultados para un desarrollo institucional  eficiente, efectivo y medible.

Audiencias públicas realizadas durante el período de sesiones

A continuación se presentan resúmenes de las audiencias públicas celebradas:

Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México

En la audiencia Situación de independencia y autonomía del Sistema de procuración de justicia en México, las organizaciones solicitantes refirieron a la oportunidad histórica de reformar el modelo de justicia frente al 98% de impunidad imperante en el país, y en este marco a la importancia de garantizar la autonomía de la Fiscalía. Señalaron que bajo las disposiciones transitorias establecidas en la reforma constitucional de 2014 dicha autonomía queda en entredicho cuando el último procurador pasa automáticamente a ser el primer fiscal por nueve años sin un proceso de selección. Enfatizaron que no puede haber autonomía si el proceso de selección no tiene garantías de transparencia, participación ciudadana, publicidad y no está orientando o tiene herramientas para la identificación del mérito.  El Estado por su parte informó que el procedimiento de designación que incorpora la reforma constitucional de 2014 genera un equilibrio basado en un sistema de frenos y contrapesos que se inscriben en el marco de los procedimientos de selección más recientes. Asimismo señaló que para evitar el pase automático del procurador general de la república para fiscal general, el  Presidente de la República presentó en noviembre de 2016 una iniciativa de reforma del artículo 16 transitorio para articular un procedimiento de designación diferente con el objetivo de lograr una mayor transparencia en el proceso de selección.  La CIDH saludó la oportunidad para abordar este tema y consultó a ambas partes establecer los canales de participación de la sociedad civil en este proceso.

Situación de derechos humanos de personas solicitantes de asilo y refugiados en México

En la audiencia “Situación de derechos humanos de personas solicitantes de asilo y refugiados en México” las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que solicitaron la audiencia denunciaron la grave crisis de refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional en el continente americano, una de cuyas manifestaciones es la crítica situación que enfrentan las personas solicitantes de asilo y refugiados en México. Las organizaciones destacaron que esta crisis se evidencia con el aumento en un 1.000% de las solicitudes de asilo de 2012 a 2016, siendo en su mayoría solicitudes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde los niveles de violencia son  superiores a países con conflictos armados. Esta situación ha colocado a México como un país de destino, donde las personas que huyen por motivos de violencia y persecución de sus países se enfrentan de forma generalizada a políticas enfocadas en la detención migratoria y la deportación, así como la forma en la que estas medidas afectan el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y otros derechos de estas personas. En este sentido, señalaron que las medidas de control migratorio tienen un enfoque de seguridad nacional y no de derechos humanos, tal como es el caso del Programa Integral Frontera Sur. Las principales problemáticas detectadas por las OSC fueron la existencia de obstáculos para acceder al procedimiento sobre el reconocimiento de la condición de refugiado con las garantías del debido proceso, la falta de capacitación y sensibilización de miembros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la falta de un mecanismo de evaluación de dicho procedimiento, la detención migratoria, así como la falta de políticas de integración de personas que han sido reconocidas como refugiadas. Por su parte, el Estado mexicano reconoció que se enfrenta a una dinámica sin precedentes en donde ha existido un incremento del 576% en la atención a las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiados en los últimos 4 años, siendo reconocidas como refugiadas 6 de cada 10 personas que lo solicitan. El Estado destacó las capacitaciones que ha brindado a funcionarios, el desarrollo de programas de alternativas a la detención migratoria y la creación de mesas de trabajo entre diversas instituciones para brindar una visión integral. Destacó también la participación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para la protección a niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de un protocolo de actuación en procesos migratorios. Finalmente, el Estado solicitó el reconocimiento de la corresponsabilidad de los países vecinos del norte y del sur para responder de forma humanitaria a esta crisis. En este contexto, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México y sobre los Derechos de la Niñez, resaltó la importancia de la prohibición de la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y del establecimiento de programas de alternativas a la detención migratoria, las cuales van en línea con recomendaciones hechas por la CIDH en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. En la misma audiencia el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, recordó que México es uno de los países que impulsó la Declaración y el Plan de Acción Brasil y la gran importancia que éste fuera país ejemplo en su implementación. En el marco de la audiencia, el Estado mexicano se comprometió a establecer un grupo de trabajo sobre derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiados entre autoridades vinculadas a la agenda de asilo y actores de la sociedad civil. El Estado y las OSC acordaron definir la forma en la que la CIDH, a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se integraran y darán seguimiento a este grupo de trabajo.

Derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos en México

Las organizaciones expusieron sobre las restricciones existentes en México para el acceso a documentos e información en poder de entidades públicas relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Denunciaron las dificultades de las víctimas para acceder a los expedientes de las investigaciones, la falta de entrega de copias así como la entrega de la información totalmente testada, además de carencias en la investigación forense que  repercute directamente en el derecho a la verdad de las víctimas. Las intervinientes expusieron que existe normatividad y prácticas administrativas que impiden el acceso a la información que reposa en los archivos históricos relacionada con violaciones a los derechos humanos, ya que los documentos que contienen dicha información están testados alegando la protección de datos personales. Por su parte el Estado informó sobre el Archivo General de la Nación (AGN), un órgano descentralizado, que actúa siguiendo lineamientos dados por el INAI sobre protección de datos. En base a estos lineamientos  los documentos que contienen información sobre violaciones a derechos humanos han sido testados. De otro lado, reitero su compromiso con la trasparencia y la rendición de cuentas y como ejemplo, se refirió a la implantación de la denominada carpeta abierta a la cual las partes pueden tener acceso vía internet, de acuerdo con la legislación penal las víctimas deben tener acceso al expediente y pueden obtener copias gratuitas del mismo.

Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en México

En la audiencia del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, convocada de oficio por la CIDH, los peticionarios y familiares presentes señalaron que el Estado mexicano sigue sin cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Indicaron  que el resultado de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) no recoge las irregularidades planteadas por el GIEI. Respecto a la investigación, plantearon la falta de avances respecto de varias líneas  de investigación,  la inexistencia de nuevas acusaciones y la lentitud en el análisis de pericias. En el tema de búsqueda indicaron que se requiere de una mayor utilización de la tecnología LIDAR y de una base de datos de fosas del estado de Guerrero. Destacaron la importancia del Mecanismo y del acompañamiento de la CIDH en el caso. El Estado indicó que ha colaborado en todo momento con el Mecanismo y manifestó su compromiso con el caso y para mantener el mandato del Mecanismo. También informó sobre el estado de la investigación, las medidas adoptadas para realizar una búsqueda coordinada, la utilización de la tecnología LIDAR y sobre las medidas adoptadas para atender a los heridos. Respecto de la investigación interna realizada por la PGR, el Estado informó que ésta será decidida por el poder judicial.  El Estado también planteó a los peticionarios y familiares que, ante la falta de consolidación de otra línea de investigación si hay alguna posibilidad para considerar la hipótesis presentada por el Estado a lo que los representantes indicaron que se estaría rechazando las conclusiones dadas por el GIEI. Por su parte, la CIDH cuestionó al Estado la velocidad de los avances y sobre el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Destacó que es necesario solucionar el caso a la mayor brevedad posible y que el Estado cuenta con la capacidad y los medios para hacerlo.

Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en Honduras

En la audiencia “Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en Honduras” el Estado solicitante presentó los avances en el desarrollo del referido mecanismo, y su política global de protección en seguimiento de la sentencia dictada en 2013 por la Corte Interamericana en el Caso Luna López. El Estado destacó la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; la participación de las organizaciones civiles en la elaboración de normas sobre protección; la creación del Consejo Nacional de Protección y el Comité del Mecanismo de Protección; y además detalló las diversas medidas de protección implementadas desde febrero de 2017 en favor de personas defensoras de derechos humanos. Por último, el Estado reconoció los desafíos tales como el bajo presupuesto asignado en esta materia y la necesidad de fortalecimiento de las investigaciones; y reiteró su disposición ante la CIDH de seguir aportando información. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil participantes señalaron la urgencia del análisis de las causas estructurales sobre la violencia contra las y los defensores de derechos humanos de la región; la responsabilidad del Estado de crear un protocolo de investigación con enfoque de género; de proveer capacitaciones del cuerpo policial en cuanto a la labor de los defensores de derechos humanos; de agilizar la velocidad de la respuesta ante amenazas a las y los defensores de DDHH; y de acabar con la estigmatización y la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos. El Comisionado Cavallaro y la Comisionada Macaulay reconocieron los esfuerzos de Honduras y el avance del mecanismo, así como el espíritu de diálogo mostrado por el Estado. El Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión solicitó al Estado información estadística sobre el mecanismo de protección y su funcionamiento en relación con la perspectiva de género. 

Situación general de derechos humanos en Honduras

En la audiencia Situación general de derechos humanos en Honduras, las organizaciones participantes indicaron que el Estado hondureño no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por la CIDH su Informe de País de 2015. Refirieron a la concentración de poder por el Ejecutivo, la militarización del país, la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia y a las recientes reformas penales que serían contrarias a los estándares internacionales. Indicaron que a la fecha se han aprobado más de 450 proyectos hidroeléctricos y mineros, algunos en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes y sin efectuarse consulta previa. El Estado indicó que mediante el proceso de depuración policial se han evaluado a 4,933 efectivos policiales. En cuanto a la participación de la policía militar en tareas de seguridad ciudadana señaló que en el corto plazo, el criterio para su actuación será determinado por nivel de violencia en cada municipio y en el largo plazo se regirá por el crecimiento y fortalecimiento de la policía nacional. Indicó que no se requerirá presencia permanente de la policía militar en municipios donde la tasa de homicidios sea menor a 25 por cada 100,000 habitantes. La CIDH reiteró que las fuerzas armadas no deberían participar en tareas de seguridad ciudadana y que para lograr cambios en este sentido se debe modificar el presupuesto nacional. Respecto a la reforma del Código Penal, la CIDH llamó a un diálogo con todas las partes que incluya la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado en Honduras.

Situación de personas defensoras de derecho al ambiente en Panamá

En la audiencia “Situación de personas defensoras de derecho al ambiente en Panamá”, las organizaciones solicitantes denunciaron la actual situación de violencia que viven las y los defensores de derechos ambientales en territorio panameño, el patrón sistemático de criminalización hacia la protesta ambiental y la represión y uso de la fuerza pública por las autoridades. Las organizaciones participantes destacaron los casos particulares de Larissa Duarte, activista demandada por haber presentado oposición al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco; y de Lila Arriaga, que tuvo que salir del país para resguardar su seguridad personal. También se contó con  el testimonio de un habitante de la Isla Pedro González, que denunció la pérdida de tierras de la población, así como las amenazas y actos de violencia contra quienes defienden su tierra. Por último, los peticionarios solicitaron una visita in loco al territorio panameño, entre otras medidas. Por su parte, el Estado panameño afirmó que la tendencia estatal se enfocaba en el desarrollo institucional de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como el desarrollo sostenible por medio de represas hidroeléctricas. Aunque reconoció el estrecho régimen de derecho de asociación, el Estado destacó los esfuerzos como la creación del Ministerio de Ambiente; la duplicación del presupuesto de la entidad; el incremento en nombramientos de parques nacionales; la creación de mesas de diálogo; y el fortalecimiento de evaluación de impacto ambiental, entre otros.  El Comisionado Cavallaro solicitó información sobre procesos de consulta en los  casos de Pedro González y Barro Blanco, así como sobre la situación actual de la defensora Ligia Arriaga. La Comisionada Macaulay, a su vez, solicitó más detalles sobre el diálogo con las comunidades indígenas que indican tener derecho a las tierras, así como sobre el proceso legal para la titulación de las mismas, a cuyo efecto sugirió reuniones periódicas de consulta entre el Estado y las comunidades afectadas.

Derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas

La audiencia “Derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas” fue impulsada por la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) y por instituciones regionales de la Iglesia Católica, en un esfuerzo conjunto para acompañar comunidades panamazónicas en la defensa integral de sus territorios y modos de vida ante las violaciones causadas por las industrias extractivas y el desarrollo de megaproyectos de infraestructura. En su presentación, el arzobispo de Huancayo Monseñor Pedro Barreto denunció las afectaciones a las comunidades originarias y a la biodiversidad como resultado del modelo económico extractivo en la región que “antepone el dinero a la necesidad humana, causando muerte y destrucción”. Cuatro representantes de comunidades indígenas también participaron a la audiencia. El representante de la comunidad indígena Awajún y Wampís de Perú destacó el despojo de sus territorios, la falta de consulta, y la  contaminación de las aguas de consumo humano resultado de la operación de empresas mineras. Representantes del pueblo indígena Jaminawa Arará y de la comunidad campesina de Buriticupú en Brasil denunciaron que estaba paralizada la demarcación de los territorios ancestrales por el Estado, así como la concesión inconsulta de sus tierras a la actividad ferroviaria para la extracción de minerales. En el caso de Ecuador, la representación de las comunidades indígenas Cascomi y Shwar denunció el allanamiento de sus casas, la destrucción de sus bienes culturales y los ataques violentos que sufrían a manos de las empresas mineras. Al final de la audiencia, el Comisionado Eguiguren insistió sobre la importancia de las consultas e indicó que su omisión constituye un atropello a los derechos humanos.

Independencia de operadores de justicia en Chile

En la audiencia “Independencia de operadores de Justicia en Chile”, la  Asociación Nacional de Magistrados de dicho país (ANM) denunció  que el modelo judicial era de carácter subordinado, como herencia de la época colonial; y que las condiciones eran adversas a la independencia del juzgador, la impartición de justicia y los derechos fundamentales. Los participantes destacaron cómo el modelo actual entrega el poder de superintendencia directiva, correccional y económica a la Corte Suprema, lo que le permite remover jueces sin juicio; invadir competencias disciplinarias reservadas al poder legislativo; e impulsar recursos disciplinarios que cumplen la doble función de disciplinar al juez y a la vez de revisar el fundamento de sus resoluciones. La ANM mencionó que había presentado una propuesta de reforma constitucional para la restructuración del poder judicial. Por último, requirió al Estado chileno que asuma un compromiso inmediato de creación de una mesa de diálogo permanente con vistas a promover reformas legislativas que aseguren la independencia judicial como condición de debido proceso. Por su parte, el Estado reconoció la oportunidad para mejorar el sistema, la importancia de  la eliminación de prácticas que puedan poner en riesgo la objetividad de los jurados, y  se comprometió a transmitir el interés y la demanda de los peticionarios de crear una mesa de trabajo para impulsar reformas al sistema judicial. En este sentido, tanto el Comisionado Presidente Eguiguren como el Comisionado Vannuchi señalaron la relevancia del tema y llamaron a reflexionar sobre la importancia del poder judicial para los derechos humanos, y a dialogar para el examen y desarrollo constitucional en Chile.

Caso 12.956 – F.S., Chile

Se llevó a cabo una audiencia de fondo sobre el Caso 12.678 – F.S., Chile, en la que participaron la presunta víctima F.S., el Centro de Derechos Reproductivos, Vivo Positivo, y los representantes del Estado de Chile. Durante la audiencia, la presunta víctima rindió su declaración sobre la supuesta esterilización forzada a la que fue sometida en el momento de su parto, como consecuencia de su condición de mujer VIH positiva. Asimismo, la Comisión recibió un peritaje por parte del médico Rafael Mazín, quien expuso sobre los criterios para una atención médica adecuada a mujeres embarazadas viviendo con VIH y resaltó que la esterilización es una intervención quirúrgica electiva, que requiere un consentimiento basado en información amplia. Por otra parte, el Estado reconoció que en el presente caso distintos actores incurrieron “en una serie de vulneraciones, incluso no cumpliendo con la propia normativa” y agregó que “no hay ninguna causa para esterilizar forzadamente a nadie en Chile” y se puso a disposición para solucionar el caso por la vía de la solución amistosa.

Situación de derechos humanos del Pueblo Rapa Nui en Chile

En la audiencia “Situación de derechos humanos del Pueblo Rapa Nui en Chile” representantes de dicho pueblo denunciaron las violaciones de derechos humanos que vienen sufriendo desde 1888, cuando por primera vez el Estado chileno incumplió el “Acuerdo de Voluntades” que había celebrado con el Pueblo Rapa Nui. Los participantes denunciaron el uso de la violencia y represión policial por parte de autoridades a raíz de las manifestaciones pacíficas que la población ha venido realizando en los últimos años. En este contexto se presentó el testimonio de Matías Riroroko, poblador de 72 años, y se detalló su criminalización y detención injustificadas por las autoridades del Estado chileno bajo cargos que fueron luego reconocidos como falsos, por haber participado de una protesta social pacífica. Se destacó el temor del señor Riroroko de recibir represalias de autoridades chilenas por su participación en las audiencias ante a la CIDH. Por último, los participantes requirieron al Estado la recuperación de su patrimonio histórico; la ratificación ante el Congreso Nacional del Acuerdo de Voluntades con el Pueblo Rapa Nui; la ratificación del informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato; el Estatuto de Autonomía de la Isla de Pascua; y la devolución de la propiedad colectiva exclusiva de la tierra al pueblo Rapa Nui. Por su parte, el Estado chileno señaló su disposición de diálogo y destacó los avances que se han dado en los últimos años. La Comisión tomo nota de la información aportada por ambas partes y señaló su interés en dar seguimiento a la invitación de realizar una visita a la Isla de Pascua.

Situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales en las Américas

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales en América” las participantes informaron acerca de la necesidad de que se reconozca dentro de los marcos normativos el trabajo sexual como un trabajo lícito, lo cual incluye entre otras cosas el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, y que se les garanticen los beneficios laborales y sindicales relacionados con cualquier otra actividad laboral; la adopción de políticas públicas integrales destinadas a garantizar mejores condiciones laborales; y la derogación marcos normativos ambiguos que en la práctica son utilizados para criminalizar a las mujeres trabajadoras sexuales. En adición sostuvieron que el trabajo sexual es un trabajo digno, lo que resulta indigno son las condiciones y la clandestinidad en las cuales lo ejercen, lo cual las relega a un limbo donde carecen de seguridad jurídica, y quedan a expensas de la violencia institucional, la criminalización, el estigma, la discriminación, extorsión por parte de fuerzas de seguridad pública, clausura de inmuebles, retención de documentos personales, amenazas y agresiones las cuales tienden a quedar en la impunidad. Asimismo, indicaron que el tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los Estados de la región a la normativa vinculada a la prevención, persecución y sanción de los delitos de tráfico y trata de personas, no realiza una clara distinción entre dicha situación y el trabajo sexual autónomo, lo que genera distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización de las trabajadoras sexuales autónomas, reduciendo los ámbitos, tanto en espacios abiertos como cerrados, en los cuales éstas pueden desempeñarse. Las peticionarias informaron que entre el 2013 y 2016 documentaron: 28 asesinatos de  trabajadoras sexuales en Honduras; 27 en El Salvador; y 14 en República Dominicana. Estos crímenes según la información recibida estarían impunes debido a la falta de acción del Estado, lo cual se exacerba  con la falta de  interés de familiares en hacer seguimiento a las causas para no hacer público el trabajo de las víctimas o por no contar con los recursos económicos para llevar adelante los procesos. Las peticionarias expresaron la necesidad de que los Estados de la región las reconozcan como actores políticos valiosos, que sean consultadas en la elaboración de normativas que regulen el trabajo sexual y que se les brinde una protección adecuada para cooperar con el desmantelamiento de redes de tratas de personas. La Comisionada y Relatora para los derechos de las mujeres, Margarette May Macaulay, dijo que para poder avanzar en la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual debería ser descriminalizado.

Denuncias sobre violencia sexual contra las adolescentes en Bolivia

En la audiencia sobre "Denuncias sobre violencia sexual contra las adolescentes en Bolivia" las solicitantes indicaron que el país tiene la tasa más alta de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en América Latina, y que una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años. Al respecto, expresaron que ven necesario modificar el Código Penal para que el elemento central del delito de violación sexual sea la falta de consentimiento, y eliminar el requisito de demostrar que hubo intimidación, violencia física o psicológica. Asimismo, indicaron que Bolivia debe adecuar las normas sobre estupro a los estándares internacionales en la materia y capacitar a la policía, a los operadores de justicia y al personal de salud para evitar la re-victimización, así como facilitar el acceso a la justicia para las niñas y adolescentes, además de adaptar el proceso judicial y la toma del testimonio. Adicionalmente, las solicitantes señalaron que Bolivia debe asegurar los mecanismos para la protección y la restitución integral de los derechos de las víctimas y realizar campañas sociales dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre esta materia. Al respecto, el Estado reconoció la dimensión del problema y expuso que actualmente se encuentran en curso proyectos legislativos para modificar el Código Penal en el sentido referido por las solicitantes. Los representantes estatales mencionaron igualmente una serie de políticas, programas, guías y protocolos implementados a fin de prevenir y responder a la violencia sexual. La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño deploró la prevalencia de este crimen, que calificó de “cruel”, y mostró su preocupación por el hecho de que muchas niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas sigan siendo institucionalizadas y se les niegue el derecho a la educación.  

Derecho de acceso a la información relevante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

En la audiencia temática “Derecho de acceso a la información relevante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” las organizaciones peticionarias informaron a la CIDH sobre la situación actual del acceso a la información pública en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en la región. Las organizaciones civiles destacaron la necesidad de avanzar en el desarrollo de estándares para determinar y consolidar las obligaciones estatales sobre el acceso y producción de información para lograr la implementación, exigibilidad y acceso a los DESCA. Para tal finalidad indicaron la necesidad de robustecer la discusión en torno al alcance de estas obligaciones y sobre la exigibilidad de producción de información de manera desagregada. Las organizaciones civiles que solicitaron la audiencia, también hicieron referencia a las falencias en el tema, identificando un patrón regional de obstáculos para la garantía de este derecho, destacando la existencia de estándares legales inadecuados en materia de producción de información sobre DESCA; incorrecta aplicación de los mecanismos existentes por parte de funcionarios públicos; falta de capacitación de agencias estatales; falta de un régimen de sanciones efectivo así como de un régimen de incentivos para la producción y disponibilidad de información sobre DESCA; desconocimiento del derecho; inadecuada calidad de la información disponible; la existencia de una cultura del secreto; y el temor a las represalias por dar respuestas a solicitudes de información, entre otros. Asimismo, se destacó la importancia del acceso a la información presupuestaria desagregada, la cual se indicó que es clave para el monitoreo y evaluación de las medidas adoptadas por los Estados para dar satisfacción a los DESCA hasta el máximo de sus recursos disponibles. En el marco de la audiencia, el Relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza señaló la importancia histórica de la audiencia al ser la primera en relación con el derecho de acceso a la información llevada a cabo por lo que será en el futuro la Relatoría Especial DESCA, en conjunto con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. De igual manera destacó como temas centrales la problemática que representa la producción de información pública por parte de los Estados y la generación de estándares que permitan mejorar la producción y disponibilidad de acceso a la información en materia DESCA. Por último, se hizo referencia a la importancia del desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para el acceso y producción de información en la materia.

Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en las Américas

Las organizaciones participantes expusieron ante la CIDH las diferentes formas de vulneración al derecho al acceso a la información pública con relación a las decisiones estatales sobre la gestión ambiental, la concesión y monitoreo de las actividades extractivas en  Nicaragua, Guatemala y República Dominicana. La vulneración del derecho al acceso a la información vulnera otros derechos como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud, la integridad personal, etc. Las organizaciones señalaron que se trata de una problemática generalizada en la región ya que pese a la existencia de legislación en la materia, los mecanismos existentes para acceder a la información resultan ineficaces porque entre otras cosas la información que se entrega no es comprensible o no se otorga en las lenguas de las comunidades locales o porque los funcionarios encargados no han sido capacitados en la materia. A lo anterior se suma la criminalización de la que son víctimas los defensores del medio ambiente o de los derechos de las comunidades, así como la criminalización de la protesta contra las actividades extractivas.

Situación del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua

Las organizaciones expusieron su preocupación con relación a situación del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. Según los peticionarios, en los últimos años se ha agudizado un proceso de concentración de poder en el Poder Ejecutivo, reduciendo la independencia de los otros poderes del Estado. Los peticionarios denunciaron agresiones físicas, intimidación, acoso y espionaje, contra los periodistas y medios de comunicación independientes; la asignación subjetiva de la publicidad oficial; la vulneración de la Ley de Acceso a la Información Pública como una característica de la opacidad de la gestión pública; y la concentración en la propiedad y el control de los medios de televisión y radio  a través de un duopolio de la familia del Presidente Ortega y el empresario Ángel Gonzalez. También se refirieron a la represión contra defensores de derechos humanos y de aquellos que se oponen a proyectos como el del canal interoceánico, así como el uso de mecanismos penales en su contra;  y describieron casos de expulsión de periodistas y representantes de organizaciones  internacionales. La CIDH lamentó la ausencia del Estado, el Relator Especial, manifestó la preocupación prioritaria sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua.

Situación de derechos humanos de las personas intersex en las Américas

En la audiencia de oficio “Situación de derechos humanos de las personas intersex en las Américas”, las personas intersex que participaron informaron sobre las violaciones y retos que enfrentan en el respeto y reconocimiento de sus derechos humanos en los Estados de la región, enfatizando que la decisión sobre  intervenciones quirúrgicas a temprana edad  en sus cuerpos se toma a partir de estereotipos de lo que se considera “normal”, buscando “corregirlos” de manera cosmética, sin que medie una situación de salud, y sin tomar en consideración las graves lesiones que estas intervenciones forzadas y sin consentimiento previo, libre e informado podrían acarrear para sus vidas. Además, informaron acerca de tratamientos hormonales innecesarios, fotografías de sus cuerpos con graves consecuencias psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tortura perpetrada por personal médico que en ciertos casos ha tenido como consecuencia la esterilidad, y han permanecido en la impunidad ya que los mismos van acorde con los protocolos médicos vigentes. Asimismo, informaron sobre la relevancia para las personas intersex de tener acceso a su ficha clínica y que sus familiares sean bien guiados durante su crecimiento. Señalaron que hay cuerpos intersex intactos que son saludables y que es necesario que los Estados adopten medidas legislativas que satisfagan sus necesidades específicas, les protejan de intervenciones y tratamientos médicos innecesarios, y además de que les sea reparado el daño que se les ha efectuado a ellxs y sus familias. Alejandro Aravena, participante en la audiencia indicó: “A los dos meses de vida, los médicos decidieron remover mi falo, por considerarlo muy pequeño, lo que dio inicio a un largo proceso de feminización forzada, que puede resumirse en dos palabras: violación y tortura”. Las personas peticionarias informaron a la CIDH de que los marcos normativos que protegen el interés superior de niños y niñas son utilizados para justificar las intervenciones. En este sentido, la CIDH ha establecido que los niños, niñas y adultos intersex deben ser los únicos que deciden si desean modificar la apariencia de su propio cuerpo - en el caso de los niños, cuando tengan la edad o madurez suficiente para tomar una decisión informada por sí mismos.

Denuncias sobre represión a la protesta y de la sindicalización en la provincia de Jujuy, Argentina

En la audiencia “Denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en la provincia de Jujuy, Argentina” la parte solicitante denunció la represión que viven los miembros de sindicatos en la provincia de Jujuy por parte del gobierno, y que criminaliza las protestas realizadas a favor del derecho a remuneraciones dignas y condiciones seguras de trabajo. Se destacó la aplicación de normativas contravencionales a los derechos de libre manifestación y asociación y se solicitaron peticiones en relación con el aseguramiento del derecho a la protesta. Por su parte, el estado argentino señaló que está próximo a presentar un proyecto de ley para reformar la normativa en relación a la sedición y destacó la disposición de recepción de recomendaciones a dicho proyecto. Asimismo, rechazó las acusaciones sobre hostigamiento a referentes sociales y reafirmó su compromiso para el desarrollo de una sociedad que respete los derechos humanos. En este sentido el relator para la Libertad de Expresión Edison Lanza puso a disposición del estado argentino a dicha relatoría para colaborar con las reformas normativas. Por último, el comisionado Vannuchi destacó la importancia de la creación de la relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para la inclusión y elevamiento de los temas de sindicalismo en la región.

Cambios normativos en materia migratoria en Argentina

En la audiencia  “Cambios normativos en materia migratoria en Argentina” las organizaciones de la sociedad civil (OSC) expresaron su preocupación por la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 por parte del Poder Ejecutivo, el cual modifica y representa un retroceso respecto de la Ley de Migraciones No. 25.871 de 2004, que surgió en el marco de la solución amistosa del caso de La Torre en la CIDH, la cual había sido aprobada por el Congreso y era respetuosa en materia de derechos humanos. Las OSC resaltaron que las personas migrantes no son responsables de los problemas de seguridad que enfrenta Argentina, específicamente resaltaron que “la asociación de migración y delito se utiliza hoy en Argentina para instalar un falso problema y redireccionar la agenda pública hacia otras cuestiones. Que el gobierno nacional nos emparente públicamente a nosotros los migrantes con la delincuencia y utilizarnos para intentar resolver la problemática de la inseguridad es un grave error. Los migrantes somos en la actualidad el 4,5% del total de la población carcelaria y es ofensivo y humillante para nosotros que nos atribuyan la responsabilidad nacional de la delincuencia”. La emisión del DNU es una respuesta desproporcionada, mediante la cual el Poder Ejecutivo busca responsabilizar a las personas migrantes de los problemas de seguridad que enfrenta Argentina. Expresaron que el DNU asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. Las principales preocupaciones de las OSC sobre esta nueva ley tienen que ver con el establecimiento de un proceso sumarísimo de deportación con un nuevo sistema de notificaciones que hace ilusoria la posibilidad de recurrir la decisión; la posibilidad de deportar a una persona que haya cometido cualquier tipo de delito o que esté siendo procesada violando el principio de presunción de inocencia; la necesidad de solicitar asistencia jurídica gratuita para recibirla y el que sea la Dirección General de Migraciones quién defina si habilitarla o no; y un sistema de control migratorio en donde la regla es la privación de la libertad ampliando la detención por 60 días y por tiempo indeterminado en caso de presentar recursos y juicios. Todo esto tiene un grave impacto en la forma en la que se percibe a la migración, favoreciendo un brote xenófobo y la criminalización de la migración, afectando la unidad familiar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA). Por su parte, el Estado argentino destacó la importancia de la migración en Argentina y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Mencionó la necesidad de reformar la normativa migratoria con la finalidad de evitar abusos en sus procedimientos y poder dar solución a problemáticas que afectan la aplicación de la ley, así como acelerar los tiempos en que se resuelven los procedimientos. De la misma manera, el DNU cambió para incorporar delitos que antes se encontraban fuera para cancelar la condición migratoria, como el abuso sexual simple, explotación laboral infantil, tráfico de armas y la mayoría de los delitos tributarios. El Estado afirmó que el DNU cumple con los estándares en materia de debido proceso fijados en el informe de la CIDH de “Movilidad Humana: Estándares Interamericanos”. Finalmente, el Estado aseguró que no copia modelos de otros países y que es un país con una política abierta a la migración, siendo ejemplo de ello las políticas que se han implementado en materia de regularización migratoria y para las personas de Siria y Haití.  La CIDH mencionó la preocupación especial sobre el tema migratorio y solicitó información sobre cuáles habían sido los fundamentos para decretar la necesidad y urgencia del DNU y por qué la situación no podía ser afrontada con la ley anterior. La CIDH también solicitó información respecto a la situación de la detención migratoria y la posibilidad de recurrir decisiones, así como la preservación de la unidad familiar y del cumplimiento del interés superior de NNA.

Programa de Justicia 2020 en Argentina

En la Audiencia solicitada por el Estado de Argentina para presentar el “Programa de Justicia 2020” las autoridades informaron a la CIDH sobre el programa de reforma judicial integral que se aplica desde 2016 y que se enmarca en la denominada “Alianza por el Gobierno Abierto”. Informaron que el programa cuenta con una plataforma web que resulta inédita dado que permite a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil participar activamente en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También hicieron referencia a que se trata de una iniciativa que forma parte de los esfuerzos estatales con respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que uno de sus ejes ha referencia concreta a los derechos humanos. Como resultado de su aplicación destacaron la reducción de los tiempos procesales y la diversificación de los mecanismos de acceso a la justicia, así como la apertura del debate en torno a la sanción de nueva legislación. En representación de la sociedad civil, asistió a la audiencia por teleconferencia, el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El representante indicó que se trata de un programa con buenas intenciones y que el gremio acompaña en sus contenidos. Asimismo, resaltó preocupaciones con algunos aspectos, como por ejemplo el nombramiento de jueces en la Capital Federal que pudieran ser afines al partido político en el gobierno luego de consolidada la trasferencia de competencias entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Desde la CIDH se destacó la labor de la nueva sección sobre Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos y se manifestó la disposición para mantener el dialogo y dar seguimiento a las buenas prácticas de los Estados que reflejen este enfoque y los desafíos que se puedan presentar.

Denuncias sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala

En la audiencia “Denuncias sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala”, las organizaciones participantes afirmaron que dicho Estado había debilitado el marco jurídico ambiental para dar paso a la privatización de la producción energética en el país, lo que habría permitido la aprobación de estudios ambientales altamente deficientes e inconsultos, en violación de sus obligaciones internacionales. Las organizaciones solicitantes también denunciaron los desalojos violentos que enfrentaban las comunidades que se oponían a la operación de empresas en sus territorios, así como los ataques, amenazas, acoso constante a la población, con particular afectación de las mujeres defensoras. Señalaron que había patrones de criminalización en el sistema guatemalteco, mediante la tipificación de figuras penales como secuestro o asociación ilícita, que no contemplan medidas sustitutivas a la prisión preventiva; la equiparación de organizaciones indígenas a estructuras de crimen organizado; y los litigios maliciosos por fiscales del Ministerio Publico y abogados de las empresas transnacionales, entre otros. Se denunció el caso del defensor Fausto Sánchez, autoridad indígena que fue mantenido injustamente en prisión preventiva por más de 2 años, así como el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan durante una manifestación pacífica. Por su parte, el Estado guatemalteco explicó que estaba buscando la sustitución progresiva de su fuente energética hacia fuentes de energía renovables como la energía hidroeléctrica. Asimismo, refirió que se encuentra desarrollando un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que incluirá la fiscalización y control de las actividades empresariales, la protección de derechos humanos, y medidas de reparación. El Estado se comprometió a presentar a la CIDH un informe sobre estas materias dentro de un plazo de 6 meses. El Comisionado James Cavallaro acogió con beneplácito la creación del Plan Nacional, y pidió al Estado información sobre las medidas de control en caso de uso por parte de fiscales del poder punitivo del Estado para intimidar el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos.  

Situación de personas que trabajan en el transporte extraurbano en Guatemala

En la audiencia Situación de personas que trabajan en el transporte extraurbano en Guatemala, las organizaciones solicitantes informaron sobre la grave situación de violencia que afecta a este rubro a nivel nacional. Plantearon información sobre asesinatos de conductores de buses y sus ayudantes, y los altos niveles de extorsión a los empresarios de este sector. Indicaron que en su mayoría estos crímenes son perpetrados por el crimen organizado y pandillas juveniles, que en algunos casos operarían desde las cárceles. Hicieron referencia a la necesidad de garantizar empleo a los jóvenes como una medida correctiva. El Estado indicó que se han redoblado los esfuerzos en los últimos años para reducir los hechos denunciados en la audiencia. Se han realizado aprehensiones, allanamientos, inspección y registro domiciliario y desarticulación de grupos criminales. El Estado asimismo refirió a planes de seguridad implementados en el rubro de transporte. El Estado reconoció que la Ley de Transporte vigente en Guatemala que data desde 1946 ya no cubre las demandas actuales y que requiere una modificación. La CIDH planteó la necesidad de generar espacios de diálogo entre las partes y ofreció la intervención de un miembro de Comisión como mediador o mediadora.

Denuncias sobre trata de niños, niñas y adolescentes en Perú

En la audiencia "Denuncias sobre trata de niñas, niños y adolescentes en Perú ", los solicitantes resaltaron la magnitud de este fenómeno en Perú, país de origen, tránsito y destino de las víctimas, mencionando los siguientes aspectos: las causas estructurales como la pobreza y la exclusión social; las dificultades de acceso a la justicia para las víctimas; falta de representación legal de calidad y gratuita; revictimización en el marco de los procesos judiciales; falta de capacidades en las autoridades; recortes presupuestarios; altos niveles de impunidad; institucionalización de las víctimas; y debilidad del sistema de protección a nivel local. El Estado coincidió con los solicitantes sobre la gravedad de este fenómeno y señaló el compromiso del Estado para avanzar en la prevención y la respuesta frente a la trata con fines de explotación sexual y laboral, indicando una serie de modificaciones legislativas, la creación de un Grupo de trabajo multisectorial, el funcionamiento de unidades de policía y fiscalía especializadas, los Planes Nacionales contra la Trata y una línea telefónica para denuncias. Además expreso que el Estado ha modificado su política de institucionalización de las víctimas. La Comisionada Arosemena de Troitiño señaló su preocupación por la interpretación del tipo penal por parte de los tribunales que impediría la persecución judicial de los perpetradores y dejaría en la impunidad los delitos. Así mismo resaltó la importancia de fortalecer el funcionamiento de los sistemas nacionales de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local.    

Situación de derechos humanos de la comunidad indígena urbana en el barrio de Cantagallo, Lima, Perú

En la audiencia “Situación de derechos humanos de la comunidad indígena urbana en el barrio de Cantagallo, Lima, Perú” las organizaciones participantes denunciaron la falta de reconocimiento de la comunidad indígena Shipibo Konibo que habita en Cantagallo como comunidad indígena urbana, y su falta de protección por parte del Estado peruano. Esta situación deriva en la falta de acceso al derecho a la salud, a los servicios básicos de agua, electricidad y desagüe, a la educación intercultural, y al derecho a la vivienda con adecuación cultural. Las organizaciones aludieron al devastador incendio que tuvo lugar a finales de 2016 y que ocasionó la muerte de un niño, la destrucción de más del 90% de las casas, y que dejó a cerca de doscientas familias desamparadas. También informaron sobre la venta del terreno que estaba destinado originalmente a su reubicación y la utilización del presupuesto respectivo, sin consultar o informar a la comunidad. Por su parte, el Estado peruano realizó una presentación en que señaló las diversas actividades de ayuda a las familias afectadas por el incendio, así como presentó una propuesta detallada de proyecto para solucionar la situación de vivienda de la comunidad. El Comisionado Vannuchi agradeció la apertura del Estado peruano, e insistió sobre la calidez humana, la fortaleza comunitaria, y la riqueza de la cultura, la lengua y la artesanía de la comunidad indígena Shipibo Konibo de Cantagallo, las cuales deberían ser consideradas un orgullo nacional. Por su parte, la Comisionada Macaulay recordó al Estado sus obligaciones internacionales de consultar a la comunidad indígena durante la conceptualización y la realización de proyectos que le afectan, y en particular sobre el proyecto de viviendas anunciado durante la audiencia. 

Caso 12.545 – Isamu Carlos Shibayama y otros, Estados Unidos

La CIDH celebró una audiencia de fondo relacionada con el internamiento de ciudadanos de ascendencia japonesa detenidos en Perú y entregados a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la audiencia, la Comisión recibió el testimonio de Isamu Carlos Shibayama, quien describió su proceso de detención y traslado a los Estados Unidos, así como las condiciones de vida en el campo de internamiento en el que vivieron él y su familia: “Teníamos una cerca de 20 pies alrededor con una torre en cada esquina con ametralladoras. No podíamos salir”. El señor Shibayama manifestó que a pesar de los recursos presentados en las instancias judiciales de Estados Unidos, a la fecha no ha recibido una indemnización por los daños sufridos. La Comisión escuchó además el testimonio de Bekki Shibayama, quien describió la falta de información disponible sobre el proceso de toma de decisiones que llevó al internamiento de su familia: “Quiero saber por qué el gobierno de Estados Unidos decidió actuar en contra de mi padre y su familia de esa forma”. Los peticionarios alegaron que Estados Unidos es responsable por la negación arbitraria de la condición de residentes a Isamu, Kenichi y Takeshi Shibayama, y la consecuente no aplicación de la Ley de Libertades Civiles. La Comisión lamentó que la delegación de Estados Unidos no acudiera a la audiencia con el fin de presentar sus alegatos sobre el caso.’

Órdenes ejecutivas y su impacto en los derechos humanos en Estados Unidos

En la audiencia “Órdenes ejecutivas y su impacto en los derechos humanos en Estados Unidos”, convocada de oficio por la CIDH, la Comisión recibió información sobre tres órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense: “Mejoras a la seguridad fronteriza e inmigración”, órdenes ejecutivas para proteger a la nación contra el ingreso a Estados Unidos de terroristas y extranjeros, y “Aceleración de los procesos de revisión y aprobación ambiental para los proyectos de infraestructura de alta prioridad”. Las organizaciones de la sociedad civil presentaron información detallada sobre el impacto negativo y discriminatorio de dichas órdenes en varios grupos, especialmente sobre los migrantes y refugiados, niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas. En particular, denunciaron la evidente práctica discriminatoria derivada de la orden ejecutiva destinada a la prevención del terrorismo. Resaltaron además la violación de derechos especialmente en relación al debido proceso y las garantías judiciales y solicitaron al Estado que anule las órdenes. La Comisión lamenta la ausencia sin precedente del gobierno de los Estado Unidos en esta audiencia, la cual impidió un posible intercambio democrático respecto a estos asuntos de especial preocupación.  La Comisión enfatiza la urgencia con la cual esta situación de derechos humanos debe ser resuelta.’

Políticas que impiden el acceso al asilo en Estados Unidos

En la audiencia “Políticas que impiden el acceso al asilo en Estados Unidos”, los solicitantes expusieron sobre la situación de crecientes dificultades que viven quienes buscan asilo en los Estados Unidos. Las organizaciones también resaltaron los malos tratos a los que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y la creciente realidad de peligro y miedo en la frontera entre México y Estados Unidos, donde hay varias denuncias de secuestro, trata de personas y diversas formas de violencia. Asimismo, expresaron su preocupación por el acuerdo entre autoridades mexicanas y estadounidenses para impedir el paso de solicitantes de asilo en la frontera; las violaciones al debido proceso y al principio de no devolución, la práctica constante de separar familias y el uso prolongado de detención migratoria de solicitantes de asilo. El Estado no asistió a la audiencia. La Comisión lamentó las violaciones de derechos humanos relacionadas con esta crisis regional de refugiados y manifestó su desaprobación respecto de las prácticas de Estados Unidos que impiden un efectivo goce del derecho a solicitar asilo en su frontera con México.

Situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes en Cuba

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes en Cuba”, los peticionarios expusieron la realidad de discriminación estructural que sufren las personas afro-descendientes en Cuba. Los solicitantes ofrecieron un balance general y ejemplos del problema de discriminación racial en varias esferas de la vida pública. Las organizaciones se refirieron a la negación del Estado cubano de reconocer el racismo existente y la ausencia de mecanismos legales para reportar incidentes, así como la invisibilización, marginalización, pobreza y desigualdades laborales que sufren las personas afro-cubanas en su país. Las organizaciones peticionarias también trataron la situación de las mujeres afro-cubanas, incluyendo las formas de violencia a las que estas se enfrentan. Los participantes también mostraron su inconformidad con la falta de acceso a los medios y al internet, que consideran una violación a sus derechos a la libre expresión y al desempeño de sus labores como defensores de derechos humanos. El Estado cubano no participó en la audiencia. Los Comisionados resaltaron su preocupación con la discriminación estructural descrita y subrayaron la importancia de abordar la discriminación en el sector laboral. La Comisionada Macaulay destacó además la importancia de la recolección de datos estadísticos para incrementar la visibilidad de las preocupaciones sobre derechos humanos y los reclamos de la población afrodescendiente en Cuba.

Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia

En la audiencia solicitada por el Estado sobre la “Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, el Estado colombiano presentó varios avances en el desarrollo y la implementación de políticas públicas integrales para la protección de personas defensoras de derechos humanos basadas en los ejes de prevención, protección y judicialización. El Estado aseveró la alta importancia de las garantías contundentes a la labor de las personas defensoras de derechos humanos para el real éxito del proceso de paz, y reconoció a las personas defensoras como aliadas indispensables, constructoras de paz y participantes activos de la solución política y civilizada del conflicto armado. Por su parte, las organizaciones participantes destacaron la persistencia de la estigmatización, persecución y violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz. Destacaron la falta de enfoques diferenciados y colectivos en el desarrollo de los análisis de riesgo y de los esquemas de protección, en adecuación con la realidad de los líderes y lideresas afrodescendientes, así como de líderes y lideresas LGBT. Asimismo, evidenciaron la persecución continua contra los integrantes del movimiento Marcha Patriótica, y denunciaron  la posición “negacionista” del Estado, que no reconoce la persistentica de grupos paramilitares; no da cuenta en sus investigaciones de las estructuras criminales detrás de la violencia; y se niega a reconocer el carácter sistemático de la violencia. Es importante destacar que varios integrantes del público estaban sentados con letreros sobre los cuales se leía: “¡Que la paz no nos cueste la vida!”. Finalmente, el Comisionado Relator Orozco alentó los esfuerzos del Estado colombiano y tomó nota de las políticas públicas e iniciativas desarrolladas por parte del Estado, en particular la revisión del tipo penal de amenazas. Sin embargo, el comisionado Relator destacó su preocupación con el incremento en los asesinatos incluso en el periodo de implementación de los Acuerdos de Paz, y reconoció la persistentica de grupos armados ilegales de estructuras paramilitares, así como la importancia de su desmantelamiento.

Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia

En la audiencia Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz las organizaciones se refirieron al derecho de las víctimas y de la sociedad a que se establezcan medidas estructurales que permitan prevenir la comisión de nuevos crímenes.  Consideraron que los factores que inciden en la falta de garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz son la persistencia del paramilitarismo y la necesidad de una reforma a la política de seguridad con un enfoque más civilista y no militarista, así como de depuración de los funcionarios públicos comprometidos con violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y corrupción.  Indicaron que el efectivo desmonte del paramilitarismo empieza por el reconocimiento del Estado de su existencia.  El Estado señaló que la primera garantía de no repetición es la paz y que actualmente Colombia cuenta con la tasa más baja de homicidios de los últimos 41 años.  Indicó que la presencia del Ejército en los territorios es fundamental y se refirió a los resultados de los procesos de Justicia y Paz.  La Comisión reiteró que la lucha contra la impunidad es una medida importante para la no repetición y le dará seguimiento en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz.

Obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial para la Paz en Colombia

En la audiencia Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz en Colombia las organizaciones resaltaron sus preocupaciones sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia en relación a la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra; y sobre los derechos de las víctimas.  Consideraron que el principio de participación de las víctimas no rige en todo el sistema.  Señalaron que el acto legislativo aprobado sobre tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado omite referencia al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho penal internacional en relación a la responsabilidad de mando; y que las condiciones concurrentes que éste prevé, vuelven imposible el establecimiento de dicha responsabilidad.  El Estado resaltó que las víctimas ocupan el lugar central en este proceso, en un equilibrio entre justicia y paz. Consideró que en Colombia se avanza mediante la negociación política hacia la mejor garantía para los derechos de las víctimas y la no repetición de la violencia. La Comisión resaltó la importancia de observar los estándares internacionales en la legislación interna, en relación a la obligación del Estado de realizar una investigación seria, imparcial efectiva de todos los casos que involucren presuntas violaciones de derechos humanos.

Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador

En la audiencia “Situación de los derechos de las personas LGBTI en El Salvador”, las organizaciones participantes denunciaron preocupantes cifras de crímenes cometidos contra personas LGBT, con altos grados de ensañamiento y crueldad que demostrarían el asentado prejuicio hacia las personas LGBT en la sociedad salvadoreña. De acuerdo a los registros de sociedad civil, en los últimos 13 años se habrían registrado alrededor de 600 crímenes contra personas LGBTI, los cuales permanecen impunes. Asimismo, informaron sobre la indefensión en que se encuentran las personas defensoras de los derechos de las personas LGBTI, indicando ataques propinados contra ellas y contra el lugar donde desempeñan dicha labor. Además, informaron a la Comisión de la falta de implementación de políticas públicas para proteger y reconocer los derechos de las personas LGBT en el país, indicando que los altas tasas de impunidad se relacionan con la falta de capacitación especializada de fiscales y operadores de justicia para dar atención a personas LGBT.  Por otra parte, el Estado informó acerca de las medidas adoptadas para avanzar en la protección de los derechos de las personas LGBT. Entre otras, la modificación del Código Penal que tipifica las amenazas y la agravante al delito de homicidio cuando han sido motivados por odio en razón de la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Frente a esto, las organizaciones peticionarias indicaron que hasta el momento dicho agravante no ha sido aplicado. El Presidente de la CIDH, y Relator para los Derechos de las Personas LGBTI, Francisco Eguiguren Praeli, sostuvo que “es muy preocupante la invisibilización que enfrentan las personas LGBT en El Salvador, la que se manifiesta no sólo respecto a la falta de estadísticas sobre estas personas, sino también respecto de las violaciones de sus derechos frente a la situación de impunidad e inoperancia del sistema judicial para sancionar a los autores de los delitos y reparar las víctimas y sus familias”.

Denuncias sobre violencia contra personas afrodescendientes LGBTI en Brasil

En la audiencia “Denuncias sobre violencia contra personas afrodescendientes LGBTI en Brasil”, las organizaciones de sociedad civil hicieron hincapié en la importancia de analizar la  intersección de la población negra LGBT, señalaron que las personas negras y mestizas representan el 54% de la población en Brasil, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto del resto de la población. Indicaron que dicha vulnerabilidad es acentuada tratándose de la población afro LGBT por la falta de acciones afirmativas en su favor, violándose sus derechos humanos en todos los aspectos de la vida social de forma estructural y sistémica. Asimismo, señalaron su preocupación ante la alta tasa de homicidios contra esta población los que son más crueles y violentos que respecto de la población blanca. Señalan que tratándose de personas trans y travestis la exclusión se acentúa. Por su parte, el Estado manifestó que tiene conocimiento de la discriminación múltiple e interseccional que sufren estas personas en Brasil y reconoce la necesidad de educar a la población. Sobre este punto, la CIDH reitera lo dispuesto en su Informe de Violencia contra personas LGBTI en lo relativo a la necesidad de que los Estados Miembros de la OEA adopten medidas que hagan visible la manera particular en que la intersección de raza, situación socioeconómica, pobreza, orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, afecta a las personas LGBTI, y particularmente, cómo estas intersecciones tienen como consecuencia que las personas de color y afrodescendientes con sexualidades e identidades no normativas se encuentren en un mayor riesgo a sufrir violencia.

Situación de derechos humanos de adolescentes en conflicto con la ley en Brasil

Los solicitantes de la audiencia sobre la “Situación de Derechos Humanos de adolescentes en conflicto con la ley penal en Brasil” expusieron la grave crisis que enfrenta el sistema socio-educativo para adolescentes en conflicto con la ley penal; el carácter sistemático y generalizado de las violaciones de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad; el desconocimiento del carácter excepcional de la privación de la libertad; y el uso excesivo de la prisión preventiva por encima del máximo de 45 días permitidos por la ley. Denunciaron la sobrepoblación y las precarias condiciones de los centros de privación de libertad así como situaciones de violencia y abusos (incluidas las revisiones vejatorias), con encierros de hasta 23 horas al día y sin acceso a una educación adecuada. Adicionalmente mostraron su preocupación por los 61 proyectos legislativos en curso que buscan rebajar la edad de responsabilidad penal e incrementar la duración de las penas. Por su parte el Estado dijo concordar con los hechos descritos y con su gravedad y presentó algunas de las medidas que está adoptando para mejorar el sistema socio-educativo y las medidas no privativas de libertad, fortaleciendo para ello las capacidades de los municipios que son los responsables de prestar estas medidas en el ámbito de la comunidad, formando profesionales para ello y sensibilizando al poder judicial. Así mismo indicó que está impulsando un proceso de desinternación, mencionando que el 27% de los adolescentes internos lo están por tráfico de drogas. El Estado dijo estar además acompañando las medidas cautelares de la CIDH y las provisionales de la Corte. Los Comisionados Cavallaro y Arosemena de Troitiño solicitaron poder realizar una visita in loco a lo cual el Estado accedió.   

Denuncias de encarcelamiento, malos tratos y tortura en el sistema carcelario de Brasil

En la audiencia "Denuncias de encarcelamiento, malos tratos y tortura en el sistema carcelario en Brasil", los solicitantes atribuyeron el elevado número de personas privadas de libertad en Brasil a las políticas estatales en materia de drogas y al uso excesivo de la prisión preventiva. Además, manifestaron su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en enero de este año, y que resultaron en la muerte de al menos, 130 internos. Denunciaron también la comisión de malos tratos y tortura en centros de detención, y la falta de investigación respecto de las respectivas denuncias en el marco de las audiencias de custodia. El Estado atribuyó los fallecimientos de 2017 a las facciones que controlan las cárceles, y destacó medidas adoptadas para hacer frente al hacinamiento, tales como asignación de fondos para la construcción de cárceles, aplicación de medidas alternativas e implementación de audiencias de custodia. La CIDH manifestó su preocupación por las políticas estatales de encarcelamiento masivo, el indebido tratamiento que se da a las denuncias de malos tratos y tortura en las audiencias de custodias, y por las declaraciones de autoridades estatales que denotan la falta de interés respecto a los hechos de violencia acaecidos en centros penitenciarios brasileños durante el presente año.

Situación de personas defensoras del derecho al medio ambiente en las Américas

En la audiencia “Situación de personas defensoras del derecho al medio ambiente en las Américas” las organizaciones solicitantes expusieron la situación de violencia que enfrentan dichas personas en la región como consecuencia de su labor, y ofrecieron un panorama de la situación particular de vulnerabilidad a través de cifras y mapeos de la violencia. Presentaron testimonios de organizaciones defensoras que sufrieron el allanamiento de sus casas y de sus lugares de trabajo, su persecución penal, y la tentativa de disolución de sus organizaciones por su “intervención en políticas públicas”. Las organizaciones también destacaron el incremento de la violencia contra mujeres defensoras del medio ambiente y el carácter diferenciado de las agresiones, basadas en la violencia de género, con el fin de forzar la migración de las mujeres del campo a la ciudad para vaciar los territorios y realizar actividades extractivas en los territorios.  En sus conclusiones, las organizaciones pidieron a la CIDH la realización de un informe sobre la situación de los defensores de la tierra, los territorios, el ambiente y la naturaleza, así como la formulación de lineamientos para la construcción de indicadores de estructura, proceso y resultado de derechos humanos en contextos de explotación de recursos, entre otros. El Comisionado Cavallaro pidió recibir estadísticas sobre la violencia a través del tiempo, para establecer patrones en cuanto a la incrementación de la violencia, y relacionarlo a algunos países, regiones o industrias en particular. Por su parte, el Comisionado Orozco expresó su alarma por el incremento de la violencia y por el alto índice de ataques y agresiones diferenciadas contra mujeres defensoras del medio ambiente, y la consecuente necesidad de integrar una perspectiva de género en los esquemas de protección para brindar protección más efectiva a las defensoras del medio ambiente, y para erradicar la impunidad.

Derecho a la verdad e informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela

En la audiencia Derecho a la verdad e informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela el Estado presentó el informe preliminar de la Comisión por la Justicia y la Verdad para investigar y sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas, ocurridas en Venezuela entre 1958 y1998, en particular con relación a la sistematización de información como importante sustrato probatorio para las investigaciones.  Las organizaciones participantes resaltaron que la impunidad es un asunto del presente y repararon en el incumplimiento por parte del Estado de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular sobre las masacres de El Caracazo, El Amparo y el caso de los hermanos Landaeta y su afectación para las víctimas. Asimismo, consideran necesario que Venezuela retire la denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Comisión valoró positivamente los esfuerzos estatales para el rescate de la verdad y la memoria en el plano histórico y reiteró la importancia de las reparaciones y las garantías de no repetición para las víctimas.

Denuncias sobre persecución política en Venezuela

En la audiencia sobre Denuncias sobre persecución política en Venezuela, las organizaciones se refirieron a la existencia de un patrón y aumento en la persecución política de quienes son percibidos como disidentes políticos y denunciantes de la falta de respuesta estatal ante la crisis sociopolítica y económica. Informaron sobre detenciones arbitrarias contra estas personas en manifestaciones y de su identificación y criminalización para inhabilitarlos. Informaron sobre un cuadro de “puerta giratoria” en la que el Estado encarcela a un alto número de personas, por lapsos cortos, iniciándoles procesos judiciales que se mantienen pendientes indeterminadamente, contraviniendo el debido proceso.  Requirieron información al Estado sobre las investigaciones iniciadas por alegadas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra varias personas privadas de libertad. El Estado consideró que no existe una política de represión, ni presos políticos, sino personas procesadas por delitos establecidos en las normas nacionales. Reiteró que las manifestaciones de 2014 no fueron pacíficas y que las personas que fueron detenidas están sindicadas por actos violentos y obstrucción a la libre circulación. La CIDH llamó al Estado a garantizar la seguridad de los defensores y defensoras al retornar a su país y que no sean objeto de represalias en función de su participación en las audiencias.

Acceso a la justicia en Venezuela

En la Audiencia Acceso a la Justicia en Venezuela, las organizaciones se refirieron a la falta de independencia del poder judicial y la vinculación entre la política y la justicia. Informaron sobre la ausencia de concursos públicos en el poder judicial, el alto número de operadores de justicia en condición de provisionalidad y la falta de trasparencia en la selección de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Informaron sobre el uso de la justicia para criminalizar, perseguir a opositores e inhabilitar y destituir funcionarios; la emisión de sentencias del TSJ que niegan el derecho a la información pública, el control ciudadano de la gestión pública y el derecho a la manifestación. Se refirieron a las sentencias del TSJ que declararon la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica y la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN), la limitación del control político de la AN, la declaración de la AN en desacato por la incorporación de tres diputados representantes indígenas y el establecimiento de requisitos adicionales a los constitucionales para solicitar el referendo revocatorio.  Informaron además sobre la utilización de medios de comunicación oficiales como medio de hostigamiento. El Estado manifestó que el Poder Judicial es autónomo e independiente y que ha garantizado la participación de la ciudadanía en la elección de los miembros del TSJ. Sostuvo que en 2016 se llevaron a cabo concursos y que la regularización del sistema judicial está contemplada en el Plan Nacional de Derechos Humanos. La CIDH resaltó su preocupación por la suspensión de los tres diputados lo cual priva al electorado indígena de tener voz en la AN. Recordó el deber del Estado de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de un poder judicial independiente, en el que se garantice la estabilidad de los jueces y juezas.

Situación de derechos humanos de las personas jóvenes en Guyana

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas jóvenes en Guyana” las organizaciones de jóvenes realizaron un comprehensivo repaso a los principales desafíos que enfrentan los adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos en Guyana, especialmente las personas LGBT. En particular resaltaron: diversas situaciones de discriminación hacia determinados grupos; el acoso escolar, la discriminación en el ámbito educativo y las deserciones que por ello se originan; barreras en el acceso a servicios de salud; ausencia de una educación sobre derechos sexuales y reproductivos en las escuelas así como la falta de acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva; alta tasa de embarazos en adolescentes y la falta de medidas para garantizar su derecho a la educación de estas adolescentes; abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana; encarcelamiento de adolescente junto con adultos; y la necesidad de que se elabore una política pública nacional para los adolescentes y jóvenes que incluya la participación activa de éstos. El Estado envió un representante de la Misión Permanente de Guyana que no pudo aportar información sustantiva quien solicitó a la Comisión un plazo razonable para que el Estado presentara una respuesta. La Comisión pidió al Estado que ratificara las Convenciones Interamericanas “contra toda forma de discriminación e intolerancia” y “contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”, pidió al Estado que hiciera un análisis de su sistema para garantizar la protección integral de la juventud y mostró su interés de visitar Guyana para abordar la temática objeto de la audiencia.

Reuniones de trabajo

En este período de sesiones, la CIDH realizó las siguientes reuniones de trabajo con las partes en asuntos se encuentran en distintas etapas de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa:

  • P1415-06 Yamil Saunders y otros, Argentina
  • Caso 11.411 Hermelindo Santíz Gómez, Sebastián Santíz Gómez, Severiano Santíz Gómez,  México
  • P1171-09 Ananías Laparra Martinez y familia, México
  • Caso 13.011 Graciela Ramos Rocha y familia, Argentina
  • Caso 12.191 María Mamérita Mestanza Chávez
  • Perú; P118-12 Isabel Guzmán Errazuriz y otros, Argentina
  • P1014-06 Antonio Jacinto Lopez, México
  • Caso 12.714 Masacre de Belén Altavista, Colombia
  • Caso 11.562 Dixie Miguel Urbina Rosales, Honduras
  • P1159-08 A.N. y P 1377-13 Aurora, Costa Rica
  • Caso 12.904 Comunidad indígena Chusmiza Usmagama, Chile
  • P-687-11 GBB y CBB, Chile

En dichas reuniones de trabajo se destaca la suscripción de un acuerdo de solución amistosa en el Caso 12.714 Masacre de Belén Altavista de Colombia; y otro en el Caso 11.562 Dixie Miguel Urbina Rosales de Honduras. La CIDH aprovecha la oportunidad para saludar la disposición de las partes orientada al diálogo y la resolución del asunto por fuera de la vía contenciosa. Adicionalmente, se suscribió un acta de entendimiento para el impulso de las negociaciones y una minuta de acuerdos para el cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa en proceso de implementación. Se avanzó en la definición de rutas de trabajo, tanto para alcanzar soluciones amistosas como para la implementación de acuerdos.

Por otra parte, la CIDH mantuvo también reuniones de trabajo sobre la implementación de medidas cautelares. La Comisión valora la participación activa de las partes en la presentación de información durante estas reuniones de trabajo, las cuales tienen como propósito asegurar la adecuada implementación de estas medidas de protección en situaciones de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable. Las reuniones sobre medidas cautelares realizadas fueron las siguientes:

  • MC 409-14 – Ayotzinapa, México
  • MC 178/15 – Mainumby, Paraguay
  • MC 271/05 – La Oroya, Perú
  • MC262/05 – Pueblo indígena Mascho Piro, Perú
  • MC 700/15 – Asunto F y familia,  Argentina
  • MC 35/14 – Penitenciarías de Mendoza, Argentina
  • MC 141/10 – Sandra Mosquera Díaz, Colombia
  • MC 242/09 – Marcos Romero y otros, Colombia
  • MC 658/16 – Erlendy Cuero y otros, Colombia
  • MC 51/15 - Wayúu y otros pueblos indígenas, Colombia
  • MC 70/99 - Miembros de CAVIDA, Colombia
  • MC 457/13 – Sandra Antonia Zambrano, Honduras
  • MC 112/16 – Familiares de Berta Cáceres y otros, Honduras
  • MC 935/04 - Daisy Xiomara Flores y miembros de la Colonia Cerrito Lindo, Honduras
  • MC 50/14 – Bajo Aguán, Honduras
  • MC 46/14 – Juana Calfunao y familiares,  Chile
  • MC 750/16 – Braulio Jatar Alonso, Venezuela
  • MC 223/13 – Lorent Saleh, Venezuela
  • MC 335/14 – Leopoldo López y otros, Venezuela

Informes de peticiones y casos aprobados

En este período de sesiones, la CIDH aprobó los siguientes informes de admisibilidad:

  • Informe No. 25/17, Petición 86-12, Brisa Liliana de Angulo Losada (Bolivia) 
  • Informe No. 26/17, Petición 1208-08, William Olaya Moreno y familia (Colombia)
  • Informe No. 27/17, Petición 1653-07, Desplazamiento forzado en Nueva Venecia, Caño el Clarín y Buena Vista (Colombia)
  • Informe No. 28/17, Petición 1710-07, Alexander Segundo Muentes García y otros (Colombia)
  • Informe No. 29/17, Petición 424-12, Manuela y familia (El Salvador)
  • Informe No. 30/17, Petición 1118-11, Comunidad Maya Q’eqchí’ Agua Caliente (Guatemala)

Se adoptó además una decisión de publicación de los siguientes informes de fondo:

  • Informe No. 35/17, Caso 12.713, José Rusbel Lara y otros (Colombia)
    Informe No. 24/17, Caso 12.254, Víctor Saldaño (Estados Unidos)

Y se aprobó el siguiente informe de solución amistosa:

  • Informe No. 36/17, Caso 12.854, Ricardo Javier Kaplun (Argentina)


Contribuciones financieras

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados en lo corrido del año 2017, por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones recientes, realizadas por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Chile, Costa Rica y Estados Unidos. También desea agradecer a los países Observadores Permanentes que apoyan las actividades de la Comisión: España, Irlanda, Países Bajos y la Unión Europea. Asimismo, la Comisión valora y agradece la contribución recibida de Google. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 035A/17