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CIDH
Comunicado de Prensa
La CIDH concluye su visita a Florida, Luisiana y Misuri, en Estados Unidos
16 de octubre de 2015
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre de 2015, a fin de recibir información sobre la discriminación racial y la pobreza. La Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, encabezó la delegación.
En el marco de su trabajo de monitoreo en Estados Unidos, la Comisión ha recibido sistemáticamente información preocupante sobre el problema persistente de la discriminación estructural y las disparidades raciales en todas las acciones y procesos del sistema de justicia penal en Estados Unidos, así como en la intervención de las fuerzas del orden público, en particular la policía. Estos asuntos recibieron mucha atención en los medios de comunicación de Estados Unidos entre 2012 y 2015 debido al gran interés que suscitó la muerte de Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, Walter Lamar Scott y Freddie Gray. La información con que cuenta la Comisión indica que la discriminación racial en la labor policial y en el sistema de justicia penal es un síntoma de un problema social más amplio y de un contexto de racismo en Estados Unidos.
Por consiguiente, la Comisión decidió preparar un informe sobre el uso de la fuerza policial contra los afroestadounidenses en Estados Unidos y las implicaciones para sus derechos humanos y hacer una visita in loco para comparar la situación actual en varios lugares. Asimismo, este año la Comisión Interamericana decidió comenzar un proceso para preparar su primer informe temático sobre los derechos humanos y la pobreza. En ese sentido, las conclusiones de esta visita se incorporarán también en un informe hemisférico que la Comisión está preparando, con un análisis de las cuestiones de derechos humanos relacionadas con la pobreza, problema que está estrechamente relacionado con la situación de marginación, discriminación y exclusión que enfrentan con frecuencia los afroestadounidenses en Estados Unidos.
Por consiguiente, la Comisión visitó las localidades de Ferguson, St. Louis, Nueva Orleans, Sanford, Orlando y Miami entre el 21 y el 25 de septiembre de 2015. La Comisión presenta a continuación algunas observaciones iniciales basadas en la información recopilada durante la visita.
St. Louis y Ferguson, Misuri
La delegación visitó el estado de Misuri y las localidades de Ferguson y St. Louis el 24 y 25 de septiembre. Como de costumbre, antes de su visita la Comisión solicitó reuniones con varias autoridades del gobierno de Ferguson, entre ellas el alcalde James Knowles III, miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Ferguson, el jefe de policía John Belmar y el fiscal Robert McCullough. Lamentablemente, no se le concedieron estas reuniones. La delegación se reunió con varios miembros de la Comisión de Ferguson, órgano independiente creado mediante decreto presidencial para estudiar las causas sociales y económicas subyacentes puestas de manifiesto en los disturbios que estallaron a raíz de la muerte de Michael Brown, entre ellos el reverendo Starky Wilson, copresidente, Felicia Puliam y Brittany Packnett, así como con la senadora Maria Nicole Chappelle-Nadal y los profesores Brendan Roediger, Roger Goldman y Anders Walker. La Comisión organizó un foro general y reuniones individuales con organizaciones de la sociedad civil, activistas, estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Louis.
La delegación visitó el monumento construido en Canfield, Ferguson, para conmemorar a Michael Brown. La Comisión agradece al grupo Canfield Watchmen, que facilitó y apoyó la visita de la delegación a Ferguson.
Durante las reuniones celebradas en Misuri, el legado y el impacto persistente de la muerte de Michael Brown, acaecida el 9 de agosto de 2014, y de la decisión del 24 de noviembre de 2014 de no entablar acción penal contra el agente de policía Darren Wilson resultaron evidentes para la delegación. Ambos sucesos provocaron indignación y disturbios en Ferguson y reclamos alarmantes de racismo institucional en la conducta diaria de la policía. Asimismo, el público criticó duramente la respuesta de la policía a esta crisis, incluido el uso excesivo de gas lacrimógeno y el uso de la violencia contra los afroestadounidenses como estrategia de control, incluso en manifestaciones pacíficas, así como la detención arbitraria de manifestantes y el trato irrespetuoso de lugares considerados como refugios, como lugares de culto, durante las protestas. La delegación recibió un relato particularmente perturbador de varios testigos de distintas razas que dijeron que la policía de Ferguson pasó por alto deliberadamente a manifestantes blancos para concentrarse en la acción con una fuerza excesiva contra los manifestantes afroestadounidenses. Esta acción ha alienado aún más a la comunidad afectada. Los que habían participado en protestas le dijeron a la delegación: “La policía nos trata como cucarachas”.
Se informó también a la delegación sobre el grado de desconfianza que hay en la comunidad de Ferguson con respecto a la policía y las autoridades. Fue particularmente emblemática la información recibida sobre el trato irrespetuoso del monumento conmemorativo de Michael Brown en Canfield, incluido el presunto robo de ositos de peluche, flores y otros recuerdos. Un tema transversal de la narrativa de las personas entrevistadas fue que la policía no hizo nada para comunicarse y entablar relaciones constructivas con las comunidades afroestadounidenses y de bajos ingresos. Estos problemas se agravaron y están estrechamente relacionados con la militarización de la policía, la ausencia de condenas en la mayoría de los casos de abusos policiales denunciados, la representación excesiva de afroestadounidenses en el sistema carcelario, las condiciones precarias imperantes en las cárceles, la penalización excesiva de delitos y las disparidades raciales en el sistema de justicia. La mayoría de los entrevistados se refirieron a una “cultura de protección del departamento de policía, no importa lo que haga”.
La Comisión también recibió información preocupante en relación con el nexo entre la dotación de fondos para la policía y el sistema judicial y la forma que esto suele llevar a una acción policial desproporcionada contra los afroestadounidenses, en particular por infracciones de tránsito. Eso, a su vez, se ve exacerbado por la profunda pobreza de la comunidad afroestadounidense en Misuri. Otro factor que aumenta la complejidad es las localidades autónomas, peculiaridad geográfica del estado de Misuri debido a la cual los afroestadounidenses pueden ser arrestados varias veces por el mismo delito.
Nueva Orleans, Luisiana
El miércoles 23 de septiembre, la delegación se reunió con varios funcionarios públicos de la ciudad de Nueva Orleans, entre ellos Ursula Price, de la Oficina del Inspector General; Daniel Cazevana, Jefe de Estado Mayor de la Policía de Nueva Orleans; Arlinda Westbrook, subjefa de la Oficina de Integridad Pública; Zach Butterworth, Director de Relaciones Federales de la Oficina del Alcalde Mitchell J. Landrieu; Sharonda Williams, Fiscal Municipal; y Suchitra Satpahi, Directora de Relaciones Estatales e Internacionales. La Comisión también se reunión con varias víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Gillis Long Poverty Law Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de Luisiana.
En las reuniones con autoridades se informó a la Comisión que 90% de las personas arrestadas por la policía en Nueva Orleans son hombres afroestadounidenses menores de 30 años. Sin embargo, los hombres afroestadounidenses representan solamente 30% de las denuncias de abusos policiales interpuestas ante las autoridades, ya que la mayoría de las personas de bajos ingresos no confían en que las autoridades vayan a otorgarles una reparación por abusos de derechos humanos y hay muchas multas y cargos a lo largo del proceso. Asimismo, se informó a la delegación sobre varios casos de uso excesivo de la fuerza policial contra menores afroestadounidenses y se le informó que los menores tienden a ser tratados como adultos en el sistema de justicia. Se hizo referencia a un “problema generacional” con la policía y al trato racista de los afroestadounidenses. Se informó a la delegación sobre problemas con investigaciones de casos de agresión sexual, ya que muchos agentes de policía no creen en la violación sin violencia, lo cual pone de manifiesto la necesidad de mejorar la capacitación sobre la forma correcta de recibir estas denuncias.
En Nueva Orleans, se informó a la delegación en general sobre la necesidad de cambiar la cultura del uso excesivo de la fuerza policial y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las investigaciones. Se planteó el uso de medidas tales como cámaras incorporadas en el uniforme como posible mecanismo para reducir los abusos percibidos. Durante su visita a Nueva Orleans, la delegación recibió el testimonio de madres cuyos hijos varones estaban encarcelados en condiciones deplorables y se enfrentaban con barreras para obtener la atención médica que necesitaban. Se puso de relieve el problema de la encarcelación en masa de afroestadounidenses en general.
Orlando y Sanford, Florida
El martes 22 de septiembre de 2015, la Comisión viajó a la ciudad de Orlando, donde se reunió con el jefe de policía, John Mina; el Director de Administración, Byron Brooks; y el teniente Vincent Ogburn. La delegación viajó también a la ciudad de Sanford, donde se reunió con el alcalde, Jeff Triplett; el jefe de policía, Cecil Smith; el Gerente Principal de Proyectos, Andrew Thomas; y el Administrador del Municipio de Sanford, Norton N. Bonaparte Jr. La Comisión organizó un foro general con organizaciones de la sociedad civil, activistas, víctimas y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Agricultura y Mecánica de Florida. En la reunión con autoridades administrativas y policiales de la ciudad de Orlando, se informó a la delegación sobre varias medidas que se tomaron para prevenir incidentes de uso excesivo de la fuerza policial, basadas en las enseñanzas extraídas de los problemas que hay en otras jurisdicciones estadounidenses con estos casos y la renovación del discurso nacional sobre la forma en que debe realizarse la labor policial. Entre las más notables cabe señalar una política integral para prevenir el control policial con sesgo racista, medidas de fomento de la confianza y las relaciones con las comunidades donde se lleva a cabo la labor policial, medidas para aumentar el acceso a la información sobre los casos que se están investigando, la búsqueda de alternativas frente a los arrestos y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Especial de Trabajo del Presidente sobre la Policía del Siglo XXI.
En la ciudad de Sanford, funcionarios públicos informaron a la delegación sobre las medidas tomadas para responder a las secuelas de la muerte de Trayvon Martin el 26 de febrero de 2012 y el sobreseimiento de George Zimmerman. Describieron una comunidad que se sentía excluida y obligada a protestar, que necesitaba una conversación profunda con las autoridades sobre la forma de seguir adelante y evitar que se produjera una tragedia similar en el futuro. Explicaron que los miembros de la comunidad necesitaban espacios para expresar pacíficamente su preocupación por los problemas de discriminación racial y sesgo y necesitaban que las autoridades los escucharan, y que se habían creado varias oportunidades con ese fin. Se mencionó en particular el Panel de Alto Nivel al cual se encomendó la tarea de examinar las políticas y los procedimientos del departamento de policía en el ámbito de las relaciones con la comunidad y de formular recomendaciones para mejorarlos. En la reunión con agentes no estatales también se mencionó el Panel de Alto Nivel como buena práctica para el fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad y la policía, ya que en el Panel se reservan puestos para organizaciones de la sociedad civil, y para la participación de la comunidad.
Durante la reunión con agentes no estatales en Orlando, se informó a la Comisión sobre la persistencia de problemas de corte racial relacionados con las fuerzas del orden público en Orlando y Sanford. Por ejemplo, se informó a la delegación sobre los problemas de encarcelación en masa y privación del derecho de voto de afroestadounidenses como consecuencia de la condena por delitos, lo cual limita notablemente el pleno ejercicio de los derechos democráticos y cívicos de esas comunidades. Las condenas en sí son dudosas debido al racismo estructural. La delegación también recibió información sobre el problema del control de ciclistas por la policía, el gran número de boletas por infracciones de tránsito que les hacen a los afroestadounidenses y la forma en que este problema afecta en particular a los niños de barrios pobres. La delegación también recibió el testimonio de un joven afroestadounidense, estudiante de derecho, que dijo que la policía lo había parado unas treinta veces a lo largo de su vida debido a su raza y su aspecto. Muchas de las personas afectadas tienen miedo de denunciar estos controles arbitrarios, en particular si han cometido delitos anteriormente. Los entrevistados afirmaron que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debería investigar estos problemas. También se informó a la Comisión sobre los problemas que enfrentan los inmigrantes haitianos e hispanoamericanos, entre ellos la barrera del idioma, para obtener servicios básicos, así como la falta de documentos de identidad, y se señaló que esta situación los vuelve vulnerables a abusos policiales.
Miami, Florida
La visita de la Comisión comenzó en Miami, Florida, el lunes 21 de septiembre, con reuniones con el alcalde Tomás Regalado, el jefe de policía Rodolfo Llanes, varios integrantes de alto rango de la fuerza policial y Carlos Martínez, Defensor Público del Condado de Miami-Dade. La Comisión también organizó un foro general con un gran número de organizaciones de la sociedad civil, activistas, víctimas y familiares de víctimas en la Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas. Durante sus reuniones, la Comisión recibió información relacionada con los esfuerzos realizados por las autoridades para prevenir y responder a los abusos policiales y al control policial con sesgo racista que afecta de manera desproporcionada a los afroestadounidenses. En ese sentido, cabe señalar las medidas para que la policía refleje las comunidades a las que sirve, la creación de un Panel de Investigación Civil, distintos tipos de cursos para la policía patrocinados por universidades de Florida e iniciativas para fomentar la confianza de las comunidades donde se lleva a cabo la labor policial. El Defensor Público también informó a la Comisión acerca de los cursos que se ofrecen a la policía sobre los efectos a largo plazo de los arrestos para las personas afectadas. Asimismo, se informó a la Comisión que la cobertura dada en los medios de comunicación a los casos de violencia policial contra afroestadounidenses en Estados Unidos en los últimos años ha promovido la reflexión local sobre la forma de mejorar la labor policial y prevenir incidentes de uso arbitrario de la fuerza.
No obstante, la delegación escuchó relatos de casos de uso excesivo de fuerza por la policía en distintas zonas de Miami que dejaron muertos y heridos de gravedad, casos que, por lo general, no llevan a la condena de agentes de policía. Por ejemplo, la Comisión se reunió con los padres de Israel Hernández Jr., de 18 años, que murió en 2013 cuando la policía de Miami Beach le aplicó un electrochoque en el pecho con una pistola táser, a pesar de que no estaba armado, mientras pintaba grafiti. Se informó también a la delegación que la raza y la pobreza son determinantes decisivos del número de veces que una persona es arrestada, lo cual tiene un efecto profundo en su plan de vida y en su situación socioeconómica, así como de la tramitación de estos casos en el sistema de justicia. Los afroestadounidenses y los hispanoamericanos están sobrerrepresentados en el sistema carcelario de Miami y se mencionaron con frecuencia los problemas de la penalización excesiva y el control policial con sesgo racista. La delegación también escuchó relatos de incidentes frecuentes de denegación del derecho a consultar a un abogado en casos de delitos menores. La mayoría de los entrevistados de la sociedad civil expresaron preocupación por la falta de sensibilidad de la policía en su interacción con las personas que integran las comunidades donde se desarrolla la labor policial. Durante las reuniones se expresó preocupación por factores que contribuyen a la solidificación de la situación actual de marginación, exclusión y pobreza de los afroestadounidenses en Miami, como el desplazamiento en el sector de la vivienda, la discriminación racial en las escuelas y en el acceso a atención básica de salud, las restricciones del derecho de voto de las personas condenadas por delitos y encarceladas, la violencia policial contra los defensores de derechos humanos y la aplicación incongruente y discriminatoria de las leyes de defensa propia sin el deber de replegarse, que dan legitimidad a la mentalidad de “disparar primero” sobre la base de percepciones y prejuicios.
Observaciones
La información recopilada en esta visita revela la necesidad de que el gobierno federal y los gobiernos estatales actúen con la debida diligencia y sin demora para abordar el contexto que exacerba formas de discriminación estructural y diferencias en el trato de los afroestadounidenses y personas de minorías raciales en Estados Unidos. Esto es fundamental para el pleno ejercicio de la ciudadanía por los afroestadounidenses y para fomentar una democracia más incluyente en Estados Unidos. Las reuniones confirmaron la existencia de un gran problema de racismo y discriminación racial en Estados Unidos, así como del uso excesivo de la fuerza en la labor policial y de disparidades raciales en el sistema de justicia penal, que son un reflejo de esta situación alarmante de los derechos humanos. La discriminación que han enfrentado los afroestadounidenses a lo largo de la historia y su situación frecuente y estructural de pobreza son el eje de muchos de los problemas relatados durante la visita en relación con los abusos policiales, la sobrerrepresentación de afroestadounidenses en los arrestos y en el sistema carcelario, y el acceso desigual a la justicia.
La Comisión reconoce los esfuerzos de los funcionarios estatales y los departamentos de policía entrevistados para prevenir los abusos policiales y promover una fuerza policial más diversa que refleje mejor las comunidades a las que sirve. Es evidente, sin embargo, que se necesitan más iniciativas para fortalecer las relaciones de la policía con las comunidades y fomentar la confianza, proporcionar más capacitación a los agentes de policía sobre asuntos tales como el control policial con sesgo racista y tomar medidas para garantizar que se investigue la conducta de los agentes de policía y se los responsabilice cuando cometen abusos. Durante la visita se hicieron varios llamamientos al establecimiento de más mecanismos independientes para investigar abusos policiales y medidas para fortalecer la capacidad y la efectividad de los mecanismos existentes. Asimismo, es necesario que las autoridades tomen medidas para otorgar reparaciones a las víctimas y a sus familiares cuando se producen incidentes de abuso policial, así como iniciativas para transformar la cultura de discriminación y prejuicios que alimenta este ciclo de violencia. También se necesitan más investigaciones sobre el uso de otros métodos en vez de la penalización excesiva y los arrestos, especialmente en casos de delitos menores, teniendo en cuenta el impacto negativo de los antecedentes penales en el plan de vida de las personas afectadas. La situación de pobreza persistente que enfrentan muchos afroestadounidenses y personas de otras minorías étnicas exacerba los abusos desproporcionados y el trato desigual que sufren en el sistema de justicia penal y a manos de la policía, lo cual, a su vez, frustra los esfuerzos para superar la situación de pobreza.
La Comisión recalca que la protección contra la privación arbitraria del derecho a la vida se aplica a toda la estructura del Estado, incluidos los actos de sus agentes de policía, tanto en tiempos de paz como durante disturbios. El uso de la fuerza por la policía debe guiarse por el principio de la excepcionalidad y usarse solamente cuando se hayan agotado otros métodos. La Comisión subraya asimismo la necesidad de salvaguardar los derechos humanos básicos de los manifestantes, incluido su derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. El gobierno, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, también tiene la responsabilidad de establecer vías judiciales y un sistema que sea independiente e imparcial en sus investigaciones de abusos policiales, obteniendo condenas en los casos en que corresponda. El problema de la impunidad fomenta un ambiente que sustenta el trato desigual, en el cual la violencia policial y los abusos se toleran y son de esperar.
La Comisión observa que, aunque las violaciones de derechos humanos están produciéndose a nivel local, el gobierno federal tiene la obligación de intervenir para asegurar y proteger los derechos humanos. Esta obligación está consagrada en el derecho internacional y se refleja en las protecciones que confiere la Constitución de Estados Unidos.
La Comisión considera importante que las autoridades federales y estatales colaboren estrechamente para prevenir el uso frecuente de la fuerza contra los afroestadounidenses en Estados Unidos, responder debidamente a estos incidentes y abordar la discriminación sistémica y la situación socioeconómica que aumentan el riesgo de estos incidentes. Por último, la Comisión destaca la necesidad de que Estados Unidos adopte medidas para cumplir las recomendaciones de varios organismos internacionales sobre este tema, entre ellos el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas, y la Revisión Periódica Universal, así como las recomendaciones de órganos federales y estatales orientadas a mejorar la labor policial en este ámbito.
La Comisión agradece el apoyo brindado por el Gobierno de Estados Unidos para esta visita. Asimismo, expresa su profundo agradecimiento a Nicole Lee y Meena Jagannath, a los profesores Bill Quigley, Chrissy Cerniglia Brown y Justin Hansford, y a Mark Timmerman, Cade Bauer-Showers, Kathryn Redmond, Ericka Simpson Connor, Ilana Friedman, Nahal Zamani y Wade McMullen por su apoyo y asesoramiento para la organización de las reuniones. Por último, la Comisión agradece a la Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Agricultura y Mecánica de Florida, el Gillis Long Poverty Law Center de la Universidad Loyola, la Facultad de Derecho de Nueva Orleans y la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Louis por haber organizado reuniones con agentes no estatales. Por último, la Comisión agradece las contribuciones financieras de la Unión Europea y Francia que posibilitaron esta visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 118/15