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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Alonso Teruel Vega, así como la persistencia de actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, y urge al Estado a proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, de conformidad con los estándares interamericanos.
El pasado 28 de enero de 2024 fue asesinado el periodista Luis Alonso Teruel Vega en el municipio de Atima, en el departamento de Santa Bárbara, mientras conducía su vehículo hacia la aldea de La Ceibita. Según reportes públicos, el periodista fue interceptado por dos sujetos desconocidos, quienes lo obligaron a bajar del vehículo y le dispararon con arma de fuego en al menos tres ocasiones. Teruel Vega fue trasladado a un centro médico, pero falleció poco después por la gravedad de las heridas.
Teruel Vega trabajaba como colaborador para el canal local Pencaligüe Televisión. Además, era administrador de la página en Facebook “Luisito TV Informa” en la que reportaba sobre diversos asuntos de interés local y cubría temas vinculados con medioambiente. Recientemente, había sido nombrado Juez de Justicia Municipal cargo que, según los reportes, no ejercía al momento del crimen.
La Secretaria de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque, condenó enérgicamente el asesinato y llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta y efectiva de los hechos. A la fecha, sin embargo, la CIDH no registra la captura de presuntos responsables por el asesinato del Teruel Vega.
Asimismo, la RELE toma nota de que este constituye el segundo asesinato de un periodista en menos de dos meses en el país. Al inicio de este año, la RELE condenó el asesinato del comunicador Francisco Javier Ramírez Amador, perpetrado el 21 de diciembre de 2023, por sujetos desconocidos cuando se dirigía a su vivienda en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. Tampoco se ha recibido, hasta el momento, información sobre el avance de las investigaciones de ese crimen.
Estos hechos se insertan en un contexto de violencia estructural contra periodistas, que la CIDH y su Relatoría Especial han advertido en sus informes de país de 2015 y 2019, y en las observaciones preliminares de su más reciente visita in loco, que tuvo lugar en abril de 2023. Tal como se advirtió en esta última, se continúan registrando amenazas, intimidaciones, agresiones y hostigamientos –en línea y fuera de línea– particularmente contra quienes cubren asuntos relacionados con corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, y medioambiente. Igualmente, la Relatoría Especial ha conocido sobre campañas de desprestigio y señalamientos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos y líderes políticos contra la prensa. Esta situación afecta de forma diferenciada a comunicadores comunitarios e independientes, y a quienes trabajan en zonas con fuerte presencia del crimen organizado y conflictos de tierras y extractivismo minero.
Asimismo, se han profundizado los problemas técnicos, administrativos y financieros en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia. Estos problemas, también advertidos tras la última visita in loco a Honduras de la CIDH, han erosionado la institución y socavan su capacidad de respuesta pronta y efectiva para las personas solicitantes y beneficiarias.
En particular, en 2024 la RELE ha recibido información sobre deficiencias en el funcionamiento de esta entidad. Entre las principales preocupaciones se encuentran, por ejemplo, la falta de rigor en la evaluación de las amenazas y riesgos que enfrentan las y los periodistas, lo cual deriva en medidas de protección inadecuadas o insuficientes; la falta de coordinación eficaz y de liderazgo estratégico; así como de un sistema adecuado de rendición de cuentas. En consecuencia, algunos periodistas y comunicadores habrían desistido de la protección del Mecanismo, según reportes recibidos por la Relatoría.
Al respecto, la Relatoría Especial recuerda que, conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Como han señalado la Comisión y la Corte Interamericana, la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia son particularmente graves. No solo favorece la existencia de un ambiente hostil hacia la prensa, sino que además rompe la confianza de las víctimas y sus familiares en las instituciones del Estado, y contribuye a la autocensura de las y los comunicadores sociales. Consecuentemente, priva a la sociedad del derecho a conocer la información que las y los periodistas obtienen.
Por todo lo expuesto, esta Oficina hace un llamado al Estado hondureño a respetar y garantizar la libertad de expresión y de prensa. Esta obligación exige, entre otras acciones, investigar con debida diligencia los crímenes contra periodistas, juzgar y sancionar a los responsables; y tomar las medidas necesarias para fortalecer la protección de periodistas en situación de riesgo, brindándoles las máximas garantías para que puedan ejercer su labor en un entorno seguro y sin temor a represalias.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
No. R033/24
12:43 PM