Brasil, a través del Programa de Emergencia de Acceso a Crédito – el FGI-PEAC, apoyará a las pequeñas y medianas empresas (PyME) frente a la crisis generada por el COVID-19 como sostén del empleo con un préstamo de US$200 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa facilitará el acceso de las PyME al crédito por medio de la concesión de garantías y así contribuir a que las firmas puedan superar problemas temporales de liquidez, dar continuidad a sus operaciones y fortalecer su sostenibilidad financiera.

La Asamblea de ALIDE convocará a la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe para evaluar en reunión virtual el desempeño en la mitigación de la crisis COVID-19 y la ruta para la recuperación económica. Los máximos representantes de las entidades financieras, dialogarán acerca de las diversas experiencias afrontadas durante la pandemia en apoyo a sectores productivos y sociales. 

The ALIDE General Assembly will bring the Development Bank System of Latin America and the Caribbean to evaluate in a digital meeting the performance in mitigating the COVID-19 crisis and the path to economic recovery. High level representatives from the financial institutions will discuss the various experiences faced during the pandemic.

The Inter-American Development Bank (IDB) approved a programmatic policy-based loan of $100 million to support the strengthening of Jamaica’s health systems to better prevent and manage the care of non-communicable diseases.

The main objective of this program is to contribute to the improvement of the health of Jamaica’s population by bolstering comprehensive policies for the reduction of Non-Communicable (Chronic) Diseases (NCDs) risk factors.  It also aims to improve access to an upgraded and integrated primary and secondary health network in prioritized areas, with an emphasis on chronic disease management. The idea is to provide more efficient and higher quality care.

El programa financiará transferencias monetarias extraordinarias para hogares titulares de la Tarjeta Uruguay Social y para beneficiarios de las Asignaciones Familiares-Plan Equidad. En este marco, apoyará igualmente el desarrollo de una Ventanilla Única Digital cuyo objetivo será mejorar la eficiencia de los procesos de selección y recertificación de elegibilidad de los titulares de ambas transferencias.

La Tarjeta Uruguay Social busca garantizar un nivel de acceso básico a alimentos y artículos de primera necesidad para las familias en situación de extrema pobreza. Las Asignaciones Familiares-Plan Equidad brindan asistencia económica para complementar los ingresos familiares de los hogares en situación de vulnerabilidad económica con menores a cargo. Además, promueven la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo e incentivan los controles de salud.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en Nicaragua, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reiteró su apoyo al país a través del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el COVID-19 y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en Nicaragua por US$43 millones. Las acciones del Programa contribuirán a reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19 y mitigar otros efectos sanitarios indirectos de la pandemia, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables. El proyecto enfatizará tres líneas de trabajo: fortalecer la detección y seguimiento de los casos, apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad y mejorar la capacidad de provisión de servicios.

El programa contribuirá a organizar y ejecutar con mayor eficiencia las políticas y programas que apoyen las prioridades gubernamentales para el manejo de la crisis y la preparación de la recuperación económica como respuesta a los impactos del COVID-19. Además, mejorará la gestión y el desempeño de las políticas gubernamentales prioritarias con un impacto directo en los servicios prestados a los ciudadanos.

En este sentido, se focalizará en la calidad de la planificación, el monitoreo, la toma de decisiones y la evaluación de programas gubernamentales estratégicos, y contribuirá a fortalecer las capacidades de innovación y la promoción de prácticas innovadoras sobre políticas públicas en la administración pública, con participación del sector privado y la sociedad civil.

Entre los principales hallazgos destacan que, dentro de la región andina, las empresas de Perú y Colombia se encontraban mejor posicionadas para enfrentar el choque del COVID-19, mientras que las de Ecuador y Bolivia estaban menos preparadas.  En todos los casos, las empresas grandes y medianas son las que tenían mayor preparación, en comparación con las pequeñas y, sobre todo, con las microempresas debido a diferencias importantes en aspectos como el acceso a crédito, el uso de tecnologías, la propiedad del espacio en el que operan, el peso de los costos fijos y la productividad laboral.

“This conversation was an important opportunity to discuss how the Caribbean will build back better from the COVID-19 crisis. We heard about timely and comprehensive social protection interventions by the region’s governments – many with the support of the private sector – to address economic hardship and job losses, as well as initiatives to support families. At UN Women, we are committed to continuing to support the Governments and the people of the Caribbean in developing policies and programmes that address the needs of women, both in the private sector and in the informal sector, to ensure no one is left behind in the rebuilding of the region’s economies,” said Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$130 millones para apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) como sostén del empleo en Bolivia frente a la crisis del COVID-19 y sus efectos en el tejido productivo.

El programa espera beneficiar como mínimo a aproximadamente 12.000 MiPyME afectadas por la crisis, mediante créditos que se otorgarán a través de las Instituciones Financieras elegibles, destinándose un monto superior al 30 por ciento del total de los recursos a empresas propiedad de mujeres.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una asistencia no reembolsable de US$60 millones para apoyar a los sectores más vulnerables de Haití frente a la crisis causada por la COVID-19.

La ayuda será administrada por el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES), un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Finanzas, que se encarga de implementar los programas de asistencia social en Haití, donde 59 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza.

Un préstamo de US$76,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuirá a financiar los esfuerzos para contener la pandemia, mitigar su impacto sobre los hogares vulnerables, y promover políticas contracíclicas que reduzcan su efecto en la economía en el corto plazo.

El reporte – Evento extremo: El Shock de la Pandemia at Turismo Sin Precedente en América Latina y el Caribe  (solo disponible en inglés) – incluye un nuevo Índice de Dependencia del Turismo para países, con 35 economías de América Latina y el Caribe. Exhorta a los gobiernos a tomar medidas sin precedente para prevenir la propagación del virus, y apoyar los ciudadanos y las economías en una región que más depende del turismo en el mundo.

Las MIPYME son parte fundamental del tejido productivo y del empleo de Uruguay, representando más del 99 por ciento del total de las empresas del sector privado y más del 67 por ciento del empleo, y su actividad está mayormente concentrada en sectores como servicios y comercio, fuertemente afectados por la crisis.

El préstamo de apoyo presupuestario permite al gobierno de Panamá la obtención de recursos de rápido desembolso desde el BID para financiar gastos corrientes de emergencia debido a la crisis, así como la generación de un marco estratégico de política fiscal de mediano plazo para recuperar la sostenibilidad fiscal y asegurar la estabilidad macroeconómica.

El proyecto contempla políticas públicas que impulsan la innovación, el emprendimiento y la productividad empresarial, siendo estos aspectos de vital importancia para la recuperación de los impactos de la pandemia del COVID-19.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación para Costa Rica por valor de US$265 millones, que busca asegurar los niveles mínimos de ingreso y de empleo para la población más vulnerable del país -en el período inmediato y durante la recuperación económica- frente a la crisis causada por el COVID-19.

El uso de la tecnología puede ayudar en importantes áreas afectadas por la pandemia del COVID-19, como son las remesas y las finanzas públicas. En un momento en que las remesas se reducen, la tecnología en la transferencia internacional de divisas puede generar eficiencias que contribuyan a maximizar los montos que reciben los beneficiarios. En cuanto a las finanzas públicas, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con la capacidad de identificar a los más necesitados con el fin de focalizar los apoyos públicos en ellos, para lo cual la tecnología puede ser de gran utilidad. Por otra parte, en la medida que la economía digital cobra mayor relevancia en la vida cotidiana y existe la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, la tributación digital será más relevante.

Digi/Gob es una plataforma ad-hoc que puede ser rápidamente adaptada a las necesidades específicas de cada país y proveer una solución de gobierno digital en un periodo de entre dos y tres semanas. La herramienta ha sido desarrollada por everis en la nube de Microsoft y permite el procesamiento electrónico de transacciones públicas que facilita la continuidad de las operaciones durante esta drástica interrupción de las interacciones personales. Un aspecto clave de esta asociación es que utiliza la nube para incrementar la efectividad y acelerar los procesos de transformación digital en el sector público.

Los casos de COVID-19 en adultos mayores de América Latina y el Caribe ponen en evidencia la fragilidad de los sistemas de cuidado y apoyo para esta población. La pandemia muestra la falta de protocolos de acción y prevención tanto en atención domiciliaria como en residencias y la necesidad de apoyo a los familiares y cuidadores informales. Hoy en día, ocho millones de adultos mayores en la región (12% de las personas de 60 años y 27% de los de 80 años o más) tienen alguna dependencia funcional, según el estudio “Envejecer con Cuidado: atención a la dependencia en América Latina y el Caribe ”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto es, no pueden llevar a cabo de manera independiente al menos una actividad básica de la vida diaria, como bañarse, comer o levantarse de la cama.