- English
- Español
abr/jun 2024
A partir del monitoreo permanente sobre Nicaragua, la Comisión ha documentado seis etapas o fases de represión estatal bajo distintas modalidades e intensidades desde el 18 de abril de 2018 al mes de junio 2021.
En esta línea del tiempo, la CIDH presenta los principales patrones de violaciones a derechos humanos que han caracterizados dichas etapas, algunos de los hechos más relevantes en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, así como las actividades desarrolladas por la CIDH, a través del MESENI, desde abril de 2018.
En esta primera etapa, la CIDH registró ataques a manifestaciones multitudinarias, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, grupos parapoliciales encapuchados y armados, detenciones masivas, cientos de personas fallecidas y lesionadas e instalación de tranques y barricadas.
Información adicional ...La CIDH realiza visita de trabajo a Nicaragua y emite primeras recomendaciones al Estado de Nicaragua. En el mes de junio, anuncia la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Información adicional ..."Operación limpieza", operativo de la Policía Nacional con la participación de grupos parapoliciales armados con el objetivo de desmantelar tranques y barricadas instaladas por la población nicaragüense para protegerse de ataques. La represión desplegada en esta etapa tuvo efectos letales muy relevantes, registrándose 90 personas asesinadas, representando un 25,2% del total de víctimas fatales de la crisis hasta la fecha.
Información adicional ...En agosto de 2018, la Comisión identificó una tercera fase de la represión que abarca de agosto a noviembre de 2018, consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno, incluyendo trabajadores de medios opositores al Gobierno, bajo cargos infundados y desproporcionados como terrorismo, irregularidades en el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
Información adicional ...Del 14 al 18 de octubre de 2018, la CIDH realizó una visita de trabajo a Costa Rica con el propósito de monitorear la situación de las personas nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional que se han visto forzadas a huir de Nicaragua en protección de su libertad e integridad y con el fin buscar protección internacional en Costa Rica.
Información adicional ...Cierre de los espacios democráticos y un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, el cual ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.
Información adicional ...Prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática, perpetuación de la crisis de derechos humanos, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas.
Información adicional ...Esta nueva etapa represiva representaría el ataque más intenso y sistemático a las libertades públicas ocurrido desde el inicio de la crisis de 2018 y tendría por finalidad mantener el completo cierre de los espacios democráticos en el país.
Información adicional ...En el contexto electoral en Nicaragua, la CIDH registra incremento de detenciones y juicios a personas identificadas como opositores políticos, aplicación de Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, No.1055.
Información adicional ...Crédito: OS16
La Comisión denunció patrones comunes de violaciones a derechos humanos que caracterizaron la primera etapa de la represión, entre ellos destacan: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones. Estos patrones tuvieron efectos letales y en esta etapa se registran 254 personas asesinadas, representando el 71,3% del total de víctimas fatales. Adicionalmente, en esta etapa se observó un patrón de detenciones arbitrarias breves de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos.
Crédito: Carlos Herrera
Crédito: Carlos Herrera
En estos meses, la CIDH observó un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos. Asimismo, en esta etapa se constató a grupos parapoliciales armados actuando de manera coordinada junto a la Policía Nacional en enfrentamientos con la población manifestante.
En esta segunda fase de la represión, iniciada en julio, la Comisión registró las violaciones a derechos humanos en el marco de la denominada “operación limpieza”. Dicho operativo fue desplegado sistemáticamente por el Estado con el fin de desmontar tranques y barricadas en diferentes ciudades del país. Durante los operativos, la CIDH documentó la actuación de la Policía Nacional en coordinación con grupos parapoliciales en distintas partes del país, dirigida a reprimir a las personas que mantenían los tranques y barricadas, así como a las comunidades que los apoyaban como forma de protesta y/o como medio de protección frente a las acciones de grupos progubernamentales. Como producto de estos operativos, unas 90 personas habrían fallecido y muchas más habrían resultado heridas.
Crédito: Oscar Sanchez
En agosto de 2018, la Comisión identificó una tercera fase de la represión que abarca de agosto a noviembre de 2018, consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno, incluyendo trabajadores de medios opositores al Gobierno, bajo cargos infundados y desproporcionados como terrorismo, irregularidades en el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
Crédito: Oscar Sanchez
La cuarta etapa empieza en diciembre de 2018 y se extiende en todo el año 2019. En el mes de diciembre de 2018, a ocho meses de iniciadas las protestas, la Comisión identificó una cuarta etapa de represión estatal caracterizada por la restricción ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil; la exigencia de autorización previa para la realización de protestas y mayores restricciones a la libertad de expresión. Se observó el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra medios independientes y periodistas; la continuación de la detención y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno; y la expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes que participaron en las protestas y de periodistas extranjeros.
En 2019, persiste un contexto que limita el libre ejercicio de los derechos humanos en el país y, a su vez, impide el pleno restablecimiento del Estado de Derecho y prevalece la impunidad de los graves hechos ocurridos en el marco de la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales y personas privadas de libertad arbitrariamente. Pese al inicio de una Mesa de Negociación en el país, la CIDH documentó la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua ocurridas bajo patrones que indicarían características de sistematicidad y manifestó que tanto los esfuerzos estatales para cerrar los espacios de denuncia, como la prolongación del estado de excepcionalidad, han derivado en el recrudecimiento de la situación de la libertad de expresión en el país, así como en el empeoramiento de las condiciones de las personas defensoras de los derechos humanos, las personas privadas de la libertad, la población campesina identificada como opositora al Gobierno y; de las personas que fueron excarceladas como resultado de la Mesa de Negociación.
En el año 2020, la CIDH identificó la consolidación de una nueva etapa de represión estatal en Nicaragua, iniciada a mediados de 2019 y caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras al gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas y afrodescendientes y advirtió la prolongación de un estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Al cumplirse tres años del inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condenó la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Asimismo, urgió́ al Estado a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
1889 F St. N.W. Washington, D.C., U.S.A. 20006