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Washington D.C., - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condena los hechos de violencia ocurridos en las instalaciones del Sistema
Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” (La Modelo), en Nicaragua. Como
consecuencia, una persona perdió la vida y, según información recibida por
la CIDH, por lo menos 26 resultaron heridas; entre ellas, 6 funcionarios
penitenciarios. La CIDH urge al Estado a investigar y esclarecer las
circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y a identificar y sancionar a
los responsables. Asimismo, el Estado debe tomar las medidas necesarias para
que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.
De acuerdo con información de público conocimiento, el 16 de mayo de
2019, un grupo de internos protestaba en el techo de las galerías
penitenciarias cuando agentes antimotines que permanecían en las
inmediaciones de las instalaciones recibieron la orden de ingresar al lugar
haciendo uso de bombas lacrimógenas y armas de fuego. Durante el operativo,
uno de los agentes habría disparado contra Eddy Antonio Montes Praslín, de
nacionalidad estadounidense y 57 años de edad, a una distancia de 4 metros.
Por su parte, en comunicado oficial el Gobierno señaló que
aproximadamente a las 14:30 horas, el grupo de internos se abalanzó contra
el personal del perímetro de seguridad y al forcejear con uno de los
centinelas “con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria” se
habría producido el disparo que impactó al señor Montes Praslín. Con
posterioridad a los acontecimientos, decenas de familiares y representantes
legales se habrían trasladado a las inmediaciones de la cárcel para
solicitar información sobre la situación de otras personas que habrían
resultado heridas en el operativo.
La Comisión Interamericana advierte que estos hechos ocurren en un
contexto de reiterados operativos y agresiones por parte de agentes
estatales contra las personas que permanecen detenidas en “La Modelo” por
ser identificadas como opositoras al Gobierno o por su participación en las
protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018. En particular, la CIDH
ha denunciado que dichos operativos son realizados como forma de castigo o
represalia frente a actos de protesta para exigir su liberación inmediata y
la mejora de las condiciones de detención.
Ante la gravedad de los hechos, la Comisión recuerda que el Estado tiene
la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas
aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas
investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables
materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales
y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.
“De conformidad con los estándares internacionales en la materia, los
agentes de custodia solamente pueden recurrir al empleo de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten
ineficaces medidas menos extremas”, apuntó el Comisionado Joel Hernández,
Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la
Prevención y Combate contra la Tortura. “En el caso de la privación de la
vida de Eddy Antonio Montes, el Estado de Nicaragua deberá demostrar que las
fuerzas de seguridad involucradas en el hecho, intentaron agotar otras vías
menos violentas para hacer frente a la situación de violencia respectiva.
Asimismo, el Estado debe informar sobre el avance y el resultado de las
investigaciones para esclarecer lo ocurrido”, añadió.
“La persistencia de la represión estatal y el aumento de las víctimas fatales no contribuye a la generación de un diálogo legítimo y creíble para encontrar una salida a la crisis”, manifestó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua. “Llamamos al Estado a informar a la mayor brevedad sobre el número de personas heridas, la gravedad de sus lesiones y la acciones tomadas para brindar una adecuada atención médica. Además, el Estado de Nicaragua debe cumplir inmediatamente con la liberación de las personas detenidas en el contexto de la crisis y enjuiciadas arbitrariamente”, agregó.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 122/19