Situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad
CIDH insta a garantizar la vida e integridad de las personas detenidas arbitrariamente y a su inmediata liberación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua, insta a garantizar su vida e integridad, así como a liberarlas de
manera inmediata.
Los siguientes datos surgen de acuerdo con información proporcionada al MESENI y los datos integrados por organizaciones de la sociedad civil a través del Mecanismo
para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas,
al 31 de julio de 2024.
141 personas
se encuentran detenidas de manera arbitraria, de las cuales, 25 son mujeres y 116 son hombres.
Lugar de detención
De acuerdo con información recibida, al cierre del primer semestre del año, 97 personas se encontraban detenidas en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” (La Modelo); 22 mujeres se encontraban en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) "La Esperanza" y otras 14 personas en diferentes centros penitenciarios del país.
Preocupa particularmente a la CIDH, la ausencia de información oficial sobre el paradero de siete personas, lo que podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional. La CIDH urge al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida.
Graves condiciones de detención
De manera consistente, el MESENI ha recibido información sobre las graves condiciones de detención, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias, incluyendo tortura física y psicológica, y la falta de información sobre su estado de salud a los familiares.
Según la información disponible, las condiciones de las mujeres son aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas.
La CIDH ha sido informada sobre la grave situación de 21 personas mayores detenidas debido a la falta de atención médica adecuada para sus enfermedades crónicas, lo que, sumado al impacto de la detención prolongada estaría causando un grave deterioro en su salud física y mental, poniendo en serio peligro su vida e integridad física.
Personas beneficiarias de medidas de protección por el SIDH
Ante este grave contexto, 140 personas han sido beneficiarias de medidas de protección por la CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al grave riesgo a su vida e integridad en la prisión. De este total, al 31 de julio de 2024, 92 han sido liberadas, mientras que otras 48 personas con medidas protección otorgados por los órganos del SIDH aún continúan detenidas.
Acceso a la justicia
El MESENI observa que persisten afectaciones al acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes. Entre estas: la restricción del acceso a expedientes, la denegación de la tramitación de recursos, el hostigamiento y amenazas contra representantes legales, la realización de procesos judiciales de manera virtual y sin presencia de la defensa legal y, en general, la instrumentalización del derecho penal para criminalizar el ejercicio pleno del derecho a libertad de religión, de reunión, de expresión y aquellos que hacen parte del espacio cívico.
Al 31 de julio de 2024, de las 141 personas detenidas por motivos políticos, 113 han sido condenadas, 17 enfrentan un proceso judicial y al menos 11 desconocen su acusación.
La CIDH urge al Estado a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018. Asimismo, insta a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas.
