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Empleo
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Reportes
Fecha:  12/06/2015 
3. ACCIONES EN MATERIA LABORAL
Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo
El punto 2 contiene las acciones que el Gobierno argentino llevó adelante en materia laboral durante el período 2012-2013 en línea con los mandatos previstos en los párrafos 15, 16, 18, 20 y 21 de la Declaración de Compromiso de Puerto España (V Cumbre de las Américas) y en los párrafos 7, 13 y 16 de los Mandatos Derivados de la Sexta Cumbre de las Américas.
En el marco del Plan Integral Más y Mejor Trabajo se continúan profundizando las líneas de trabajo tendientes a promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad.
Para lograrlo, el ministerio impulsa políticas activas que, en el marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de empleo genuino y la transformación de programas asistenciales en políticas de integración social y productiva de la población desocupada.
Entre las políticas más destacadas del Plan, se detallan las siguientes:
o
Consolidación de la Red de Servicios de Empleo
Objetivo: Fortalecer el servicio público y gratuito a la población con problemas de empleo. Que el Estado municipal, con el apoyo del Estado Nacional, brinde servicios para mejorar las condiciones de acceso al empleo de las personas. Proveer de una adecuada atención, a través de servicios de calidad, a personas desocupadas o con problemas de empleo, para favorecer su inserción laboral o incrementar sus condiciones laborales.
Durante el año 2013 se pusieron en funcionamiento 52 nuevas oficinas de empleo. De las cuales 35 son unidades de empleo en municipios de menos de 10 mil habitantes.
De esta manera, se encuentran instaladas un total de 568 oficinas de empleo distribuidas en todas las provincias del país. Las mismas cubren el 84% de los habitantes del país, siendo atendidas en ellas más de 1,8 millones de personas.
o
Seguro de Capacitación y Empleo
Objetivo: Es un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a las personas con la búsqueda activa de un empleo adecuado, con la actualización de sus competencias laborales y la inserción en empleos de calidad. Este esquema integra una prestación monetaria no remunerativa con herramientas de política activa de empleo para la inserción laboral y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación.
En su inicio, durante el año 2006, la prioridad de acceso la tuvieron los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJH), en años sucesivos se abrió el ingreso a personas privadas de libertad en proceso de liberación y a los padres de niños que el Ministerio de Educación detectó que estaban en situación de trabajo infantil para revertir dicho contexto, entre otras poblaciones. También se incorporaron otros colectivos de trabajadores desocupados entre los que se cuentan las personas víctimas de trata y aquellas que se encuentran en uso y egreso de sustancias psicoactivas.
Desde su inicio hasta la actualidad, 511.600 personas transitaron por este instituto, que se gestiona a través de 369 Municipios de todo el país. Durante los años 2012 y 2013 la cantidad de participantes fue de 226.752 y 166.355, respectivamente.
Párrafos: 13 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Formación para el Trabajo
Objetivo: Incrementar la empleabilidad de las personas a través de la certificación de educación formal de adultos (CEF) y de la formación profesional (FP). Conformar ámbitos de concertación entre distintos niveles del Estado y otros actores para la toma de decisiones y la gestión de los servicios de formación de adultos. Facilitar el acceso de la población destinataria a los servicios de formación y la apertura de éstos al mundo del trabajo.
Para el período 2003-2013, la cantidad de personas que participaron en este tipo de acciones asciende a más de 1.651.000.
o Formación con Equidad para el Trabajo Decente
Objetivo: El Programa procura mejorar la empleabilidad de las personas de bajos ingresos, y/o en condiciones de precariedad laboral, a través de la formación de calidad y en articulación con orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. Se propone además, profesionalizar y jerarquizar, con criterios de equidad, a las ocupaciones tradicionalmente desvalorizadas y asociadas a tareas realizadas por la mujer en el ámbito doméstico. Promueve a su vez, desde una perspectiva de género, la inclusión de personas de ambos sexos en las ocupaciones del sector de los servicios así como el Trabajo Decente y los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en vinculación con diversos ámbitos de política educativa.
o
Gestión Territorial
En el marco del desarrollo de políticas activas de empleo llevadas adelante por la Secretaría de Empleo, mediante la articulación de distintas políticas públicas instrumentadas por el MTEySS, se llevan adelante Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo.
Las líneas a través de las cuales se canalizan los mencionados acuerdos son las siguientes:

1 - Fortalecimiento de capacidades institucionales locales.
2 - Acciones preparatorias y/o propuesta territorial.
Esta herramienta contempla la elaboración del Documento Base de Análisis Territorial, y diversas acciones que disponen al territorio para el desarrollo integral de políticas de empleo.
Formalización de empresas y trabajadores
Dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la Dirección Nacional de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, la encargada de controlar el cumplimiento de las leyes laborales.
El principal objetivo es lograr la inclusión laboral de aquellos trabajadores contratados irregularmente por medio de la inspección del trabajo.
Logros de la gestión:
- Fiscalización de establecimientos en todo el territorio nacional
- Detección de trabajadores no registrados
- Regularización de trabajadores no registrados por acción inspectiva

A partir de septiembre del año 2.003 el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), procura combatir el trabajo no registrado y verificar la debida protección social, incorporando al sistema de la seguridad social a los trabajadores excluidos, buscando que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación.
A estos fines, resulta fundamental la labor fiscalizadora de los inspectores, quienes a lo largo de los diez años de gestión del MTEySS (ver Tabla 1), en el marco del PNRT, inspeccionaron más de 1.210.000 de establecimientos. Gracias a dicho denuedo, logramos relevar a más de 3.600.000 trabajadores, mejorando de este modo las condiciones laborales de cada uno de ellos.

A partir del año 2.005 este MTEySS adoptó un nuevo procedimiento en relación a los indicadores del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), por lo que los resultados que aquí mostraremos se encuentran comprendidos a partir de dicho período.

Gracias al trabajo de los fiscalizadores, el PNRT logró llegar a cada una de las Provincias, repartiendo dicho esfuerzo tanto entre aquellas con mayor población y grandes centros urbanos, como así también entre las zonas más alejadas y con mayores necesidades. Del mismo modo, la asignación de dicha labor (ver Tabla 2) tiene en cuenta tanto la distribución de la población como así también la actividad económica, a fin de lograr una adecuada presencia de la inspección del trabajo en todo el territorio nacional.

El objetivo de las fiscalizaciones es encontrar trabajadores no registrados en su lugar de trabajo, logrando a través de dicha labor la regularización de los mismos. La detección de trabajadores no registrados (TNR) hace referencia a los trabajadores relevados que se ha constatado en los registros del SIPA9 y de Mi Simplificación10 que no han sido declarados por los empleadores a los que prestan sus servicios11. El porcentaje de TNR resulta de dividir los trabajadores no registrados por el total de trabajadores a los que se ha verificado su condición en SIPA y Mi Simplificación, división que luego se multiplica por cien. Es decir, este porcentaje muestra la proporción de detección de TNR. El indicador de TNR refiere a la no recepción del descuento jubilatorio correspondiente.
En este sentido, durante estos diez años de gestión (ver Gráfico 1), el MTEySS detectó casi a 1.000.000 de trabajadores sin registrar, lo que implica que prácticamente 3 de cada 10 trabajadores se encontraban fuera del sistema. Del mismo modo, podemos apreciar un paulatino aumento tanto respecto a la detección de trabajadores no registrados, como así también sobre el porcentaje de TNR, mostrando una mayor focalización en la tarea, logrando pasar de los 70.291 trabajadores no registrados y %TNR del 22.6 alcanzada durante los primeros años del PNRT a los actuales 104.633 (indicador que sufrirá un aumento durante los meses que restan para finalizar el año) y %TNR del 34.1%.

En sintonía con lo mencionado en el punto anterior, la regularización por acción inspectiva (RAI) hace referencia a los trabajadores que han obtenido la Clave de Alta Temprana (CAT). En el marco del PNRT se sanciona la falta de CAT. El monto de la multa se reduce sensiblemente si el empleador tramita la CAT del trabajador que se constató que carecía de la misma con fecha igual o anterior al momento de relevamiento. Para verse beneficiado con la reducción en el monto de la multa el empleador debe informar el Alta Temprana en Mi Simplificación antes de presentarse a la Audiencia de Descargo. Se considera con CAT regularizada por acción inspectiva a aquellos trabajadores que habiéndose constatado la falta de CAT al momento de la inspección se la han tramitado en un plazo anterior a la audiencia de descargo y con fecha igual o anterior a la de relevamiento. Esto significa que la observación de la situación de registración de los trabajadores relevados se realiza desde la fecha de relevamiento y hasta la fecha de la audiencia de descargo, ya que son estos los plazos que inciden en el monto de las multas. La CAT es la puerta de entrada al Sistema de la Seguridad Social para todo trabajador.
A efectos de cálculo resta señalar que la detección de la falta de CAT se efectúa en un primer proceso de verificación ante las bases de registro ya mencionadas. Sin embargo el resultado definitivo de la regularización se obtiene luego de la segunda verificación, la cual se realiza inmediatamente después de la audiencia de descargo. Es decir, el porcentaje de trabajadores con CAT regularizada por acción inspectiva surge de dividir el total de trabajadores con las mencionadas características sobre el total de trabajadores con CAT irregular detectados con el proceso de segunda verificación cerrado, por cien.
Podemos notar cómo (ver Gráfico 2) fue aumentando tanto la cantidad como así también el porcentaje de trabajadores regularizados, pasando de los 18.296 trabajadores regularizados y una RAI del 31.8% durante el primer año del PNRT a los más de 48.000 trabajadores proyectados para el fin del período y RAI del 44.9% logrados en este año. Estos datos muestran cómo desde le MTEySS, se logró la regularización de casi 350.000 trabajadores promediando la RAI acumulada un 39%.

Cooperación internacional:
El uso de tecnologías aplicado a la inspección (expediente digital/inspector digital, utilización coordinada de bases de información entre distintas áreas del Estado Nacional-MTEySS, AFIP y Anses), los sistemas de seguimiento y control que implican una auto-auditoría de nuestros procesos han despertado el interés de algunos países latinoamericanos (Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, entre otros) a quienes hemos recibido para que conozcan los avances que hemos realizado.

Trabajo registrado móvil:
El Ministerio de Trabajo de la Nación continúa su recorrido en el marco de la campaña de asesoramiento y difusión “Trabajo Registrado Móvil”.
Cuanta con dos unidades móviles (vans) equipadas con la última tecnología que les permite funcionar como “oficinas móviles” en cualquier parte del país.
En ellas recorren el país un equipo de profesionales capacitados para evacuar dudas referidas a la registración laboral.
Este nuevo servicio tiene como objetivo profundizar la lucha contra en trabajo no registrado en todo el país y marcar presencia en lugares donde nunca hemos llegado. Los interesados (trabajadores y empleadores), pueden asesorarse sobre los pasos a seguir a la hora de registrar a un trabajador, realizar trámites, denuncias, etc.
Además, se informa acerca de los beneficios de la registración de trabajadores de casas particulares (servicio doméstico), cómo se realiza el trámite, su escala salarial y las condiciones mínimas de labor.
En el caso de trabajadores que no cuenten con obra social, no tengan aportes jubilatorios, ni vacaciones, podrán acercarse a nuestra unidad móvil donde nuestros inspectores le tomarán la denuncia correspondiente.

Parte 1/2
Párrafos: 13 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Seguimiento y Control de la Inspección:
En el marco de la Certificación de normas ISO 9001 y a fin de mantener activo el sistema de gestión de calidad la Dirección de Seguimiento y Control realizó 38 auditorías internas en la Delegaciones Regionales de la Secretaría de Trabajo a fin de constatar el correcto funcionamiento de los sistemas de inspección y la aplicación de los respectivos procedimientos.

Respecto de los controles en las tareas de campo en la labor inspectiva se realizaron 18 operativos de refiscalización a lo largo de todo el país con el fin de constatar el adecuado proceder de los inspectores visitándose 1512 establecimientos en los cuales se realizó una inspección y una encuesta de calidad.

Se destaca como resultado positivo una buena imagen del ministerio en más del 90% de los casos.
Finalmente resulta indispensable resaltar que en el transcurso del año 2013 se ha logrado afianzar la utilización de la herramienta del inspector digital llegando a más del 90% de uso a nivel país. Esto ha logrado el menor tiempo de tramitación de los sumarios desde el inicio del Plan Nacional de Regularización del Trabajo. El promedio 2013 desde el acto inspectivo hasta la aplicación de la sanción es de 51 días corridos.

Parte 2/2
Párrafos: 13 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
Sistema de Protección y Promoción Social
Argentina es uno de los países que, con la aplicación de respuestas políticas tempranas ante la crisis económica, mostró la determinación política de incorporar objetivos sociales en las estrategias de recuperación económica. El país logró superar los efectos derivados de la crisis financiera y económica internacional de 2008-2009 y se encuentra en adecuada posición para enfrentar las eventuales consecuencias de la actual volatilidad mundial.
Ello posibilita realizar una asignación selectiva de los gastos primarios destinados prioritariamente a las acciones a favor de la seguridad social, incluida la movilidad provisional y la seguridad social; la educación, ciencia y tecnología; y la inversión en infraestructura económica y social; la promoción y protección social.
El crecimiento y la solidez macroeconómica se alcanzaron por un lado gracias a las políticas orientadas a recuperar la fortaleza externa y fiscal pero, además, mediante medidas que apuntaron a mejorar el nivel de vida de la población, sobre la base de la redistribución y la equidad, impulsando significativamente la demanda agregada y el nivel de actividad.
De este modo, se comprende cómo en pleno contexto de crisis económica y financiera, Argentina logró profundizar y ampliar sus acciones en materia social con un sostenido crecimiento económico.
Uno de los ejemplos más claros se remite a la universalización de las asignaciones familiares a través de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social a la que acceden los hijos de las personas desocupadas que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de $ 460 (pesos argentinos) para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y de $ 1500 (pesos argentinos) para chicos discapacitados sin límite de edad.
Esta asignación comenzó a regir a partir del 1ro. de noviembre de 2009. El objetivo es asegurar que las niñas, los niños y los adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Actualmente, más de 3.800.000 chicos y adolescentes perciben esta asignación, lo que representa, sumando las asignaciones contributivas, una cobertura superior al 90%.

Adicionalmente, en mayo de 2011, se creó la Asignación por Embarazo para la Protección Social, que consiste en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abona a las mujeres embarazadas, a partir de las 12 semanas de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
A ello se le suma el lanzamiento de un nuevo programa que extiende la edad de cobertura hasta los 24 años; el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PRO.GRE.SAR). Este programa está orientado a los jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen estudios, no tienen trabajo o el trabajo que tienen pertenece al sector informal de la economía, con lo cual no llegan a percibir el salario mínimo establecido. A ellos se les otorgará una prestación económica universal de $600 (pesos argentinos) por mes, cuya contraprestación serán controles médicos anuales y atención en establecimientos educativos públicos como escuelas, universidades o espacios para el aprendizaje de oficios. Constituye la política de inclusión joven más abarcativa de Latinoamérica.
Asimismo y en el marco de la protección social, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Comisión Nacional de Pensiones, viene otorgando Pensiones no Contributivas, que para el año 2014 ascendieron a un total de más de 1.400.000 que incluyen Pensiones por Vejez, Discapacidad y para aquellas Madres de 7 hijos.
Desde el año 2004 se vienen instrumentando diversas medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Entre los principales hitos del sistema contributivo se destaca la sanción en medio de la crisis financiera del 2008-2009 de la ley que eliminó el régimen de capitalización, retornando los recursos y responsabilidad de las pensiones y jubilaciones al Estado; la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece la movilidad de los haberes provisionales en forma automática, vinculando la evolución de las prestaciones a los salarios de la economía y a los ingresos del Sistema Integrado Provisional Argentino, garantizando así la sustentabilidad del sistema previsional; el Plan de Inclusión Provisional que brinda la posibilidad de acceder a una jubilación o pensión al llegar a los 60 o 65 años respectivamente. Este plan ha permitido que cerca de 2.375.000 personas en edad de jubilarse, pero sin los aportes necesarios para ello, puedan acceder a una jubilación digna, llevando la tasa de cobertura previsional desde el 49% que tenía hacia el 2003 a más del 90% en la actualidad.
Cabe señalar que esta transferencia de ingreso es considerada decididamente como un derecho a la protección social básica que no requiere contribución, y como parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad social sin amparo previsional por la que se atraviesa, en este sentido, es imperioso resaltar que el Estado Nacional plantea a estas Pensiones como un derecho y no como un beneficio.
Párrafos: 13 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
La importancia de las políticas de empleo en este nuevo siglo y la profundidad de los cambios planteados en materia política, económica y social a partir del año 2003, sólo son posibles de comprender si se tiene en cuenta la situación social y laboral en la que se encontraba el país tras casi treinta años de aplicación del modelo de desarrollo neoliberal. Valga como medida saber que tras la crisis del año 2001, el porcentaje de trabajadores argentinos desocupados alcanzaba casi al 25% de la población y el trabajo no registrado trepaba al 50%. Tras nueve años de promoción e implementación de un nuevo modelo de desarrollo que asegura la equidad social, la tasa de desempleo se sitúa en 7,1 puntos y los sistemas de protección social alcanzan en su cobertura a cerca del 85% de la población menor de 18 años y de las personas en edad jubilatoria.

En este marco, el proceso de construcción de políticas de empleo, transitó diferentes etapas, asociadas a los cambios sociales que fueron generando. El dinamismo de las acciones instrumentadas es un concepto sustantivo para explicar las políticas de empleo:

En los primeros años de gestión, se administró y se reformuló el Programa Jefes de Hogar que implicaba una transferencia de ingresos a hogares de bajos recursos. Esta política asistió a los grupos más vulnerables de los desocupados, sosteniendo, además, el consumo de quienes enfrentaron mayores restricciones durante los primeras tiempos de la recuperación económica.

Durante los primeros meses del segundo semestre del año 2003, la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) centró sus esfuerzos en la administración responsable del mencionado Programa y se propuso como horizonte una salida progresiva del mismo, orientándolo hacia otras políticas socio laborales superadoras de aquella.

En el año 2003 este programa brindaba asistencia a más de 2 millones de personas. Sin embargo, en los años subsiguientes, progresivamente muchos de estos trabajadores desocupados fueron incorporándose al empleo formal (más de 600 mil), desarrollaron emprendimientos productivos, o dejaron de percibir el beneficio debido a la modificación de la situación general del hogar (mayoría de edad de los hijos, mejora de los ingresos familiares por la activación general de la economía).

La instauración de un modelo de crecimiento y desarrollo económico basado en la inclusión social con eje en el trabajo decente y la consolidación de políticas e instituciones en materia de política laboral, de empleo y de seguridad social permitieron que entre los años 2003 y 2009 el Programa Jefes de Hogar se redujera notablemente y hacia fines de 2009 se coronara la salida virtuosa del Programa, mediante la decisión política más progresista y extraordinaria en materia de cobertura social: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social instituida por el Decreto Nro. 1602/09.

También desde el año 2003, la Secretaría de Empleo diseña y promueve acciones que posibilitan la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de los trabajadores desocupados y ocupados y que tienden a consolidar una estructura institucional que permite dar continuidad a las acciones desarrolladas.

Las acciones promovidas se encuadran en las siguientes líneas de gestión:

• Creación, fortalecimiento y consolidación de una Red de Servicios de Empleo que desarrolla acciones de orientación e intermediación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

• Fortalecimiento y consolidación de la Red de Formación Continua que promueve la incorporación y mejora de las instituciones de Formación Profesional a través de la optimización de la infraestructura de capacitación y contenidos curriculares.

• Servicios de capacitación y formación mediante el diseño y ejecución de programas, proyectos y medidas tendientes a mejorar la empleabilidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades de trato, como así también la inclusión de grupos con mayores dificultades para incorporarse a un trabajo.

• Promoción del empleo a través del establecimiento y desarrollo de mecanismos de inserción laboral asistida, para que los trabajadores más vulnerables obtengan o preserven su empleo.
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Fecha:  02/05/2013 
Asimismo, la Argentina ha desarrollado el Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT), del que se destacan los siguientes puntos :


? La política pública contra el trabajo no registrado y el cumplimiento de la normativa laboral

El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) fue lanzado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner, el 26 de agosto de 2003 con el objetivo de incorporar al Sistema de Seguridad Social a los trabajadores excluidos luego de décadas de flexibilización laboral y de la retirada del Estado como contralor, en el marco de las políticas laborales que llegaron a su máximo desarrollo en los ´90, facilitando el incumplimiento de la normativa de trabajo y las formas de contratación, llevando a que el trabajo no registrado experimentara un crecimiento nunca alcanzado e inaceptable, tornándose una práctica común al interior en la relación empleador-trabajador.

Bajo ese escenario nacieron también nuevos mecanismos de precarización como las pseudo cooperativas, agencias, empresas de servicios y modalidades de subcontratación dejando, a determinados sectores y actividades, en una situación de vulnerabilidad extrema llevando el índice de trabajo no registrado, en mayo de 2003, al 49,9%.

La circunstancia de la no registración tiene como correlato la exclusión de los trabajadores. No gozan de la protección de las normas laborales y de los beneficios de la seguridad social. Ello incide directamente en el bienestar general de la Nación, ya que no sólo perjudica a los trabajadores, sino que también pone en peligro el financiamiento de las prestaciones sociales y quiebra las reglas de la competencia leal entre las empresas.

Desde el Ministerio de Trabajo, en línea con la decisión del Gobierno Nacional, se decidió reubicar, fortificadamente, al empleo como eje central de su política. En ese sentido, los planes, programas y acciones desarrollados por la Secretaría de Trabajo se orientaron fundamentalmente a la Promoción del Trabajo Decente, entendiendo que un trabajo de calidad, debe ser realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Por medio de las acciones fiscalizadoras en sus distintas facetas (estrictamente inspectiva, educativa y sancionatoria), se procuró detectar los incumplimientos, en todo el territorio nacional, de las obligaciones, por parte de los empleadores, de declarar e ingresar aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social y de la obligación de solicitar la respectiva Clave de Alta Temprana (CAT) de sus trabajadores dependientes. Esta última, no es un fin en sí misma sino una herramienta con la que se persigue el objetivo de lograr el cumplimiento de las normas del derecho del trabajo, propiamente dicho y de la seguridad social.

Las fiscalizaciones se realizan según dos modalidades:

? Fiscalizaciones por competencia Federal: en ellas se verifican las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan tareas en ámbitos federales, tales como en los casos del transporte de cargas, de pasajeros automotor, marítimo y fluvial. A fines de diciembre de 2005 -luego de 10 años -se reabrió la Oficina del Puerto, la cual tiene como función brindar asistencia a los trabajadores portuarios, ya sea de estiba o embarcado, mediante las acciones de recepción de denuncias, asesoramiento de los trabajadores del sector y de corresponder fiscalización,.

? Fiscalizaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) las mismas se realizan en todo el país y tienen como objetivo principal la detección de trabajo no registrado a través de distintas constataciones: la ya mencionada declaración de la clave de Alta Temprana, las inscripciones de los empleadores como tal y la falta de declaración de aportes y contribuciones que debe realizarse en forma periódica y mensual.

? El rol de la inspección

Cuando se lanza el Plan, en septiembre de 2003, comienzan las tareas concretas para transformar en trabajo digno aquel a aquel que no lo era. Ello requería recuperar a la inspección laboral como herramienta clave de ese proceso y recuperar la presencia de la autoridad administrativa del trabajo en el territorio nacional todo, fundamentalmente que volviera a estar presente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Por ello se llevó a cabo la revalorización de todo el aparato inspectivo con las siguientes tareas:

- Planificación de las tareas a desarrollar que obtuvieran esos objetivos;
- Fortalecimiento de Jefes y Delegados Regionales;
- Concientización de todos los agentes;
- Capacitación de nuestro personal;
- Adquisición de vehículos;
- Mejoramiento de las superficie de las oficinas de las Delegaciones y Direcciones Regionales;
- Desarrollo un aplicativo informático para dar soporte a la tarea fiscalizadora;
- Planificación previa de todas las acciones.

Todo ello sumado a la incorporación de personal llevando de 40 a 400 el número de inspectores que, en todo el país, a través de las 38 delegaciones regionales, realizan tareas de inteligencia previa para luego realizar los operativos de control indicados.

Ello se tradujo en una clara recuperación de la presencia del Estado, consolidando una credibilidad de todos los actores sociales para el trabajo en conjunto.

Coadyuvan a la tareas, la articulación de acciones de difusión (conferencias y encuentros con los actores sociales) y la fiscalización realizada por los inspectores pertenecientes a la estructura de inspección existente y personal técnico especializado del MTEySS, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de las administraciones provinciales del trabajo (por medio del Consejo Federal del Trabajo), organismos que actúan conjuntamente en la ejecución del Plan.

Desde el inicio del Plan se trabajó fuertemente en impulsar iniciativas vinculadas con las mejoras de los circuitos y procedimientos y con la utilización de las tecnologías en la actividad fiscalizadora. Asimismo se puso especial énfasis en lograr transparencia y eficiencia en la actividad inspectiva.

Se establecieron nuevas y más precisas pautas en lo que se refiere a los procedimientos lo que contribuye con una mejor planificación y propende a evitar la discrecionalidad del cuerpo de fiscalizadores.

Si bien lograr un importante número de establecimientos fiscalizados y trabajadores relevados produce un impacto directo respecto de la presencia del Estado, se trabajó intensamente en la mejora cualitativa de la inspección a fin de lograr un aumento de la detección de trabajadores no registrados y a su vez mejorar las tasas de regularización con motivo de la acción inspectiva.

Ello así hasta el año 2006 se buscó consolidar la presencia del MTEySS en el lugar en el que los trabajadores desempeñan habitualmente sus tareas. Este objetivo se logró aumentando la cantidad de relevamientos. La experiencia y los resultados adquiridos en este periodo permitieron incrementar la calidad de las fiscalizaciones en los años siguientes, focalizándose las fiscalizaciones en aquellos establecimientos y actividades con mayor grado de informalidad laboral.

? Resultados de la Gestión

En lo que respecta al cumplimiento de las apuestas estratégicas, la actividad fiscalizadora de estos siete años, instrumentada mediante el PNRT no tiene precedentes históricos: entre septiembre de 2003 y junio de 2011, 1.027.146 establecimientos fueron fiscalizados y 3.196.242 trabajadores fueron relevados.

La labor inspectiva sin duda contribuyó a la disminución de la tasa de empleo no registrado. En el segundo semestre del año 2003 el 49,9% del total de trabajadores no estaba debidamente registrado en el Sistema de la Seguridad, mientras que en el primer trimestre de 2012 (última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC a hoy) ese porcentaje se redujo al 32,8%.
Anexo Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)
Párrafos: 13 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
El Ministerio ha ampliado su presencia territorial, aumentando sus Delegaciones Regionales, incrementando su dotación de personal y de inspectores en particular, utilizando un mayor parque automotor y de equipamiento informático, de software y de hardware como jamás tuviera. Todos estos esfuerzos deben sumarse a la capacitación y a la concientización del rol social que todo el personal que desarrolla tareas en las áreas de fiscalización.

Sin disminuir la tasa de detección de trabajadores no registrados se ha logrado, año tras año, un notorio incremento en la tasa de regularización de los trabajadores por el accionar de la acción inspectiva.

De acuerdo a la información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la tasa de empleo no registrado en el primer trimestre de 2012 descendió a 32,8%.

Desde una perspectiva de más largo plazo, se observa que este indicador se ubica 16,9 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2003 (49,7%).

? Sistematización del área denuncias

También contribuyó en gran medida a la transparencia y eficiencia de la actividad inspectiva la sistematización del área de “denuncias”, estableciéndose plazos perentorios para la fiscalización de este tipo de situaciones y lográndose al mismo tiempo el seguimiento de cada uno de los casos denunciados. Otra de las mejoras implementadas en éste área fue la “verificación automática” de la situación registral de los trabajadores relevados en las fiscalizaciones.

? Trabajo Registrado digital. El Inspector Digital.

Durante el año 2011 se equipó al cuerpo de inspectores con un total de 500 netbooks con soporte móvil 3G para facilitar la integración on line de las tareas de relevamiento, verificación y citación de audiencias fomentando una mayor economía y eficiencia del gasto público.

Se implementa de esta forma el ambicioso sistema del inspector digital que modifica sustancialmente los procedimientos de inspección. Al incorporar una herramienta informática en los relevamientos de trabajadores se reemplaza el llenado de formularios en papel, por la carga de los datos en un aplicativo informático desarrollado a tal fin por el propio personal del Ministerio. Todo ello se dirige a optimizar los procesos de detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral, ahorrando tiempo y fortaleciendo aún más la transparencia.

En el mismo momento de la inspección sabemos si estamos o no frente a un incumplimiento y se puede desarrollar toda la tarea educativa, la que se va cargando y asentando instantáneamente en nuestros servidores.

Forma parte de los próximos desafíos la incorporación de GPS (Global Positioning System) al servicio de la inspección, lo que permitirá utilizar la geo-referencia en la inteligencia de la planificación. Esto también se encuentra vinculado con la necesidad de transformar la carga de los domicilios que hoy se encuentran en textos libres por un sistema de tabulación de los mismos.

En orden al objetivo central del Plan, se proseguirá con el desarrollo de una plataforma de información operativa para profundizar las tareas de fiscalización y control del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social al mismo tiempo se perfeccionará el registro de inspecciones, infracciones y sanciones, donde consten los datos de aquellos empleadores que hubiesen infringido el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social.

? Mejora continua – Norma ISO 9001

Finalmente, el Ministerio en el año 2009 definió y aprobó su política de Calidad en consonancia con la visión, misión, actividad y acciones del organismo. La propuesta y la decisión adoptada fue el compromiso de mejorar de modo continuo la calidad y efectividad de todos sus procesos de gestión.

A partir de una administración y asignación de los recursos con eficiencia y eficacia para responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos, todo ello con una metodología participativa. Con el objetivo político determinado, comprometido con la promoción del trabajo decente, se debe trabajar según determinadas conductas y procedimientos que hagan a la eficiencia.

En lo que respecta a la Secretaría de Trabajo fueron seleccionados dos procesos para certificar calidad mediante normas ISO: el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y la digitalización de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

En el presente año hemos certificado mediante la norma ISO 9001 el Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Dicha norma está basada en los principios de calidad, fundamentales para una buena gestión, entre los que se destacan: participación del personal en el proceso, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, sintetizando: mejora continua. La certificación obtenida significa afianzar los principios de transparencia, confiabilidad, seguridad y accesibilidad. Fortalecernos en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), simplificando los trámites y procesos. Asimismo promover la capacitación y desarrollo continuado de las habilidades y competencias del personal para producir una mayor valoración de la importancia de la calidad, de la mejora continua y de la ética en el desempeño de las funciones. Debe destacarse otro punto importante como lo es la comunicación eficaz a los ciudadanos y demás destinatarios sobre las acciones, planes, proyectos y servicios que presta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Fecha:  21/12/2010 
Plan Integral de Empleo
•El Plan “Más y Mejor Trabajo” es una herramienta creada para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad. Para lograrlo, el Ministerio de Trabajo impulsa políticas activas que, en el marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de empleo genuino y la transformación de programas asistenciales en políticas de integración social y productiva de la población desocupada.

Programa de Formación para el Trabajo
•Se está implementando un programa de formación para el trabajo que tiene como propósito favorecer la empleabilidad de los trabajadores desocupados que se encuentran en situación de desventaja frente al empleo, alentar la finalización de los estudios básicos (primarios o secundarios) con su correspondiente certificación oficial y capacitar laboralmente, acorde a las necesidades productivas y a la experiencia laboral de los trabajadores desocupados. El programa brinda asistencia técnica y apoyo económico-financiero a las instituciones educativas para el desarrollo de ofertas formativas y asiste a las instituciones en la diversificación de las ofertas formativas acorde a los contextos productivos locales y en modalidades de integración entre la Formación General y la Formación Profesional.

Programas para la conservación del empleo
•El Programa de Recuperación Productiva (REPRO) logró evitar una gran cantidad de despidos. El REPRO, creado en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional para contribuir al sostenimiento y promoción del empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores privados y/o áreas geográficas en crisis, continuó su vigencia durante el año 2010, a partir del dictado de la Resolución MTEySS N° 150 de fecha 4 de febrero de 2010.
Mediante este Programa, los trabajadores de las empresas adheridas reciben, a través del pago directo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una suma fija mensual no remunerativa y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar la remuneración correspondiente a su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, las empresas deben acreditar la situación de crisis que atraviesan, estipulando además las acciones a desarrollar en miras a su recuperación y comprometerse a no realizar despidos.

El Ministerio de Trabajo recepciona y evalúa la solicitud de cada empresa y realiza un informe técnico proponiendo, de considerarlo pertinente, el otorgamiento del subsidio a las personas se encuentren registradas como trabajadores en relación de dependencia de la firma.

Desde su vigencia y especialmente a partir del último trimestre del año 2008, el Programa de Recuperación Productiva se constituyó como una de las herramientas más efectivas del Ministerio de Trabajo para enfrentar los efectos de la crisis internacional en el mercado laboral.
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Fecha:  21/12/2010 
En mayo de 2003 las Secretarías de Trabajo y de Seguridad Social de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos firmaron una Resolución Conjunta en la que establecieron que “las Secretarías de Trabajo y de Seguridad Social comprobarán y verificarán, indistintamente, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial con destino al Sistema Único de Seguridad Social”. Surgió de esta manera el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) como respuesta a una situación sociolaboral preocupante expresada en un 49,9% de trabajo no registrado, y sus consecuencias: la inestabilidad laboral y la fragmentación social.
El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) es una política activa implementada por el Estado Nacional que busca transformar en trabajo digno aquellas ocupaciones que se desenvuelven en la irregularidad. Pensado no sólo como una política de fiscalización, los inspectores verifican que las empresas tengan a sus trabajadores registrados y, en caso de no estarlo, incentivan a los empleadores a regularizar su situación, a la vez que concientizan a los trabajadores acerca de la importancia de estar formalmente registrados. Ya que el compromiso del PNRT consistió en transformar en trabajo digno aquel que no lo era, se entendió que el Estado Nacional debía recuperar la inspección laboral como herramienta clave de este proceso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha incrementado el número de inspectores en todo el país año tras año, con lo que logró recuperar su presencia y consolidar una credibilidad de todos los actores sociales para el trabajo en conjunto.
A ello hay que sumarle la firme apuesta por la coordinación de políticas entre los órganos intraestatales, que posibilitó la suma de esfuerzos de diversas áreas como la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Consejo Federal del Trabajo y la invaluable colaboración de los distintos gobiernos provinciales.

Por otra parte, y para afianzar el éxito alcanzado con el PNRT, se sancionó en diciembre de 2008 la ley N° 26.476 de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales, mediante la cual los empleadores que regularicen a sus trabajadores y declaren la verdadera remuneración o la real fecha de ingreso, resultarán exentos de abonar la totalidad de la deuda por aportes y contribuciones devengados y se los liberará de las multas y sanciones impuestas, o a imponerse, tanto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) como por la

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por otra parte, las relaciones laborales regularizadas y los nuevos empleos que se generen gozarán de una reducción de las contribuciones por el plazo de 2 años. (50% los primeros 12 meses y 25% los 12 meses últimos).

Gracias a estas medidas la República Argentina ha logrado mantener una tendencia constante de disminución de la informalidad laboral que, pese a haber registrado un freno en su avance con el impacto de la crisis internacional en la Argentina durante el 2009, logró conservar su orientación descendente.
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Fecha:  21/12/2010 
Desarrollo de un clima de compromiso social, cultural y político de lucha para la prevención y erradicación del trabajo infantil

El Gobierno argentino, que considera como un objetivo central de sus políticas laborales la prevención y erradicación de todo tipo de trabajo infantil, y en especial de sus peores formas. En este sentido, resulta oportuno precisar que la Republica Argentina, ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño así como los dos instrumentos internacionales de la OIT - Convenios Nro. 138 sobre edad mínima de admisión al empleo y Convenio Nro. 182 sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil -. Se destaca la adecuación normativa de nuestro país a los Estándares internacionales de lucha contra el trabajo infantil con una secuencia de leyes que han cubierto todos los aspectos de la problemática

Este complejo de normas se complementa con una ley dedicada a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes abarcativa de los aspectos educacionales; de salud; familiares y de prevención del trabajo infantil (Ley N° 26.061/2005 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.)

Desarrollo institucional de la lucha para la erradicación del Trabajo Infantil

La Comisión Nacional de Erradicación contra el Trabajo Infantil -CONAETI- ha permitido profundizar la coordinación intergubernamental de las políticas y ordenar el trabajo de las provincias, las que han desarrollado ámbitos de coordinación y mecanismo de intervención semejantes al Gobierno Nacional a través de las denominadas COPRETIS. Esta institución ha permitido canalizar la participación de los actores sociales a través de los sindicatos y logrado el compromiso de las empresas a través de la “red social de empresas” comprometidas con la lucha contra el trabajo infantil.

• Política Nacional de Asignaciones Familiares
La República Argentina tiene instaurado desde 1996, mediante Ley N° 24.714, un completo sistema de asignaciones familiares que incluía en su artículo 6 toda una amplia gama de situaciones de cobertura: asignación prenatal, por matrimonio, por nacimiento, por maternidad, por adopción, por hijo, por hijo con discapacidad, y por ayuda escolar anual.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que ese sistema sólo estaba destinado a los trabajadores del sector formal, y la desigualdad que este hecho generaba, se ha creado en octubre de 2009, mediante Decreto Presidencial Nro. 1602/2009, un subsistema no contributivo de “Asignación Universal por Hijo para Protección Social”, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la Republica Argentina que no tengan otra asignación familiar prevista por la Ley N° 24.714 y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. Esta asignación, que por su volumen y cobertura la convierten en uno de los planes de transferencia de ingresos más ambiciosos dentro de su categoría, es una de las principales medidas que expresan en forma indubitada el pleno compromiso del Estado Argentino en la lucha para erradicar cualquier forma trabajo infantil.

Por otra parte, y para garantizar los derechos sanitarios y educativos de las niñas, niños y adolescentes cubiertos por este plan, se ha establecido que para cobrar la asignación se deberá presentar anualmente el certificado de cumplimiento del plan de vacunación obligatorio y del Control sanitario hasta los cuatro años de edad del hijo. Además, a partir de los cinco años, también deberá presentar el certificado de asistencia escolar del año anterior.

Finalmente, para completar esta política, se han incrementado los valores de las Asignaciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapacidad (Decreto Nro. 1729/09) lo que constituye asimismo una forma de retención del niño en el hogar y evita el trabajo infantil aumentando el ingreso del hogar.
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Fecha:  21/12/2010 
• XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)
La República Argentina tuvo el honor de ser la sede de la XVI CIMT. Cabe destacar que esta Conferencia, convocada bajo el lema “Enfrentar la crisis con Desarrollo, Trabajo Decente y Protección Social”, ha presentado innovaciones importantes como la realización de un panel de diálogo intersectorial con autoridades de las aéreas Economía, Producción y Desarrollo Social, y la modificación del estatus jurídico de las organizaciones de trabajadores y empleadores que actúan en el ámbito de la OEA. Quedó plasmada de esta forma la necesidad de profundizar la coordinación y articulación de políticas económicas y sociolaborales en pos del objetivo de crear puestos de trabajos para todos y de calidad.

Durante la reunión se destacó la importancia de la centralidad del trabajo y el empleo en la definición de las políticas públicas, lo que se reflejó en el consenso alcanzado alrededor de la idea de que la crisis debe ser enfrentada priorizando la creación de puestos de trabajos, y no puede servir de excusa para reducir los derechos laborales.

Como producto de la participación activa de todos los Ministerios de Trabajo de la región, y de dos grandes instituciones internacionales como la OEA y la OIT, la Declaración y el Plan de Acción de Buenos Aires retoman diversos aportes de las Declaraciones de Londres y Pittsburgh. En consecuencia, se acordó remitir -en calidad de aporte- ambos documentos a los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 donde ha sido bien recibida y ha servido como insumo para los debates y la elaboración del documento final.

De esta forma, los Ministros de Trabajo de las Américas han cumplido con el mandato otorgado por los líderes en la V Cumbre de establecer un Plan de Acción para seguir trabajando en la creación de empleo de calidad en la región y en la promoción de los principios de Trabajo Decente y los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
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