Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R106/10
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO
DE COMUNICADOR INDÍGENA EN COLOMBIA
R106/10
Washington D.C., 22 de octubre de 2010. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del líder indígena y comunicador, Rodolfo Maya Aricape, ocurrido el 14 de octubre en el resguardo López Adentro, departamento del Cauca, en Colombia. La Relatoría Especial llama al Estado colombiano a investigar el crimen, identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar a las víctimas.
De acuerdo con la información recibida, Maya Aricape se encontraba en su casa junto a su esposa y sus dos hijas cuando dos hombres armados le dispararon. El dirigente, de 34 años de edad, era secretario del Cabildo Indígena de López Adentro y corresponsal de la radio comunitaria Pa´yumat, del proyecto Tejido de Comunicación.
Según fue informada la Relatoría Especial, Maya Aricape informaba diariamente por la radio Pa´yumat acerca de los acontecimientos de su comunidad y también se encargaba de registrar en video las actividades de su pueblo y de las organizaciones indígenas. En esas tareas, según lo informado, Maya Aricape se caracterizó por manifestarse de manera firme en contra de todos los grupos armados, que operan en territorios indígenas.
El trabajo del Tejido de Comunicación, al que Maya Aricape dedicó esfuerzo, fue merecedor del Premio Bartolomé de las Casas, entregado en Madrid, España, en septiembre pasado.
La Relatoría Especial recuerda al Estado el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, según el cual: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
El crimen de un comunicador indígena tiene efectos especialmente graves sobre sus poblaciones, dada la situación de mayor vulnerabilidad en que suelen encontrarse los pueblos indígenas en contextos de conflicto armado. Por ello, el Estado debe adoptar políticas especiales de prevención y protección así como investigar el crimen cometido, sancionar a los responsables y reparar a la comunidad por el daño causado.