Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 41/01
EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION PRESENTO SU INFORME ANUAL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en las Américas elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión. Dicho informe forma parte del Informe Anual de la CIDH. Entre otros temas, en su informe el Dr. Santiago Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión, se refiere a la necesidad de fortalecer la libertad de expresión a través de "una acción mayor por parte de los Estados que refleje un compromiso serio en el respeto de este derecho". La Relatoría para la Libertad de Expresión es una institución creada dentro del ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuenta con el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio que le dieron su apoyo durante la Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, asumió sus funciones en noviembre de 1998. El apoyo a la Relatoría para la Libertad de Expresión fue ratificado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, Canadá.
En el informe se incorpora la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que fue aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2000. Compuesta por trece principios, la Declaración constituye un instrumento fundamental para la defensa de la libertad de expresión dentro del sistema interamericano de derechos humanos. El informe anual contiene además una interpretación de los principios de dicha Declaración.
Según el Dr. Canton, "la libertad de expresión continúa amenazada en varios Estados del hemisferio." En la sección correspondiente a la evaluación del estado de este derecho en las Américas, el Relator Especial señala que los métodos más utilizados para coartar la libertad de expresión son los asesinatos, las amenazas tanto físicas como psíquicas, las intimidaciones y la utilización de la legislación interna de los países para entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación.
"Se reitera la necesidad de que se implementen mayores iniciativas en favor de la libertad de expresión y que las legislaciones internas de los Estados miembros de la OEA sean adecuadas a las normas internacionales de libertad de expresión," señala el Dr. Santiago Canton en su informe anual.
Según el informe, durante el año 2000 han sido asesinados siete periodistas en distintos países de la región. El Relator Especial reitera que "el asesinato de un periodista representa la forma más brutal de coartar la libertad de expresión (...) La gravedad de estos asesinatos aumenta de manera alarmante cuando las investigaciones desarrolladas para castigar a los responsables de estos crímenes no demuestran resultados positivos."
Asimismo, el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión señala que la recuperación del sistema democrático en Perú ha sido el progreso más significativo durante el año 2000. "Con el retorno al camino democrático, indudablemente se ha recuperado el ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos peruanos," puntualiza el Dr. Canton. Por otro lado, con respecto a Cuba la Relatoría señala que el estado de la libertad de expresión en ese país continúa siendo su principal preocupación. "La inexistencia de una democracia pluralista se traduce en la violación sistemática a la libertad de expresión."
El informe se refiere a la preocupación de la Relatoría por el estado de la libertad de expresión en Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Honduras. Sin embargo, en relación a Chile, con posterioridad a la finalización del informe, se aprobó una ley que deroga el desacato del artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El Relator Especial expresa que: "la derogación del desacato en la ley de Seguridad Interior del Estado constituye un importante avance por parte del Estado chileno en el reconocimiento a la necesidad de garantizar un amplio respeto a la libertad de expresión. La Relatoría considera que la derogación de este artículo es un paso muy significativo y espera que permita continuar con la modificación de otras normas en la legislación chilena, incluyendo entre otras la figura del desacato del Código Penal, violatorias del artículo 13 de la Convención Americana y contrarias a la Declaración de Principios. El Relator Especial celebra la medida adoptada por el Estado chileno y espera que la misma sirva de ejemplo a seguir por el resto de los países del hemisferio que todavía mantienen en vigencia y utilizan las denominadas leyes de desacato para silenciar a la prensa.
En el caso de Colombia, el informe constata que la violencia contra los periodistas colombianos no ha cesado. "Es responsabilidad del Estado colombiano prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."
Asimismo, el Relator Especial reconoce los esfuerzos que está realizando el Estado colombiano pero expresa la necesidad de que dichos esfuerzos sean fortalecidos ya que los ataques a periodistas no han cesado y los autores de los mismos permanecen impunes. Con respecto a Venezuela, el Relator Especial manifiesta su preocupación por algunas expresiones emitidas por altas autoridades del Estado hacia la prensa. Según dice el informe, "el debate público sin restricciones de ideas y opiniones es fundamental para el fortalecimiento democrático. El debate se enriquece aún más cuando los funcionarios públicos participan en forma activa del mismo, colaborando con sus expresiones a que la sociedad conozca las ideas y opiniones de sus mandatarios. Sin embargo, la Relatoría considera que en algunas circunstancias, las expresiones de los funcionarios públicos pueden contribuir a crear un ambiente contraproducente para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Las expresiones hostiles y agraviantes en contra de comunicadores sociales en forma reiterada y prolongadas en el tiempo pueden tener un efecto amedrentador sobre periodistas y medios de comunicación y pueden conducir a la autocensura." Según el Relator Especial, "algunas expresiones de altas autoridades podrían estar creando un ambiente de hostilidad que constituirían mecanismos de presión directa e indirecta sobre los medios de comunicación." El informe de la Relatoría se refiere asimismo a hechos recientes que estarían poniendo en peligro el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Guatemala y Panamá. Específicamente, con respecto a Guatemala el Relator Especial se refiere a un aumento en los últimos meses de casos de intimidaciones y amenazas a periodistas. Asimismo, se reconocen algunas iniciativas del Presidente para dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator Especial para que se respete la libertad de expresión en Guatemala. En lo que se refiere a Panamá, el Dr. Canton hace mención en su informe a la utilización de las leyes de desacato y otras disposiciones legales similares para silenciar a la prensa. El Relator Especial espera que las expresiones de buena voluntad de la Presidente de Panamá de continuar con el proceso de reforma de las llamadas "leyes mordaza" se lleve a la práctica lo antes posible. Además, el Relator Especial señala su preocupación por la sanción de la ley de Colegio de Periodistas en Nicaragua que obliga a los periodistas a colegiarse para ejercer la profesión, lo cual es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, hace referencia a la inquietud manifestada a la Relatoría por algunos sectores de la sociedad civil de Honduras sobre la existencia de serias violaciones a la libertad de expresión que incluyen, entre otras, la colegiación obligatoria de periodistas y la utilización de las leyes de desacato para silenciar a la prensa.
En sus consideraciones finales, el Relator Especial hace especial hincapié en la necesidad de que los Estados miembros de la OEA adecuen sus legislaciones a los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Para ello, el Dr. Canton recomienda que "deroguen las leyes que consagran la figura del desacato y se quiten del ámbito penal las leyes de calumnias e injurias, ya que restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático y contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por último, también menciona la necesidad de que los Estados garanticen el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información en poder del Estado y a la acción de habeas data, por tratarse de herramientas indispensables para el fortalecimiento democrático del hemisferio y para asegurar la transparencia en la gestión de gobierno.
Santiago A. Canton
Relator Especial para la
Libertad de Expresión
26 de abril de 2001 - Washington, D.C.
Washington, D.C.