Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 121/05
Observaciones preliminares al terminar visita oficial a Colombia: Relator Especial para la Libertad de Expresión manifiesta profunda preocupación por autocensura y persistente impunidad
Bogotá, Colombia. 29 de abril de 2005. Al finalizar su visita oficial a la República de Colombia, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo A. Bertoni, manifiesta su preocupación tanto por un muy fuerte clima de autocensura percibido entre los periodistas y medios de comunicación, así como por la persistente impunidad en gran cantidad de crímenes contra comunicadores sociales. La Relatoría es conciente, tal como lo ha expresado la CIDH, que el conflicto armado interno que afecta a Colombia es de gran complejidad e involucra altos índices de violencia. Sin embargo, insta al Estado colombiano a reforzar los mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país.
La Relatoría visitó Colombia del 25 al 29 de abril, por invitación del Estado, con el fin de recabar información sobre la situación de la libertad de expresión. Acompañaron al Relator, Carlos Zelada y Montserrat Solano, abogado y colaboradora de la Relatoría, respectivamente. El Relator Especial agradeció personalmente al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por la invitación y la amplia colaboración prestada por su Gobierno durante la visita. Asimismo, la Relatoría agradece a los funcionarios, a la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación, por la información suministrada.
Durante su estadía, el Relator se reunió con funcionarios de la Presidencia de la República, del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior y Justicia, de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, del Ministerio de Comunicaciones, de la Fiscalía General de la Nación, Representantes de la Cámara y Jueces de la Corte Constitucional. El Vicepresidente de la República también agendó un espacio para recibir al Relator. Asimismo, la Relatoría mantuvo múltiples reuniones con académicos, periodistas, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación.
Como parte de su visita, el Relator viajó al Departamento de Arauca el 27 de abril, donde recibió información por parte de las autoridades departamentales y municipales, y de alrededor de 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunicadores sociales.
La Relatoría tomó nota de los esfuerzos que realizan las autoridades colombianas para garantizar el derecho a la libertad de expresión, particularmente a través del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior y Justicia. Se recibió con satisfacción información sobre los programas de telecomunicaciones sociales, particularmente el proceso de concesión de frecuencias radioeléctricas a radios comunitarias iniciado en 2004, y sobre los proyectos para ofrecer mayores recursos a la población para el acceso a la información pública.
Sin perjuicio de lo anterior, durante la visita a Colombia se recibieron numerosos testimonios de comunicadores sociales, especialmente de las regiones, quienes reconocieron que no publican informaciones sobre ciertos temas o han tenido que cambiar su línea editorial por temor a represalias. Incluso algunas autoridades admitieron que la sociedad civil, los medios de comunicación y la población en general, temen participar en debates públicos e informar sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, la actuación de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y la corrupción.
La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. La autocensura percibida durante la visita limita el derecho de la población colombiana a recibir y difundir información, restringe el debate público y menoscaba los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho. La Relatoría insta al Estado a hacer todos los esfuerzos posibles para conceder las mayores garantías al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sin la cual todo el andamiaje de una sociedad democrática se debilita.
Los asesinatos, secuestros, amenazas y agresiones a los periodistas, así como la destrucción material de medios de comunicación, además de constituir una evidente violación de los derechos de los individuos coartan también la libertad de expresión, pues tienen el objetivo de silenciarlos para que sus denuncias e informaciones no se den a conocer. A la vez, buscan ser una herramienta de intimidación para que la prensa guarde silencio sobre actos o hechos abusivos o ilegales y envían un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan denuncias.
De acuerdo con las estadísticas recibidas de distintas organizaciones y del propio Estado, se ha registrado una disminución en el número de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas. Sin embargo, estos hechos persisten, principalmente fuera de la capital.
Si bien la Relatoría reconoce el impacto de las acciones de protección del Gobierno en la disminución del número de estos crímenes, es conciente que parte de esta reducción puede deberse a que muchos periodistas evitan informar sobre temas y hechos que los pueda poner en peligro.
La situación es aún más difícil en las regiones. Durante su visita a Arauca, la Relatoría recibió información sobre los hechos violentos cometidos contra quienes ejercen la libertad de expresión, que han sumido a gran parte de la población en el silencio por temor a sufrir represalias.
En el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 2003, se advirtió que “las medidas adoptadas en Arauca no han creado condiciones favorables para el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de la población a ser informada de modo veraz e imparcial; razón por la cual, se vio en muchos periodistas un aumento de la autocensura, definida por ellos como autorregulación para sobrevivir”. Este tipo de expresiones también fueron escuchadas reiteradamente por la Relatoría en Arauca. La información recibida da cuenta, además, de que aún persisten las amenazas contra quienes se expresan libremente. Ante esta situación, la Relatoría llama a las autoridades locales a no minimizar estas amenazas y a emprender de manera diligente todas las actuaciones necesarias tendientes al esclarecimiento de estos crímenes.
Respecto del programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior y Justicia, la Relatoría reconoce que las acciones que el Estado emprende en ese ámbito han demostrado ser esenciales para la defensa de quienes ven su vida en riesgo por ejercer la libertad de expresión, por lo que llama especialmente la atención a las autoridades sobre la necesidad de fortalecerlo.
El efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad. Fueron numerosas las quejas recibidas respecto de los muy escasos resultados concretos en las investigaciones por estos crímenes. El Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y de sus familiares. Por estas razones, y sin perjuicio de las complejidades que pueden presentarse, preocupa a la Relatoría el lento avance en las investigaciones de asesinatos de comunicadores sociales. De acuerdo con la información recibida, la mayor parte de estos crímenes se encuentra aún en etapas preliminares de investigación. Si bien se han logrado condenas, éstas son la excepción. Algunas de las pesquisas han llevado al procesamiento de autores materiales, pero en pocos se ha logrado la persecusión y condena de los autores intelectuales. Por otra parte, respecto de las amenazas contra periodistas, la mayoría también se encuentra en etapa de investigación preliminar.
En consecuencia, el Dr. Bertoni hace suyo el llamado de su homólogo, el Relator para la libertad de Opinión y de Expresión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ambeyi Ligabo, a las autoridades colombianas, de calificar como un tema de mayor prioridad el combate a la impunidad y llevar a los responsables por los crímenes mencionados ante la justicia, sin consideraciones de filiación política o de estatus social.
Las nocivas consecuencias que acarrea la impunidad constituyen un factor a ser considerado en las nuevas propuestas de cambios legislativos en el marco del proceso de desmovilización que impulsa el Gobierno, entre ellos el proyecto conocido como “Justicia y Paz”. El Relator recuerda que, tal como lo ha señalado la CIDH en su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, este proceso debe darse según un marco legal que asegure el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de manera que no contribuya a consolidar la impunidad en los casos de crímenes contra las víctimas del conflicto, entre ellas, los periodistas. De consolidarse la impunidad, se establecerá un antecedente que contribuirá a crear un clima que podrá aumentar los ya preocupantes niveles de autocensura.
Finalmente, la Relatoría escuchó con beneplácito declaraciones de las autoridades colombianas reconociendo la importancia de la libertad de expresión y manifestando su compromiso por garantizar el trabajo de los medios de comunicación. La Relatoría hace un llamado a las autoridades a mantener públicamente sus declaraciones de apoyo a favor de la libertad de expresión y a considerar que, en la complejidad de la situación colombiana, los señalamientos que ubican a la prensa como contraria a las políticas de seguridad pueden convertirla en un blanco de ataques.
La Relatoría reconoce, una vez más, el valor de los periodistas, de los medios de comunicación de Colombia y de los defensores de derechos humanos, que de manera cotidiana arriesgan su vida y su integridad física para garantizar el derecho de la población a estar informada.
Sin perjuicio de estas observaciones preliminares, y a la luz de la información recabada durante la visita oficial, datos de visitas anteriores y nuevos reportes, la Relatoría presentará un informe respecto de estos y otros temas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para mayor información sobre la Relatoría: www.cidh.org/relatoria/