Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R157/21
La Relatoría condena el asesinato de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera, Enrique García y Saúl Tijerina y llama al Estado mexicano a investigar los hechos y fortalecer las medidas de protección a la prensa
24 de junio de 2021
Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el reciente asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, estado de Oaxaca; del periodista Felipe Enrique García García, en el municipio de Metepec, estado de México; y del periodista Saúl Tijerina Rentería en Ciudad Acuña, estado de Coahuila. La Oficina insta al Estado mexicano y a su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a investigar de forma completa, efectiva e imparcial los hechos y determinar el vínculo que podría tener con la actividad periodística.
De acuerdo a la información recibida, el 17 de junio el periodista y director del medio digital Noticias Minuto a Minuto, Gustavo Sánchez Cabrera, fue atacado con disparos de arma de fuego cuando conducía su motocicleta en compañía de otra persona en la comunidad de Morro de Mazatán, perdiendo la vida en el acto. La fiscalía general del Estado de Oaxaca indicó que ya inició una investigación para dar con los responsables y esclarecer el crimen. El reportero, que cubría temas de política local y había investigado sobre el tráfico de hidrocarburos en la zona, era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta Oficina ya había documentado amenazas a la vida del reportero en anteriores oportunidades. En 2014, la Relatoría Especial reportó en su informe anual que Gustavo Sánchez Cabrera había recibido por lo menos tres amenazas en dos meses, supuestamente en relación con diversas notas publicadas en el medio La Policiaca del Istmo, del cual era director general; una de ellas se refería a un llamado que recibió en su noticiero radial en el que un sujeto desconocido le advirtió que ya lo tenía "ubicado para asesinarlo". Asimismo, en julio de 2020 habría sido víctima de un ataque armado en su domicilio. Según se informó a esta Oficina, la Fiscalía de Oaxaca habría emitido una orden de aprehensión contra su agresor, pero ésta nunca se ejecutó.
Por otro lado, el mismo 17 de junio se habría hallado sin vida y con heridas de bala el cuerpo del periodista Felipe Enrique García García, a bordo de su vehículo, en la ciudad de Metepec, estado de México. Enrique García se había desempeñado como reportero del periódico El Sol de Toluca, además de haber formado parte de las áreas de comunicación institucional en el municipio de Tenango y en el Gobierno del Estado de México. Según la información disponible, sus familiares habían reportado que no tenían noticias del periodista desde el día previo, cuando había salido en su automóvil. Si bien hasta el momento la información con la que se cuenta es escasa, la Relatoría recuerda al Estado que no debe descartarse al ejercicio periodístico como un móvil de asesinato antes de que se complete la investigación.
Asimismo, el 22 de junio fue hallado sin vida en Ciudad Acuña, estado de Coahuila, el periodista Saúl Tijerina Rentería, reportero del medio digital La Voz de Coahuila y de Noticias en la Web, quien además se desempeñaba como operador de un dron para el sitio Policiaca Acuña. Según la información oficial, el periodista habría sido localizado sin vida a un costado de su vehículo en el Libramiento Surponiente y la intersección con el Antiguo Camino a Las Cuevas. La Relatoría también tomó conocimiento sobre la detención por parte de la Fiscalía General del Estado de dos individuos presuntamente vinculados al homicidio del reportero. La Relatoría exhorta a las autoridades a no desestimar a priori las líneas de investigación relacionadas con la labor informativa, de acuerdo a los lineamientos del Protocolo Homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión.
Esta Oficina considera extremadamente preocupante que se hayan registrado tres asesinatos de periodistas en el transcurso de una semana, por lo que llama al Estado a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra la prensa. Tal como fue señalado por los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, los ataques contra las y los periodistas y el periodismo representan hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en el país. Asimismo, resaltaron que la violencia contra la prensa exige fortalecer las instituciones nacionales responsables de cumplir las obligaciones estatales de protección de periodistas. En este sentido, advirtieron que aún persisten importantes desafíos y obstáculos para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no han sido abordados adecuadamente. Por ejemplo, la coordinación entre el Mecanismo y las autoridades locales para la implementación de medidas de prevención y protección; la capacitación del personal local sobre cómo cumplir sus obligaciones conforme al protocolo creado para estandarizar los procedimientos operativos del Mecanismo; la optimización de las metodologías de evaluación de riesgos; además de la dotación de recursos suficientes para que el organismo pueda ejercer plenamente su mandato.
Si bien los Estados tienen la obligación permanente de prevenir violencias contra la prensa y proteger a periodistas en riesgo, este deber se acentúa en los casos en que las autoridades han tenido oportunidad de conocer un riesgo particular para las o los periodistas. En este sentido, la Relatoría encuentra especialmente preocupante el hecho de que, pese a haber tenido conocimiento previo del riesgo al que se encontraba sometido Gustavo Sánchez Cabrera, el Estado no haya logrado brindar una respuesta de protección efectiva, oportuna y proporcional al riesgo que enfrentaba el periodista. En atención a ello, esta Oficina urge al Estado a revisar las metodologías de evaluación de riesgo sobre las solicitudes en curso y asegurar que las medidas que actualmente implementa el Mecanismo de protección sean proporcionales a los riesgos.
La Relatoría reitera que el asesinato de comunicadores constituye la forma más extrema de censura. Tal como sostiene el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R157/21