Libertad de Expresión

Venezuela

            174.     Durante el año 2004, la CIDH publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela[1], que incluyó un capítulo sobre la situación de la libertad de expresión en ese país preparado por la Relatoría a solicitud de la Comisión.  Preocupa a la Relatoría que muchas de las situaciones reportadas en ese informe y en el Informe Anual del 2003 se siguen repitiendo. Algunos de estos hechos ameritaron que, durante el año 2004, la CIDH otorgara medidas cautelares o solicitara de adopción de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos fundamentales de trabajadores de medios de comunicación[2]. Por lo tanto, sigue siendo Venezuela un país de especial preocupación para la Relatoría.

            175.     Este año, continuaron las amenazas y agresiones a comunicadores sociales que cubrían manifestaciones políticas y procesos electorales. También se repitieron los mensajes públicos desde las más altas esferas del Estado, particularmente del Presidente Hugo Chávez, en contra de los medios de comunicación y que podrían ser malinterpretados por sus seguidores[3]. La Relatoría reitera, tal como lo hizo en su informe del 2003, que, las percepciones del gobierno sobre la falta de imparcialidad y motivaciones políticas en la cobertura de algunos medios de comunicación, particularmente sobre acontecimientos políticos, no justifican, de ninguna manera, restricciones ni ataques a la libertad de expresión.

PRINCIPIO 4 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Acceso a la información en poder del Estado)

            176.     La Relatoría recibió información de que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) había iniciado cinco acciones de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para invocar el derecho de petición. Entre ellas se encontraba una contra el Defensor del Pueblo de Venezuela, que en setiembre se había negado a suministrar información sobre violaciones de derechos humanos[4].

PRINCIPIO 6 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Colegiación obligatoria de periodistas)

            177.     El 27 de julio de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dictó una resolución que convalidó la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo. La decisión declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra varios artículos de la Ley de Ejercicio del Periodismo.  La Relatoría emitió un comunicado externando su preocupación por la decisión el 2 de agosto de 2004, y recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85 sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas declaró “(…) no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas, que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados de una determinada carrera universitaria. Una ley semejante contendría limitaciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio, como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas”.


PRINCIPIO 7 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Condicionamientos previos de veracidad, imparcialidad u oportunidad por parte de los Estados)

            178.     En abril  de 2004 la organización política Un Solo Pueblo solicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la apertura de un procedimiento administrativo contra el Canal 8, del Estado, por no transmitir información veraz[5].

179.         Al finalizar su 121 período ordinario de sesiones, en octubre de 2004, la CIDH reiteró su preocupación en torno al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que en ese momento seguía en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela. Tal como lo señaló la CIDH en ese momento, diversos artículos del proyecto no reflejaban los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia, ni las recomendaciones de la CIDH[6]. Pese a estas observaciones de la CIDH y las recomendaciones hechas desde el año 2003, en diversos comunicados, cartas e informes de la Relatoría y de la Comisión[7], la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mencionado proyecto, conocido como “Ley de Contenidos” en el mes de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado del 30 de noviembre, tras recibir un informe de la Relatoría sobre la ley, manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto pues contiene condicionamientos de veracidad y oportunidad de los programas informativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas de 1985 (0C-5/85) señaló que: “No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor”. La ley en cuestión establece extensas limitaciones al contenido de programas de radio y televisión que podrían vulnerar disposiciones convencionales. Asimismo, tal como lo señaló la CIDH, la utilización de términos vagos, sumado a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre la labor informativa de los medios de comunicación y de los periodistas, limitando el flujo de información a la sociedad venezolana sobre cuestiones de interés público. La CIDH, también externó su preocupación respecto de la creación de un Directorio de Responsabilidad Social y un Consejo de Responsabilidad con muy amplias facultades. La Comisión concluye que, tratándose de un proyecto que impone numerosas sanciones, las atribuciones que concede a los órganos de control y sanción que están formados, en su mayoría, por representantes estatales, pueden resentir el pleno ejercicio de la libertad de expresión[8].

  180.         La Relatoría hace eco de la preocupación de la Comisión y de las inquietudes de múltiples organizaciones internacionales de promoción de la libertad de expresión[9] para solicitar a las autoridades venezolanas la revisión de dicha normativa a la luz de los parámetros establecidos en múltiples informes, decisiones, opiniones y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

 PRINCIPIO 8 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Derecho de los comunicadores a la reserva de fuentes, apuntes y archivos personales y profesionales)

  181.         El 11 de junio de 2004, se realizó un allanamiento a las oficinas de la cadena de televisión Venevisión, por funcionarios de la División de Investigaciones de la Guardia Nacional, ubicada en la Guadalupana, en Caracas, el allanamiento se realizó en seguimiento a pesquisas sobre la incursión de paramilitares colombianos a territorio venezolano[10]. El 23 de junio de 2004 una comisión integrada para investigar el allanamiento suspendió a 11 agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), por haberse excedido en sus funciones cuando allanaron la televisora en busca de armamento[11], además por haber permitido que el lugar se contaminara al permitir la entrada a los medios de televisión que estaban en el lugar[12].

 PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)

  182.         Durante febrero y marzo del 2004, los grupos de oposición al gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías organizaron múltiples manifestaciones en distintos puntos del país, muchas de las cuales dieron paso a fuertes choques entre simpatizantes del gobierno y de la oposición. En este marco, varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos o recibieron amenazas. La Relatoría recibió informes de que más de 20 comunicadores sociales, medios y trabajadores en general de medios de comunicación habrían recibido algún tipo de amenazas durante las demostraciones y disturbios. Si bien es cierto que en algunos de los casos reportados no se puede concluir que las agresiones iban dirigidas directamente contra los comunicadores que cubrían esos acontecimientos, no es menos cierto que en otros no se puede concluir lo contrario. Esta situación llevó a la Comisión Interamericana a emitir un comunicado el 3 de marzo de 2004, manifestando su preocupación por los hechos de violencia y exhortando a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación para que continuaran con su labor de informar a la sociedad venezolana. El 8 de marzo de 2004 el Ministerio Público de Venezuela dictó medidas de protección para 27 personas, 15 periodistas, 5 camarógrafos y 7 reporteros gráficos que resultaron heridos o agredidos mientras cubrían incidentes entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2004[13]. A continuación se mencionan algunos de los hechos reportados a la Relatoría.

  183.         El 12 de febrero de 2004, fue agredido el periodista Víctor Sierra, del diario Cambio de Siglo, por policías antimotines, cuando cubría una manifestación[14] de universitarios que pedían al Consejo Nacional Electoral dar respuesta positiva a la solicitud de referéndum revocatorio del mandato presidencial.

  184.         El 27 de febrero de 2004 en el marco de una marcha de la oposición al Presidente Hugo Chávez, el camarógrafo Carlos Montenegro de la cadena Televen fue herido de bala en una pierna, en la zona de Bello Monte Caracas[15]. El reportero gráfico Luis Vladimir Gallardo  del diario regional El Impulso resultó con heridas de perdigones en la espalda y el rostro, cuando una bomba lacrimógena le impactó en la espalda. Estos dos casos se dieron cuando la Guardia Nacional intentaba dispersar con gases lacrimógenos y perdigones, una manifestación opositora al Gobierno.

  185.         Ese mismo día, Berenice Gómez, periodista del diario capitalino Últimas Noticias, fue golpeada junto al piloto (no identificado) del mismo diario[16]. Tres trabajadores (dos de ellos menores de edad) de la emisora comunitaria Radio Perola, de Caracas, quienes habían recibido amenazas de muerte por teléfono y correo electrónico, fueron agredidos por ocho individuos, quienes supuestamente pertenecían a las organizaciones Bandera Roja, Acción Democrática y Primero Justicia, opositoras al Gobierno del Presidente Chávez[17].

  186.         El 28 de febrero de 2004, Jorge Ortuño, fotógrafo del diario regional Avance fue amenazado por directivos de la Guardia Nacional (GN) mientras cubría protestas en la zona de San Antonio de los Altos, cerca de Caracas, y se tuvo que retirar del lugar donde realizaba su trabajo tras recibir una orden de un efectivo militar. Tito Díaz, recibió disparos de perdigones por parte de oficiales de la GN tras presenciar cómo algunos oficiales agredían a un sujeto[18]. En esa misma localidad, otro fotógrafo de Avance, Juan Calabres, también debió esquivar disparos de perdigones. El 1 de marzo, Antonio González, reportero gráfico de Avance fue encañonado y recibió amenazas por parte de personal militar. [19]

  187.         El domingo 29 de febrero de 2004 fueron atacados el reportero gráfico Billy Castro y el periodista Wilmar Rodríguez, ambos del diario Impacto[20]. En la misma fecha Janeth Carrasquilla corresponsal del canal Globovisión fue herida en la cabeza en la ciudad de Valencia, cuando cubría una manifestación opositora que se tornó violenta al enfrentarse los manifestantes y la GN[21].

  188.         El 29 de febrero de 2004, Juan Barreto reportero gráfico de la Agencia Francesa de Noticias (AFP, por sus siglas en francés), resultó herido de bala cuando cubría disturbios en la Plaza Altamira en Caracas[22]. Ese día también resultó herido de bala en un pie Felipe Izquierdo, camarógrafo de la Cadena de Televisión Internacional Univisión, cuando cubría una protesta realizada por la oposición al Gobierno del Presidente Hugo Chávez en las cercanías de la Plaza Francia de Altamira, al este de Caracas[23].

189.         El 1 de marzo de 2004, el periodista Jhonny Figarrella del canal Globovisión fue amenazado con un arma cuando cubría una manifestación opositora al Presidente Chávez, que se tornó violenta, luego resulto herido con una bomba lacrimógena que le impactó en el pecho mientras trabajaba en la región de Caurimare, Caracas.  En la misma fecha al reportero gráfico Henry Delgado del diario El Nacional le fue incautada su cámara fotográfica por efectivos de la GN cuando cubría una manifestación que realizaban opositores del gobierno de Chávez en la zona Terrazas del Avila de Caracas. En ese mismo lugar también se produjo una agresión contra el periodista Edgar López reportero del diario El Nacional, para quien cubría la manifestación[24].

190.         El 2 de marzo de 2004, Frank Molina camarógrafo de Televen fue golpeado y despojado de su cámara[25].  Ese día también resultó herido Juan Carlos Aguirre periodista de la televisora caraqueña CMT al ser golpeado por efectivos militares de la GN cuando cubría protestas de la oposición al gobierno de Hugo Chávez en el sector de Altamira, al este de Caracas.  Junto a Aguirre se encontraba el camarógrafo de la misma estación Alejandro Marcano, quién fue despojado de su equipo de trabajo. Tras la protesta, la Guardia Nacional les lanzó gases lacrimógenos y les dispararon[26].

191.         El 2 de marzo de 2004, Víctor Yépez y Adda Pérez, dueños y conductores de la Radio Máxima FM, establecida en la ciudad de Ojeda en el noreste del departamento de Zulia,  fueron atacados por simpatizantes de la oposición al Gobierno de Hugo Chávez quienes participaban en una protesta. Yépez y Pérez solicitaron medidas cautelares a la CIDH que fueron concedidas el 11 de marzo de 2004[27].

192.         El 2 de marzo de 2004 fue atacada la sede de la estación de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) según lo denunció en conferencia de prensa la empresa de comunicación.  Según la información recibida, los responsables habrían sido opositores al gobierno de Hugo Chávez, quienes lanzaron varias disparos, botellas, piedras y cocteles molotov a las instalaciones de la estación y al personal, el cual salió ileso[28].

193.         El 3 de marzo de 2004 resultó herido Carlos Colmenares camarógrafo de Canal Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando cubría una protesta opositora al Gobierno de Hugo Chávez, en la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas.  Colmenares estaba junto a otros periodistas cuando recibió un impacto de bala en el tobillo derecho[29]. A Colmenares le habían sido dadas con anterioridad medidas cautelares por parte de la CIDH[30].

194.         El 3 de marzo Ana Marchese reportera gráfica del diario Correo de Caroni  resultó herida cuando cubría una marcha convocada por la oposición en ciudad Bolívar, capital del estado de Bolivar, al sur de Venezuela. La periodista fue herida por una bomba lacrimógena que fue lanzada para dispersar a los manifestantes[31]

195.         El 6 y 7 de marzo de 2004 se realizaron varias amenazas a los trabajadores de Radio Llovizna frecuencia (FM 95.7) en la ciudad de Guayana, en el departamento de Bolívar[32].

196.         Los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de mayo de 2004, se realizó la confirmación de las firmas de venezolanos para solicitar un referéndum revocatorio del mandato del Presidente Hugo Chávez (proceso conocido como “reparos de firmas”). Varios periodistas fueron agredidos mientras cubrían ese proceso. También se dieron hechos de violencia contra comunicadores durante el proceso de consulta realizado en agosto.

197.         Entre los periodistas agredidos durante la cobertura de esa consulta, se encontraban Sandra Sierra y Pedro Rey del noticiario Notitarde, agredidos el 29 de mayo.[33] Minutos después, Marta Palma Troconis y Joshua Torres de Globovisión, fueron agredidos en la misma localidad[34]. Nahjla Isaac Pérez y Johathan Fernández del canal regional TVS,  también fueron agredidos en la localidad de San Diego en Carabobo[35].

198.         El 3 de junio de 2004 alrededor del medio día varias personas atacaron las instalaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV), ubicada en Quinta Crespo[36]. Ese mismo día, unas 20 personas se dirigieron a la sede de los diarios El Nacional y Así es la Noticia[37].

199.         Durante el mismo proceso de se informó sobre la quema de un vehículo en Plaza Oleary en Caracas, propiedad del diario Meridiano[38].

200.         El 27 de junio de 2004, Romelia Matute, del medio estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV), fue atacada aparentemente por opositores al Gobierno de Hugo Chávez[39]. La periodista planteó una denuncia ante la fiscalía.

201.         El 11 de agosto, simpatizantes del oficialismo atacaron a un equipo de Globovisión, tras su cobertura, en Caracas, de una reunión entre funcionarios gubernamentales y observadores internacionales sobre el Referendum Revocatorio[40]. Ese mismo día, el fotógrafo español Eduard Giménez fue agredido cuando fotografiaba un acto político de la oposición al Presidente Hugo Chávez en el centro de Caracas para un medio de Barcelona, España[41].

202.         Asimismo, la Relatoría y la CIDH recibieron información de casos de agresiones a medios y comunicadores fuera del contexto del proceso de referendum. Entre los afectados por hechos de violencia se encuentran Joshua Torres, camarógrafo, y Sulivan Peña, asistente de cámara, de Globovisión[42], Euro Lobo, del canal de televisión OMC en Merida[43]; Félix Carmona, el camarógrafo Jorge Santos y el piloto Andrés Pérez Cova, de El Universal [44], el camarógrafo Daniel Díaz, y  su asistente, Esteban Córdoba de Venevisión[45], Dariana Bracho, de La Verdad de Maracaibo[46], Alberto Almao y Víctor Henríquez, técnicos de Globovisión[47], Nelson Bocaranda, de Radio Onda 107.9 FM[48], así como un equipo de reporteros de la empresa estatal Venezolana de Televisión (VTV) [49].

PRINCIPIOS 10 Y 11 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Utilización de leyes de difamación por parte de funcionarios públicos y leyes de desacato)

 203.         El 22 de marzo de 2004 la periodista Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País acudió a rendir declaración ante una corte militar por la acusación en su contra por parte del fiscal militar, teniente Esaúl Olivares Linares quién le acusó de  instigación a la rebelión y difamación contra la Fuerza Armada Nacional, luego de que Poleo revelara un vídeo en el que aparecía un grupo de presuntos ciudadanos cubanos dentro de instalaciones militares venezolana. Los defensores de Poleo solicitaron el cambio del conocimiento del asunto a un tribunal civil pues Poleo no es parte de ningún cuerpo militar[50]. A Poleo la Fuerza Armada la acusó de ultraje a la institución.[51]

 204.         El 25 de mayo de 2004, el Juzgado 11 de Control del Circuito Penal de Caracas condenó a Ibéyise Pacheco, columnista de El Nacional, a 9 meses de cárcel por difamación continuada y agravada. La periodista fue demandada por el coronel Angel Alberto Bellorín, luego de que publicara su columna semanal En Privado de fecha 15 de junio de 2001 en la que acusaba al coronel Bellorín de haber falsificado la nota de un examen en la época en que cursaba estudios de Derecho. Además, en febrero 2002, publicó que dicho militar había conseguido diversas promociones de forma irregular.[52]

 205.         El 11 de octubre de 2004, el general retirado del ejército Francisco Usón Ramírez fue sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de ultraje a las Fuerzas Armadas, previsto en el artículo 505 del Código de Justicia Militar.[53] También fue inhabilitado políticamente e imposibilitado de recibir premios. La acusación se basó en una declaración hecha en el programa La Entrevista de Marta Colomina el 16 de abril de 2004, en que afirmó que los soldados en la celda de castigo del Batallón de Ingenieros de Combate del Fuerte Mara en Zulia habría sido quemados con un lanzallamas.[54]

 206.         El 11 de noviembre de 2004, el periodista Manuel Isidro Molina, del semanario La Razón,  fue notificado por el Fiscal General Militar, Eladio Aponte, de que se había abierto una causa en su contra por difamación e injuria de la Fuerza Armada Nacional. Molina, publicó el 7 de noviembre, una columna según la cual el coronel en retiro de la Aviación, Silvino Bustillos, desaparecido el desde el 1 de noviembre, habría sido torturado y asesinado en las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en Caracas. El 8 de noviembre, Bustillos contactó a sus familiares informándoles que estaba bien, aunque escondido. Al día siguiente el periodista rectificó la información en su columna reconociendo un “error involuntario”[55]. No obstante esta rectificación, Molina fue citado a la Fiscalía Militar el 19 de noviembre.

 207.         Por otra parte, preocupa a la Relatoría el avance legislativo que, al momento de redactarse este informe, presentaba un proyecto de Reforma al Código Penal en trámite ante la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyo texto fue aprobado en segunda discusión en las sesiones ordinarias del 2 y 9 de diciembre de 2004. Este proyecto de ley eleva las sanciones del delito de difamación y el de injuria. Según surge del texto aprobado hasta el presente se eleva la pena máxima de cárcel al delito de difamación a cuatro años, cuando anteriormente sólo se penalizaba con 18 meses de prisión. En relación al delito de injuria, en el texto aprobado la pena máximo de prisión se elevó de ocho días a un año.[56]

 PRINCIPIO 13 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa son incompatibles con la libertad de expresión)

 208.         En mayo de 2004, el Congreso venezolano discutió la posibilidad de retirar la nacionalidad venezolana a cuatro periodistas.  Los afectados serían el empresario periodístico Gustavo Cisneros, los periodistas Napoleón Bravo, Marta Colomina y Norberto Maza, los dos últimos de origen español y uruguayo, respectivamente. La propuesta fue de la legisladora Iris Varela, quien fundamentó su propuesta calificando a los periodistas de antipatriotas. El pedido del Congreso debía seguirse en la Fiscalía General de la República.[57]

 209.         A principios de junio de 2004, la periodista Poleo fue nuevamente llamada a declarar ante una fiscalía militar en relación con la incursión de paramilitares colombianos a Venezuela.[58] El 3 de junio de 2004, Poleo declaró durante tres horas en una fiscalía militar por la presunción de su vinculación con la incursión de paramilitares colombianos a Venezuela y sobre una supuesta reunión para conspirar contra el gobierno venezolano y en la que ella supuestamente habría participado con algunos militares venezolanos también investigados[59].La CIDH solicitó información al gobierno venezolano sobre la situación de Patricia Poleo, para verificar el debido proceso de su caso.[60]



[2] En el caso de la emisora Globovisión, el 3 de agosto de 2004, el Presidente de la Corte Interamericana otorgó medidas urgentes, las cuales fueron ratificadas por la Corte el 4 de setiembre.  En el caso de El Nacional y Así es la Noticia, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales en una resolución del 6 de julio de 2004.

[3] La Relatoría recibió información de que el 14 de febrero de 2004, el Presidente Hugo Chavez amenazó con tomar el control de las antenas de señal de Globovisión y Venevisión si la oposición realizaba acciones similares a las del 11 de abril del 2002, cuando se dio un golpe de estado. Tras la realización del referéndum revocatorio, el rector electoral, Jorge Rodríguez, aseguró que enviaría a la cárcel a quien hablara de fraude electoral. Luego de publicarse estas declaraciones y otras dando cuenta de un cúmulo de denuncias sobre el referendum en el diario El Universal, el 26 de septiembre de 2004, el Presidente Chávez, en su programa semanal de radio y televisión “Aló Presidente”, aseguró, que, el editor de ese medio, Andrés Mata “no tiene patria... y le hace el juego a los intereses transnacionales que ya quisieran adueñarse de Venezuela”.

[4] El 23 de septiembre de 2004, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) inició una acción de amparo tras la negativa del Defensor del Pueblo de responder a una solicitud de información del 27 de mayo de 2004. PROVEA habría enviado un escrito a la Defensoría del Pueblo solicitando información general sobre casos de violaciones de derechos humanos y algunos datos estadísticos a propósito de realizar el informe anual de PROVEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El 24 de septiembre de 2004 la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado mediante el cual señaló que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece en su artículo 64 que la información que maneja la Defensoría del Pueblo tiene carácter reservado y que el informe anual de la institución es de acceso público.

[5] Globovision www.globovision.com,  12 de abril de 2004,  “ Un Solo Pueblo solicito a CONATEL apertura de procedimiento contra el canal 8”.

[6] Comunicado 23/04 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/23.04.htm.

[7] Ver Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/listDocuments.asp?categoryID=10; Comunicado 111/04 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=287&lID=2 e informe Anual de la CIDH de 2003, Volumen III, Capítulo II, en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=139&lID=2.

[8] Comunicado de Prensa 25/04 de la CIDH, en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/25.04.htm.

[9] Reporteros sin Fronteras, http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=11641, Human Rights Watch, www.hrw.org; y Sociedad Interamericana de Prensa, www.sipiapa.com.

[10] El Universal, www.eluniversal.com, 11 de junio de 2004.

[11] En el sitió se encontraron 26 revólveres Smith and Wesson, un revólver calibre 38, dos pistolas, un rifle deportivo, una carabina FN30 y una escopeta calibre 12.

[12] El Universal de fecha 24 de junio de 2004, “Suspenden a 11 Disip que allanaron a Venevisión” http://www.eluniversal.com/2004/06/24/ccs_art_24278F.shtml.

[13] Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org, 8 de marzo de 2004.

[14] International Freedom of Expression Exchange, 13 de febrero de 2004 y alerta de IFEX de fecha 16 de febrero de 2004, “Policias antimotines golpean a periodista”, http://www.ifex.org/es/content/view/full/56841/.

[15] Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 5 de marzo de 2004

[16] Gómez fue amenazada de muerte y despojada de su equipo de trabajo, por supuestos simpatizantes del Presidente Chávez, cuando se desplazaba por la Avenida Andrés Bello de Caracas . Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 5 de marzo de 2004.

[17] Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 8 de marzo de 2004

[18] Inicialmente intentaron arrebatarle la cámara, luego le golpearon con la culata de las armas, y finalmente le dispararon los perdigones.

[19]  Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 8 de marzo de 2004.

[20] Castro fue agredido a golpes y patadas por un grupo de personas presuntamente afines al presidente de Hugo Chávez, cuando cubrían una protesta frente a la Cámara de Comercio en la ciudad de Anaco, en el Estado de Anzoátegui. Castro planteó una denuncia ante la fiscalía local.

[21] Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 2 de marzo de 2004.

[22] El disparo le impactó en el pecho pero, como llevaba un chaleco antibalas, el proyectil rebotó y sufrió heridas en la mano.  El disparo lo recibió, supuestamente, de un joven que participaba en una manifestación que realizaban simpatizantes de la oposición al Gobierno del Presidente Hugo Chávez. Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 1 de marzo de 2004.

[23] Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 1 de marzo de 2004.

[24] Efectivos de la GN le arrebataron su libreta de apuntes, y luego un grupo de simpatizantes del Presidente Chávez, le insultaron, gritaron y golpearon en la cabeza y el pecho. Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 1 de marzo de 2004.

[25] Molina grababa a la distancia a un grupo de 20 encapuchados armados que viajaban en varios vehículos en la zona de El Marqués al este de Caracas donde cubría junto a otra periodista las protestas opositoras al gobierno del presidente Hugo Chávez, los individuos realizaban disparos en calles y edificios. Los desconocidos le incautaron el material grabado. Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 5 de marzo de 2004, Comité para la Protección de Periodistas, www.cpj.org, 5 de marzo de 2004.

[26] Instituto de Prensa y Sociedad,  www.ipys.org, 3 de marzo de 2004.

[27] Yépez y Pérez, un matrimonio copropietario de la estación, llegaron en su vehículo a su casa en un complejo de apartamentos.  Los simpatizantes de la oposición les bloquearon las calles y quemaron llantas cuando intentaban entrar a su casa los manifestantes les gritaron e insultaron diciendo que eran pro gobierno para luego golpearlos e intimidarlos. Comité para la Protección de Periodistas www.cpj.org, 2 de abril de 2004.

[28] Comité para la Protección de Periodistas www.cpj.org, 5 de marzo  de 2004.

[29] Por la trayectoria de la bala, se presume que ésta provenía de uno de los edificios aledaños.

[30] Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org,  4 de marzo de 2004.

[31] Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org , 5 de marzo de 2004.

[32] Las amenazas se dieron entre la noche del sábado 6 de febrero a la madrugada del domingo 7 del mismo mes.  Un grupo de individuos armados se hizo presente frente a las emisoras alrededor de las diez de la noche y apuntaron a la gente que entraba y salía de la radio. Esta acción se prolongó hasta las diez de la mañana. Red de Solidaridad Internacional de AMARC de fecha 10 de marzo que cita a la Red Venezolana de Medios Comunitarios (RVMC) asociada a AMARC.

[33] El 29 de mayo, fueron atacados en el municipio de Sucre al este de Caracas por varias personas supuestamente seguidoras del gobierno, cuando cubrían unas protestas de opositores y simpatizantes del gobierno. Luego de unos minutos llegó la  policía y tras disparos al aire estableció seguridad alrededor de los periodistas. (Cfr). Sociedad Interamericana de Prensa, Informes por Pais, en: http://www.sipiapa.com/espanol/pulications/informe_venezuela2004o.cfm y Comité para la Protección de Periodistas, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/ven.html, 9 de junio de 2004.

[34] Troconis y Torres fueron golpeados en la cabeza, brazos y piernas, por simpatizantes del gobierno quienes querían impedir que los periodistas informaran desde el lugar. La agresión solo se detuvo cuando lograron arrebatarle a Torres su cámara.

[35] Según la información recibida por la Relatoría los ataques provenían de simpatizantes del oficialismo. Los comunicadores fueron empujados, golpeados e insultados, por lo que debieron buscar refugio en un local comercial, hasta que la policía los escoltó para que salieran. (Cfr). Comité para la Protección de Periodistas, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/ven.html 9 de junio de 2004, y Sociedad Interamericana de Prensa, Informes por Pais, en: http://www.sipiapa.com/espanol/pulications/informe_venezuela2004o.cfm.

[36] Una docena de simpatizantes del oficialismo habrían lanzado piedras y otros objetos a la sede del canal y colisionaron un camión contra la entrada al que posteriormente alzaron en llamas.

[37] Se les lanzaron piedras y objetos, ocasionaron daños al inmueble, quemaron un camión de distribución, dañaron varios vehículos de empleados, así como equipo de oficina. Los atacantes presuntamente eran simpatizantes de gobierno de Hugo Chávez quienes protestaban por el anuncio del CNE de que la oposición había alcanzado el número de firmas para convocar a un referéndum revocatorio del mandato del Presidente Hugo Chávez. (Cfr). Globovisión, www.globovisio.com, 3 de junio de 2003, “Disturbios en el centro de Caracas, atacan sedes de Alcaldía Mayor y medios”, Comité para la Protección de Periodistas, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/ven.html 4 de junio de 2004.

[38] Venevisión, www.venevision.com, 3 de junio de 2004y  El Nacional de fecha 3 de junio de 2004.

[39] La periodista cubría una actividad de seguidores del oficialismo que pedían apoyo con miras al referendum revocatorio realizado el 15 de agosto, cuando, según los reportes recibidos, la periodista fue atacada por simpatizantes de la oposición, quienes le arrebataron su credencial de prensa, su grabadora y la golpearon. Comité para la Protección de Periodistas, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/ven.html 2 de julio de 2004.

[40] Según los reportes recibidos por la Relatoría, Tony Vergara y Juan Camacho, técnicos del canal, dejaban la reunión y se dirigían al vehículo en el que se trasladaban, cuando un grupo de simpatizantes del oficialismo, les apuntó con pistolas, rompieron las ventanas del auto, les golpearon y rociaron con gas. También les arrebataron sus identificaciones y un trasmisor de radio. En el incidente también fueron amenazados los otros integrantes del equipo Ana Karina Villalba, José Umbría y Ademar Dona. (Cfr). Comité para la Protección de Periodistas, http://www.cpj.org/cases04/americas_cases04/ven.html 24 de agosto de 2004 y Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Agreden a equipo de Globovsión en inmediaciones de sede de la vicepresidencia”, 16 de agosto. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[41] Una mujer y un hombre encapuchado lo arrastraron hasta una motocicleta, y se lo llevaron a la fuerza en el vehículo. Minutos después, efectivos de la GN iniciaron una persecución para rescatarlo, hasta que Giménez cayó de la moto. (Cfr). Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Agreden a fotógrafo español durante acto político”, 17 de agosto de 2004. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[42] El 18 de enero de 2004, un equipo de reporteros de la televisora Globovisión, fue agredido a pedradas, tubos y con disparos cuando cubría un acto del aniversario del partido de oposición Movimiento Al Socialismo (MAS). El equipo logró salir ileso. Según reportes recibidos por la Relatoría, un grupo de personas rodeó el vehículo en que se movilizaban Joshua Torres, camarógrafo, y Sulivan Peña, asistente de cámara, cerca de la Plaza Bolívar en el casco histórico de Caracas. Los comunicadores grababan el momento en que una mujer que vestía una camisa naranja del grupo opositor era golpeada con palos. El equipo pudo escapar en el vehículo que fue golpeado. Al alejarse una bala se incrustó en una de las puertas traseras del mismo. Aparentemente, el equipo habría sido agredido por hombres que vestían símbolos gubernamentales. Torres y Peña plantearon una denuncia ante la Fiscalía de Caracas. (Cfr).  Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org, 19 de enero de 2004, International Freedom of Expression Exchange , www.ifex.org, 20 de enero de 2004, “Equipo reporteríl atacado” http://www.ifex.org/es/content/view/full/56297, Comité de Protección a Periodistas, www.cpj.org, 30 de enero del 2004.

[43] El 29 de enero de 2004, fue agredido el periodista Euro Lobo, quien labora para el canal de televisión OMC en Merida, capital del estado de Merida, en el sur occidente de Venezuela.  El hecho se registró cuando cubría una protesta. El periodista denunció que fue amenazado por presuntos simpatizantes del Movimiento Quinta Republica, quienes le golpearon en el rostro cuando cubría una manifestación de un partido opositor a gobierno. Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org, 11 de febrero de 2004, International Freedom of Expression Exchange , www.ifex.org, 13 de febrero de 2004 “Golpeado periodista de televisión regional”, http://www.ifex.org/es/content/view/full/56781/.

[44] El 10 de mayo de 2004, el equipo periodístico de diario El Universal integrado por el reportero Félix Carmona, el camarógrafo Jorge Santos y el piloto Andrés Pérez Cova, habrían sido agredidos y amenazados de muerte al sureste de Caracas, por efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cuando se encontraron con un grupo de militares mientras cubrían los allanamientos que se realizaban a la casa de un diputado opositor al gobierno de Hugo Chávez. Según la información recibida, los funcionarios de la DIM habrían encañonado y golpeado a los comunicadores y dañaron parte de su equipo de trabajo que finalmente les  fue despojado. (Cfr). Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org, 14 de mayo de 2004, Comité para la Protección de Periodistas, www.cpj.org, 25 de mayo de 2004.

[45] El 12 de julio de 2004, en las inmediaciones de la Universidad de Zulia, al occidente de Venezuela, un grupo de sujetos encapuchados abordaron al camarógrafo de Venevisión, Daniel Díaz, y a su asistente, Esteban Córdoba, y los retuvieron durante varias horas. Durante la retención, los amenazaron con pistolas 9 milímetros, y revólveres calibre 38, y les advirtieron que “aquí dentro de la universidad no queremos ningún medio de comunicación”. Los reporteros fueron abandonados en una de las facultades, mientras que su camioneta fue saqueada y quemada. (Cfr). Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Equipo periodístico de televisión atacado”, 16 de julio de 2004. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[46] El 16 de julio de 2004, la periodista Dariana Bracho del diario La Verdad de Maracaibo, al occidente de Venezuela, denunció haber recibido siete amenazas de muerte vía telefónica, durante los dos días anteriores.  Bracho dijo haber recibido las amenazas luego de que el 13 de julio, el Fiscal Militar Superior de los Estados Zulia-Falcón, el capítán de la Guardia Nacional (GN), Gherson Francisco Chacón Paz, le remitiera un notificación de que el 14 de julio debía comparecer ante la División de Inteligencia del Comando Regional No. 3, para explicar el contenido de una nota publicada por el diario. La información en cuestión daba cuenta de un documento en el que se prohibía al jefe del Comando Regional No. 3 de la GN hablar sobre la guerrilla. Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Amenazan de muerte a periodista del diario La Verdad de Maracaibo”, 20 de julio de 2004. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[47] El 17 de setiembre de 2004, fueron agredidos cuando cubrían una protesta de empleados de un programa educativo del Gobierno llamado Misión Ribas. Los manifestantes, al darse cuenta de que ellos grababan la demostración desde el interior de un vehículo, los rodearon e insultaron. También les lanzaron fuegos artificiales que provocaron daños en el vehículo. La Guardia Nacional, al escuchar las explosiones, se hizo presente, dispersó a los manifestantes y permitió a los trabajadores salir del lugar. Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Agreden a técnicos del canal Globovisión”, 21 de setiembre de 2004. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[48] El 15 de octubre de 2004, Nelson Bocaranda, quien dirige su programa radiofónico Los Run Runes de Nelson, transmitido por Radio Onda 107.9 FM, denunció haber recibido amenazas debido a sus comentarios en contra de la administración del Alcalde del Municipio de El Haltillo -al este de Caracas- Alfredo Catalá. Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Amenazan de muerte a periodista por denuncias contra alcaldía”, 20 de octubre. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[49] El 31 de octubre de 2004, un equipo de reporteros cubría el proceso electoral en Caurimare, al este de Caracas, para la designación de gobernadores y alcaldes cuando un grupo de sujetos les lanzó objetos. Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org ,”Agreden a equipo reporteril de televisora estatal”, 5 de noviembre. En International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[50] Instituto de Prensa y Sociedad, www.ipys.org , 26 de marzo de 2004, “Venezuela: periodista imputada por fiscal militar”.

[51] Sociedad Interamericana de Prensa, Informes por Pais, en: http://www.sipiapa.com/espanol/pulications/informe_venezuela2004.cfm.

[52] Reporteros Sin Fronteras, 27 de mayo de 2004 “dos periodistas amenazadas con pensa de cárcel” http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10468.

[53] Art. 505. “Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión al que de alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”.

[54] El Universal, General Francisco Usón fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel, 12 de octubre de 2004.

[55] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), www.ipys.org, 18 de noviembre, en: International Freedom of Expression Exchange, www.ifex.org.

[56] El texto aprobado está disponible en la página Web de la Asamblea Nacional de Venezuela. http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=559.

[57] Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),.20 de mayo de 2004.

[58]El Universal del 3 de junio de 2004 “Citan a Patricia Poleo por caso de paramilitares”, http://www.eluniversal.com/2004/06/03/pol_art_03108C.shtml.

[59] El Universal de fecha 4 de junio de 2004 “Poleo declaró durante tres horas en fiscalía Militar”, http://www.eluniversal.com/2004/06/04/pol_art_04107A.shtml.

[60] El Universal www.eluniversal.com de fecha 14 de junio de 2004, “Abogados de Poleo denuncian violación del debido proceso”.