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Libertad de Expresión

Guatemala

Amenazas y agresiones

 

131.     El 1 de febrero de 2002 varios fiscales públicos, funcionarios del Servicio de Investigaciones Criminales (SIC) y diez miembros de la Policía Nacional Civil allanaron la oficina administrativa de Carlos Víctor Hugo Hernández Rivas, director de programas radiales de Radio La Voz de Huehuetenango y Radio Santa Fe.  El Sr. Hernández sostiene que los oficiales penetraron por la fuerza en la oficina fuera de las horas autorizadas para esos allanamientos, y sin orden para realizarlos, a fin de revisar sus archivos.[i]

 

132.     El 5 de febrero de 2002, un grupo de hombres armados amenazaron a Arnulfo Agustín Guzmán, director general de Radio Sonora, y procuraron secuestrarlo en el exterior de la radiodifusora.  Al ver a un guardia de seguridad huyeron, pero dispararon contra el vehículo de la víctima.[ii]

 

133.     El 6 de febrero, Deccio Serano, fotógrafo del diario Nuestro Diario, y otros periodistas, fueron atacados por miembros de la Policía de Tránsito Municipal (Emetra).  Los agentes filmaron a los periodistas cuando llegaban a realizar la cobertura de una disputa de tránsito.[iii]  El mismo día, José Cándido Barrillas, director de la Comisión de Libertad de la Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), fue asaltado, obligado a penetrar en un vehículo a punta de revólver y luego liberado.[iv]  También el 6 de febrero, las periodistas Ana Lucía Ramírez y Nery de la Cruz, de Radio Sonora, fueron atacadas en dos incidentes separados.[v]

 

134.     En abril de 2002, el periodista "freelance" David Herrera fue secuestrado por desconocidos cuando se encontraba investigando las exhumaciones en cementerios clandestinos.  De acuerdo con la información recibida, sus secuestradores lo amenazaron con matarle y le pidieron "la materia," que el consideró se refería a las cintas de las entrevistas realizadas el día anterior.  El periodista se escapó de sus secuestradores y se vio obligado a exiliarse.[vi]

 

135.     El 7 de junio de 2002 Abner Gouz, del diario El Periódico, Rosa María Bolaños, del diario Siglo XXI, Ronaldo Robles y Marielos Monzón, de la radio Emisoras Unidas, así como siete miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, fueron amenazados de muerte.  En un comunicado anónimo, enviado a la sede de la organización "Alianza contra la impunidad", y a varias redacciones de medios de comunicación, un grupo autodenominado "los guatemaltecos de verdad" los calificó de "enemigos de la patria", y los amenazó con "exterminarles".[vii]  La CIDH, mediante comunicado de prensa, expresó enérgicamente su preocupación por el creciente numero de actos de violencia e intimidación perpetrados contra defensores de derechos humanos y periodistas.[viii]

 

136.     El 7 de julio de 2002 el columnista de Siglo XXI, Adrián Zapata recibió en su casa una llamada de alguien que se identificó como miembro del "crimen organizado" quien le advirtió que sería asesinado.[ix] 

 

137.     En agosto de 2002 la antropóloga Victoria Sandfor, de la Universidad Católica de Ámsterdam, Holanda y los periodistas David González y Wesley Boxed, del periódico norteamericano New York Times, recibieron amenazas de muerte por el Kaibil (cuerpo elite contrainsurgente del ejercito) del ejército Valentín Chen Gómez, cuando realizaban investigaciones sobre el sitio de las exhumaciones que se llevaban a cabo en Rabinal, Baja Verapaz.  Los periodistas acompañaron al equipo de investigación a las excavaciones que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia Maya Achí (Adivima) realiza en un cementerio clandestino ubicado en el instituto Experimental (Ineba) del municipio mencionado, donde fueron sepultadas más de 600 personas masacradas en el año 1981, por el ejército y grupos paramilitares.[x]

 

Acceso a la información

 

            138.     En julio del 2002, la Comisión de Legislación del Congreso emitió dictamen favorable a un proyecto de ley sobre acceso a la información y habeas data de la Secretaria de Análisis Estratégico (SAE).  El proyecto fue identificado con el número 2594 y traslado al pleno para su discusión.  En octubre del 2002 el pleno del Congreso aprobó en segunda lectura el cuerpo de la ley.  Para que entre en vigor, la ley debe ser aprobada en una tercera lectura, luego por artículos y redacción final y luego enviada al ejecutivo para su sanción.  Una vez sancionada, ha de ser publicada en el diario oficial.[xi]  La Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y otras entidades han criticado la ley porque no tiene en cuenta las opiniones de la sociedad civil.

 

Otros

 

139.     En enero de 2002 la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) anunció que reiniciaba el llamado a subastas económicas para proveer frecuencias radiales en el país.[xii]  En abril la SIT suspendió las subastas temporalmente, restableciéndolas el 27 de agosto 2002 con la subasta de 13 frecuencias de radio.[xiii]  De acuerdo a diversos grupos de la sociedad civil, dicha política podría hacer difícil para los sectores populares acceder a la base de las subastas planteadas.[xiv]  Cabe recordar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en su Principio 12 establece que “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.

 

140.     En febrero de 2002 un proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria fue presentado al Congreso.[xv] Este proyecto reconoce las importancia de los radios comunitarias para "la promoción de la cultura nacional, [el] desarrollo, [y] la educación" a miles de comunidades del país.[xvi]  Dado el papel fundamental de las radios comunitarias en informar a la sociedad, el proyecto de ley tiene objetivo de "garantizarles que ejerzan en condiciones de igualdad el derecho a la libre emisión del pensamiento mediante la utilización de frecuencias radioeléctricas para radiodifusión".[xvii]  Este proyecto sigue bajo la consideración del Congreso.

 

141.     En setiembre de 2002, el Acuerdo gubernativo 316-2002 fue emitido.  Con ese acuerdo el gobierno anunció que concederá de manera gratuita 9 frecuencias de radio de alcance nacional y regional instituciones y asociaciones de la sociedad civil.[xviii]  El Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria rechazó este acuerdo por considerar que este obstaculiza el acceso de los pueblos indígenas a las frecuencias radioeléctricas disponibles, contraviniendo el espíritu democrático que debiera regir en la adjudicación de frecuencias radiales.[xix]

 

142.     La Relatoría ha recibido con preocupación algunas denuncias sobre una campaña tendiente a desacreditar a los medios de comunicación que se manifiestan críticamente sobre las actuaciones de los funcionarios públicos.  También se ha recibido información de que esa campaña estaría complementada entre otros, con la prohibición de ingreso a la prensa a actos públicos y con citaciones de la Procuraduría General de la Nación a periodistas para que revelen sus fuentes.  Esta información ha sido recibida sobre el final del año 2002 por lo que la Relatoría seguirá con atención la evolución de estos hechos.

 

            Acciones positivas

 

143.     La Relatoría señala con satisfacción que el 23 de enero de 2002 la Corte Constitucional declaró provisionalmente la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.  Mediante su Decreto 72-2001 la corte estableció que la obligatoriedad se aplicaba a todas las profesiones con excepción de los periodistas.  Cabe reseñar que, contrariamente a lo establecido por la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, el 30 de noviembre de 2001 el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria que exigía que para el ejercicio de la profesión cada periodista debería poseer un título universitario y ser miembro del colegio de periodistas.[xx]

 

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