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Libertad de Expresión

Colombia

Asesinatos

 

59.       El 30 de enero de 2002, Orlando Sierra Hernández, Subdirector del diario La Patria, de Manizales, Departamento de Caldas, fue baleado frente a las oficinas de su periódico y falleció dos días después.  El Sr. Sierra era uno de los periodistas más influyentes de la región.  Escribía una columna llamada Punto de encuentro, en que analizaba en forma crítica cuestiones de interés nacional y regional, incluidos casos de corrupción.  En sus columnas semanales, el Sr. Sierra también criticaba a rebeldes de izquierda y a un grupo paramilitar de derecha.  Luis Fernando Soto finalmente se declaró culpable del asesinato y fue condenado por un Juez Especializado de Manizales a 19 años y medio de prisión.  En mayo de 2002, las autoridades arrestaron también a Luis Arley Ortiz Orozco, sospechoso de haber sido el intermediario entre quienes habían ordenado el crimen y quienes lo perpetraron.  La Fiscalía General también está investigando a Francisco Antonio Quintero Torres, por sospechas de que sea el jefe de la banda de asesinos de la que formaba parte el Sr. Soto.  No han sido aprehendidos los autores intelectuales del crimen.[1]

 

60.       El 11 de abril de 2002, dos miembros de un equipo periodístico de RCN Televisión fueron baleados mientras realizaban la cobertura de combates entre el Ejército colombiano y rebeldes de izquierda.  Wálter López, chofer del equipo, falleció en la escena del crimen, y Héctor Sandoval, un camarógrafo, falleció al día siguiente, por las heridas recibidas.  El equipo periodístico fue baleado en una región montañosa en las afueras de la ciudad sudoccidental de Cali, en que el Ejército estaba atacando a combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Según un testigo de otra empresa periodística, los periodistas habían decidido retirarse cuando un helicóptero del Ejército que sobrevolaba la zona abrió fuego contra su vehículo, hiriendo a López.  El testigo señaló que en el techo y a ambos lados del vehículo estaban pintadas en grandes caracteres y en colores brillantes las letras "RCN".  Los periodistas trataron de hacer señas al helicóptero pidiendo ayuda, sacudiendo camisetas blancas.  Quince minutos después de que López fuera baleado, un disparo del helicóptero hirió a Sandoval.  El Ejército ha abierto una investigación sobre los asesinatos.  El jefe del comando antisecuestros, Coronel Carlos Arévalo niega que el Ejército sea responsable y sostiene que los periodistas fueron atacados por las FARC.[2]

 

61.       El 28 de junio de 2002 fue asesinado Efraín Varela Noriega, propietario de Radio Meridiano 70.  El Sr. Varela volvía a su hogar conduciendo un vehículo; regresaba de un acto de graduación universitaria en el Departamento de Arauca, junto con su hermana y su cuñado, cuando su automóvil fue interceptado por una camioneta blanca.  Varios hombres fuertemente armados lo obligaron a salir de su vehículo, que estaba identificado con la insignia de Radio Meridiano 70, y lo balearon en la cara y el pecho.  La hermana y el cuñado del Sr. Varela quedaron ilesos.  El Sr. Varela era el Director de dos programas noticiosos y de comentarios de Radio Meridiano 70, en que formulaba frecuentes críticas a todos los bandos que combaten en el conflicto civil de Colombia, de 38 años de duración.  Menos de una semana antes del asesinato, Varela dijo a la audiencia, durante su noticiero de la mañana, que combatientes paramilitares de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) habían llegado a Arauca y patrullaban las calles de la ciudad, que está en la frontera con Venezuela.  Además de periodista, el Sr. Varela era abogado, maestro y líder social, con especial interés en la paz y la resolución de conflictos y los derechos humanos.  Sus actividades profesionales lo habían hecho frecuente objeto de amenazas de los paramilitares y de la guerrillas.  Su nombre apareció en una lista de personas declaradas "objetivos militares" por los paramilitares de las AUC.  En los meses que precedieron a su muerte, Varela había comenzado a advertir a su familia y a sus colegas de que su vida podía estar en peligro.  Según su viuda, el Sr. Varela había recibido amenazas, apenas dos días antes de su muerte.  La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación se ha hecho cargo de la investigación del caso.[3]

 

62.       El 11 de julio de 2002, Mario Prada Díaz, fundador y director del periódico mensual Horizonte Sabanero (más tarde rebautizado Horizonte del Magdalena Medio), en el Departamento de Santander de la región nororiental de Colombia, fue secuestrado de su domicilio en la Municipalidad de Sabana de Torres.  A la mañana siguiente su cadáver fue encontrado acribillado a balazos no lejos de su hogar.  Los motivos del asesinato y la identidad de los posibles perpetradores del mismo no son claros.  No existen indicios de que el periodista haya recibido amenaza alguna antes de su muerte. Su periódico realiza la cobertura de asuntos culturales, sociales y de desarrollo comunitario.  En él había aparecido, apenas una semana atrás, una crónica sobre irregularidades financieras relativas a la administración municipal de Sabana de Torres.  Además, una semana antes del asesinato de Prada, el jefe de las fuerzas paramilitares de derecha de la región había advertido que su grupo comenzaría a matar periodistas.  El lugar en que se encontró su cadáver está ubicado en una zona en constante disputa por parte del Frente 22 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Vásquez Chacón del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Bloque Central de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).[4]

 

63.       El 11 de julio de 2002 fue baleada Elizabeth Obando, responsable de la distribución del periódico regional El Nuevo Día de la Municipalidad de Roncesvalles, Departamento de Tolima.  Obando viajaba en un autobús en Playarrica, Departamento de Tolima, cuando desconocidos armados interceptaron al vehículo, la obligaron a bajarse, y minutos más tarde le dispararon tres balazos que le causaron la muerte dos días después.  Ángela Yesenia Bríñez, portavoz de la municipalidad, también resultó muerta.  Se cree que la 21 División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es responsable del ataque.  La Sra. Obando había sido amenazada anteriormente por "Donald", jefe de esa división, debido a un artículo publicado el 21 de septiembre de 2001 en El Nuevo Día, en que criticaba a las FARC.[5] 

 

Amenazas y agresiones

 

64.       El 30 de enero de 2002 estalló un coche bomba frente a los estudios de la estación de televisión Canal Caracol, en el vecindario de La Soledad de Bogotá, lo que provocó amplios daños en la estación y en los edificios de los alrededores.  Nadie resultó lesionado.  El incidente ocurrió a las 4:15 a.m. (hora local), cuando tres hombres abandonaban el vehículo cargado con aproximadamente 30 kilogramos de dinamita.  Según el Coronel de la Policía Rubén Jaramillo, los agresores dispararon contra un puesto de Policía local antes de realizar el ataque.  Se afirma que el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es el probable responsable del ataque.[6]

 

65.       En marzo de 2002, siete periodistas de grandes medios de prensa colombianos que habían cubierto investigaciones penales importantes fueron amenazados de muerte y se les dio tres días para abandonar el país.  Las amenazas fueron difundidas en dos cartas presentadas como aviso fúnebre que contenían los nombres de todos los periodistas.  La primera carta fue recibida por la RCN Televisión el 1 de marzo.  Caracol Televisión recibió una carta idéntica tres días después.  Los periodistas amenazados eran:  Jairo Lozano, cronista del diario El Tiempo; Juan Carlos Giraldo, corresponsal principal de RCN Televisión; Julia Navarrete, corresponsal de Caracol Televisión; Jairo Naranjo, corresponsal de RCN Radio; Hernando Marroquín, corresponsal de Caracol Radio; Marilyn López, corresponsal de Noticias Uno, y José Antonio Jiménez, ex corresponsal de TV Hoy, que recientemente cerró.  Los siete periodistas habían realizado la cobertura de importantes investigaciones sobre drogas para sus medios de prensa.  La Fiscalía General está investigando las amenazas.  Los periodistas han sido dotados de guardaespaldas a través del Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior.  Por lo menos tres de ellos se encuentran actualmente escondidos en Colombia, y algunos han abandonado temporalmente el país.[7]

 

66.       En marzo de 2002, la Relatoría Especial recibió información según la cual el columnista Fernando Garavito había huido recientemente de Colombia tras una serie de hechos que le hicieron temer por su vida.  Garavito, que escribe una columna dominical en el periódico El Espectador, con oficinas centrales en Bogotá, partió de Colombia hacia Estados Unidos el 21 de marzo.  En una serie de columnas, Garavito atacaba a las fuerzas de orientación derechista Autodefensa Unida de Colombia (AUC).  También escribió sobre la venidera elección presidencial de mayo de 2002, describiendo al entonces candidato presidencial con mayores posibilidades, Álvaro Uribe, como candidato ultraderechista cuya elección sería peligrosa para el país.  Garavito comenzó a tener problemas poco después de la aparición de las columnas.  Su nombre apareció en un comunicado publicado por las AUC, en que se criticaba a la prensa colombiana.[8]

 

67.       El 25 de marzo de 2002 Cesar Mauricio Velásquez, Decano de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Sabana, recibió una llamada telefónica en que se le advertía de un ataque programado contra algunos periodistas en Bogotá.  La persona que llamaba, que se identificó como un sargento retirado del Ejército, dijo que quería alertar a Velásquez sobre un plan de asesinato de periodistas considerados "enemigos de Colombia".  El nombre de Velásquez figuraba en una de las listas de periodistas que iban a ser asesinados.  El nombre del periodista Carlos Pulgarín también figura en la lista.  Velásquez recibió otra llamada similar el 8 de abril.  Velásquez informó de las amenazas y también del hecho de que el 6 de abril, cuando se dirigía a su hogar, un vehículo trató de impedirle el paso y acorralarlo.  Un incidente similar ocurrió el 8 de abril, pero en ambas ocasiones logró escapar a sus perseguidores.  Velásquez no tiene certeza de las razones por las que fue incluido en la lista.  Como Decano universitario, Velásquez supervisa el proyecto Observatorio de Medios, en que se analizan diversos temas que afectan a los medios de difusión.  Uno de los informes del proyecto, publicado en el semanario Semana en la primera semana de febrero, contenía una reseña de los periodistas que cubren el conflicto, reflexionando sobre quiénes son responsables de intimidar a la prensa colombiana.  Velásquez es también cronista del programa de noticioso televisivo Hora Cero, y denunció el supuesto complot a las autoridades y a los otros periodistas.  El Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior le proporcionó un guardaespaldas.[9]

 

68.       El 4 de abril de 2002 Carlos José Lajud, que trabajaba en la estación de Bogotá Citytv, recibió una carta amenazante en las oficinas de la estación:  "Sinceras condolencias…por la muerte de Carlos Lajud" rezaba la nota.  En ella se acusaba al periodista de servir los intereses de la clase gobernante de Colombia, y lo declaraba, al igual que a su familia, objetivos militares, y le exigía que dejara el país dentro de un plazo de tres días.  Desde febrero, Lajud ha elaborado alrededor de 20 informes de investigación en que sostiene que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo más pequeño, han organizado células armadas en la capital.  La carta es la más grave de varias amenazas contra Lajud que comenzaron a fines de febrero, apenas tres días después de que salieran al aire sus informes sobre los nuevos grupos de guerrilla urbana.  Lajud afirma no conocer la fuente de las amenazas.  El periodista fue dotado de un guardaespaldas por el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior.  Lajud y su esposa, Patricia Busigo, dejaron Colombia el 16 de julio, como medida de precaución.  Lajud es el hijo del difunto periodista radialCarlos Alfonso Lajud Catalán, quien fue muerto a balazos en 1993 tras acusar públicamente de corrupción a un alcalde local.[10]

 

69.       El 7 de abril de 2002 explotaron dos bombas cerca de la estación Radio Super, en Villavicencio, capital del Departamento de Meta.  Las explosiones mataron a 12 personas, hirieron a 70 y causaron daños materiales en la estación y en otros edificios de las cercanías.  Las autoridades sospechan que el ataque fue perpetrado por guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  No resulta claro si el ataque fue dirigido contra la estación radial o contra el público en general.  El candidato presidencial Álvaro Uribe señaló que la explosión estaba dirigida contra la estación Radio Super, por haber transmitido sus discursos.  La estación radial fue contratada para transmitir la visita en vivo de Uribe y comenzó a recibir amenazas tras haber salido al aire avisos promocionales anunciando la emisión en los próximos días.  La estación radial llevó adelante las emisiones pese a las amenazas.[11]

 

            70.       El 12 de abril de 2002 estalló un cohete cerca de los estudios de RCN Televisión, en Bogotá.  Las autoridades locales dijeron que el ataque contra la estación fue intencional.  La explosión destrozó una pared de ladrillo que rodeaba a un edificio ubicado a menos de 40 pies de la estación, en un vecindario industrial del Sur de Bogotá, según un portavoz del Departamento de Policía de la municipalidad.  No hubo víctimas.  Al parecer el cohete fue disparado a una distancia de menos de 1.000 pies (300 metros) de la estación por un hombre que llegó al lugar en la parte trasera de una motocicleta.  Nadie fue lesionado en el ataque, que las autoridades imputaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de tendencia izquierdista (FARC).[12]

 

71.       Los días 22 y 23 de abril, hombres no identificados pronunciaron amenazas de muerte contra el periodista de televisión Daniel Coronell y su hija de tres años de edad.  Coronell, director de noticieros de Noticias Uno, un programa de actualidades de la estación de TV de Bogotá, Canal Uno, recibió llamadas amenazantes en su teléfono celular, en su domicilio y en su oficina tras haber sacado al aire un informe de investigación en que se examinan posibles vínculos entre el candidato presidencial principal del país, Álvaro Uribe Vélez, y narcotraficantes.  En el informe se preguntaba también si Uribe había dado tratamiento preferencial a su padre cuando era director del Departamento de Aeronáutica Civil a través de la aceleración del otorgamiento de una licencia para un helicóptero que pertenecía a una compañía de la que era copropietario su padre.  Además de las amenazas recibidas por Coronell, Ignacio Gómez, director de investigaciones de Noticias Uno, recibió numerosas amenazas de muerte después que salieron al aire los informes.  Coronell dio cuenta de las amenazas a la Policía y sacó del país a su hija y a otros parientes.[13]

 

            72.       El 6 de mayo de 2002, Mauricio Amaya y Diego Burgos, choferes de la estación de televisión Caracol, fueron secuestrados en la Municipalidad de Santa Cecilia, cerca del límite de los Departamentos de Chocó y Risaralda.  Ambos conducían vehículos pertenecientes a Caracol e iban a recoger a un equipo de periodistas.  Los captores se identificaron como miembros del Ejército Revolucionario Guevarista, grupo disidente del Ejército de Revolución Nacional (ELN), y acusaron a las estaciones de televisión de pertenecer a grupos económicamente poderosos del país y señalaron:  "la guerra está cambiando y todos tienen que cumplir su papel en ella".  Ambos secuestrados fueron liberados 48 horas después.[14]

 

73.       El 14 de mayo de 2002, Carlos Pulgarín, profesor de periodismo de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, abandonó el país temiendo por su seguridad.  Había sido objeto de repetidos incidentes de amenazas e intimidación resultantes, al parecer, de sus denuncias de actos de violencia perpetrados por las facciones en guerra en Colombia.  El 14 de marzo de 2002, día de su cumpleaños, Pulgarín recibió una llamada telefónica de un nombre no identificado que le dijo que disfrutara de su cumpleaños, porque sería el último.  El 19 de marzo, Pulgarín recibió una llamada telefónica de quien que se identificó como sargento retirado de las Fuerzas Armadas  y le advirtió de un plan para asesinarlo al igual que a otros periodistas.  Más tarde recibió otra llamada; en esta oportunidad su interlocutor dijo que el complot estará a cargo de paramilitares y miembros del Ejército.  Recibió otra llamada similar el 8 de abril. El 8 de mayo de 2002 fue amenazado por dos hombres que se aproximaron a él cuando caminaba hacia la parada de autobuses para ir a trabajar y le pidieron que entregara un mensaje amenazante a César Mauricio Velásquez, decano del Departamento de Comunicaciones Sociales y Periodismo de la Universidad de La Sabana.  Pulgarín dijo que esos mismos hombres lo habían acosado y amenazado en varias ocasiones anteriores desde 2001.[15]

 

            74.       El 16 de mayo de 2002, los periodistas Nidia Álvarez Mariño y Ramón Vásquez Ruiz, del diario Hoy Diario del Magdalena, con sede en Santa Marta, y su chofer, Vladimir Revolledo Cuisman, fueron secuestrados en Magdalena por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de tendencia izquierdista.  Los periodistas se dirigían a un pueblo situado al Sur de Santa Marta para cubrir un caso ventilado ante un tribunal de justicia local referente a sectas satánicas, cuando en forma imprevista se enfrentaron con un bloqueo de rutas establecido por los rebeldes cerca de Ciénaga, a unas 420 millas (670 kilómetros) de Bogotá.  Los rebeldes secuestraron a otras nueve personas, además de los periodistas y del chofer.  Álvarez fue liberado ileso a la mañana siguiente, pero los rebeldes siguieron reteniendo a Vásquez y Revolledo.  Varios días después del secuestro el periódico recibió una demanda por el equivalente de US$250.000 y la publicación de un comunicado de cuatro páginas a cambio de la liberación de Vásquez y Revolledo.  En el comunicado al parecer se analizaba la situación política imperante en Colombia y se hacían acusaciones contra las fuerzas paramilitares.  El periódico no cumplió las exigencias de los secuestradores, sino que ofreció en cambio publicar una entrevista con un comandante de las FARC.  No obstante, tanto Vásquez como Revolledo fueron finalmente liberados ilesos sin que la estación accediera a lo exigido.  Revolledo fue liberado el 24 de mayo y Vásquez el 28 de mayo.[16]

           

75.       El 29 de junio de 2002, la estación radial Meridiano 70, de la ciudad de Arauca, capital del Departamento de Arauca, recibió dos llamadas telefónicas con amenazas de muerte contra el periodista Josédil Gutiérrez.  Esas amenazas llegaron apenas 19 horas después del asesinato del director y propietario de la estación, Efraín Alberto Varela Noriega.[17]  La persona que llamaba se identificó como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dio al periodista 24 horas para salir de la ciudad.  El Sr. Gutiérrez prefirió quedarse, por temor de que sus familiares pudieran correr riesgos de represalias si él se marchaba.  Solicitó protección al Estado, pero la Relatoría Especial no tiene información de si le fue otorgada o no.  El Sr. Gutiérrez, que tenía más de diez años de experiencia como periodista en medios de difusión locales y nacionales, trabajaba con el Sr. Varela en un programa, Hablemos de Política, que en el curso del mes presentaba diferentes puntos de vista sobre los candidatos a gobernador del departamento.[18] 

 

            76.       El 30 de junio de 2002, Luis Eduardo Alfonso, otro periodista de Meridiano 70, llegó a la conclusión de que le era preciso abandonar la ciudad, cuando su nombre apareció en una lista de personas cuyo asesinato había sido resuelto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  El 9 de marzo había recibido además una llamada telefónica amenazante de alguien que dijo ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al parecer en relación con la cobertura de las relaciones presidenciales realizada por la estación.[19] 

 

77.       El 3 de julio de 2002, Astrid María Legarda Martínez, corresponsal que cubre el conflicto en Colombia para la emisora independiente RCN Televisión, huyó del país tras enterarse de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se proponían matarla como represalia por su cobertura del conflicto. La periodista había informado sobre la lucha entre paramilitares y grupos guerrilleros y realizó entrevistas con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Legarda se enteró del supuesto plan a través de una fuente en una prisión de alta seguridad de Bogotá. Se rehusó a identificar a su fuente, pero la describió como confiable y dijo que tiene conexiones con las FARC.[20]

 

78.       El 8 de julio de 2002, cuatro empleados de las estaciones RCN Radio y Radio Caracol fueron secuestrados, supuestamente por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Los trabajadores de los medios de difusión secuestrados fueron Luis Eduardo Perdomo y José Rodríguez, chofer y técnico de RCN Radio, respectivamente, junto con Oscar González y Elio Fabio Giraldo, técnico y chofer de Radio Caracol.  El incidente ocurrió cuando estaban informando sobre una carrera ciclística nacional de larga distancia, en el Departamento de Tolima.  Los cuatro fueron liberados ilesos el 11 de julio, pero no les fueron devueltos ni sus equipos ni sus vehículos.[21]

 

79.       También el 8 de julio de 2002, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) amenazaron a los periódicos publicados en Barrancabermeja, Departamento de Santander.  Las amenazas fueron efectuadas por el Comandante "Alex", del bloque central de la AUC, quien manifestó en una entrevista en la edición del 8 de julio de Vanguardia Liberal:  "O [la prensa] deja de jugar con el dolor de la comunidad, o nos veremos en la lamentable situación de tener que ejecutar a alguien, para que comprendan el dolor del pueblo".  Según "Alex" las amenazas obedecen a la manera "sensacionalista" con que informan los medios de difusión locales en el puerto de Barrancabermeja.  Esta región productora de petróleo es un territorio en disputa entre las AUC y las guerrillas.  En Barrancabermeja se publican cuatro semanarios:  La Noticia, El Vocero, La Tarde de Santander y Periódico 7 días.[22]

 

            80.       El 9 de julio de 2002, dos pistoleros no identificados abordaron a Anyela Muñoz, propietaria del semanario El Vocero, en una calle de Barrancabermeja.  Uno de ellos le dijo que si se publicaba la edición del periódico de esa semana alguien iba a morir.  Ella se rehusó a frenar el proceso de producción del periódico, y denunció el incidente a la defensoría del pueblo local y a la Policía Nacional.  La Policía colocó una guardia fuera de las oficinas del periódico y proporcionó protección personal a Muñoz.[23]

 

            81.       El 19 de julio de 2002 se entregó una carta con amenazas en las oficinas del programa de noticias de RCN en Cali, Departamento del Valle del Cauca.  En ella se mencionaba a ocho periodistas a los que se daban 72 horas para abandonar la ciudad, para no ser declarados "objetivos militares".  La carta estaba firmada por la división occidental de las milicias urbanas Manuel Cepeda Vargas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Los periodistas mencionados en la carta eran Albeiro Echavarría, del equipo noticioso de la estación de televisión Noti5; Álvaro Miguel Mina, periodista de Radio Caracol; Luis Eduardo Reyes, director de un programa transmitido por RCN Radio; Diego Martínez Lloreda, subdirector del diario El País; Humberto Briñez y Wilson Barco, corresponsales de la estación de televisión RCN; Hugo Palomar, de Caracol Televisión, y el columnista Mario Fernando Prado.  Los periodistas fueron acusados de ser "títeres del régimen militar del Presidente Pastrana" y "enemigos del pueblo, que defienden los intereses de la oligarquía".  La carta termina refiriéndose a los periodistas como "mentirosos que carecen de ética profesional".  Algunos periodistas de la lista habían recibido anteriores amenazas o habían sido víctimas de intimidación.  Además de las amenazas contra los periodistas, la carta reiteraba amenazas contra varias autoridades locales.  Las autoridades no creen que la carta sea auténtica.  En un incidente similar, el 18 de julio de 2002, se recibió en las oficinas Radio Super, en Bogotá, una carta firmada:  "Secretaría de las FARC".  En ella se sostenía que los equipos noticiosos de las estaciones radiales y televisivas de Caracol y RCN habían sido declaradas "objetivos militares".  Las autoridades no confirmaron ni desmintieron la autenticidad de esta carta.[24]

 

            82.       El 23 de julio de 2002 los periodistas Jorge Carvalho Betancur, ex director de Todelar, en Antioquia, y Fernando Vera Ángel, director del Radioperiódico Clarín, programa noticioso regional especializado en noticias políticas, resultaron heridos en un atentado con explosivos en una cafetería en Medellín.  En el mismo ataque fue muerto Hildebrando Giraldo Parra, ex parlamentario y ex gerente de la Empresa de Energía de Medellín.  Además resultaron lesionados el Concejal Fabio Estrada Chica y otras cuatro personas.  La cafetería era un lugar de reunión frecuentado por políticos y periodistas, incluidos Carvahalo y Vera, quienes se reunían diariamente para dialogar sobre cuestiones de política local.  El motivo del ataque aún no resulta claro, aunque se cree que estaba dirigido contra ciertos políticos presentes ese día.[25]

 

83.       El 29 de julio de 2002 fue enviado un mensaje con amenazas a Radio Meridiano-70 y al corresponsal de Caracol Televisión, Rodrigo Ávila.  En él se acusaba a los periodistas y propietarios de medios de difusión del Departamento de Arauca de burlarse de la justicia, a quienes se advertía que podrían ser declarados "objetivos militares".  Firmaba el mensaje el Bloque de Libertadores de Arauca de las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Ávila, corresponsal de Caracol en Arauca, dijo que había recibido por lo menos diez amenazas telefónicas la semana anterior, y que había contratado a un guardaespaldas con ayuda financiera de una entidad privada de defensa de los derechos humanos de Colombia.  Dijo que repetidos pedidos de protección dirigidos al Gobierno anterior y al nuevo Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que asumió sus funciones el 7 de agosto, habían quedado sin respuesta.  Evelyn Varela, gerente de Meridiano-70 e hija del difunto periodista Efraín Varela, asesinado el 28 de junio de 2002, dijo que había denunciado el mensaje de correo electrónico a las autoridades locales, que no habían respondido.[26]

 

84.       El 6 de agosto de 2002, un equipo noticioso de El Tiempo fue secuestrado en la Municipalidad de Mistrató, Departamento de Risaralda.  Fueron secuestrados el director de asuntos jurídicos Iván Noguera, el fotógrafo Héctor Fabio Zamora y el chofer de ambos, John Henry Gómez.  El equipo noticioso viajaba a la zona para informar sobre grupos indígenas locales atrapados en el conflicto entre rebeldes izquierdistas y paramilitares de derecha en la región.  Los periodistas fueron interceptados en la carretera por guerrilleros fuertemente armados de la división del Frente Aurelio Rodríguez de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes los obligaron a caminar por las montañas durante dos horas, reteniéndolos en esa zona durante la noche.  Las guerrillas reprocharon a los terroristas el hecho de que los medios de difusión los describieran como terroristas. Fueron liberados al día siguiente pero recién el 8 de agosto llegaron a Pereira, donde están las oficinas del periódico.[27]

 

85.       El 17 de septiembre de 2002, Edgar Buitrago Rico, fundador y director de la publicación mensual Revista Valle 2000, huyó de la Ciudad de Cali temiendo por su vida tras recibir repetidas amenazas de muerte a partir de mayo.  La amenaza más reciente se produjo a fines de agosto, a través de una carta remitida a la prensa y a los políticos locales en Cali.  Estaba firmada por el Comité de Rescate de Cali, grupo que las autoridades creen fue inventado por los individuos no identificados responsables de las amenazas.  En la carta se acusaba a Buitrago de publicar mentiras en apoyo del alcalde de Cali a quien los periodistas respaldaban públicamente debido a su supuesta campaña contra la corrupción.  En la carta se advertía a Buitrago y a otras diez personas que serían declarados "objetivos militares" a menos que abandonaran la ciudad de inmediato.  En mayo Buitrago recibió dos amenazas de muerte por correo electrónico.  Más tarde, en junio, hombres armados confundieron con Buitrago al vendedor de publicidad de la revista, lo obligaron a entrar en un vehículo y lo amenazaron de muerte; luego advirtieron su error y lo liberaron.  Sobre la base de esos incidentes, Buitrago procuró la protección del Ministerio del Interior el 21 de agosto.  Al no recibir respuesta durante varias semanas, decidió abandonar la ciudad. En 1998 Buitrago inició la publicación de la Revista Valle 2000, destinada a investigar y denunciar casos de corrupción política en el Valle del Cauca.  Amenazas de muerte recibidas en los últimos años obligaron a renunciar a cuatro de sus corresponsales voluntarios.  Antes de fundar la revista, Buitrago había sido subdirector de El Caleño y cronista de El País.[28]

           

86.       El 14 de octubre de 2002, periodistas y camarógrafos de varios medios de prensa fueron blanco de disparos de armas de fuego al cubrir confrontaciones entre la Policía y las milicias urbanas en el vecindario Comuna 13, al Oeste de Medellín.  Claudia Garro, de Caracol TV, Javier Arboleda, de El Colombiano, Víctor Vargas, de Teleantioquia, Fernando Cifuentes, de Noticias Uno, y Carlos Franco, de RCN TV, junto con sus camarógrafos, estaban parapetados detrás de un muro cerca del lugar donde se estaban produciendo las confrontaciones y trataban de filmar parte de las mismas.  Contra ellos se efectuaron varios disparos, y los periodistas se retiraron de inmediato a una clínica de las cercanías.  Todos ellos salieron ilesos.[29]

 

87.       El 13 de noviembre de 2002, una bomba colocada dentro de un vehículo explotó frente a los estudios de la radiodifusora RCN, en Cúcuta.  Fueron heridas cuatro personas, incluidos un oficial de Policía, un guardia de seguridad y dos residentes locales, y resultaron dañados algunos edificios de las cercanías, incluida la casa del Comandante de Policía de Norte de Santander, Coronel Carlos Alberto Barragán.  Ningún periodista de RCN u otro trabajador de los medios de difusión fue herido en el estallido.  No se habían recibido amenazas en la radiodifusora desde fines de mayo, en las semanas que precedieron a las elecciones presidenciales.  Las autoridades manifestaron que a su juicio el Comandante de la Policía era el objetivo real del ataque, pero que un perímetro de seguridad establecido en torno a su hogar impidió a los culpables estacionar el vehículo en las proximidades de la casa.  Se afirma que antes de la explosión los asaltantes habían disparado contra los guardias estacionados fuera de la casa del Comandante de la Policía y luego huyeron, dejando tras sí un taxímetro con 40 kilogramos de explosivos en su interior frente a los estudios de RCN.[30] 

 

88.       El 19 de noviembre de 2002, una bomba escondida dentro de una maleta fue dejada frente a las oficinas del periódico regional La Opinión, ubicado en Cúcuta, en la región septentrional de Santander.  Los atacantes trataron de ingresar en las oficinas del periódico, pero los guardias les impidieron el acceso.  Como los perpetradores del hecho no pudieron ingresar en el edificio, dejaron la maleta que contenía la bomba en el exterior de la entrada principal y huyeron de la escena de los hechos.  Un guardia percibió la bomba e informó a la Policía.  Una unidad antiexplosivos desactivó el artefacto, que contenía 30 kilos del explosivo Anfo, el mismo utilizado en el atentado con bombas del 13 de noviembre efectuado frente a la estación de radio RCN.  Ni el periódico ni los periodistas habían recibido ninguna amenaza reciente.  El Jefe de Policía del Norte de Santander, Coronel Barragán, atribuyó al ELN el ataque a las oficinas de La Opinión.[31]

 

            89.       El 26 de noviembre de 2002, un mensaje en cinta magnetofónica, supuestamente grabado por guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue entregado en la estación de Radio Catatumbo, una filial de Ocaña de la red de radiodifusoras RCN.  En el mensaje, el ELN insta a los medios de prensa de la municipalidad a "informar imparcialmente, para no sufrir ataques", en un texto similar al de las amenazas efectuadas contra la radio RCN y el diario La Opinión, en Cúcuta.  El ELN menciona también varias quejas del ELN contra el Ejército.  El gerente de Radio Catatumbo, Agustín McGregor, señaló que después de la entrega de la cinta recibió una llamada telefónica de un portavoz del Comandante "Raúl" de las divisiones Armando Cauca Guerrero y Camilo Torres, del ELN.  El jefe guerrillero lo amenazó con sufrir represalias si no hacía salir al aire la cinta en su totalidad y daba a conocer el mensaje del ELN a otros medios de prensa de Ocaña y del Departamento de Cesar meridional.  La cinta fue difundida al día siguiente.[32] 

 

90.       En diciembre de 2002, la Relatoría Especial fue notificada de que los periodistas Rocío Silva, de Emisora ABC, y Hernando Lozano, de Radio Reloj Caracol, habían sufrido continuas amenazas y hostigamiento, de parte de Miriam Llanos, presidenta del Consejo Municipal de Galapa, y su madre, Yolanda Matera, como represalia por los informes en que los periodistas criticaban algunos actos del Consejo Municipal.[33]

 

Seguimiento con relación al asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres

 

91.       En enero de 2002, el juez penal del circuito especializado de Valledupar, absolvió a Jorge Eliécer Espinel Velásquez y Rodolfo Nelson Rosado, sospechosos del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres.  Quintero Torres fue asesinado el 16 de septiembre de 1999.  Era el director del diario El Pilón.  Poco antes de su muerte había publicado una serie de artículos en que denunciaba homicidios y abusos cometidos por miembros del Ejército Nacional.  La decisión de absolver a los dos sospechosos fue apelada por el Fiscal.  La apelación está en trámite.[34]

 

92.       En 2002 se produjeron novedades en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999.  Era un popular periodista y humorista crítico de Colombia, que denunciaba y criticaba el tráfico de drogas, la corrupción política y militar y las actividades paramilitares.  Además había tomado parte en negociaciones tendientes a la liberación de personas secuestradas por las FARC y había participado como mediador en conversaciones de paz con la guerrilla el ELN.  El 13 de enero se cerró la fase de investigación del caso, prematuramente según algunos grupos de defensa de la libertad de prensa, ya que no se había investigado plenamente la posible participación de algunos integrantes del Ejército.  En marzo se llevó a juicio del caso de Garzón, cuando la Fiscalía General consideró que había pruebas suficientes para juzgar a Carlos Castaño Gil, jefe de las fuerzas paramilitares de Colombia, como supuesto autor intelectual del delito.  Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias "El Bochas", y Edilberto Sierra Ayala, alias "Toño", se mencionaban como autores materiales del asesinato.  El 16 de septiembre de 2002, el juez séptimo de la Corte Especializada de Bogotá manifestó que no podría pronunciarse sobre el caso por ser incompetente por razón de materia.  Según el Código Penal, un caso debe ser juzgado en una corte especializada si se cree que un homicidio ha sido cometido "con fines terroristas o en el marco de actividades terroristas", o si la víctima "era un funcionario público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o dirigente religioso".  El juez de la corte especializada concluyó que en ese caso el asesinato no se había producido mientras la víctima estaba actuando como periodista, y que el móvil no estaba vinculado con actividades terroristas, por lo cual carecía de jurisdicción en el caso y debía entender en el mismo una corte ordinaria.  El 23 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del juez de la Corte Especializada, concluyendo que ésta debía entender en el caso porque el delito había sido cometido con "fines terroristas"[35] 

 

93.       El 2 de octubre de 2002, la Corte Penal Especializada de Barranquilla absolvió a Alfredo de Jesús Liévano Alcocer en relación con el asesinato del periodista Carlos Lajud Catalán, ultimado el 19 de marzo de 1993 en la Ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico.  Se ha sostenido que el móvil del crimen consistía en silenciar sus críticas sobre cuestiones de corrupción en la administración regional y tráfico de drogas.  Otras dos personas eran sospechosas de haber participado en el asesinato:  Enrique Sornoza, alias Garnacha, y Bernardo Hoyos Montoya, un sacerdote, alcalde de Barranquilla en dos ocasiones y actual senador.  No obstante, Sornoza fue asesinado en 1994 y la investigación de la participación de Hoyos Montoya en el crimen fue cerrada el 5 de junio de 2002.  En consecuencia, ninguna persona está siendo investigada en relación con el crimen.  El 11 de octubre de 2002, la Fiscalía General apeló la sentencia de la Corte Penal Especializada.  El asesinato de Lajud Catalán es uno de los casos que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[36]

 

 

 

 

Legislación

 

94.       El 11 de agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe declaró estado de “Conmoción Interior”.  Conforme a la Constitución colombiana, esa declaración confiere al Presidente la potestad de dictar decretos con fuerza de ley suspendiendo las normas incompatibles con los mismos.  La declaración se efectuó como reacción frente a las graves perturbaciones del orden público causadas por el conflicto armado interno.  En septiembre de 2002 el Presidente Uribe dictó un decreto presidencial designando a 27 localidades de tres departamentos diferentes de las zonas septentrional y noroccidental de Colombia como zonas de seguridad, lo que confiere al Estado la facultad de actuar con mayor energía en su lucha contra los paramilitares y las guerrillas izquierdistas.  El decreto disponía también que todos los extranjeros que viajaran a la zona de seguridad debían obtener permiso previo del Gobierno.  El 24 de octubre el Gobierno aclaró el trámite de obtención de esos permisos.  Los periodistas extranjeros están obligados a remitir por fax una solicitud al Ministerio del Interior, indicando la empresa para la que trabajan, los lugares que se proponen visitar y la duración de su estadía.  Los extranjeros que se encuentren en la zona sin permiso pueden ser deportados.  Según un vocero del Gobierno, los periodistas no están obligados a revelar lo que se proponen informar dentro de las zonas de seguridad.  El portavoz agregó que autoridades del Ministerio del Interior estarían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para tramitar solicitudes en alrededor de una hora si fuera necesario.  Estas normas estaban destinadas a impedir el ingreso de extranjeros disimulados como periodistas para entrenar a grupos armados.  El 25 de noviembre la Corte Constitucional revocó ciertas secciones del decreto.  La Corte dispuso que la obligación de los periodistas que viajaran a las zonas en cuestión, de obtener permiso previo del Gobierno, no era aplicable a los periodistas ya acreditados.  También dispuso que otras disposiciones clave del decreto, como la admisibilidad de allanamientos sin orden judicial, los arrestos y la intercepción de comunicaciones, violan la Constitución colombiana.[37]

 

Acciones positivas

 

95.       El 24 de septiembre de 2002 la Fiscalía General anunció que asignaría 12 nuevos fiscales a una unidad dedicada a investigar ataques contra la prensa.  La unidad, que forma parte de la Fiscalía General encargada de investigar ataques contra la prensa, fue creada en mayo de 1999.  Anteriormente tenía cuatro fiscales con oficinas en Bogotá.  Al agregarse esos nuevos fiscales, la unidad dispondrá de seis fiscales en Bogotá y once más que trabajan en otros siete pueblos y ciudades distribuidos por todo el país.  La Fiscalía General adoptó esta medida frente al creciente número de delitos cometidos contra periodistas en Colombia.[38]

 

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