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Libertad de Expresión

Nicaragua

            Amenazas y agresiones

 

236.     La casa del periodista Sergio León, corresponsal del periódico La Prensa en Bluefields, fue apedreada la noche del domingo 18 de mayo de 2003. El hecho se atribuyó a delincuentes que querían intimidar al periodista debido a sus reportajes sobre la supuesta vinculación de un funcionario antidrogas y varios de sus agentes en actos de corrupción relacionados con traficantes de drogas. Días antes, León había recibido intimidaciones por parte de expendedores de narcóticos[1].

237.     Por los trabajos realizados en esa misma zona, Freddy Potoy, jefe de información de La Prensa, recibió cinco intimidaciones telefónicas en las que se amenazaba su integridad y la de su familia[2].

 

238.     El 24 de mayo de 2003, el periodista Sergio León fue amenazado en un restaurante de Managua donde se encontraba con sus colegas,  el corresponsal de La Prensa en Puerto Cabezas, Wálter Treminio, y la editora de la sección de Departamentos, Tatiana Rothschuh. Ahí  se encontraron con dos funcionarios de la policía. Uno de ellos llamó a León y le dijo: “No es en Bluefields que te van a matar”[3].

 

239.     El 2 de junio de 2003, Wálter Treminio fue amenazado por un sujeto que había enfrentado un proceso por tráfico internacional de drogas. La amenaza se dio cuando Treminio se encontraba en compañía de su colega José Adán Silva y el fotógrafo Germán Miranda, ambos de La Prensa[4]. 

 

            Legislación

 

240.     La Relatoría recibió información sobre algunos pasos para implementar la ley 372 que exige la colegiación para el ejercicio del periodismo. Al respecto, el Relator recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva No. 5 determinó que la colegiación obligatoria es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

            Progresos

 

241.     El 7 de noviembre de 2003 se presentó al Poder Legislativo una propuesta de ley de acceso a la información. El proyecto busca garantizar el acceso a documentos, archivos y bases datos en poder de los órganos del Estado, así como de instituciones que administren bienes públicos. Asimismo, la iniciativa pretende exigir el establecimiento de oficinas de acceso a la información en cada institución del Estado sujeta a la propuesta, con el objetivo de facilitar el acceso a la información. La Relatoría seguirá con atención el desarrollo del debate en torno a esta iniciativa.

 

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