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Libertad de Expresión

Guatemala

115.     El Relator Especial para la Libertad de Expresión participó en la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala en el mes de marzo de 2003.

 

116.     Al finalizar su visita, la Comisión manifestó su preocupación en relación con el aumento en las amenazas y los actos de hostigamiento a los periodistas, en especial a aquellos que cubren investigaciones de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por la inexistencia de reglamentación sobre las concesiones de televisión y radiodifusión que tome en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos, particularmente en relación con la inclusión de los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los jóvenes[1].

 

117. En noviembre de 2003, la CIDH aprobó un informe sobre la Administración de Justicia y el Estado de Derecho en Guatemala. En él se incluye un capítulo sobre la situación de la libertad de expresión preparado por la Relatoría a solicitud de la Comisión.

 

118.     El informe reporta que la Comisión, a través de la Relatoría, ha recibido información en los últimos años que indica que en Guatemala el ejercicio de la libertad de expresión ha provocado asesinatos e intimidaciones contra comunicadores sociales, con un incremento preocupante en el año 2003, en perjuicio, sobretodo, de periodistas de investigación y defensores de derechos humanos. Estos ataques se destinan a silenciar las denuncias e investigaciones de violaciones perpetradas en el pasado o sobre asuntos políticamente sensibles.

 

119.     Este apartado retoma parte de los hechos de 2003 relatados en ese informe, actualiza algunos de ellos e incorpora otros. 

 

120.     Distintos sectores de la sociedad civil reclamaron una visita de la Relatoría Especial. El 11 de abril el Relator remitió al Estado una propuesta de fechas para realizarla durante el mes de julio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta del Estado.

 

            Secuestro

 

121.     El 26 de octubre de 2003, en Huehuetenango, cuatro periodistas del diario La Prensa y el piloto Hilario Guerra, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Fueron retenidos por un grupo de exintegrantes de las Patrullas de Auto Defensa Civil (conocidos como exPAC), para forzar al Estado al pago de una indemnización por haber ayudado al ejército durante la guerra de los años ochenta. El Relator emitió un  comunicado en el que condenó el secuestro de los periodistas y exigió su inmediata liberación[2]. Ese día, Fredy López y Emerson Díaz se dirigían a cubrir un mitin político del candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Efraín Ríos Montt, en La Libertad, cabeza de Huehuetenango, cuando encontraron que un grupo de expatrulleros había bloqueado la carretera para exigir el pago. Los reporteros fueron retenidos por los manifestantes.  Tras conocerse el hecho, Alberto Ramírez y Mario Linares se dirigieron al lugar acompañados por dos representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Thelma Schaub  y Henry Hernández que debían negociar la liberación. Pero los reporteros fueron detenidos, mientras que los funcionarios de la PDH lograron escapar. Los manifestantes accedieron a liberar a los rehenes luego de 51 horas de cautiverio a cambio de ingresar en un programa de resarcimiento que el gobierno ofreció a los exPAC[3].

 

            Agresiones y amenazas

 

            122.     Durante el año, en dos ocasiones, la Relatoría manifestó su profunda preocupación por las amenazas y agresiones a periodistas de Guatemala, cuyo número se incrementó durante los meses de junio y julio de 2003 [4].

 

            123.     Tal y como lo expresó la Comisión, es preocupante la información recibida respecto de la falta de avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de estos ataques y acciones intimidatorias. La impunidad en la investigación de estos hechos contribuye a crear un ambiente de intimidación y amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e investigación en Guatemala, pues desalienta la denuncia de actos violatorios de los derechos humanos. A la vez, tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión al enviar un mensaje alentador a los perpetradores de dichos crímenes, quienes se encuentran amparados por un patrón de impunidad que les permite continuar con su accionar.

 

            124.     Durante su visita in loco, la Comisión fue informada sobre la presentación de 75 denuncias de amenazas a periodistas ante el Fiscal Especializado en Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, de los cuales se reportan aquí algunos de los casos paradigmáticos.

 

            125.     El 24 de enero de 2003, desconocidos cortaron el cable de alta tensión que alimentaba la planta de transmisión de la estación radiofónica Pop 95.1 F.M. en Chimaltenango. La emisora salió del aire por cuatro días. Según el director del medio, Concepción Cojón Morales, el hecho podía estar relacionado con denuncias de los conductores relativas a actos de corrupción, incumplimiento de los acuerdos de paz y  el resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

 

126.     El 2 de marzo de 2003, varios hombres ingresaron a la casa de la columnista de Prensa Libre y presentadora de un programa radiofónico, Marielos Monzón Paredes, registraron sus pertenencias pero no sustrajeron objetos de valor[5]. Posteriormente, la periodista recibió siete llamadas telefónicas a su celular en las que se le amenazaba. Anteriormente, Monzón había recibido otras amenazas que estarían relacionadas con sus publicaciones sobre los hechos acaecidos a la familia Azmitia Dorantes, cuyo caso está en conocimiento de la CIDH. Asimismo, la periodista informó haber recibido llamadas intimidatorias después de la publicación de una columna relacionada con el asesinato del líder indígena Antonio Pop. Los intimidadores la amenazaron con correr la misma suerte. El 18 de marzo de 2003, la CIDH solicitó al Estado guatemalteco la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de la periodista[6].

 

127.     En mayo de 2003, el director del radioperiódico La Noticia, Pablo Rax, en Cobán, Alta Verapaz, recibió amenazas telefónicas de personas desconocidas quienes le instaban a abstenerse de hacer investigaciones periodísticas, y le advertían que “tuviera cuidado” pues le estaban “marcando los pasos” y que dejara de decir “cosas que no le interesaban”. Rax, quien también es corresponsal de Guatevisión, había elaborado algunos reportajes sobre el narcotráfico en Alta Verapaz y había denunciado algunos actos de corrupción. [7]

 

128.     El periodista y conductor del programa Somos de Hoy, transmitido por Radio Xocomil Stéreo, en Sololá, Edgar René Sáenz, denunció que desde el 4 de junio de 2003 había recibido llamadas telefónicas en las que se le amenazaba de muerte e incluso había sido intimidado en forma personal cuando un grupo de desconocidos llegaron a su trabajo para advertirle que dejara de informar “del asunto”. Sáenz ha denunciado actos de corrupción del gobierno, narcotráfico y anomalías en los centros de salud pública. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó medidas a la Policía Nacional Civil[8].

 

129.     José Rubén Zamora, periodista y presidente de El Periódico, y su familia, fueron agredidos y amenazados por 12 sujetos fuertemente armados, quienes irrumpieron en su residencia el 24 de junio de 2003 a las 8:30 horas. Zamora, su esposa, sus tres hijos (de 13, 18 y 26 años) y una trabajadora doméstica fueron maniatados, intimidados y agredidos por más de dos horas. Al salir de su casa, los sujetos le advirtieron: “no se meta con los de arriba” [9]. Dos días después del hecho, Zamora denunció que tres vehículos con vidrios polarizados lo habían seguido cuando se dirigía de su casa hacia la sede de El Periódico. Asimismo, varios integrantes del personal del diario recibieron amenazas telefónicas en las que se les advertía: “pronto aparecerán publicadas sus esquelas junto a las de José Rubén Zamora”[10]. El 27 de junio, el periodista informó que, debido a las intimidaciones y las presiones, debía sacar a su familia del país[11]. El Relator, Eduardo Bertoni, expresó su grave preocupación sobre las amenazas recibidas por Zamora mediante un comunicado difundido el 7 de julio de 2003[12]. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la CIDH a favor de Rubén Zamora. Se solicitó información al Estado.

 

130.     Luis Barillas, director del noticiario La Voz de la Parroquia, de Radio San Pablo, corresponsal de Prensa Libre en Rabinal, Baja Verapaz, y periodista de Nuestro Diario, denunció haber recibido, en la noche del 23 de junio de 2003, una llamada telefónica en la que le advertían: “Esta es la primera advertencia pacífica, y ya es tiempo de que te callés”. Al día siguiente, recibió otra llamada en la que se le decía: “Te vas a morir, puede ser que sean semanas o meses, pero te vas a morir”. De acuerdo con el periodista, las intimidaciones estarían relacionadas con un mitin político en Rabinal en el que fue apedreado Efraín Ríos Montt, candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), realizado el mismo día en que eran inhumadas 70 osamentas de víctimas del conflicto armado interno[13]. El periodista denunció las intimidaciones ante el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. El 4 de julio, desconocidos lanzaron una bomba casera a su residencia. No hubo heridos ni daños materiales. Al día siguiente, la hermana del periodista recibió un mensaje anónimo con amenazas[14].

 

131.     La corresponsal del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) en Baja Verapaz, Carmen Judith Morán Cruz, fue amenazada de muerte la noche el 29 de junio de 2003, cuando recibió dos llamadas telefónicas en su casa. Un desconocido le advirtió: “te doy 24 horas para que renunciés a Cerigua, porque ya me colmaste la paciencia por las publicaciones que hacen allí. Si no cumplís con esto, vos y tu familia sufrirán las consecuencias” [15]. Diez minutos más tarde recibió otra llamada en los mismos términos[16].  El jueves 3 de julio, recibió una nueva llamada telefónica en la que se le reiteraba la intimidación[17] por una persona que aseguró tener controlados los movimientos de la periodista. Las intimidaciones habrían estado relacionadas con su cobertura de las exhumaciones de cementerios clandestinos donde descansaban los restos de civiles masacrados en 1981, durante la guerra civil de Guatemala y sobre un mitin político en el que el candidato Ríos Montt, del Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG), había sido apedreado y abucheado[18].

 

            132.     El 3 de julio de 2003, sujetos desconocidos ingresaron por la fuerza a la residencia del periodista de investigación Luis Eduardo de León, de El Periódico. Los desconocidos se llevaron la computadora, varios disquetes con información relacionada con su trabajo y  documentos pertenecientes a la esposa de León, quien había trabajado varios años en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA)[19].

 

133.     El 8 de julio de 2003, Angel Martín Tax, reportero de Radio Sonora y corresponsal de Prensa Libre y Nuestro Diario en Alta Verapaz encontró, frente a la puerta de su casa, un recipiente con flores, lo cual es considerado en Guatemala como un símbolo fúnebre.  Con anterioridad, en mayo y junio, Tax había sido objeto de amenazas de muerte en cuatro ocasiones. El periodista denunció el hecho a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio Público y a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)[20].

 

134.     El 11 de julio de 2003, la periodista Claudia Méndez Arriaza recibió una llamada en la que se le transmitió una amenaza contra el director de El Periódico, Juan Luis Font[21]. El 23 de julio, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Font.

 

135.     El 11 de Julio de 2003, hombres armados irrumpieron en la planta de producción de Nuestro Diario y, tras preguntar    por varios empleados, dispararon varias veces. Directivos de ese diario también denunciaron ser blanco de persecución por vehículos no identificados.

 

136.     El 24 de julio de 2003, manifestantes con rostros cubiertos, armas de fuego, palos y machetes, rodearon la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos, en protesta por la suspensión del proceso de inscripción del candidato del Frente Republicano Guatemalteco, Efraín Ríos Montt. Durante las protestas, falleció el periodista de Radio Sonora y Noti 7, Héctor Ramírez, de 62 años al sufrir un ataque cardiaco cuando intentaba huir de una turba de manifestantes[22]. Juan Carlos Torres, fotógrafo del matutino El Periódico, y Héctor Estrada, camarógrafo del canal de televisión Guatevisión, huyeron luego de que los manifestantes los rociaran con gasolina en un intento por quemar a ambos periodistas[23]. El 25 de julio de 2003, la Comisión emitió un comunicado condenando los hechos de violencia e instando al estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física de todos los guatemaltecos y para asegurar el Estado de Derecho[24].

 

137.     En los días siguientes a los hechos del 24 de julio de 2003, varios comunicadores reportaron amenazas. El director del noticiario Guatevisión, Haroldo Sánchez, denunció haber sido amenazado de muerte vía telefónica y por correo electrónico. Reporteros y camarógrafos de dicho medio también habrían sido objeto de ataques verbales.[25]

138.     Durante el mes de julio de 2003 se tuvo información sobre intimidaciones a varios periodistas en el interior del país. En Zacapa, los periodistas Juan Carlos Aquino, conductor del noticiario Punto Informativo, y Nehemías Castro, director del programa televisivo Personajes, denunciaron nuevas agresiones en su contra luego de haber informado sobre la movilización de simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y denunciado la presunta manipulación política de varios campesinos y maestros para que apoyaran acciones violentas a favor del partido oficial[26].

 

139.     El 18 de agosto de 2003, el periodista Juan Carlos Aquino, conductor del radionoticiario Punto Informativo de Radio Novedad, en Zacapa, y corresponsal de Radio Punto, denunció, de nuevo, haber recibido amenazas vía telefónica[27].

 

140.     El 30 de julio de 2003, el periodista Edwin Perdomo, corresponsal de Prensa Libre y de Radio Punto en Puerto Barrios, Izabal, denunció haber recibido llamadas telefónicas en las que se le advertía que debía dejar de difundir noticias sobre el FRG o, de lo contrario, correría la misma suerte que el periodista Mynor Alegría, asesinado en septiembre del 2001. El noticiario de Perdomo había denunciado, previamente, supuestas anomalías cometidas por funcionarios públicos[28]. El periodista solicitó protección por parte de la Policía Nacional Civil.

 

141.     El periodista Carlos René Torres, conductor del programa televisivo Diálogo, denunció ante la  Procuraduría Auxiliar de los Derechos Humanos (PDH) de Chiquimula, que personas  desconocidas lo estaban hostigando vía telefónica, exigiéndole que cambiara el formato de su programa, y que, si no lo hacía, él o alguno de sus familiares podía morir. Torres dio a conocer, además, que la noche del 10 de agosto de 2003, después de salir de su trabajo y abordar su motocicleta, un vehículo tipo sedán de color oscuro y vidrios polarizados lo persiguió por varias cuadras y trató de arrollarlo, por lo que exigió a las autoridades que le brindaran protección. La oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos en Chiquimula interpuso un recurso de exhibición personal a favor del periodista y solicitó el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)[29].

 

142.     El 26 de septiembre de 2003 durante un mitin político en Ixcán, Quiché, opositores  al candidato Ríos Montt se enfrentaron a golpes con sus simpatizantes.   Los periodistas que cubrían el hecho fueron agredidos.

 

143.     En Octubre de 2003, los periodistas de Suchitepéquez Cristian Soto, de Radio Punto; Luisa Ortiz, de Canal TV Imagen; Julio Rodas, de Nuestro Diario; Fredy Rodas, de Prensa Libre; Saúl de León, de Radio Santa Bárbara, y Nery Morales, del circuito de cable Canal Optimo, de la cadena Intercable,  denunciaron ante el Ministerio Público haber sido amenazados tras denunciar actos de corrupción[30].

 

144.     El 9 de noviembre de 2003, día de la primera ronda de elecciones presidenciales, fueron agredidos los reporteros Ramiro Sandoval y Nery Gallardo, del noticiario Video Noticias cuando cubrían los comicios en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Los comunicadores denunciaron al Ministerio Público que correligionarios del FRG les robaron parte de su equipo e intentaron agredirlos[31].

 

            Acceso a la información

 

145.     El 15 de enero de 2003, el Presidente ordenó que se vedara el acceso a la prensa al acto de entrega de dividendos en la Portuaria Quetzal, en Escuintla, donde guardias armados custodiaban la entrada a las instalaciones para evitar la entrada de reporteros[32].

 

146.     El 20 de enero de 2003, el personal de seguridad del Presidente Alfonso Portillo impidió a un grupo de periodistas ingresar a un acto público en una Escuela de Zacapa[33]. El 21 de enero, de forma unánime, el Congreso aprobó un punto resolutivo por medio del cual condenó la violación del artículo 35 de la Constitución en que habría incurrido el Presidente por negar el acceso a la prensa. [34]

 

147.     El 28 de enero de 2003, se negó el acceso a la Cancillería a un grupo de periodistas que pretendían cubrir la develación, por parte del Presidente, de un busto de Benito Juárez.

 

148.     El 9 de abril de 2003, el entonces Presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, dijo a los periodistas que requerían documentos relacionados con la ejecución presupuestaria de los años 2001 y 2002, que cualquier información debían pedirla por escrito a la Junta Directiva. Sectores de prensa y de derechos humanos condenaron la actitud por considerarla un obstáculo al acceso a la información[35]. Esta información fue reiterada al Relator durante la visita de la Comisión.

 

            149.     La Relatoría recibió información sobre la tramitación en el Congreso de distintos proyectos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información. Hasta la culminación de este informe no se habían sancionado.

 

            Otros

 

150.     En su visita in loco, la Relatoría también recibió información sobre un incremento en la citación de periodistas por parte del Ministerio Público para que revelaran sus fuentes de información. Entre ellos, figura la citación de representantes del El Periódico quienes se negaron a responder al citatorio para garantizar la protección de las fuentes.

 

151.     El director de ese medio, José Rubén Zamora, fue citado por León Argueta, Fiscal General de la República, para que aportara pruebas que obraban en su poder en relación con un reportaje que vinculaba a Argueta con una empresa que había incumplido una obra pública. Al periodista se le dijo que si no aportaba las pruebas, sería conducido por la  Fuerza Pública ante la Fiscalía contra la Corrupción. Finalmente, Zamora debió enviar por escrito los documentos en los que se basó el reportaje.[36]

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