Libertad de Expresión
Estados Unidos
Acciones judiciales
104. El 10 de octubre de 2003, el Juez Thomas Penfield Jackson, del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, ordenó a los periodistas Jeff Gerth y James Risen (New York Times), Robert Drogin (Los Angeles Times), H. Josef Hebert (The Associated Press) y Pierre Thomas (CNN, ahora trasladado a ABC) que revelaran las fuentes confidenciales que utilizaron para escribir sus artículos sobre el Dr. Wen Ho Lee, ex científico del laboratorio de armamentos de Los Alamos, New Mexico. El juez también ordenó que los periodistas entregaran a los abogados del Dr. Lee notas y demás material que habían recopilado cuando prepararon los artículos, dictaminando que las protecciones de la Primera Enmienda para periodistas contra intervención del gobierno habían sido contrarrestadas en este caso por la necesidad de que los abogados del Dr. Lee aportaran pruebas de las filtraciones gubernamentales. Al momento de redactarse este documento, The New York Times y Associated Press se disponían a apelar y otros medios noticiosos estaban estudiando la decisión del juez.[1] El Relator Especial subraya el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.”
105. El 27 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido de revisión de la decisión del Tercer Tribunal de Apelaciones de Circuito en el caso de North Jersey Media Group, Inc. c. Ashcroft.[2] El Tercer Tribunal de Circuito había dictaminado que no existía un derecho constitucional de acceso público a las audiencias de deportación. Este dictamen contradecía el dictamen impartido por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito en el caso similar de Detroit Free Press c. Ashcroft, en el que el tribunal concluyó que existía en efecto un derecho. La Corte Suprema no reveló las razones de la desestimación del pedido de revisión.[3]
106. En junio de 2003, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminó en el caso del Center for National Security Studies c. Departamento de Justicia[4], en el que concluyó que el gobierno puede retener, por razones de seguridad nacional, información sobre más de 1.100 extranjeros detenidos desde el 11 de septiembre.[5] La decisión revocaba en parte una decisión de una instancia inferior por la que se ordenaba la divulgación pública de parte de la información solicitada. Actualmente está pendiente ante la Suprema Corte un pedido de revisión.
Legislación
107. En junio de 2003, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) aprobó varias reformas a su normativa, incluyendo una flexibilización de las normas que rigen la propiedad cruzada de periódicos y estaciones de televisión o radio en la misma ciudad, una flexibilización de los límites nacionales a la propiedad de televisión, y una flexibilización de las normas que rigen la múltiple propiedad de estaciones de TV locales.[6] Muchos funcionarios públicos, grupos de la sociedad civil y particulares de la sociedad civil, han expresado su preocupación por estas modificaciones, pues consideran que fomentarán la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y reducirán la diversidad de opiniones que se expresan en los mismos. Una coalición de grupos de control de los medios de comunicación inició una acción ante un tribunal federal impugnando las normas y el 3 de septiembre, el día previo al fijado para la entrada en vigor de las normas, el tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos de Filadelfia ordenó una suspensión de emergencia hasta que se efectuara una revisión completa.[7] La audiencia en este caso está fijada para febrero de 2004.[8] Tanto el Senado como la Cámara de Representantes han estado considerando propuestas legislativas que derogarían las nuevas normas.[9] Ambas cámaras del Congreso incluyeron cláusulas en las leyes de asignación de recursos que no asignan fondo alguno a la Comisión Federal de Comunicaciones para la implementación de los cambios en los límites a la propiedad nacional.[10] Sin embargo, en diciembre, estas cláusulas fueron eliminadas en las negociaciones parlamentarias finales.[11]
Acceso a la información
108. En marzo de 2003, el Pentágono impartió una directiva a las bases militares estadounidenses prohibiendo las ceremonias y la cobertura periodística del traslado a Estados Unidos del personal militar fallecido. La política ya existía pero no se había aplicado con rigor hasta que se impartió la directiva de marzo. Muchos críticos han argumentado que la razón de la actual aplicación de la política es evitar una opinión pública negativa en relación con las actividades militares de Estados Unidos.[12]
109. En 2003, el Gobierno de EstadosUnidos siguió restringiendo la obtención y publicación de información por parte de los periodistas acerca de las identidades y la situación de los prisioneros que Estados Unidos mantiene en su base de Guantánamo, Cuba. Los periodistas que visitaron la base no pueden comunicarse con los prisioneros ni identificarlos, no pueden tomar fotografías con base en las cuales puedan identificar a los prisioneros, no pueden registrar sus comentarios ni dar cobertura a la transferencia de prisioneros entre las distintas partes de la base. Las autoridades han adoptado medidas para asegurar que no se obtenga esa información. Por ejemplo, el 20 de junio de 2003, se incautó equipo a personal de la BBC que trabajaba para “Panorama”, un programa de actualidad de la televisión. Se borraron los registros en que se podía escuchar a los prisioneros formular preguntas a gritos a los periodistas que visitaban el centro de detención Camp Delta de Guantánamo. Vivian White, una periodista que respondió a las preguntas de los prisioneros sobre si se trataban de periodistas, fue confinada en un edificio a cierta distancia del campamento. También se prohibió a los periodistas que formularan preguntas a los oficiales sobre investigaciones u operaciones en curso o futuras en Guantánamo. Se advirtió a los periodistas que a quienes violaran esta política se les podría restringir su acceso a la base, podrían ser retirados de la base y/o el Departamento de Defensa podría revocar sus credenciales de periodistas. A mediados de octubre, la política fue modificada; ya no se prohíbe que los periodistas planteen estas preguntas, pero las autoridades tienen una política oficial de no responder.[13]
Evolución positiva
110. Jonathan Walters y Robert Steiner, dos ex bomberos, y Joseph Locurto, un ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, fueron despedidos a pedido de Rudolph Giuliani después que desfilaron con la cara pintada de negro el Día de los Trabajadores, en 1998, en Broad Channel, Queens (Giuliani era Alcalde en ese entonces). En junio de 2003, el juez John E. Sprizzo, del Tribunal Federal de Distrito, concluyó que sus acciones, por inapropiadas que fueran, “constituían un discurso en una cuestión de interés público”. Giuliani atestiguó que había pedido su despido por temor a disturbios civiles. El juez Sprizzo concluyó que eran despedidos “en respuesta al contenido de su discurso y por razones de percepción pública y el impacto político que se preveía derivaría de ello”. El juez pidió a las partes que presentaran información sobre si era adecuado, en el caso, disponer daños punitivos (a diferencia de la indemnización por daños, los daños punitivos tienen el propósito de castigar los actos ilícitos y disuadir las malas conductas). Los abogados de Walters, Steiner y Locurto reclaman daños punitivos sólo contra el Sr. Giuliani y no sus coacusados, Howard Safir (ex comisionado de la policía) y Thomas Von Essen (ex comisionado de los bomberos).[14]
111. El 7 de agosto de 2003, un juez federal de Manhattan (Charles S. Haight Jr., del Tribunal Federal de Distrito) criticó a oficiales de la policía por la manera en que interrogaban a los manifestantes contra la guerra de Irak, a comienzos de 2003, y dejó en claro que los abogados defensores de las libertades civiles podrían acusar al Municipio de desacato contra el Tribunal en el futuro, si la policía violaba los derechos de los ciudadanos. Los comentarios del juez fueron expresados tras evidencias de que la policía había interrogado a los manifestantes acerca de sus opiniones sobre la guerra y habían preguntado si odiaban a Bush, si habían viajado al Africa o al Oriente Medio y cuál podría ser la diferencia si Gore fuera presidente. Haight dijo que estos hechos revelaban una “demostración de ignorancia operativa de parte de los más altos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York.” En febrero, Haight modificó la orden judicial que había restringido la capacidad de la policía de Nueva York para controlar a los grupos políticos, después que oficiales de la policía habían expresado que necesitaban más flexibilidad para investigar el terrorismo. El 7 de agosto, el juez no impuso nuevas restricciones a la policía ni decidió de una u otra manera que las interrogaciones violaban los derechos constitucionales de los manifestantes. Sin embargo, dijo que incorporaría las normas recientemente flexibilizadas a un decreto judicial en el que quedaría en claro que los abogados podían acusar al Municipio por desacato si consideraban que una violación de las normas también violaba los derechos constitucionales de las personas.[15]
Otros
112. En marzo de 2003, el fiscal de Estados Unidos J. Strom Thurmond, Jr. interpuso una denuncia por cargos federales contra Brett Bursey al amparo de una ley raramente aplicada que permite que el Servicio Secreto restrinja el acceso a las zonas que visita el presidente. Los cargos derivaron de la presencia del Sr. Bursey en momentos en que el presidente Bush pronunciaba un discurso en el Aeropuerto Metropolitano de Columbia, (Carolina del Sur) el 24 de octubre de 2002, en el que portaba un cartel de protesta contra la guerra en Irak. El Sr. Bursey se encontraba entre una multitud de miles de personas que se habían reunido para dar la bienvenida al presidente. La policía individualizó al Sr. Bursey por el contenido del cartel y le dijo que tenía que ir a la zona designada para la protesta, ubicada a más de medio kilómetro de donde se estaba pronunciando el discurso. Cuando desobedeció la orden, fue arrestado por invasión. Después de desestimarse los cargos por invasión, un fiscal de Estados Unidos presentó acusaciones federales que están aún pendientes. De ser condenado, el Sr. Bursey enfrenta una multa máxima de US$ 5.000 y hasta seis meses de prisión.[16] En junio de 2003, un grupo de 11 miembros de la Cámara de Representante de Estados Unidos escribió una carta al Procurador General John Ashcroft pidiéndole que desestimara el caso y cuestionando la práctica de establecer “zonas de libertad de expresión” para los manifestantes en las apariciones públicas del presidente.[17]
113. En septiembre de 2003, la American Civil Liberties Union inició una acción en nombre de cuatro grupos políticos progresistas contra el gobierno de Bush, acusándolo de que el Servicio Secreto aleja sistemáticamente a los manifestantes de las zonas de aparición pública del presidente Bush. En muchos casos, los críticos han quedado restringidos a “zonas de protesta” durante las apariciones del presidente de Estados Unidos. Estas zonas de protesta con frecuencia están ubicadas lejos de donde se encuentra el Presidente y en lugares donde es muy difícil que los vea y los escuche el Presidente y numerosos integrantes del público.[18]
114. A lo largo de 2003, el Relator Especial recibió información que denunciaba las acciones de los militares estadounidenses para con los periodistas en las zonas de guerra. Los críticos alegan que los efectivos de Estados Unidos no han adoptado precauciones adecuadas para evitar heridas o muertes de periodistas y que los efectivos han acosado a los periodistas en el curso de su labor[19]. El Relator Especial se siente preocupado porque estas acciones puedan impedir el flujo de información sobre las actividades militares de Estados Unidos al público.
[1] Christopher Marquis, “Name Sources, Judge Orders Five Reporters,” New York Times, 15 de octubre de 2003; Reporteros Sin Fronteras (RSF)16 de octubre de 2003, www.rsf.org
[2] Por un análisis de North Jersey Media Group, Inc. c. Ashcroft y Detroit Free Press c. Ashcroft, véase el Informe Anual de 2002 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, capítulo II, párr. 128.
[3] Reporters Committee for Freedom of the Press, Homefront Confidential, Fourth edition, septiembre de 2003, disponible en http://www.rcfp.org/homefrontconfidential
[4] Por un análisis del caso National Security Studies c. Departamento de Justicia, véase el Informe Anual de 2002 de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, capítulo II, párr. 127. en: OEA/ser.l/V/II.117 Doc.5 rev.1 7 de marzo 2003.
[5] Reporters Committee for Freedom of the Press, Homefront Confidential, Fourth edition, septiembre de 2003, disponible en http://www.rcfp.org/homefrontconfidential ; Linda Greenhouse, “Justices Face Decision on Accepting 9/11 Cases, New York Times, 3 de noviembre de 2003.
[6] FCC News, 2 de junio de 2003.
[7] Reporters Committee for Freedom of the Press, 5 de septiembre de 2003; Capitol Broadcasting Company, 5 de septiembre de 2003.
[8] Capitol Broadcasting Company, 27 de octubre de 2003.
[9] “The politics of big media”, The Economist, 13 de septiembre de 2003; William Safire, “The Senate Says No.” New York Times, 17 de septiembre de 2003.
[10] Eric Pianin y Marc Kaufman, “Lawmakers Defy Bush on Media Rules, Washington Post, 20 de noviembre de 2003.
[11] Dan Morgan, “House Passes $328 Billion Spending Bill”, Washington Post, 9 de diciembre de 2003.
[12] “Curtains Ordered for Media Coverage of Returning Coffins”, Washington Post, 21 de octubre de 2003; El País (España), “EEUU oculta a sus soldados muertos”, 29 de octubre de 2003.
[13] Reporteros sin Fronteras (RSF), 10 y 14 de octubre de 2003, www.rsf.org
[14] Benjamin Weiser, “Lawyers Seek Damages form Giuliani in Parade Case”, New York Times, 12 de agosto de 2003.
[15] Benjamin Weiser, “Judge Criticizes Police Methods of Questioning War Protesters,” New York Times, 8 de agosto de 2003.
[16] Leslie Eaton, “A Flashback to the 60s for an Antiwar Protester”, New York Times, 27 de abril de 2003; Eunice Moscoso, “Suit claims Secret Service violates protesters’rights”, Atlanta Journal-Constitution, 24 de septiembre de 2003; Henry Eichel, “Speech Zone Case Pulls Eyes To South Carolina”, Charlotte Observer, 31 de agosto de 2003.
[17] Henry Eichel, “Speech Zone Case Pulls Eyes To South Carolina”, Charlotte Observer, 31 de agosto de 2003; All Things Considered, National Public Radio, 25 de julio de 2003, transcripción disponible en http://www.scpronet. com/nprtranscript.html ; “Congressmen ask Ashcroft to drop Bursey prosecution,” Associated Press, publicado el 27 de mayo de 2003 en http://www.thestate.com/mld/thestate/news/local/5955253.htm
[18] Editorial, “The Presidential Bubble,” New York Times, 25 de septiembre de 2003; www.aclu.org ; Eunice Moscoso, “Suit claims Secret Service violates protester’s rights”, Atlanta Journal-Constitution, 24 de septiembre de 2003.
[19] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en: www.cpj.org; Reporteros sin Fronteras (RSF) en: www.rsf.org; Human Rights Watch, Diciembre de 2003, http://hrw.org/reports/2003/usa1203