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Libertad de Expresión

Ecuador

100.     Durante el año, la Relatoría recibió información sobre relaciones tensas entre la Presidencia del Ecuador y la prensa. La Relatoría entiende que la relación entre la prensa independiente y quienes ejercen la función pública supone, en determinadas ocasiones, un buen grado de discrepancia. La Relatoría también entiende los esfuerzos de los funcionarios de responder a las críticas. Sin embargo, preocupa a la Relatoría el que, en varias ocasiones durante el presente año, se recibiera información sobre anuncios del Presidente en relación con intenciones de emprender reformas legales o invocar legislación que podría limitar la libertad de expresión. La Relatoría valora positivamente el que, en todos los casos, el Estado haya desistido de emprenderlos.

 

            Agresiones y amenazas

 

101.     El 21 de septiembre de 2003, se hizo llegar al diario El Comercio, una condolencia, a manera de parte mortuorio en la que se anunciaba el fallecimiento de Kintto Lucas- del periódico alternativo Tintají-, de Pablo Dávalos- analista de varias radios y periódicos-, de Marlon Carrión, Marlene Toro y Mauricio Ortiz- periodistas de la agencia alternativa de prensa Pachacámac[1]. La nota de condolencia estaba suscrita por Fernando María Buendía, uno de los nombres usados en anteriores amenazas atribuidas al grupo clandestino Legión Blanca[2]. El texto del parte no llegó a publicarse, pero el diario informó a los comunicadores de la amenaza. Según la información recibida, Kintto Lucas había recibido amenazas previamente.

 

            Acciones judiciales

102.     El 29 de mayo de 2003, el Exministro de Salud del Ecuador, Rodrigo Fierro y articulista del diario El Comercio,  escribió un artículo titulado Febres Cordero en su sitio, en el cual criticaba al Expresidente de la República y diputado socialcristiano, León Febres Cordero, por su presunta injerencia político partidista en la función judicial y lo señalaba como uno de los causantes de una quiebra bancaria de Ecuador. Posteriormente, Febres Cordero presentó una querella por injurias calumniosas y no calumniosas graves contra Fierro. El 19 de septiembre, el juez  Luis Mora sentenció al articulista a seis meses de prisión por injurias calumniosas. El 22 de septiembre de 2003, Fierro presentó un recurso de apelación cuya audiencia se celebró el 28 de noviembre. Al finalizarse este informe, el recurso no se había resuelto. A pedido de Fierro, la Corte Suprema decidió investigar las actuaciones del juez Mora, de quien Fierro cuestionó su imparcialidad dadas sus vinculaciones al Partido Socialcristiano. Los cuatro magistrados que debían estudiar las supuestas irregularidades cometidas por el Juez, determinaron que Mora no cometió ilegalidad en el proceso. Según el informe de dichos magistrados, Mora actuó en el juicio por disposición del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyas autoridades le encargaron los procesos del Juzgado Tercero en lo Penal[3].

 

            Acceso a la información

 

103.     En enero de 2003, la Relatoría recibió información sobre quejas de trabajadores de los medios de comunicación que cubrían la Presidencia de la República quienes tuvieron dificultades para acceder a determinada información y a ciertos funcionarios gubernamentales. Entre otros problemas, les fue difícil conocer con la debida anticipación la agenda de actividades diarias del Presidente Lucio Gutiérrez y obtener información relacionada con los decretos firmados por éste y los nombramientos de los diversos funcionarios gubernamentales. [4] Durante ese mismo mes, la secretaría de Comunicación de la Presidencia tomó las primeras decisiones con miras a la agilización de la entrega de información oficial sobre las actividades del Ejecutivo[5].

 

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