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Libertad de Expresión

Costa Rica

            Investigación sobre el Asesinato de Parmenio Medina Pérez

 

76.       El Ministerio Público continuó con la investigación del asesinato del director del programa radiofónico La Patada, Parmenio Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio del 2001. Entre diciembre del 2002 y enero de 2003 se levantaron cargos contra Luis Aguirre Jaime, supuesto autor material del crimen; Andrés Chaves Matarrita, de quien se sospecha haber colaborado con los homicidas y John Gutiérrez Ramírez, presunto mediador entre los autores materiales y los supuestos autores intelectuales. Otro supuesto autor material habría sido César Murillo, quien falleció el 17 de mayo del 2002 durante un enfrentamiento con los policías que atendieron el asalto a un banco[1].  El 26 de diciembre de 2003, la Fiscalía detuvo al empresario Omar Luis Chaves. En la madrugada del día siguiente también se apresó al sacerdote católico Mínor Calvo. La Fiscalía investiga a Calvo y Chaves como sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato de Medina[2]. El 28 de diciembre un juez penal les dictó una orden de prisión preventiva por seis meses[3].

 

            Acciones Judiciales

 

            77.       El 17 de junio de 2003, Karla Herera Masís, codirectora del noticiario Telenorte, que se transmite en la Zona Norte del país, fue absuelta en un juicio por difamación. La demanda, se planteó a raíz de una serie de reportajes difundidos entre el 27 de mayo y el 1° de junio de 2003 relacionados con los manejos irregulares en un proyecto de vivienda social.

            Legislación

 

78.       La Relatoría ha recibido información constante sobre la tramitación en distintas comisiones y en el plenario de la Asamblea Legislativa de diversos proyectos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información. Particularmente, ha sido informado sobre un Proyecto de Libertad de Expresión y Prensa -que pretende modificar algunos aspectos de la legislación vigente sobre delitos contra el honor, e incluir el secreto profesional-, así como del proyecto de reforma general al Código Penal.

 

            Acceso a la información

 

79.       La Relatoría recibió información sobre varios avances jurisprudenciales en materia de acceso a la información.

 

80.       El 4 de marzo de 2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigió a la Caja Costarricense del Seguro Social entregar una base de datos con información sobre pensiones al periódico La Nación.

 

81.       El 2 de mayo de 2003, el mismo tribunal constitucional, mediante el voto 2003-03489, dispuso que las cuentas bancarias de personas jurídicas privadas, cuando han recibido transferencias de aportaciones a las campañas de partidos políticos, no están cubiertas por el secreto bancario pues en ese caso la información sobre las cuentas deja de ser privada y se tornaría de interés público[4].

 

82.       El 1 de octubre de 2003, la Sala Constitucional resolvió que el Banco Hipotecario de la Vivienda debía entregar al periódico La Nación, una base de datos con la información sobre las personas que habían recibido subsidios para la construcción de viviendas de interés social[5].

 

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