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Libertad de Expresión

Chile

            Agresiones

 

46.       El 3 de septiembre de 2003, Domingo Kokisch, ministro de la Corte Suprema, citó a su despacho a la periodista Ximena Marré y al editor Mario Ovalle, ambos del periódico El Mercurio, para aclarar una información publicada en ese medio sobre un caso de robo de información financiera clasificada. Durante esa reunión, Kokisch habló con los periodistas en tono agresivo y preguntó a la periodista Marré quiénes habían sido sus fuentes de información para dicha nota. La periodista se negó a responder y el magistrado procedió a expulsarlos de su despacho. A la salida, Kokisch empujó a Ovalle y le lanzó una bofetada que el editor esquivó. Días después, Kokisch manifestó lamentar los hechos en cuestión y en reunión sostenida con el director responsable de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, expresó en forma personal sus disculpas por el incidente. El 9 de septiembre de 2003, el director del periódico La Nación, Alberto Luengo, reveló que el 7 de enero de 2003, Luis Narváez, periodista de La Nación Domingo, fue golpeado y amenazado por Kokisch por haberle preguntado acerca del análisis que la Corte Suprema estaba realizando sobre el desafuero de cuatro diputados de la Concertación, supuestamente vinculados a un caso de corrupción. Narvaéz dijo que no denunció el hecho en su oportunidad por suponer que, ante la falta de testigos, nadie daría crédito a su testimonio.[1]

 

            Acciones Judiciales

 

47.       El 13 de enero de 2003, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la incautación de todos los ejemplares de la biografía no autorizada Cecilia, la vida en llamas, del periodista Cristóbal Peña. La decisión confirmó así la resolución dictada el 2 de diciembre del 2002 por la jueza suplente del Primer Juzgado del Crimen de la capital chilena, Sandra Rojas, quien en el marco de un proceso por injurias dictó la orden de retirar todos los ejemplares de la biografía de las bodegas de Editorial Planeta y de los puntos de venta.[2] A finales de mayo de 2003, el Primer Juzgado del Crimen levantó la orden de incautación y cerró el caso, después de que los representantes de Peña solicitaran al tribunal que decretara el abandono del proceso por parte de la querellante.[3]

 

48.       El 23 de julio de 2003, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó a Televisión Nacional de Chile (TVN) que no transmitiera un episodio de la serie documental Enigma programado para exhibirse ese mismo día. El programa investigaba y recreaba las circunstancias en torno del asesinato del abogado Patricio Torres Reyes, quien fue asesinado a puñaladas y quemado por dos prostitutas luego de un encuentro sexual en su oficina, el 17 de diciembre de 1999. La viuda de Torres  presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para prohibir el programa, argumentando que violaba su derecho constitucional a la honra, y el de sus hijos[4]. Este hecho motivó un comunicado del Relator para la Libertad de Expresión del 29 de julio[5]. El 1 de octubre, la quinta sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección y levantó la censura del programa.

 

49.       El 16 de abril de 2003, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer su rechazo de dos recursos de protección presentados contra la obra teatral Prat. El objetivo de los recursos era prohibir la presentación de la obra. La Sexta Sala argumentó que, de acogerlos, incurrían en un mecanismo de censura previa prohibido expresamente por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos[6].

 

50.       El 31 de enero de 2003, fue condenado el empresario y panelista de televisión Eduardo Yáñez en primera instancia, por el delito de desacato contra la Corte Suprema. El juez fijó una pena de 61 días de reclusión y una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (equivalente a 321.673 pesos o a unos US $460). Yáñez apeló la sentencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual lo absolvió el 2 de abril de 2003.[7]

 

51.       En octubre de 2003, una jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago decidió someter a proceso al director del diario La Nación, Alberto Luengo, y a la periodista Jazmín Jalilie, a raíz de una publicación en la que se informaba sobre supuestos problemas judiciales entre el futbolista Marcel Salas y su ex suegro Patricio Messen.  Los periodistas fueron acusados por el delito de calumnia en perjuicio del señor Messen[8].

 

            Legislación

 

52.       En su Informe Anual de 2002, el Relator señaló su complacencia sobre la existencia de dos proyectos de ley dirigidos a la derogación de las leyes de desacato.  Particularmente, el 26 de agosto del 2002, el Presidente Lagos envió al Congreso, con carácter urgente, el Proyecto de Ley Presidencial 212-347, que eliminaría todas las restantes leyes de desacato de la legislación chilena.

 

53.       El 6 de marzo de 2003, en una misiva dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, el Relator le manifestó su preocupación por declaraciones del Presidente Ricardo Lagos sobre su intención de eliminar el carácter de “urgencia simple” al proyecto de ley. El Estado respondió a la inquietud del Relator, por medio de su misión permanente ante la OEA, el 25 de marzo. En su respuesta, el Estado señaló que el plazo de vigencia había expirado en enero de 2003. No obstante, aseguró que el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile gestionaría la inclusión del proyecto sobre desacato entre las iniciativas con carácter de urgente que despacharía para trámite parlamentario.

 

54.              El Relator considera que, si bien el proyecto ha tardado más de un año y medio sin aprobarse en definitiva desde su presentación, es sumamente auspicioso el que el 9 de diciembre de 2003, la Cámara de Diputados de Chile aprobara con amplísima mayoría el proyecto de ley que derogaría el desacato de los códigos Penal y de Justicia Militar. Al finalizarse el presente informe, la propuesta había sido trasladada al Senado, donde debe cumplir su segundo trámite constitucional.

 

55.              A pesar de los pasos tendientes a la derogación de las leyes de desacato, la Relatoría recibió información sobre la existencia de otro proyecto relacionado con la protección del honor y la privacidad de las personas. La Relatoría hace un llamado a los diputados para que tomen en consideración los estándares internacionales y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante la discusión del proyecto, de manera que sea compatible con el ejercicio pleno y desinhibido de la libertad de expresión.

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