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Libertad de Expresión

Brasil

            Asesinatos

 

38.       Nicanor Linhares Batista fue asesinado alrededor de las 8 p.m. del 30 de junio de 2003, mientras grababa su programa diario Encontro Politico (Encuentro Político). De 42 años de edad, Linhares Batista era propietario y gerente de la Rádio Vale do Jaguaribe, de la ciudad de Limoeiro do Norte. Según la información recibida, los asesinos irrumpieron en el estudio, le dispararon varios tiros a quemarropa y huyeron en una motocicleta. Linhares fue llevado al Hospital Público de Limoeiro do Norte pero se le declaró muerto al llegar[1]. Según la información recibida Linhares Batista era conocido como un periodista controvertido que solía enfrentar a la administración pública local y había sido hostigado previamente por esa razón. El asesinato del comentarista motivó un comunicado del Relator para la Libertad de Expresión condenando el hecho[2].

 

39.       Las investigaciones policiales llevaron a la aprehensión en agosto de cinco personas entre ellas el sargento del Ejército Edésio de Almeida, sospechoso de haber fungido como intermediario en el asesinato. El 10 de octubre de 2003 se detuvo, además, a Francisco Lindenor de Jesús Moura Júniro, quien confesó haber recibido un pago por asesinar a Linhares. El 20 de octubre de 2003, el Ministerio Público denunció como presuntos autores intelectuales al juez del Tribunal Regional Federal de la Quinta Región, José María Lucena y a su esposa, la intendente de Limoeiro do Norte, Arivan Lucena. Al momento de realizarse este informe otros tres sospechosos se encontraban en fuga[3].

 

40.       El 23 de julio de 2003, el reportero gráfico brasileño Luiz Antônio da Costa, quien trabajaba para la revista Epoca, propiedad de Editora Globo S.A, fue asesinado a tiros en São Bernardo do Campo, en el Estado de San Pablo cuando tomaba fotos de una invasión por parte de unas siete mil personas a un terreno de una compañía automotriz. Según la información recibida, algunos líderes de las familias que ingresaron al terreno hablaban con los periodistas cuando unos tres sujetos llegaron y dispararon a da Costa. La policía detuvo a tres sospechosos el 30 de julio. Uno de ellos confesó haber matado al fotógrafo accidentalmente cuando apuntaba a su cámara. Según la confesión del sospechoso, los tres sujetos sospechaban que da Costa había tomado fotografías durante un robo que ellos acababan de realizar[4].

 

            Acciones judiciales

 

41.       En agosto de 2003 fue detenido, en la ciudad de Campos en el estado de Río de Janeiro Alvanir Ferreira Avelino, editor del periódico Dois Estados, de la ciudad de Miracema, a quien se le impuso una condena de 10 meses y 15 días de cárcel por los delitos de difamación y calumnia, confirmada el 3 de julio del 2001 por la Segunda Cámara Criminal del Estado de Río de Janeiro. La denuncia se fundamentó en dos artículos escritos en 1998 y 1999, en los que el periodista cuestionaba las sentencias de un juez[5].

 

            Investigaciones

 

42.       El 15 de septiembre de 2003, un expolicía militar del estado de Mato Grosso, centro del Brasil, confesó haber asesinado a Domingos Sávio Brandão, propietario del diario Folha do Estado. Además señaló que un expolicía civil y empresario del juego clandestino habría sido el autor intelectual. Brandão fue asesinado el 30 de septiembre del 2002 en la ciudad de Cuiabá. Durante los dos años anteriores al hecho, el diario de Brandão había publicado denuncias sobre el crimen organizado en Mato Grosso[6].

 

43.       El 27 de septiembre de 2003, el Tribunal del Jurado de Itabuna, en el estado de Bahia, condenó al policía civil Mozart de Costa Brasil a 18 años de prisión por haber asesinado, el 14 de enero de 1998, al propietario y director del semanario A Regiao, Manoel Leal de Oliveira[7]. Thomaz Iraci Guedes, acusado de participar en el caso, fue absuelto el 25 de septiembre. Un tercer acusado continuaba prófugo al finalizarse este informe.

 

            Acceso a la información

 

44.       En el mes de julio de 2003 se dio a conocer la decisión una jueza federal de Brasilia, quien ordenó al Ejército brasileño abrir sus archivos y divulgar informaciones sobre un grupo guerrillero que surgió en la Amazonia durante el régimen militar (1964-1985). La decisión fue motivada por una solicitud presentada por los familiares de 22 guerrilleros considerados como desaparecidos. Se determinó que los solicitantes tienen derecho a conocer el lugar donde fueron sepultados sus familiares y recibir los respectivos certificados de defunción.[8]

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