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Libertad de Expresión

Argentina

            Amenazas y agresiones

 

            19.       La Relatoría recibió información sobre amenazas y agresiones a periodistas, algunas de ellas perpetradas por agentes oficiales en el marco de manifestaciones populares.

 

20.       La Relatoría también ha constatado, según la información recibida, que los periodistas que trabajan en el interior del país[1] sufren amenazas, agresiones y hostigamiento que merecen especial atención por parte de las autoridades. Se exponen aquí algunos de los principales casos de agresiones reportados durante el año 2003.

 

21.       La Relatoría fue informada sobre agresiones y amenazas contra Clara Britos, propietaria y directora del periódico La Tapa, de Guernica, localidad situada al sur de la capital argentina. Ya en su informe anual del 2002, la Relatoría había reportado la situación de Britos. Durante el 2003, a solicitud de la Relatoría el Estado informó de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había reportado que no se había presentado una denuncia formal en relación con un incendio denunciado por Britos  y que éste no fue atendido por los bomberos sino por los moradores. Asimismo, se informó de que el peritaje no pudo comprobar la causa ni el origen del incendio[2]. La periodista solicitó asilo político al Gobierno Español invocando razones humanitarias ante la persecución y amenazas que dice sufrir por parte de la policía y el poder político[3]. Ante la persistencia de las amenazas, la Relatoría continuará observando este caso.

 

22.       El 25 de febrero de 2003, en la ciudad de Buenos Aires, resultaron heridos varios reporteros que cubrían el desalojo de cien personas del edificio Padelaide, considerado en peligro de derrumbe. El operativo generó enfrentamientos entre efectivos policiales y los desalojados. En el marco de esta situación, varios efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal golpearon a Julián Sequeira, camarógrafo del programa Punto Doc del canal América TV, hasta producirle una fractura en la nariz. Sequeira fue detenido en la Comisaría 14a, antes de ser trasladado por personal policial al hospital. Su Cámara y los videocasetes con las imágenes del desalojo desaparecieron. Maximiliano García Solla, también del programa Punto Doc, fue detenido y liberado el mismo día, pero se le presentaron cargos por resistencia a la autoridad[4]. El camarógrafo Michael Carcachi, de América TV, quien estaba claramente identificado como periodista, también fue atacado con bastones por efectivos policiales mientras tomaba imágenes a un joven herido[5].

 

23.       El 6 de marzo de 2003, Christian Frolich, reportero gráfico del diario Crónica, fue agredido por agentes de la Policía Federal en el marco de una manifestación de vendedores ambulantes en el barrio de Once.  De acuerdo con la información recibida, el periodista recibió patadas en los tobillos y golpes de puño por parte de los policías en el momento en que intentaba fotografiar la actuación de los efectivos para reprimir la manifestación.[6]

 

24.       El 26 de marzo de 2003, al menos cinco comunicadores fueron agredidos por efectivos de la Policía Federal Argentina frente al Congreso de la Nación. Las agresiones se produjeron en momentos en que el Senado decidía si expulsaba o no al legislador Luis Barrionuevo, del Partido Justicialista. Carlos Alberto Márquez y Arturo Núñez del Canal 26, así como Javier Caudana y Guillermo Panizza, de Telefé, fueron golpeados. Un productor del programa Kaos en la Ciudad, del Canal 13, denunció que la policía le había arrojado gas paralizante en la cara.[7]

 

25.       El 21 de abril de 2003 efectivos de la Policía Federal Argentina agredieron y detuvieron a trabajadores de la prensa durante incidentes ocurridos frente a una fábrica textil ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Unas tres mil personas se habían reunido frente a la fábrica para reclamar contra el desalojo de los trabajadores de la planta. Varios periodistas que cubrían el hecho fueron detenidos y golpeados.  Según la información recibida, Martín Ciccioli y el camarógrafo Alfredo Guirlanda, del programa Informe Central del canal América, recibieron impactos de balas de goma. El corresponsal de la cadena estadounidense Telemundo, Edgardo Esteban, iba a ser detenido por la policía pero sus colegas intervinieron para evitar el arresto. El periodista Miguel Bonasso, del diario PÁGINA/12, fue cercado durante dos horas y media por efectivos y un grupo de personas en una estación de combustible cercana a la fábrica.[8]

 

26.       El 14 de mayo de 2003, Marcelo López, periodista de América 2, y su camarógrafo, fueron agredidos por algunos partidarios del Expresidente y entonces candidato a la Presidencia, Carlos Menem frente a una casa en la que se encontraba Menem. Parte del equipo del canal resultó dañado. Según la información recibida, ambos comunicadores fueron expulsados por la policía.[9]

 

27.       El 12 de agosto de 2003, en la provincia de San Luis, los periodistas Damián Cukierkorn, Ariel Burta, del programa 'Periodistas' de América TV, y Mauricio Conti, trabajador de prensa local, fueron agredidos e intimidados por custodios del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, luego de tomar imágenes en un establecimiento que sería propiedad del gobernador[10]. Según la información recibida, los comunicadores estaban investigando el desvío de un río que supuestamente había sido realizado por Rodríguez Sáa para su beneficio. Los periodistas fueron invitados a pasar a la propiedad por el personal de la misma, pero una vez dentro, se les identificó como miembros del programa Periodistas. Los reporteros debieron marcharse, pero unos minutos después, y ya fuera de la propiedad, se percataron de que eran perseguidos por un auto conducido por trabajadores del Gobernador quienes los empujaron con su auto y los obligaron a detenerse. Los sujetos se bajaron del auto con armas cortas, los insultaron y sacudieron a Mauricio Conti. Luego los dejaron marcharse[11].

 

28.       El 28 de noviembre de 2003, por la madrugada la periodista Adriana Rivero, conductora del programa Primer Contacto en RLV1 Radio Regional, de Las Varillas, provincia de Córdoba, fue avisada que su vehículo se estaba incendiando. El informe pericial de la Policía de Córdoba señaló que el artefacto que provocó el incendio fue una bomba molotov. Rivero había recibido numerosas amenazas anónimas telefónicas desde dos semanas antes del atentado. La periodista relacionó las amenazas y el atentado con denuncias que había difundido sobre asuntos relacionados con el gobierno local[12].

 

            Acciones judiciales

 

29.       El 6 de marzo de 2003, un juez federal libró un pedido de captura internacional contra la periodista Olga Wornat, en el marco de una causa por calumnias e injurias planteada por el senador Eduardo Menem por la publicación del libro "Menem, la vida privada". Wornat, quien reside en México no se presentó a declarar como imputada.[13]

 

30.       La Corte Suprema de Justicia confirmó en mayo de 2003, la sentencia de primera instancia a favor de José Luis Chilavert, en un juicio por calumnias e injurias planteada por el arquero paraguayo contra la desaparecida revista Humor, en 1995. La sentencia obligaba a la revista a resarcir 10.000 pesos por daño moral fijados por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. La causa la motivó una publicación del 20 de septiembre de 1995 titulada “Chilavert nunca dice lo que dice”[14].

 

31.              El 28 de mayo de 2003 fueron allanadas  las oficinas del periódico La Nación. La medida fue ordenada por la Justicia Federal de la capital. La empresa puso a disposición del juzgado la documentación solicitada, pero informó que no se le había solicitado con anterioridad. La medida fue criticada por algunas organizaciones locales e internacionales[15] dado que podría estar vinculada con presiones ejercidas contra el medio.

 

            Legislación

 

32.       El 8 de mayo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que desarrolla el derecho de acceso a lainformación pública que fue incorporado a la Constitución Nacional en 1994[16] y que permite a los ciudadanos acceder a datos de organismos oficiales y a información clasificada de más de 10 años que guarda el Estado. Sin embargo, el proyecto se demoró en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicios Político del Senado[17]. En octubre, el presidente Néstor Kirchner emitió un decreto para que cualquier persona pudiera tener libre acceso a la información del Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios o aportes del Estado, salvo en ciertos casos, como cuando la información es reservada por cuestiones de seguridad, de defensa nacional o protegidas por el secreto bancario o fiscal[18]. Sin perjuicio de este decreto, la Relatoría impulsa al tratamiento en el Senado de la respectiva ley hasta su sanción y promulgación.

 

            Restricciones indirectas

 

33.       La Relatoría recibió información relacionada con una presunta instancia de distribución de publicidad oficial con base en criterios discriminatorios en una provincia Argentina. El Sr. Rajneri, accionista mayoritario de la Editorial Río Negro, S.A., ubicada en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Argentina alegando que el gobierno de la provincia de Neuquen empleó un criterio discriminatorio en su distribución de la publicidad oficial al eliminar la publicidad que venía difundiendo desde hacía varios años en el periódico luego de que éste publicara una denuncia de corrupción que involucraba a funcionarios del gobierno neuquino[19].

 

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