La RELE repudia los asesinatos de periodistas en la región y llama a los Estados a redoblar esfuerzos para prevenir y proteger a la prensa
1
de junio de 2023
Washington D.C. - La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la situación de violencia
contra periodistas en las Américas y exhorta a los Estados de la región a
investigar los hechos de forma exhaustiva e independiente, y sancionar
ejemplarmente los crímenes, así como a redoblar sus esfuerzos para prevenir
estos ataques y proteger a quienes se encuentran en riesgo.
De acuerdo con
información pública y reportes recibidos, en lo que va de 2023 han sido
asesinados al menos 11 periodistas en el ejercicio de la profesión o por
motivos que podrían estar vinculados con la labor: Luis Gabriel Pereira
(Colombia)*; Dylan Lions (Estados Unidos); Eduardo Fernando Mendizábal Gálvez (Guatemala)*;
Dumesky Kersaint, Ricot Jean y Paul Jean Marie (Haití); Abisaí Pérez Romero,
José Ramiro Araujo Ochoa, Gerardo Torres Rentería y Marco Aurelio Ramírez (México);
y Alexander Álvarez (Paraguay).
Para la Relatoría Especial, estos hechos confirman la situación de
riesgo y vulnerabilidad de las y los periodistas y trabajadores de medios de
comunicación en las Américas. Durante el 186 Período de Sesiones de la CIDH, el
Relator Especial para la Libertad de Expresión participó de una audiencia temática sobre
protección de personas periodistas y defensoras en la región, en la cual las organizaciones de la sociedad civil presentaron
información sobre la incesante violencia contra la prensa en las Américas, que
comprende asesinatos, agresiones, amenazas, secuestros, vigilancia,
criminalización y discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra
periodistas. En esta oportunidad, la CIDH expresó su alarma ante este contexto
y resaltó la necesidad de investigar estos hechos y analizar las causas y
consecuencias del fenómeno.
La Relatoría recuerda que los asesinatos de periodistas constituyen la
forma más extrema y repudiable de violencia y censura contra la prensa. Como lo
ha establecido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, "el
ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que
lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o
morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios
obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión".
Por su parte, la CIDH ha señalado en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH que
"[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,
así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto
amedrentador que tiene la violencia para las y los periodistas, como así
también para las y los ciudadanos que buscan denunciar abusos de poder,
irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto
amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes
resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho
internacional y el derecho interno".
Con respecto a la violencia contra periodistas, la Relatoría Especial ha destacado la importancia de tres obligaciones positivas de los Estados, que
emanan de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de
expresión: la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación
de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos
crímenes.
En relación con la obligación de prevención, la Relatoría subraya la
importancia de que las autoridades públicas adopten un discurso que contribuya
a prevenir la violencia contra la prensa y, por el contrario, se abstengan de
emitir declaraciones estigmatizantes que aumenten el riesgo inherente a su
labor. Ello implica, además, que reconozcan de manera constante, clara, pública
y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la
información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para
los intereses del gobierno.
Frente a las consideraciones previas, la Relatoría Especial hace un
llamado a los Estados de la región a investigar de forma completa, efectiva e
imparcial estos crímenes, que afectan a toda la sociedad en su conjunto, a
esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran
tener con su actividad como comunicadores. Al respecto, enfatiza la relevancia
de que, durante las investigaciones, las autoridades no descarten la hipótesis
del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una
oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el
fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación
y el desarrollo del sistema democrático.
* El Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial que se
encuentran efectuando la investigación penal correspondiente para contribuir al
esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables del crimen
contra el referido periodista. Asimismo, el Estado de Colombia expresó su
compromiso para esclarecer los hechos del asesinato y para promover una cultura
de respeto y protección al trabajo de los periodistas, con el objetivo de
fortalecer los programas de protección a periodistas y comunicadores sociales
en riesgo debido a su oficio.
Acceda al comunicado de prensa en francés aquí.
R106/23