CIDH
Comunicado de Prensa
Audiencias Públicas, Reuniones de Trabajo, Actividades Promocionales y Reuniones Bilaterales
Anexo al Comunicado de Prensa 41/18: CIDH culmina 167 Período de Sesiones en Colombia
6 de abril de 2018
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en Bogotá su 167 Período de Sesiones, a invitación del Estado de Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018. Este anexo al Comunicado de Prensa 41/18: CIDH culmina 167 Periodo de Sesiones en Colombia, contiene resúmenes de las audiencias realizadas, así como la lista de reuniones de trabajo y eventos académicos y promocionales celebrados.
Políticas de género y diversidad sexual en Paraguay
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron el retroceso en la política de género y diversidad sexual, por ejemplo la Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a lo que el Estado llama equivocadamente “ideología de género” en instituciones educativas. Las organizaciones expresaron su preocupación que políticas para mujeres no eran aplicadas a mujeres trans y que existe una falta de políticas para mujeres bisexuales y lesbianas. Solicitaron a la CIDH que pida al Estado que se revoque la Resolución, que integre la educación sexual integral en su programa de educación, y que promulgue una ley contra discriminación de la población LGBTI. El Estado dijo que el Ministro de la Mujer tiene un plan estratégico institucional, y listó los avances logrados por sus acciones de acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La CIDH subrayó la importancia de la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes, y de políticas de inclusión de la diversidad sexual.
25 años de la Comisión de la Verdad de El Salvador
Las organizaciones señalaron que a 25 años de la Comisión de la Verdad, persisten grandes retos en el cumplimiento de sus recomendaciones y una deuda pendiente con las víctimas. Resaltaron la declaración de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, pero indicaron que persisten serios desafíos en materia de corrupción, impunidad y el uso permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Igualmente persiste un estancamiento en materia de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Plantearon que el componente de la justicia se encuentra estancado por la falta de colaboración de las fuerzas armadas para brindar información. Los representantes del Estado afirmaron que la consolidación de la paz continúa siendo prioridad, y con ese fin se han desarrollado políticas como la de localizar a las personas desaparecidas. El Estado informó que fue creada una Unidad en la Fiscalía para procesar los crímenes del conflicto armado. La CIDH tomó nota de los retos y avances y la necesidad de establecer lazos de cooperación.
Situación de los derechos culturales de las mujeres indígenas en Guatemala
La organización solicitante denunció la falta de reconocimiento al derecho de propiedad intelectual colectiva de las mujeres indígenas, ante la imposibilidad de patentar sus diseños y sus trabajos textiles. Refirió que se ven perjudicados por empresas que se apropian de sus diseños, desvalorizando su arte. Además, alegaron sufrir una doble discriminación, racial y patriarcal, y solicitaron políticas públicas destinadas a recibir una retribución cultural y patrimonial. Por su parte, el Estado reconoció el problema e informó sobre proyectos de ley que buscan reconocer y proteger el derecho aducido. Popuso un comité de trabajo con participación real y efectiva de las comunidades para buscar una solución y propuso a la CIDH que haga partícipe de esta problemática a la OMPI, debido que se trata de una cuestión de índole empresarial internacional. La Comisión reconoció los esfuerzos legislativos del Estado y le solicitó que acelere el trámite de la ley que reconoce el derecho de autoras de las líderes Mayas sobre sus creaciones como paso fundamental.
Protección de las personas defensoras del territorio y medio ambiente en la región andina
Las organizaciones solicitantes expusieron sobre reiteradas violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto de proyectos extractivos en países de la región andina. Las organizaciones denunciaron la existencia de patrones en la aplicación e interpretación de las normas de estos países de manera que favorecen los proyectos extractivos y perjudican a las comunidades y personas defensoras; en el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de la seguridad pública y privada; y en el discurso que estigmatiza a comunidades y personas defensoras calificándolas como opositoras al desarrollo o enemigos internos, lo cual además promueve y exacerba los ataques. Finalmente, presentaron ante a la Comisión una serie de recomendaciones en relación a los factores de riesgo específicos que enfrentan defensoras y defensores del ambiente. Por su parte, la Comisión solicitó mayor información respecto del rol de empresas y seguridad privada y de actores estatales así como sobre las particularidades de estos patrones.
Medidas de cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la República Dominicana
En el marco de esta audiencia se anunció la creación de una “Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana” entre el Estado dominicano, organizaciones de la sociedad civil y la CIDH con el objetivo de establecer un mecanismo para el seguimiento de las medidas adoptadas en materia de adquisición de la nacionalidad, migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y las políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. Las organizaciones participantes presentaron información sobre el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado dominicano y expresaron su disposición para participar de la Mesa de Trabajo. El Estado dominicano manifestó su voluntad expresa de trabajar hacia el establecimiento de un diálogo fructífero que permita avanzar en la implementación de recomendaciones a través de la Mesa de Trabajo anunciada en la audiencia.
Denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto post-electoral en Honduras
Los solicitantes de la audiencia denunciaron irregularidades en el proceso electoral y violaciones al derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión debido al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, así como los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Adujeron que ante las manifestaciones sociales por estos hechos, el Estado ha impuesto la represión en un contexto de militarización de la seguridad ciudadana, detenciones arbitrarias, amenazas, torturas, falsas acusaciones y persecución contra manifestantes y defensores de derechos humanos. Señalaron que la respuesta de la justicia ante estas situaciones es negligente o nula. Por su parte, el Estado resaltó que la violencia de las manifestaciones causó grave daño al patrimonio estatal, que en muchos casos derivaron en saqueos y actos criminales. El Estado comprometió a investigar los hechos para sancionar a los responsables. La Comisión manifestó que viene dando seguimiento de esta situación, y que realizará este año una visita in loco al país.
Derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes en América
Las organizaciones participantes manifestaron su preocupación frente a la prevalencia de obstáculos que encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en lo relativo a sus derechos sexuales y reproductivos en la región. A través del análisis de la situación en Canadá y en Centroamérica, las organizaciones participantes subrayaron la falta de políticas públicas para promover la educación integral en sexualidad; las preocupantes cifras de violencia sexual; la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; casos de esterilizaciones forzadas; y las altas cifras de mortalidad materna. Además, subrayaron las afectaciones particulares que sufren niñas y adolescentes, como las maternidades forzadas y los embarazos adolescentes. Finalmente, las participantes subrayaron la criminalización total del aborto en algunos países de la región, así como la falta de implementación de los marcos normativos en la materia. La CIDH reafirmó su compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos.
Regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos
Las organizaciones participantes abordaron el impacto de las débiles leyes de control de armas en los extremadamente altos índices de violencia con armas en Estados Unidos, donde un promedio de 92 personas son asesinadas al día con arma de fuego, así como en otros países del hemisferio, donde armas vendidas por Estados Unidos están implicadas en un alto número de homicidios y otros crímenes. Solicitaron a la Comisión que celebre reuniones de seguimiento con familias y comunidades afectadas, así como preparar un reporte sobre violencia con armas en Estados Unidos. El Estado, por su parte, recordó que la Segunda Enmienda, interpretada en el caso DC v. Heller, protege el derecho individual a tener armas de fuego, aunque puede regularse la venta y portación de estas armas. En este sentido, la Comisión recordó la obligación del Estado de proteger con debida diligencia los derechos, incluido el derecho a la vida, de violaciones, incluyendo aquellas perpetradas por actores privados.
Situación de derechos humanos de personas afectadas por la cancelación de los programas TPS (Estatuto de Protección Temporal) y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos
Las organizaciones participantes abordaron el impacto de la cancelación de los programas TPS y DACA en las personas beneficiarias, sus familiares y comunidades, y llamaron a buscar una solución permanente para regularizar el estatus migratorio de estos grupos. Los participantes resaltaron cómo la pérdida de este estatus afecta sus derechos al trabajo, la salud, seguridad social, libertad de tránsito y acceso a la justicia, y explicaron cómo las deportaciones pueden causar separación familiar y la deportación de facto de hijos e hijas de beneficiarios, además de poner en peligro a beneficiarios deportados a países donde no tienen familia u otros vínculos sociales. El Estado recordó su derecho soberano a administrar sus fronteras y establecer criterios para admitir personas extranjeras. La Comisión cuestionó si la doctrina de los actos propios aplica dadas las representaciones, explícitas e implícitas, que el Estado ha dado al extender los estatus de TPS y DACA por muchos años. Además resaltó las violaciones a derechos que pueden derivar de una eventual deportación.
Empresas y Derechos Humanos en Venezuela
Las organizaciones solicitantes indicaron que la responsabilidad por la violación de los derechos humanos puede corresponder no solamente al Estado sino a particulares y empresas. Subrayaron que es necesario implementar reformas legislativas que permitan garantizar la rendición de cuentas de las empresas y una efectiva reparación para las víctimas. También instaron a la CIDH a desarrollar estándares en la materia y mecanismos efectivos para garantizar los derechos humanos en dichos contextos, teniendo en cuenta el impacto de las actividades empresariales transnacionales. El Estado indicó que se debe superar la concepción del Estado como único actor responsable de violaciones de derechos humanos, reiteró su respaldo a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos emanados de las Naciones Unidas y al grupo intergubernamental para la creación de un tratado vinculante, también manifestó el compromiso de la elaboración de un Plan de Acción Nacional en la materia.
Derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela
Las organizaciones solicitantes denunciaron las sistemáticas violaciones al derecho de la salud de la población, consistentes en la escasez prolongada de medicamentos, la insuficiencia y deterioro de infraestructura médica, la imposibilidad de recibir tratamientos médicos esenciales y la falta de información pública. Respecto al derecho a la alimentación, manifestaron que existe un alto índice de desnutrición en la población y que la corrupción e impunidad está tan arraigada que destruye la producción alimentaria e impide el acceso a los alimentos. Señalaron su especial preocupación por el alto riesgo en que las poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, niños, niñas y personas mayores, entre otras, se encuentran por la crisis económica y social existente. Por otro lado, el Estado alegó que los principales problemas para la garantía de estos derechos son la existencia de sanciones unilaterales impuestas a Venezuela. La CIDH recomendó al Estado aceptar ayuda internacional y lo exhortó a publicar información oficial y a dar su anuencia para una visita in loco.
Seguridad ciudadana e institucionalidad en Venezuela
Las organizaciones solicitantes manifestaron que el Estado venezolano ha adoptado una política represiva sobre la población, incluyendo medidas abusivas como allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso excesivo de la fuerza y uso indebido del sistema de justicia penal. Se refirieron a las detenciones arbitrarias de estudiantes, activistas de derechos humanos, políticos y diputados de la Asamblea Nacional, así como a las torturas cometidas contra los detenidos. Asimismo, denunciaron el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles. Hicieron énfasis en las violaciones al debido proceso y en la falta de investigación de las denuncias presentadas por personas detenidas. El Estado, por su parte, consideró que en el país no existen manifestaciones pacíficas contra el gobierno, sino que son violentas, y que ha hecho un uso legal de la fuerza para controlarlas. La Comisión requirió información relativa a la situación jurídica y fáctica de las personas detenidas.
Situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador
La CIDH informó que el Estado se había excusado de participar en la sesión y que había señalado el desarrollo normativo relativo a los derechos de las mujeres. La Comisión lamentó esta ausencia dado que las audiencias son un espacio de la mayor importancia. Las organizaciones solicitantes manifestaron su preocupación ante los numerosos obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia y resaltaron la criminalización del aborto y del parto doméstico, que afecta a las mujeres en situación vulnerable. Subrayaron la prevalencia de asesinatos de mujeres en razón de su género y el aumento de desapariciones de mujeres, mayoritariamente jóvenes. Las mujeres de la comunidad LGBTI continúan siendo víctimas de discriminación y violencia. Las organizaciones solicitaron que el Estado investigue con seriedad y diligencia estos graves casos de violación a los derechos humanos. La Comisión señaló su preocupación por las informaciones recibidas, preocupación agravada por la ausencia del Estado, por lo que hizo un llamado a realizar una visita in loco al país.
Situación del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en América del Sur
Las organizaciones solicitantes informaron sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Indicaron que en 2017 en Ecuador disminuyeron los ataques a la prensa a partir del cambio de gobierno, no obstante subsistir restricciones; según lo informado la mayor cantidad de casos relevados se vincularon a la libertad de expresión en Internet. Asimismo, expusieron sobre la grave situación política y social en Venezuela y denunciaron que los periodistas enfrentan una alta restricción al acceso a la información pública. También denunciaron la proliferación de casos de acoso judicial en Perú contra periodistas que ejercen en las regiones. Las organizaciones pidieron que la CIDH solicite información al Estado de Bolivia sobre la aprobación de normas que podrían llevar a la asfixia económica a medios de comunicación, situación sobre la cual se expuso en la audiencia. La CIDH solicitó información ampliatoria sobre la criminalización de periodistas que investigan corrupción.
Inteligencia digital, ciberseguridad y libertad de expresión en América
Las organizaciones de la región plantearon desafíos con relación a la recolección de evidencia digital en procesos penales, la vulneración del derecho a la privacidad y a la libertad de expresión a través de la vigilancia digital y la agenda de ciberseguridad. El acceso a datos transfronterizos, añadieron, debe cumplir con los estándares de privacidad tanto del país solicitante como del que responde. Alertaron que bajo la agenda de ciberseguridad, varios países de la región discuten normas vagas que penalizan expresiones que pueden estar protegidas por la libertad de expresión y bloquean contenidos en línea. También alertaron sobre la falta de un mecanismo independiente para investigar el caso Pegasus sobre vigilancia y malware contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Las organizaciones solicitantes también expusieron sobre las dinámicas de la violencia machista que también se expresa en Internet contra las mujeres periodistas y las mujeres de alto perfil público.
Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Canadá
Las organizaciones participantes hablaron sobre las alarmantes tasas de suicidio entre personas jóvenes indígenas, así como de la necesidad de un sistema de información nacional sobre suicidio, una estrategia nacional de prevención del mismo, y programas y servicios para niños, niñas y familias de las Primeras Naciones. Solicitaron a la CIDH evaluar el progreso hecho por el Estado en el plazo de un año. Las organizaciones actualizaron a la CIDH sobre el lento progreso para cumplir con un fallo del Tribunal Nacional de Derechos Humanos para acabar con las desigualdades en servicios para las Primeras Naciones, y u llamaron al Estado a implementar el plan Spirit Bear. Además, expusieron sobre los efectos discriminatorios contra jóvenes indígenas de la evacuación médica de emergencia sin acompañamiento parental, y la falta de aplicación de Jordan’s Principle. El Estado, por su parte, reconoció que el suicidio en personas indígenas ha alcanzado “proporciones epidémicas”, y describió los recientes esfuerzos del gobierno en esta materia.
Situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Cuba
El Estado de Cuba prohibió la salida del país a las personas que iban a participar en esta audiencia. Con el objeto de proteger la seguridad de estas personas y evitar posibles represalias en su contra, la audiencia se realizó de manera privada. Por este motivo, no hay video disponible de la misma. La audiencia se realizó con participación virtual desde Cuba, y la CIDH recibió información altamente preocupante acerca de la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el país. La Comisión Interamericana insta al Estado de Cuba a no adoptar ningún tipo de represalias contra las personas y organizaciones que utilizan los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de derechos humanos, y reitera su disposición a abrir un canal de diálogo con las autoridades a fin de coadyuvar, en el marco de sus funciones y mandato, a mejorar la situación de los derechos humanos en ese país.
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua
Las organizaciones solicitantes señalaron las principales afectaciones a las que se enfrentan las personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención policial en Nicaragua. Entre estas afectaciones, destacan el hacinamiento, condiciones de detención deplorables, negligente atención médica, falta de cumplimiento de órdenes de libertad, programas ineficientes de reinserción social y obstáculos para la aplicación de medidas alternativas. También manifestaron su preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos, ausencia de mecanismos independientes para su investigación y falta de acceso por parte de organizaciones de derechos humanos a los centros de detención. Tanto las organizaciones como la CIDH lamentaron la falta de comparecencia del Estado a la audiencia. La Comisión manifestó su preocupación por el incumplimiento de órdenes de libertad, la denegación de acceso a centros de detención por organizaciones civiles, y por la falta de mecanismos independientes para investigar tortura y otros malos tratos.
Situación de derechos humanos de jóvenes afrodescendientes en el marco de las políticas de drogas en Brasil
Las organizaciones solicitantes denunciaron las violaciones de derechos humanos en el marco de las políticas de drogas de Brasil, que afectan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, lo que puede ser observado por su encarcelamiento masivo, con impactos desproporcionales sobre las mujeres. Asimismo, las organizaciones destacaron la política represiva lanzada por la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, en la zona conocida como "Cracolandia", que incluye el uso ostensivo de la fuerza policial, el desplazamiento masivo de usuarios de drogas y el uso de internación compulsoria de los mismos. Las solicitantes subrayaron la necesidad del desarrollo programas con enfoque interseccional, políticas de reducción de danos y descriminalización de la posesión y del uso de drogas. El Estado presentó algunas de sus iniciativas con enfoque en la protección de personas en situación de calle, reducción de la violencia contra jóvenes afrodescendientes, y el lanzamiento de un Comité Gestor Intersectorial con enfoque en personas usuarias de drogas.
Denuncias de ejecuciones extrajudiciales por la policía en Brasil
Las organizaciones expusieron la existencia de una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en Brasil. A partir de ejemplos de casos emblemáticos conocidos como la “Masacre del Parque Bristol” y la “Masacre del Carandiru”, las organizaciones expusieron patrones de impunidad y actuación intencionada de la policía para dificultar la aclaración de los hechos. Asimismo, subrayaron la falta de efectividad de mecanismos de control de los hechos criminales cometidos por la policía, sea esto interno, por la propia policía; externo, por el Ministerio Público; o judicial. El Estado afirmó que se han realizado actividades de capacitación de profesionales de seguridad pública y que se han investigado acusaciones de homicidios por la policía en Rio de Janeiro. La CIDH expresó su preocupación sobre las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas y su impacto sobre personas jóvenes afrodescendientes, y pidió al Estado que cumpla con sus deberes de investigar, punir y reparar a las víctimas.
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Brasil
Las organizaciones indicaron que el Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura establecido mediante una ley en 2013 no funciona de manera adecuada y que continúan ocurriendo abusos en los centros detención. Ello, debido a la ausencia de los mecanismos estatales en la materia, y a la falta de recursos provistos para su funcionamiento. El Estado señaló que se han implementado políticas para prevenir la tortura, tales como el Pacto Federal para Prevención y Combate a la Tortura de 2017, que se crea para promover la articulación entre estados. El Estado reconoció los desafíos enfrentados para la implementación de mecanismos estatales, debido principalmente a la falta de legislación respectiva. La CIDH manifestó su preocupación por la pérdida de recursos públicos que derivan del encarcelamiento innecesario y solicitó información sobre protocolos para evitar abusos contra la población carcelaria en el control de motines, y respecto de mecanismos existentes para presentación de quejas sobre violaciones a derechos humanos.
Desplazamiento interno y derechos humanos en las Américas
En el marco del vigésimo aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, instituciones nacionales de derechos humanos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador y Chile, así como organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la grave situación de desplazamiento interno en países de América, especialmente el ocasionado por violencia, megaproyectos y desastres naturales. Expresaron preocupación debido a la falta de diagnóstico, estadísticas, legislación y políticas públicas focalizadas. La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez Damary, y la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destacaron algunas buenas prácticas en la región, como las medidas adoptadas en Colombia y la creación de diagnóstico y autoridades especializadas en Honduras. Finalmente, la CIDH mostró disposición para prestar asistencia técnica para una respuesta eficaz para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internamente.
Situación de derechos humanos de la población trans en Argentina
La organización solicitante manifestó su preocupación por diversas problemáticas que subsisten respecto del respeto y garantía de los derechos de la población trans en Argentina. Fue presentado el informe Esperando a la muerte, sobre la recurrente violencia institucional en contra de personas trans, el excesivo encarcelamiento de personas trans, la no inclusión laboral, la falta de acceso a la educación, la necesidad de capacitar a funcionarios públicos y la carencia de implementación de políticas públicas efectivas para la protección de la población trans. Por su parte, el Estado Argentino se refirió a los marcos normativos vinculados con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y la existente necesidad de lograr un cambio cultural; metas para las cuales es necesario continuar trabajando con la sociedad civil. La CIDH subrayó que siguen existiendo graves violaciones de derechos humanos de las personas trans en la región y que es necesario que se desarrollen políticas públicas para su protección en todo el continente.
Situación del derecho a la protesta en Argentina
La sociedad civil denunció el debilitamiento del derecho a la protesta en el país. Indicó el uso desproporcionado de la fuerza policial para reprimir manifestaciones, la criminalización de manifestantes y la estigmatización de los movimientos sociales, entre otros factores. Expuso que los trabajadores de la prensa experimentaron violencia y la detención arbitraria en el contexto de coberturas de protestas. El Estado afirmó que el derecho a la manifestación pública pacífica se encuentra plenamente garantizado y rechazó que exista criminalización de la protesta. Indicó que la intervención de la fuerza pública en las movilizaciones de diciembre pasado se produjo en respuesta a actos violentos y graves disturbios, y que se adoptaron medidas administrativas y de cooperación con la justicia para determinar las responsabilidades de funcionarios policiales. La CIDH enfatizó que los Estados tienen el deber de facilitar la protesta y de garantizar la labor de los periodistas durante su cobertura. Requirió además información ampliatoria sobre los protocolos para regular la intervención policial en estos contextos.
Denuncias de impunidad y falta de independencia del Poder Judicial en Haití
Las organizaciones solicitantes de la audiencia hicieron referencia a la impunidad que prevalece frente a las violaciones a derechos humanos que han tenido lugar en Haití desde la época de Duvalier a la fecha. Aunado a lo anterior, las organizaciones enfatizaron la falta de institucionalidad estatal y en especial la del Poder Judicial, al que consideran parcial e inaccesible. También hicieron referencia a la importancia que han tenido los posicionamientos sobre Haití de la CIDH en el pasado y manifestaron su preocupación por la falta de compromiso del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado no envió representantes a esta audiencia, lo cual fue lamentado profundamente por la Comisión. La CIDH reiteró el compromiso de la CIDH de hacer un monitoreo continuo y cercano de la situación de derechos humanos en Haití y de impulsar acciones para el establecimiento de un diálogo con el Estado.
Derechos humanos e independencia de la Fiscalía de la Nación de Perú
Las organizaciones solicitantes presentaron informaciones sobre denuncias constitucionales contra actores claves de los órganos de justicia, como el Fiscal de la Nación y magistrados del Tribunal Constitucional, las cuales tendrían un carácter arbitrario y violarían requisitos del debido proceso. En particular, las solicitantes sugirieron que dichas denuncias tendrían el objetivo de obstaculizar las acciones del Ministerio Público en su labor en el marco de las investigaciones de una amplia red de corrupción en la cual estarían involucrados diversos actores la clase política peruana. Denunciaron un uso político del mecanismo de acusación constitucional y la instrumentalización del Consejo Nacional de la Magistratura que tiene la prerrogativa de destituir e inhabilitar los operadores de justicia. Por su parte, el Estado alegó que la amenaza de destitución de estas personas no viola la Convención Americana de Derechos Humanos, y que los requisitos formales de debido proceso están siendo respetados.
Derechos humanos e indulto al ex Presidente Fujimori en Perú
Las organizaciones manifestaron su preocupación por el impacto del indulto y derecho de gracia otorgados al ex presidente Fujimori. Manifestaron que constituye una medida arbitraria y que impide la ejecución de una sanción adecuada al máximo responsable de graves violaciones de derechos humanos en Perú, y que vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y tutela judicial efectivas con respecto a los crímenes que todavía quedan pendientes de investigación, creando un contexto de impunidad. Por su parte, el Estado cuestionó la competencia de la CIDH para convocar la audiencia, y refirió que no habría incompatibilidades entre la potestad de otorgar un indulto humanitario y los requisitos de justicia constitucional en Perú, ni con los instrumentos de derecho internacional aplicables. La CIDH subrayó la desproporcionalidad entre la decisión de otorgar el indulto y el derecho de las víctimas, e instó al Estado a adoptar medidas que promuevan el derecho a la justicia de las víctimas, condición necesaria para un cuadro de efectiva reconciliación.
Mecanismo de Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa
Los familiares de los desaparecidos y sus representantes pidieron un minuto de silencio en honor a la muerte de Minerva Bello, madre de uno de los estudiantes desaparecidos. Agradecieron a la CIDH y reclamaron por el incumplimiento en un 80% del cronograma establecido en abril de 2017. Afirmaron que poco se avanzó a más de 41 meses de los hechos. Plantearon algunas precisiones y adiciones al cronograma, un documento sobre líneas de investigación adicionales y una declaración de intención para que el Estado mexicano atienda a las víctimas y familiares conforme al Diagnóstico de Impactos Psicosociales. El Estado reafirmó su compromiso con el Mecanismo, reconociendo que se necesitan esfuerzos adicionales. Afirmaron que revisarán las propuestas planteadas en el ánimo de continuar avanzando en todos los temas, buscando arribar a conclusiones en este año. Por su parte, la CIDH buscó aclarar información sobre la investigación así como los obstáculos para la identificación y sanción de los responsables, la búsqueda y la verdad de los hechos.
Derechos humanos y Ley de Seguridad Interior de México
Las organizaciones manifestaron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada a pesar del rechazo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de diversos sectores del país. Enfatizaron que la militarización de funciones de seguridad pública resulta incompatible con obligaciones internacionales, perpetúa un modelo inefectivo de reducción de violencia, subordina la actuación de mandos civiles al control militar, e incrementa las violaciones de derechos humanos. El Estado señaló que la normativa se adoptó a petición de los Estados, y que busca establecer criterios claros para auxiliar a las autoridades civiles en funciones de seguridad interior. Indicó que la ley aún no se aplica, a la espera de la determinación de su constitucionalidad. La CIDH manifestó su preocupación, dado que la formación militar es incompatible con tareas de seguridad ciudadana, y sobre la falta de rendición de cuentas. La CIDH acogió la petición de las organizaciones sobre la posibilidad de solicitar a la Corte IDH una opinión consultiva sobre modelos de seguridad.
Empresas y Derechos Humanos: Insumos para la construcción de lineamientos interamericanos
Las organizaciones subrayaron la importancia de la decisión de la CIDH de abordar la temática de empresas y derechos humanos. Destacaron la necesidad de reforzar estándares regionales para asegurar de manera vinculante que los marcos normativos y mecanismos locales estén dirigidos a prevenir violaciones de derechos humanos en el marco de actividades empresariales, asegurar una efectiva rendición de cuentas de los Estados y las empresas, y reparar adecuadamente a las víctimas. También destacaron la obligación de respeto y debida diligencia del Estado, la urgencia de abordar la aplicación extraterritorial de dichas obligaciones así como la especial situación de riesgo y vulnerabilidad de determinados grupos frente a las actividades empresariales. Finalmente subrayaron su preocupación por la denominada captura corporativa del Estado, la insuficiencia de los esquemas voluntarios de responsabilidad y la asimetría de poder frente a dichos actores económicos.
Se realizaron las siguientes reuniones de trabajo sobre cumplimiento de recomendaciones de Medidas Cautelares:
- MC 600-15 – Angel Omar Perdomo, Venezuela
- MC 69-12 – Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt y otros, Guatemala
- MC 416-13 – Miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Honduras
- MC 412-17 – 450 personas desalojadas del Peten, Guatemala
- MC 112-16 – Familiares de Berta Cáceres y otros, Honduras
- MC 535-14 – Personas en inmigración detenidas en el Centro de Detención Charmichael Road, Bahamas
- MC 376-15 – Irene Cuevas, Argentina
- MC 197-10 – Comunidades de San Juan Copala, México
- MC 409-14 – Estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, México
- MC 271-05 – Comunidad de La Oroya, Perú
Se realizaron las siguientes reuniones de trabajo sobre las siguientes Peticiones en proceso de soluciones amistosas:
- C-12.934 – Frank Guelfi, Panamá
- P-12.213 – Aristeu Guida Da Silva y Familia, Brasil
- C-850-15 – Pueblo Ayoreo, Paraguay
- C-1014-06 – Antonio Jacinto Lopez, México
- P 12.854 – Ricardo Javier Kaplun, Argentina
- C-12.629 – Comunidad Indígena Kelyenmagategma, Paraguay
- C-13.999 - Dylan Córdoba Galeano, Paraguay
- P 12.956 – F.S., Chile
La Comisión valora la oportunidad de avanzar en los procesos de negociación de soluciones amistosas, que permiten a las víctimas alcanzar una reparación integral para violaciones a derechos humanos.
Se realizaron los siguientes eventos académicos y promocionales:
- Nuevas fronteras en los estándares interamericanos de protección de derechos humanos
- Lanzamiento del Informe “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos”
- Taller sobre planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos
- Actores económicos y justicia transicional
- Consulta de expertas y expertos con comisionadas, sobre derechos de mujeres, niñas y adolescentes
- Reunión de expertas: libertad de expresión y mujeres
Reuniones Bilaterales
La CIDH mantuvo numerosas reuniones bilaterales relativas a los derechos de las mujeres, niñas , adolescentes y personas afrodescendientes durante este Periodo de Sesiones. En particular, la Presidenta de la Comisión sostuvo una reunión bilateral con Dubravka Šimonović, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, para fortalecer la cooperación estratégica en el abordaje de la violencia y discriminación que sufren las mujeres en la región. También, la CIDH se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la situación de violencia sexual prevalente en la región. El día 2 de marzo, la CIDH participó en un conversatorio realizado en el marco de la campaña GQUAL que impulsa la paridad de género en instancias de justicia internacional. El día 5 de marzo, la Presidenta y Relatora para Personas Afrodescendientes y la Discriminación Racial también sostuvo una reunión con organizaciones de la sociedad civil afro-colombiana para discutir la implementación de los acuerdos de paz y desafíos actuales en materia de violencia y discriminación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 041A/18