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Palabras del Presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, con motivo de la firma del Memorando de entendimiento con la Corte Suprema de Justicia de Colombia
15 de noviembre de 2012
Excelentísimo Embajador de la República de Colombia, Andrés González Díaz,
Honorable Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Javier Zapata Ortíz,
Me es grato darles la más cordial bienvenida a esta Sala Rubén Darío donde junto con mis colegas hemos sesionado durante este 146º período de sesiones de la CIDH.
Históricamente, la Comisión ha establecido relaciones formales e informales cada vez más estrechas con los diversos órganos judiciales y cuasi-jurisdiccionales de los Estados, lo cual contribuye a fortalecer el carácter subsidiario y complementario que tiene la jurisdicción interamericana, en tanto que los órganos estatales son los principales garantes de la vigencia de los derechos humanos en las Américas.
A ese respecto, son dignos de mención los acuerdos celebrados con la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil y las respectivas Cortes Supremas de Justicia del Ecuador y el Paraguay, algunos de ellos de tiempo atrás, además de los celebrados recientemente con la Suprema Corte de Justicia de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal México y la Corte Penal Internacional.
La firma del memorando de entendimiento que el día de hoy nos ocupa está enmarcada en las actividades de promoción de los derechos humanos que permanentemente realiza la propia Comisión en la región con el objeto de difundir el resultado de su trabajo relacionado con la defensa y observancia de los derechos humanos.
Desde la aprobación en América de la primera declaración de derechos humanos en el mundo y la suscripción de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en Bogotá, Colombia hace más de sesenta años, se puso énfasis en que la comunidad de principios y valores que nos une se basa en el compromiso de respetar y proteger los derechos humanos.
Tras más de medio siglo de existencia de la Comisión Interamericana y más de 30 años de labores de la Corte Interamericana, por decisión soberana de los Estados miembros de la OEA, podemos afirmar sin duda alguna que la protección de los derechos humanos en las Américas ya no se agota en la esfera interna de cada Estado sino se extiende al ámbito de la jurisdicción internacional. Asimismo, se ha evidenciado que las decisiones provenientes de los órganos del sistema interamericano sólo pueden ser efectivas si se implementan adecuadamente y son cumplidas de buena fe por los Estados.
De allí que, desde la óptica del funcionamiento y eficacia del sistema interamericano, el acercamiento institucional a través de este tipo de acuerdos como el que esperamos a la brevedad formalizar, se traduce en la confianza que tiene la Comisión en las instituciones de los Estados para que profundicen en el estudio del derecho internacional y adopten sus decisiones en plena conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Cada vez que el conocimiento del sistema interamericano sea mayor por parte de organizaciones de la sociedad civil; agentes estatales, así como entidades académicas y operadores de justicia, el respeto y la defensa de los derechos humanos según estándares internacionales serán más efectivos. En tal virtud, celebramos la iniciativa de actores dentro de los propios Estados para alentar, dentro de sus propios roles, la salvaguarda de los derechos de las personas, de tal manera que la expectativa de justicia sea satisfecha, como naturalmente debe serlo, dentro de cada Estado.
Muy reconocida es la contribución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en los procesos de transición y consolidación democrática en su país y que ha impactado a través de jurisprudencia favorablemente en la región. La Comisión no escapa asimismo a reconocer la gran valentía que históricamente han tenido algunas juezas y jueces colombianos al adoptar sus decisiones conforme al derecho internacional de los derechos humanos a pesar de las presiones que puedan provenir de diversas fuentes, como lo es el crimen organizado, que tan fuerte ha azotado a varios países en las Américas.
Espero que una vez formalizado este entendimiento se convierta en un instrumento útil para el intercambio de información y jurisprudencia, así como la posibilidad de realizar eventos académicos y de promoción conjuntos. Asimismo, espero que la suscripción de tal acuerdo facilite y comprometa aún más la cooperación en forma sistemática y eficiente que hemos tenido, en sus respectivos niveles, ambos órganos cuyo mandato converge precisamente en la protección a los derechos humanos de las y los habitantes de Colombia.
Muchísimas gracias.