ARTICULO 63.- DE LA OBLIGACION DE RESPETARLOS TERMINOS OFRECIDOS Y PACTADOS. Cuando los prestadores de servicios turísticos incumplan los servicios ofrecidos o pactados de manera total o parcial, tendrán la obligación a elección del turista de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido.

PARAGRAFO: Ante la imposibilidad de prestar el servicio de la misma calidad, el prestador deberá contratar a sus expensas, con un tercero, la prestación del mismo.

ARTICULO 64.- DE LA SOBREVENTA. Cuando los prestadores de los servicios turísticos incumplan por sobreventa los servicios ofrecidos o pactados de manera total o parcial, tendrán la obligación a elección del turista, de prestar otros sevicios de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido.

Ante la imposibilidad de prestar el servicio de la misma calidad, el prestador deberá contratar a sus expensas con un tercero, la prestación del mismo.

ARTICULO 65.- DE LA NO PRESENTACION. Cuando el usuario de los servicios turísticos incumpla por no presentarse o no utilizar los servicios pactados, el prestador podrá exigir a su elección el pago del 20% de la totalidad del precio o tarifa establecida o retener el depósito o anticipo que previamente hubiere recibido del usuario, si así se hubiere convenido.

ARTICULO 66.- DE LA EXTENSION Y PRORROGA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. Cuando el usuario desee extender o prorrogar los servicios pactados deberá comunicarlo al prestador con anticipación razonable sujeta a la disponibilidad y cupo. En el caso de que el prestador no pueda acceder a la extensión o prórroga , suspenderá el servicio y tomará todas las medidas necesarias para que el usuario pueda disponer de su equipaje y objetos personales o los trasladará a un depósito seguro y adecuado sin responsabilidad de su parte.

ARTICULO 67.- RECLAMOS POR SERVICIOS INCUMPLIDOS Toda queja o denuncia sobre el incumplimiento de los servicios ofrecidos deberá dirigirse por escrito, a elección del turista, a la asociación gremial a la cual esté afiliado el prestador de servicios turísticos contra quien se reclame o ante el Director Operativo del Ministerio de Desarrollo Económico dentro de los 45 días siguientes a la ocurrencia del hecho denunciado acompañada de los documentos originales o fotocopias simples que sirvan de respaldo a la queja presentada.

Una vez recibida la comunicación el Ministerio de Desarrollo Económico o la Asociación Gremial dará traslado de la misma al prestador de servicios turísticos involucrado durante el término de 7 días hábiles para que responda a la misma y presente sus descargos. Recibidos los descargos el Director Operativo del Ministerio de Desarrollo Económico analizará los documentos oirá las partes si lo considera prudente y tomará una decisión absolviendo o componiendo la sanción correspondiente al presunto infractor, en un término no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del reclamo.

La decisión adoptada en primera instancia por el Director Operativo del Ministerio de Desarrollo Económico será apelable ante el Viceministro de Turismo quien deberá resolver en un término improrrogable de 10 días hábiles. De esta manera quedará agotada la vía gubernativa.

ARTICULO 69.- DEL FOMENTO DE LA CALIDAD EN EL SECTOR TURISMO.

El Ministro de Desarrollo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestado a la comunidad.

Para los efectos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá la creación de Unidades Sectoriales con cada uno de los subsectores turísticos. Estas unidades formarán parte del Sistema Nacional de Normalización. Certificación y Metrología. La creación de las Unidades Sectoriales se regirán por lo establecido en el Decreto 2269 de 1993 y en las normas que lo modifiquen o adiciones.

ARTICULO 70.- DE LAS CERTIFICADORAS DE CALIDAD TURISTICA La superintendencia de Industria y Comercio acreditará, mediante Resolución motivada y previo visto bueno del Viceministerio de Turismo, a las diferentes entidades que lo soliciten para operar como organismos pertenecientes al Sistema Nacional de normalización. Certificación y Metrología y ejercerá sobre estas entidades las facultades que le confiere el artículo 17 de Decreto 2269 de 1993.

De igual forma, las entidades certificadoras que se creen se regirán por las normas establecidas en el mismo Decreto.

1. Presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio de Desarrollo Económico o a las entidades oficiales que la soliciten.
2. Utilizar publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre precios calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido.
3. Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público respecto a la modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo y sus condiciones o sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y obligaciones de los turistas.
4. Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas
5. Incumplir las obligaciones frente a las autoridades de turismo.
6. Infringir las normas que regulan la actividad turística.

ARTICULO 76.- DEFINICION. Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo.

ARTICULO 77.- OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. Los prestadores de servios turísticos deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo
2. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de idoneidad técnica o profesional correspondientes de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, para efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
3. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos en especial en materia de precios, calidad y cobertura del servicio.
4. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo.
5. Dar cumplimiento a los normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios.
6. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

ARTICULO 78.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS O DE HOSPEDAJE. Se entiende por Establecimiento Hotelero o de Hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje.

ARTICULO 79.- DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE. El contrato de hospedaje es un contrato de arrendamiento de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra persona denominada huésped mediante el pago del precio respectivo día a día por un plazo inferior a 30 días.

ARTICULO 80.- DEL REGISTRO DE PRECIOS Y TARIFAS. El Ministerio de Desarrollo Económico procederá al registro de los precios y tarifas de alojamiento y servicios hoteleros accesorios de manera automática únicamente para certificar la fecha de su vigencia pero no podrá sino por motivos y condiciones establecidas en la ley, intervenir, controlar o fijar los precios y tarifas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje.

ARTICULO 81.- DE LA PRUEBA DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE. El contrato de hospedaje se probará mediante la Tarjeta de Registro Hotelero, en la cual se identificará el huesped y sus acompañantes quienes responderán solidariamente de sus obligaciones.

PARAGRAFO. Las facturas expedidas por los prestadores de servicios turísticos debidamente firmadas por el cliente o usuario se asimilarán a la factura cambiaria.

ARTICULO 82.- DE LA CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS. Los establecimientos hoteleros y similares podrán ser clasificados por categorías por parte de la Asociación gremial correspondiente por asociaciones de consumidores o por entidades turísticas privadas legalmente reconocidas.

ARTICULO 83.- LAS HABITACIONES HOTELERAS COMO DOMICILIO PRIVADO. Para lo efectos del artículo 44 de la ley 23 de 1982 las habitaciones de los establecimientos hoteleros y de hospedaje que se alquilan con fines de alojamiento se asimilan a un domicilio privado.

ARTICULO 84.- DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. Son agencias de Viajes las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, y que debidamente autorizadas se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios.

ARTICULO 85.- CLASIFICACION DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. Por razón de las funciones que deben cumplir y sin perjuicio de la libertad de empresa las Agencias de Viajes son de tres clases a saber: Agencia de Viajes y Turismo, Agencias de Viajes Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas.

PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional determinará las características y funciones de los anteriores tipos de Agencias, para cuyo ejercicio se requerirá que el establecimiento de comercio se constituya como Agencia de Viajes.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la obtención de la Tarjeta Profesional de Agente de Viajes y Turismo a que se refiere la ley 32 de 1990, los solicitantes deberán acreditar el título respectivo expedido por entidades universitarias, tecnológicas o técnicas profesionales reconocidas por el ICFES, o en su defecto demostrar en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente ley, que se encontraban desempeñando los cargos de Presidente, Gerente o cargo directivo similar en una Agencia de Viajes en la fecha de entrada en vigencia de la Ley 32 de 1990. El solicitante deberá estar ejerciendo las aludidas funciones en el momento de formular la petición.

ARTICULO 86.- DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS. El transporte de pasajeros por cualquier vía se regirá por las normas del Código de Comercio la ley 105 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y el artículo 26 numeral 5 de la presente ley.

ARTICULO 87.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS, BARES Y SIMILARES Se entiende por establecimientos gastronómicos, bares y similares aquellos establecimientos comerciales en cabeza de personas naturales o jurídicas cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios.

ARTICULO 88.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS, BARES Y SIMILARES DE INTERES TURISTICO. Se entiende por establecimientos gastronómicos, bares y similares de interés turístico aquellos establecimientos que por sus características de oferta, calidad y servicio forman parte del producto turístico local, regional o nacional y que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo.

ARTICULO 89.- DE LA CALIDAD Y CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. Los establecimientos gastronómicos, bares y similares podrán ser clasificados por categorías por parte de la asociación gremial correspondiente por asociaciones de consumidores o por entidades turísticas privadas legalmente reconocidas.

ARTICULO 90.- ESTABLECIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. Se entiende por Establecimientos de Arrendamiento de Vehículos con o sin conductor, el conjunto de vienes destinados por una persona natural o jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos con servicios básicos y/o especiales establecidos en el contrato de alquiler.

PARAGRAFO. Los terminales de transporte y aeropuertos podrán adjudicar en arrendamiento espacios o locales de estos establecimientos con el fin de prestar el servicio en una forma eficiente.

ARTICULO 91.- DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. El contrato de arrendamiento de vehículos es una modalidad comercial de alquiler que una empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de permitir el uso del vehículo a otra persona denominada arrendatario mediante el pago del precio respectivo.

ARTICULO 92.- DEL REGISTRO DE PRECIOS TARIFAS. El Ministerio de Desarrollo Económico procederá al registro de manera automática de los precios y tarifas de alquiler de vehículos y servicios accesorios de las arrendadoras de vehículos, únicamente para certificar la fecha de su vigencia pero no podrá sino por los motivos y condiciones establecidas en la ley, intervenir, controlar o fijar la tarifas.

ARTICULO 93.- DE LAS EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y EMPRESAS DE SERVICOS TURISTICOS PREPAGADOS. Son empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados los establecimientos de comercio que reciban pagos anticipados con cargo a programas turísticos que el usuario podrá definir en el futuro.

ARTICULO 94.- GUIAS DE TURISMO. Se considera guía de turismo a la persona natural que presta servicios profesionales en el área de guionaje o guiaza turística, cuyas funciones hacia el turista viajero o pasajero son las de orientar, conducirlo instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio contratado.

Se reconoce como profesional en el área de guionaje o guianza turística en cualquiera de sus modalidades a la persona que con anterioridad a la vigencia de la presente ley se encuentre autorizada o carnetizada como guía de turismo ante la Corporación Nacional de Turismo o que acredite formación específica como Guía de Turismo, certificada por una entidad de educación superior reconocida por el ICFES u obtenga certificado de aptitud expedido por el SENA, de conformidad con la intensidad horaria de estudios que determinen estas instituciones previa estructura de un programa básico completo de capacitación profesional en el área de Guionaje o Guiaza Turística.

Para el ejercicio de las funciones propias de la profesión de Guía de Turismo se requiere Tarjeta Profesional de Guía de Turismo y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

La Tarjeta Profesional de Guía de Turismo es el documento único legal que se expide para identificar proteger autorizar y controlar al titular de la misma en el ejercicio profesional del guionaje o guiaza turística.

El Gobierno Nacional reglamentará la expedición de la Tarjeta Profesional para quienes acrediten ser profesionales en Guionaje o Guiaza Turística.

Los prestadores de servicios turísticos así como las personas o entidades a cargo de la administración de todos los atractivos turísticos registrados en el inventario turístico nacional, están en la obligación de observar y hacer cumplir que el servicio profesional de guionaje o guiaza turística sea prestado únicamente por Guías de Turismo inscritos en el Registro Nacional de Turismo.

El Gobierno Nacional, en desarrollo de los principios generales de industria turística previa concertación con las diferentes organizaciones gremiales que representan legalmente a los Guías de Turismo, reglamentará la profesión de Guionaje o Guiaza Turística y su ejercicio.

ARTICULO 95.- DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO TURISTICO. El sistema de tiempo compartido turístico es aquel mediante el cual una persona natural o jurídica adquiere, a través de diversas modalidades el derecho de utilizar disfrutar y disponer a perpetuidad o temporalmente una unidad inmobiliaria turística o recreacional por un período de tiempo en cada año normalmente una semana.

ARTICULO 96.- DEL DESARROLLO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO. El sistema de tiempo Compartido Turístico puede instrumentarse a través de diversas modalidades contractuales de carácter real o personal, según sea la naturaleza de los derechos adquiridos.

Tratándose de derechos reales deberán observarse las formalidades que la ley exija para la constitución, modificación afectación y transferencia de esta clase de derechos.

ARTICULO 97.- EXCEPCIONES A LA LEGISLACION CIVIL. Cuando quiera que para la instrumentación del Sistema de Tiempo Compartido se acuda al derecho real de dominio o propiedad no procederá la acción de división de la cosa común prevista en el artículo 2334 de Código Civil.

Con el objeto de desarrollar el sistema de tiempo compartido turístico se permitirá la constitución de usufructos alternativos o sucesivos y de otra parte, el usufructo constituido para estos fines será transmisible por causa de muerte.

ARTICULO 98.- DE LA REGLAMENTACION DEL SISTEMA. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a las modalidades de tiempo compartido, los requisitos de los contratos de tiempo compartido turístico y demás aspectos necesarios para el desarrollo del Sistema de Tiempo Compartido Turístico y para la protección de los adquirientes de tiempo compartido.

ARTICULO 99.- DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TURISTICA. La presente ley será aplicable al Sistema de Tiempo Compartido Turístico en lo pertinente y siempre atendiendo a su carácter especial y autónomo.

KPMG Peat Marwick

Es inversionista extranjero toda persona natural o jurídica no residente en Colombia, que invierta en el país recursos provenientes del extranjero.

El inversionista extranjero podrá poseer hasta el 100% del capital de una compañía localizada en el país.

1. Igualdad: La inversión extranjera recibe el mismo tratamiento que la nacional. No se admite la imposición de condiciones ni tratamientos discriminatorios, salvo en asuntos referentes a la transferencia de recursos al exterior, caso en el cual se les grava con una tarifa del 7%, correspondiente al impuesto de remesas.
2. Universalidad. La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, salvo en las siguientes actividades:

• Defensa y seguridad nacional;

• Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país;

• Empresas inmobiliarias o de finca raíz, salvo que desarrollen su actividad con bienes construidos por ellas mismas;

• Inversión en documentos emitidos como resultado de un proceso de titularización inmobiliaria, salvo que la inversión se realice a través de fondos institucionales de inversión de capital del exterior.

1. Automaticidad: No se requiere autorización previa para realizar su inversión, salvo las siguientes excepciones:

a) Por parte del Departamento Nacional de Planeación:

Los seguros o garantías derivados de convenios internacionales ratificados por Colombia, cuando así lo exijan los respectivos acuerdos internacionales.

b) Por parte de la Superintendencia Bancaria:

Cualquier inversión cuyo objeto sea la adquisición del 10% o más de las acciones suscritas de cualquier institución financiera, y las inversiones que se destinen a constituir u organizar una institución de ese tipo.

También para los fondos de inversión de capital extranjero, cuando se pretenda alcanzar una participación mayor del 5% del total de acciones con derecho a voto de una institución financiera.

La legislación contempla dos tipos de inversión extranjera:

1. Directa: Son los aportes al capital de una empresa constituida o que se establezca en el país. Dichos aportes pueden tomar la forma de contratos, participaciones, acciones o cuotas adquiridas con Animo de permanencia.
2. Inversiones de Portafolio: Son las que se efectúan por compra de acciones y otros valores negociables en Bolsas de Valores. Dichas inversiones se realizan a través de un fondo de inversión de capital del exterior, cuyo único objeto es llevar a cabo este tipo de transacciones en el mercado público de valores.

Es importante destacar que los créditos y operaciones que impliquen endeudamiento no constituyen inversión extranjera.

La inversión extranjera puede tomar la forma de:

1. Importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, aportados al capital de una empresa como importación no reembolsable;
2. Importación de divisas para inversiones en moneda nacional como aporte directo al capital de una empresa, adquisición de derechos y acciones, y bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por instituciones financieras, etc;
3. Aportes en especie al capital de una empresa, consistentes en intangibles, tales como contribuciones tecnológicas o marcas y patentes, en los términos que dispone el Código de Comercio;
4. Capitalización de aquellos recursos en moneda nacional con derecho de giro al exterior, tales como cr6ditos externos, utilidades con derecho a giro, sumas por concepto de importaciones reembolsables, etc;
5. Retención en el patrimonio de utilidades no distribuidas con derecho a giro;
6. Importación de divisas libremente convertibles para realizar inversiones de portafolio;
7. Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales; e
8. Importación de divisas para la compra de inmuebles para vivienda de funcionarios u oficinas de personas jurídicas extranjeras. Sin embargo, no se considera inversión extranjera la adquisición de bienes inmuebles realizadas por personas naturales o jurídicas.

Todas las inversiones de capital del exterior, incluidas las inversiones adicionales, capitalizaciones, reinversiones de utilidades, remesas de utilidades y reembolso de capital, deben registrarse ante el Banco de la República dentro de los tres meses siguientes a la realización de la inversión, siendo posible solicitar una prórroga de tal término, hasta por seis meses.

Una vez registrada la inversión, se reconoce el derecho al libre giro de todas las sumas que se deriven de ella, sin límite en cuanto al monto o al tiempo.

Las condiciones para el reembolso de la inversión, así como para la remisión de las utilidades vigentes en la fecha de registro de la misma, no podrán ser modificadas por leyes posteriores, de manera que afecten desfavorablemente al inversionista.

El mercado de valores se encuentra bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Valores. Toda inversión de portafolio de capital procedente del exterior se hará por medio de un fondo de inversión de capital extranjero, cuya única función será realizar transacciones en el mercado público de valores.

El Estatuto de Valores distingue dos clases de fondos:

Estos fondos pueden invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones; y bonos y otros títulos de deuda emitidos por la Nación, las entidades territoriales y públicas, el Fondo Nacional del Café y las sociedades Colombianas.

b) Fondos Individuales: se definen como aquellos que no son institucionales.

Estos fondos pueden invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por cualquier tipo de sociedad, y otros títulos de contenido crediticio con plazo igual o superior a un año.

Ningún fondo de inversión de capital del exterior podrá poseer el 10% o más del número en circulación de acciones con derecho a voto de una sociedad. Sin embargo, el límite de participación del Fondo Institucional que se organice bajo la modalidad de cuentas colectivas sin participación proindiviso sobre el patrimonio (fondos OMNIBUS) no podrá superar el 40% de las acciones con derecho a voto en circulación de una sociedad.

Los rendimientos, las utilidades y el producto de la venta de los títulos poseídos podrán ser reinvertidos o girados al exterior en forma automática, cada vez que se liquide cualquier inversión, por decisión del administrador del fondo.

Los contratos para la importación de tecnología deben registrarse ante el INCOMEX. El registro será automático cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos:

Identificación de las partes que componen el contrato, identificación de las modalidades que asumirá la transferencia de la tecnología importada, valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de dicha tecnología, y plazo de vigencia.

La ley Colombiana permite a los contratantes pactar que la solución de sus eventuales controversias esté a cargo de un Tribunal Internacional de Arbitramento, siempre y cuando se dé cualquiera de las siguientes condiciones:

Que las partes tengan su domicilio en Estados diferentes, que el lugar de cumplimiento de una parte importante de las obligaciones sea un Estado ajeno a aquel en el que las partes tienen su domicilio principal, que el lugar de arbitraje que acuerden se encuentre fuera del lugar de domicilio de las partes, que el asunto sujeto al pacto arbitral vincule intereses de más de un Estado, que la controversia afecte los intereses del comercio internacional.

Colombia es miembro de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero -OPIC- desde 1985. OPIC tiene como fin fomentar las inversiones de Estados Unidos en los países en desarrollo. Para tal efecto, financia y asegura los proyectos de inversión contra riesgos tales como inconvertibilidad de divisas, expropiación y violencia política. Con el fin de promover el flujo de capitales foráneos, Colombia suscribió en 1986 el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones MIGA-Es una institución multilateral que otorga garantías contra los riesgos no comerciales, tales como la inconvertibilidad de divisas, la expropiación discriminatoria, la guerra y disturbios civiles.

El Congreso ratificó el Convenio Constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, a fin de acceder a un mecanismo de conciliación y arbitramento internacional. Por último, Colombia ha suscrito acuerdos bilaterales de protección de inversiones -BITs- con el Reino Unido, España, Perú y Cuba.

• En Colombia la protección a los derechos de autor incluye todos los trabajos literarios, artísticos o científicos que puedan ser reproducidos o divulgados de cualquier manera. Los programas de software están protegidos en los mismos términos que la propiedad intelectual.

• La protección para los trabajos artísticos y literarios no depende de su registro, y por lo tanto la omisión de éste no es obstáculo para que se goce de salvaguarda.

• Las indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente derivados de violaciones a los derechos de autor, deben ser reconocidas y ordenadas judicialmente. Las penas van de 2 a 5 años de prisión, y una multa que oscila entre 5 y 20 salarios mínimos vigentes.

• Se otorgan patentes a las invenciones de productos o a los procedimientos en cualquier campo de la tecnología, que tengan un grado significativo de inventiva, y tengan la potencialidad de ser aplicadas en la industria o en otro campo productivo, incluyendo servicios.

• Las patentes se registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y otorgan al inventor o al beneficiario que éste determine, el derecho a explotar su invención por el término de 20 años a partir de la fecha de solicitud de registro.

• Puede registrarse cualquier signo que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Es marca todo signo perceptible que distinga en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios similares de otra.

• El registro de las marcas es manejado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y otorgan el derecho a explotarla por el término de 10 años, prorrogables por 10 más.

• Las sociedades anónimas deben constituirse y operar con un mínimo de cinco socios accionistas, quienes responden hasta por el monto de su aporte, representado en acciones negociables.

• La dirección y administración de la sociedad anónima esta a cargo de la asamblea general de accionistas, conformada por los accionistas reunidos en el quorum determinado en los estatutos de la sociedad. Debe hacerse por lo menos una asamblea general de accionistas al año.

• Al momento de la constitución, por lo menos el 50% del capital autorizado debe estar suscrito, y por lo menos el 33% del capital suscrito debe ser pagado.

• Cuando se requiera recapitalizar la sociedad, ésta puede expedir acciones o bonos convertibles en acciones. La venta de acciones se puede realizar en cualquier momento, salvo en casos especiales previstos en los estatutos. Las nuevas aciones pueden ser ofrecidas a un precio mayor de su valor nominal para incrementar el capital social.

• Las sociedades de responsabilidad limitada deben constituirse y operar con un mínimo de dos y un máximo de veinticinco socios, quienes responden hasta el monto de su aporte.

• La dirección y administración de la compañía la hace la junta de socios, en la cual cada socio tendrá tantos votos cuantas acciones posea en la compañía.

• El capital social debe ser pagado en su totalidad en el momento de constituir la sociedad, y dividido en acciones de igual valor, que puede ser asignado de acuerdo con lo previsto en los estatutos y en la ley.

• Las compañías extranjeras que deseen desarrollar actividades permanentes en Colombia deben constituir una sucursal en el país.

• La constitución de una sucursal debe hacerse mediante escritura pública en la municipalidad elegida como domicilio en el país.

• El documento de constitución de la sucursal debe expresar el tipo de negocio que va a desarrollar en el país, el monto del capital asignado, y el lugar de sus oficinas principales en Colombia.

Ya sea al constituir una sociedad o una sucursal, luego de la expedición de la Escritura Pública en donde se protocolicen los documentos, se procede a:

1. Inscribir la escritura pública, junto con los documentos de aceptación de los nombramientos por parte de los directivos de la sociedad (cuando haya lugar a ello), en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar de domicilio de la sociedad.
2. Registrar simultáneamente ante la misma Cámara de Comercio los Libros de Comercio de la sociedad (Libros de la Junta de Socios, de Diario, Mayor y de Inventarios y Balances).
3. Obtener ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- el Número de Identificación Tributaria -NIT-.
4. Abrir una cuenta corriente bancaria a nombre de la sociedad, en la cual se depositará el aporte del inversionista extranjero.
5. Registrar la inversión realizada en la Subdirección Técnica Internacional del Banco de la República dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya efectuado la inversión, plazo podrá ser prorrogado hasta por seis meses. En el caso de las inversiones de portafolio, el registro deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la venta de divisas en el mercado cambiario.

La sustitución de los titulares de la inversión, así como cualquier modificación en cuanto al destino de la misma o la empresa receptora, deberán ser registradas en el Banco de la República.

• Son asociaciones temporales de dos o más personas naturales o jurídicas cuyo interés común en alguna o algunas actividades permite la unión de esfuerzos sin que se constituya una persona jurídica nueva.

• La administración del consorcio se hará en la forma en que sus miembros lo acuerden.

• Los miembros del consorcio responden conjuntamente y sin límite por todas las actuaciones del consorcio y cualquier estipulación que limite esta responsabilidad se considerará como no escrita.

• Los consorcios y uniones temporales están exentos del impuesto de renta, pero sus miembros son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en relación con los ingresos provenientes del proyecto.

El impuesto sobre la renta y complementarios es de carácter nacional, se considera como un solo tributo y tiene tres componentes:

Tarifa: La tarifa del impuesto es del 35%.

Base gravable: La base sometida a impuesto es la renta gravable. Dicha renta se obtiene de sumar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio y que no estén expresamente exceptuados en la ley. De esta suma se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, así como los costos y deducciones imputables a tales ingresos.

Tratamiento especial de algunas rentas: Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de este grupo se destacan los siguientes:

• La prima por colocación de acciones, mientras permanezca en superavit o se capitalice;

• El componente inflacionario de rendimientos financieros percibidos por personas naturales, que distribuyan los fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y fondos de valores que provengan de títulos de deuda pública, bonos y papeles comerciales de sociedades anónimas;

• Las participaciones y dividendos siempre que correspondan a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad;

• Los ingresos originados en la conversión de títulos de deuda pública a títulos canjeables por certificados de cambio.

Compensación de pérdidas: Las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales con las rentas que se obtengan dentro de los cinco periodos gravables siguientes. En el año en el que se compensen las pérdidas fiscales, se toman ajustadas por inflación.

Descuentos tributarios: Los descuentos tributarios se restan directamente del impuesto de renta determinado en la liquidación privada del contribuyente y en ningún caso pueden exceder el valor del impuesto básico de renta.

Los más importantes son:

• Los impuestos pagados en el exterior por contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, siempre y cuando el descuento no exceda el monto del impuesto de renta que se deba pagar en Colombia por esas mismas rentas;

• Los dividendos o participaciones recibidos por sociedades domiciliadas en cualquier país con el cual Colombia tenga suscrito un acuerdo o convenio de integración, en un monto equivalente al dividendo o participación multiplicado por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que hayan sido sometidas las utilidades en cabeza de la sociedad que las generó.

• El 35 % del valor de los Certificados de Reembolso Tributario -CERTS- expedidos por el Banco de la República por la realización de exportaciones;

• El 20% de la inversión en reforestación certificada por el Inderena o por institutos o corporaciones especializadas en reforestación;

• El valor pagado por concepto del IVA en la adquisición y nacionalización de bienes de capital y equipo de computación en el caso de personas jurídicas;

• El valor pagado por concepto de IVA en bienes de capital adquiridos a través de leasing, si se hubiere pactado la opción de compra irrevocable; y

• El valor pagado por concepto de IVA en la compra de maquinaria pesada para industries básicas.

En ningún caso, los descuentos tributarios pueden afectar el impuesto de renta en un porcentaje superior al 75% del impuesto resultante al aplicar el sistema de renta presuntiva. En el caso de descuento por CERT, la Ilimitaci6n antes mencionada es del 50%.

• Las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de sistemas, las empresas oficiales dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliados de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, y las empresas estatales o mixtas dedicadas al aseo, están exentas hasta el año 2002;

• Las rentas de empresas dedicadas a la transmisión o distribución pública domiciliaria de energía eléctrica, están exentas hasta el año 2002.

• Las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica y servicio público domiciliario de gas, telefonía local, y telefonía móvil rural, obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, están exentas hasta el año 2003, sobre las utilidades que capitalicen o que reserven para rehabilitación, extensión y reposición de sistemas. Los porcentajes empiezan para 1996 en 100%, y se va reduciendo gradualmente en un 10% hasta el año 2000 y a partir del 2001 en un 20%, de tal forma que en el 2003 se gravarán en su totalidad.

• Las rentas de empresas que se establezcan a partir de 1994 con el propósito de generar energía eléctrica con carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, están exentas por 20 años, lo mismo que para las empresas generadoras existentes o las que se reestructuren o se establezcan para generar y comercializar energía con base en recursos hídricos y de capacidad instalada inferior a 25,000 kw.

• Zonas francas y personas jurídicas usuarias de zonas francas industriales de bienes y servicios.

• Están exentos del impuesto de renta y complementarios durante 20 años, contados a partir de 1993, las empresas editoriales nacionales dedicadas exclusivamente a la edición de libros, revistas o folletos de carácter científico o cultural, cuando la edición e impresión se realice en Colombia;

• Las rentas obtenidas por extranjeros tienen derecho a las exenciones contempladas en los tratados o convenios internacionales vigentes.

Para las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia y para las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, los dividendos o participaciones percibidos están sometidos al impuesto de renta, a una tarifa del 7%, siempre y cuando dichos dividendos y participaciones hayan pagado impuestos en cabeza de la sociedad que los distribuyó. Si los dividendos y participaciones corresponda a utilidades que no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuyó, estarán sujetos a retención por impuesto de renta del 35% más la tarifa anteriormente mencionada del 70%. Dicho impuesto será retenido en el momento del pago o abono en cuenta.

Sin embargo, si reinvierten en el país los dividendos o participaciones, el pago del impuesto a la tarifa del 7% se difiere mientras la reinversión se mantenga. Si la reinversión se mantiene por un período no inferior a cinco años, dichos dividendos o participaciones se exonerarán del pago de este impuesto.

Son deducibles de la renta aquellos costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Estos gastos deben ser:

• Necesarios y proporcionales según criterio comercial,

• Causados o efectivamente pagados en el año gravable correspondiente, y

• Que tengan relaci6n de causalidad con la actividad productora de renta.

Dentro de las deducciones se destacan las siguientes:

• Los impuestos efectivamente pagados durante el año o periodo gravable por concepto de industria y comercio, vehículos, registro, timbre e impuesto predial, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente.

• La depreciación de activos fijos, la cual se debe calcular sobre su costo ajustado por inflación para los activos adquiridos a partir de 1992.

• La amortización de inversiones. Se pueden incluir, entre otros, los siguientes egresos como inversión: los estudios de factibilidad, instalación, organización, los de desarrollo e investigación, así como los de las primas de cesión de negocios y los de compra de intangibles. Las inversiones pueden amortizarse en un término no inferior a 5 años, salvo que se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio la amortización deba hacerse en un plazo inferior.

• La inversión nueva realizada en reforestación, en plantaciones de olivo, cacao, coco, palmas de aceites, caucho, frutales, en obras de riego y drenaje, en pozos profundos y silos. La deducción está limitada al 20% de la renta liquida del contribuyente.

• La inversión en investigación científica o tecnológica y en control o mejoramiento del medio ambiente, igualmente limitada al 20% de la renta liquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.

• Los intereses pagados a entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, siempre y cuando son certificados por la entidad beneficiaria.

• Deducción de ajustes por diferencia en cambio, cuando los pagos efectuados en divisas extranjeras sean estimados por el precio de adquisici6n de las divisas en pesos Colombianos.

• Los gastos incurridos en el exterior que tengan relación de causalidad con rentas de fuente colombiana, siempre y cuando se hayan efectuado las correspondientes retenciones en la fuente, y que lo pagado constituya renta gravable en Colombia para el beneficiario del pago. La deductibilidad de los gastos en el exterior, para la obtención de rentas gravables en Colombia, está limitado al 15% de la renta líquida gravable antes de la deducción de dichos gastos en el exterior.

Tarifa: La tarifa general de impuesto a la renta más dos puntos porcentuales, es decir, el 37%.

Descripción: Las personas jurídicas que se acojan a este régimen, suscribirán un contrato por 10 años con el Estado, mediante el cual quedarán obligadas a pagar una tarifa superior en 2 puntos porcentuales a la tarifa general del impuesto de renta y complementarios. Así, cualquier tributo o contribución que se establezca con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento en las tarifas del impuesto de renta y complementarios que se decrete, no les será aplicable. Adicionalmente, si durante este lapso se reduce la tarifa del impuesto de renta y complementarios, la tarifa aplicable será igual a la nueva tarifa, aumentada en 2 puntos porcentuales.

Tarifa: La tarifa del impuesto es del 35%.

Aplica la misma tarifa a las ganancias ocasionales de sociedades extranjeras de cualquier naturaleza. Ingresos constitutivos de ganancia ocasional:

Causado por: - las ganancias no operacionales obtenidas por la venta de activos;

- las utilidades originadas en la liquidaci6n de sociedades;

- las ganancias por loterías, rifas, apuestas y similares.

Se causa por la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales percibidas en Colombia por compañías con inversión extranjera, así como por la obtención de utilidades por parte de sucursales de entidades extranjeras, las cuales se entienden remesadas al exterior.

Tarifa: La tarifa del impuesto es del 7%.

Cuando son utilidades, se tiene en cuenta las obtenidas en Colombia durante el anterior año gravable, incluyendo dividendos y participaciones que obtengan las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuando se trata de comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensación por servicios profesionales, explotación de propiedad industrial o know how, la base será el resultado de restar del pago o abono en cuenta el impuesto de renta.

• Dividendos y participaciones;

• Intereses de créditos obtenidos en el exterior por ciertas empresas;

• Pagos o abonos realizados por concepto de servicios t6cnicos y asistencia técnica prestados desde el exterior;

• Reinversión de utilidades, por un período no inferior a 5 años.

Es un impuesto de carácter nacional y grava la prestación de servicios y la venta e importación de bienes al territorio nacional.

La tarifa del IVA varía según la clase de bienes o servicios, siendo en general del 16%. Ciertos bienes tienen tarifas diferenciales y otros están excluidos del impuesto.

El IVA se puede descontar del impuesto de renta en ciertos casos que ya fueron mencionados.

Es un impuesto nacional que se causa sobre documentos que sustentan contratos escritos en Colombia, o que vayan a ejecutarse en Colombia y cuya cuantía exceda determinada suma. Para el año gravable de 1997 dicha suma es de COP$36,000,000.oo. La tarifa general es del 1.0% sobre el valor total del contrato. Sin embargo, se establecen algunas tarifas especiales, así como exenciones.

Es un impuesto que se causa por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones regales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.

Las Asambleas Departamentales fijarán las tarifas dentro de los siguientes rangos:

1. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos: entre el 0.5% y el 1%.
2. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio: entre el 0.3% y el 0.7%.
3. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, sujetos a registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio, tales como el nombramiento de representantes regales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesi6n de derechos ni aumentos de capital, escrituras aclaratorias: entre dos y cuatro salarios mínimos diarios regales (salario mínimo diario: COP$5,734).

En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a este impuesto en los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable corresponde al 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, o por la proporción del capital suscrito o social que corresponde a los particulares.

Cuando el documento esté sujeto al impuesto de registro, no se causará impuesto de timbre nacional.

El impuesto de guerra por explotación de petróleo crudo, gas libre y/o asociado y la exportación de carbón y ferroníquel tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997 para los campos que hayan iniciado producción con posterioridad al 30 de junio de 1992 y hasta el 31 de diciembre de 1994. Para los yacimientos y/o campos descubiertos con posterioridad al 30 de junio de 1992 y antes del 1 de enero de 1995 y cuya producción se inicie con posterioridad al 31 de diciembre de 1994, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

Los descubrimientos realizados con posterioridad al 1 de enero del 95 no están sujetos al impuesto y tampoco lo están los yacimientos que tengan declaratoria de comercialidad después de esa fecha.

Lo pagado por concepto de contribución especial de las industrias extractivas durante el año 1997 y siguientes, no es deducible del impuesto sobre la renta.

Las tarifas aplicables por la explotación de petróleo crudo, gas libre o asociado, y la explotación de carbón y ferroníquel serán las siguientes:

1. Petróleo crudo: Se causa sobre el valor total de barriles producidos durante el mes conforme al precio F.O.B. de exportación para petróleo liviano y pesado con grado menor a 15 API.

• Petróleo pesado que tenga un grado inferior a 15 API: 3.5%

1. Gas libre y asociado: 3.5% sobre el valor total producido durante el mes, excluido el destinado para generación de energía térmica y para consumo doméstico residencial, según precio de venta en boca de pozo de cada 1000 pies cúbicos.
2. Carbón: 0.6% sobre el valor F.O.B. del total exportado durante el mes.
3. Ferroníquel: 1.6% sobre el valor F.O.B. del total exportado durante el mes.

A partir del 1 de enero de 1998 las tarifas serán las siguientes:

1998 1999 2000 2001

Petróleo liviano 5.5% 4.0% 2.5% 0%

Petróleo pesado 15 API 3.0% 2.0% 1.0% 0%

Gas libre y asociado 3.0% 2.0% 1.0% 0%

Es un impuesto municipal que grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del Municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. Las autoridades competentes para su administración y recaudo son las Secretarías de Hacienda y las Tesorerías de los Municipios respectivos.

Tratándose de una actividad industrial, la base gravable la constituyen los ingresos provenientes de la comercialización de los productos, excluyendo las exportaciones, los ingresos por venta de activos fijos, las devoluciones, los subsidies percibidos y los impuestos recaudados. El Municipio competente para el recaudo es aquel en donde se encuentre ubicada la fábrica o planta.

En el caso de actividades comerciales o de servicios, la base gravable es el promedio mensual de los ingresos del año inmediatamente anterior, excluyendo los conceptos del párrafo anterior.

La tarifa es fijada por cada municipio dentro de los siguientes limites establecidos por la ley:

Actividades Industriales : 2 a 7 por mil mensual

Actividades Comerciales : 2 a 10 por mil mensual

Es un impuesto municipal que grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. El marco legal lo constituyen la Ley 44 de 1990 y los acuerdos expedidos por los Concejos Municipales. La autoridad competente para su administración y recaudo es el municipio dentro de cuyo territorio se encuentren los inmuebles.

La tarifa es fijada por cada municipio y puede oscilar entre el uno por mil y el dieciseis por mil del avalúo catastral del respectivo inmueble.

En el caso de sociedades Colombianas con inversión extranjera, se grava la renta de fuente nacional y extranjera obtenida por la sociedad, con una tarifa del 35%.

En el caso de sucursales de sociedades extranjeras, se grava la renta de fuente nacional obtenida por la sucursal, a una tarifa del 35%.

Gastos deducibles de la renta

Las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras, tienen derecho a deducir de sus ingresos los montos pagados por concepto de gastos de administración o dirección y por concepto de regalías y explotación o adquisición de intangibles, siempre que se practique la retención en la fuente respectiva.

Igualmente son deducibles los gastos efectuados en el exterior que tengan relación de causalidad con la rentas de fuente nacional, siempre y cuando se haya practicado la retención en la fuente, si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia.

La deducción está limitada al 15% de la renta liquida del contribuyente, cuando el gasto en el exterior no genere renta de fuente nacional.

Su tarifa es del 35%, es decir, la misma del impuesto de renta gravable, tanto para sociedades Colombianas con inversión extranjera como para sucursales de sociedades extranjeras.

En caso que la sociedad Colombiana con inversión extranjera realice pagos o abonos al exterior, éstos estarán sujetos al impuesto de remesas, que será retenido en la fuente por la sociedad. La tarifa de este impuesto es 7%.

Para las sucursales de sociedades extranjeras, el impuesto de remesas se causa por la simple obtención de utilidades, las cuales se presumen transferidas al exterior.

Si se reinvierten en el país las utilidades, el pago del impuesto se diferirá mientras la reinversión se mantenga. Si la reinversión se mantiene por un período mayor a cinco (5) años, las utilidades se exonerarán del pago de este impuesto.

Las tarifas del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario de remesas aplicables a los inversionistas extranjeros cuyos ingresos provengan de la exploraci6n, explotaci6n o producci6n de hidrocarburos, son:

10% para el año gravable 1997

7% para el año gravable 1998 y siguientes

1. Impuesto sobre la renta gravable: El inversionista está sujeto a un impuesto sobre sus rentas de fuente nacional, que es retenido en la fuente por quien realice el pago. La tarifa es del 35%.
2. Impuesto sobre ganancias ocasionales: La tarifa sobre las ganancias ocasionales de fuente nacional es del 35%.
3. Impuesto de remesas: El giro de utilidades al exterior esta sujeto al impuesto de remesas cuya tarifa es del 7%.

1. Impuesto sobre la renta gravable: Los extranjeros residentes en Colombia, es decir, con permanencia continua o discontinua en el país por un término mínimo de seis (6) meses en el año, están sujetos al impuesto de renta sobre sus ingresos de fuente nacional. A partir del quinto año de residencia en el país sus ingresos de fuente extranjera estarán igualmente sujetos al impuesto de renta.

El impuesto de renta se determina de acuerdo con una tabla progresiva, cuya tarifa marginal más alta es del 35%. Para el año gravable 1997, esta tarifa es aplicable a partir de COP$ 40,200,000.oo.

2. Impuesto sobre ganancias ocasionales: La tarifa sobre las ganancias ocasionales de fuente nacional es del 35%, cuando el monto exceda los COP$ 40,200,000.oo.

Colombia ha suscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

Con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas relacionados con el transporte aéreo y marítimo;

Con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y de las empresas de transporte internacional;

Con el Pacto Andino, para evitar la doble tributación entre las empresas con inversión unilateral pertenecientes a tales Estados. Estos son aplicables a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros, respecto de los impuestos sobre la renta y patrimonio (En Colombia no existe el impuesto sobre el patrimonio).

Este régimen especial consagrado por la ley 218 de 1995 otorga una exención del impuesto de renta y complementarios, por un período de diez años, a las nuevas empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con la exploración y explotación de hidrocarburos y a aquellas preexistentes al 21 de julio de 1994 que demuestren incrementos sustanciales en la generación de empleo, que se instalen o se encuentren localizadas en ciertos Municipios de Huila y Cauca.

La cuantía de la exención regirá de acuerdo a los siguientes porcentajes y períodos:

• 100% para las empresas preexistentes, o nuevas que se establezcan entre el 21 de junio de 1994 y el 20 de junio de 1999;

• 50% para las que se instalen entre el 21 de junio de 1999 y el 20 de junio del 2001;

• 25% para las que se establezcan entre el 21 de junio del 2001 y el 20 de junio del 2003.

A las empresas establecidas en Colombia que realicen inversiones en el área de Cauca y Huila se les reconoce una deducción del impuesto de renta por el monto respectivo de la inversión.

Adicionalmente, se les exceptúa del impuesto de remesas.

Existe la posibilidad de acceder a un bono de 15% por tardío rendimiento.

La maquinaria, equipos, materias primas y repuestos nuevos que se instalen o utilicen en los sitios establecidos, estarán exentos de impuestos, tasa o contribución, siempre que la respectiva licencia de importación haya sido aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior antes del 31 de diciembre del año 2003. Los bienes mencionados que se importen haciendo uso de las exenciones establecidas, deberán ser instaladas, utilizadas, transformadas o manufacturadas, según el caso, en el territorio de los Municipios antes señalados.

Las materias primas no podrán ser enajenadas sin antes haberle efectuado un proceso industrial por parte del importador. La importación de bienes de capital no producidos en la subregión andina y destinados a empresas de los sectores primario, secundado y terciado, estarán exentos de aranceles por un término de cinco años, contados a partir de la vigencia de esta ley.

El Gobierno creará una línea de crédito para apoyar el establecimiento de nuevas empresas o reinstalar o reactivar empresas preexistentes en los Municipios mencionados anteriormente. Los créditos tendrán plazos entre 6 y 8 años, período de gracia hasta por 18 meses y tasa equivalente al DTF más un punto.

El régimen cambiario Colombiano, regulado en la Ley 9 de 1991 y la Resolución 21 de 1993 del Banco de la República y demás normas concordantes, es una herramienta fundamental para la internacionalización de la economía, el fomento al comercio exterior y a la inversión extranjera, que hace de Colombia un país competitivo y atractivo para la inversión. Este régimen establece absoluta libertad cambiaria para la entrada de capitales extranjeros al país, permitiendo poseer cuentas corrientes en moneda extranjera fuera de Colombia, realizar operaciones cambiarias a través de intermediarios autorizados, que son prácticamente todo el sector financiero Colombiano privado y oficial, y autorizando una amplia gama de operaciones a través del mercado libre.

Todas las personas o empresas domiciliadas en el país están cobijadas por el régimen cambiario Colombiano. Para los efectos cambiarios, se consideran residentes en el país todas las personas naturales que habitan el territorio nacional, así como las personas jurídicas con domicilio en Colombia y las sucursales de sociedades extranjeras en el país. Igualmente son consideradas residentes para efectos cambiarios, las personas naturales extranjeras que permanezcan en el país más de seis meses continuos o discontinuos en un periodo de un año.

La declaración de cambio es la única formalidad que se exige para poder efectuar una operación de mercado cambiario, es decir, una de aquellas operaciones de cambio que obligatoriamente deban canalizarse a través del mercado cambiario.

Este formulario debe diligenciarse por quien realice cualquier operación de cambio, su representante, apoderado general o mandatario especial (aunque no sean abogados), ya sea a través de un intermediario del mercado cambiario, del mecanismo de compensación o de entidades autorizadas para manejar divisas profesionalmente (casas de cambio, etc). En él se consigna información sobre la operación realizada y se entrega al intermediario ante quien se efectúa la compra o venta de divisas.

Al ser una declaración privada, la información suministrada, así como el cumplimiento de las disposiciones cambiarias, es responsabilidad exclusiva de quien realiza la operación de cambio.

Para que el intermediario del mercado cambiario adquiera las divisas generadas en una operación de cambio, o enajene las necesarias para cancelar una operación en el exterior, sólo se requiere presentarle la declaración de cambio debidamente diligenciada de conformidad con las exigencias del Banco de la República.

Son operaciones de cambio las siguientes:

• Importaciones y exportaciones de bienes y servicios;

• Inversiones de capitales del exterior en el país;

• Inversiones Colombianas en el exterior;

• Las que impliquen transferencias de moneda extranjera entre residentes y no residentes del país;

• Todas las operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el exterior que impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás operaciones de carácter financiero en moneda extranjera;

• Las entradas o salidas del país de moneda legal Colombiana y de títulos representativos de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con moneda legal Colombiana o títulos representativos de ella;

• Las operaciones en divisas o títulos representativos de las mismas que realicen el Banco de la República, los intermediarios del mercado cambiario y los demás agentes autorizados con otros residentes en el país;

• Las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

La declaración de cambio debe conservarse con sus documentos de soporte durante dos años, período en el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá revisarla.

Sólo se aceptan diferencias entre la declaración de cambio y las operaciones efectivamente realizadas, hasta por el 1% de su valor o hasta USD1000.

Cualquier persona natural o jurídica radicada en Colombia puede tener cuentas corrientes en el extranjero, y manejar directamente las divisas que requiera para sus transacciones internacionales.

Por lo tanto, el titular de la cuenta puede consignar en ésta las divisas que genere o debitar de ella las que requiera para sus operaciones de cambio. Sin embargo, si las operaciones que realiza son de aquellas que necesariamente deben canalizarse por el mercado cambiario, dicha cuenta adquiere la calidad de Cuenta Corriente de Compensación, y en este caso, deben cumplirse las siguientes obligaciones:

• Registrar la cuenta ante el Banco de la República dentro del mes siguiente a la apertura o a la realización de una operación de mercado cambiario.

• Presentar mensualmente al Banco de la República la Declaración de Cambio, la cual debe contener una relación de las operaciones efectuadas a través de la cuenta durante el mes anterior, de las inversiones de los saldos de la cuenta y del origen de las divisas consignadas en dicha cuenta, que no provengan del mercado cambiario.

Cualquier residente en Colombia puede utilizar el mecanismo de compensación, salvo que en los últimos diez años haya sido sancionado por una infracción cambiaria, aduanera, o haya violado las disposiciones de control de lavado de activos o se le haya suspendido el beneficio del Certificado de Reembolso Tributario (CERT).

El mercado cambiario está constituido por aquellas divisas que obligatoria o voluntariamente se canalicen a través de los intermediarios del mercado cambiario o hacen parte de Cuentas Corrientes de Compensación.

Las operaciones que obligatoriamente deben canalizarse por el mercado cambiario son:

• Importación y exportación de bienes;

• Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas;

• Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas;

• Inversiones de capital Colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas;

• Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario;

• Avales y garantías en moneda extranjera; y,

• Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas.

Son intermediarios del mercado cambiario las siguientes instituciones financieras:

• Los Bancos Comerciales;

• Las Corporaciones Financieras;

• La Financiera Energética Nacional (FEN);

• El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (BANCOLDEX);

• Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y las Compañías de Financiamiento Comercial (siempre y cuando su monto mínimo de capital pagado y reserva legal alcance el monto mínimo que deba acreditarse para la constituci6n de una Corporaci6n Financiera);

• Casas de cambio (para algunas operaciones cambio).

La función de los intermediarios es canalizar las divisas correspondientes a las operaciones del mercado cambiario, adquiriendo y vendiendo las divisas que se requieran o que se generen en dichas operaciones. Las tasas de cambio de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente acuerden las partes intervinientes en la operación y no podrá cobrarse ningún tipo de comisión por parte del intermediario.

Todas aquellas operaciones de cambio que no hayan sido catalogadas como del mercado cambiario, pertenecen al denominado mercado libre, y por consiguiente, pueden efectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario o a los mecanismos de compensación. Es decir, son las operaciones de cambio que se pueden realizar libremente entre particulares.

En principio, las divisas que reciba un residente por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse únicamente para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario. Sin embargo, están permitidas las siguientes operaciones en moneda extranjera:

• Cancelar fletes y tiquetes de transporte internacional;

• Cancelar gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales y primas por concepto de seguros denominados en divisas;

• Realizar inversiones financieras o en activos en el exterior;

• Consignar divisas en cuentas Corrientes en el exterior, sin que este caso se requiera registro ante el Banco de la República;

• Pagar reaseguros o siniestros por parte de empresas de seguros establecidas en Colombia.

• No requieren declaración de cambio;

• Es un mercado entre particulares, en el cual no participan entidades profesionales, y las operaciones que en él se ejecuten no son de carácter público;

• Causan el 6% de impuesto de retención en la fuente si se trata de ingresos provenientes del exterior obtenidos por contribuyentes obligados a declarar y el 3% en iguales circunstancias, pero si se trata de contribuyentes no obligados a declarar;

• Las divisas del mercado libre pueden ser adquiridas a residentes e intermediarios del mercado cambiario o a casas de cambio, en cuyo caso se deberá diligenciar la declaración de cambio.

Las obligaciones en moneda extranjera derivadas de contratos o convenios celebrados por residentes en el país se cancelan en pesos Colombianos a la tasa representativa del mercado de la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una tasa o fecha de referencia distinta.

Se entiende por tasa de cambio representativa del mercado, el promedio aritmético de las tasas de compra y venta de divisas y certificados de cambio con diez o menos días de emitidos, efectuadas por los bancos comerciales y las Corporaciones Financieras en diferentes ciudades del país, la cual es certificada diariamente por la Superintendencia Bancaria.

Las operaciones de importación y exportación son operaciones del mercado cambiario.

Los pagos para cancelar el valor de las importaciones efectuadas deben realizarse con divisas del mercado cambiario. Las divisas requeridas para tal efecto deben ser adquiridas a los intermediarios del mercado cambiario, o bien generadas en las cuentas de compensación.

La financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses se considera como una operación de crédito externo, por lo cual deberá constituirse un déposito equivalente al 30% ante el intermediario financiero.

Las importaciones temporales de bienes de capital con plazo mayor a doce meses sólo pueden financiarse bajo la modalidad de leasing internacional, asimilándose a crédito externo, y se pueden efectuar solamente cuando se refieran a bienes de capital.

Los residentes en el país deben canalizar a través del mercado cambiario las divisas recibidas con ocasión de sus exportaciones, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de las divisas. Cuando se otorgue al comprador del exterior un plazo de pago superior a doce meses, la operación constituye endeudamiento externo.

Los residentes en el país podrán recibir el pago de sus exportaciones o cancelar el valor de sus importaciones en moneda legal Colombiana únicamente a través del mercado cambiario.

Los residentes en el país pueden abrir cuentas Corrientes en el exterior en moneda extranjera con las divisas adquiridas a través del mercado cambiario, provenientes de operaciones de comercio exterior como de operaciones financieras. Con los recursos depositados en estas cuentas, los residentes pueden efectuar cualquier operación de cambio, ya sea que deba canalizarse o no a través del mercado cambiario.

Todas las operaciones financieras de divisas, en las cuales intervenga un intermediario autorizado, se consideran del mercado cambiario y, en consecuencia, es necesario diligenciar la declaración de cambio correspondiente.

Las divisas destinadas a realizar inversiones de capital del exterior en Colombia se canalizan a través del mercado cambiario. Por otra parte, y para beneficiarse de los derechos cambiarios, los inversionistas de capital del exterior deben registrar su inversión ante el Banco de la República dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya realizado la inversión. Sin embargo, puede solicitarse una prórroga hasta por seis meses más para tal registro. Si vencidos estos términos el inversionista extranjero no lo realiza, la suma invertida y las utilidades que genere carecerán del derecho a ser giradas al exterior. Adicionalmente, puede imponérsele una multa.

Para girar divisas al exterior por concepto de utilidades producidas por inversiones registradas de capital externo, así como por concepto de la liquidación o enajenación de la inversión del exterior en Colombia, debe acudirse al mercado cambiario.

Las inversiones en el exterior que realicen residentes en el país se canalizan a través del mercado cambiario y se registran ante el Banco de la República, salvo que se efectúen con divisas que no deban ser canalizados a través de este mercado. Dentro de estas inversiones se encuentran específicamente reguladas:

• La compra de títulos emitidos o activos radicados en el exterior;

• La compra de obligaciones privadas externas;

• La compra de deuda pública externa y de bonos o títulos de deuda pública externa, y

• Los giros al exterior originados en la colocación a residentes en el país de títulos emitidos por empresas del exterior o gobiernos extranjeros.

Los residentes en el país pueden obtener crédito en moneda extranjera de entidades financieras del exterior. También podrán conceder crédito en moneda extranjera a residentes en el exterior, independientemente del plazo y destino de las divisas. Todo ingreso y egreso de divisas por concepto de crédito en moneda extranjera otorgado u obtenido por los residentes en el país, se canaliza a través del mercado cambiario. Para créditos obtenidos por los residentes en el país, debe constituirse un depósito en el Banco de la República en moneda legal Colombiana equivalente a un 30% del valor de cada desembolso, liquidado a la tasa de cambio representativa del mercado vigente a la fecha de su constitución.

Los sectores de hidrocarburos y minería gozan de un régimen de control de cambios especial, más favorable y flexible que el régimen ordinario.

Las empresas con capital del exterior dedicadas a la exploración y explotación de petróleo y gas natural, aquellas que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios técnicos para la exploración y explotación de petróleo, y las sucursales de empresas extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de carbón, ferroníquel o uranio, no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado cambiario el producto de sus ventas en moneda extranjera. Solamente deberán reintegrar las divisas necesarias para satisfacer sus necesidades en moneda legal Colombiana.

Como consecuencia de lo anterior, estas empresas no tienen acceso al mercado cambiario para adquirir divisas con destino a sus operaciones cambiarias, sino que deben disponer de sus propias divisas para atender sus necesidades de moneda extranjera. Se ha establecido la posibilidad de que las empresas petroleras (exploración y explotación), las de servicios petroleros calificadas por el Ministerio de Minas y Energía y las empresas que realicen actividades de exploración y explotación de carbón, ferroníquel y uranio, puedan celebrar y pagar contratos en moneda extranjera entre ellas.

Los usuarios de las Zonas Francas Industriales no están obligados a reintegrar al mercado cambiario las divisas obtenidas en sus exportaciones y demás operaciones de cambio, pero podrán hacerlo para reintegrar las divisas necesarias para atender sus gastos en moneda legal Colombiana.

A partir de 1990, se inició en el país un proceso de apertura económica que incluyó la eliminación de las restricciones existentes en materia de comercio exterior, la reducción de tasas arancelarias y la negociación de varios acuerdos comerciales.

Colombia ha suscrito diversos acuerdos comerciales. De esta suerte, los productos elaborados en el país tienen acceso a diversos mercados integrados con el Colombiano.

Actualmente forman este acuerdo Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Incluye una unión aduanera con un arancel externo común de 14% en promedio, política común en cuanto a normas técnicas sanitarias y fitosanitarias, entre otros temas, y regímenes comunes en materia de inversión extranjera y propiedad intelectual. El Pacto Andino constituye un mercado de aproximadamente 88 millones de habitantes.

Este tratado de libre comercio fue suscrito en Octubre de 1994 por Colombia, Venezuela y México. Incluye un programa de desgravación arancelaria a diez años que cubre casi la totalidad de bienes, establece compromisos en materia de comercio de servicios, prácticas comerciales, salvaguardias, solución de controversias y propiedad intelectual. Representa un mercado de aproximadamente 136 millones de habitantes. El 50% de la exportaciones industriales de Colombia pueden entrar a México libres de arancel.

La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- establece un área de preferencias comerciales entre los países de Latinoamérica. En el marco de la ALADI Colombia ha suscrito acuerdos con Argentina, Brasil y Chile.

Este acuerdo contempla la formación de una zona de libre comercio, eliminando gradualmente los gravámenes aduaneros y las barreras no arancelarias. Para 1997, el 93% de las exportaciones de Colombia a Chile quedarán totalmente liberadas.

Este programa de preferencias unilaterales otorgado por Estados Unidos en 1991 a los países miembros de Pacto Andino tiene una vigencia de 10 años. Su objetivo es estimular la inversión en sectores no tradicionales y diversificar la base de exportaciones de estos países, otorgando a varios productos un acceso libre de aranceles al mercado norteamericano. Se exceptúan de este tratamiento los textiles y confecciones, el petróleo y sus derivados, calzado y atún enlatado.

La Unión Europea ha otorgado un sistema de rebajas arancelarias y eliminación de cuotas y cupos que estará vigente hasta el año 2004, para una serie de productos originarlos de Colombia, Ecuador y Perú.

Es un área del territorio Colombiano que goza de un régimen aduanero y fiscal especial, con el fin de fomentar la industrialización de bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a los mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional.

Para las operaciones con el resto del mundo, las zonas francas se reconocen como parte del territorio nacional; para las operaciones de comercio con el país, se toman como territorio extranjero.

En Colombia existen 3 clases de zonas francas:

• Industriales de Bienes y Servicios: Para promover y desarrollar el proceso de industrialización y la prestación de servicios destinados primordialmente a los mercados externos.

• Industriales de Servicios Turísticos: Para promover la prestación de servicios turísticos, destinados al turismo extranjero (receptivo) y subsidiariamente al turismo nacional.

• Industriales de Servicios Tecnológicos: Para promover y desarrollar empresas de base tecnológica, cuyos productos sean de investigación científica y desarrollo tecnológico; nuevos productos y procesos de creación, generación y apropiación de tecnología orientados a la exportación, y subsidiariamente hacia el mercado Colombiano.

Estas son administradas y dirigidas por sociedades de carácter privado denominadas usuario "operador", responsables de verificar el cumplimiento de las normas de comercio exterior en las mismas.

Por su parte, las empresas que se instalan en zona franca se denomina "usuarios" y son de varias clases de acuerdo con la actividad que desarrollen.

El usuario operador autoriza la instalación de los usuarios desarrolladores e industriales en las zonas francas. Cualquier persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia, puede calificar como usuario, mediante solicitud presentada ante el usuario operador de la respectiva zona franca.

Dicha solicitud debe contener:

• Nombre o razón social y domicilio de los solicitantes.

• Descripción del proyecto o servicios acorde con el plan de desarrollo de la zonas francas.

• Estudio de factibilidad técnica.

• Determinación de la composición o probable composición del capital de la sociedad.

• Concepto favorable de la autoridad competente sobre el impacto ecológico del proyecto.

• Escritura de constitución de la sociedad, al igual que estados financieros y referencias bancarias.

Aprobada la solicitud se suscribe un contrato en el que se estipula el objeto, valor, garantías, término y actividades a desarrollar.

1. Los usuarios de las zonas francas Industriales de bienes y servicios gozan de exención del pago de impuesto de renta (35%) y complementario de remesas (7%) sobre los ingresos provenientes de ventas anuales de bienes y servicios a mercados externos.

Se entiende por ventas a mercados externos:

• Ventas a terceros países

• Ventas en desarrollo de contratos de importación- exportación (Plan Vallejo)

• Ventas a otros usuarios de la misma u otra zona franca Colombiana

• Ventas en desarrollo de licitaciones internacionales

1. Exención de impuesto de renta y remesas (7%) para los pagos y transferencias efectuadas al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos.
2. Los usuarios operadores y desarrolladores están exentos del impuesto de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que obtengan en desarrollo de las actividades que se les autorice dentro de la respectiva zona.
3. Las industries extranjeras están exentas de impuesto sobre remesas de utilidades.

1. Se pueden introducir en las zonas francas toda clase de bienes tales como mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinada entre otros, sin el pago de tributos aduaneros. La introducción de bienes procedentes de otros países a las zonas francas no se considera importación, por lo tanto no causa IVA (165 promedio) ni arancel (11.5% promedio).
2. Los bienes introducidos a las zonas francas obtienen los incentivos otorgados a las exportaciones Colombianas.
3. Libre acceso de los bienes producidos en las zonas francas al mercado nacional. En este evento se pierde la exención de impuesto de renta y complementados sobre la fracción de ingresos derivados de las ventas al mercado interno.
4. La introducción de bienes producidos en las zonas francas al país, sólo causaran los derechos de importación correspondientes a las materias primas extranjeras involucradas en su fabricación y de acuerdo con la clasificación arancelaria de los bienes finales.
5. Los materiales de construcción, el equipo de construcción y la maquinaria para plantas manufactureras se pueden importar libres de aranceles.
6. Las mercancías de origen extranjero y con destino al mercado nacional se pueden almacenar en zona franca sin causar arancel ni IVA por tiempo ilimitado. Esto implica:

• Posibilidad de inspección y de exhibición en zona franca de la mercancía, antes de la nacionalización.

• Posibilidad de reexpedición a otros países sin el trámite de reexportación.

• Posibilidad de despachos parciales.

1. Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero desde puertos y aeropuertos internacionales hacia zonas francas, así como entre zonas francas permitiendo movilizar las mercancías sin que se causen arancel ni IVA.
2. Se autoriza la terminación de regímenes de importación temporal de corto y largo plazo mediante la introducción a zona franca. Igualmente, puede importarse a Colombia un bien procedente de zona franca bajo cualquier modalidad de importación suspensiva, previo el cumplimiento de los requisitos específicos para cada modalidad.
3. Se considera valor agregado nacional y por lo tanto no forma parte de la base para calcular el arancel, las materias primas e insumos de origen Colombiano y las de origen extranjero respecto de las cuales se hayan pagado los derechos de importación en Colombia. Igualmente, la mano de obra incorporada en zona franca se considera valor agregado nacional.
4. La mercancías con destino al mercado nacional que requieran la diligencia de verificación por parte de una compañía certificadora, podrán cumplir este requisito en zona franca.
5. Posibilidad de procesamiento parcial fuera de zona franca sin causación de arancel ni IVA.

Resoluciones 51 y 52 de 1991, 53, 55, 56, y 57 de 1992 y 60 de 1993 del Conpes y

Decretos 2348 de 1993 y 98, 1812, 2012, 2764 de 1994, 517 de 1995 y 1295 de 1996

GARANTIAS

Que los artículos 3 y 15 de la Ley 9a. de 1991 otorgan al Gobierno funciones de regulación en materia de inversiones internacionales para ser ejercidas por conducto del CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL CONPES;

Que se han expedido Decisiones Andinas, de carácter supranacional de obligatorio cumplimiento sobre la materia;

Que se adopte el nuevo Régimen Cambiario;

Que durante la vigencia de la Resolución 49 de 1991 del CONPES se han identificado algunos elementos que pueden hacer más ágil la política de inversiones; y

Que el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL CONPES, en su sesión del 7 de octubre de 1991 recomendó adoptar un Estatuto único sobre inversiones internacionales;

Artículo 1o.- Estatuto de Inversiones Internacionales. Las normas de esta resolución constituyen el Estatuto de Inversiones Internacionales del país, el cual comprende el régimen de inversión de capital del exterior en el país y el régimen de las inversiones colombianas en el exterior.

En consecuencia, todas las disposiciones en materia de inversiones internacionales deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en este Estatuto, sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes.

Artículo 2o.- Inversiones Internacionales. Se considera