La GAATW y sus miembros llevan tiempo compartiendo la preocupación de que las iniciativas anti-trata sean verdaderamente capaces de proteger y promover los derechos de las víctimas: el reporte Collateral Damage (Daños colaterales) demostró el fracaso sistemático de las medidas anti-trata para proteger los derechos humanos de las personas objeto de trata. Asimismo, el informe Feeling Good about Feeling Bad (Sentirse bien sobre sentirse mal) destaca la necesidad de monitorear y evaluar las iniciativas contra la trata de personas e incluir la participación de los actores claves, de manera que se asegure la mutua rendición de cuentas. En este sentido se considera crucial evaluar correctamente las iniciativas anti-trata implementadas desde entidades gubernamentales.

Para ello se ha llevado a cabo un análisis en Bolivia, Colombia y Guatemala de las responsabilidades específicas en materia de asistencia y protección a las víctimas y persecución del delito de trata asignadas a las instituciones públicas del Estado, permitiendo identificar los principales avances y los vacíos más importantes en la implementación de la ley.

Para realizar el análisis se han utilizado, como principal fuente de información, los datos remitidos por las instituciones públicas responsables de la implementación de las medidas contra la trata en cada uno de los países según sus legislaciones nacionales y apelando a su respectiva ley de transparencia y acceso a la información. Como información secundaria y complementaria se han utilizado diferentes informes nacionales e internacionales y otros datos disponibles en los medios de comunicación.

Partiendo de la base de que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas son una responsabilidad tanto de las autoridades públicas como de la sociedad civil, cada uno de los balances nacionales brinda herramientas de análisis (desde la voz de ésta última) para la formulación de documentos de política pública contra la trata.

Este proyecto es además una oportunidad para inspirar al gobierno a evaluar sus respectivas políticas con el fin de mejorar su implementación y servir a las necesidades de las personas que son o han sido objeto de trata.